Ecuador: imputan a campesinos por protestar
16:55 | 
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Eco Sitio |
Proteger el agua no es un crimen
La ceremonia quiso simbolizar el respeto y la preocupación actual por el agua de las campesinas y campesinos del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. La empresa canadiense Cornerstone quiere explotar cuatro yacimientos de oro en un área de 450 km2 y en el área hay gran preocupación por la contaminación y la destrucción que causará. Por eso, unas 1500 personas se acercaron a participar en el ritual.
Funcionarios del Ministerio del Ambiente ecuatoriano acudieron con empleados de la minera para “socializar” el proyecto minero de oro al tiempo que se celebraba el ritual. Los funcionarios alegan que se les impidió realizar sus actividades y el Ministerio procedió, a acusar penalmente a 17 campesinas y campesinos de la comunidad de Shaglly por un supuesto delito contra la administración pública. “Hubo una desmedida presencia de la fuerza pública” relatan los campesinos que estuvieron presentes.
El Código Penal del Ecuador establece en tales casos entre uno y tres años de prisión. El 10 de diciembre hubo una audiencia en la Fiscalía en la que los acusados expusieron sus versiones de los hechos.
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La ceremonia quiso simbolizar el respeto y la preocupación actual por el agua de las campesinas y campesinos del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. La empresa canadiense Cornerstone quiere explotar cuatro yacimientos de oro en un área de 450 km2 y en el área hay gran preocupación por la contaminación y la destrucción que causará. Por eso, unas 1500 personas se acercaron a participar en el ritual.Funcionarios del Ministerio del Ambiente ecuatoriano acudieron con empleados de la minera para “socializar” el proyecto minero de oro al tiempo que se celebraba el ritual. Los funcionarios alegan que se les impidió realizar sus actividades y el Ministerio procedió, a acusar penalmente a 17 campesinas y campesinos de la comunidad de Shaglly por un supuesto delito contra la administración pública. “Hubo una desmedida presencia de la fuerza pública” relatan los campesinos que estuvieron presentes.
El Código Penal del Ecuador establece en tales casos entre uno y tres años de prisión. El 10 de diciembre hubo una audiencia en la Fiscalía en la que los acusados expusieron sus versiones de los hechos.
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