Conflicto con los indígenas
Salta: Señalan que los desmontes incitarán conflicto con los indígenas
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Derf
Un informe señala que tres departamentos del noroeste salteño concentran el 82,4 por ciento de la superficie afectada por esa práctica. Además, destaca que el avance de 18 empresas agroindustriales en tierras ocupadas por aborígenes hace prever nuevos problemas con esa comunidad.
"Que 18 empresas quieran desmontar 400 mil hectáreas en departamentos donde 22.500 indígenas solo obtuvieron títulos de propiedad de poco más de 40 mil hectáreas es un claro indicio del contexto de injusticia social en el que se da la expansión agropecuaria en Salta", señaló el informe al que accedió Télam.
El documento, producido por la Fundación Asociana, integrante del Foro Salteño por la Tierra, dio a conocer la superficie y distribución por departamento de las tierras sujetas a solicitudes de permisos de desmonte presentadas desde septiembre de 2004 hasta fines de 2007.
En noviembre de 2007, cuando la sanción de la Ley de Bosques ó Ley Bonasso era inminente en el Congreso Nacional se incrementó en forma desproporcionada el número de solicitudes y autorizaciones de desmonte, lo que llevó a la Universidad de Salta (UNSA) a pedir a la justicia que declare "nulos e inconstitucionales" los permisos otorgados.
Los datos publicados en el informe, con cuadros y gráficos que muestran la evolución de los desmontes, fueron tomados del Boletín Oficial de Salta con la aclaración por parte de los autores que no están contemplados los desmontes en superficies por debajo de las 300 hectáreas.
Tampoco están contados los desmontes ilegales, aunque al inicio del informe, una foto tomada por el wichí Florentino Pérez, muestra una topadora en plena acción frente a la comunidad Lapacho Mocho, 18 kilómetros al este de Tartagal en el departamento San Martín.
En otro tramo, el trabajo de Andrew Leake y María de Ecónomo precisa que los desmontes se realizan en diez departamentos, pero que Anta, San Martín y Rivadavia "los mas afectados" concentran el 82,4 de la totalidad de la superficie a desmontar.
Anta perdió la mayor parte de las tierras con cobertura forestal por lo que la expansión del frente agroindustrial se mueve hacia los departamentos San Martín y Rivadavia, tierras ocupadas por numerosas comunidades wichí, toba, tapiete, chorote y avá-guaraní.
El documento no detalla los pueblos originarios ni los choques por los desmontes producidos en los últimos años, los que generaron infinidad de causas contra líderes wichí, denunciados por los finqueros y encargados de "tumbar el monte" como dicen los campesinos.
Para defender mejor al medio ambiente y su estilo de vida, los indígenas llegaron a conformar una organización interdepartamental que logró la atención en Buenos Aires de la Secretaría de Derechos Humanos y legisladores nacionales, aunque ahora aparecen abiertas algunas ventanillas en el nuevo gobierno salteño.
De todos modos el informe elaborado por la Fundación Asociana es un monitoreo de la expansión del frente agroindustrial hacia los departamentos San Martín y Rivadavia a través de la deforestación del chaco salteño para la soja o actividades ganaderas.
"Es imposible imaginar que el modelo sea transferible a otros departamentos. En San Martín, la deforestación de territorios indígenas en el período en cuestión ya provocó graves disturbios sociales", advierten los especialistas.
Anticipa que la campaña 2007, en referencia a los permisos otorgados el año pasado "amenaza con incursionar en tierras que hasta este momento quedaban relativamente ilesas. Ya está en riesgo el equilibrio ecológico de los últimos remanentes del bosque nativo chaqueño con los evidentes daños y perjuicios que conllevará para los habitantes originarios", concluye.
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Derf
Un informe señala que tres departamentos del noroeste salteño concentran el 82,4 por ciento de la superficie afectada por esa práctica. Además, destaca que el avance de 18 empresas agroindustriales en tierras ocupadas por aborígenes hace prever nuevos problemas con esa comunidad.
"Que 18 empresas quieran desmontar 400 mil hectáreas en departamentos donde 22.500 indígenas solo obtuvieron títulos de propiedad de poco más de 40 mil hectáreas es un claro indicio del contexto de injusticia social en el que se da la expansión agropecuaria en Salta", señaló el informe al que accedió Télam.
El documento, producido por la Fundación Asociana, integrante del Foro Salteño por la Tierra, dio a conocer la superficie y distribución por departamento de las tierras sujetas a solicitudes de permisos de desmonte presentadas desde septiembre de 2004 hasta fines de 2007.
En noviembre de 2007, cuando la sanción de la Ley de Bosques ó Ley Bonasso era inminente en el Congreso Nacional se incrementó en forma desproporcionada el número de solicitudes y autorizaciones de desmonte, lo que llevó a la Universidad de Salta (UNSA) a pedir a la justicia que declare "nulos e inconstitucionales" los permisos otorgados.
Los datos publicados en el informe, con cuadros y gráficos que muestran la evolución de los desmontes, fueron tomados del Boletín Oficial de Salta con la aclaración por parte de los autores que no están contemplados los desmontes en superficies por debajo de las 300 hectáreas.
Tampoco están contados los desmontes ilegales, aunque al inicio del informe, una foto tomada por el wichí Florentino Pérez, muestra una topadora en plena acción frente a la comunidad Lapacho Mocho, 18 kilómetros al este de Tartagal en el departamento San Martín.
En otro tramo, el trabajo de Andrew Leake y María de Ecónomo precisa que los desmontes se realizan en diez departamentos, pero que Anta, San Martín y Rivadavia "los mas afectados" concentran el 82,4 de la totalidad de la superficie a desmontar.
Anta perdió la mayor parte de las tierras con cobertura forestal por lo que la expansión del frente agroindustrial se mueve hacia los departamentos San Martín y Rivadavia, tierras ocupadas por numerosas comunidades wichí, toba, tapiete, chorote y avá-guaraní.
El documento no detalla los pueblos originarios ni los choques por los desmontes producidos en los últimos años, los que generaron infinidad de causas contra líderes wichí, denunciados por los finqueros y encargados de "tumbar el monte" como dicen los campesinos.
Para defender mejor al medio ambiente y su estilo de vida, los indígenas llegaron a conformar una organización interdepartamental que logró la atención en Buenos Aires de la Secretaría de Derechos Humanos y legisladores nacionales, aunque ahora aparecen abiertas algunas ventanillas en el nuevo gobierno salteño.
De todos modos el informe elaborado por la Fundación Asociana es un monitoreo de la expansión del frente agroindustrial hacia los departamentos San Martín y Rivadavia a través de la deforestación del chaco salteño para la soja o actividades ganaderas.
"Es imposible imaginar que el modelo sea transferible a otros departamentos. En San Martín, la deforestación de territorios indígenas en el período en cuestión ya provocó graves disturbios sociales", advierten los especialistas.
Anticipa que la campaña 2007, en referencia a los permisos otorgados el año pasado "amenaza con incursionar en tierras que hasta este momento quedaban relativamente ilesas. Ya está en riesgo el equilibrio ecológico de los últimos remanentes del bosque nativo chaqueño con los evidentes daños y perjuicios que conllevará para los habitantes originarios", concluye.
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