Muchos fondos sin usar

Riachuelo, cárceles y otras prioridades donde hay muchos fondos sin usar

Fecha de Publicación: 26/02/2008
Fuente: Clarin


No todos gastan por igual, en el sector público. Algunos, bastante menos que la plata disponible; otros, toda la que tenían presupuestada y mucho más. Y no siempre según pautas asociadas a políticas de Estado, prioridades objetivas o circunstancias imprevisibles, según se verá.
Un caso, el de la Secretaría de Medio Ambiente que depende de la Jefatura de Gabinete. Romina Picolotti tuvo, en 2007, una partida de 66,6 millones de pesos para obras y gestión ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y usó apenas 17,2 millones: exiguo 26 % del total. Lo mismo pasó, en general, con la promoción del desarrollo sustentable y los controles.
Muy poco hubo, pues, en la recuperación de la cuenca "más contaminada de América latina", en palabras de Picolotti; una "cuestión de Estado", según Cristina Kirchner. Bien magro todo, en contraste con el discurso medioambientalista oficial y las fuertes críticas a Uruguay por las papeleras.
Otro caso, el Censo Nacional Agropecuario. Para ese fin, el INDEC tenía presupuestados 20,6 millones de pesos y no llegó a usar 60 mil. Así, los problemas de un organismo desarticulado y cierta visión cortoplacista demoran una radiografía clave para saber dónde se está parado y articular políticas en consecuencia.
Un par más, en el Ministerio de Justicia. Todo el mundo sabe que las cárceles son insuficientes y hasta inhumanas, pero había contemplados casi 174 millones de pesos para el programa"Política e infraestructura penitenciaria" y no se utilizó ni siquiera la mitad. Tampoco se gastó mucho en el área "Defensa de los derechos humanos": 74 % del presupuesto.
Finalmente, la Agencia Nacional de Inversiones, un organismo creado por el kirchnerismo para promover, justamente, inversiones de calidad que mejorasen el perfil productivo del país. Allí sólo se usó el 30 % de la partida disponible; casi todo en salarios, nada bajos por lo demás.
Los datos provienen de un informe de Asap, una organización especializada en cuentas públicas, y de la propia Secretaría de Hacienda de la Nación.
Y pueden revelar varias cosas, al gusto de cada cual. Una es que no siempre las prioridades que se proclaman tienen correlato en los hechos. Las siguientes: que haya focos de ineficiencia, procesos trabados, que la plata sea aplicada a destinos diferentes. O cierta dosis de todo.
Pero si hay que algo que hoy abunda en el Estado son recursos, lo cual, como se sabe, no siempre equivale a que sean gastados bien. Y así como existen organismos que usan poco de lo que tienen, hay otros donde, por las razones que fuesen, la plata viaja en tren bala.
Notable es el caso de Vialidad Nacional, que de un presupuesto inicial de $ 3.213 millones saltó a $ 5.688 millones. Y allí mismo, las inversiones en rutas y caminos en Santa Cruz: casi duplicaron la partida original de 409 millones y superaron, así, a las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe juntas.
Otra plata que vuela son los subsidios que se destinaron a apuntalar, a muy duras penas, el sistema energético. Según Asap, en esta emergencia no reconocida públicamente se gastaron, el año pasado, $ 8.331 millones, más de lo que hoy costaría un Chocón completo y el doble que en 2006. Seguirán a todo vapor en 2008, pues habrá que suplir con fuel y gasoil más caros la falta de gas boliviano.
En la factura energética entran las importaciones de combustibles para abastecer centrales térmicas; también, el gas de Bolivia y la electricidad de Brasil, entre otra fuentes que cubren la escasez propias. Más lo que se necesita para mantener congeladas las tarifas domiciliarias.
Subsidios grandes son, también, los que se fueron en sostener, así como está, el transporte público de pasajeros metropolitano y en otros menesteres del mismo tipo. En los colectivos, $ 1.866 millones, o sea, 300 % más que en 2006.
Y en trenes y subtes, $ 2.300 millones, el doble que en 2006. O 2 millones de dólares diarios.
Casi nadie discute, ya, la utilidad de los subsidios como instrumentos de la política económica y social. El punto es cuando, de un año al otro, crecen a tasas del 100 % o arriba del 100 %, cuando funcionan como parches en reemplazo de políticas estructurales o se los aplica de un modo que no discrimina entre quienes los necesitan y quienes no.
Finalmente, los fondos de los Estados no son infinitos y toda es plata de los contribuyentes. Por eso suele mandar la regla del uso racional de los recursos escasos; del uso eficiente, en consecuencia. Pesan fuerte, entonces, las políticas públicas y el orden de prioridades: definiciones inevitablemente complejas, porque se trata de asuntos complejos. Que, además, requieren contar con mucha gente capacitada.

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