La trampa de la emergencia forestal de Chaco

La Ley de Emergencia Forestal de Chaco es una “trampa” para evitar la aplicación de los criterios de la Ley de Bosques y demorar el ordenamiento territorial

Fecha de Publicación: 20/03/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco



La organización ambientalista Greenpeace denunció esta mañana que la provincia del Chaco está dilatando el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos y evade la implementación de la Ley de Bosques con una nueva ley de Emergencia Forestal, que permitirá seguir otorgando permisos de uso de los bosques por fuera de los criterios establecidos por la ley nacional.
Greenpeace señaló además que la Ley de Emergencia Forestal va en contra del sentido de la moratoria estipulada por la Ley 26.331 y generará un caos en el proceso de ordenamiento territorial, ya que en 180 días se podrán habilitar desarrollos forestales por fuera de los criterios que marca la Ley.
El proyecto de Emergencia Forestal votado por la Legislatura provincial declara la emergencia forestal de la provincia y extiende por 180 días el otorgamiento de permisos para la actividad forestal que, por la demora en realizar el ordenamiento territorial, llevaba a la provincia a acatar la moratoria. Si bien la norma no incluye el otorgamiento de permisos de desmontes, Greenpeace considera que el otorgamiento “masivo y a mansalva” de permisos para la actividad forestal no solo genera un cambio constante en el mapa que la provincia pretende ordenar, sino que además evade los criterios ecológicos y de protección que la Ley exige ser tenidos en cuenta para la confección de la zonificación de los bosques y el uso de los mismos.
“Nada indica que la provincia no entregue de manera masiva e indiscriminada permisos para la actividad forestal de manera especulativa antes de “pintar” el mapa de ordenamiento territorial. Esta mal llamada Ley de Emergencia Forestal solo beneficia la dilatación del proceso de ordenamiento territorial y de la plena puesta en vigencia de la Ley 26.331, señaló Noemí Cruz, Coordinadora de Biodiversidad del NOA de Greenpeace. “Además esta norma contradice el dictado de la Ley nacional, que sabiamente establece moratorias a los desmontes primero y a los desarrollos forestales después de un año, si la provincia no ha establecido el ordenamiento de sus bosques”, agregó Cruz.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen, en forma participativa, un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo al pasar un año de la promulgación, la Ley establece que si las provincias no han realizado y aprobado su ordenamiento territorial de los bosques la moratoria abarcará a todas alas actividades, incluyendo los desarrollos forestales.
“La sanción de esta nueva Ley no soluciona el problema de los bosques ni del aprovechamiento sustentable, todo lo contrario, es claramente un artilugio para demorar el proceso de ordenamiento de los bosques y en el plazo de 180 días otorgar permisos indiscriminadamente, evadiendo la Ley 26.331”, señaló Cruz.
Días atrás la organización ambientalista difundió en conferencia de prensa la Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que establece 1.085.179 hectáreas para la Categoría I (rojo, áreas protegidas), 4.507.880 hectáreas para la Categoría II (amarillo, aprovechamiento sustentable) y 619.495 hectáreas para la Categoría III (verde, permite su desmonte parcial o total). (1)
“A diferencia del Ordenamiento Territorial presentado por el Poder Ejecutivo, con esta propuesta quedan protegidos gran parte de los bosques nativos de la provincia. El objetivo es que la explotación de los recursos forestales de la provincia se haga de manera sustentable”, señaló María Eugenia Testa coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
El documento presentado por Greenpeace fue elaborado teniendo en cuenta los corredores biológicos propuestos por la Administración de Parques Nacionales, los corredores elaborados por la propia Provincia del Chaco, la identificación de áreas prioritarias de conservación para el Chaco de la organización The Nature Conservancy, la ubicación de las áreas protegidas y los territorios indígenas. Además, para realizar la zonificación de los bosques, se consideró especialmente la comunicación entre áreas de reserva, las áreas ambientales representativas, la ubicación de humedales y los corredores fluviales.
El gobierno del Chaco, a través del Comité Técnico para la Categorización de los Bosques Nativos, realizó hacia finales de 2008, la Propuesta de Ordenamiento Territorial para la provincia. Esta propuesta fue puesta en consideración en talleres realizados en diferentes localidades de la provincia, y presentada a la Legislatura. Este proyecto de Ley establece: 271.438 hectáreas para la Categoría I (rojo, áreas protegidas), 2.277.415 hectáreas para la Categoría II (amarillo, aprovechamiento sustentable) y 2.371.307 hectáreas para la Categoría III (verde, permite su desmonte parcial o total).
“La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Poder Ejecutivo debe incorporar las observaciones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades indígenas y campesinas”, afirmó Testa.
Chaco es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la pérdida de bosques nativos alcanzó las 245.465 hectáreas.

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