Caza ilegal, secreto de Estado en Tanzania



Nuevas leyes promulgadas las pasados semanas en Tanzania criminalizan y castigan a toda persona que divulgue datos y estadísticas que no coincidan con cifras oficiales del gobierno. Por ejemplo, sobre la matanza ilegal de elefantes para extraer marfil. Escribimos al gobierno para que detenga el despropósito.
En Tanzania, ambientalistas, activistas, periodistas y hasta científicos se enfrentan a un futuro incierto: nuevas leyes criminalizan la distribución de informaciones inconvenientes o vergonzosas para el gobierno -incluyendo reportes que involucren a funcionarios del gobierno en delitos contra la biodiversidad.
El flujo de información es crucial para un trabajo efectivo de conservación y para combatir la caza ilegal de elefantes y el tráfico de su marfil. Las nuevas leyes de Tanzania podrían utilizarse para silenciar esfuerzos independientes de conservar la biodiversidad y garantizar los derechos humanos.
El pasado año, el gobierno prohibió un reporte de la Agencia de Investigación Ambiental EIA que concluia que el país perdió dos tercios de sus elefantes en los seis años previos y situaba la responsabilidad en las “más altas esferas del gobierno”. De acuerdo a EIA, la población de elefantes de Tanzania disminuyó de 142.000 a unos 55.000 durante los diez años de gobierno del presidente Kikwete.
El Gran Censo de Elefantes, un proyecto de dos años del creador de Microsoft Paul Allen, constató recientemente que en el Parque Nacional Ruhaha y en las reservas de caza vecinas, la población de elefantes disminuyo de 20.000 a 8.000 en un sólo año. El gobierno tanzano no ha publicado ningún reporte hasta la fecha, con el argumento de que necesita una “validación secundaria”.
En lugar de más represión, Tanzania necesita que las ideas circulen libremente. Ahora más que nunca, deben surgir iniciativas desde la base para obligar al gobierno a actuar responsablemente. Por favor, firma nuestra petición exigiendo al presidente Kikwete que de marcha atrás al régimen de censura que acaba de establecer. Cuestiones controvertidas como la caza ilegal no deben ser un secreto de estado.


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