Si muere la selva se acaba nuestra vida



Indígenas de Brasil se oponen a una reforma de la Constitución conocida como PEC 215. También se votará próximamente en el Congreso una nueva ley de minería.
Con esas dos leyes aprobadas, el Parlamento podrá anular áreas protegidas estatales y de pueblos indígenas. Quedarán a merced de grandes monocultivos, hidroeléctricas e industrias extractivas. Y no se podrán establecer nuevas áreas protegidas.
Hasta ahora, el gobierno ha sido la instancia responsable de establecer áreas protegidas y territorios indígenas. Pero desde las elecciones a finales de 2014, ha crecido en el parlamento el poder de los lobbies agrarios, mineros y de la industria energética.
Grandes áreas de selva amazónica están bajo amenaza de destrucción. Además, en algunas regiones de Brasil hay actualmente una sequía catastrófica. Las lluvias han disminuido. El abastecimiento de agua de millones de personas no está asegurado. La comunidad científica ve una relación directa entre la deforestación de la selva amazónica y la sequía.
Los bosques juegan un importante rol en el almacenamiento de agua y para el clima.
Los pueblos indígenas de Brasil han podido parar iniciativas legislativas como estas más de una vez. Procedentes de diversas regiones, en abril de 2013 ocuparon el congreso en la capital Brasilia. También en diciembre 2014 las manifestaciones indígenas evitaron el debate parlamentario. La reforma de la Constitución debió ser abandonada entonces, y así lo prometieron congresistas.
Pero pocos meses más tarde, el presidente del congreso volvió a poner PEC 215 en el orden del día.


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