Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Autor del Artículo: Dr. Raúl Montenegro
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Nota de Eco Sitio: El siguiente texto es la respuesta que dio Raúl Montenegro a las agraviantes expresiones vertidas por integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María. Para una mejor compresión, también se lo reproduce abajo bajo el título "Los bosques nativos y los productores".
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo
Argentina tiene una nueva ley de bosques que se aprobó con el apoyo de mucha gente. Aunque perfectible, permite atacar la generalizada masacre de los bosques nativos. Está claro que la ley molesta a los señores de la soja, a los grandes arroceros, a los poseedores de enormes extensiones de campo y a las empresas desmontadoras. Como siempre sucede, quienes carecen de argumentos técnicos atacan lo más valioso que tiene una sociedad civilizada: los ámbitos de debate. En Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la provincia creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por numerosas instituciones, desde organismos públicos, como la Secretaría de Turismo de la Provincia, Parques Nacionales y el Inadi, hasta la universidad, los movimientos campesinos, las ONG e instituciones del sector rural vinculadas a la Mesa de Enlace.
Viene reuniéndose desde fines del año pasado para generar una propuesta de ley que combine la protección de los escasos bosques en pie y las alteradas cuencas hídricas de la provincia con las actividades productivas. Sus reuniones no son fáciles y las opiniones que allí se escuchan son diversas e, incluso, enfrentadas. Aunque el sector rural estuvo invitado, y asistió a la fase inicial, decidió unilateralmente dejar la comisión. Abandonó así una oportunidad de diálogo y la reemplazó por denuncias infundadas que lesionan a la Universidad Nacional de Córdoba, al Gobierno de la provincia y a ONG internacionalmente reconocidas. Pero lo que es más grave, desmerecen un valioso mecanismo de participación.
Algunos integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María, disconformes con lo que establece la ley de bosques, y con la posibilidad de diálogo entre sectores, llegaron a descalificar públicamente a los organismos, instituciones y centros de investigación que integran la COTBN. Además de usar calificativos baratos, impropios de una sociedad rural, adelantaron supuestas decisiones sobre temas que la COTBN todavía no abordó, como el futuro de los fachinales (bosques degradados). Indudablemente desconocen que la comisión está analizando los aspectos ambientales y sociales de los bosques nativos utilizando la mejor información disponible, en buena parte procedente de los excelentes estudios que realizaron, por ejemplo, la propia Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba.
En 1992 M. Di Pace estimaba que 80 por ciento de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada. Hacia 1998 Argentina había perdido 77 por ciento de sus bosques autóctonos. Desde entonces la situación ha empeorado dramáticamente. Córdoba, por ejemplo, es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina:
-2,93 por ciento anual para el período 1998-2002. Supera incluso la tasa mundial, que es de -0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78 por ciento anual para 1999-2000. Solamente en cinco años, de 2000 a 2005, se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día.
Mientras las ONG y muchas cátedras universitarias luchaban para frenar esta barbarie, la Sociedad Rural de Jesús María se mantuvo en silencio cuando las topadoras desmontaban bosques nativos, y avanzaba la soja transgénica de Monsanto. Tampoco se escuchó su voz cuando los campesinos del norte de Córdoba eran expulsados de sus tierras, en las cuales vivían desde hace generaciones. Sólo instituciones enfermas de rabia e ignorancia pueden calificar de “grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno” a quienes no piensan como ellos.
Posiblemente en los años de plomo y de dictadura feroz todo hubiera sido más simple. Los propietarios de grandes campos hubieran podido hacer lo que quisieran con sus fachinales. Pero ahora estamos en democracia, la misma que costó miles de desaparecidos. Y en esa democracia funciona una comisión como la COTBN. Despareja, perfectible, comprometida, llena de disensos y profundamente humana. Una comisión que se presentó en la Legislatura para mostrar cómo trabaja, y que llevará debates aún inconclusos a distintos lugares de la provincia para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
La democracia se gana presentando argumentos y escuchando posiciones, no huyendo de las instituciones creadas para debatir. Cada vez que por temor, soberbia o ignorancia alguien abandona una instancia de diálogo, avanza la oscuridad y la intolerancia. Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo.
Por Raúl Montenegro
Biólogo
Presidente de Funam
Profesor titular de la UNC
Premio Nobel Alternativo
Nota Publicada en La Voz del Interior el 07/03/2009
Los bosques nativos y los productores
Quienes están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad y han marginado a los principales actores, que son los productores o dueños de las tierras. Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi.
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi
Integrantes y asesores de la Comisión de Manejo Sustentable del Bosque Nativo de la Sociedad Rural de Jesús María
Nota Publicada en La Voz del Interior el 03/03/2009
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Autor del Artículo: Dr. Raúl Montenegro
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Nota de Eco Sitio: El siguiente texto es la respuesta que dio Raúl Montenegro a las agraviantes expresiones vertidas por integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María. Para una mejor compresión, también se lo reproduce abajo bajo el título "Los bosques nativos y los productores".
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo
Argentina tiene una nueva ley de bosques que se aprobó con el apoyo de mucha gente. Aunque perfectible, permite atacar la generalizada masacre de los bosques nativos. Está claro que la ley molesta a los señores de la soja, a los grandes arroceros, a los poseedores de enormes extensiones de campo y a las empresas desmontadoras. Como siempre sucede, quienes carecen de argumentos técnicos atacan lo más valioso que tiene una sociedad civilizada: los ámbitos de debate. En Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la provincia creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por numerosas instituciones, desde organismos públicos, como la Secretaría de Turismo de la Provincia, Parques Nacionales y el Inadi, hasta la universidad, los movimientos campesinos, las ONG e instituciones del sector rural vinculadas a la Mesa de Enlace.
Viene reuniéndose desde fines del año pasado para generar una propuesta de ley que combine la protección de los escasos bosques en pie y las alteradas cuencas hídricas de la provincia con las actividades productivas. Sus reuniones no son fáciles y las opiniones que allí se escuchan son diversas e, incluso, enfrentadas. Aunque el sector rural estuvo invitado, y asistió a la fase inicial, decidió unilateralmente dejar la comisión. Abandonó así una oportunidad de diálogo y la reemplazó por denuncias infundadas que lesionan a la Universidad Nacional de Córdoba, al Gobierno de la provincia y a ONG internacionalmente reconocidas. Pero lo que es más grave, desmerecen un valioso mecanismo de participación.
Algunos integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María, disconformes con lo que establece la ley de bosques, y con la posibilidad de diálogo entre sectores, llegaron a descalificar públicamente a los organismos, instituciones y centros de investigación que integran la COTBN. Además de usar calificativos baratos, impropios de una sociedad rural, adelantaron supuestas decisiones sobre temas que la COTBN todavía no abordó, como el futuro de los fachinales (bosques degradados). Indudablemente desconocen que la comisión está analizando los aspectos ambientales y sociales de los bosques nativos utilizando la mejor información disponible, en buena parte procedente de los excelentes estudios que realizaron, por ejemplo, la propia Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba.
En 1992 M. Di Pace estimaba que 80 por ciento de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada. Hacia 1998 Argentina había perdido 77 por ciento de sus bosques autóctonos. Desde entonces la situación ha empeorado dramáticamente. Córdoba, por ejemplo, es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina:
-2,93 por ciento anual para el período 1998-2002. Supera incluso la tasa mundial, que es de -0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78 por ciento anual para 1999-2000. Solamente en cinco años, de 2000 a 2005, se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día.
Mientras las ONG y muchas cátedras universitarias luchaban para frenar esta barbarie, la Sociedad Rural de Jesús María se mantuvo en silencio cuando las topadoras desmontaban bosques nativos, y avanzaba la soja transgénica de Monsanto. Tampoco se escuchó su voz cuando los campesinos del norte de Córdoba eran expulsados de sus tierras, en las cuales vivían desde hace generaciones. Sólo instituciones enfermas de rabia e ignorancia pueden calificar de “grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno” a quienes no piensan como ellos.
Posiblemente en los años de plomo y de dictadura feroz todo hubiera sido más simple. Los propietarios de grandes campos hubieran podido hacer lo que quisieran con sus fachinales. Pero ahora estamos en democracia, la misma que costó miles de desaparecidos. Y en esa democracia funciona una comisión como la COTBN. Despareja, perfectible, comprometida, llena de disensos y profundamente humana. Una comisión que se presentó en la Legislatura para mostrar cómo trabaja, y que llevará debates aún inconclusos a distintos lugares de la provincia para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
La democracia se gana presentando argumentos y escuchando posiciones, no huyendo de las instituciones creadas para debatir. Cada vez que por temor, soberbia o ignorancia alguien abandona una instancia de diálogo, avanza la oscuridad y la intolerancia. Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo.
Por Raúl Montenegro
Biólogo
Presidente de Funam
Profesor titular de la UNC
Premio Nobel Alternativo
Nota Publicada en La Voz del Interior el 07/03/2009
Los bosques nativos y los productores
Quienes están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad y han marginado a los principales actores, que son los productores o dueños de las tierras. Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi.
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
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