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Exigí los fondos para proteger los bosques
13:19 | 
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Eco Sitio |
Exigí los fondos para proteger los bosques
Si bien gracias a la Ley de Bosques, sancionada a fines de 2007, se redujo la deforestación en un 60%, en algunas provincias continúan los desmontes ilegales y los incendios forestales por falta de controles efectivos. Esto sucede porque nunca se completó el total de los fondos necesarios -y obligatorios- para protegerlos. Por eso, te pedimos que le exijas al Gobierno Nacional que incluya estos fondos en el Presupuesto Nacional que pronto se tratará en el Congreso.
Los bosques nativos son el sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas y el hábitat natural de muchas especies en peligro de extinción, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes de agua y la conservación de los suelos. Por ello son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado.
Accedé a la campaña
Los bosques nativos son el sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas y el hábitat natural de muchas especies en peligro de extinción, y juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes de agua y la conservación de los suelos. Por ello son nuestro patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado.
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Fuerte reactivación de la actividad minera
Fuerte reactivación de la actividad minera en el país
Fecha de Publicación: 01/12/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Cerca de Andalgalá (Catamarca), comenzará la extracción de oro y cobre en tres años; pero hay 276 pedidos de explotación en trámite.
El yacimiento minero Agua Rica, ubicado en el departamento Andalgalá, rico en oro y cobre comenzará con su producción entre 2013 y 2014, según lo confirmó Hernán Vera, vicepresidente de Yamana Gold, la empresa a cargo del emprendimiento.
“El yacimiento minero Agua Rica, ubicado en el departamento Andalgalá comenzará a ser explotado dentro de tres años”, confirmó Vera durante una conferencia sobre la actividad y su relación con las universidades, auspiciada por Minera Alumbrera.
El empresario explicó que se inició la construcción de las instalaciones, lo que lleva unos tres años, y a partir de ahí la puesta en marcha del emprendimiento minero.
La decisión de reactivar el proyecto se tomó luego de analizar distintas variables y comprobar que “hay oportunidades de mejoras técnicas, económicas y comunitarias del negocio”.
Vera dijo que la empresa está concluyendo un estudio de prefactibilidad, para lo cual resta la aprobación de algunas áreas internas de organismos provinciales, y comenzará a elaborar el estudio de factibilidad final del proyecto, necesario para la continuidad del emprendimiento.
Yamana Gold tiene actualmente el 2,5 por ciento del paquete accionario de Alumbrera, y cinco minas de oro y cobre en Brasil, en etapa de desarrollo, explorando tres grandes áreas de minerales en ese mismo país.
Además, posee propiedades de exploración de oro en San Juan, una mina que opera en Honduras y concesiones de exploración en Nicaragua.
Nuevos pedidos
Por su parte, el juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, aseguró que “comenzó un proceso de reactivación” en el sector minero, luego de la crisis financiera internacional. Existen 276 pedidos de empresas para explorar y explotar en Catamarca.
“Avizoro un 2010 como muy importante para Catamarca a través de la actividad minera”, dijo el magistrado. Explicó que se comenzó a ver en el Juzgado la reactivación a través de los pedidos para exploración y explotación de minas, alentados por la suba en los precios de los metales.
“Después de julio comenzó a moverse la actividad y tenemos un incremento en los pedidos, lo que nos da la pauta que el año entrante va a ser mejor”, avizoró. A partir de este panorama “lo que se espera para el 2010, es un año muy importante en el que se puedan desarrollar finalmente los pedidos y proyectos que están pendientes”, dijo el magistrado tras manifestar que durante el 2008 y parte del 2009 hubo muchos desistimientos.
Chile sigue avanzando
La producción minera de Chile creció el 8 por ciento el pasado octubre, en comparación con el mismo mes de 2008, anunció hoy el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El incremento, que mantiene las cifras positivas del mes anterior, se explica por el aumento de la explotación del cobre, molibdeno, oro y hierro, a pesar de la contracción en la producción de zinc y plata.
En el décimo mes del año, el índice de minerales metálicos creció el 9,2 por ciento interanual, debido al aumento del índice metálico del cobre, del 8,7 por ciento, como por el grupo de “otros metálicos”, con una incidencia positiva de 0,5 puntos.
Polémica abierta
Cinco provincias prohibieron el uso del cianuro en minas a cielo abierto, y la “ley de Glaciares” -impulsada por Miguel Bonasso que limitaba la actividad en zona cordillerana- fue vetada por la presidenta. La controversia por contaminación es tan grande como los intereses del sector. José Luis Gioja, gobernador de San Juan, impulsó la promoción de la minería cuando era senador; según Bonasso, el actual gobernador sanjuanino presionó a Cristina para vetar la norma. Veladero, la mina de Barrick que funciona en esa provincia, extrae más de 1,5 millón de onzas de oro y plata al año.
Fecha de Publicación: 01/12/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional
Cerca de Andalgalá (Catamarca), comenzará la extracción de oro y cobre en tres años; pero hay 276 pedidos de explotación en trámite.
El yacimiento minero Agua Rica, ubicado en el departamento Andalgalá, rico en oro y cobre comenzará con su producción entre 2013 y 2014, según lo confirmó Hernán Vera, vicepresidente de Yamana Gold, la empresa a cargo del emprendimiento.
“El yacimiento minero Agua Rica, ubicado en el departamento Andalgalá comenzará a ser explotado dentro de tres años”, confirmó Vera durante una conferencia sobre la actividad y su relación con las universidades, auspiciada por Minera Alumbrera.
El empresario explicó que se inició la construcción de las instalaciones, lo que lleva unos tres años, y a partir de ahí la puesta en marcha del emprendimiento minero.
La decisión de reactivar el proyecto se tomó luego de analizar distintas variables y comprobar que “hay oportunidades de mejoras técnicas, económicas y comunitarias del negocio”.
Vera dijo que la empresa está concluyendo un estudio de prefactibilidad, para lo cual resta la aprobación de algunas áreas internas de organismos provinciales, y comenzará a elaborar el estudio de factibilidad final del proyecto, necesario para la continuidad del emprendimiento.
Yamana Gold tiene actualmente el 2,5 por ciento del paquete accionario de Alumbrera, y cinco minas de oro y cobre en Brasil, en etapa de desarrollo, explorando tres grandes áreas de minerales en ese mismo país.
Además, posee propiedades de exploración de oro en San Juan, una mina que opera en Honduras y concesiones de exploración en Nicaragua.
Nuevos pedidos
Por su parte, el juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, aseguró que “comenzó un proceso de reactivación” en el sector minero, luego de la crisis financiera internacional. Existen 276 pedidos de empresas para explorar y explotar en Catamarca.
“Avizoro un 2010 como muy importante para Catamarca a través de la actividad minera”, dijo el magistrado. Explicó que se comenzó a ver en el Juzgado la reactivación a través de los pedidos para exploración y explotación de minas, alentados por la suba en los precios de los metales.
“Después de julio comenzó a moverse la actividad y tenemos un incremento en los pedidos, lo que nos da la pauta que el año entrante va a ser mejor”, avizoró. A partir de este panorama “lo que se espera para el 2010, es un año muy importante en el que se puedan desarrollar finalmente los pedidos y proyectos que están pendientes”, dijo el magistrado tras manifestar que durante el 2008 y parte del 2009 hubo muchos desistimientos.
Chile sigue avanzando
La producción minera de Chile creció el 8 por ciento el pasado octubre, en comparación con el mismo mes de 2008, anunció hoy el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El incremento, que mantiene las cifras positivas del mes anterior, se explica por el aumento de la explotación del cobre, molibdeno, oro y hierro, a pesar de la contracción en la producción de zinc y plata.
En el décimo mes del año, el índice de minerales metálicos creció el 9,2 por ciento interanual, debido al aumento del índice metálico del cobre, del 8,7 por ciento, como por el grupo de “otros metálicos”, con una incidencia positiva de 0,5 puntos.
Polémica abierta
Cinco provincias prohibieron el uso del cianuro en minas a cielo abierto, y la “ley de Glaciares” -impulsada por Miguel Bonasso que limitaba la actividad en zona cordillerana- fue vetada por la presidenta. La controversia por contaminación es tan grande como los intereses del sector. José Luis Gioja, gobernador de San Juan, impulsó la promoción de la minería cuando era senador; según Bonasso, el actual gobernador sanjuanino presionó a Cristina para vetar la norma. Veladero, la mina de Barrick que funciona en esa provincia, extrae más de 1,5 millón de onzas de oro y plata al año.
Nuevos proyectos mineros con Chile
Anuncian nuevos proyectos mineros por el tratado de integración con Chile
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se concretarían dos en Santa Cruz y uno en Mendoza; prometen no prolongar los tiempos de aprobación
Tres nuevos proyectos dos de minería metálica y uno de minería no metálica sumará el Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado entre Chile y la Argentina, según anunció el secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral. La información fue dada a conocer en el marco del IV Encuentro Minero Chileno-Argentino, desarrollado esta semana en el hotel Hyatt de la capital chilena.
"Hay tres proyectos que se podrían sumar. Para preservar la fuente de información, voy a permitirme no nombrarlos, pero hay proyectos que se salen del rubro netamente metalífero", anunció Mayoral.
Según contaron a La Nacion fuentes de la Cámara Chileno-Argentina, dos de estos serían en la provincia de Santa Cruz de oro, el mayor de ellos y un tercero en Mendoza, el proyecto de Cerro Cuadrado, compuesto de vetas de plomo.
Mayoral expuso, junto a su par chileno, el ministro de Minería, Santiago González, y el embajador argentino Ginés González García. También asistieron el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alberto Salas; el presidente de la organizadora del evento, la Cámara Chileno-Argentina, Bruno Ardito; representantes de las mineras Barrick Gold y Xstrata Copper; y enviados de la provincia de San Juan, y de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama. En la cita se analizaron los distintos proyectos de inversión, así como también los alcances del comercio bilateral.
El Tratado Minero, firmado en 1997, cuenta actualmente con cinco proyectos que incluyen inversiones por 8000 millones de dólares para la siguiente década. Estos son Pascua Lama (oro), El Pachón (cobre), Amos Andrés (oro y cobre), Las Flechas (oro y cobre) y Vicuña (oro, plata y cobre). Ayer se supo sobre el interés del grupo sueco-canadiense Lundin Mining en los citados proyectos de Vicuña, Las Flechas y Cerro Cuadrado.
El acuerdo establece "la conveniencia de asegurar, en los casos en que las circunstancias lo permitan, el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la cordillera, de tal modo que su exploración y posterior explotación se lleve a cabo en forma racional e integrada, aplicando las normas prácticas de una minería más avanzada".
"Es una herramienta fundacional a nivel internacional, que promueve la exploración y producción minera conjunta sobre la segunda frontera más extensa del mundo y destaco la importancia estratégica de la integración minera entre los dos países, para fortalecer el crecimiento económico y social de la región, mediante la promoción de emprendimientos que generen desarrollo, empleo y mejor calidad de vida para las comunidades de frontera", afirmó Mayoral.
"Este tratado es un caso único en el mundo. Nuestro objetivo es que ambos países se conviertan en un polo de la minería y también en un instrumento fundamental para disminuir la pobreza en la Argentina, tal como se ha hecho en Chile", dijo a La Nacion el embajador González García.
Pese a su larga tramitación por desacuerdos impositivos entre ambos países, Pascua Lama ya comenzó sus obras y se constituyó en el primer proyecto levantado conforme al Tratado de Integración, con una inversión de 3000 millones de dólares y una generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Chile y la Argentina. "Todos los proyectos que vienen tendrán un tiempo menor de tramitación porque ya tenemos un proyecto base, una experiencia anterior", opinó Mayoral.
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se concretarían dos en Santa Cruz y uno en Mendoza; prometen no prolongar los tiempos de aprobación
Tres nuevos proyectos dos de minería metálica y uno de minería no metálica sumará el Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado entre Chile y la Argentina, según anunció el secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral. La información fue dada a conocer en el marco del IV Encuentro Minero Chileno-Argentino, desarrollado esta semana en el hotel Hyatt de la capital chilena.
"Hay tres proyectos que se podrían sumar. Para preservar la fuente de información, voy a permitirme no nombrarlos, pero hay proyectos que se salen del rubro netamente metalífero", anunció Mayoral.
Según contaron a La Nacion fuentes de la Cámara Chileno-Argentina, dos de estos serían en la provincia de Santa Cruz de oro, el mayor de ellos y un tercero en Mendoza, el proyecto de Cerro Cuadrado, compuesto de vetas de plomo.
Mayoral expuso, junto a su par chileno, el ministro de Minería, Santiago González, y el embajador argentino Ginés González García. También asistieron el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alberto Salas; el presidente de la organizadora del evento, la Cámara Chileno-Argentina, Bruno Ardito; representantes de las mineras Barrick Gold y Xstrata Copper; y enviados de la provincia de San Juan, y de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama. En la cita se analizaron los distintos proyectos de inversión, así como también los alcances del comercio bilateral.
El Tratado Minero, firmado en 1997, cuenta actualmente con cinco proyectos que incluyen inversiones por 8000 millones de dólares para la siguiente década. Estos son Pascua Lama (oro), El Pachón (cobre), Amos Andrés (oro y cobre), Las Flechas (oro y cobre) y Vicuña (oro, plata y cobre). Ayer se supo sobre el interés del grupo sueco-canadiense Lundin Mining en los citados proyectos de Vicuña, Las Flechas y Cerro Cuadrado.
El acuerdo establece "la conveniencia de asegurar, en los casos en que las circunstancias lo permitan, el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la cordillera, de tal modo que su exploración y posterior explotación se lleve a cabo en forma racional e integrada, aplicando las normas prácticas de una minería más avanzada".
"Es una herramienta fundacional a nivel internacional, que promueve la exploración y producción minera conjunta sobre la segunda frontera más extensa del mundo y destaco la importancia estratégica de la integración minera entre los dos países, para fortalecer el crecimiento económico y social de la región, mediante la promoción de emprendimientos que generen desarrollo, empleo y mejor calidad de vida para las comunidades de frontera", afirmó Mayoral.
"Este tratado es un caso único en el mundo. Nuestro objetivo es que ambos países se conviertan en un polo de la minería y también en un instrumento fundamental para disminuir la pobreza en la Argentina, tal como se ha hecho en Chile", dijo a La Nacion el embajador González García.
Pese a su larga tramitación por desacuerdos impositivos entre ambos países, Pascua Lama ya comenzó sus obras y se constituyó en el primer proyecto levantado conforme al Tratado de Integración, con una inversión de 3000 millones de dólares y una generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Chile y la Argentina. "Todos los proyectos que vienen tendrán un tiempo menor de tramitación porque ya tenemos un proyecto base, una experiencia anterior", opinó Mayoral.
“La actividad minera es contaminante”
“La actividad minera es contaminante”
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: Web 8300
Provincia/Región: Nacional
Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Tucumán. Es el responsable de haber procesado a los directivos del emprendimiento minero La Alumbrera por contaminación. Dice que el único parámetro legal a considerar es la ley de delitos ambientales. Y que cualquier otra norma, es un pasaporte para contaminar.
Dice que él es sólo un pequeño engranaje de un gran movimiento que se resiste a la contaminación de las empresas mineras. Pero también que la única forma de evitarla, es a través de jueces o fiscales que se animen a enfrentarse al enorme poder de estos emprendimientos. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de Tucumán, y jefe de fiscales Federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
“Minera La Alumbrera es una empresa que contamina el medio ambiente de una forma importante. Fue procesada por el delito de Contaminación Ambiental por la Cámara Federal de Tucumán. Los hechos que acreditamos y que acreditó la propia empresa es la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que se están tirando no sólo a la cuenca del río Dulce, sino que llega hasta Córdoba, porque la explotación se hace en Catamarca, por un mineroloducto llega a Tucumán, se secan los barros de Cobre, se sube a un tren, se lleva a San Lorenzo y de ahí se exporta”, explica en pocas palabras un hecho que lleva casi cuatro años investigando.
En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Palangana, no dudó en afirmar que “la actividad es contaminante”. Se basa en los informes de impacto ambiental de las propias empresas. “Para nosotros no hace falta ni siquiera ir a tomar una muestra. Si toma la ley de delitos ambientales con los índices de contaminación que tienen, uno prueba lo que es un delito instantáneo”.
Algunos datos escalofriantes
La Alumbrera consume un promedio de 5 millones de litros de agua por hora. Y tanta electricidad como puede consumir la ciudad de Neuquén en este instante. “Toda esa agua se contamina porque se usa para separar los minerales de la roca sin valor. Se tritura la roca y se mete en piletones donde se produce el separado de las sustancias. Esto provoca un grado de contaminación impresionante. Contaminan cinco millones de litros de agua por hora. Eso sin pensar en los gases y las nubes de gases en función de los materiales explosivos por las voladuras” explica el fiscal.
La causa por contaminación, está en este momento en manos del juez federal I de Tucumán, con una directiva de la Cámara de Casación Penal de ampliar la investigación.
“Esto fue un éxito del pueblo –dice Gómez. “Cuando este expediente llegó a la Cámara Penal en el año 2005, con el fallo de un juez de primera instancia que decía que La Alumbrera era un ejemplo de producción, los fiscales apelamos. Pero el poder económico hace que los platillos de la justicia pesa mas. Tuvimos varias reuniones e hicimos que la gente afectada se reuniera con los jueces y le mostraran cómo lo estaba afectando. Enfocaron su reclamo al poder judicial porque es quien puede resolver un conflicto de esta naturaleza”.
El caso de Neuquén
Gómez explica que no le gusta involucrarse en cuestiones políticas. Pero que si –como ocurrirá en Neuquén- se aprueba una ley (como la ley Goncalves) que pone como condición que los emprendimientos no estén en las nacientes de los ríos, “es una autorización para contaminar lo que se les antoje”. El fiscal lo explica en forma sencilla: “Puede ser que no esté en la naciente de un río, pero de algún lado tienen que sacar el agua dulce. Si como consecuencia de esta actividad voy a volcar agua contaminada, tengo que decir adónde va”.
Por eso le advierte a los pobladores de Neuquén que abran los ojos. “Si el gobierno de Neuquén dice que (la minera) no contamina, tiene que tener un informe de impacto ambiental. Nosotros podríamos mostrarle los informes de La Alumbrera, donde ella misma dice los niveles de contaminación que tiene”.
Afirma que existe un procedimiento que utilizan las mineras en varias provincias. “Ellos, antes de abrir un emprendimiento, piden una resolución o una ley provincial pidiendo que se les autorice a contaminar el ambiente por encima de los niveles de la ley nacional. Luego se agarran de esa resolución, diciendo que ellos no contaminan. Pero una cosa es comparar la actividad extractiva en base a una ley provincial que le permite contaminar por encima de los índices por los cuales está establecido el delito ambiental, y otra cosa es contaminar por los índices de la ley 24151. Estén atentos: los únicos índices de contaminación permitidos son los que establece la ley penal ambiental”.
Cómplices
Otro aspecto interesante de la charla de La Palangana con Gómez, es el hecho de que el fiscal también ha imputado a funcionarios por complicidad. “Nosotros acá le estamos imputando el delito de complicidad a las autoridades nacionales y provinciales. Porque quien permite este tipo de maniobras, comete un delito. Acá condenamos a un intendente un año de prisión por contaminar un basural con residuos patogénicos. También a quienes cometieron el delito”.
Sostiene que los delitos penales ambientales “son muy concretos”, pero que exige “un trabajo compartido de fiscales generales y de una ciudadanía comprometida con el ambiente”.
“Tanto el caso de La Alumbrera como el del glifosato u otros temas de contaminación, es una cuestión de tomar una decisión judicial. El poder político y económico son cómplices. Ellos no tomarán medidas porque son cómplices. Hoy la plata se gana donde se pueda contaminar mas. En el último crack, las únicas acciones que subieron fueron de las empresas mineras y de las que venden armas”, dice.
También se preguntó por qué motivo no se instala un emprendimiento como La Alumbrera en los Alpes Suizos. “Es notable cómo todos estos grandes emprendimientos se dirigen al hemisferio sur y los países del tercer mundo”.
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: Web 8300
Provincia/Región: Nacional
Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Tucumán. Es el responsable de haber procesado a los directivos del emprendimiento minero La Alumbrera por contaminación. Dice que el único parámetro legal a considerar es la ley de delitos ambientales. Y que cualquier otra norma, es un pasaporte para contaminar.
Dice que él es sólo un pequeño engranaje de un gran movimiento que se resiste a la contaminación de las empresas mineras. Pero también que la única forma de evitarla, es a través de jueces o fiscales que se animen a enfrentarse al enorme poder de estos emprendimientos. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de Tucumán, y jefe de fiscales Federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
“Minera La Alumbrera es una empresa que contamina el medio ambiente de una forma importante. Fue procesada por el delito de Contaminación Ambiental por la Cámara Federal de Tucumán. Los hechos que acreditamos y que acreditó la propia empresa es la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que se están tirando no sólo a la cuenca del río Dulce, sino que llega hasta Córdoba, porque la explotación se hace en Catamarca, por un mineroloducto llega a Tucumán, se secan los barros de Cobre, se sube a un tren, se lleva a San Lorenzo y de ahí se exporta”, explica en pocas palabras un hecho que lleva casi cuatro años investigando.
En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Palangana, no dudó en afirmar que “la actividad es contaminante”. Se basa en los informes de impacto ambiental de las propias empresas. “Para nosotros no hace falta ni siquiera ir a tomar una muestra. Si toma la ley de delitos ambientales con los índices de contaminación que tienen, uno prueba lo que es un delito instantáneo”.
Algunos datos escalofriantes
La Alumbrera consume un promedio de 5 millones de litros de agua por hora. Y tanta electricidad como puede consumir la ciudad de Neuquén en este instante. “Toda esa agua se contamina porque se usa para separar los minerales de la roca sin valor. Se tritura la roca y se mete en piletones donde se produce el separado de las sustancias. Esto provoca un grado de contaminación impresionante. Contaminan cinco millones de litros de agua por hora. Eso sin pensar en los gases y las nubes de gases en función de los materiales explosivos por las voladuras” explica el fiscal.
La causa por contaminación, está en este momento en manos del juez federal I de Tucumán, con una directiva de la Cámara de Casación Penal de ampliar la investigación.
“Esto fue un éxito del pueblo –dice Gómez. “Cuando este expediente llegó a la Cámara Penal en el año 2005, con el fallo de un juez de primera instancia que decía que La Alumbrera era un ejemplo de producción, los fiscales apelamos. Pero el poder económico hace que los platillos de la justicia pesa mas. Tuvimos varias reuniones e hicimos que la gente afectada se reuniera con los jueces y le mostraran cómo lo estaba afectando. Enfocaron su reclamo al poder judicial porque es quien puede resolver un conflicto de esta naturaleza”.
El caso de Neuquén
Gómez explica que no le gusta involucrarse en cuestiones políticas. Pero que si –como ocurrirá en Neuquén- se aprueba una ley (como la ley Goncalves) que pone como condición que los emprendimientos no estén en las nacientes de los ríos, “es una autorización para contaminar lo que se les antoje”. El fiscal lo explica en forma sencilla: “Puede ser que no esté en la naciente de un río, pero de algún lado tienen que sacar el agua dulce. Si como consecuencia de esta actividad voy a volcar agua contaminada, tengo que decir adónde va”.
Por eso le advierte a los pobladores de Neuquén que abran los ojos. “Si el gobierno de Neuquén dice que (la minera) no contamina, tiene que tener un informe de impacto ambiental. Nosotros podríamos mostrarle los informes de La Alumbrera, donde ella misma dice los niveles de contaminación que tiene”.
Afirma que existe un procedimiento que utilizan las mineras en varias provincias. “Ellos, antes de abrir un emprendimiento, piden una resolución o una ley provincial pidiendo que se les autorice a contaminar el ambiente por encima de los niveles de la ley nacional. Luego se agarran de esa resolución, diciendo que ellos no contaminan. Pero una cosa es comparar la actividad extractiva en base a una ley provincial que le permite contaminar por encima de los índices por los cuales está establecido el delito ambiental, y otra cosa es contaminar por los índices de la ley 24151. Estén atentos: los únicos índices de contaminación permitidos son los que establece la ley penal ambiental”.
Cómplices
Otro aspecto interesante de la charla de La Palangana con Gómez, es el hecho de que el fiscal también ha imputado a funcionarios por complicidad. “Nosotros acá le estamos imputando el delito de complicidad a las autoridades nacionales y provinciales. Porque quien permite este tipo de maniobras, comete un delito. Acá condenamos a un intendente un año de prisión por contaminar un basural con residuos patogénicos. También a quienes cometieron el delito”.
Sostiene que los delitos penales ambientales “son muy concretos”, pero que exige “un trabajo compartido de fiscales generales y de una ciudadanía comprometida con el ambiente”.
“Tanto el caso de La Alumbrera como el del glifosato u otros temas de contaminación, es una cuestión de tomar una decisión judicial. El poder político y económico son cómplices. Ellos no tomarán medidas porque son cómplices. Hoy la plata se gana donde se pueda contaminar mas. En el último crack, las únicas acciones que subieron fueron de las empresas mineras y de las que venden armas”, dice.
También se preguntó por qué motivo no se instala un emprendimiento como La Alumbrera en los Alpes Suizos. “Es notable cómo todos estos grandes emprendimientos se dirigen al hemisferio sur y los países del tercer mundo”.
Barrick: Picolotti denunció amenazas de muerte
Picolotti denunció amenazas de muerte
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente las vinculó con la actividad de mineras canadienses en Argentina.
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente, Romina Picolotti, denunció que ella, sus hijos y sus ex colaboradores fueron amenazados de muerte cuando intervino en asuntos relacionados con las compañías mineras internacionales que operan en Argentina.
Picolotti hizo esta revelación hace dos días, cuando testificó ante una comisión parlamentaria de Canadá.
En conversación con La Voz del Interior, Picolotti dijo ayer que no quiere “hacer una cuestión mediática” del tema. Señaló que cuando recibió las amenazas comentó el tema con otros miembros del Gobierno nacional y tenía custodia policial. “Soy muy cuidadosa con esto, es un tema delicado”, dijo.
La denuncia de Picolotti se conoció a través de una teleconferencia Córdoba-Ottawa, en la cual la cordobesa habló con los miembros de una comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de que Canadá cambie sus leyes para permitir un mayor control sobre las actividades de sus empresas en el extranjero.
Ojos sobre San Juan. La atención en este caso, en lo que hace a Argentina, está puesta sobre la minera Barrick, que explota la mina Veladero, en San Juan, y acaba de comenzar la construcción de la primera mina binacional del mundo, Pascua-Lama, ubicada entre San Juan y Chile.
Se estima que Pascua-Lama le redituará a la minera docenas de miles de millones de dólares en ganancias, especialmente si se atiende la evolución del precio de cada onza troy (31,1 gramos de oro) que ayer batió su récord histórico y quedó cerca de los 1.200 dólares.
Debate. La ex secretaria de Medio Ambiente explicó a este diario que su testimonio “tenía por objetivo apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en Canadá para controlar a sus empresas mineras, que operan en el extranjero y están financiadas por dineros del gobierno canadiense”.
“Se trata de un mecanismo de financiamiento que es usual en países desarrollados”, agregó Picolotti. “Pero si las empresas canadienses están violando derechos humanos en otros países, es el Estado canadiense el que está financiando esas violaciones”.
Los diarios canadienses fueron directos a la hora de reflejar el testimonio de Picolotti. Toronto Star vinculó directamente “las agresivas actividades de las compañías mineras” con la salida del gobierno de la ex secretaria, ocurrida hace menos de un año.
Picolotti sigue trabajando en la temática de medio ambiente como presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Uno de los temas principales a los que sigue abocada tiene que ver con la ley de protección de glaciares que la Presidenta vetó el año pasado. Según la oposición, el veto se debió a la fuerte presión que ejerció la empresa Barrick sobre las autoridades.
“Estudian dos casos testigo”
“La comisión del Parlamento canadiense estudia dos casos testigo: Argentina y el Congo, donde hay empresas mineras canadienses con actuaciones polémicas o cuestionadas. En el Congo está la empresa Anvil Mining y, en Argentina, la Barrick. Son casos distintos, porque en el Congo hay una tremenda debilidad institucional, es un país en guerra y las acusaciones son otras. En Argentina, lo que observan es el volumen que tiene la operación económica, porque Pascua-Lama va a ser una de las minas más grandes que estarán en funcionamiento en todo el mundo”.
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente las vinculó con la actividad de mineras canadienses en Argentina.
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente, Romina Picolotti, denunció que ella, sus hijos y sus ex colaboradores fueron amenazados de muerte cuando intervino en asuntos relacionados con las compañías mineras internacionales que operan en Argentina.
Picolotti hizo esta revelación hace dos días, cuando testificó ante una comisión parlamentaria de Canadá.
En conversación con La Voz del Interior, Picolotti dijo ayer que no quiere “hacer una cuestión mediática” del tema. Señaló que cuando recibió las amenazas comentó el tema con otros miembros del Gobierno nacional y tenía custodia policial. “Soy muy cuidadosa con esto, es un tema delicado”, dijo.
La denuncia de Picolotti se conoció a través de una teleconferencia Córdoba-Ottawa, en la cual la cordobesa habló con los miembros de una comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de que Canadá cambie sus leyes para permitir un mayor control sobre las actividades de sus empresas en el extranjero.
Ojos sobre San Juan. La atención en este caso, en lo que hace a Argentina, está puesta sobre la minera Barrick, que explota la mina Veladero, en San Juan, y acaba de comenzar la construcción de la primera mina binacional del mundo, Pascua-Lama, ubicada entre San Juan y Chile.
Se estima que Pascua-Lama le redituará a la minera docenas de miles de millones de dólares en ganancias, especialmente si se atiende la evolución del precio de cada onza troy (31,1 gramos de oro) que ayer batió su récord histórico y quedó cerca de los 1.200 dólares.
Debate. La ex secretaria de Medio Ambiente explicó a este diario que su testimonio “tenía por objetivo apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en Canadá para controlar a sus empresas mineras, que operan en el extranjero y están financiadas por dineros del gobierno canadiense”.
“Se trata de un mecanismo de financiamiento que es usual en países desarrollados”, agregó Picolotti. “Pero si las empresas canadienses están violando derechos humanos en otros países, es el Estado canadiense el que está financiando esas violaciones”.
Los diarios canadienses fueron directos a la hora de reflejar el testimonio de Picolotti. Toronto Star vinculó directamente “las agresivas actividades de las compañías mineras” con la salida del gobierno de la ex secretaria, ocurrida hace menos de un año.
Picolotti sigue trabajando en la temática de medio ambiente como presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Uno de los temas principales a los que sigue abocada tiene que ver con la ley de protección de glaciares que la Presidenta vetó el año pasado. Según la oposición, el veto se debió a la fuerte presión que ejerció la empresa Barrick sobre las autoridades.
“Estudian dos casos testigo”
“La comisión del Parlamento canadiense estudia dos casos testigo: Argentina y el Congo, donde hay empresas mineras canadienses con actuaciones polémicas o cuestionadas. En el Congo está la empresa Anvil Mining y, en Argentina, la Barrick. Son casos distintos, porque en el Congo hay una tremenda debilidad institucional, es un país en guerra y las acusaciones son otras. En Argentina, lo que observan es el volumen que tiene la operación económica, porque Pascua-Lama va a ser una de las minas más grandes que estarán en funcionamiento en todo el mundo”.
Debate sobre políticas mineras en universidades
Las universidades proponen abrir un debate sobre políticas mineras
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Rectores universitarios que se reunieron en Comodoro Rivadavia propusieron debatir “sin prejuicios” sobre minería. El tema se planteó en el marco del encuentro de rectores de varias universidades nacionales que se realizó la semana pasada en esa ciudad del sur chubutense, y donde se analizó el rol de las instituciones de educación superior en el marco del desarrollo de políticas mineras.
El rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, indicó a El Patagónico que el tema se planteó recién a partir del ingreso de fondos en las universidades como consecuencia de las regalías que les correspondían a partir de la explotación de la minera Aguas de Dionisio.
“Hay muchos prejuicios con esta cuestión. Estamos trabajando en equipo entre el CIN (Consejo Interuniversitario de Rectores) y el Servicio de Paz y Justicia (que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como su figura más notable) para avanzar en definir una postura con respecto a este tema”, acotó el docente.
Por lo pronto, otros rectores como Martín Gil, de la Universidad de Villa María, Córdoba, rescatan como positivo que el debate se haya instalado en las denominadas “altas casas de estudio”.
Recientemente, Pérez Esquivel y otros referentes de organizaciones que se oponen a la minería plantearon la necesidad de que las instituciones universitarias asuman un rol crítico ante el avance de la actividad. Afirman que el planteo va más allá del dinero que las universidades comenzaron a recibir el año pasado, a partir de una ley que se aprobó en 1958, que creó un fondo universitario a través de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que integran el Estado Nacional, el Estado de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
En este contexto, el rector Caballero considera que “tenemos que pensar en la explotación de todos los recursos humanos de manera sustentable”.
En la misma línea, afirmó que se debe evitar hablar desde el sentido común, sino “con fundamentos más científicos, y ser menos impulsivos. La problemática de la minería y la extracción de minerales -incluso el petróleo- merece revisar un conjunto de cosas amplias, y que tiene que ver con los intereses nacionales. Además, la sustentabilidad se tiene que lograr en todas las actividades humanas”, afirmó.
Por su parte Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito, sostuvo que “las preguntas deberían ser completas porque uno no puede negarse por completo a la minería. Pero cuando hablamos de impacto ambiental, el peor es el urbano”, expuso.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Rectores universitarios que se reunieron en Comodoro Rivadavia propusieron debatir “sin prejuicios” sobre minería. El tema se planteó en el marco del encuentro de rectores de varias universidades nacionales que se realizó la semana pasada en esa ciudad del sur chubutense, y donde se analizó el rol de las instituciones de educación superior en el marco del desarrollo de políticas mineras.
El rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, indicó a El Patagónico que el tema se planteó recién a partir del ingreso de fondos en las universidades como consecuencia de las regalías que les correspondían a partir de la explotación de la minera Aguas de Dionisio.
“Hay muchos prejuicios con esta cuestión. Estamos trabajando en equipo entre el CIN (Consejo Interuniversitario de Rectores) y el Servicio de Paz y Justicia (que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como su figura más notable) para avanzar en definir una postura con respecto a este tema”, acotó el docente.
Por lo pronto, otros rectores como Martín Gil, de la Universidad de Villa María, Córdoba, rescatan como positivo que el debate se haya instalado en las denominadas “altas casas de estudio”.
Recientemente, Pérez Esquivel y otros referentes de organizaciones que se oponen a la minería plantearon la necesidad de que las instituciones universitarias asuman un rol crítico ante el avance de la actividad. Afirman que el planteo va más allá del dinero que las universidades comenzaron a recibir el año pasado, a partir de una ley que se aprobó en 1958, que creó un fondo universitario a través de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que integran el Estado Nacional, el Estado de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
En este contexto, el rector Caballero considera que “tenemos que pensar en la explotación de todos los recursos humanos de manera sustentable”.
En la misma línea, afirmó que se debe evitar hablar desde el sentido común, sino “con fundamentos más científicos, y ser menos impulsivos. La problemática de la minería y la extracción de minerales -incluso el petróleo- merece revisar un conjunto de cosas amplias, y que tiene que ver con los intereses nacionales. Además, la sustentabilidad se tiene que lograr en todas las actividades humanas”, afirmó.
Por su parte Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito, sostuvo que “las preguntas deberían ser completas porque uno no puede negarse por completo a la minería. Pero cuando hablamos de impacto ambiental, el peor es el urbano”, expuso.
Greenpeace en contra de la nueva planta nuclear
Greenpeace en contra de la nueva planta nuclear
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”. La organización ambientalista criticó el proyecto del ejecutivo ante la inminencia de su tratamiento en la Cámara de Senadores.
La Cámara Alta tratará mañana, miércoles, el proyecto de ley por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el 28 de octubre con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones (2). Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del mundo, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga entretenida en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero”.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”. La organización ambientalista criticó el proyecto del ejecutivo ante la inminencia de su tratamiento en la Cámara de Senadores.
La Cámara Alta tratará mañana, miércoles, el proyecto de ley por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el 28 de octubre con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones (2). Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del mundo, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga entretenida en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero”.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Al Congreso le interesa la actividad nuclear
Al Congreso le interesa la actividad nuclear
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley la declaración de interés de la construcción de Atucha III y el reacondicionamiento de Embalse.
A dos semanas de la media sanción en Diputados, los senadores convirtieron en ley un proyecto que declara de interés las actividades para la construcción de Atucha 3 y para reacondicionar a la Central Nuclear de Embalse.
La norma apunta a las actividades para el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse. El proyecto remite a la construcción y puesta en marcha de la futura central nuclear de Atucha III.
También considera de interés el "reacondicionamiento para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse" ubicada en la provincia de Córdoba.
Asimismo se exime a Nucleoeléctrica Argentina, que debe llevar adelante los objetivos de construcción y refacción de ambas centrales nucleares, del pago de tributos por la importación de insumos para concretar sus tareas.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley la declaración de interés de la construcción de Atucha III y el reacondicionamiento de Embalse.
A dos semanas de la media sanción en Diputados, los senadores convirtieron en ley un proyecto que declara de interés las actividades para la construcción de Atucha 3 y para reacondicionar a la Central Nuclear de Embalse.
La norma apunta a las actividades para el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse. El proyecto remite a la construcción y puesta en marcha de la futura central nuclear de Atucha III.
También considera de interés el "reacondicionamiento para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse" ubicada en la provincia de Córdoba.
Asimismo se exime a Nucleoeléctrica Argentina, que debe llevar adelante los objetivos de construcción y refacción de ambas centrales nucleares, del pago de tributos por la importación de insumos para concretar sus tareas.
Desmontes y Soja-Power
Desmontes y Soja-Power
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Escasos fondos para la Ley de Bosques
Los escasos fondos para la Ley de Bosques en el Presupuesto 2010 demuestran la ausencia de una política ambiental seria
Fecha de Publicación: 12/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace manifestó su profunda preocupación frente a la exigua partida prevista en la recientemente sancionada Ley de Presupuesto 2010 para la conformación de los Fondos para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos establecidos por la Ley de Bosques, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria.
El artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada ayer establece una partida de 300 millones de pesos “como máximo” para la constitución de dicho fondo, pero la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dicta en su artículo 31 que el monto destinado “no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”. De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debería agregarse “el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”, por lo que los recursos podrían ascender a 1.300 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto presupuesto el Estado es el primero en incumplir con la Ley de Bosques. De esta manera se da una muy mala señal hacia los gobiernos provinciales y las empresas, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Dichos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
Hasta el momento, Santiago del Estero, Salta y Chaco son las únicas provincias que sancionaron por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Greenpeace destacó que la Ley Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro significativo en la participación de la sociedad civil, que apoyó su sanción con un millón y medio de firmas, pero advirtió dificultades políticas en su implementación.
“Lamentablemente la falta de decisión política dificulta su plena aplicación. Si bien desde su sanción la deforestación disminuyó en un 60%, es fundamental que aumenten los controles y que el resto de las provincias concluyan, de manera participativa, los procesos de ordenamiento territorial de sus bosques nativos y que los mismos sean reglamentados mediante leyes provinciales”, sentenció Giardini.
Fecha de Publicación: 12/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace manifestó su profunda preocupación frente a la exigua partida prevista en la recientemente sancionada Ley de Presupuesto 2010 para la conformación de los Fondos para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos establecidos por la Ley de Bosques, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria.
El artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada ayer establece una partida de 300 millones de pesos “como máximo” para la constitución de dicho fondo, pero la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dicta en su artículo 31 que el monto destinado “no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”. De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debería agregarse “el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”, por lo que los recursos podrían ascender a 1.300 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto presupuesto el Estado es el primero en incumplir con la Ley de Bosques. De esta manera se da una muy mala señal hacia los gobiernos provinciales y las empresas, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Dichos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
Hasta el momento, Santiago del Estero, Salta y Chaco son las únicas provincias que sancionaron por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Greenpeace destacó que la Ley Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro significativo en la participación de la sociedad civil, que apoyó su sanción con un millón y medio de firmas, pero advirtió dificultades políticas en su implementación.
“Lamentablemente la falta de decisión política dificulta su plena aplicación. Si bien desde su sanción la deforestación disminuyó en un 60%, es fundamental que aumenten los controles y que el resto de las provincias concluyan, de manera participativa, los procesos de ordenamiento territorial de sus bosques nativos y que los mismos sean reglamentados mediante leyes provinciales”, sentenció Giardini.
Fondos para la conservación de los bosques
El gobierno asignará fondos para la conservación de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 03/11/2009
Fuente: Cronista Digital
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dará a conocer esta tarde la asignación de 97 millones de pesos al Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, que impulsa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La mandataria recibirá esta mañana, por separado, en la residencia de Olivos al secretario de Cultura, Jorge Coscia; al titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer; y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; mientras que por la tarde anunciará aportes para la protección de bosques.
La actividad oficial se iniciará en la quinta presidencial y luego se trasladará a la Casa Rosada, donde, tras el anuncio medioambiental que se producirá a las 17, Cristina Kirchner será informada del superávit fiscal y recibirá a directivos del Banco Nación y de Mercedes-Benz.
Fecha de Publicación: 03/11/2009
Fuente: Cronista Digital
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dará a conocer esta tarde la asignación de 97 millones de pesos al Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, que impulsa la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La mandataria recibirá esta mañana, por separado, en la residencia de Olivos al secretario de Cultura, Jorge Coscia; al titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer; y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; mientras que por la tarde anunciará aportes para la protección de bosques.
La actividad oficial se iniciará en la quinta presidencial y luego se trasladará a la Casa Rosada, donde, tras el anuncio medioambiental que se producirá a las 17, Cristina Kirchner será informada del superávit fiscal y recibirá a directivos del Banco Nación y de Mercedes-Benz.
Críticas a la nueva planta nuclear
“La nueva planta nuclear aprobada por los diputados es el método más caro para producir energía y combatir el cambio climático”
Fecha de Publicación: 30/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”.
La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el miércoles 28 con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.(2)
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del planeta, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga ocupada en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados esta semana debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Notas:
(1) Proyecto de ley del 17 de marzo de 2009 (0006-PE-09 (TP 13) Mensaje Nro. 0185)
(2) Se puede ver la nómina completa de votos en la Cámara de Diputados en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/nuclear/votaci-n-nominal-del-proyecto.pdf
Fecha de Publicación: 30/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”.
La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el miércoles 28 con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.(2)
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del planeta, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga ocupada en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados esta semana debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Notas:
(1) Proyecto de ley del 17 de marzo de 2009 (0006-PE-09 (TP 13) Mensaje Nro. 0185)
(2) Se puede ver la nómina completa de votos en la Cámara de Diputados en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/nuclear/votaci-n-nominal-del-proyecto.pdf
Media sanción para la cuarta central nuclear
Diputados dio media sanción para crear una cuarta central nuclear
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto fue aprobado por 149 votos afirmativos y sólo 10 negativos. La iniciativa dispone también las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que crea un régimen especial para la construcción de una cuarta central nuclear en la Argentina y las obras de extensión de vida útil de la central de Embalse Río Tercero, con lo cual se apunta a optimizar el suministro energético local.
La propuesta del Poder Ejecutivo crea un fideicomiso para atender las obras a realizar y establece un régimen especial de fiscalización aduanera "para la introducción por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea de los elementos relacionados con las obras". Además, dispone las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I.
La presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, la kirchnerista Rosana Bertone, sostuvo que la ley busca prolongar el funcionamiento de la central de Embalse, la que, indicó, es "la segunda central nuclear de nuestro país".
El radical cordobés Heriberto Martínez Oddone anunció el respaldo con disidencia parcial de la bancada opositora y apuntó que las obras planteadas significan "una repotenciación energética" para el país y que las tareas en Embalse "una recuperación para treinta años más de uso".
Sin embargo, las críticas y reclamos opositores fueron por el lado del control del fondo fiduciario a crearse, como planteó, en nombre del Interbloque PRO, el demócrata mendocino Omar de Marchi, quien propuso la conformación de una comisión bicameral para controlar los fideicomisos.
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto fue aprobado por 149 votos afirmativos y sólo 10 negativos. La iniciativa dispone también las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que crea un régimen especial para la construcción de una cuarta central nuclear en la Argentina y las obras de extensión de vida útil de la central de Embalse Río Tercero, con lo cual se apunta a optimizar el suministro energético local.
La propuesta del Poder Ejecutivo crea un fideicomiso para atender las obras a realizar y establece un régimen especial de fiscalización aduanera "para la introducción por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea de los elementos relacionados con las obras". Además, dispone las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I.
La presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, la kirchnerista Rosana Bertone, sostuvo que la ley busca prolongar el funcionamiento de la central de Embalse, la que, indicó, es "la segunda central nuclear de nuestro país".
El radical cordobés Heriberto Martínez Oddone anunció el respaldo con disidencia parcial de la bancada opositora y apuntó que las obras planteadas significan "una repotenciación energética" para el país y que las tareas en Embalse "una recuperación para treinta años más de uso".
Sin embargo, las críticas y reclamos opositores fueron por el lado del control del fondo fiduciario a crearse, como planteó, en nombre del Interbloque PRO, el demócrata mendocino Omar de Marchi, quien propuso la conformación de una comisión bicameral para controlar los fideicomisos.
Argentina reduce ritmo deforestación, pero ...
Argentina reduce ritmo deforestación, pero duplica tasa global
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Tras un acelerado proceso de deforestación a tasas que llegaron a quintuplicar el promedio mundial en los últimos años, Argentina está logrando frenar el avance de la soja sobre los bosques nativos, aunque aún debe adoptar más medidas de conservación, según expertos.
El rápido avance de la frontera agrícola, especialmente por la soja, hizo desaparecer bosques enteros en los últimos años y sólo la sanción de la llamada ley de bosques a fines de 2007 logró detener los desmontes y bajar las tasas de deforestación.
"A partir de la sanción de la ley de bosques se han limitado las posibilidades de que los gobiernos provinciales emitan nuevos permisos de desmonte", dijo a Reuters Diego Moreno, director de la organización no gubernamental Fundación Vida Silvestre, en el marco del reciente Congreso Forestal Mundial que se realizó en Buenos Aires.
La ley de bosques, que establece que las distintas jurisdicciones presenten un plan de ordenamiento territorial previo a la emisión de nuevos permisos de desmonte, es un primer paso, "pero no es la única medida que se necesita", según Moreno.
A partir del 2001-02, cuando se intensificó el cultivo de la soja, la expansión de la frontera agropecuaria empezó a avanzar sobre tierras en el noroeste del país y en algunas regiones del noreste, a costa de los bosques nativos.
"En los últimos 10 años hubo un promedio de deforestación anual acá en Argentina de unas 250.000 hectáreas. (Esta cifra) se está acercando al 1 por ciento anual de deforestación, lo cual está bastante por encima del promedio mundial, que está en el 0,2 por ciento aproximadamente", dijo Moreno.
Con la ley de bosques durante el 2008, se logró una reducción del 60 por ciento en la deforestación respecto del 2007, según cifras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el Congreso Forestal Mundial y con vistas a la Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en Copenhague en noviembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) propuso el objetivo de cero deforestación neta para el 2020.
Para los especialistas, es necesario trabajar en el proyecto "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal", (REDD, por su sigla en inglés), un sistema para cuantificar la "deforestación evitada" mediante créditos de carbono, que podrán venderse en el mercado internacional.
La idea principal es utilizar las ventas de los créditos de carbono para ayudar a los países en desarrollo a detener la deforestación, y a cambio, esto le permitirá a los países desarrollados alcanzar su cuota de reducción de emisiones.
Las estimaciones varían, pero REDD podría producir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares en fondos por año para los países en desarrollo.
"Le hemos pedido a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay (...) que apoyen el mecanismo REDD en Copenhague", dijo a Reuters Gerald Steindlegger, coordinador del Programa de Bosques a nivel global del WWF.
Pero más allá del apoyo gubernamental, Steindlegger recalcó que también es necesario el compromiso del sector privado. Las instituciones financieras deberían evaluar si un proyecto es sostenible desde el punto ambiental o no.
"Hay instituciones financieras alrededor del mundo que se acercan a nosotros (WWF) cada vez más para pedirnos ayuda para desarrollar filtros de inversiones sostenibles", dijo.
Con la implementación de la ley de bosques, Argentina llegaría bien posicionada para acceder a los beneficios de los mecanismo establecidos por REDD, que se están discutiendo a nivel internacional.
"Es un mecanismo financiero que va a apoyar o a reconocer los servicios ambientales que brindan los bosques nativos en este caso, y que apoyen emprendimientos, proyectos productivos o proyectos de conservación que aseguren la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques", dijo.
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Tras un acelerado proceso de deforestación a tasas que llegaron a quintuplicar el promedio mundial en los últimos años, Argentina está logrando frenar el avance de la soja sobre los bosques nativos, aunque aún debe adoptar más medidas de conservación, según expertos.
El rápido avance de la frontera agrícola, especialmente por la soja, hizo desaparecer bosques enteros en los últimos años y sólo la sanción de la llamada ley de bosques a fines de 2007 logró detener los desmontes y bajar las tasas de deforestación.
"A partir de la sanción de la ley de bosques se han limitado las posibilidades de que los gobiernos provinciales emitan nuevos permisos de desmonte", dijo a Reuters Diego Moreno, director de la organización no gubernamental Fundación Vida Silvestre, en el marco del reciente Congreso Forestal Mundial que se realizó en Buenos Aires.
La ley de bosques, que establece que las distintas jurisdicciones presenten un plan de ordenamiento territorial previo a la emisión de nuevos permisos de desmonte, es un primer paso, "pero no es la única medida que se necesita", según Moreno.
A partir del 2001-02, cuando se intensificó el cultivo de la soja, la expansión de la frontera agropecuaria empezó a avanzar sobre tierras en el noroeste del país y en algunas regiones del noreste, a costa de los bosques nativos.
"En los últimos 10 años hubo un promedio de deforestación anual acá en Argentina de unas 250.000 hectáreas. (Esta cifra) se está acercando al 1 por ciento anual de deforestación, lo cual está bastante por encima del promedio mundial, que está en el 0,2 por ciento aproximadamente", dijo Moreno.
Con la ley de bosques durante el 2008, se logró una reducción del 60 por ciento en la deforestación respecto del 2007, según cifras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el Congreso Forestal Mundial y con vistas a la Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en Copenhague en noviembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) propuso el objetivo de cero deforestación neta para el 2020.
Para los especialistas, es necesario trabajar en el proyecto "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal", (REDD, por su sigla en inglés), un sistema para cuantificar la "deforestación evitada" mediante créditos de carbono, que podrán venderse en el mercado internacional.
La idea principal es utilizar las ventas de los créditos de carbono para ayudar a los países en desarrollo a detener la deforestación, y a cambio, esto le permitirá a los países desarrollados alcanzar su cuota de reducción de emisiones.
Las estimaciones varían, pero REDD podría producir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares en fondos por año para los países en desarrollo.
"Le hemos pedido a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay (...) que apoyen el mecanismo REDD en Copenhague", dijo a Reuters Gerald Steindlegger, coordinador del Programa de Bosques a nivel global del WWF.
Pero más allá del apoyo gubernamental, Steindlegger recalcó que también es necesario el compromiso del sector privado. Las instituciones financieras deberían evaluar si un proyecto es sostenible desde el punto ambiental o no.
"Hay instituciones financieras alrededor del mundo que se acercan a nosotros (WWF) cada vez más para pedirnos ayuda para desarrollar filtros de inversiones sostenibles", dijo.
Con la implementación de la ley de bosques, Argentina llegaría bien posicionada para acceder a los beneficios de los mecanismo establecidos por REDD, que se están discutiendo a nivel internacional.
"Es un mecanismo financiero que va a apoyar o a reconocer los servicios ambientales que brindan los bosques nativos en este caso, y que apoyen emprendimientos, proyectos productivos o proyectos de conservación que aseguren la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques", dijo.
La ley Filmus entrega los glaciares y la cordillera
La ley Filmus entrega los glaciares y la cordillera
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Prensa Renace
Provincia/Región: Nacional
Por Javier Rodríguez Pardo* y Enrique Matías Viale **
La “Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por la presidente de la Nación. El senado argentino da media sanción ahora otro proyecto de ley a gusto de las corporaciones mineras. Filmus, Kirchner, Gioja, y otros, engendraron la entrega y saqueo de las altas cumbres a favor de las transnacionales extractivas.
En virtud de la reciente media sanción por parte del Senado de la Nación del Proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, impulsado por el senador Daniel Filmus, creemos pertinente advertir que la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto con compuestos tóxicos y drenajes ácidos, contaría con la habilitación para intervenir libremente en todo el territorio de la cordillera andina, precordillera y estribaciones, incluyendo sus altas cumbres, cuna de las nacientes de ambas cuencas, la atlántica y la del pacífico. De sancionarse la ley, las corporaciones transnacionales contarían con una herramienta legal deliberadamente vaga, difusa y plagada de trampas, concebida por y para una actividad extractiva voraz y promiscua.
El proyecto con media sanción parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la corporación canadiense Barrick Gold.
No resulta casual la confusa redacción del nuevo artículo 15° que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley supuestamente prohíbe. El proyecto con media sanción del Senado establece en este artículo que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Este proyecto establece, a diferencia de la ley vetada, de la Diputada mandato cumplido Marta Maffei, que los glaciares también hay que preservarlos “para las actividades industriales”, con la felonía implícita de que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial. Podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua: no lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación considera que el glaciar no sufre impacto. En Chile es cosa frecuente, y obligó a ciertos senadores del país trasandino a no hablar de intangibilidad de los glaciares porque en ese país el agua que hay, para lixiviación o flotación en la minería del cobre, es de esos cuerpos de hielo que van derritiendo con esa finalidad, y ni siquiera lo ocultan. Hay documentos que seguramente Filmus no consultó al momento de justificar este proyecto de ley, que dan cuenta de la opinión de senadores chilenos admitiendo que la minera estatal, Codelco, interviene cientos de hectáreas con enorme masa glaciar que proveen de agua a la actividad extractiva, con ulterior perjuicio -presente y futuro- a millones de habitantes.
La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente "tocado" o que habrán de intervenir. ¿Quien lo define, qué funcionario controla esas clasificaciones, las identifica? ¿Quien lo hará? Habría que preguntarle a Filmus. Tal vez gente del IANIGLIA tendría que establecerse en las altas cumbres de manera permanente supervisando de manera vigilante cada caso de exploración, prospección y explotación. Esto nos recuerda al control humano sobre los barcos de pesca que desaprensivamente arrojan la merluza muerta al mar porque prefieren cargar langostinos, explotación pesquera que siempre fue imposible de controlar con esa metodología.
El proyecto de ley Filmus se presta a interpretar como convenga las definiciones y clasificación morfológica que hacen sobre la información de los tres tipos de glaciares: descubiertos, cubiertos y de escombros. Esta deliberada complejidad terminológica, a diferencia de la ley vetada cuyas definiciones eran sencillas y precisas, terminará operando a favor de las mineras.
Las mineras podrán operar en las altas cumbres, ahora legitimadas. El proyecto de ley presente permite deambular por toda la cordillera con la actividad minera, tal como ya lo viene haciendo el bandidaje extractivo. Con las nuevas definiciones podrán explicar que no transitan glaciares ¿Quien se anima a decirles que intervinieron un glaciar? ¿Quien recorrerá las cien mil actividades detrás de cada una de sus máquinas, si para controlarlos se necesitaría un especialista pegado a cada uno de los operarios de Barrick Gold, por ejemplo?
Por su parte, el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones.
Podrán decir que no intervienen “glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria”. (Sólo del lado argentino de Veladero hay más de cuarenta de estos glaciares).
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege. Es decir que resulta preferible, para eventuales acciones judiciales que busquen la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que no exista ninguna norma antes que la sancionada por el Senado.
De modo que podrá haber proyectos o actividades sobre glaciares y zonas de influencia. En la actualidad las mineras realizan tareas de exploración sobre los glaciares, prospectando yacimientos o buscando agua para su actividad.
La hipótesis que las actividades de la gran minería se desarrollen sobre glaciares o ambiente periglacial no es una presunción descabellada. Barrick iba a reventar tres glaciares chilenos que no los consideraba como tales sino cuerpos de hielo de no más de 20 años de antigüedad. Con ese criterio defendía su aberrante informe de impacto ambiental porque no “había intervenido glaciares sino cuerpos de hielo”. Con esta ley el camino le queda abierto (del lado argentino, al menos).
En la ocasión a la que hacemos referencia Barrick le terminó reconociendo al Consejo Regional de Medio Ambiente de Chile (COREMA) que los hielos intervenidos eran glaciares y que está dispuesta a perder una millonada de onzas de oro porque justamente hay metal abundante debajo de esos glaciares. Entonces hubo asesores del Estado chileno que le pidieron a la transnacional que utilice socavones debajo de los glaciares, mediante galerías, y que evite trabajar en la zona glaciar con el sistema a cielo abierto; Barrick contestó que "el proyecto Pascua Lama imposibilita utilizar minería subterránea." (Cosa que nosotros ya sabemos, largamente).
En síntesis, la ley Filmus se atribuye modificaciones técnicas -bajo solapa- superadoras de la ley vetada; sin embargo cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Estamos convencidos que hay un fundamento ideológico que debe servir como base central para rechazar el proyecto del senador Filmus, ahora con media sanción. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
* MACH-RENACE. Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
** Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista (AAdeAA)
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Prensa Renace
Provincia/Región: Nacional
Por Javier Rodríguez Pardo* y Enrique Matías Viale **
La “Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por la presidente de la Nación. El senado argentino da media sanción ahora otro proyecto de ley a gusto de las corporaciones mineras. Filmus, Kirchner, Gioja, y otros, engendraron la entrega y saqueo de las altas cumbres a favor de las transnacionales extractivas.
En virtud de la reciente media sanción por parte del Senado de la Nación del Proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, impulsado por el senador Daniel Filmus, creemos pertinente advertir que la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto con compuestos tóxicos y drenajes ácidos, contaría con la habilitación para intervenir libremente en todo el territorio de la cordillera andina, precordillera y estribaciones, incluyendo sus altas cumbres, cuna de las nacientes de ambas cuencas, la atlántica y la del pacífico. De sancionarse la ley, las corporaciones transnacionales contarían con una herramienta legal deliberadamente vaga, difusa y plagada de trampas, concebida por y para una actividad extractiva voraz y promiscua.
El proyecto con media sanción parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la corporación canadiense Barrick Gold.
No resulta casual la confusa redacción del nuevo artículo 15° que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley supuestamente prohíbe. El proyecto con media sanción del Senado establece en este artículo que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Este proyecto establece, a diferencia de la ley vetada, de la Diputada mandato cumplido Marta Maffei, que los glaciares también hay que preservarlos “para las actividades industriales”, con la felonía implícita de que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial. Podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua: no lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación considera que el glaciar no sufre impacto. En Chile es cosa frecuente, y obligó a ciertos senadores del país trasandino a no hablar de intangibilidad de los glaciares porque en ese país el agua que hay, para lixiviación o flotación en la minería del cobre, es de esos cuerpos de hielo que van derritiendo con esa finalidad, y ni siquiera lo ocultan. Hay documentos que seguramente Filmus no consultó al momento de justificar este proyecto de ley, que dan cuenta de la opinión de senadores chilenos admitiendo que la minera estatal, Codelco, interviene cientos de hectáreas con enorme masa glaciar que proveen de agua a la actividad extractiva, con ulterior perjuicio -presente y futuro- a millones de habitantes.
La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente "tocado" o que habrán de intervenir. ¿Quien lo define, qué funcionario controla esas clasificaciones, las identifica? ¿Quien lo hará? Habría que preguntarle a Filmus. Tal vez gente del IANIGLIA tendría que establecerse en las altas cumbres de manera permanente supervisando de manera vigilante cada caso de exploración, prospección y explotación. Esto nos recuerda al control humano sobre los barcos de pesca que desaprensivamente arrojan la merluza muerta al mar porque prefieren cargar langostinos, explotación pesquera que siempre fue imposible de controlar con esa metodología.
El proyecto de ley Filmus se presta a interpretar como convenga las definiciones y clasificación morfológica que hacen sobre la información de los tres tipos de glaciares: descubiertos, cubiertos y de escombros. Esta deliberada complejidad terminológica, a diferencia de la ley vetada cuyas definiciones eran sencillas y precisas, terminará operando a favor de las mineras.
Las mineras podrán operar en las altas cumbres, ahora legitimadas. El proyecto de ley presente permite deambular por toda la cordillera con la actividad minera, tal como ya lo viene haciendo el bandidaje extractivo. Con las nuevas definiciones podrán explicar que no transitan glaciares ¿Quien se anima a decirles que intervinieron un glaciar? ¿Quien recorrerá las cien mil actividades detrás de cada una de sus máquinas, si para controlarlos se necesitaría un especialista pegado a cada uno de los operarios de Barrick Gold, por ejemplo?
Por su parte, el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones.
Podrán decir que no intervienen “glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria”. (Sólo del lado argentino de Veladero hay más de cuarenta de estos glaciares).
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege. Es decir que resulta preferible, para eventuales acciones judiciales que busquen la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que no exista ninguna norma antes que la sancionada por el Senado.
De modo que podrá haber proyectos o actividades sobre glaciares y zonas de influencia. En la actualidad las mineras realizan tareas de exploración sobre los glaciares, prospectando yacimientos o buscando agua para su actividad.
La hipótesis que las actividades de la gran minería se desarrollen sobre glaciares o ambiente periglacial no es una presunción descabellada. Barrick iba a reventar tres glaciares chilenos que no los consideraba como tales sino cuerpos de hielo de no más de 20 años de antigüedad. Con ese criterio defendía su aberrante informe de impacto ambiental porque no “había intervenido glaciares sino cuerpos de hielo”. Con esta ley el camino le queda abierto (del lado argentino, al menos).
En la ocasión a la que hacemos referencia Barrick le terminó reconociendo al Consejo Regional de Medio Ambiente de Chile (COREMA) que los hielos intervenidos eran glaciares y que está dispuesta a perder una millonada de onzas de oro porque justamente hay metal abundante debajo de esos glaciares. Entonces hubo asesores del Estado chileno que le pidieron a la transnacional que utilice socavones debajo de los glaciares, mediante galerías, y que evite trabajar en la zona glaciar con el sistema a cielo abierto; Barrick contestó que "el proyecto Pascua Lama imposibilita utilizar minería subterránea." (Cosa que nosotros ya sabemos, largamente).
En síntesis, la ley Filmus se atribuye modificaciones técnicas -bajo solapa- superadoras de la ley vetada; sin embargo cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Estamos convencidos que hay un fundamento ideológico que debe servir como base central para rechazar el proyecto del senador Filmus, ahora con media sanción. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
* MACH-RENACE. Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
** Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista (AAdeAA)
Rooney no fue sobreseído
Rooney no fue sobreseído hasta ahora por nadie
Fecha de Publicación: 16/10/2009
Fuente: No a la Mina - Por Luis Zamora
Provincia/Región: Nacional
La reciente resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal de ningún modo sostiene que Minera La Alumbrera no contamina, ni anuló el juicio contra su vicepresidente Julián Rooney y mucho menos los sobreseyó. Solamente se expidió sobre cuestiones de forma girando las actuaciones a la Cámara Federal de Tucumán para que resuelva de nuevo teniendo en cuenta planteos de nulidad que hizo la defensa de Rooney.
Escribo para hacerles conocer mi opinión después de una primera lectura del fallo recaído en la causa donde la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había procesado al vicepresidente de Minera La Alumbrera Ltda., Julián Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud. El procesado Rooney había interpuesto recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede en Capital Federal (Comodoro Py). Este Tribunal acaba de resolver anulando el procesamiento y remitiendo las actuaciones a Tucumán fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento
1) Más allá de que hay que realizar un estudio profundo de todo el fallo escribo estas líneas teniendo en cuenta que me han consultado miembros de la UAC o de otros lugares en relación a cómo interpretar la resolución y sus alcances. Especialmente porque la bronca y la angustia han llevado a considerar que jurídicamente en relación a Rooney queda poco por hacer ya y que el proceso por determinar contaminaciones de la empresa La Alumbrera que se había llevado adelante con tanto esfuerzo también se podría encontrar agotado después de lo resuelto.
Por supuesto estamos ante una muy mala noticia. Todos bregamos porque el citado Rooney continuara procesado. La notoria contaminación de la actividad de la empresa y la prueba acumulada en el juicio hasta ahora (podrían agregarse todavía más pruebas) eran fundamentos serios para exigir que se rechazara el recurso empresario. Casación no lo hizo. Sabemos que los caminos judiciales y los de las instituciones no son los determinantes y que la confianza que tenemos en que el Poder Judicial actúe por sí es NULA, razón por la cual luchamos y nos autorganizamos para enfrentar el saqueo y la contaminación apostando a nuestras fuerzas. Y este fallo lo demuestra una vez más por si hiciera falta.
2) Dicho esto, es importante en mi opinión, subrayar que lo que decidió la Cámara de Casación es anular el procesamiento y mandar la causa al Tribunal que intervino en Tucumán para que resuelva de nuevo pero esta vez obligando al Juez a que tenga en cuenta planteos de nulidad que hizo la defensa de Rooney (cuestionó, por ej., que no pudo controlar con un perito de confianza el peritaje de Gendarmería que acreditó la contaminación) y que Casación opina ahora que esos planteos de nulidad no fueron contestados por sí o por no antes de procesarlo. Es decir la Cámara de Casación no resuelve sobre el fondo del asunto -si Rooney es o no responsable del delito de contaminación peligrosa por el que fue procesado- sino que ve fallas de forma en su procesamiento referidas a que el juez debió contestar si Rooney tenía o no razón en su planteo de nulidad (que no pudo controlar el peritaje, por ej., entre otros planteos de nulidad que hizo) antes de procesarlo.
Casación no anula el juicio y por lo tanto los peritajes realizados, no opina sobre nada más que cuestiones de forma. Anula el procesamiento diciendo que para procesar a alguien hay que guardar formas que no fueron cumplimentadas en este caso. Tampoco sobresee a Rooney y cierra el caso.
3) La importancia que le doy a la interpretación de lo que dice el fallo radica en lo siguiente:
¿Decidió la Cámara que Bajo La Alumbrera no contaminaba? No. no decidió eso ni ningún camarista lo dijo. No entraron en eso. Decidieron que antes de haber decidido el procesamiento se debió haber contestado las impugnaciones de Rooney.
¿Se anuló el procesamiento de Rooney y se le dió la razón de que no era responsable de un delito o que no había delito de contaminación? NO. Ni el fallo en su conjunto ni ningún camarista lo dice. Se anuló pero solo por razones formales.
Nadie habla de Sobreseer. Anular un procesamiento no es Sobreseer. Tanto que ahora en Tucumán -si la causa va allá- está la posibilidad teórica de que lo vuelvan a procesar. Si lo hubieran sobreseído esa posibilidad se cerraba definitivamente. Casación no sobresee a Rooney. Ordena nuevo fallo por lo que se lo puede procesar o sobreseer.
ROONEY NO FUE SOBRESEÍDO HASTA AHORA POR NADIE. Se puede decir que sigue vinculado a la causa (se le tomó declaración indagatoria, luego se lo procesó y ahora se anula el procesamiento para que se dicte "nuevo pronunciamiento" de "acuerdo a derecho", como se suele decir.
Es decir el juicio sigue, el peritaje de Gendarmería que demostró la contaminación sigue válido, las demás pruebas también (y otro peritaje de la Universidad de Tucumán que es a favor de Rooney también), las actas ante escribano que demuestran que la contaminación estaba comprobada en la Página Web de la Secretaría de Minería sigue válida. Hasta ahora. Vamos a ver que hacen en los Tribunales de Tucumán.
Este ahora puede resolver que el peritaje fue válido aunque no fuera controlado por la defensa de Rooney o no e invalidarlo. Puede reunir más prueba como le sugiere ahora Casación. Puede procesarlo después de eso o no.
Esto tiene importancia, en mi opinión, por cuanto, por ej. al seguir vigente el peritaje de Gendarmería que establece que hay contaminación como otras pruebas que indican la responsabilidad de la empresa también siguen en pie nuestras afirmaciones que la contaminación está demostrada judicialmente. Podemos seguir sosteniendo no solo por nuestros fundamentos sino también que hay pruebas judiciales de que Bajo La Alumbrera contamina y entre ellas nada menos que un peritaje de Gendarmería Nacional y no nuestro.
Lo que se anuló es el procesamiento por cuestiones formales, repito. Es grave y arbitrario pero no cierra todo lo demás. Lo que ordena el fallo es que si el Juez resuelve procesar o no a Rooney sobre la base de esa prueba debe antes evaluar los planteos que hizo Rooney y su defensa sobre nulidades de esa prueba precisamente como la nulidad del peritaje y contestarlos (lo que no se hizo según la Cámara).
Son malas noticias, por supuesto pero la causa sigue abierta y solo cuando se cierra y no hay más recursos se la da por perdida y se busca otros hechos para denunciarlos.
4) También puede ocurrir que este fallo sea apelado por el Fiscal Plée que había pedido a Casación que se lo mantuviera a Rooney procesado. En ese caso el recurso lo resolvería la Corte Suprema de la Nación. Pero depende del Fiscal recurrir o no ante la Corte.
5) Es una mala noticia pero la pelea está abierta porque podría haber resuelto revocar el procesamiento por entender que no había contaminación - o que hay contaminación pero no está probado que sea de Bajo La Alumbrera-, por ej. y cerrar la causa. O que el peritaje de Gendarmería es Nulo y no lo hizo. Anuló el procesamiento. LA CAUSA SIGUE ABIERTA Y LA POSIBILIDAD DE LOGRAR PROCESAMIENTOS SIGUE. Por supuesto también está la posibilidad de que en el Juzgado de Tucumán no se avance pero eso lo sabrá mejor el fiscal Gómez y los integrantes de ASANOA que han seguido de cerca todo por allá.
Y especialmente también dependerá de la presión que nuestra lucha significa y signifique.
Seguiremos estudiando el tema y su implicancias. También lo harán los demás miembros de la UAC. y el fiscal Gómez. Me apresuré a escribirles por el interés y las expectativas con que hemos seguido este proceso y por que si bien estamos ante una mala y repudiable noticia también es verdad que no han logrado cerrarnos la puertas que con tanto esfuerzo y lucha se habían entreabierto.
Fecha de Publicación: 16/10/2009
Fuente: No a la Mina - Por Luis Zamora
Provincia/Región: Nacional
La reciente resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal de ningún modo sostiene que Minera La Alumbrera no contamina, ni anuló el juicio contra su vicepresidente Julián Rooney y mucho menos los sobreseyó. Solamente se expidió sobre cuestiones de forma girando las actuaciones a la Cámara Federal de Tucumán para que resuelva de nuevo teniendo en cuenta planteos de nulidad que hizo la defensa de Rooney.
Escribo para hacerles conocer mi opinión después de una primera lectura del fallo recaído en la causa donde la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había procesado al vicepresidente de Minera La Alumbrera Ltda., Julián Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud. El procesado Rooney había interpuesto recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede en Capital Federal (Comodoro Py). Este Tribunal acaba de resolver anulando el procesamiento y remitiendo las actuaciones a Tucumán fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento
1) Más allá de que hay que realizar un estudio profundo de todo el fallo escribo estas líneas teniendo en cuenta que me han consultado miembros de la UAC o de otros lugares en relación a cómo interpretar la resolución y sus alcances. Especialmente porque la bronca y la angustia han llevado a considerar que jurídicamente en relación a Rooney queda poco por hacer ya y que el proceso por determinar contaminaciones de la empresa La Alumbrera que se había llevado adelante con tanto esfuerzo también se podría encontrar agotado después de lo resuelto.
Por supuesto estamos ante una muy mala noticia. Todos bregamos porque el citado Rooney continuara procesado. La notoria contaminación de la actividad de la empresa y la prueba acumulada en el juicio hasta ahora (podrían agregarse todavía más pruebas) eran fundamentos serios para exigir que se rechazara el recurso empresario. Casación no lo hizo. Sabemos que los caminos judiciales y los de las instituciones no son los determinantes y que la confianza que tenemos en que el Poder Judicial actúe por sí es NULA, razón por la cual luchamos y nos autorganizamos para enfrentar el saqueo y la contaminación apostando a nuestras fuerzas. Y este fallo lo demuestra una vez más por si hiciera falta.
2) Dicho esto, es importante en mi opinión, subrayar que lo que decidió la Cámara de Casación es anular el procesamiento y mandar la causa al Tribunal que intervino en Tucumán para que resuelva de nuevo pero esta vez obligando al Juez a que tenga en cuenta planteos de nulidad que hizo la defensa de Rooney (cuestionó, por ej., que no pudo controlar con un perito de confianza el peritaje de Gendarmería que acreditó la contaminación) y que Casación opina ahora que esos planteos de nulidad no fueron contestados por sí o por no antes de procesarlo. Es decir la Cámara de Casación no resuelve sobre el fondo del asunto -si Rooney es o no responsable del delito de contaminación peligrosa por el que fue procesado- sino que ve fallas de forma en su procesamiento referidas a que el juez debió contestar si Rooney tenía o no razón en su planteo de nulidad (que no pudo controlar el peritaje, por ej., entre otros planteos de nulidad que hizo) antes de procesarlo.
Casación no anula el juicio y por lo tanto los peritajes realizados, no opina sobre nada más que cuestiones de forma. Anula el procesamiento diciendo que para procesar a alguien hay que guardar formas que no fueron cumplimentadas en este caso. Tampoco sobresee a Rooney y cierra el caso.
3) La importancia que le doy a la interpretación de lo que dice el fallo radica en lo siguiente:
¿Decidió la Cámara que Bajo La Alumbrera no contaminaba? No. no decidió eso ni ningún camarista lo dijo. No entraron en eso. Decidieron que antes de haber decidido el procesamiento se debió haber contestado las impugnaciones de Rooney.
¿Se anuló el procesamiento de Rooney y se le dió la razón de que no era responsable de un delito o que no había delito de contaminación? NO. Ni el fallo en su conjunto ni ningún camarista lo dice. Se anuló pero solo por razones formales.
Nadie habla de Sobreseer. Anular un procesamiento no es Sobreseer. Tanto que ahora en Tucumán -si la causa va allá- está la posibilidad teórica de que lo vuelvan a procesar. Si lo hubieran sobreseído esa posibilidad se cerraba definitivamente. Casación no sobresee a Rooney. Ordena nuevo fallo por lo que se lo puede procesar o sobreseer.
ROONEY NO FUE SOBRESEÍDO HASTA AHORA POR NADIE. Se puede decir que sigue vinculado a la causa (se le tomó declaración indagatoria, luego se lo procesó y ahora se anula el procesamiento para que se dicte "nuevo pronunciamiento" de "acuerdo a derecho", como se suele decir.
Es decir el juicio sigue, el peritaje de Gendarmería que demostró la contaminación sigue válido, las demás pruebas también (y otro peritaje de la Universidad de Tucumán que es a favor de Rooney también), las actas ante escribano que demuestran que la contaminación estaba comprobada en la Página Web de la Secretaría de Minería sigue válida. Hasta ahora. Vamos a ver que hacen en los Tribunales de Tucumán.
Este ahora puede resolver que el peritaje fue válido aunque no fuera controlado por la defensa de Rooney o no e invalidarlo. Puede reunir más prueba como le sugiere ahora Casación. Puede procesarlo después de eso o no.
Esto tiene importancia, en mi opinión, por cuanto, por ej. al seguir vigente el peritaje de Gendarmería que establece que hay contaminación como otras pruebas que indican la responsabilidad de la empresa también siguen en pie nuestras afirmaciones que la contaminación está demostrada judicialmente. Podemos seguir sosteniendo no solo por nuestros fundamentos sino también que hay pruebas judiciales de que Bajo La Alumbrera contamina y entre ellas nada menos que un peritaje de Gendarmería Nacional y no nuestro.
Lo que se anuló es el procesamiento por cuestiones formales, repito. Es grave y arbitrario pero no cierra todo lo demás. Lo que ordena el fallo es que si el Juez resuelve procesar o no a Rooney sobre la base de esa prueba debe antes evaluar los planteos que hizo Rooney y su defensa sobre nulidades de esa prueba precisamente como la nulidad del peritaje y contestarlos (lo que no se hizo según la Cámara).
Son malas noticias, por supuesto pero la causa sigue abierta y solo cuando se cierra y no hay más recursos se la da por perdida y se busca otros hechos para denunciarlos.
4) También puede ocurrir que este fallo sea apelado por el Fiscal Plée que había pedido a Casación que se lo mantuviera a Rooney procesado. En ese caso el recurso lo resolvería la Corte Suprema de la Nación. Pero depende del Fiscal recurrir o no ante la Corte.
5) Es una mala noticia pero la pelea está abierta porque podría haber resuelto revocar el procesamiento por entender que no había contaminación - o que hay contaminación pero no está probado que sea de Bajo La Alumbrera-, por ej. y cerrar la causa. O que el peritaje de Gendarmería es Nulo y no lo hizo. Anuló el procesamiento. LA CAUSA SIGUE ABIERTA Y LA POSIBILIDAD DE LOGRAR PROCESAMIENTOS SIGUE. Por supuesto también está la posibilidad de que en el Juzgado de Tucumán no se avance pero eso lo sabrá mejor el fiscal Gómez y los integrantes de ASANOA que han seguido de cerca todo por allá.
Y especialmente también dependerá de la presión que nuestra lucha significa y signifique.
Seguiremos estudiando el tema y su implicancias. También lo harán los demás miembros de la UAC. y el fiscal Gómez. Me apresuré a escribirles por el interés y las expectativas con que hemos seguido este proceso y por que si bien estamos ante una mala y repudiable noticia también es verdad que no han logrado cerrarnos la puertas que con tanto esfuerzo y lucha se habían entreabierto.
Fondos para la Ley de Bosques
“El Estado destinará cerca de 400 millones a la implementación de la Ley de bosques en 2010”
Fecha de Publicación: 14/10/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Así lo afirmó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M.
Bibiloni, quien expresó que existe una voluntad política en favor del sector forestal por lo que “entre este año y el próximo se adjudicarán casi 400 millones de pesos del presupuesto nacional para hacer frente a los requerimientos de la implementación de la Ley de Protección de los Bosques Nativos”.
La declaración tuvo lugar durante el evento de apertura de la misión del Banco Mundial de supervisión del Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (BIRF 7520-ar)” que tiene como objetivo formular un futuro Proyecto de Inversión a ser financiado por el organismo internacional y destinado a promover el uso sustentable de las masas forestales nativas argentinas, la conservación de la Biodiversidad y la restauración de ecosistemas degradados, mejorando la calidad de vida de los habitantes directamente involucrados.
En ese sentido el funcionario celebró las acciones que se están llevando a cabo en la temática y manifestó que “existen buenas oportunidades a futuro siempre y cuando estos proyectos nos dejen productos ‘todo terreno’ que permitan hacer frente a problemáticas concretas”.
Por su parte, el subsecretario de Planificación y Política Ambiental, Sergio La Rocca, repasó los hitos recientes respecto de la política forestal entre los que mencionó la promulgación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” en 2007; el decreto reglamentario de febrero de 2009 que permitió ponerla en marcha y la Resolución Nº 256/09 que asigna aportes para la ejecución de planes de manejo, restauración, uso sustentable y conservación de los bosques nativos. En este sentido expresó que “el proyecto BIRF es de altísima utilidad ya que coincide perfectamente con los requerimientos de esta ley”. “A partir de ella es posible romper la inercia y volcar recursos al bosque nativo” agregó.
El Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales” tiene un carácter abarcador y constituye una acción coordinada y convergente de tres agencias nacionales vinculadas con la temática ambiental en el área rural-forestal para el desarrollo de políticas forestales y de conservación de la biodiversidad. Participan de él la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Al respecto, Bibiloni se refirió a este hecho como “un valor agregado del proyecto ya que promueve un trabajo transversal entre diferentes organismos del Estado Nacional”.
Tras un repaso por las iniciativas de la cartera ambiental, el secretario afirmó que “el equilibrio entre ambiente y producción que promovemos comienza a tener pautas ordenadoras, demostrando que no es una mera afirmación voluntarista”.
La misión, que se desarrollará durante tres semanas, está liderada por Robert Davis, Gerente de Proyecto BIRF 7520-ar. En la reunión, Davis anunció la presencia de la delegación en el Congreso Forestal Mundial que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de octubre y manifestó que será una “oportunidad para interactuar e intercambiar experiencias con los técnicos forestales”.
Tras la apertura de la misión, Hans Thiel, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), realizó una presentación sobre "Gobernanza, verificación y trazabilidad en el sector forestal" en la que expuso sus investigaciones en varios países de Latinoamérica, África y Asia sobre sistemas de gobernanza orientados a mejorar la aplicación de la legislación forestal.
Del encuentro, realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participaron además representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de la Administración de Parques Nacionales.
Fecha de Publicación: 14/10/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Así lo afirmó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M.
Bibiloni, quien expresó que existe una voluntad política en favor del sector forestal por lo que “entre este año y el próximo se adjudicarán casi 400 millones de pesos del presupuesto nacional para hacer frente a los requerimientos de la implementación de la Ley de Protección de los Bosques Nativos”.
La declaración tuvo lugar durante el evento de apertura de la misión del Banco Mundial de supervisión del Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (BIRF 7520-ar)” que tiene como objetivo formular un futuro Proyecto de Inversión a ser financiado por el organismo internacional y destinado a promover el uso sustentable de las masas forestales nativas argentinas, la conservación de la Biodiversidad y la restauración de ecosistemas degradados, mejorando la calidad de vida de los habitantes directamente involucrados.
En ese sentido el funcionario celebró las acciones que se están llevando a cabo en la temática y manifestó que “existen buenas oportunidades a futuro siempre y cuando estos proyectos nos dejen productos ‘todo terreno’ que permitan hacer frente a problemáticas concretas”.
Por su parte, el subsecretario de Planificación y Política Ambiental, Sergio La Rocca, repasó los hitos recientes respecto de la política forestal entre los que mencionó la promulgación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” en 2007; el decreto reglamentario de febrero de 2009 que permitió ponerla en marcha y la Resolución Nº 256/09 que asigna aportes para la ejecución de planes de manejo, restauración, uso sustentable y conservación de los bosques nativos. En este sentido expresó que “el proyecto BIRF es de altísima utilidad ya que coincide perfectamente con los requerimientos de esta ley”. “A partir de ella es posible romper la inercia y volcar recursos al bosque nativo” agregó.
El Proyecto “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales” tiene un carácter abarcador y constituye una acción coordinada y convergente de tres agencias nacionales vinculadas con la temática ambiental en el área rural-forestal para el desarrollo de políticas forestales y de conservación de la biodiversidad. Participan de él la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Al respecto, Bibiloni se refirió a este hecho como “un valor agregado del proyecto ya que promueve un trabajo transversal entre diferentes organismos del Estado Nacional”.
Tras un repaso por las iniciativas de la cartera ambiental, el secretario afirmó que “el equilibrio entre ambiente y producción que promovemos comienza a tener pautas ordenadoras, demostrando que no es una mera afirmación voluntarista”.
La misión, que se desarrollará durante tres semanas, está liderada por Robert Davis, Gerente de Proyecto BIRF 7520-ar. En la reunión, Davis anunció la presencia de la delegación en el Congreso Forestal Mundial que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de octubre y manifestó que será una “oportunidad para interactuar e intercambiar experiencias con los técnicos forestales”.
Tras la apertura de la misión, Hans Thiel, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), realizó una presentación sobre "Gobernanza, verificación y trazabilidad en el sector forestal" en la que expuso sus investigaciones en varios países de Latinoamérica, África y Asia sobre sistemas de gobernanza orientados a mejorar la aplicación de la legislación forestal.
Del encuentro, realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participaron además representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de la Administración de Parques Nacionales.
Policía Federal en contra de la minería
Especialistas de la Policía Federal consideran que la minería a cielo abierto contamina
Fecha de Publicación: 06/10/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional - Chubut
Especialistas de esa fuerza se sumaron a las denuncias que organizaciones sociales viene realizando en cuanto al daño que causan las explotaciones mineras. “Habría otras maneras de extraer el mineral sin contaminar pero no es el caso de la minería con cianuro”, sostuvo una especialista de la policía.
Tal como lo vienen denunciando desde hace tiempo diferentes organizaciones sociales, fueron los propios integrantes de la Policía Federal los que ratificaron el planteo de los ambientalistas: la minería a cielo abierto contamina y genera un grave daño al medio ambiente.
En declaraciones al diario El Chubut, Mónica Parra, integrante del departamento que lucha contra el Delito Ambiental de la Subdelegación Esquel de Policía Federal no dudó en confiar la afectación al medio ambiente que en general arrojan estos emprendimientos mineros.
“Podemos hablar de lo que es la estadística a nivel mundial y lamentablemente la minería a cielo abierto en la gran cantidad de países que se ha usado termina contaminado”, dijo Parra, quien aclaró que “habría otras maneras de extraer el mineral sin contaminar pero no es el caso de la minería con cianuro”.
Para la especialista, la minería con cianuro “es peligrosa y habría que tratarla con sumo cuidado ya que siempre hay accidentes eventuales que pueden suceder”. “En nuestro país, cada vez que hemos tenido una denuncia la policía ha tomado muestras y ha elevado las mismas al juzgado federal”, agregó Parra en el marco de la primera Jornada Sobre el Delito Ambiental que se desarrolló el viernes en Esquel.
Fecha de Publicación: 06/10/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional - Chubut
Especialistas de esa fuerza se sumaron a las denuncias que organizaciones sociales viene realizando en cuanto al daño que causan las explotaciones mineras. “Habría otras maneras de extraer el mineral sin contaminar pero no es el caso de la minería con cianuro”, sostuvo una especialista de la policía.
Tal como lo vienen denunciando desde hace tiempo diferentes organizaciones sociales, fueron los propios integrantes de la Policía Federal los que ratificaron el planteo de los ambientalistas: la minería a cielo abierto contamina y genera un grave daño al medio ambiente.
En declaraciones al diario El Chubut, Mónica Parra, integrante del departamento que lucha contra el Delito Ambiental de la Subdelegación Esquel de Policía Federal no dudó en confiar la afectación al medio ambiente que en general arrojan estos emprendimientos mineros.
“Podemos hablar de lo que es la estadística a nivel mundial y lamentablemente la minería a cielo abierto en la gran cantidad de países que se ha usado termina contaminado”, dijo Parra, quien aclaró que “habría otras maneras de extraer el mineral sin contaminar pero no es el caso de la minería con cianuro”.
Para la especialista, la minería con cianuro “es peligrosa y habría que tratarla con sumo cuidado ya que siempre hay accidentes eventuales que pueden suceder”. “En nuestro país, cada vez que hemos tenido una denuncia la policía ha tomado muestras y ha elevado las mismas al juzgado federal”, agregó Parra en el marco de la primera Jornada Sobre el Delito Ambiental que se desarrolló el viernes en Esquel.
Millones de hectáreas de bosque perdidos
“Desaparecieron millones de hectáreas de bosque”
Fecha de Publicación: 05/10/2009
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Afirmó que los únicos límites que reconocen quienes desmontan, son las reservas.
La realidad forestal comienza a preocupar, ya que en los últimos años, por el avance de la frontera agropecuaria, se han desarrollado numerosos desmontes. Norfol Ríos, director del Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, informó que “han desaparecido millones de hectáreas” de acuerdo a los estudios realizados hasta 2002. En este sentido, indicó que se ha extraído sin importar y sin cuidado, “hay que extraer lo que el monte nos brinda y no lo que necesitamos”, remarcó Ríos.
Explicó que esta situación genera la expulsión de aquellos que viven en el monte y que trabajan con este recurso natural e indicó que quienes se sirven de la madera de los montes, “los únicos límites que conocen son los de las reservas”, que en la provincia no son más de 15.
De todas maneras, recordó que hace tiempo se realizó una zonificación de las zonas boscosas con las actividades que se permiten en cada una.
En esta oportunidad remarcó la importancia que tiene el cuidado del bosque, ya que las especies que crecen en suelo santiagueño tienen un crecimiento muy lento, por ejemplo, el quebracho colorado, de alrededor de 200 años.
Para el director del instituto, es necesario darle más valor agregado a la “poca madera que queda”.
Consultado sobre si existen leyes para regular esta actividad, indicó que siempre hubo normas, sólo que nunca se hizo una correcta aplicación. En este caso dijo que con la nueva ley de conservación de los bosques nativos, la provincia fue la primera jurisdicción que hizo el trabajo de zonificación. Por último, explicó que han aumentado las superficies de desmonte, pero no así las áreas sembradas con soja, por lo que “es claro que se van utilizando nuevas tierras, y se dejan otros suelos en desuso, erosionados y encima tenemos regímenes de lluvias desfavorables”.
Fecha de Publicación: 05/10/2009
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Afirmó que los únicos límites que reconocen quienes desmontan, son las reservas.
La realidad forestal comienza a preocupar, ya que en los últimos años, por el avance de la frontera agropecuaria, se han desarrollado numerosos desmontes. Norfol Ríos, director del Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, informó que “han desaparecido millones de hectáreas” de acuerdo a los estudios realizados hasta 2002. En este sentido, indicó que se ha extraído sin importar y sin cuidado, “hay que extraer lo que el monte nos brinda y no lo que necesitamos”, remarcó Ríos.
Explicó que esta situación genera la expulsión de aquellos que viven en el monte y que trabajan con este recurso natural e indicó que quienes se sirven de la madera de los montes, “los únicos límites que conocen son los de las reservas”, que en la provincia no son más de 15.
De todas maneras, recordó que hace tiempo se realizó una zonificación de las zonas boscosas con las actividades que se permiten en cada una.
En esta oportunidad remarcó la importancia que tiene el cuidado del bosque, ya que las especies que crecen en suelo santiagueño tienen un crecimiento muy lento, por ejemplo, el quebracho colorado, de alrededor de 200 años.
Para el director del instituto, es necesario darle más valor agregado a la “poca madera que queda”.
Consultado sobre si existen leyes para regular esta actividad, indicó que siempre hubo normas, sólo que nunca se hizo una correcta aplicación. En este caso dijo que con la nueva ley de conservación de los bosques nativos, la provincia fue la primera jurisdicción que hizo el trabajo de zonificación. Por último, explicó que han aumentado las superficies de desmonte, pero no así las áreas sembradas con soja, por lo que “es claro que se van utilizando nuevas tierras, y se dejan otros suelos en desuso, erosionados y encima tenemos regímenes de lluvias desfavorables”.
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