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Actividad forestal y desmontes
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Argentina: actividad forestal y desmontes. Cuando el bosque no te deja ver al árbol
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
Etiquetas:
Políticas ambientales y nuevos consensos
Políticas ambientales y nuevos consensos sobre los bosques nativos
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Alicia H. Barchuk, Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Alicia H. Barchuk, Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
La COTBN en Córdoba
Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo
Fecha de Publicación: 13/03/2009
Autor del Artículo: Raúl Montenegro (Fuman)
Provincia/Región: Córdoba
La COTBN ratificó su carácter plural y abierto y que está integrada por numerosos sectores de la sociedad con miembros de destacada formación académica, profesional y de experiencia en terreno. Sostuvo que receptará las propuestas que le hagan llegar.
Al mismo tiempo informó sobre los avances realizados sobre el contenido que tendrá el proyecto de ley provincial de ordenamiento de bosque nativo
La COTBN indicó que a mediados de marzo comenzará la consulta pública en distintas regiones ecológicas de la provincia para mejorar la propuesta de ley.
La comisión destacó además que ante la demora de apoyo económico de la secretaría de ambiente para la concreción de los talleres regionales solicitó apoyo logístico a la universidad nacional de córdoba y a la universidad nacional de río cuarto.
Córdoba (Argentina), marzo 9 de 2009. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN) ratificó que está integrada por representantes de numerosos sectores de la sociedad, y que se encuentra abierta a las propuestas que se le hagan llegar. La COTBN está integrada por representantes de organismos provinciales (Secretaría de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Turismo, Dirección de Catastro, etc.); de organismos nacionales (Programa Social Agropecuario, SAGPYA, INTA, INADI, Parques Nacionales); de universidades (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto); de ONGs y movimientos sociales (Ecosistema Argentino, Grupo Escalera, FUNAM); colegios profesionales (Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Biólogos) y sectores de la producción (Movimiento Campesino de Córdoba, Federación Agraria).
La COTBN ratificó que en su estructura están representados todos los sectores sociales relacionados con los bosques nativos. También indicó que si bien la integraban miembros de CARTEZ y Sociedades Rurales de Deán Funes, Cruz del Eje, Jesús María y Villa Dolores, todas ellas dejaron de asistir después de haber participado en la elección de autoridades.
La COTBN es el único organismo participativo creado conforme a la Ley Nacional de Bosques Nativos para proponer el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos convocado por la Secretaria de Ambiente.
La COTBN informó además sobre los avances realizados sobre el contenido que tendrá el proyecto de ley provincial de ordenamiento de bosque nativo. Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN indicó que “la Comisión está trabajando a pleno y se reúne todas las semanas”. Barchuk agregó que “se crearon además subcomisiones para acelerar el trabajo”. Sostuvo que las discusiones son ricas y creativas, y que hay un fuerte consenso sobre las propuestas. La COTBN es conciente que la situación ambiental de los bosques nativos es extremadamente grave”. También señaló que la mayor parte de los miembros “asiste a los encuentros semanales” y que la COTBN “ha definido los criterios de ordenamiento territorial para la mayor parte de la provincia de Córdoba”.
Cabe señalar que la COTBN está trabajando en estrecho contacto con la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia para la elaboración de los mapas que van a formar parte del proyecto de ley. Para la realización de estos mapas se están utilizando imágenes satelitales actualizadas y fotografías aéreas. De este modo se conformara un inédito Sistema de Información Geogràfica (SIG) para la provincia que podrá ser actualizado en forma permanente.
La COTBN indicó que a mediados de marzo comenzará la consulta pública en distintas regiones ecológicas de la provincia para mejorar la propuesta de ley. Alicia Barchuk indicó que el primer taller regional “se realizará en Sebastián Elcano el 19 de marzo de 2009”. Agregó que participarán “ciudadanos, campesinos y organizaciones locales, representantes de municipalidades y comunas, de sindicatos, de escuelas primarias y secundarias, productores y organizaciones rurales, además de los miembros de la COTBN.
Posteriormente se realizarán otros 6 talleres regionales (La Calera, Cruz del Eje, Caminiaga, Las Rosas-Nono, Villa María y Río Cuarto) y una audiencia pública en la ciudad de Córdoba. De este modo todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones sociales podrán incidir en los contenidos del proyecto de ley.
Lucía Ruiz, secretaria de la COTBN indicó que la audiencia pública “asegurará una plena participación de todos aquellos que no pudieron asistir a los talleres regionales, o que tienen algo que decir sobre el proyecto de ley”.
La Comisión destacó finalmente el apoyo que recibirá para la concreción de los talleres regionales, por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Se solicitará lo mismo a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Fecha de Publicación: 13/03/2009
Autor del Artículo: Raúl Montenegro (Fuman)
Provincia/Región: Córdoba
La COTBN ratificó su carácter plural y abierto y que está integrada por numerosos sectores de la sociedad con miembros de destacada formación académica, profesional y de experiencia en terreno. Sostuvo que receptará las propuestas que le hagan llegar.
Al mismo tiempo informó sobre los avances realizados sobre el contenido que tendrá el proyecto de ley provincial de ordenamiento de bosque nativo
La COTBN indicó que a mediados de marzo comenzará la consulta pública en distintas regiones ecológicas de la provincia para mejorar la propuesta de ley.
La comisión destacó además que ante la demora de apoyo económico de la secretaría de ambiente para la concreción de los talleres regionales solicitó apoyo logístico a la universidad nacional de córdoba y a la universidad nacional de río cuarto.
Córdoba (Argentina), marzo 9 de 2009. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN) ratificó que está integrada por representantes de numerosos sectores de la sociedad, y que se encuentra abierta a las propuestas que se le hagan llegar. La COTBN está integrada por representantes de organismos provinciales (Secretaría de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Turismo, Dirección de Catastro, etc.); de organismos nacionales (Programa Social Agropecuario, SAGPYA, INTA, INADI, Parques Nacionales); de universidades (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto); de ONGs y movimientos sociales (Ecosistema Argentino, Grupo Escalera, FUNAM); colegios profesionales (Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Biólogos) y sectores de la producción (Movimiento Campesino de Córdoba, Federación Agraria).
La COTBN ratificó que en su estructura están representados todos los sectores sociales relacionados con los bosques nativos. También indicó que si bien la integraban miembros de CARTEZ y Sociedades Rurales de Deán Funes, Cruz del Eje, Jesús María y Villa Dolores, todas ellas dejaron de asistir después de haber participado en la elección de autoridades.
La COTBN es el único organismo participativo creado conforme a la Ley Nacional de Bosques Nativos para proponer el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos convocado por la Secretaria de Ambiente.
La COTBN informó además sobre los avances realizados sobre el contenido que tendrá el proyecto de ley provincial de ordenamiento de bosque nativo. Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN indicó que “la Comisión está trabajando a pleno y se reúne todas las semanas”. Barchuk agregó que “se crearon además subcomisiones para acelerar el trabajo”. Sostuvo que las discusiones son ricas y creativas, y que hay un fuerte consenso sobre las propuestas. La COTBN es conciente que la situación ambiental de los bosques nativos es extremadamente grave”. También señaló que la mayor parte de los miembros “asiste a los encuentros semanales” y que la COTBN “ha definido los criterios de ordenamiento territorial para la mayor parte de la provincia de Córdoba”.
Cabe señalar que la COTBN está trabajando en estrecho contacto con la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Ambiente del gobierno de la provincia para la elaboración de los mapas que van a formar parte del proyecto de ley. Para la realización de estos mapas se están utilizando imágenes satelitales actualizadas y fotografías aéreas. De este modo se conformara un inédito Sistema de Información Geogràfica (SIG) para la provincia que podrá ser actualizado en forma permanente.
La COTBN indicó que a mediados de marzo comenzará la consulta pública en distintas regiones ecológicas de la provincia para mejorar la propuesta de ley. Alicia Barchuk indicó que el primer taller regional “se realizará en Sebastián Elcano el 19 de marzo de 2009”. Agregó que participarán “ciudadanos, campesinos y organizaciones locales, representantes de municipalidades y comunas, de sindicatos, de escuelas primarias y secundarias, productores y organizaciones rurales, además de los miembros de la COTBN.
Posteriormente se realizarán otros 6 talleres regionales (La Calera, Cruz del Eje, Caminiaga, Las Rosas-Nono, Villa María y Río Cuarto) y una audiencia pública en la ciudad de Córdoba. De este modo todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones sociales podrán incidir en los contenidos del proyecto de ley.
Lucía Ruiz, secretaria de la COTBN indicó que la audiencia pública “asegurará una plena participación de todos aquellos que no pudieron asistir a los talleres regionales, o que tienen algo que decir sobre el proyecto de ley”.
La Comisión destacó finalmente el apoyo que recibirá para la concreción de los talleres regionales, por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Se solicitará lo mismo a la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Autor del Artículo: Dr. Raúl Montenegro
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Nota de Eco Sitio: El siguiente texto es la respuesta que dio Raúl Montenegro a las agraviantes expresiones vertidas por integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María. Para una mejor compresión, también se lo reproduce abajo bajo el título "Los bosques nativos y los productores".
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo
Argentina tiene una nueva ley de bosques que se aprobó con el apoyo de mucha gente. Aunque perfectible, permite atacar la generalizada masacre de los bosques nativos. Está claro que la ley molesta a los señores de la soja, a los grandes arroceros, a los poseedores de enormes extensiones de campo y a las empresas desmontadoras. Como siempre sucede, quienes carecen de argumentos técnicos atacan lo más valioso que tiene una sociedad civilizada: los ámbitos de debate. En Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la provincia creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por numerosas instituciones, desde organismos públicos, como la Secretaría de Turismo de la Provincia, Parques Nacionales y el Inadi, hasta la universidad, los movimientos campesinos, las ONG e instituciones del sector rural vinculadas a la Mesa de Enlace.
Viene reuniéndose desde fines del año pasado para generar una propuesta de ley que combine la protección de los escasos bosques en pie y las alteradas cuencas hídricas de la provincia con las actividades productivas. Sus reuniones no son fáciles y las opiniones que allí se escuchan son diversas e, incluso, enfrentadas. Aunque el sector rural estuvo invitado, y asistió a la fase inicial, decidió unilateralmente dejar la comisión. Abandonó así una oportunidad de diálogo y la reemplazó por denuncias infundadas que lesionan a la Universidad Nacional de Córdoba, al Gobierno de la provincia y a ONG internacionalmente reconocidas. Pero lo que es más grave, desmerecen un valioso mecanismo de participación.
Algunos integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María, disconformes con lo que establece la ley de bosques, y con la posibilidad de diálogo entre sectores, llegaron a descalificar públicamente a los organismos, instituciones y centros de investigación que integran la COTBN. Además de usar calificativos baratos, impropios de una sociedad rural, adelantaron supuestas decisiones sobre temas que la COTBN todavía no abordó, como el futuro de los fachinales (bosques degradados). Indudablemente desconocen que la comisión está analizando los aspectos ambientales y sociales de los bosques nativos utilizando la mejor información disponible, en buena parte procedente de los excelentes estudios que realizaron, por ejemplo, la propia Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba.
En 1992 M. Di Pace estimaba que 80 por ciento de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada. Hacia 1998 Argentina había perdido 77 por ciento de sus bosques autóctonos. Desde entonces la situación ha empeorado dramáticamente. Córdoba, por ejemplo, es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina:
-2,93 por ciento anual para el período 1998-2002. Supera incluso la tasa mundial, que es de -0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78 por ciento anual para 1999-2000. Solamente en cinco años, de 2000 a 2005, se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día.
Mientras las ONG y muchas cátedras universitarias luchaban para frenar esta barbarie, la Sociedad Rural de Jesús María se mantuvo en silencio cuando las topadoras desmontaban bosques nativos, y avanzaba la soja transgénica de Monsanto. Tampoco se escuchó su voz cuando los campesinos del norte de Córdoba eran expulsados de sus tierras, en las cuales vivían desde hace generaciones. Sólo instituciones enfermas de rabia e ignorancia pueden calificar de “grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno” a quienes no piensan como ellos.
Posiblemente en los años de plomo y de dictadura feroz todo hubiera sido más simple. Los propietarios de grandes campos hubieran podido hacer lo que quisieran con sus fachinales. Pero ahora estamos en democracia, la misma que costó miles de desaparecidos. Y en esa democracia funciona una comisión como la COTBN. Despareja, perfectible, comprometida, llena de disensos y profundamente humana. Una comisión que se presentó en la Legislatura para mostrar cómo trabaja, y que llevará debates aún inconclusos a distintos lugares de la provincia para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
La democracia se gana presentando argumentos y escuchando posiciones, no huyendo de las instituciones creadas para debatir. Cada vez que por temor, soberbia o ignorancia alguien abandona una instancia de diálogo, avanza la oscuridad y la intolerancia. Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo.
Por Raúl Montenegro
Biólogo
Presidente de Funam
Profesor titular de la UNC
Premio Nobel Alternativo
Nota Publicada en La Voz del Interior el 07/03/2009
Los bosques nativos y los productores
Quienes están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad y han marginado a los principales actores, que son los productores o dueños de las tierras. Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi.
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi
Integrantes y asesores de la Comisión de Manejo Sustentable del Bosque Nativo de la Sociedad Rural de Jesús María
Nota Publicada en La Voz del Interior el 03/03/2009
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Autor del Artículo: Dr. Raúl Montenegro
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Nota de Eco Sitio: El siguiente texto es la respuesta que dio Raúl Montenegro a las agraviantes expresiones vertidas por integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María. Para una mejor compresión, también se lo reproduce abajo bajo el título "Los bosques nativos y los productores".
Bosques nativos, topadoras e intolerancia
Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo
Argentina tiene una nueva ley de bosques que se aprobó con el apoyo de mucha gente. Aunque perfectible, permite atacar la generalizada masacre de los bosques nativos. Está claro que la ley molesta a los señores de la soja, a los grandes arroceros, a los poseedores de enormes extensiones de campo y a las empresas desmontadoras. Como siempre sucede, quienes carecen de argumentos técnicos atacan lo más valioso que tiene una sociedad civilizada: los ámbitos de debate. En Córdoba, la Secretaría de Ambiente de la provincia creó la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por numerosas instituciones, desde organismos públicos, como la Secretaría de Turismo de la Provincia, Parques Nacionales y el Inadi, hasta la universidad, los movimientos campesinos, las ONG e instituciones del sector rural vinculadas a la Mesa de Enlace.
Viene reuniéndose desde fines del año pasado para generar una propuesta de ley que combine la protección de los escasos bosques en pie y las alteradas cuencas hídricas de la provincia con las actividades productivas. Sus reuniones no son fáciles y las opiniones que allí se escuchan son diversas e, incluso, enfrentadas. Aunque el sector rural estuvo invitado, y asistió a la fase inicial, decidió unilateralmente dejar la comisión. Abandonó así una oportunidad de diálogo y la reemplazó por denuncias infundadas que lesionan a la Universidad Nacional de Córdoba, al Gobierno de la provincia y a ONG internacionalmente reconocidas. Pero lo que es más grave, desmerecen un valioso mecanismo de participación.
Algunos integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María, disconformes con lo que establece la ley de bosques, y con la posibilidad de diálogo entre sectores, llegaron a descalificar públicamente a los organismos, instituciones y centros de investigación que integran la COTBN. Además de usar calificativos baratos, impropios de una sociedad rural, adelantaron supuestas decisiones sobre temas que la COTBN todavía no abordó, como el futuro de los fachinales (bosques degradados). Indudablemente desconocen que la comisión está analizando los aspectos ambientales y sociales de los bosques nativos utilizando la mejor información disponible, en buena parte procedente de los excelentes estudios que realizaron, por ejemplo, la propia Secretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba.
En 1992 M. Di Pace estimaba que 80 por ciento de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada. Hacia 1998 Argentina había perdido 77 por ciento de sus bosques autóctonos. Desde entonces la situación ha empeorado dramáticamente. Córdoba, por ejemplo, es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina:
-2,93 por ciento anual para el período 1998-2002. Supera incluso la tasa mundial, que es de -0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78 por ciento anual para 1999-2000. Solamente en cinco años, de 2000 a 2005, se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día.
Mientras las ONG y muchas cátedras universitarias luchaban para frenar esta barbarie, la Sociedad Rural de Jesús María se mantuvo en silencio cuando las topadoras desmontaban bosques nativos, y avanzaba la soja transgénica de Monsanto. Tampoco se escuchó su voz cuando los campesinos del norte de Córdoba eran expulsados de sus tierras, en las cuales vivían desde hace generaciones. Sólo instituciones enfermas de rabia e ignorancia pueden calificar de “grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno” a quienes no piensan como ellos.
Posiblemente en los años de plomo y de dictadura feroz todo hubiera sido más simple. Los propietarios de grandes campos hubieran podido hacer lo que quisieran con sus fachinales. Pero ahora estamos en democracia, la misma que costó miles de desaparecidos. Y en esa democracia funciona una comisión como la COTBN. Despareja, perfectible, comprometida, llena de disensos y profundamente humana. Una comisión que se presentó en la Legislatura para mostrar cómo trabaja, y que llevará debates aún inconclusos a distintos lugares de la provincia para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
La democracia se gana presentando argumentos y escuchando posiciones, no huyendo de las instituciones creadas para debatir. Cada vez que por temor, soberbia o ignorancia alguien abandona una instancia de diálogo, avanza la oscuridad y la intolerancia. Los bosques nativos no sólo son destruidos por culpa de la soja y las topadoras. También los arrasa el autoritarismo.
Por Raúl Montenegro
Biólogo
Presidente de Funam
Profesor titular de la UNC
Premio Nobel Alternativo
Nota Publicada en La Voz del Interior el 07/03/2009
Los bosques nativos y los productores
Quienes están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad y han marginado a los principales actores, que son los productores o dueños de las tierras. Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi.
La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (llamada ley Bonasso), establece que cada provincia debe realizar a través de un “proceso participativo” el ordenamiento territorial de bosques nativos de acuerdo con los criterios de sustentabilidad que esta determina, con un manejo sostenible tanto del bosque como del suelo.
Con ese motivo la Secretaría de Ambiente –autoridad provincial designada al efecto– realizó una invitación para la formación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).
Dicha invitación se concretó 24 de noviembre del año 2008 y se dio voz y voto a un sinnúmero de entidades, comunidades indígenas, movimientos campesinos, organismos y cátedras de universidad. En la oportunidad, los que comparecieron se arrogaron una representación que no acreditaron para participar en dicha comisión. Más allá de que no acreditaron representación, se citó en mayoría a los grupos ambientalistas.
Las sociedades rurales del norte cordobés (Jesús María, Cruz del Eje, Deán Funes y Villa Dolores) y la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera Zona (Cartez) denunciaron ante la autoridad las irregularidades, haciendo saber que en la conformación de la COTBN había quedado sin ser representada la parte productiva, esto es, los propios titulares de las tierras.
Se han realizado gestiones por las entidades, incluida la Mesa de Enlace de la Provincia ante el propio gobernador y el ministro de Agricultura, no obstante aún sigue funcionando dicha COTBN y, lo que es peor, dentro del seno de la propia Secretaría de Ambiente.
Las cátedras de las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, como así también la propia Legislatura han presentado notas denunciando también estas irregularidades.
Politiquería sectorial. Nadie puede estar en desacuerdo en que hay que preservar los Bosques Nativos (BN) remanentes. Ahora bien, es preciso hacer conocer a cada uno de los propietarios de las tierras que el proceso de conformación de la COTBN y su trabajo ha dado participación a grupos fundamentalistas, filántropos, burócratas, falsos ambientalistas, defensores de causas perdidas, mediáticos, esnobistas, disponedores de lo ajeno, todos autoerigidos para cobrar protagonismo y aceptados por una sociedad a la que se engañó “vendiéndole” la idea de “topadora o vida”.
Las personas que están interviniendo en la confección del ordenamiento territorial para Córdoba no tienen representatividad o peso y han marginado la participación de los principales y verdaderos actores, que son los propios productores o dueños de las tierras.
La política, o politiquería sectorial, y de escasísimo nivel de representatividad, como son estos grupos radicalizados, no puede estar por encima de la ciencia, de la ley y de los intereses de los propietarios.
El objetivo de estos grupos es limitar en forma total la intervención en espacio y tiempo sin detenerse a evaluar una propuesta de recuperación ambiental, superadora de la inacción que intentan imponer sin fundamentarla científicamente, económicamente ni con soluciones como propuestas.
Podemos entender y compartir la defensa de los BN como patrimonio social, cultural y ambiental, pero debemos entender que actualmente son pocas las zonas que podemos denominar “bosque nativos prístinos”, pues los que conocemos son resabios que hoy cumplen función ambiental escasa y empobrecida.
Son fachinales en condiciones degradadas producto de la tala indiscriminada y el sobrepastoreo por falta de políticas y de control y en franco proceso de desertificación, agravada por la clausura impuesta que promueve la invasión de leñosas xerófitas.
El proceso de degradación se agrava día a día por la inexistencia de políticas de sustentabilidad ambiental y económica. Las únicas existentes con la inacción y la clausura, promotoras de la degradación.
Nuestra propuesta es un manejo de recuperación de un ambiente degradado, edáfica, vegetativa, faunística, social, cultural y económicamente.
El enriquecimiento del estrato arbóreo y pastoril, conjuntamente con el control del arbustivo, hoy predominante, es la base de la propuesta.
A la sociedad se le vendió la idea de que son “preciosos bosques nativos” a los que no hay que tocar. Evidentemente es una falsa acción ambiental y una estafa política.
Debemos compartir el no al desmonte, no a la soja, no a la agricultura sobre bosques nativos en ambientes inapropiados.
Pero no compartimos la defensa de los “fachinales” y los supuestos 300 años de espera para su reconversión en bosques nativos.
Parques sombreados y empastados con vacas gordas y ciudadanos fuera de la miseria es la obligación de productores, Estado, ecologistas y ambientalistas y debe ser la herencia para nuestros hijos.
Por eso debemos decir “sí” a la reconversión de fachinales y a la rápida recuperación del ambiente. “Sí” al respeto de la Ley.
La sociedad no puede esperar 300 años: necesitamos ya cinco grados menos de temperatura y 20 veces más oxígeno. La ley Bonasso debe aplicarse a los bosques nativos, no a los fachinales.
Dentro y fuera de la ley. Debemos reconocer dos aspectos.
Sociocultural: es entendible, desde ese punto de vista, declarar intangible aquel bosque que se conserva original y también generar “áreas simbólicas de clausura” y “corredores biológicos” en aquellos lugares que están menos degradados, para intentar su recuperación en los próximos siglos.
Ambiental: el BN degradado no brinda un servicio ambiental importante, y es totalmente superado por un sistema alternativo y sustentable como el silvopastoril con enriquecimiento arbóreo, que consigue superar con creces los beneficios ambientales que brinda aún un BN original.
El aspecto sociocultural puede cubrirse con superficies moderadas, pero sobre el aspecto ambiental se está incurriendo en una información errónea e intencionada a la sociedad y no se está procediendo o facilitando a la recuperación del ambiente por el “costo que significa reconocer una política ambiental equivocada”.
Aun así, si el Estado considera la intangibilidad total o la trashumancia, el camino es la “expropiación a precio justo” y no obligar a un pequeño grupo de productores a convertir sus establecimientos en “parques naturales degradados” en forma gratuita.
No se puede condenar a los que están dentro de la ley, con programas de recuperación del ambiente y dejar impunes a los que están fuera de la ley, degradaron el ambiente y se están beneficiando económicamente en desmedro de los que aún conservan bosques nativos.
Por Raúl Eduardo Carranza y Enrique Oscar Seia Goñi
Integrantes y asesores de la Comisión de Manejo Sustentable del Bosque Nativo de la Sociedad Rural de Jesús María
Nota Publicada en La Voz del Interior el 03/03/2009
El desafío de conservar los bosques
El desafío de conservar los bosques
Fecha de Publicación: 19/02/2009
Autor del Artículo: Marta Juliá, Doctora en Derecho - Publicado el 17/02/2009 en La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Pensar que la ley de bosques nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
La Ley de Presupuestos Mínimos 26.331 que regula el ordenamiento territorial del bosque nativo en Argentina, ha instalado una temática que cobra cada vez más relevancia. En especial, cuando se muestran las consecuencias de un evento natural que son derivadas de un manejo inadecuado de los recursos naturales. Hoy, el ejemplo más claro es Tartagal.
Siguiendo la cronología de la puesta en escena de los problemas del bosque nativo, se puede observar que en la etapa de tratamiento en el Congreso de la Nación, el trabajo arduo de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil tuvieron por objeto ejercer la presión suficiente hasta su concreción en diciembre de 2007. Actualmente, estos grupos pusieron su atención en la reglamentación de la ley, paso importante para su implementación, pero insuficiente para la salvación de los bosques nativos, como desde algunos sectores ha sido planteada.
A más de un año de sancionada esta norma nacional y ya en etapa de aplicación, se han podido observar las dificultades, conflictos y distintas posiciones que se han constituido en relación a ella.
Uno de los objetivos de la norma es lograr el ordenamiento territorial de los bosques nativos, frente a lo cual se pueden observar diversos puntos de vista en relación a los sectores en los que se ha considerado la temática.
En el Congreso, el legislador formuló una ley ambiciosa al plantear el proceso de ordenamiento de los bosques nativos, fijando un plazo (un año que ya está vencido) para realizar la tarea técnica y asociado a un proceso participativo que deben desarrollar las autoridades de cada provincia.
Esto significó, en cada jurisdicción, que las autoridades ambientales o las designadas para la aplicación de la Ley 26.331, suspendieran los desmontes y aprovechamientos forestales en su territorio hasta tanto se concluya con el ordenamiento, lo que generó conflictos de distinta envergadura y difícil solución.
Será por esta razón que las autoridades gubernamentales tienen a partir de allí una labor compleja, ya que se suele no comprender que los bosques nativos son recursos naturales del dominio de las provincias y que las acciones, actividades u obras que pretendemos realizar deben contar con la autorización del Estado. Este aspecto elemental constituye un trabajo incesante de las áreas que gestionan el recurso, que son las que enfrentan innumerables dificultades.
Es por ello que al gestor, como autoridad de aplicación de la ley en cada provincia, le correspondió informar sobre la normativa, implementar la prohibición del desmonte y los aprovechamientos, generar la toma de conciencia de la situación de los bosques nativos en cada lugar o región, plantear las actividades que será necesario limitar o restringir y, como contrapartida, ser objeto de las reacciones ante lo gestionado por parte de los distintos actores sociales interesados.
Intereses diferentes y contrapuestos. Los problemas ambientales, caracterizados como “complejos”, se manifiestan en las distintas regiones con sus particularidades, involucrando distintos sectores (agrícolas, ganaderos, industriales, mineros) y actores sociales (vecinos, agricultores, industriales, ambientalistas, etcétera) con intereses diferentes y en muchos casos contrapuestos.
Es en los ambientes de los que formamos parte donde se encuentran los bosques nativos en sus diferentes estados de conservación. Ellos prestan un conjunto de servicios que suelen no ser identificados o reconocidos: la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad; la conservación del suelo y de la calidad del agua; la fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; la contribución a la diversificación y belleza del paisaje; la defensa de la identidad cultural, entre otros.
Conflictos socioambientales. Asimismo, cada región enfrenta diferentes conflictos socioambientales asociados a la conservación de los bosques nativos: en algunos, el problema central es la competencia con la actividad agrícola, especialmente la soja, o con la actividad ganadera en relación al sobrepastoreo; en otros, conflictos con actividades mineras o con problemas sociales de ciertas áreas de bosques dedicados a la producción de productos maderables, etcétera.
Frente a esta oportunidad de decidir a futuro sobre qué bosques conservar, cuáles proteger y qué áreas resignar para realizar otras actividades, se plantean innumerables conflictos socioambientales.
El primer indicador lo constituye el proceso participativo al que hace referencia la ley y que debe lograr el consenso de los distintos actores involucrados asociados a las áreas con bosques nativos, con altas o medianas categorías de conservación.
Ante este compromiso es que cada provincia se encuentra desarrollando los aspectos técnicos que le permitan el ordenamiento de sus áreas de bosques y el proceso participativo que debe cumplirse en forma previa a su aprobación legislativa.
Asimismo, los legisladores provinciales deberán considerar que el proyecto de ley que ingrese al recinto cuenta con una discusión ciudadana producto de los procesos de participación en la formulación del ordenamiento y que, por lo tanto, trae un valor agregado para la reflexión y el análisis.
Como consecuencia, la implementación de la ley de presupuestos mínimos, con su reglamentación, debe complementarse con las leyes provinciales que definen sus ordenamientos territoriales del bosque nativo.
Todo esto constituye sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la ley; desde aquí, la Nación deberá implementar el programa de protección de los bosques nativos y el fondo para el enriquecimiento y conservación con las efectivas tareas de transferencia de fondos hacia las provincias.
En ese contexto es que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha cumplido su rol discutiendo las políticas, las modalidades de implementación, planteando las problemáticas de cada provincia, consensuando y acordando regionalmente los principales lineamientos a seguir y reclamando el acompañamiento de las medidas económicas y de asistencia técnica que prevé la ley.
Hasta aquí, los pasos que establece la ley. Es a partir de este momento en que se deberán llevar adelante las etapas de aplicación, control y fiscalización.
Será, claro está, una ardua tarea en los territorios en los que debe tenerse presente la existencia de desmontes clandestinos, quema habitual, presión en la expansión de la frontera agropecuaria, desarrollo de actividades incompatibles con la conservación, tales como la introducción de especies exóticas para la creación de cotos de caza, por ejemplo, entre otras problemáticas.
Pensar que la ley de presupuestos de bosque nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
Para conservar y proteger los bosques de mayor valor y que prestan numerosos servicios ambientales, es necesario informar, educar y concientizar al habitante sobre la necesidad de su preservación.
Protección por sobreproducción. Se debe advertir que, en muchos casos, tendrán que prevalecer el paisaje, la biodiversidad, la protección ambiental por sobre ciertas actividades productivas, en tanto estas decisiones hayan sido consensuadas en el proceso de ordenamiento que se desarrolla.
La protección y preservación de los bosques nativos es, por definición, una política ambiental que se manifiesta en forma directa en el territorio, limitando y restringiendo los usos y las actividades que pueden desarrollarse en el mismo.
Las políticas ambientales demandan, además, el uso de distintos instrumentos para hacerse efectivas. Las normas y sus reglamentaciones constituyen elementos a partir de los cuales se implementan esas políticas, pero es necesario también complementarlas con una fuerte decisión y apoyo de otros aspectos no menos importantes.
La situación actual se caracteriza, por un lado, por la existencia de la mencionada ley de presupuestos mínimos y, en poco tiempo, por la definición de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos en las distintas regiones del país. La implementación de estas normas es una responsabilidad no sólo del Estado, sino de cada ciudadano que participa, ya sea en las diversas actividades implicadas o en los procesos participativos previstos.
En definitiva, la situación constituye una oportunidad y un desafío para los habitantes de las distintas provincias, por lo que exige mayor información, conocimiento y participación para la toma de decisión, capaces de afectar los derechos de generaciones venideras. De allí que la conservación de los bosques nativos de cada ecorregión en la que habitamos, aparece como un derecho irrenunciable a gozar de una mejor calidad de vida.
Fecha de Publicación: 19/02/2009
Autor del Artículo: Marta Juliá, Doctora en Derecho - Publicado el 17/02/2009 en La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Pensar que la ley de bosques nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
La Ley de Presupuestos Mínimos 26.331 que regula el ordenamiento territorial del bosque nativo en Argentina, ha instalado una temática que cobra cada vez más relevancia. En especial, cuando se muestran las consecuencias de un evento natural que son derivadas de un manejo inadecuado de los recursos naturales. Hoy, el ejemplo más claro es Tartagal.
Siguiendo la cronología de la puesta en escena de los problemas del bosque nativo, se puede observar que en la etapa de tratamiento en el Congreso de la Nación, el trabajo arduo de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil tuvieron por objeto ejercer la presión suficiente hasta su concreción en diciembre de 2007. Actualmente, estos grupos pusieron su atención en la reglamentación de la ley, paso importante para su implementación, pero insuficiente para la salvación de los bosques nativos, como desde algunos sectores ha sido planteada.
A más de un año de sancionada esta norma nacional y ya en etapa de aplicación, se han podido observar las dificultades, conflictos y distintas posiciones que se han constituido en relación a ella.
Uno de los objetivos de la norma es lograr el ordenamiento territorial de los bosques nativos, frente a lo cual se pueden observar diversos puntos de vista en relación a los sectores en los que se ha considerado la temática.
En el Congreso, el legislador formuló una ley ambiciosa al plantear el proceso de ordenamiento de los bosques nativos, fijando un plazo (un año que ya está vencido) para realizar la tarea técnica y asociado a un proceso participativo que deben desarrollar las autoridades de cada provincia.
Esto significó, en cada jurisdicción, que las autoridades ambientales o las designadas para la aplicación de la Ley 26.331, suspendieran los desmontes y aprovechamientos forestales en su territorio hasta tanto se concluya con el ordenamiento, lo que generó conflictos de distinta envergadura y difícil solución.
Será por esta razón que las autoridades gubernamentales tienen a partir de allí una labor compleja, ya que se suele no comprender que los bosques nativos son recursos naturales del dominio de las provincias y que las acciones, actividades u obras que pretendemos realizar deben contar con la autorización del Estado. Este aspecto elemental constituye un trabajo incesante de las áreas que gestionan el recurso, que son las que enfrentan innumerables dificultades.
Es por ello que al gestor, como autoridad de aplicación de la ley en cada provincia, le correspondió informar sobre la normativa, implementar la prohibición del desmonte y los aprovechamientos, generar la toma de conciencia de la situación de los bosques nativos en cada lugar o región, plantear las actividades que será necesario limitar o restringir y, como contrapartida, ser objeto de las reacciones ante lo gestionado por parte de los distintos actores sociales interesados.
Intereses diferentes y contrapuestos. Los problemas ambientales, caracterizados como “complejos”, se manifiestan en las distintas regiones con sus particularidades, involucrando distintos sectores (agrícolas, ganaderos, industriales, mineros) y actores sociales (vecinos, agricultores, industriales, ambientalistas, etcétera) con intereses diferentes y en muchos casos contrapuestos.
Es en los ambientes de los que formamos parte donde se encuentran los bosques nativos en sus diferentes estados de conservación. Ellos prestan un conjunto de servicios que suelen no ser identificados o reconocidos: la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad; la conservación del suelo y de la calidad del agua; la fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; la contribución a la diversificación y belleza del paisaje; la defensa de la identidad cultural, entre otros.
Conflictos socioambientales. Asimismo, cada región enfrenta diferentes conflictos socioambientales asociados a la conservación de los bosques nativos: en algunos, el problema central es la competencia con la actividad agrícola, especialmente la soja, o con la actividad ganadera en relación al sobrepastoreo; en otros, conflictos con actividades mineras o con problemas sociales de ciertas áreas de bosques dedicados a la producción de productos maderables, etcétera.
Frente a esta oportunidad de decidir a futuro sobre qué bosques conservar, cuáles proteger y qué áreas resignar para realizar otras actividades, se plantean innumerables conflictos socioambientales.
El primer indicador lo constituye el proceso participativo al que hace referencia la ley y que debe lograr el consenso de los distintos actores involucrados asociados a las áreas con bosques nativos, con altas o medianas categorías de conservación.
Ante este compromiso es que cada provincia se encuentra desarrollando los aspectos técnicos que le permitan el ordenamiento de sus áreas de bosques y el proceso participativo que debe cumplirse en forma previa a su aprobación legislativa.
Asimismo, los legisladores provinciales deberán considerar que el proyecto de ley que ingrese al recinto cuenta con una discusión ciudadana producto de los procesos de participación en la formulación del ordenamiento y que, por lo tanto, trae un valor agregado para la reflexión y el análisis.
Como consecuencia, la implementación de la ley de presupuestos mínimos, con su reglamentación, debe complementarse con las leyes provinciales que definen sus ordenamientos territoriales del bosque nativo.
Todo esto constituye sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la ley; desde aquí, la Nación deberá implementar el programa de protección de los bosques nativos y el fondo para el enriquecimiento y conservación con las efectivas tareas de transferencia de fondos hacia las provincias.
En ese contexto es que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha cumplido su rol discutiendo las políticas, las modalidades de implementación, planteando las problemáticas de cada provincia, consensuando y acordando regionalmente los principales lineamientos a seguir y reclamando el acompañamiento de las medidas económicas y de asistencia técnica que prevé la ley.
Hasta aquí, los pasos que establece la ley. Es a partir de este momento en que se deberán llevar adelante las etapas de aplicación, control y fiscalización.
Será, claro está, una ardua tarea en los territorios en los que debe tenerse presente la existencia de desmontes clandestinos, quema habitual, presión en la expansión de la frontera agropecuaria, desarrollo de actividades incompatibles con la conservación, tales como la introducción de especies exóticas para la creación de cotos de caza, por ejemplo, entre otras problemáticas.
Pensar que la ley de presupuestos de bosque nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
Para conservar y proteger los bosques de mayor valor y que prestan numerosos servicios ambientales, es necesario informar, educar y concientizar al habitante sobre la necesidad de su preservación.
Protección por sobreproducción. Se debe advertir que, en muchos casos, tendrán que prevalecer el paisaje, la biodiversidad, la protección ambiental por sobre ciertas actividades productivas, en tanto estas decisiones hayan sido consensuadas en el proceso de ordenamiento que se desarrolla.
La protección y preservación de los bosques nativos es, por definición, una política ambiental que se manifiesta en forma directa en el territorio, limitando y restringiendo los usos y las actividades que pueden desarrollarse en el mismo.
Las políticas ambientales demandan, además, el uso de distintos instrumentos para hacerse efectivas. Las normas y sus reglamentaciones constituyen elementos a partir de los cuales se implementan esas políticas, pero es necesario también complementarlas con una fuerte decisión y apoyo de otros aspectos no menos importantes.
La situación actual se caracteriza, por un lado, por la existencia de la mencionada ley de presupuestos mínimos y, en poco tiempo, por la definición de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos en las distintas regiones del país. La implementación de estas normas es una responsabilidad no sólo del Estado, sino de cada ciudadano que participa, ya sea en las diversas actividades implicadas o en los procesos participativos previstos.
En definitiva, la situación constituye una oportunidad y un desafío para los habitantes de las distintas provincias, por lo que exige mayor información, conocimiento y participación para la toma de decisión, capaces de afectar los derechos de generaciones venideras. De allí que la conservación de los bosques nativos de cada ecorregión en la que habitamos, aparece como un derecho irrenunciable a gozar de una mejor calidad de vida.
Nuevos desmontes ilegales en Santa Fe
Nuevos desmontes ilegales en Santa Fe
Fecha de Publicación: 15/01/2009
Autor del Artículo: Abogada Graciela Cristina Gomez
Provincia/Región: Santa Fe
"Los bosques preceden a los pueblos. Los desiertos los persiguen", dice la frase de Chateubriand, que concluye el petitorio entregado a Diputados de Santa Fe, y al Ministerio de Medioambiente , con fecha 29 de septiembre de 2008, después de una movida ambiental contra los desmontes, que realizamos los ambientalistas de Romang. De nada sirvió.
Se repite hasta el cansancio que en el norte de Santa Fe se triplicó el desmonte en los últimos cinco años, pero ni la sequía, ni las pérdidas económicas , consecuencias irreparables de la crisis que golpea la zona , logran frenar el avance de la frontera agropecuaria, y las talas ilegales.
El poder de un SMS:
Los ornitologos de Rosario, Martin Manassero y Horacio Luna, internados en el medio de la Estancia “La Isabel” (28º 10´ S; 59º 24´O), ubicada sobre la Ruta 30, a 5 km al oeste de la Ruta Nacional Nº11 y a 6 km al noroeste de la Localidad El Rabón , departamento General Obligado, manifiestan que hoy 8 de enero , comenzó una tala selectiva de los montes. Llegaron topadoras e inclusive un camión, y que ambos poseen material fotográfico.
-“ No poseemos vehículo , te mando las coordenadas del lugar , avisale a la Dra Gomez que haga la denuncia” , - le manifestó a un familiar , a través del celular, -“En esta estancia estan los bosques con los últimos tucanes de la provincia de Santa Fe, y posee la mayor diversidad de aves de la provincia” concluyó con tristeza.
Alertas:
“El tucán grande, cuya distribución en Santa Fe se halla restringida a los últimos bosques con presencia de la Palma Pindó, afortunadamente es frecuente observarlo en la estancia La Isabel y en propiedades vecinas, ya que hacia el oeste es casi un recuerdo. Como ornitólogos de campo, recorremos distintos sitios de la provincia de Santa Fe, estudiando las aves silvestres, pero destinando el mayor esfuerzo a la Cuña Boscosa (donde están las mayores extensiones de bosques remanentes de la provincia).Observamos ocho especies amenazadas a nivel mundial, razón por la cual se declaró a la Cuña Boscosa Santafesina Área Importante para la Conservación de las Aves (AICAs)” , subrayan en uno de sus tantos trabajos y colaboraciones publicados. (1)
En el 2007 éstos ornitólogos se reunieron con los miembros de la Secretaria de Medio Ambiente provincial , pero nada prosperó a pesar del interés de los estancieros en la conservación de la naturaleza.
“Es un provincia muy rica económicamente, pero que se ha caracterizado por el desinterés en proteger el medio ambiente. Aún hay cosas por hacer, creo que es importante que todos los interesados en la conservacion de los ultimos relictos boscosos nos unamos, para luchar juntos” , manifestaban casi con resignación , en uno de nuestros tantos contactos.
Palabras,solo palabras:
-“A través de un proceso participativo estamos llevando adelante el ordenamiento que nos permitirá avanzar en la conservación de nuestros bosques”, dijo el cuestionado Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente ,Antonio Ciancio.
- “Más de una decena de establecimientos del norte santafesino serán sancionados por el gobierno provincial al incumplir diversas disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques. Dichas multas partirán desde los 500 mil pesos. En su mayor medida, pertenecen a los departamentos 9 de Julio, Las Colonias, San Javier, Vera y General Obligado” ,arrogan como solución tardía.
- “Fuera de Salta, somos la provincia que tiene más adelantada la tarea”,dijo Cesar Mackler , secretario de Medio Ambiente (2) , pero la tarea demora en ser publicada.
Por su parte ,Nestor Biassatti , el subsecretario, dice de que “no necesitan vehículos y que tiene al personal necesario para acudir a los lugares donde haya denuncias de desmontes” ,lo que no aclaró es que para ello hay que esperar varios días, por lo que a su llegada “ya no hay bosque”, y la denuncia pasa a ser un chiste.
Conservar es la propuesta:
“Creemos que la mejor estrategia de conservación es incentivar a los propietarios de los campos para que no deforesten, impidan la caza y realicen un uso sustentable de los recursos naturales. Tradicionalmente, la ganadería ha demostrado no afectar de manera crítica a la fauna silvestre en la zona.
Por eso, lo importante es proteger el ambiente, integrando a los habitantes del lugar. En este marco,el ecoturismo , sería una actividad de bajo impacto que reportaría beneficios económicos adicionales.” Repiten hasta el cansancio,estos jóvenes socios de Aves Argentinas,que recorren con entusiasmo una de las zonas de mayor biodiversidad de Santa Fe.(1)
“Los ojos no ven lo que la mente no sabe”:
Solo aquel que se encuentra lo suficientemente informado es capaz de interpretar las cosas de forma correcta y de hacerce las preguntas adecuadas.
Cesar Macler recalcó “que todos los procedimientos basados en ordenes de allanamiento fueron llevados adelante con la colaboración con las fuerzas policiales, vecinos y organizaciones ambientalistas que se encuentran consustanciadas con el medio ambiente”.(2) Actuar de OFICIO ni hablar, porque nunca se enteran de nada, si no es por nuestras denuncias.
Algunos profesionales del derecho , que nunca dan nombres, consideran que "el gobierno santafesino antes de aplicar multas debería presentar su Ordenamiento de Bosques Nativos y sacar la nueva legislación".(3) Aceptar eso es desconocer que existe una Ley marco, y que les guste o no a esos abogados y a La Mesa Foresto Industrial del Norte , con sus defectos y virtudes, es ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.
Un titular de la Facultad de Derecho de la UNR, opina que “Quienes tengan en sus predios bosques nativos comprendidos en la categoría I (rojo), es decir que se los establece como objeto de conservación, tendrían que ser compensados con los fondos que reciba la jurisdicción con fines de preservación”.(3) En la provincia lo más seguro es que se reclame tal compensación y aún así prosiga la deforestación, total “nadie controla”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, jamás me enviaron el número de expediente abierto por mi reclamo realizado en los anteriores desmontes, septiembre de 2008, y desde esa cartera se excusaron ante mi queja diciendo:- “Sepa disculpar si se incurre en alguna demora, en tal caso se debe a la siempre creciente cantidad de reclamos que recibimos, lo cual nos exige un gran esfuerzo pues para la gente "todas son urgencias", sumando otro organismo más al total desinterés por avanzar en el tema desmontes y parar esta barbarie.
Todo parece indicar que hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego, campo para soja y pájaros inútiles .Pero la Naturaleza es sabia, y el hombre, por mucho que lo intente, no podrá nunca superarla .
¿Cuánto más debemos esperar ahora ante ésta nueva denuncia?
Fuentes:
“Los árboles ya no mueren de pie” y ”Santa Fe,tierra de nadie en medioambiente” Ecos de Romang
1) ”Las aves de la Cuña Boscosa”, Aves Argentinas Org.
2) “Fuertes multas por la deforestacion en el norte de Santa Fe”,Agroar.info
3) “Autoridades de la provincia de Santa Fe Insisten en que cobrarán multas a quienes produjeron talas”, Diario El Litoral
Fecha de Publicación: 15/01/2009
Autor del Artículo: Abogada Graciela Cristina Gomez
Provincia/Región: Santa Fe
"Los bosques preceden a los pueblos. Los desiertos los persiguen", dice la frase de Chateubriand, que concluye el petitorio entregado a Diputados de Santa Fe, y al Ministerio de Medioambiente , con fecha 29 de septiembre de 2008, después de una movida ambiental contra los desmontes, que realizamos los ambientalistas de Romang. De nada sirvió.
Se repite hasta el cansancio que en el norte de Santa Fe se triplicó el desmonte en los últimos cinco años, pero ni la sequía, ni las pérdidas económicas , consecuencias irreparables de la crisis que golpea la zona , logran frenar el avance de la frontera agropecuaria, y las talas ilegales.
El poder de un SMS:
Los ornitologos de Rosario, Martin Manassero y Horacio Luna, internados en el medio de la Estancia “La Isabel” (28º 10´ S; 59º 24´O), ubicada sobre la Ruta 30, a 5 km al oeste de la Ruta Nacional Nº11 y a 6 km al noroeste de la Localidad El Rabón , departamento General Obligado, manifiestan que hoy 8 de enero , comenzó una tala selectiva de los montes. Llegaron topadoras e inclusive un camión, y que ambos poseen material fotográfico.
-“ No poseemos vehículo , te mando las coordenadas del lugar , avisale a la Dra Gomez que haga la denuncia” , - le manifestó a un familiar , a través del celular, -“En esta estancia estan los bosques con los últimos tucanes de la provincia de Santa Fe, y posee la mayor diversidad de aves de la provincia” concluyó con tristeza.
Alertas:
“El tucán grande, cuya distribución en Santa Fe se halla restringida a los últimos bosques con presencia de la Palma Pindó, afortunadamente es frecuente observarlo en la estancia La Isabel y en propiedades vecinas, ya que hacia el oeste es casi un recuerdo. Como ornitólogos de campo, recorremos distintos sitios de la provincia de Santa Fe, estudiando las aves silvestres, pero destinando el mayor esfuerzo a la Cuña Boscosa (donde están las mayores extensiones de bosques remanentes de la provincia).Observamos ocho especies amenazadas a nivel mundial, razón por la cual se declaró a la Cuña Boscosa Santafesina Área Importante para la Conservación de las Aves (AICAs)” , subrayan en uno de sus tantos trabajos y colaboraciones publicados. (1)
En el 2007 éstos ornitólogos se reunieron con los miembros de la Secretaria de Medio Ambiente provincial , pero nada prosperó a pesar del interés de los estancieros en la conservación de la naturaleza.
“Es un provincia muy rica económicamente, pero que se ha caracterizado por el desinterés en proteger el medio ambiente. Aún hay cosas por hacer, creo que es importante que todos los interesados en la conservacion de los ultimos relictos boscosos nos unamos, para luchar juntos” , manifestaban casi con resignación , en uno de nuestros tantos contactos.
Palabras,solo palabras:
-“A través de un proceso participativo estamos llevando adelante el ordenamiento que nos permitirá avanzar en la conservación de nuestros bosques”, dijo el cuestionado Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente ,Antonio Ciancio.
- “Más de una decena de establecimientos del norte santafesino serán sancionados por el gobierno provincial al incumplir diversas disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques. Dichas multas partirán desde los 500 mil pesos. En su mayor medida, pertenecen a los departamentos 9 de Julio, Las Colonias, San Javier, Vera y General Obligado” ,arrogan como solución tardía.
- “Fuera de Salta, somos la provincia que tiene más adelantada la tarea”,dijo Cesar Mackler , secretario de Medio Ambiente (2) , pero la tarea demora en ser publicada.
Por su parte ,Nestor Biassatti , el subsecretario, dice de que “no necesitan vehículos y que tiene al personal necesario para acudir a los lugares donde haya denuncias de desmontes” ,lo que no aclaró es que para ello hay que esperar varios días, por lo que a su llegada “ya no hay bosque”, y la denuncia pasa a ser un chiste.
Conservar es la propuesta:
“Creemos que la mejor estrategia de conservación es incentivar a los propietarios de los campos para que no deforesten, impidan la caza y realicen un uso sustentable de los recursos naturales. Tradicionalmente, la ganadería ha demostrado no afectar de manera crítica a la fauna silvestre en la zona.
Por eso, lo importante es proteger el ambiente, integrando a los habitantes del lugar. En este marco,el ecoturismo , sería una actividad de bajo impacto que reportaría beneficios económicos adicionales.” Repiten hasta el cansancio,estos jóvenes socios de Aves Argentinas,que recorren con entusiasmo una de las zonas de mayor biodiversidad de Santa Fe.(1)
“Los ojos no ven lo que la mente no sabe”:
Solo aquel que se encuentra lo suficientemente informado es capaz de interpretar las cosas de forma correcta y de hacerce las preguntas adecuadas.
Cesar Macler recalcó “que todos los procedimientos basados en ordenes de allanamiento fueron llevados adelante con la colaboración con las fuerzas policiales, vecinos y organizaciones ambientalistas que se encuentran consustanciadas con el medio ambiente”.(2) Actuar de OFICIO ni hablar, porque nunca se enteran de nada, si no es por nuestras denuncias.
Algunos profesionales del derecho , que nunca dan nombres, consideran que "el gobierno santafesino antes de aplicar multas debería presentar su Ordenamiento de Bosques Nativos y sacar la nueva legislación".(3) Aceptar eso es desconocer que existe una Ley marco, y que les guste o no a esos abogados y a La Mesa Foresto Industrial del Norte , con sus defectos y virtudes, es ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.
Un titular de la Facultad de Derecho de la UNR, opina que “Quienes tengan en sus predios bosques nativos comprendidos en la categoría I (rojo), es decir que se los establece como objeto de conservación, tendrían que ser compensados con los fondos que reciba la jurisdicción con fines de preservación”.(3) En la provincia lo más seguro es que se reclame tal compensación y aún así prosiga la deforestación, total “nadie controla”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, jamás me enviaron el número de expediente abierto por mi reclamo realizado en los anteriores desmontes, septiembre de 2008, y desde esa cartera se excusaron ante mi queja diciendo:- “Sepa disculpar si se incurre en alguna demora, en tal caso se debe a la siempre creciente cantidad de reclamos que recibimos, lo cual nos exige un gran esfuerzo pues para la gente "todas son urgencias", sumando otro organismo más al total desinterés por avanzar en el tema desmontes y parar esta barbarie.
Todo parece indicar que hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego, campo para soja y pájaros inútiles .Pero la Naturaleza es sabia, y el hombre, por mucho que lo intente, no podrá nunca superarla .
¿Cuánto más debemos esperar ahora ante ésta nueva denuncia?
Fuentes:
“Los árboles ya no mueren de pie” y ”Santa Fe,tierra de nadie en medioambiente” Ecos de Romang
1) ”Las aves de la Cuña Boscosa”, Aves Argentinas Org.
2) “Fuertes multas por la deforestacion en el norte de Santa Fe”,Agroar.info
3) “Autoridades de la provincia de Santa Fe Insisten en que cobrarán multas a quienes produjeron talas”, Diario El Litoral
Hecha la ley, hecho el desmonte
Hecha la ley, hecho el desmonte
Fecha de Publicación: 04/01/2009
Autor del Artículo:Darío Aranda - Publicado en Página/12 el 02/01/2009
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales denuncian el incumplimiento de la norma, el avance de los desmontes y la complicidad entre empresarios sojeros y la dirigencia política de las provincias involucradas. Como en Salta, donde acaban de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas.
Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas (ver recuadro), justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) agrupa a investigadores e instituciones que trabajan con poblaciones rurales del norte argentino. Acaba de publicar la investigación “A un año de la Ley de Bosques: Panorama de la Región Chaqueña Argentina”, en la que monitoreó la situación de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba. “Los desmontes continúan”, denuncia en la primera página y detalla: “En 2008 se registraron más de 90 conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96.000 personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema”, advierte el trabajo.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación en su último “Inventario Nacional”, entre 2002 y 2006 dejaron de existir en Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, a razón de 280.000 hectáreas por año, que equivalen a 759 por día y 32 hectáreas por hora. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.
La ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas. Otorga un año, hasta el 28 de noviembre último, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma establece que ese mapeo debe contar con la imprescindible participación campesina e indígena.
“Ninguna provincia cumplió con el plazo fijado por la ley. Tampoco existen mecanismos ni voluntad política para que organizaciones campesinas e indígenas participen en la implementación”, advierte el informe, que cuestiona al gobierno nacional: “El Poder Ejecutivo está en deuda porque todavía no reglamentó la ley. Esto genera matices en las interpretaciones y vuelve más notoria la falta de políticas y recursos claros para su implementación”, afirma. Las organizaciones rurales explican que la muy demorada reglamentación presidencial (hecho que debió producirse en un plazo máximo de 90 días luego de la sanción) produce un vacío al momento de la implementación y no proporciona herramientas (por ejemplo los fondos) para la ejecución de la norma. Consultados por la demora, desde la Secretaría de Ambiente de Nación prefirieron no opinar.
El relevamiento de la Redaf cuenta con un anexo por cada provincia. Sobre la situación en Formosa, denuncia que “son negados total y sistemáticamente los mecanismos de participación para los pueblos indígenas. Y no existe información alguna hacia el resto de la ciudadanía”. En cuanto a Santa Fe, paradigma del avance sojero en la última década, la investigación se focaliza en el desmonte provincial. “Más allá de los apercibimientos y multas, continúa la deforestación”, asegura, y revela que la primera reunión impulsada por el gobierno santafesino fue el 21 de noviembre último, sólo una semana antes de la fecha tope (por ley) para finalizar el ordenamiento.
El trabajo de la Redaf también abarca el Chaco, y tampoco es optimista. “La principal debilidad institucional que juega en contra de la defensa de los bosques nativos chaqueños es la falta de voluntad política para el control y la sanción de la tala ilegal. Sumado a la permanente presión empresarial para ampliar zonas dedicadas a la agricultura y las constantes irregularidades en el manejo de las tierras fiscales.” Sin embargo, el gobierno de Jorge Capitanich presentó a fines de noviembre un ordenamiento territorial, muy cuestionado por las organizaciones sociales de la provincia.
“La propuesta del Gobierno es inoportuna, inconsulta y desprovista de razonabilidad. Entendemos que dicho proyecto alienta actividades agresivas al ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, en beneficio de empresas y sectores muy reducidos, aumentando el riesgo social y ambiental. Si se convirtiera en ley, este proyecto generará mayor desigualdad e inequidad social y ambiental”, denunció el Foro por la Tierra del Chaco, conformado por un heterogéneo colectivo de organizaciones.
Chaco cuenta con diez millones de hectáreas, de las cuales 3,5 millones son fiscales, casi su totalidad en El Impenetrable.
Córdoba, otra provincia donde el avance de los agronegocios fue desmedido, tampoco abrió el juego para el ordenamiento territorial que establece la ley. “Han sido prácticamente nulas las exteriorizaciones que la provincia ha realizado a nivel de discusión. Y recién el 24 de noviembre, cuatro días antes del vencimiento del plazo para finalizar el relevamiento, se concretó la primera reunión oficial convocada por el gobierno cordobés”, señala la Redaf.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), principal actor rural que resiste el modelo sojero, cuenta con un detallado informe sobre los montes nativos: “La provincia cuenta con un remanente a 1,9 millón de hectáreas, de las cuales apenas entre 5000 y 10.000 están en buen estado de conservación”, advierte el MCC, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y denuncia la complicidad de la Mesa de Enlace y legisladores provinciales para frenar la ley.
“Desde 2005 la Mesa de Enlace provincial ya se había organizado en defensa de sus intereses constituyendo un grupo de presión para obtener rebajas de impuestos, flexibilización de leyes de desmontes, minimizando los controles y evitando castigos en sonados casos de contaminación ambiental por agrotóxicos. Esa Mesa de Enlace hoy impulsa un foro que opera para flexibilizar las restricciones de desmonte y continuar con las autorizaciones, con el apoyo de diputados justicialistas”, explica el Movimiento Campesino. Según sus conclusiones, las consecuencias de ese modelo en la provincia son “tres millones de hectáreas provinciales afectadas gravemente por el monocultivo de soja y la ganadería intensiva, innumerables problemas ambientales (contaminación con agrotóxicos), disminución de la población rural, creciente pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra”.
En su relevamiento, el MCC señala con nombre y apellido a miembros de la Sociedad Rural y la Federación Agraria (denunciados por ser impulsores de desalojos campesinos de Córdoba y Santiago del Estero) y referentes de la Mesa de Enlace que pretenden disminuir las zonas rojas –de restricción al desmonte contempladas por la ley– y aumentar las verdes, que podrían ser arrasadas.
No menos polémico es el Fondo de Compensación, de casi mil millones de pesos, con el que se subsidiará a los titulares de las tierras que conserven bosques nativos (30 por ciento del dinero será para las gobernaciones). La Redaf explica que, sin reglamentación presidencial, el destino de los fondos es incierto, y se convierte en un motivo más para que las provincias ignoren la norma. El MCC remarca el contrasentido de la ley: “Los mismos empresarios, entre ellos los sojeros, que se han dedicado a desaparecer el monte nativo y expulsar campesinos, empezarán a cobrar un subsidio por ‘cuidarlo’. Un negocio redondo”.
Fecha de Publicación: 04/01/2009
Autor del Artículo:Darío Aranda - Publicado en Página/12 el 02/01/2009
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones rurales denuncian el incumplimiento de la norma, el avance de los desmontes y la complicidad entre empresarios sojeros y la dirigencia política de las provincias involucradas. Como en Salta, donde acaban de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas.
Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas (ver recuadro), justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf) agrupa a investigadores e instituciones que trabajan con poblaciones rurales del norte argentino. Acaba de publicar la investigación “A un año de la Ley de Bosques: Panorama de la Región Chaqueña Argentina”, en la que monitoreó la situación de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe y Córdoba. “Los desmontes continúan”, denuncia en la primera página y detalla: “En 2008 se registraron más de 90 conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96.000 personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema”, advierte el trabajo.
Según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación en su último “Inventario Nacional”, entre 2002 y 2006 dejaron de existir en Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, a razón de 280.000 hectáreas por año, que equivalen a 759 por día y 32 hectáreas por hora. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal.
La ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas. Otorga un año, hasta el 28 de noviembre último, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma establece que ese mapeo debe contar con la imprescindible participación campesina e indígena.
“Ninguna provincia cumplió con el plazo fijado por la ley. Tampoco existen mecanismos ni voluntad política para que organizaciones campesinas e indígenas participen en la implementación”, advierte el informe, que cuestiona al gobierno nacional: “El Poder Ejecutivo está en deuda porque todavía no reglamentó la ley. Esto genera matices en las interpretaciones y vuelve más notoria la falta de políticas y recursos claros para su implementación”, afirma. Las organizaciones rurales explican que la muy demorada reglamentación presidencial (hecho que debió producirse en un plazo máximo de 90 días luego de la sanción) produce un vacío al momento de la implementación y no proporciona herramientas (por ejemplo los fondos) para la ejecución de la norma. Consultados por la demora, desde la Secretaría de Ambiente de Nación prefirieron no opinar.
El relevamiento de la Redaf cuenta con un anexo por cada provincia. Sobre la situación en Formosa, denuncia que “son negados total y sistemáticamente los mecanismos de participación para los pueblos indígenas. Y no existe información alguna hacia el resto de la ciudadanía”. En cuanto a Santa Fe, paradigma del avance sojero en la última década, la investigación se focaliza en el desmonte provincial. “Más allá de los apercibimientos y multas, continúa la deforestación”, asegura, y revela que la primera reunión impulsada por el gobierno santafesino fue el 21 de noviembre último, sólo una semana antes de la fecha tope (por ley) para finalizar el ordenamiento.
El trabajo de la Redaf también abarca el Chaco, y tampoco es optimista. “La principal debilidad institucional que juega en contra de la defensa de los bosques nativos chaqueños es la falta de voluntad política para el control y la sanción de la tala ilegal. Sumado a la permanente presión empresarial para ampliar zonas dedicadas a la agricultura y las constantes irregularidades en el manejo de las tierras fiscales.” Sin embargo, el gobierno de Jorge Capitanich presentó a fines de noviembre un ordenamiento territorial, muy cuestionado por las organizaciones sociales de la provincia.
“La propuesta del Gobierno es inoportuna, inconsulta y desprovista de razonabilidad. Entendemos que dicho proyecto alienta actividades agresivas al ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, en beneficio de empresas y sectores muy reducidos, aumentando el riesgo social y ambiental. Si se convirtiera en ley, este proyecto generará mayor desigualdad e inequidad social y ambiental”, denunció el Foro por la Tierra del Chaco, conformado por un heterogéneo colectivo de organizaciones.
Chaco cuenta con diez millones de hectáreas, de las cuales 3,5 millones son fiscales, casi su totalidad en El Impenetrable.
Córdoba, otra provincia donde el avance de los agronegocios fue desmedido, tampoco abrió el juego para el ordenamiento territorial que establece la ley. “Han sido prácticamente nulas las exteriorizaciones que la provincia ha realizado a nivel de discusión. Y recién el 24 de noviembre, cuatro días antes del vencimiento del plazo para finalizar el relevamiento, se concretó la primera reunión oficial convocada por el gobierno cordobés”, señala la Redaf.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), principal actor rural que resiste el modelo sojero, cuenta con un detallado informe sobre los montes nativos: “La provincia cuenta con un remanente a 1,9 millón de hectáreas, de las cuales apenas entre 5000 y 10.000 están en buen estado de conservación”, advierte el MCC, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y denuncia la complicidad de la Mesa de Enlace y legisladores provinciales para frenar la ley.
“Desde 2005 la Mesa de Enlace provincial ya se había organizado en defensa de sus intereses constituyendo un grupo de presión para obtener rebajas de impuestos, flexibilización de leyes de desmontes, minimizando los controles y evitando castigos en sonados casos de contaminación ambiental por agrotóxicos. Esa Mesa de Enlace hoy impulsa un foro que opera para flexibilizar las restricciones de desmonte y continuar con las autorizaciones, con el apoyo de diputados justicialistas”, explica el Movimiento Campesino. Según sus conclusiones, las consecuencias de ese modelo en la provincia son “tres millones de hectáreas provinciales afectadas gravemente por el monocultivo de soja y la ganadería intensiva, innumerables problemas ambientales (contaminación con agrotóxicos), disminución de la población rural, creciente pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra”.
En su relevamiento, el MCC señala con nombre y apellido a miembros de la Sociedad Rural y la Federación Agraria (denunciados por ser impulsores de desalojos campesinos de Córdoba y Santiago del Estero) y referentes de la Mesa de Enlace que pretenden disminuir las zonas rojas –de restricción al desmonte contempladas por la ley– y aumentar las verdes, que podrían ser arrasadas.
No menos polémico es el Fondo de Compensación, de casi mil millones de pesos, con el que se subsidiará a los titulares de las tierras que conserven bosques nativos (30 por ciento del dinero será para las gobernaciones). La Redaf explica que, sin reglamentación presidencial, el destino de los fondos es incierto, y se convierte en un motivo más para que las provincias ignoren la norma. El MCC remarca el contrasentido de la ley: “Los mismos empresarios, entre ellos los sojeros, que se han dedicado a desaparecer el monte nativo y expulsar campesinos, empezarán a cobrar un subsidio por ‘cuidarlo’. Un negocio redondo”.
Había una vez un bosque
Había una vez un bosque
Fecha de Publicación: 06/08/2008
Autor del Artículo: Pablo D'Atri - EcoDigital
Provincia/Región:Nacional
Más de la mitad del bosque de caldén en Argentina ya no está. Según estimaciones, de las 7.350.000 hectáreas que había orginalmente (una superficie que equivale a la mitad de La Pampa), hoy hay menos de 2.300.000 hectáreas, un 31%. Y el problema no termina. El que queda no es el original, está fragmentado, y con las vacas y el arado a punto de entrar.
Según el "Inventario de campo de la región del Espinal, formaciones de Caldén y Ñandubay", el desmonte para leña, los incendios y la extensión de la frontera agropecuaria, son algunas de causas del estado crítico en que se encuentra el bosque de caldén.
Realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, señala que las "diferentes actividades humanas como el desmonte para la reconversión de tierras, la extracción selectiva, el sobrepastoreo y los incendios forestales, han contribuido a la reducción de la superficie boscosa total y degradaron cualitativa y cuantitativamente los bosques remanentes de caldén".
Un lugar en el mundo
El caldenal es único en el mundo. Originalmente ocupaba el centro y sur de San Luis, sudoeste de Córdoba, centro sur de La Pampa, sur de Buenos Aires y el noreste de Río Negro.
Entre llanuras y algunas ondulaciones, era un bosque abierto con caldenes de gran porte creciendo entre pastizales.
Pero la situación cambió. De la superficie original apenas queda un 31% y en muy mal estado.
En Córdoba ocupaba unas 3.000.000 de hectáreas (un 20% del territorio provincial), mientras que hoy no supera las 50.000 has. (un 0,3% de la Provincia).
En San Luis, antes, cubría unas 850.000 has. y ahora apenas unas 644.000 has. (un 1,8% del total provincial).
En La Pampa había una superficie de bosque de 3.500.000 has., que abarcaba el 24% de la superficie provincial. Hoy apenas quedan un remanente de no más de 1.600.000 has., es decir, apenas un 11% del territorio provincial.
Tiempos difíciles
"En la actualidad los bosques de caldén están siendo amenazados por la extensión de la frontera agrícola favorecida por los valores de mercado de los productos agropecuarios, el aparente incremento de las precipitaciones en la región en los últimos años y la utilización de modernos sistemas de labranza e irrigación que permiten el uso de áreas que en el pasado no eran deseables para cultivos", agrega el Inventario.
Y el panorama es bastante desalentador. Desmontes, incendios, caminos y picadas, campos arados… parten el bosque y lo convierten en un gran tablero de ajedrez. El problema es que se fragmenta el hábitat de cientos de especies vegetales y animales. Existen fragmentos que van desde una hectárea (una manzana en una ciudad cualquiera) hasta unas 50.000 has. Pero lo más alarmante es que la mitad de estos corresponde a fracciones de menos de 100 has.
Especies que se van
Están identificadas una variedad de 333 especies de vertebrados, 71 mamíferos (mayormente terrestres), 68 reptiles, 15 anfibios y un total de 178 especies de aves, de las cuales unas 70 son acuáticas, semiacuáticas o periacuáticas.
Sin embargo, se denuncia que la degradación y la pérdida del hábitat son una amenaza actual.
"En los últimos 100 años se han extinguido localmente unas 15 especies de vertebrados, y dos aves migratorias, la Gallineta antártica y el Playero esquimal, están a punto de desaparecer globalmente. La presencia histórica de algunas especies perdura sólo en toponimias que hoy sorprenden, pero que hace apenas un siglo testimoniaron, por ejemplo, la existencia de Panthera onca ("tigres" o yaguareté,) y de otros representantes de una fauna hoy extirpada para siempre del centro de Argentina".
Según el trabajo de la SAyDS, ya no hay bosque original. De hecho, el que se observa, corresponde a una nueva configuración que le han dado el ganado, el fuego (sólo "en La Pampa se quemó un promedio de 300.000 hectáreas por año en los últimos 5 años") y la introducción de especies exóticas. Así, caldenes flacos y pastizales naturales modificados conforman hoy un bosque impenetrable.
Fecha de Publicación: 06/08/2008
Autor del Artículo: Pablo D'Atri - EcoDigital
Provincia/Región:Nacional
Más de la mitad del bosque de caldén en Argentina ya no está. Según estimaciones, de las 7.350.000 hectáreas que había orginalmente (una superficie que equivale a la mitad de La Pampa), hoy hay menos de 2.300.000 hectáreas, un 31%. Y el problema no termina. El que queda no es el original, está fragmentado, y con las vacas y el arado a punto de entrar.
Según el "Inventario de campo de la región del Espinal, formaciones de Caldén y Ñandubay", el desmonte para leña, los incendios y la extensión de la frontera agropecuaria, son algunas de causas del estado crítico en que se encuentra el bosque de caldén.
Realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, señala que las "diferentes actividades humanas como el desmonte para la reconversión de tierras, la extracción selectiva, el sobrepastoreo y los incendios forestales, han contribuido a la reducción de la superficie boscosa total y degradaron cualitativa y cuantitativamente los bosques remanentes de caldén".
Un lugar en el mundo
El caldenal es único en el mundo. Originalmente ocupaba el centro y sur de San Luis, sudoeste de Córdoba, centro sur de La Pampa, sur de Buenos Aires y el noreste de Río Negro.
Entre llanuras y algunas ondulaciones, era un bosque abierto con caldenes de gran porte creciendo entre pastizales.
Pero la situación cambió. De la superficie original apenas queda un 31% y en muy mal estado.
En Córdoba ocupaba unas 3.000.000 de hectáreas (un 20% del territorio provincial), mientras que hoy no supera las 50.000 has. (un 0,3% de la Provincia).
En San Luis, antes, cubría unas 850.000 has. y ahora apenas unas 644.000 has. (un 1,8% del total provincial).
En La Pampa había una superficie de bosque de 3.500.000 has., que abarcaba el 24% de la superficie provincial. Hoy apenas quedan un remanente de no más de 1.600.000 has., es decir, apenas un 11% del territorio provincial.
Tiempos difíciles
"En la actualidad los bosques de caldén están siendo amenazados por la extensión de la frontera agrícola favorecida por los valores de mercado de los productos agropecuarios, el aparente incremento de las precipitaciones en la región en los últimos años y la utilización de modernos sistemas de labranza e irrigación que permiten el uso de áreas que en el pasado no eran deseables para cultivos", agrega el Inventario.
Y el panorama es bastante desalentador. Desmontes, incendios, caminos y picadas, campos arados… parten el bosque y lo convierten en un gran tablero de ajedrez. El problema es que se fragmenta el hábitat de cientos de especies vegetales y animales. Existen fragmentos que van desde una hectárea (una manzana en una ciudad cualquiera) hasta unas 50.000 has. Pero lo más alarmante es que la mitad de estos corresponde a fracciones de menos de 100 has.
Especies que se van
Están identificadas una variedad de 333 especies de vertebrados, 71 mamíferos (mayormente terrestres), 68 reptiles, 15 anfibios y un total de 178 especies de aves, de las cuales unas 70 son acuáticas, semiacuáticas o periacuáticas.
Sin embargo, se denuncia que la degradación y la pérdida del hábitat son una amenaza actual.
"En los últimos 100 años se han extinguido localmente unas 15 especies de vertebrados, y dos aves migratorias, la Gallineta antártica y el Playero esquimal, están a punto de desaparecer globalmente. La presencia histórica de algunas especies perdura sólo en toponimias que hoy sorprenden, pero que hace apenas un siglo testimoniaron, por ejemplo, la existencia de Panthera onca ("tigres" o yaguareté,) y de otros representantes de una fauna hoy extirpada para siempre del centro de Argentina".
Según el trabajo de la SAyDS, ya no hay bosque original. De hecho, el que se observa, corresponde a una nueva configuración que le han dado el ganado, el fuego (sólo "en La Pampa se quemó un promedio de 300.000 hectáreas por año en los últimos 5 años") y la introducción de especies exóticas. Así, caldenes flacos y pastizales naturales modificados conforman hoy un bosque impenetrable.
Chaco: escandalo ambiental
Chaco: escandalo ambiental por siderurgica que consumirá bosques nativos
Fecha de Publicación: 22/05/2008
Autor del Artículo: Raúl Montenegro - FUNAM
Provincia/Región: Chaco
Gobierno del Chaco vuelve al siglo XIX. Apoya radicación de empresa siderúrgica brasileña que consumiría 180.000 toneladas por año de carbón vegetal procedente de bosques nativos. Equivale a la destrucción de unos 400.000 árboles del monte por año.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, apoyó en Resistencia la creciente oposición pública contra la radicación de la empresa Vetorial. Sostuvo que esta lucha "debe nacionalizarse porque Vetorial pretende institucionalizar por primera vez en Argentina la destrucción masiva de bosques nativos para la producción de hierro" [arrabio]. Agregó que consolidaría además "el trabajo semi-esclavo de las carboneras chaqueñas".
Miles de hectáreas del bosque chaqueño desaparecerían para que la empresa "Vetorial" de Brasil produzca hierro. Plantarán además Eucalyptus que volverán más secas las tierras donde se coloquen. "Creen erróneamente que los bosques solo son árboles. Olvidan que el bosque chaqueño solo puede ser reemplazado por el bosque chaqueño", indicó Montenegro.
Un debate público convocado por la Cámara de Diputados del Chaco produjo un documento que critica duramente la pretensión de Vetorial. Su localización afectaría además una zona natural protegida por la Convención Internacional de Ramsar.
El Dr. Raúl Montenegro, que cerró el ciclo de conferencias en el debate público organizado por la Cámara de Diputados, explicó que la empresa Vetorial "quiere instalarse en la provincia del Chaco por tres razones: primero, porque el gobierno brasileño está restringiendo el uso de carbón vegetal extraído de selvas nativas; segundo, porque la empresa Vetorial ya fue castigada en Brasil con una multa superior a los 10 millones de dólares por prácticas no sustentables, y tercero, porque los controles ambientales del gobierno del Chaco son pésimos".
Córdoba, Resistencia y Buenos Aires (Argentina), 20 de mayo de 2008. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización con status consultivo en Naciones Unidas y miembro de la RENACE, calificó de "escándalo ambiental" la decisión del gobierno del Chaco de "apoyar la radicación de la empresa siderúrgica Vetorial" pues consumiría "unas 180.000 toneladas por año de carbón vegetal procedente de bosques nativos, lo que equivaldría a destruir unos 400.000 árboles del monte por año". FUNAM sostuvo que con esta medida "el Chaco vuelve al siglo XIX, es como si resurgiera La Forestal inglesa que destrozó sistemáticamente los quebrachos colorados del bosque chaqueño".
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, apoyó en Resistencia la creciente oposición pública contra la radicación de la empresa Vetorial. Sostuvo que esta lucha "debe nacionalizarse porque Vetorial institucionalizaría por primera vez en Argentina la destrucción masiva de bosques nativos" y porque la producción de hierro destinado a la fabricación de acero [arrabio] "consolidaría el trabajo semi-esclavo de las carboneras chaqueñas". Sostuvo que además de destruir bosque nativo "Vetorial plantará Eucalyptus que volverán más secas las tierras donde se coloquen". Unas 25.000 hectáreas serían afectadas por esta plantación paulatina de Eucalyptus.
Consulta pública organizada por Cámara de Diputados critica duramente el intento de Vetorial. Porqué la empresa brasileña quiere instalarse en Chaco.
Coincidente con la creciente resistencia pública a la pretensión de Vetorial, , condenada por las ONGs de ambiente y derechos humanos de la región, la Cámara de Diputados del Chaco organizó un debate público sobre la controvertida siderúrgica brasileña (15 y 16 de mayo de 2008). Como resultado del encuentro se produjo un documento que cuestiona con dureza el intento de Vetorial por establecerse en Chaco, y la evaluación de impacto ambiental que presentó la empresa. La Diputada Clelia Ávila, principal impulsora de la consulta, indicó que las conclusiones consideran la instalación de la siderúrgica brasileña como "un nefasto antecedente para nuestro país" por sus consecuencias irreparables para el bosque nativo, los humedales y la salud de las personas, y porque "afectaría un ambiente protegido por la Convención Internacional de Ramsar". La Diputada Ávila agregó que el documento "reconoce la importancia de absorber mano de obra dado el desempleo y la pobreza que hay en nuestra provincia, pero eso no tiene que ser en desmedro del bienestar de todos". "Por eso se habló -indicó la Diputada- de la importancia de generar alternativas de desarrollo y de producción que sean más sanas y saludables, y que también puedan emplear mano de obra, pero sin afectar la calidad de vida ni comprometer el bosque nativo del Chaco". La empresa Vetorial solo ofrecería 150 empleos "pero haría peligrar los miles de puestos de trabajo que puede brindar el uso sustentable del bosque chaqueño",
El Prof. Juan José Neiff, director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral de Corrientes, dependiente del CONICET, recordó que el área donde se pretende instalar la planta es un humedal de importancia Internacional. El "Humedal Chaco", que tiene 508.000 hectáreas de superficie, que integra la lista de sitios oficialmente reconocidos por la Convención de Ramsar.
El Dr. Raúl Montenegro, que cerró el ciclo de conferencias en el debate público organizado por la Cámara de Diputados, sostuvo que la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa "es lamentable pues omite considerar la mayor parte de los impactos que produce una siderúrgica alimentada con carbón vegetal". Agregó que en cualquier país serio "esta evaluación sería rechazada". Montenegro explicó que la empresa Vetorial "quiere instalarse en la provincia del Chaco por tres razones: primero, porque el gobierno brasileño está restringiendo el uso de carbón vegetal extraído de selvas nativas; segundo, porque la empresa Vetorial ya fue castigada en Brasil con una multa superior a los 10 millones de dólares por prácticas no sustentables, y tercero, porque los controles ambientales del gobierno del Chaco son pésimos".
Fecha de Publicación: 22/05/2008
Autor del Artículo: Raúl Montenegro - FUNAM
Provincia/Región: Chaco
Gobierno del Chaco vuelve al siglo XIX. Apoya radicación de empresa siderúrgica brasileña que consumiría 180.000 toneladas por año de carbón vegetal procedente de bosques nativos. Equivale a la destrucción de unos 400.000 árboles del monte por año.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, apoyó en Resistencia la creciente oposición pública contra la radicación de la empresa Vetorial. Sostuvo que esta lucha "debe nacionalizarse porque Vetorial pretende institucionalizar por primera vez en Argentina la destrucción masiva de bosques nativos para la producción de hierro" [arrabio]. Agregó que consolidaría además "el trabajo semi-esclavo de las carboneras chaqueñas".
Miles de hectáreas del bosque chaqueño desaparecerían para que la empresa "Vetorial" de Brasil produzca hierro. Plantarán además Eucalyptus que volverán más secas las tierras donde se coloquen. "Creen erróneamente que los bosques solo son árboles. Olvidan que el bosque chaqueño solo puede ser reemplazado por el bosque chaqueño", indicó Montenegro.
Un debate público convocado por la Cámara de Diputados del Chaco produjo un documento que critica duramente la pretensión de Vetorial. Su localización afectaría además una zona natural protegida por la Convención Internacional de Ramsar.
El Dr. Raúl Montenegro, que cerró el ciclo de conferencias en el debate público organizado por la Cámara de Diputados, explicó que la empresa Vetorial "quiere instalarse en la provincia del Chaco por tres razones: primero, porque el gobierno brasileño está restringiendo el uso de carbón vegetal extraído de selvas nativas; segundo, porque la empresa Vetorial ya fue castigada en Brasil con una multa superior a los 10 millones de dólares por prácticas no sustentables, y tercero, porque los controles ambientales del gobierno del Chaco son pésimos".
Córdoba, Resistencia y Buenos Aires (Argentina), 20 de mayo de 2008. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización con status consultivo en Naciones Unidas y miembro de la RENACE, calificó de "escándalo ambiental" la decisión del gobierno del Chaco de "apoyar la radicación de la empresa siderúrgica Vetorial" pues consumiría "unas 180.000 toneladas por año de carbón vegetal procedente de bosques nativos, lo que equivaldría a destruir unos 400.000 árboles del monte por año". FUNAM sostuvo que con esta medida "el Chaco vuelve al siglo XIX, es como si resurgiera La Forestal inglesa que destrozó sistemáticamente los quebrachos colorados del bosque chaqueño".
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, apoyó en Resistencia la creciente oposición pública contra la radicación de la empresa Vetorial. Sostuvo que esta lucha "debe nacionalizarse porque Vetorial institucionalizaría por primera vez en Argentina la destrucción masiva de bosques nativos" y porque la producción de hierro destinado a la fabricación de acero [arrabio] "consolidaría el trabajo semi-esclavo de las carboneras chaqueñas". Sostuvo que además de destruir bosque nativo "Vetorial plantará Eucalyptus que volverán más secas las tierras donde se coloquen". Unas 25.000 hectáreas serían afectadas por esta plantación paulatina de Eucalyptus.
Consulta pública organizada por Cámara de Diputados critica duramente el intento de Vetorial. Porqué la empresa brasileña quiere instalarse en Chaco.
Coincidente con la creciente resistencia pública a la pretensión de Vetorial, , condenada por las ONGs de ambiente y derechos humanos de la región, la Cámara de Diputados del Chaco organizó un debate público sobre la controvertida siderúrgica brasileña (15 y 16 de mayo de 2008). Como resultado del encuentro se produjo un documento que cuestiona con dureza el intento de Vetorial por establecerse en Chaco, y la evaluación de impacto ambiental que presentó la empresa. La Diputada Clelia Ávila, principal impulsora de la consulta, indicó que las conclusiones consideran la instalación de la siderúrgica brasileña como "un nefasto antecedente para nuestro país" por sus consecuencias irreparables para el bosque nativo, los humedales y la salud de las personas, y porque "afectaría un ambiente protegido por la Convención Internacional de Ramsar". La Diputada Ávila agregó que el documento "reconoce la importancia de absorber mano de obra dado el desempleo y la pobreza que hay en nuestra provincia, pero eso no tiene que ser en desmedro del bienestar de todos". "Por eso se habló -indicó la Diputada- de la importancia de generar alternativas de desarrollo y de producción que sean más sanas y saludables, y que también puedan emplear mano de obra, pero sin afectar la calidad de vida ni comprometer el bosque nativo del Chaco". La empresa Vetorial solo ofrecería 150 empleos "pero haría peligrar los miles de puestos de trabajo que puede brindar el uso sustentable del bosque chaqueño",
El Prof. Juan José Neiff, director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral de Corrientes, dependiente del CONICET, recordó que el área donde se pretende instalar la planta es un humedal de importancia Internacional. El "Humedal Chaco", que tiene 508.000 hectáreas de superficie, que integra la lista de sitios oficialmente reconocidos por la Convención de Ramsar.
El Dr. Raúl Montenegro, que cerró el ciclo de conferencias en el debate público organizado por la Cámara de Diputados, sostuvo que la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa "es lamentable pues omite considerar la mayor parte de los impactos que produce una siderúrgica alimentada con carbón vegetal". Agregó que en cualquier país serio "esta evaluación sería rechazada". Montenegro explicó que la empresa Vetorial "quiere instalarse en la provincia del Chaco por tres razones: primero, porque el gobierno brasileño está restringiendo el uso de carbón vegetal extraído de selvas nativas; segundo, porque la empresa Vetorial ya fue castigada en Brasil con una multa superior a los 10 millones de dólares por prácticas no sustentables, y tercero, porque los controles ambientales del gobierno del Chaco son pésimos".
Bosques de Córdoba no dejan de retroceder
Los bosques de Córdoba no dejan de retroceder
Fecha de Publicación: 23/03/2008
Autor del Artículo: Nota publicada en Hoy la Universidad
La UNC dio a conocer un informe sobre la deforestación alarmante que sufre la provincia. Para el año 2000 se había perdido el 85% de sus montes. Y la tala de árboles triplica a la tasa que registra el Amazonas. Las consecuencias sociales del fenómeno.
Hace menos de cien años la provincia de Córdoba tenía 3/4 partes de su territorio cubierto de bosques nativos, lo que comúnmente se denomina monte. Para el 2000 se había perdido el 85% de esa vegetación natural y el porcentaje se acrecentó hasta la actualidad.
El ritmo de avance de la deforestación sobre los bosques restantes fue voraz, a tasas que superan las más graves situaciones mundiales: entre 1969 y 1999 el índice de desmonte en la provincia osciló entre el 5% y el 9% anual según las zonas, mientras que las de Sumatra y las del Amazonas, dos casos de emergencia planetaria en deforestación, eran del 3% y el 0,38% respectivamente.
La deforestación no es novedad en Córdoba, ni en el país, ni en el mundo. Pero el ritmo de crecimiento y la magnitud que adquirió en nuestra provincia en estos últimos 20 años la convirtieron en un problema trascendental para el futuro de los cordobeses, porque sus consecuencias ya están afectando profundamente las condiciones ambientales, económicas y sociales.
Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) existen docentes y facultades que están abordando el tema desde hace algunos años. Entre ellos están el Biólogo Dr. Marcelo Zak -docente de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades- y el Biólogo Dr. Marcelo Cabido -de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-. Sus trabajos científicos han permitido dimensionar el crecimiento y el tamaño del desmonte en Córdoba, que ya estaba siendo denunciado por muchas organizaciones e instituciones. En ese sentido, la investigación universitaria constituye un aporte al conocimiento de nuestros problemas y al involucramiento de la sociedad en su resolución.
Los árboles no mueren de pie
Los verdaderos problemas para los bosques de nuestra provincia comenzaron a principios del siglo XX. Antes de la gran expansión de la agricultura, los bosques (tanto de sierras como de llanuras) ocupaban en Córdoba alrededor de 110.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 11 millones de hectáreas. Durante el siglo pasado y hasta la actualidad la provincia de Córdoba perdió unos 93.500 kilómetros cuadrados de bosques, lo que equivale a 9,3 millones de hectáreas aproximadamente.
Ya en 1960 los bosques nativos sólo se restringían a la zona norte y noroeste de la provincia. Entre 1960 y 1999 se perdieron más de 1,2 millones de hectáreas, tanto de sierra como de llanura. Durante los años siguientes, y fundamentalmente en las últimas dos décadas, los intereses económicos arrasarán también con gran parte de lo que quedaba, a un ritmo literalmente arrollador.
El avance y velocidad de los desmontes en nuestra provincia plantea, según los investigadores, una situación de emergencia sobre la cual es preciso alertar, pero sobre todo actuar. Zak y Cabido hicieron un estudio comparativo entre la vegetación de las sierras cordobesas entre 1969 y 1999. El trabajo se circunscribió a 5 departamentos del norte provincial y reveló datos contundentes. El bosque nativo se redujo un 85% en esos treinta años.
La situación alarmó hasta al propio Estado nacional, por la rapidez con que estaba ocurriendo. Según estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la provincia tuvo entre 1998 y 2006 una tasa de deforestación que osciló entre 2,52% y 2,93% (la más alta del país), lo que significó la pérdida de 216.728 hectáreas de bosques.
La tasa mundial de deforestación es del 0,23% promedio: en esos años Córdoba estuvo más de diez veces por encima del promedio mundial. Hubo picos de 7,53%, como el del Departamento Río Primero, que en menos de 14 años podría quedarse sin bosque nativo. Otro caso grave dentro de nuestro país es el de Santiago del Estero, pero tiene valores menores a los de Córdoba: oscila entre 1,40% y un 5% según las zonas.
Un "complot" contra el bosque
La opinión de todos los investigadores y docentes es unánime: la principal causa del crecimiento del desmonte en el norte de la provincia es la extensión de la frontera agropecuaria, vinculado al sector de los agronegocios. La suba internacional del precio de la tierra elevó también el costo de las zonas tradicionalmente agrícolas. La primera reacción de los productores ante eso fue buscar tierras nuevas en zonas marginales, para incorporarlas a la agricultura -principalmente a la siembra de soja- y a la ganadería extensiva.
Pero muchas de esas tierras eran inadecuadas para esas producciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué hizo posible la extensión de esta frontera hacia el norte provincial? En primer lugar el precio, pues allí las tierras valían hasta 10 veces menos que en las zonas del centro y sur. Pero esa expansión también fue posible -y aún sigue siéndolo- porque coincidió con un ciclo húmedo mediante el cual el norte de Córdoba pasó de un promedio de lluvias de 650 mm. anuales en la década del 50 a casi 800 mm. anuales en la del 90.
Según Marcelo Zak, "todo indica que ese ciclo húmedo en algún momento va a acabarse y las lluvias van a volver a sus valores históricos. Cuando eso pase, lo más probable es que esos campos tengan que abandonarse por ser inviables para esa producción y como fueron desmontados se transformarían en desiertos".
Otros elementos importantes fueron la aparición de tecnologías como la siembra directa, -que casi no necesita remover el suelo- y la implantación desde 1996/97 de la soja transgénica, que es resistente a mayores temperaturas y, sobre todo, al glifosato, un herbicida total. La semilla y el glifosato fueron introducidas por la multinacional Monsanto, que vendía el paquete completo. Las ventas de glifosato aumentaron en el país un 2300% en 6 años: pasaron de 1,3 millones de litros en 1991 a 30 millones en 1997 y la producción de soja pasó, por ejemplo, de 6 mil hectáreas en 1957/58 a 150 mil hectáreas en 1999/2000 en los departamentos investigados en el estudio de Zak y Cabido.
El golpe de gracia provino del otro lado del mundo. El crecimiento de la economía china produjo el aumento del ingreso per cápita de sus habitantes y, con ello, una mejora en sus opciones alimenticias. Los chinos comenzaron a comer más carne de cerdo, que son alimentados con soja, en buena parte importada de nuestro país. Eso ya elevó el precio de esa oleaginosa, pero la devaluación de nuestra moneda en 2002 hizo más jugoso el negocio, porque los ingresos en dólares se triplicaron, mientras cayeron los costos internos.
Entonces: tierras más baratas, aumento de lluvias, una tecnología que disminuyó el esfuerzo y la mano de obra necesaria, más un mercado con demanda creciente y precios elevados. Lo único que se interponía -y se interpone- en ese negocio es el bosque nativo. Esto es lo que Marcelo Zak llama "un complot contra el bosque". Un complot, por supuesto, que tiene algo de fatalidad, pero también mucho de causalidad humana contante y sonante. br / Para los investigadores, la otra gran causa de desmonte es más bien subsidiaria de la primera. La extensión de la frontera agrícola demanda la mayor cantidad de tierras posibles y esto provoca también un corrimiento de la actividad ganadera vacuna extensiva hacia zonas marginales hasta ese momento a esa actividad.
Sobre los precios y los costos
Dada la magnitud del problema, en Córdoba ya no se trata de estimar predictivamente las consecuencias del desmonte, sino de medirlas en términos concretos. br / Toda la región norte de nuestra provincia alberga ecosistemas muy frágiles que se han consolidado por la interacción de muchas especies a través de miles de años. En términos ambientales, el desmonte provoca la modificación drástica de esas condiciones: una pérdida de su hábitat natural para muchas especies animales y vegetales y un consecuente menoscabo de biodiversidad para el hombre. A su vez los suelos quedan desprotegidos contra la erosión hídrica y eólica, lo que le va provocando la disminución de nutrientes hasta llegar a la desertificación completa.
La idea del quebranto del hábitat no deja de parecer algo lejano sobre lo que es difícil tomar real magnitud. Pero ya ha tenido consecuencias bien concretas en nuestra provincia: la invasión de langostas quebracheras que ocurrió a fines de 2006 en Quilino se devoró 110 mil hectáreas. Situaciones similares se vivieron en Santiago del Estero y Chaco. Es lo que se podría denominar una respuesta contundente. ¿Qué tienen que ver las langostas con el desmonte? Los investigadores indican que una de las principales causas fue la devastación del quebracho (su principal alimento), ante lo cual avanzaron sobre lo que encontraron. Algo similar está pasando en Villa Las Rosas, donde las serpientes desplazadas y arrastradas por el desmonte están ocupando la zona urbana.
Otras consecuencias ambientales importantes están vinculadas al agua, en algunos casos por abundancia y en otros por ausencia. En primer término porque los bosques frenan, retienen y absorben el agua de las lluvias. Cuando se desmontan zonas serranas, se producen inundaciones como la que arrasó el año pasado a Tartagal (Salta).
Por otro lado se produce un efecto contrario: el desmonte en las cuencas acuíferas dificulta la retención y absorción que realizan los bosques, y eso perjudica a los ríos que luego nos proveen de agua potable. Pero, como advierte Cabido, "el desmonte se puede ver, pero uno de los problemas más grave está más abajo y no se ve". Ocurre que cuando los bosques son sustituidos por cultivos transgénicos que requieren grandes cantidades de herbicidas, esos agroquímicos pueden empezar a contaminar el agua que consumimos, a través de la acción de arrastre de las lluvias y la filtración a las napas subterráneas. En ese sentido, el biólogo Federico Kopta, presidente de la Fundación ACUDE y coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que de los 276 plaguicidas autorizados por el SENASA y usados en el país, sólo dos son controlados en el agua potable, además de otros ocho que ya están prohibidos. "Pero para lo que realmente se usa, no hay norma ni control", indica.
Córdoba: ¿la de ayer o la de hoy?
La biodiversidad que aportan los bosques suele verse como algo abstracto, algo que nada tiene que ver con nuestra vida. Pero Marcelo Zak logra explicar sencillamente por qué es importante y cuánto dependemos de ella: "En el bosque y su biodiversidad está nuestro reaseguro para el futuro. Supongamos que, por los cambios climáticos, aumenta la temperatura seis grados en nuestro país, lo que es muchísimo. El maíz, tal cual lo conocemos, no resistiría ese cambio. Tendríamos que ir a México y buscar uno de los antecesores del maíz. En los bosques nativos de ese país todavía hay maíz salvaje. Alguno de ellos, por diversidad genética, seguramente está adaptado a más temperatura. Lo sacamos, lo trabajamos y lo volvemos a producir. De eso comemos. Lo mismo con los frutos de nuestros bosques nativos. Más allá de que no te guste la parte bucólica, que te importe un carajo el trino de los pájaros, que las mariposas sólo te gusten pinchadas en un terlgopor, el bosque sigue siendo un reaseguro para el futuro que nos permitirá sobrevivir a los fuertes o pequeños cambios. Hasta por una cuestión de egoísmo, lo que te conviene es el bosque. Es muy simple".
La situación en la provincia es grave y muchas veces paraliza o inhibe. Pero según Cabido "aún estamos a tiempo de evitar sacrificar las zonas que aún quedan, sobre todo al noroeste". Zak, por su parte, trata de pensar qué provincia queremos y cómo la queremos: "A veces pensamos a Córdoba como la veíamos hace unos diez años. Entonces decimos: Bueno, el cambio no es tanto . O decimos: El bosque, para qué lo vamos a defender, si en realidad queda tan poco? ¡Pero no! Tenemos que pensar cuál es la Córdoba que vamos a defender. Si la vamos a proteger según lo que es hoy, perdimos. La tenemos que proteger pensando en lo que fue ayer, y que no fue hace mucho".
Fuentes: La producción de este informe de Hoy la Universidad fue realizada sobre la base de la investigación "Zak, M., Cabido, M., Cáceres, D. and Díaz, S. What drives accelerated land cover change in central Argentina Environmental Management. En prensa." y en base a entrevistas a los biólogo Marcelo Zak, Marcelo Cabido, Fernando Barri y Marcela Tamburini y a los ingenieros Alejandro García Astrada, Alicia Barchuk, Marcelo Cantarero y Gerardo Bergamín, todos docentes y/o investigadores de la UNC. Además se consultó al biólogo Federico Kopta, miembro de la Fundación ACUDE y el Foro Ambiental Córdoba, y a integrantes de las organizaciones del Movimiento Campesino de Córdoba.
Fecha de Publicación: 23/03/2008
Autor del Artículo: Nota publicada en Hoy la Universidad
La UNC dio a conocer un informe sobre la deforestación alarmante que sufre la provincia. Para el año 2000 se había perdido el 85% de sus montes. Y la tala de árboles triplica a la tasa que registra el Amazonas. Las consecuencias sociales del fenómeno.
Hace menos de cien años la provincia de Córdoba tenía 3/4 partes de su territorio cubierto de bosques nativos, lo que comúnmente se denomina monte. Para el 2000 se había perdido el 85% de esa vegetación natural y el porcentaje se acrecentó hasta la actualidad.
El ritmo de avance de la deforestación sobre los bosques restantes fue voraz, a tasas que superan las más graves situaciones mundiales: entre 1969 y 1999 el índice de desmonte en la provincia osciló entre el 5% y el 9% anual según las zonas, mientras que las de Sumatra y las del Amazonas, dos casos de emergencia planetaria en deforestación, eran del 3% y el 0,38% respectivamente.
La deforestación no es novedad en Córdoba, ni en el país, ni en el mundo. Pero el ritmo de crecimiento y la magnitud que adquirió en nuestra provincia en estos últimos 20 años la convirtieron en un problema trascendental para el futuro de los cordobeses, porque sus consecuencias ya están afectando profundamente las condiciones ambientales, económicas y sociales.
Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) existen docentes y facultades que están abordando el tema desde hace algunos años. Entre ellos están el Biólogo Dr. Marcelo Zak -docente de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades- y el Biólogo Dr. Marcelo Cabido -de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-. Sus trabajos científicos han permitido dimensionar el crecimiento y el tamaño del desmonte en Córdoba, que ya estaba siendo denunciado por muchas organizaciones e instituciones. En ese sentido, la investigación universitaria constituye un aporte al conocimiento de nuestros problemas y al involucramiento de la sociedad en su resolución.
Los árboles no mueren de pie
Los verdaderos problemas para los bosques de nuestra provincia comenzaron a principios del siglo XX. Antes de la gran expansión de la agricultura, los bosques (tanto de sierras como de llanuras) ocupaban en Córdoba alrededor de 110.000 kilómetros cuadrados. Esto equivale a 11 millones de hectáreas. Durante el siglo pasado y hasta la actualidad la provincia de Córdoba perdió unos 93.500 kilómetros cuadrados de bosques, lo que equivale a 9,3 millones de hectáreas aproximadamente.
Ya en 1960 los bosques nativos sólo se restringían a la zona norte y noroeste de la provincia. Entre 1960 y 1999 se perdieron más de 1,2 millones de hectáreas, tanto de sierra como de llanura. Durante los años siguientes, y fundamentalmente en las últimas dos décadas, los intereses económicos arrasarán también con gran parte de lo que quedaba, a un ritmo literalmente arrollador.
El avance y velocidad de los desmontes en nuestra provincia plantea, según los investigadores, una situación de emergencia sobre la cual es preciso alertar, pero sobre todo actuar. Zak y Cabido hicieron un estudio comparativo entre la vegetación de las sierras cordobesas entre 1969 y 1999. El trabajo se circunscribió a 5 departamentos del norte provincial y reveló datos contundentes. El bosque nativo se redujo un 85% en esos treinta años.
La situación alarmó hasta al propio Estado nacional, por la rapidez con que estaba ocurriendo. Según estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la provincia tuvo entre 1998 y 2006 una tasa de deforestación que osciló entre 2,52% y 2,93% (la más alta del país), lo que significó la pérdida de 216.728 hectáreas de bosques.
La tasa mundial de deforestación es del 0,23% promedio: en esos años Córdoba estuvo más de diez veces por encima del promedio mundial. Hubo picos de 7,53%, como el del Departamento Río Primero, que en menos de 14 años podría quedarse sin bosque nativo. Otro caso grave dentro de nuestro país es el de Santiago del Estero, pero tiene valores menores a los de Córdoba: oscila entre 1,40% y un 5% según las zonas.
Un "complot" contra el bosque
La opinión de todos los investigadores y docentes es unánime: la principal causa del crecimiento del desmonte en el norte de la provincia es la extensión de la frontera agropecuaria, vinculado al sector de los agronegocios. La suba internacional del precio de la tierra elevó también el costo de las zonas tradicionalmente agrícolas. La primera reacción de los productores ante eso fue buscar tierras nuevas en zonas marginales, para incorporarlas a la agricultura -principalmente a la siembra de soja- y a la ganadería extensiva.
Pero muchas de esas tierras eran inadecuadas para esas producciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué hizo posible la extensión de esta frontera hacia el norte provincial? En primer lugar el precio, pues allí las tierras valían hasta 10 veces menos que en las zonas del centro y sur. Pero esa expansión también fue posible -y aún sigue siéndolo- porque coincidió con un ciclo húmedo mediante el cual el norte de Córdoba pasó de un promedio de lluvias de 650 mm. anuales en la década del 50 a casi 800 mm. anuales en la del 90.
Según Marcelo Zak, "todo indica que ese ciclo húmedo en algún momento va a acabarse y las lluvias van a volver a sus valores históricos. Cuando eso pase, lo más probable es que esos campos tengan que abandonarse por ser inviables para esa producción y como fueron desmontados se transformarían en desiertos".
Otros elementos importantes fueron la aparición de tecnologías como la siembra directa, -que casi no necesita remover el suelo- y la implantación desde 1996/97 de la soja transgénica, que es resistente a mayores temperaturas y, sobre todo, al glifosato, un herbicida total. La semilla y el glifosato fueron introducidas por la multinacional Monsanto, que vendía el paquete completo. Las ventas de glifosato aumentaron en el país un 2300% en 6 años: pasaron de 1,3 millones de litros en 1991 a 30 millones en 1997 y la producción de soja pasó, por ejemplo, de 6 mil hectáreas en 1957/58 a 150 mil hectáreas en 1999/2000 en los departamentos investigados en el estudio de Zak y Cabido.
El golpe de gracia provino del otro lado del mundo. El crecimiento de la economía china produjo el aumento del ingreso per cápita de sus habitantes y, con ello, una mejora en sus opciones alimenticias. Los chinos comenzaron a comer más carne de cerdo, que son alimentados con soja, en buena parte importada de nuestro país. Eso ya elevó el precio de esa oleaginosa, pero la devaluación de nuestra moneda en 2002 hizo más jugoso el negocio, porque los ingresos en dólares se triplicaron, mientras cayeron los costos internos.
Entonces: tierras más baratas, aumento de lluvias, una tecnología que disminuyó el esfuerzo y la mano de obra necesaria, más un mercado con demanda creciente y precios elevados. Lo único que se interponía -y se interpone- en ese negocio es el bosque nativo. Esto es lo que Marcelo Zak llama "un complot contra el bosque". Un complot, por supuesto, que tiene algo de fatalidad, pero también mucho de causalidad humana contante y sonante. br / Para los investigadores, la otra gran causa de desmonte es más bien subsidiaria de la primera. La extensión de la frontera agrícola demanda la mayor cantidad de tierras posibles y esto provoca también un corrimiento de la actividad ganadera vacuna extensiva hacia zonas marginales hasta ese momento a esa actividad.
Sobre los precios y los costos
Dada la magnitud del problema, en Córdoba ya no se trata de estimar predictivamente las consecuencias del desmonte, sino de medirlas en términos concretos. br / Toda la región norte de nuestra provincia alberga ecosistemas muy frágiles que se han consolidado por la interacción de muchas especies a través de miles de años. En términos ambientales, el desmonte provoca la modificación drástica de esas condiciones: una pérdida de su hábitat natural para muchas especies animales y vegetales y un consecuente menoscabo de biodiversidad para el hombre. A su vez los suelos quedan desprotegidos contra la erosión hídrica y eólica, lo que le va provocando la disminución de nutrientes hasta llegar a la desertificación completa.
La idea del quebranto del hábitat no deja de parecer algo lejano sobre lo que es difícil tomar real magnitud. Pero ya ha tenido consecuencias bien concretas en nuestra provincia: la invasión de langostas quebracheras que ocurrió a fines de 2006 en Quilino se devoró 110 mil hectáreas. Situaciones similares se vivieron en Santiago del Estero y Chaco. Es lo que se podría denominar una respuesta contundente. ¿Qué tienen que ver las langostas con el desmonte? Los investigadores indican que una de las principales causas fue la devastación del quebracho (su principal alimento), ante lo cual avanzaron sobre lo que encontraron. Algo similar está pasando en Villa Las Rosas, donde las serpientes desplazadas y arrastradas por el desmonte están ocupando la zona urbana.
Otras consecuencias ambientales importantes están vinculadas al agua, en algunos casos por abundancia y en otros por ausencia. En primer término porque los bosques frenan, retienen y absorben el agua de las lluvias. Cuando se desmontan zonas serranas, se producen inundaciones como la que arrasó el año pasado a Tartagal (Salta).
Por otro lado se produce un efecto contrario: el desmonte en las cuencas acuíferas dificulta la retención y absorción que realizan los bosques, y eso perjudica a los ríos que luego nos proveen de agua potable. Pero, como advierte Cabido, "el desmonte se puede ver, pero uno de los problemas más grave está más abajo y no se ve". Ocurre que cuando los bosques son sustituidos por cultivos transgénicos que requieren grandes cantidades de herbicidas, esos agroquímicos pueden empezar a contaminar el agua que consumimos, a través de la acción de arrastre de las lluvias y la filtración a las napas subterráneas. En ese sentido, el biólogo Federico Kopta, presidente de la Fundación ACUDE y coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que de los 276 plaguicidas autorizados por el SENASA y usados en el país, sólo dos son controlados en el agua potable, además de otros ocho que ya están prohibidos. "Pero para lo que realmente se usa, no hay norma ni control", indica.
Córdoba: ¿la de ayer o la de hoy?
La biodiversidad que aportan los bosques suele verse como algo abstracto, algo que nada tiene que ver con nuestra vida. Pero Marcelo Zak logra explicar sencillamente por qué es importante y cuánto dependemos de ella: "En el bosque y su biodiversidad está nuestro reaseguro para el futuro. Supongamos que, por los cambios climáticos, aumenta la temperatura seis grados en nuestro país, lo que es muchísimo. El maíz, tal cual lo conocemos, no resistiría ese cambio. Tendríamos que ir a México y buscar uno de los antecesores del maíz. En los bosques nativos de ese país todavía hay maíz salvaje. Alguno de ellos, por diversidad genética, seguramente está adaptado a más temperatura. Lo sacamos, lo trabajamos y lo volvemos a producir. De eso comemos. Lo mismo con los frutos de nuestros bosques nativos. Más allá de que no te guste la parte bucólica, que te importe un carajo el trino de los pájaros, que las mariposas sólo te gusten pinchadas en un terlgopor, el bosque sigue siendo un reaseguro para el futuro que nos permitirá sobrevivir a los fuertes o pequeños cambios. Hasta por una cuestión de egoísmo, lo que te conviene es el bosque. Es muy simple".
La situación en la provincia es grave y muchas veces paraliza o inhibe. Pero según Cabido "aún estamos a tiempo de evitar sacrificar las zonas que aún quedan, sobre todo al noroeste". Zak, por su parte, trata de pensar qué provincia queremos y cómo la queremos: "A veces pensamos a Córdoba como la veíamos hace unos diez años. Entonces decimos: Bueno, el cambio no es tanto . O decimos: El bosque, para qué lo vamos a defender, si en realidad queda tan poco? ¡Pero no! Tenemos que pensar cuál es la Córdoba que vamos a defender. Si la vamos a proteger según lo que es hoy, perdimos. La tenemos que proteger pensando en lo que fue ayer, y que no fue hace mucho".
Fuentes: La producción de este informe de Hoy la Universidad fue realizada sobre la base de la investigación "Zak, M., Cabido, M., Cáceres, D. and Díaz, S. What drives accelerated land cover change in central Argentina Environmental Management. En prensa." y en base a entrevistas a los biólogo Marcelo Zak, Marcelo Cabido, Fernando Barri y Marcela Tamburini y a los ingenieros Alejandro García Astrada, Alicia Barchuk, Marcelo Cantarero y Gerardo Bergamín, todos docentes y/o investigadores de la UNC. Además se consultó al biólogo Federico Kopta, miembro de la Fundación ACUDE y el Foro Ambiental Córdoba, y a integrantes de las organizaciones del Movimiento Campesino de Córdoba.
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