Desmontes sin vacaciones en Córdoba

Los desmontes ilegales no se toman vacaciones

Fecha de Publicación: 23/12/2009
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba

La Legislatura recién definirá la adhesión a la ley de bosques en 2010, pero la tala ilegal continúa. La última inspección fue en Villa Santa Rosa.
Mientras se aguarda que la Legislatura Unicameral adhiera a la ley nacional de bosques nativos, con más de un año de retraso y con la promesa de hacerlo a principios del año próximo, no cesan los desmontes en la provincia de Córdoba.
La Secretaría de Ambiente informó hoy que los inspectores del área interrumpieron un desmonte ilegal que se llevaba a cabo cerca de Villa Santa Rosa de Río Primero, al este de la ruta provincial 10.
En el lugar ya se habían realizado tres hectáreas de desmonte total y otras cinco de desmonte selectivo, pero sin contar con la autorización necesaria. Los inspectores llegaron al lugar gracias a una denuncia anónima realizada al 0800-777-0220.
Con orden judicial en mano y con custodia policial, los agentes de Ambiente ingresaron al lugar que ahora será clausurado para recuperar el bosque perdido, con especies como algarrobo, talas y breas.
"El campo desmontado se encontraba disimulado tras una franja utilizada como cortafuegos, tras la cual se divisaba el monte nativo tupido, impidiendo este ver a simple vista la actividad que se desarrollaba campo adentro. Allí se constató la presencia de un tractor con cadena y disco, herramienta utilizada para desmontar, y varios montículos de leña recién cortada y también acopiada", se informa en un comunicado oficial.
Pocos inspectores. Ambiente de la Provincia cuenta com sólo 8 fiscalizadores y 26 guardaparques para vigilar las 1.832.978 hectáreas de bosque de las 16.532.400 hectáreas de territorio provincial. Por eso se incorporaron 60 agentes voluntarios para sumarse a las tareas (ver Faltan inspectores para frenar el desmonte 06/12/09).
Ley demorada. Recién el año próximo la Unicameral aprobaría la ley que adecua las normas locales a la ley nacional 26.331 de bosques nativos. El texto base será el formulado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por organizaciones ambientalistas e instituciones científicas, pero también se integrará el de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), productores autoconvocados y especialistas en el tema. Entre ambos documentos hay una diferencia de 373.394 hectáreas de tierras sujetas a protección (ver Hay 373.394 hectáreas en disputa en la ley de bosques 20/11/09).
Denuncias. Para denunciar desmontes ilegales, se puede llamar al 0800-777-0220 ó escribir a secretariadeambiente@cba.gov.ar.

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Tercer rechazo para la minera

Tercer rechazo para la minera

Fecha de Publicación: 18/12/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba


La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) rechazó los fondos provenientes de la actividad minera. Se suma así a las universidades de Río Cuarto (UNRC) y de Luján (UNLu), las únicas que tomaron similares decisiones por las denuncias de contaminación e impacto ambiental contra la Minera La Alumbrera, sostenidas por las comunidades que rodean el emprendimiento en Catamarca. Por su lado, en medio de disturbios, la Universidad de Cuyo aceptó el dinero proveniente de la empresa.
El Consejo Superior de la UNC resolvió de manera unánime no aceptar los 3,3 millones de pesos que le correspondían por la asignación de las utilidades de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que explota La Alumbrera, obligada por ley a girar recursos a las universidades nacionales.
En su resolución, la Universidad Nacional de Córdoba les solicitó a las autoridades “la revisión de los contratos mineros y la aplicación de sanciones” en caso de que corresponda. Además conformará equipos interdisciplinarios para que analicen el marco jurídico de la minería a cielo abierto para elaborar propuestas de modificación.
Los fondos comenzaron a ser girados a las casas de estudios el año pasado, pero el conflicto comenzó este año, cuando profesores de diferentes universidades alertaron sobre las implicancias de su aceptación acrítica.
El Consejo Superior de la UNCuyo aprobó el uso de los fondos mineros por 17 votos a 11. Organizaciones ambientalistas, estudiantiles y gremiales mostraron su descontento arrojando huevos y agua a los consejeros.

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UNC rechazó los fondos mineros

La UNC es la tercera universidad en rechazar los fondos mineros

Fecha de Publicación: 16/12/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

El Consejo Superior lo decidió por amplia mayoría / La Casa de Trejo se suma así a las universidades nacionales de Río Cuarto y Luján, que devolvieron varios millones de pesos de regalías.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumó al selecto club de las tres únicas casas de estudios nacionales que rechazaron los fondos provenientes de las utilidades de la mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Las otras dos son la Universidad de Río Cuarto y la de Luján. Más de 20 ya aceptaron los fondos.
El Consejo Superior, con una amplia mayoría, incluido el voto de la rectora Carolina Scotto, resolvió rechazar los 3,5 millones de pesos que le correspondían de acuerdo a la ley 14.771.
En los fundamentos de la resolución, que tuvo 29 votos favorables y seis en contra, la Casa de Trejo advierte en general que "(...) se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo (Consejo Superior), que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades (...). Y en particular, que la mina Alumbrera provoca daños ambientales, entre otros, en las cuencas de varios ríos.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos han podido ser validados por ningún estudio científico, necesario para acompañar las denuncias que hay en la Justicia, como resaltó la consiliaria docente Nelly Rueda (Facultad de Lenguas), al fundamentar su postura de aceptar los fondos de La Alumbrera.
"No hay ningún estudio validado científicamente y reconocido internacionalmente que sirva de insumo a un fiscal para actuar contra la minería a gran escala. Nuestra posición era aceptar los fondos, lo que iba a implicar que la universidad tuviera un compromiso, de seguimiento y evaluación, para conocer a ciencia cierta qué daño están haciendo estas mineras", dijo.
La consiliaria lamentó que ahora será el ciudadano común el que financiará los estudios de impacto ambiental de la mina La Alumbrera. "En los países desarrollados, cuando una empresa produce daño lo paga la empresa, no la sociedad. Desgraciadamente, aquí lo va a pagar la sociedad porque la UNC va a usar sus propios recursos para reparar los daños de la megaminería".
La sesión ayer fue copada por agrupaciones de izquierda y organizaciones ambientalistas, las que se hicieron sentir dentro del recinto.
En ese sentido, fueron muchos más los discursos que endulzaron los oídos de los presentes, que los que despertaron sus silbidos y reprobación. Incluso, varios consiliarios que estaban a favor de recibir los fondos prefirieron guardar silencio para no exponerse al "escrache ético".
Raúl Montenegro, el gran impulsor del rechazo a los fondos, estaba exultante ayer,y vaticinó que el compromiso asumido por una de las universidades grandes del país tendrá un gran impacto.

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UNC: a punto de rechazar los fondos mineros

La UNC, a punto de rechazar los fondos mineros

Fecha de Publicación: 14/12/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

Mañana, el Consejo Superior aprobaría la decisión de no aceptar el dinero proveniente de las regalías de La Alumbrera, de Catamarca / 3,5 millones de pesos es el monto que dejará de percibir la Casa de Trejo.
En la última sesión del año, mañana el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) podría poner fin a tanta polémica sobre la aceptación o rechazo de los fondos provenientes de las regalías de la empresa Alumbrera Limited, que explota la mina a cielo abierto Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
Sin dudas, Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para el Ambiente (Funam) y profesor de la Facultad de Psicología, es el principal y activo impulsor del rechazo de los dos millones de pesos que ya están depositados en una cuenta de la UNC y otro 1,5 millón de pesos que debería recibir la Casa de Trejo por este concepto.
En Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María ya aceptó los fondos de La Alumbrera (como ya lo hicieron otras 22 casas de estudios en el país). En cambio la Universidad Nacional de Río Cuarto los rechazó, pese a que su rector, Oscar Spada, se pronunció públicamente a favor de aceptarlos.
En el Consejo Superior de la UNC hay muchos que no están convencidos de que devolver los fondos a la empresa sea la mejor opción, pero ninguno quiere exponerse al “escrache ético” con que vienen amenazando los “antifondos mineros”, lo cual habla pésimo sobre la supuesta libertad de criterio y pensamiento que debería reinar en una universidad. Estos fondos, no obstante, corresponden por ley y no tendrían por qué generar compromiso alguno con las universidades, como sí plantean los ambientalistas en el sentido de crear un “clientelismo de universidades”.
Existe un problema de fondo que es cómo el Estado controla la explotación de los recursos del país, –sean mineros, petrolíferos o de cualquier índole– para que no impacte de modo negativo en el ambiente. De cualquier manera, la discusión está planteada en términos éticos y en ese terreno difícilmente pueda prosperar otra salida.
El Consejo Superior de la UNC viene dilatando una decisión en este sentido. El órgano de gobierno universitario esperaba más del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) cuando le encargó el análisis de esta problemática. El resultado se tradujo en seis informes separados de cada uno de los miembros, de los que sólo fijan posición aquellos que están en contra, como Montenegro.
Sobre tablas. Jhon Boretto, secretario General del Rectorado, confirmó que ya circula en el Consejo Superior lo que sería un anteproyecto presentado por varios consiliarios que propone rechazar los fondos. El tema no está en el orden del día por lo que, de tratarse, debería ser sobre tablas. Si no hay acuerdo, el tema pasaría para el año que viene, pero hay sectores que presionan para que el pronunciamiento sea ahora.
Plata repartida. Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad) repartió este año 86 millones de pesos. Un 60% fue para la Provincia de Catamarca; 20% para la Universidad de Tucumán y el resto correspondería, por ley, a las demás universidades del país.

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Buena ley atacada con falsos argumentos

Una buena ley atacada con falsos argumentos

Fecha de Publicación: 10/12/2009
Fuente: No a La Mina - Por Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo - Funam
Provincia/Región: Córdoba


Desde octubre de 2008 la ley 9526 prohíbe en todo el territorio de la provincia la minería metalífera a cielo abierto, e incluye dentro de la prohibición al uranio y el torio. Sorpresivamente la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) iniciaron un silencioso ataque judicial contra la ley. Pretenden que el Tribunal Superior la considere inconstitucional cuando se ajusta perfectamente a los Artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, y a la Constitución de la provincia
Desde octubre de 2008 la ley 9526 prohíbe en todo el territorio de la provincia la minería metalífera a cielo abierto, e incluye dentro de la prohibición al uranio y el torio. Sorpresivamente la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) iniciaron un silencioso ataque judicial contra la ley. Pretenden que el Tribunal Superior la considere inconstitucional cuando se ajusta perfectamente a los Artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, y a la Constitución de la provincia. Hicieron además su planteo en el peor momento ambiental de Córdoba, cuando las cuencas hídricas –principales víctimas de la mega minería metálica y del uranio- entraron en la peor crisis de su historia. Por otra parte esta iniciativa del Poder Ejecutivo coincidió en su momento con el planteo de movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y cátedras universitarias, y el propio sector minero participó del debate.
Erróneamente se la llama "ley antiminera" cuando en realidad solamente prohíbe la minería metálica y del uranio y el torio, que no tienen yacimientos significativos en la provincia. El mismo Secretario de Minería, Aldo Bonalumi, señala que esta ley no impide la actividad minera en Córdoba. ¿Qué intereses yacen entonces detrás de esta presentación judicial? Existe una causa ubicada fuera de la provincia, y una causa local, imaginaria. Veamos la primera. Esta ley es considerada "un mal ejemplo" por los sectores que alientan la radicación en Argentina de las grandes corporaciones mineras transnacionales. Cuando se conoce públicamente que minera Alumbrera consume 95 millones de litros de agua por día, contamina con derrames ácidos las cuencas hídricas de Catamarca, sufre roturas de su mineraloducto y descarga metales al canal DP2 en Tucumán, la ley de Córdoba es una franca amenaza para otras corporaciones. Sobre todo porque se agrega a seis leyes similares ya aprobadas en otras provincias, y porque puede contagiarse. La sociedad está conociendo, sorprendida, los efectos negativos de las mega mineras, las prácticas clientelares, su insignificante creación de puestos de trabajo y que pagan pocos impuestos. No es casual que 31 universidades, facultades y unidades académicas le hayan dicho no a los fondos procedentes de Alumbrera, en una rebeldía ética que continúa multiplicándose.
La otra causa que habría impulsado la presentación ante el Tribunal Superior no tiene asidero práctico. Sus promotores asumen, arbitrariamente, que luego se aprobará otra ley para prohibir la minería no metálica. Vaticinan además grandes calamidades en el plan nuclear y que Argentina –por culpa de Córdoba- quedará fuera del sistema nuclear mundial. Esto es absurdo. La ley es sabia porque protege las cuencas hídricas, ya muy destruidas, de la mega minería de superficie. Las sierras de Córdoba –principal objetivo de las mineras- tienen una función irreemplazable: "fabricar" el agua de las principales cuencas hídricas, actuar como caja de ahorro y aumentar la resistencia a las sequías y los excesos de lluvia. Lamentablemente en la provincia solo quedan, como bosque cerrado, menos del 5% de la superficie original. Y uno de los ambientes más afectados es precisamente el serrano. Los cortes en el suministro de agua son una llamada de atención que los propios mineros no deberían ignorar.
Pero Córdoba tiene además buena memoria, y la ley lo refleja. La mina de uranio de Los Gigantes contaminó indiscriminadamente los arroyos Cajón y Cambuche, y la cuenca del río San Antonio. Aprovechando las crecidas de los ríos se lanzaba, alternativamente, descargas ácidas de color verde y descargas alcalinas de color blanco. Llegó incluso a peligrar la actividad turística en Villa Carlos Paz. Al día de hoy la mina sigue sin estar remediada, y en un recorrido de campo realizado allí por el autor de esta nota su fondo radiactivo duplica el medido fuera de la mina. Los directos responsables del descalabro ambiental de Los Gigantes fueron Sanchez Granel Ingeniería S.A. y la propia CNEA.
Pero no hay que viajar a las sierras para ver el desmanejo del uranio que hizo la nación. En barrio Alta Córdoba se localiza la planta de Dioxitek S.A., donde CNEA es accionista mayoritaria. Allí se almacenan, sin membrana, más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, en su mayoría uranio y derivados del uranio. Su "chichón" produce radón 222, un gas radiactivo, y las actividades de la planta descargan por año unos 2 kilogramos de uranio al aire del barrio y unos 150 kilogramos de uranio a la colectora cloacal. Al día de hoy la totalidad de las minas de uranio que manejó CNEA siguen sin estar remediadas, incluida Malargüe, donde comenzaron algunas obras.
Resulta por lo menos curioso que una buena ley, que protege la "fábrica" de agua de los cordobeses, sea atacada por un sector minero que ni siquiera es perjudicado por esa ley. Cuando en Argentina peligran los glaciares y ambiente periglacial por la mega minería, cuando el excesivo consumo de agua de Alumbrera en Catamarca o Veladero en San Juan amenazan fuentes únicas e irreemplazables, y la mayoría de las provincias rechaza tener minas de uranio, Córdoba está protegida. El interés público y la protección de nuestras fuentes naturales de agua son más importantes que intereses sectoriales mezquinos, jurídicamente mal planteados e inoportunos.

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Ley Antiminera en Córdoba, en alerta

Ley Antiminera: ambientalistas lanzan alerta

Fecha de Publicación: 09/12/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Vigilia. Aguardan un fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre un pedido de inconstitucionalidad de la ley.
Grupos de vecinos autoconvocados se declararon en estado de alerta y movilización ante el fallo que se aguarda del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sobre un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9.526, que prohíbe la minería nuclear y la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial.
Las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta, creadas en oposición a proyectos de desarrollo minero en esas zonas, sostienen que la ley provincial vigente “no afecta la actividad de la minería tradicional”, como las canteras de cal, de granito y otras.
La Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Cnea (Apcnean) presentaron en mayo ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. Sostienen que este marco legal va contra el Código de Minería y la Constitución Nacional.
La Ley Antiminera –sancionada durante la gestión de Juan Schiaretti– derogó una ley anterior, que reconocía a Córdoba como provincia nuclear, y permitía la exploración y explotación del uranio.

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Ofensiva contra la Ley Antiminera en Córdoba

Reclamo polémico: ofensiva contra la Ley Antiminera

Fecha de Publicación: 06/12/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

Decisión contundente. El año pasado se dictó una norma que prohíbe la minería metalífera y nuclear / Los mineros creen que en el corto plazo también se puede trabar la actividad de las canteras / Hubo una demanda; debe resolver el Tribunal Superior.
Hace poco más de un año, Córdoba dictó una ley que prohibió la minería metalífera y nuclear en todo su territorio. Muchos respiraron aliviados. Respiró el gobierno de Juan Schiaretti, que se quitó de encima un ruidoso problema que amenazaba acompañarlo toda su gestión, y respiraron los ambientalistas y quienes temían que las serranías acogieran una colosal mina a cielo abierto como las que se explotan en la cordillera.
Pero lo que fue presentado como una solución, ahora amenaza con convertirse en un grave problema: los mineros cordobeses y los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) han unido esfuerzos para que aquella ley desaparezca. Ambas entidades entienden que se trata de una ley retrógrada, que perjudica el desempeño profesional y económico, que obstaculiza la investigación científica y que provocará un retroceso en el desarrollo de la provincia.
Sin hacer ruido, el pasado 4 de mayo la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Cnea (Apcnean), presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. En esa acción preventiva, sostienen que el actual marco legal, además de dejarlos sumidos en la incertidumbre con respecto a su futuro, va contra el Código de Minería y la Constitución Nacional. En resumen, señalan que la Provincia no puede dictar esa prohibición porque se trata de un tema sobre el que debe legislar el Congreso de la Nación.
Efectos localizados. Cuando el Gobierno cordobés dictó su ley prohibicionista contra la gran minería metalífera a cielo abierto, llamó la atención que estaba prohibiendo algo que no existía, que nunca existió y que probablemente no existirá jamás en la provincia. En un territorio donde no se ha comprobado –por ejemplo– la existencia ni de una sola reserva significativa de oro, hablar de que se usará cianuro a gran escala para separar minerales preciosos, sigue siendo algo tan ajeno a Córdoba como el mar y las auroras boreales.
La prohibición cordobesa se adoptó en un contexto nacional en el que resonaban fuerte los reclamos de las poblaciones de provincias precordilleranas contra los emprendimientos de compañías mineras internacionales. A eso se sumó la protesta de organizaciones ambientalistas cordobesas que advertían sobre la posible explotación de oro en las cercanías de Ongamira, aunque la Secretaría de Minería provincial informaba no había aprobado proyecto alguno para esa región.
La minería tradicional de Córdoba, hoy dedicada a extraer rocas de aplicación y al triturado para usar en la industria de la construcción, siempre pareció quedar afuera del ímpetu prohibicionista. Pero los empresarios provinciales comenzaron a ver su futuro con incertidumbre cuando algunos grupos políticos empezaron a mencionar que toda la minería, no solamente la metalífera, es perjudicial para el medio ambiente.
El presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, explicó que hicieron el planteo contra la ley ante el Tribunal Superior porque "hoy son ellos (los mineros metalíferos), pero mañana podemos ser nosotros". Sentado en el despacho de su cantera en la ciudad de La Calera, Apfelbaum sostuvo que la ley "es una prohibición demagógica. En promedio, cada persona usa a lo largo de su vida 1.810 toneladas de mineral. Prohibir la minería es no reconocer el valor de la actividad".
Desde la asociación de profesionales de la Cnea, el geólogo Juan Carlos Quer criticó que la Ley Antiminera haya prohibido toda actividad relacionada con minerales nucleares, especialmente el uranio, siendo que Córdoba es una provincia claramente nuclear. "Tenemos la central nuclear de Embalse, la única planta de producción de cobalto 60, la planta de producción de dióxido de uranio, la sede de la regional centro de la Gerencia de Exploración de Materias Primas Nucleares, el ex yacimiento de uranio Los Gigantes en etapa de cierre definitivo, el reactor de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas y equipamientos médicos con materiales nucleares. Esta ley impide que sigamos trabajando".
El secretario general de la seccional Córdoba de Apcnean, Carlos Alberto Granero, sostuvo que la ley cordobesa "arruina el campo laboral de numerosos profesionales. Además el uso de sustancias peligrosas, como el ácido sulfúrico, sólo se lo prohíbe a la minería, pero hay muchas otras actividades que las emplean, que son menos fáciles de controlar y sobre las que la ley no dice nada".
Última etapa en el Superior. Desde el Tribunal Superior de Justicia informaron que el planteo contra Ley Antiminera ya ingresó en su última etapa y se está redactando la sentencia. "El tema está en la sala electoral por competencia originaria y, por ser un planteo de inconstitucionalidad, deberán intervenir los siete miembros".
Antes, el Tribunal corrió vista a la Fiscalía General, que el 15 de mayo emitió un dictamen en el que tachó el planteo de inadmisible formalmente, porque debería haber sido presentado algunos meses antes. Esto fue apelado por los mineros, que esperan que al final el Tribunal admita su demanda y termine pronunciándose sobre si ley seguirá vigente o no. Desde el cuerpo judicial no adelantan fechas de pronunciamiento ni dejan trascender hacia qué lado de la balanza se inclinará la decisión.
El abogado de los demandantes, Rafael Vaggione, opinó que si la ley continúa en vigencia "Córdoba va a ayudar a que Argentina quede fuera del sistema nuclear mundial. Esta prohibición es mala para Córdoba y para el país. Que además, en este momento, la Universidad Nacional piense que es posible rechazar los fondos provenientes de la minería, hace esto más y reaccionario".
El secretario de Minería Aldo Bonalumi no habló con este diario, pero envió un breve comunicado. "De ninguna manera –señaló– se trata de una ley que impida la actividad minera de Córdoba (...) Con los productores mineros se está transitando por un momento histórico en las relaciones interinstitucionales, logrando resultados extraordinarios".
Bonalumi es apreciado por buena parte de las Pyme mineras cordobesas. Muchos de estos mineros fueron sus alumnos en la cátedra de Petrografía en la UNC. "Esta ley es una enorme piedra en el zapato para él, pero no le quedó otra que bancársela", definió el presidente de una de una importante cantera.
Desde las organizaciones ambientalistas, que no conocían la existencia del pedido contra la ley, manifestaron su voluntad de trabajar para que "no se toque ni un centímetro del suelo de las sierras cordobesas". Rosario Pezza, de la agrupación Conciencia Solidaria, anticipó que seguirán "trabajando para que esto no suceda, para que no volteen la ley".
Si la ley cayera, nadie prevé que Córdoba sea escenario de inversiones mineras metalíferas como las que se ven en Catamarca o San Juan. Pero sí se cree que podría avanzar la exploración del uranio y la investigación científica, ya que Argentina se encuentra abocada a la construcción de nuevas centrales nucleares, tal como lo está haciendo el resto de los países del mundo que tienen manejo de la tecnología nuclear.

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Desmontes causaron otro aluvión en Córdoba

Los desmontes causaron otro aluvión en la provincia

Fecha de Publicación: 29/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

Achiras. Lodo y más de cinco metros de agua se llevaron un puente y destruyeron el balneario del pueblo / Fuego. Este año, los incendios habían pelado 30 mil hectáreas de monte en la zona, el protector natural del suelo / Sudoeste. Lluvia fuerte en Río Cuarto.
“Los destrozos son indescriptibles. Tenés que verlos para creer”, dice el intendente de Achiras, Elio Poffo. El arroyo Achiras trajo más de cinco metros de agua y lodo que arrasaron con todo el balneario y un puente.
En esta localidad ubicada a 272 kilómetros al sudoeste de la capital (en el límite con San Luis) no hubo víctimas ni heridos, pero el aluvión estropeó el trabajo de todo el año para poner a punto el principal sector turístico de la zona. Se llevó asadores y mesas. A cambio dejó 50 centímetros de lodo.
También destrozó el puente azul que se utilizaba en las crecidas cuando el vado quedaba inutilizado. La construcción estaba a cinco metros del arroyo. Hasta esa altura y más llegó el agua.
“No se puede creer en la forma que ha crecido. Es consecuencia de los incendios. La falta de vegetación no detiene el agua. La creciente era color chocolate. Claro, si no hay monte que lo filtre y lo frene”, asegura Poffo.
Este año se incendiaron 30 mil hectáreas en la región. “Lo poco que había rebotado, lo arrasó el agua”, agrega. En el pueblo cayeron 30 milímetros y más de 100 en la zona serrana. Hasta anoche, había cuatro familias aisladas.
Granizo. Las intensas precipitaciones y caída de granizo en el sur provincial también provocaron inconvenientes en Alcira Gigena. Allí cayeron 45 milímetros en unos 15 minutos, y el agua cubrió las alcantarillas y causó inconvenientes para circular dentro del pueblo.
En La Punilla, localidad puntana vecina de Achiras, hubo anegamientos y evacuados. Defensa Civil informó que no hubo evacuados en ninguna localidad cordobesa.
Las lluvias más fuertes ocurrieron en el sudoeste cordobés. En Río Cuarto cayeron 66 milímetros. Entre viernes y sábado, en la ciudad de Córdoba llovieron 19 milímetros.
Además, efectivos policiales realizaban ayer controles en la ruta 36, entre los kilómetros 641 y 650, ya que el agua cubrió la carpeta asfáltica. Piden circular con precaución, en especial si es que hoy continúan las lluvias.
En tanto, desde la Cooperativa Integral de Carlos Paz informaron que la lluvia caída en la cuenca apenas superó los 10 milímetros, por lo que el efecto en el nivel del lago San Roque será mínimo. Lo mismo ocurrió con La Quebrada. En las Sierras Chicas llovieron 12 milímetros.

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373.394 hectáreas en juego en Córdoba

Hay 373.394 hectáreas en disputa en la ley de bosques

Fecha de Publicación: 20/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

Es la diferencia que existe entre los proyectos de ambientalistas y productores. Equivale a 6,6 ciudades de Córdoba. La Legislatura sancionaría la norma en 2010.
En la nueva ley de bosques nativos que la Legislatura de Córdoba debe sancionar hay una diferencia de 373.394 hectáreas de tierras sujetas a protección entre las propuestas de ambientalistas y productores. Equivale a la superficie de 6,6 capitales cordobesas. El legislador Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, estimó que la ley se sancionaría en 2010, más de un año después de lo que prevé la norma nacional.
Además, indicó que el anteproyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por organizaciones ambientalistas e instituciones científicas, será el texto base.
El otro documento fue elaborado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), productores autoconvocados y especialistas en el tema. En realidad, la Provincia había designado una comisión integrada por dos sectores, pero se disolvió por profundas diferencias.
Cada sector critica al otro porque no cumple con lo que regula la ley nacional 26.331. Esta norma faculta a la provincia a que categoricen sus territorios en tres zonas, según el grado de conservación del bosque nativo y las actividades agropecuarias posibles.
En rojo, sectores con un alto grado de conservación y en donde no se puede realizar ninguna actividad agropecuaria. En amarillo, sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en las que se puede realizar actividades sustentables. Y en verde, las áreas cultivables.
Entre los anteproyectos hay diferencias cuanti y cualitativas. Primero, en la definición de lo que es bosque nativo. Para Cartez son los sectores en los que predominan árboles autóctonos maduros. La COTBN incluye a los bosques degradados y fachinales (pastos y arbustos).
"El proyecto de Cartez conduce a profundizar los desmontes. Tiene enormes deficiencias en la construcción de la información geográfica. El concepto de bosque está relativizado a un sistema de árboles y parques", indicó Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN.
En tanto, Eliseo Arrarás, productor defensor del otro proyecto, aseguró: "El proyecto de la COTBN incluye en el rojo zonas donde no existe bosque, sino fachinales y peladeros, los cuales ya no pueden recuperarse".
En la categoría amarilla también hay diferencias. "La COTBN tiene una visión clausurista. Pero cerrar un sitio no asegura la recuperación del bosque. Nuestro proyecto dice que lo que está bien no se toca y lo que está crítico hay que recuperarlo y realizar un aprovechamiento sustentable", señaló Arrarás.
La propuesta de Cartez permite realizar silvoganadería y silvoagricultura para ganado y también señala excepciones para desmonte y cambio de uso de suelo, algo que está expresamente prohibido en la iniciativa de la COTBN.

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En 30 años no habrá más bosques en Córdoba...

“De seguir así, en menos de 30 años no habrá más bosques en Córdoba”

Fecha de Publicación: 19/11/2009
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


De los bosques no sólo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.
“La provincia de Córdoba tiene la tasa de desaparición de bosques nativos más alta del país (3 por ciento anual, cuando la media nacional es de uno por ciento; y de 0,3 por ciento, la media mundial). Si esta situación no se revierte de manera inmediata, en menos de 30 años no habrás más bosques en Córdoba”, explicó a Comercio y Justicia Hernán Giardini, coordinador de la campaña para preservar los bosques nativos del país organizada por Greenpeace.
En este marco, el ambientalista estuvo esta semana en la ciudad de Córdoba con el fin de apoyar la Comisión de Ordenamiento de Bosques Nativos (COTBN), que busca frenar el desmonte en la provincia.

- ¿Cuál es, básicamente, el planteo de la Comisión a la que adhieren?
- La COTBN plantea la necesidad de expresar el repudio a los desmontes, por sus consecuencias ambientales y sociales, y porque violan las leyes nacionales y provinciales. Recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, además de corresponder multas por desmonte a quien lo realice, en todos los casos se debe cumplir con aplicar como medida accesoria la obligación de reforestar con especies nativas para remediar el daño ambiental causado (ley 9219, artículo 5). Además, sostiene que es vital la importancia de la participación ciudadana para la protección del bosque nativo mediante la denuncia y el trabajo coordinado con las autoridades estatales competentes en materia ambiental.

- ¿Qué opina acerca de la creación del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos?
- La aplicación de la Ley de Bosques es boicoteada por la propia Secretaría de Ambiente de la Nación, que no reclama ni pareciera querer que en el presupuesto 2010 se establezcan los fondos correspondientes para la protección de bosques. Este último establece 300 millones de pesos “como máximo” para el Fondo de Protección de los Bosques Nativos, a pesar de que la ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dice en su artículo 31 que el monto “no podrá ser inferior a 0,3 por ciento del presupuesto nacional”, que para 2010 es de más de 273 mil millones de pesos. Es decir, el fondo debería recibir 821 millones pero, además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debe agregarse 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales del año anterior, por lo que los recursos deberían llegar a 1.300 millones de pesos.

- ¿Quiénes serían los principales destinatarios de los recursos económicos que provienen de este fondo?
- El mantenimiento de los ecosistemas amenazados por la deforestación, el fomento a pequeños productores rurales y comunidades indígenas que ocupan bosques nativos y la mayor capacidad técnica y de control, junto con la compensación a quienes realicen tareas de conservación y manejo sostenible, son todos los involucrados que dependen de esa partida.

- ¿Cuál es la situación particular de la provincia de Córdoba?
- A la provincia le queda sólo cinco por ciento de sus bosques nativos. Hace unos 200 años, mucho antes de que se produjera esta gran expansión demográfica, Córdoba contaba con una superficie de 12 millones de hectáreas de bosques. Actualmente quedan sólo 600 mil hectáreas; se perdió 95 por ciento.

- ¿En qué consistía la carta que le entregaron el martes pasado a los legisladores provinciales?
- Aprovechamos la oportunidad para pedir que se agilice la sanción de la ley en Córdoba. Ellos prometieron que a principio del año que viene ya podría estar sancionada. Además, entregamos las 56 mil firmas escritas que reunimos de distintas organizaciones cordobesas que apoyan nuestra causa.
La ley 9219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u “otras intervenciones” con la aprobación de la cartera. Es en este marco que más 500 personas se manifestaron esta semana frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.

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Así pierde Córdoba su monte nativo

Así pierde Córdoba su monte nativo

Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba

Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal en Despeñaderos. Cada día, se pierde en la provincia el equivalente a 19 canchas de fútbol diarias.
La Secretaría de Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal de 36 hectáreas de monte nativo en Despeñaderos, una superficie que cuadruplica la que en promedio se pierde por día en nuestra provincia, mientras en la Unicameral se analiza una ley que protega las especies autóctonas.
Una topadora, casillas rodantes del personal utilizado y una rastra de disco estaban en el campo al que hoy llegó una cuadrilla de la cartera de Raúl Costa, quien en el lugar labró un acta de infacción "de aproximadamente 200.000 pesos", el secuestro de la maquinaria y "la obligación de reforestar con especies nativas".
"Según estimamos estas personas han volteado entre 4.000 y 5.000 ejemplares arbóreos". Ahora de ninguna manera podrán cambiar el uso de suelo porque vamos a proceder a la clausura del predio y además tendrán que reforestar con especies nativas", indicó Costa en un parte de prensa de Ambiente.
Este operativo se lleva a cabo una semana después de que la Legislatura sancionó por unanimidad una declaración en la que le pide al Poder Ejecutivo que extreme los controles para que no se produzcan más desmontes clandestinos.
El desmonte no para. Según la propia Secretaría de Ambiente, en lo que va 2009 se desmontaron 3.008 hectáreas de bosques nativos: unas 9,4 hectáreas diarias, que equivalen a 19 canchas de fútbol (cada una tiene media hectárea) o un Parque de las Naciones.
En cambio, para organizaciones ambientalistas y científicos, la tasa de deforestación es mayor. La ley 9.219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u "otras intervenciones" con la aprobación de la cartera.
Ayer, unas 500 personas se manifestaron ayer frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26.331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.
Actualmente hay dos proyectos en estudio para una posible sanción a principios de 2010 (ver Cada día se tala el equivalente de 19 canchas en Edición Impresa).

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Bosque nativo versus campo

Bosque nativo versus campo

Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Dante Rossi (Legislador provincial UCR)
Provincia/Región: Córdoba


Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente agropecuaria; debemos trabajar para mejorarla.
Desde hace un tiempo, el ambiente en el cual nos desarrollamos se está degradando cada día más con la actividad cotidiana del hombre, y él nos lo demuestra con más fuerza. Por eso, desde la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudios Córdoba, que colaboró en esta nota, investigamos cuáles son las acciones o las medidas que se están tomando o preparando en la materia.
Analizamos, entonces, el anteproyecto de ley sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba, que fija diversos criterios de conservación en los que se puede dividir a la provincia en procura de su preservación.
El problema que el proyecto pretende subsanar es real, grave, y merece que todos los ciudadanos nos informemos para entender que debemos cambiar nuestra manera de vivir, respetar, cuidar y valorar nuestro ambiente, mejorando así nuestra calidad de vida.
Esta sucesión de problemas que sufre el planeta en escala global no permite diagnósticos positivos desde su aceleración negativa en la revolución industrial. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (integrada por diversos organismos y ONG ambientales) pretende dar respuesta a la emergencia, principalmente a la alta tasa de desmonte, que repercute en el ambiente (agua, suelo, aire, vida).
La pérdida de bosques nativos trae aparejadas serias consecuencias ambientales y sociales, como ser la disminución de las prestaciones de servicios ambientales o ecosistémicos, entre los cuales se encuentran la captación de agua, protección de suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, balance atmosférico del carbono, reducción de los efectos del cambio climático global y el aporte de productos naturales de valor social, cultural y comercial, que resultan de capital importancia.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que hoy existe genera preocupación, por cuanto termina enfrentando y casi provocando a los productores cordobeses, y pretende controlar el crecimiento de los sistemas urbanos provinciales.
El problema de las divisiones de conservación es que muchos sectores se encuentran muy próximos a distintos municipios y sería un obstáculo para el crecimiento poblacional. En el anteproyecto hay una laguna bastante grande con respecto a este tema. Consideramos indispensable que se haga partícipes a las ciudades, pueblos y comunas para que juntamente se pueda buscar una solución a la conservación del bosque y, al mismo tiempo, al crecimiento demográfico de los municipios.
Hay casos, además, en que bosques nativos se encuentran dentro de propiedades de particulares. Y como la ley no es retroactiva, podríamos decir que son porciones de territorio que estarían perdidas. Pero, a la vez, se prevén severas sanciones para quienes modifiquen el destino de determinadas zonas demarcadas. Nosotros estamos a favor de la regulación del desmonte, pero también estamos a favor del respeto de la propiedad privada.
Disentimos en el modo en que se plantean las causas respecto a la reducción del bosque nativo porque el deterioro no ocurre drásticamente, es un proceso. Creemos que no se puede poner en un plano de igualdad a la producción agropecuaria y los incendios forestales. La primera atiende a necesidades primarias y subsiguientes, además de ser generadora de empleo. La segunda, en cambio, es sólo aniquilamiento y destrucción. Al mismo tiempo, existen otros factores que también afectan, como ser la actividad minera o el incorrecto trazado urbano.
En cuanto a la producción agropecuaria y minera, creemos que deben integrar la misma legislación y no oponerlas generando una lucha entre sectores. Distinto sería si se tratara de estudiar, primero, la legislación vigente al respecto y, luego, se procurara ayudar y promover la actividad, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental.
Al mismo tiempo, el anteproyecto sólo reúne a los estudiosos o expertos en la faz ambiental, cuando deberían sentarse en la misma mesa las sociedades rurales, Federación Agraria, para poder representar a todos y, por lo tanto, contemplar las diferentes situaciones.
La iniciativa está impregnada de buenos deseos frente a la emergencia ambiental, pero no plantea una transición, no sirve el cambio por imposición, no queremos más leyes con letra muerta, busquemos el consenso de los que no opinan igual.
Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a todos los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente productora, debemos trabajar para mejorar la producción, y si mantenemos nuestra tierra de la mejor manera posible, también la calidad de nuestros productos será mucho mejor.
Un anteproyecto de ley que sólo tenga un espíritu prohibitivo resulta ineficaz. No tiene en cuenta el valor y la necesidad de crear políticas que se articulen y no terminen dañando a un sector, en este caso al agropecuario, sobre el uso del suelo.
Se avecinan tiempos de conflicto si no se logra conservar el espíritu proteccionista ambiental. ¿Qué se podría cambiar? Que esta ley permita la recuperación progresiva de bosques nativos que alienten a la población y eduquen para valorar la naturaleza y evitar los desmontes.
No se trata de proponer una visión idealista o incoherente. Sí, en cambio, tratar de tomar el problema con la profundidad y complejidad que tiene. Ello exigiría un arduo trabajo por parte del Estado como regulador y de la población toda en la concientización a través de la educación.
No sólo en las escuelas, como se viene haciendo, sino desde todos los ámbitos.
Se requiere que las leyes que se dicten en la provincia y el país sean aplicables. Para que el trabajo que se desarrolla en la Legislatura sea fructífero y tenga permanencia se deben crear políticas que se puedan llevar a cabo a largo plazo. Y que pueda, con el tiempo, evaluarse si fueron positivas, si se alcanzaron los objetivos trazados. Que las leyes sean fruto de un intenso debate, que así respondan verdaderamente a los problemas existentes.
Los bosques nativos son necesarios, y debemos recuperarlos y conservar los que aún existen. Para ello es necesario crear fuertes campañas de educación, de información en todos los sectores, en todas las localidades, educar a los que viven en las ciudades, a los turistas, nativos y productores porque son importantes para nuestra vida y nuestro planeta.

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Los árboles no mueren de pie

Los árboles no mueren de pie

Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba

Hace un siglo, los bosques nativos ocupaban 11 millones de hectáreas de la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas. La intervención del hombre es determinante de ese proceso.
Alejandro Casona (1903-1965) probablemente no hubiera encontrado en Córdoba la inspiración para fundir la realidad y la fantasía y dar a luz una de sus obras de teatro mejor logradas: Los árboles mueren de pie .
Es que aquí, el filo del hacha, la furia de las topadoras y las motosierras, el fuego intencional, la desidia general y la imprevisión han convertido extensas superficies de monte nativo en terreno yermo, en páramos que angustian, en promesas de desierto. Y no hay exageración en la apelación a esas impresiones.
Un siglo atrás los bosques ocupaban 11 millones de hectáreas en la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas con masa forestal.
Un estudio de los biólogos Marcelo Cabido y Marcel Zak (investigadores ambos de la UNC) señala que ya en 1960 los bosques nativos sólo se restringían a la zona norte y noroeste del territorio cordobés. Desde entonces y hasta 1999 se perdieron más de 1,2 millón de hectáreas, tanto de sierra como de llanura, destacan en el trabajo los docentes universitarios.
La contundencia de los datos y las evidencias de la realidad llevaron a Zak y Cabido a plantear la necesidad, no sólo de informar sobre esa situación de emergencia ambiental, sino de actuar sin perder más tiempo.
Para persuadir en particular a quienes debían pasar de la declamación a la acción, los biólogos realizaron un estudio comparativo de la vegetación de las sierras cordobesas entre 1969 y 1999. El relevamiento se circunscribió a cinco departamentos del norte. Los resultados fueron contundentes: en esas tres décadas, el bosque nativo se redujo un 85 por ciento. ¿Cómo fue que ocurrió eso?
Un regalo del cielo. En la década del ´90 un ciclo húmedo excepcional elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 a 800 milímetros anuales, según los registros históricos del Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (Cihrsa).
Ese regalo del cielo y la suba internacional del precio de la tierra en áreas tradicionalmente agrícolas, entre otras causas, hicieron que muchos productores y empresarios de los agronegocios pusieran el ojo en zonas marginales, potencialmente aptas para la agricultura y la ganadería extensiva.
La expansión de la frontera agropecuaria se dio entonces a expensas del monte nativo, porque la preservación de éste y la conquista de tierras para cultivos y animales, se sabe, son incompatibles en Argentina. Al menos eso es lo que muestran los hechos. Esa incompatibilidad es más marcada en Córdoba que en el resto del país.
Las estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación registran una tasa de deforestación en la provincia de entre el 2,52 y el 2,93 por ciento de 1998 a 2006, la más alta del país en ese período.
Para dimensionar mejor el dato, vale precisar que la tasa mundial de deforestación en esos años fue de 0,23 por ciento.
También sirve tener en cuenta que las del Amazonas y la de Sumatra (dos casos que fueron calificados de emergencia planetaria en deforestación) fueron del 0,38 y del tres por ciento, respectivamente, según el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
Fallaron los frenos. La gravedad del diagnóstico llevó a los legisladores cordobeses a sancionar la ley 9.219. Eso ocurrió el 9 de marzo de 2005. La norma prohíbe desde ese año y hasta 2015 "el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la provincia de Córdoba". También prevé como castigo a los infractores, "en todos los casos", la "obligación de reforestar con especies nativas" el área afectada, con el fin de "remediar el daño ambiental causado". ...sta es una medida accesoria de las multas, decomiso y otras penalidades contempladas en la ley para sancionar a los contraventores.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 se produjeron centenares de infracciones sin que se advierta de manera contundente la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. (Ver Una promesa: habrá cortinas forestales )
Una de las últimas violaciones tuvo lugar en el departamento Totoral, donde inspectores de la Secretaría de Ambiente constataron el desmonte de 170 hectáreas de bosque autóctono. Para la "limpieza", los propietarios utilizaron topadoras y el fuego intencional.
El operativo se realizó a fines de octubre último en el paraje La Culebrilla. En esos días, a pocos kilómetros de distancia, los incendios forestales redujeron a cenizas unas 30 mil hectáreas, elevando a más de 100 mil las hectáreas arrasadas por el fuego en toda la provincia en los últimos dos meses. Como se ve, en Córdoba, los árboles no mueren de pie desde hace mucho tiempo.


Un prestador de servicios vitales

Por Rafael Kopta
Presidente de la asociación ambiente, cultura y desarrollo

E xiste una opinión generalizada sobre los beneficios que el bosque y los árboles nos brindan que suele estar reducida a los productos que podemos obtener de ellos, como madera, leña, etcétera. Y en menor medida, con otros beneficios, llamados servicios ambientales, como son la liberación de oxígeno y la fijación de carbono. Otros servicios vitales menos difundidos que el bosque nos brinda están relacionados con la administración y provisión del agua y con la protección de los suelos.
Sucede que, en las sierras, el bosque protege al suelo como un paraguas de la lluvia. Las gotas golpean fuertemente sobre sus hojas y ramas y luego, se deslizan hasta la tierra.
Allí gran parte de este agua se infiltra gracias a que el entramado de sus raíces forma como una esponja; además, las raíces sujetan la tierra como una red, impidiendo que el agua la arrastre, previniendo así la erosión hídrica.
El agua infiltrada alimenta las vertientes, esto permite que haya agua aún en las épocas secas y a su vez, amortigua las crecientes, porque no toda el agua escurre.
Cuando el bosque serrano es destruido por desmonte, incendios o urbanización, el suelo queda desprotegido a merced de la lluvia cuyas gotas caen, lo rompen y el agua arrastra esta tierra fértil llevándola a los diques y embalses, rellenándolos, reduciendo así su capacidad de almacenar agua para el consumo, los cultivos y la producción de energía. A su vez, las crecientes se acentúan y las vertientes se secan en invierno.
Es fundamental que la ciudadanía, y en especial los gobernantes, entiendan que para lograr un desarrollo que tenga futuro no se puede ignorar la vital relación que existe entre la sociedad y el bosque. Si seguimos sin una firme política de gobierno que proteja los bosques, el deterioro será irreversible, generando problemas ambientales, sociales y económicos cada vez más graves y menos factibles de remediar.


Leyes conciliadoras, el gran desafío

Por Javier bernasconi
Miembro del Aula abierta de montaña de la unc

E l bosque nativo es un recurso natural de dominio público ubicado en propiedades privadas. Esta es la dificultad principal para su uso, manejo y conservación.
Algunos propietarios de predios rurales se sienten dueños del bosque, de la fauna nativa y del agua de sus campos, favorecidos por un Estado históricamente ausente, lejano o limitado, cómplice por sus carencias en el control de esos recursos.
El factor desequilibrante de esta situación es una agricultura de grandes capitales indiferentes a la conservación, que utilizan y desmontan bosques de manera irracional por no entrar en sus esquemas productivos.
Así, la falta de prácticas sostenibles transformó ecosistemas naturales en cultivos donde prevaleció sólo la maximización de la rentabilidad.
El desafío es que haya leyes conciliadoras de la propiedad privada y del patrimonio público, enmarcando a la provincia y a cada cordobés para velar por la conservación del patrimonio natural, manejándolo y resguardándolo para nuestras generaciones venideras.
Debemos reconocer y valorar el servicio ambiental que los bosques generan y estar dispuestos a pagarlo. Cada propietario rural debería afectar una superficie al servicio ambiental, desgravándola de impuestos y recibiendo un pago por el servicio dado.
El grado de deforestación de la provincia es alarmante. Actualmente, los bosques no llegan a ocupar ni el 10 por ciento de su superficie original. Y estamos atrasados en la toma de decisiones y en las acciones de remediación y restauración de los ecosistemas naturales.
No deben sorprendernos la sequía, la pérdida de suelos por erosión ni la disminución de la fauna. Todo está relacionado directamente con la pérdida de los bosques, aunque las sociedades rurales desmientan que el desmonte es la causa principal de semejante desastre ambiental. Es hora de que se asuma, sin hipocresía, el costo de las acciones sobre el bosque.


Una promesa: habrá cortinas forestales

"Para remediar el desmonte, tenemos que intensificar la reforestación, no sólo por la vía de la accesoria a los infractores de la ley 9.219, sino también por iniciativa propia", señaló a este diario el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa. "En eso estamos y con ese propósito, desde abril de 2010 comenzaremos con la plantación de cortinas forestales en los campos", aseguró el funcionario.
Desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 a la fecha se han constatado más de 700 infracciones y recién este año se comenzó a exigir la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. La medida se aplicó sólo en una decena de casos. Poco y nada. Sobre todo si se tiene en cuenta que en lo que va de 2009, Ambiente constató la destrucción de 3.008 hectáreas de monte nativo en el norte y noroeste provincial.
Río Seco, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas y Punilla son seis de los departamentos más afectados por el desmonte en los últimos 40 años. En ellos también se advierte un creciente proceso de desertificación con las consecuencias que eso supone. Por ejemplo, los 1.800 habitantes de Rayo Cortado, en Río Seco, se quedaron sin agua porque se secó la vertiente que abastecía al pueblo desde 1950.
Profesía cumplida. "Todo indica que el ciclo húmedo -que elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 milímetros anuales en la década del ´50 a 800 milímetros a mediados de los ´90- en algún momento se acabará y las lluvias volverán a sus valores históricos", advertía Marcelo Zak hace cinco años. "Cuando eso ocurra -planteó- lo más probable es que los campos tengan que abandonarse por ser inviables para la producción y, como fueron desmontados, se transformarán en desierto". Algo de eso está ocurriendo en la actualidad. El desmonte, se sabe, incide en las sequías.
El miércoles último, este diario publicó una columna del biólogo Raúl Montenegro, titulada Sequía, desmontes e imprevisión . En ella explica el vínculo entre la actual crisis hídrica y el descuido por décadas, de gobiernos y ciudadanos, de los 430 kilómetros de sierras -el Macizo Antiguo- donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos los cordobeses.
Eso -señala el titular de la Funam- "porque hay menor flujo y acumulación de agua dentro del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura". Al deteriorarse "la fábrica serrana -agrega- , cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación", concluye.
Greenpeace demostró la relación directa entre el proceso de deforestación en Salta y las trágicas inundaciones que se registraron en febrero de este año en Tartagal. La misma causa estuvo en la raíz de la tragedia de San Carlos Minas, el 6 de enero de 1992, cuando la descomunal crecida del arroyo Noguinet arrasó ese pueblo de Traslasierra y provocó la muerte de 30 personas.
Mucho más que dos botones de muestra.

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Sequía, desmontes e imprevisión

Sequía, desmontes e imprevisión

Fecha de Publicación: 11/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Raúl Montenegro, Biólogo, presidente de Funam
Provincia/Región: Córdoba


La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de gobernantes. Hay que corregir conductas de productores y ciudadanos. Por Raúl Montenegro.
Mientras los desmontes continúan en Córdoba y la resistencia ambiental a las sequías y las inundaciones alcanza su nivel histórico más bajo, el gobernador Juan Schiaretti prefirió improvisar una solución faraónica: traer agua del Paraná. Olvidó que la solución está mucho más cerca: en las sierras de Córdoba.
La actual sequía no fue históricamente la más grave que sufrió Córdoba. Pero nos encontró en la peor situación ambiental y social. Estamos desnudos de vegetación y de políticas hídricas. Por décadas, gobiernos y ciudadanos descuidamos los 430 kilómetros de sierras –el Macizo Antiguo–, donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos.
Durante miles de años, las sierras estuvieron cubiertas por bosques de coco y molle, matorrales y pastizales de altura. En el verano, esa vegetación nativa amortigua las gotas de lluvia, retiene el suelo y facilita la infiltración de agua. Los suelos y el interior de las montañas actúan como una esponja bastante rígida –donde el agua fluye de modo más lento que en superficie–, a través de caminos invisibles y muy complejos. La “caja de ahorro” serrana es el resultado de la pluviosidad de veranos sucesivos, no sólo del último.
Lamentablemente, los desmontes, los incendios reiterados, el avance de la frontera agrícola y los loteos han dañado nuestra fábrica serrana de agua. Hay menor flujo y acumulación de agua “dentro” del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura. Al deteriorarse la fábrica serrana, cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación.
Fuera de las sierras, el panorama también es desolador. Se desmontaron los bosques chaqueños y del espinal, y se erradicaron los pastizales pampeanos del sudeste. De los 12 millones de hectáreas que tenían los bosques nativos, apenas quedan con su estructura original menos de 600 mil (cinco por ciento). De los tres ecosistemas que tenía la provincia, el Espinal y el Pampeano ya desaparecieron como sistemas extensos.
Los cultivos industriales que reemplazaron a los bosques y pastizales actúan, además, como verdaderas “bombas expulsoras” de agua. Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, las plantas utilizan unos 1.400 litros de agua. Cuando la lluvia y el contenido de agua del suelo no son suficientes, se extrae agua subterránea y se riega.
Las cuatro cuencas de agua subterránea ligadas con las sierras sufren distinto grado de sobreexplotación y, además, se las contamina con plaguicidas, líquidos cloacales y residuos industriales.
Finalmente, están los asentamientos humanos con patrones individuales de consumo cada vez más elevados, y las crecientes demandas comerciales, industriales y mineras de agua dulce.
Ideas confusas. El problema no es la sequía, ni las futuras inundaciones que inexorablemente ocurrirán, sino un Estado provincial con ideas confusas e improvisación, y un Estado federal ausente. No perciben que tenemos la más baja resistencia ambiental y social de la historia para enfrentar la falta de lluvias, y también las lluvias excesivas. No hay provincia estable si no se equilibran las superficies destinadas a ambiente nativo y producción agrícola y no se protegen las fábricas de agua y suelo de las serranías.
Bosque y producción deben coexistir, lado a lado, con superficies equivalentes. Pero las medidas de Gobierno parecen marchar a contramano de lo que se necesita.
Para tener más resistencia ambiental y social a las sequías y las inundaciones, hace falta un programa elaborado por distintos actores sociales, pues los gobiernos de la Provincia y la Nación mostraron incapacidad para realizarlo.
Necesitamos declarar a las sierras como fábricas de agua y suelo y protegerlas en serio, prohibir el desmonte, conservar los ambientes nativos que hoy existen, recuperar los bosques degradados, terminar con la expulsión de campesinos y limitar regionalmente la superficie de campo dedicada a soja y otros cultivos industriales.
Urge un programa que conozca y monitoree la disponibilidad de agua superficial y subterránea; que proteja los embalses de la colmatación y las floraciones de bacterias tóxicas; que instale patrones individuales de ahorro; que promueva tecnologías de tratamiento de líquidos cloacales e industriales; que generalice tecnologías de ahorro como los inodoros de doble posición y los perlizadores; que reutilice las aguas de lavado; que disminuya los consumos abusivos y aumente los muy bajos, y que recicle el agua.
En un país semiárido, no podemos permitir que los megacultivos de soja y las mineras consuman tanta agua como ciudades enteras, que las canillas sigan divorciadas de las cuencas hídricas y que se culpe de todos los males a la sequía o las inundaciones. La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de los gobernantes.

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Bosques nativos, una llamada

Bosques nativos, una llamada

Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Alicia Barchuk *
Provincia/Región: Córdoba


* Titular de la Comisión de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN)
aliciabarchuk@gmail.com

La Legislatura amenaza con tomarse todo el tiempo que sea. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
No puede no generarnos una enorme preocupación la falta de intención de la Legislatura de sancionar este año la nueva ley de bosques nativos. De esta manera, la Provincia posterga una vez más la adhesión a la ley nacional 26.331. Mientras, en todo el territorio se continúa desmontando, avanza la frontera agropecuaria y urbana e increíblemente se producen incendios que exceden en lo que va del año las 300 mil hectáreas (La Voz de Interior, sábado 17 de octubre). Así, Córdoba registró en la última década la mayor tasa de deforestación comparada a nivel mundial (por el hombre y por el fuego), y completa un cuadro de situación en el que se siguen rifando sus escasos bosques en medio de una extremada desidia gubernamental.
Desidia y despreocupación frente a los desmontes clandestinos y al accionar premeditado de los incendiarios inescrupulosos.
Un mal recuerdo. Nunca en la historia de Córdoba el fuego ha tenido semejante magnitud. Por ejemplo, en 1994, año extremadamente seco que llovió sólo 200 milímetros en el oeste provincial, se quemaron más de 100 mil hectáreas de bosques en el departamento Pocho por el abandono del Gobierno a la región. Las autoridades de entonces de la Secretaría de Ambiente se movilizaron recién cuando el fuego llegó a la entrada de la reserva forestal Chancaní. Luego, después del desastre y en medio de la hambruna por meses de los animales, sólo se repartieron seis litros de agua por persona.
Todo ese accionar quedó gravado en la memoria colectiva. Hoy, a pesar de que en el presupuesto se dispone de 50 millones de pesos para apagar los incendios, escasamente se hace prevención. Sin embargo, los afectados indican que el tema de control de incendios depende de la buena voluntad, solidaridad y valentía de cuerpos de Bomberos.
Además, si se ha reducido exponencialmente la vegetación como combustible, ¿por qué tantos incendios? ¿Es posible que la lectura sea que se quema todo lo que se pueda antes de tener ordenado con una ley nueva el territorio?
La Secretaría de Ambiente ha contribuido a retrasar el ordenamiento de los bosques nativos. Recién comienza el proceso de participación pública del ordenamiento territorial de bosques nativos el 24 de noviembre de 2008, mientras que el plazo previsto por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos vencía el 27 de noviembre de ese año. Ahora, envía dos anteproyectos de ley a la Legislatura. Uno, producido por la COTBN, comisión conformada por la propia Secretaría de Ambiente, y el otro, surgido de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). Ambos proyectos son enviados con idéntico peso específico a la Legislatura.
Ahora le toca a la Legislatura dilatar los tiempos. Así, desconoce la institucionalidad de la multisectorial COTBN, el proceso participativo y democrático generado por ésta, la emergencia ambiental en que se encuentra la provincia y niega la existencia de un proyecto oficial.
La Comisión de Asuntos Ecológicos plantea convocar a todos los actores, tomándose el tiempo que sea necesario para resolverlo. Esto también indicaría que ahora puede existir un tercer proyecto producido por esta comisión de la Legislatura. Así, se pretende seguir haciendo diagnósticos, desconocer un proyecto participativo y elaborado sobre la base del consenso, realizar audiencias públicas en regiones donde el bosque nativo ya se ha extinguido y consultar a sectores de la actividad agropecuaria y urbanística desinteresados de la problemática de la conservación. Dicen que necesitan tiempo para estudiar a fondo los dos anteproyectos, cuando se les ha ofrecido desde la COTBN todas las herramientas metodológicas y de fundamentación para facilitar el estudio, la discusión y la decisión. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
Cuidar bosques y sierras. Los bosques remanentes que quedan están ubicados principalmente en el oeste cordobés, territorio de clima árido donde la única manera de producción sustentable es sobre la base de la vegetación nativa. Ese territorio del noroeste provincial es donde las sociedades rurales tienen sus intereses, basados en el modelo de sábanas con pastos y árboles aislados.
Esos sistemas son de bajísima productividad, dependientes de las lluvias escasas e impredecibles propias de la región y expulsores de campesinos de sus tierras. Esta forma de manejo transforma rápidamente el sistema hacia nuevos desiertos, como lo ponen en evidencia las imágenes satelitales.
Por otra parte, las sierras también acusan síntomas de desertificación. La cobertura vegetal y la capacidad esponja de los suelos con vegetación se ha perdido. La bajante actual de los diques no es sólo debido a la sequía estacional, sino a una merma alarmante de la capacidad de captación en las cuencas.
Tampoco existe la voluntad política desde el oficialismo de hacer cumplir la ley actual, ya que, sabiendo que estamos en veda de desmonte, éste continúa.
Se habla desde el oficialismo hoy de que “se tratará de no defraudar a ningún sector”. ¿Es posible diferenciar sectores, cuando todo el conjunto de la sociedad cordobesa está sufriendo las consecuencias de la falta de protección del suelo, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y las consecuencias del cambio climático?
La desertificación nos afecta a todos por igual, la pobreza se va agudizar, los conflictos sociales se van a profundizar y la inestabilidad política va a crecer. La defensa de intereses minoritarios y mezquinos sólo nos llevan al desastre ambiental, del cual ya estamos siendo testigos y tenemos un único territorio que proteger para asegurar nuestra supervivencia.

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