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Glaciares. Lo que Filmus encubre
18:37 | 
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Glaciares. Lo que Filmus encubre
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Autor del Artículo: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Autor del Artículo: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
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Actividad forestal y desmontes
Argentina: actividad forestal y desmontes. Cuando el bosque no te deja ver al árbol
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
El anuncio de Barrick, el renuncio de los gobiernos
El anuncio de Barrick, el renuncio de los gobiernos
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Autor del Artículo: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA
Provincia/Región: San Juan
Una voz clara y contundente de No a la megaminería química en la Cordillera de los Andes. El anuncio de Barrick y los gobiernos de Chile y Argentina, sobre el inicio de Pascua Lama, no despeja incertidumbres sobre la real puesta en marcha del proyecto, más bien, deja de manifiesto la ciega complicidad de los gobiernos chileno y argentino, la necesidad de la transnacional de contar con “avales serios” ante la inconsistencia de su propuesta y el calibre del prontuario que posee; y rearticula una voz clara y contundente de No a la megaminería química en la Cordillera de los Andes.
Dehecho, la realización de una conferencia de prensa simultanea y conjunta en Toronto, Buenos Aires (Casa Rosada) y Santiago, con la presencia y la vocería de los máximos representantes políticos de nuestros Gobiernos, para dar luz verde a Pascua Lama, alcanza ribetes escandalosos. Primero porque las autoridades de nuestros gobiernos muestran claramente estar a merced de los requerimientos de la transnacional; segundo, porque para hacer el anuncio en ambas naciones hubo que “destrabar” aceleradamente cuestiones tributarias y administrativas, y de hecho en ellas se llegó a acuerdos, pero que suponen leyes y modificaciones que aún no están en el tapete de ningún parlamento. Tercero, porque reviste una gran irresponsabilidad social y política del Ministro de Minería (en el caso chileno), de dar el vamos cuando aún hay, y por años, una serie de temas pendientes y causas no resueltas en los tribunales.
De hecho, llama la atención que en esta nueva ofensiva de prensa tan bien montada, los medios no hayan publicitado todo el trabajo de nuestros Estados como para que este anuncio fuera posible. Como por ejemplo, impedir en ambos países que se promulgue una ley de protección de glaciares. En Argentina estando aprobada la ley por unanimidad de ambas cámaras la presidenta, Cristina Fernández la vetó y hoy se relativiza la protección de estos ecosistemas; en Chile a pesar del compromiso de Bachelet por proteger los glaciares, finalmente decidió no legislar y a cambio dictar una política de protección sin ningún peso real, uno de sus párrafos dice: “se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan” .
Para nadie es desconocido el impacto ambiental y social que Barrick ha generado en nuestros países. Sistemáticamente las comunidades del Valle Huasco, prácticamente sin cobertura de prensa, y jamás con el respaldo de las autoridades, han denunciado prácticas de corrupción de organizaciones, instituciones y autoridades; sistemáticamente han evidenciado la estela de destrucción que ha dejado la minera en sus predios y familias y han exigido el retiro de la transnacional de su valle agrícola. Esto mismo que se ha dicho en el Huasco, se ha escuchado en todos los emprendimientos que esta transnacional lleva a cabo a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, una vez más nuestros gobiernos, callados de dinero y ansiosos de poder, han respaldado a esta transnacional hija del tráfico de armas y de las malas prácticas financieras.
Ahora, que se desnudan ante toda la ciudadanía las opciones de quienes nos gobiernan y de sus institucionalidades, con más fuerza y convicción que nunca, las comunidades del Valle del Huasco, de San Juan (Argentina) y de todos los rincones del mundo que han hecho propia la consigna “el agua vale más que el oro”, pese al cansancio y la impotencia, nos ponemos de pie y gritamos por la honestidad cívica y el planeta bello que queremos para nuestros hijos ¡NO A PASCUA LAMA!
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Autor del Artículo: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA
Provincia/Región: San Juan
Una voz clara y contundente de No a la megaminería química en la Cordillera de los Andes. El anuncio de Barrick y los gobiernos de Chile y Argentina, sobre el inicio de Pascua Lama, no despeja incertidumbres sobre la real puesta en marcha del proyecto, más bien, deja de manifiesto la ciega complicidad de los gobiernos chileno y argentino, la necesidad de la transnacional de contar con “avales serios” ante la inconsistencia de su propuesta y el calibre del prontuario que posee; y rearticula una voz clara y contundente de No a la megaminería química en la Cordillera de los Andes.
Dehecho, la realización de una conferencia de prensa simultanea y conjunta en Toronto, Buenos Aires (Casa Rosada) y Santiago, con la presencia y la vocería de los máximos representantes políticos de nuestros Gobiernos, para dar luz verde a Pascua Lama, alcanza ribetes escandalosos. Primero porque las autoridades de nuestros gobiernos muestran claramente estar a merced de los requerimientos de la transnacional; segundo, porque para hacer el anuncio en ambas naciones hubo que “destrabar” aceleradamente cuestiones tributarias y administrativas, y de hecho en ellas se llegó a acuerdos, pero que suponen leyes y modificaciones que aún no están en el tapete de ningún parlamento. Tercero, porque reviste una gran irresponsabilidad social y política del Ministro de Minería (en el caso chileno), de dar el vamos cuando aún hay, y por años, una serie de temas pendientes y causas no resueltas en los tribunales.
De hecho, llama la atención que en esta nueva ofensiva de prensa tan bien montada, los medios no hayan publicitado todo el trabajo de nuestros Estados como para que este anuncio fuera posible. Como por ejemplo, impedir en ambos países que se promulgue una ley de protección de glaciares. En Argentina estando aprobada la ley por unanimidad de ambas cámaras la presidenta, Cristina Fernández la vetó y hoy se relativiza la protección de estos ecosistemas; en Chile a pesar del compromiso de Bachelet por proteger los glaciares, finalmente decidió no legislar y a cambio dictar una política de protección sin ningún peso real, uno de sus párrafos dice: “se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan” .
Para nadie es desconocido el impacto ambiental y social que Barrick ha generado en nuestros países. Sistemáticamente las comunidades del Valle Huasco, prácticamente sin cobertura de prensa, y jamás con el respaldo de las autoridades, han denunciado prácticas de corrupción de organizaciones, instituciones y autoridades; sistemáticamente han evidenciado la estela de destrucción que ha dejado la minera en sus predios y familias y han exigido el retiro de la transnacional de su valle agrícola. Esto mismo que se ha dicho en el Huasco, se ha escuchado en todos los emprendimientos que esta transnacional lleva a cabo a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, una vez más nuestros gobiernos, callados de dinero y ansiosos de poder, han respaldado a esta transnacional hija del tráfico de armas y de las malas prácticas financieras.
Ahora, que se desnudan ante toda la ciudadanía las opciones de quienes nos gobiernan y de sus institucionalidades, con más fuerza y convicción que nunca, las comunidades del Valle del Huasco, de San Juan (Argentina) y de todos los rincones del mundo que han hecho propia la consigna “el agua vale más que el oro”, pese al cansancio y la impotencia, nos ponemos de pie y gritamos por la honestidad cívica y el planeta bello que queremos para nuestros hijos ¡NO A PASCUA LAMA!
Una grieta en el poder monolítico de Gioja
Se abrió una grieta en el poder monolítico de Gioja
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: ASANOA
Provincia/Región: San Juan
Quizás haya sido el más importante de los realizados hasta ahora por el hecho de haberse realizado en el “corazón minero” de Argentina.
Representantes de asambleas y organizaciones de todo el país y también de Chile se hicieron presentes en el “baluarte minero” de Barrick y le gritaron a los poderosos que “la historia no se ha terminado de escribir”.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, es uno de los artífices del código minero vigente y principal “lobbysta” de las empresas mineras. En esta provincia ha instalado un régimen feudal donde todo pasa por sus intereses personales. Todo es manejado por su “familia”: desde la empresa minera Bentonita Santa Gema hasta los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos.
A nivel nacional hizo valer sus “influencias” presionando a la presidencia –de la mano de Barrick Gold- para que vete la ley de Glaciares. En los últimos días ha llevado a la presidenta CFK a su amigo Peter Munk, conformando un bochornoso espectáculo en el cual queda de manifiesto que los intereses de los gobiernos provincial y nacional no son los del pueblo y de la patria.
Pero ante tamaña demostración de las asambleas, el “señor feudal” de San Juan no pudo evitar que la 9ª UAC apareciera en todos los medios, incluidos los de su propiedad o los controlados con publicidad oficial.
Aún con información tendenciosa los medios de San Juan no pudieron omitir esta fuerte demostración de resistencia.
El Foro en Defensa de los Glaciares realizado el día 23 de abril contó con la presencia de Adolfo Perez Esquivel (premio Nobel de la Paz ) Nora Cortiñas (madre de Plaza de Mayo), Marta Maffei (ex diputada Nacional), Alfredo Villalba (director del IANIGLA), Lucio Cuenca (director de OLCA de Chile) y el Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez, entre otras personalidades, y fue el puntapié inicial del 9º enuentro de la UAC.
Las jornadas de trabajo comenzaron el día 24 y concluyeron el día 26 y permitió que 500 asambleístas compartieran vivencias y debatieran sobre estrategias y acciones, analizando los avances registrados y planificando en conjunto las actividades futuras.
En estos cuatro días no faltaron las notas de color:
- como respuesta al Foro organizado por la UAC , el gobierno provincial y las empresas mineras organizaron un “foro minero” en paralelo. Allí se despacharon recriminándole al rector de la Universidad de San Juan por haber cedido las instalaciones para el Foro en Defensa de los Glaciares y tratando de descalificar a los expositores con argumentaciones cientificistas. El resultado fue que al Foro organizado por la UAC asistieron 750 personas y al foro minero asistieron solamente algunos mineros.
- Gioja y los empresarios mineros contrataron micros y “llevaron” a la Plaza 25 de Mayo aproximadamente 100 “obreros mineros” con intenciones de confrontar y provocar enfrentamientos con los asambleístas. Esta plaza era el punto de encuentro de los participantes de la 9ª UAC y desde las 9 de la mañana empezaron a rodearla varias camionetas 4x4 con el logo de empresas mineras. En medio de este clima de provocación, el premio Nobel de la Paz , Adolfo Perez Esquivel tomó el micrófono y dirigió la palabra, llamando a la mesura a los provocadores, recordándoles que la UAC no venía a enfrentar a sectores del pueblo sino a contribuir a su unión para defenderse de la “explotación laboral” y el “saqueo” de los bienes comunes y la contaminación que reallizan las empresas transnacionales.
- Los asambleístas realizaron una colorida y ruidosa marcha de más de tres cuadras de extensión desde la plaza 25 de Mayo hasta el lugar del encuentro. Por la noche se realizó una nueva marcha que culminó con la puesta en escena de una obra teatral en el centro de la misma plaza.
Algunas reflexiones
- Los empresarios mineros trataron de desacreditar la participación en el Foro en Defensa de los Glaciares de Perez Esquivel y Nora Cortiñas con el argumento de que no son científicos, olvidando que el director del IANIGLA; Alfredo Villalba sí lo es.
- Además de los que acudieron al Foro y al 9º Encuentro, muchos profesionales y científicos coinciden con los reclamos de la UAC.
- El enfoque de las empresas mineras solamente pasa por lo “cientificista” olvidando los aspectos sociales, ambientales y de derechos humanos y de las comunidades.
- Deberíamos recordarle a los empresarios mineros que la bomba de Hiroshima y el “agente naranja” utilizado en Vietnam eran perfectos desde el punto de vista científico y técnico.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: ASANOA
Provincia/Región: San Juan
Quizás haya sido el más importante de los realizados hasta ahora por el hecho de haberse realizado en el “corazón minero” de Argentina.
Representantes de asambleas y organizaciones de todo el país y también de Chile se hicieron presentes en el “baluarte minero” de Barrick y le gritaron a los poderosos que “la historia no se ha terminado de escribir”.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, es uno de los artífices del código minero vigente y principal “lobbysta” de las empresas mineras. En esta provincia ha instalado un régimen feudal donde todo pasa por sus intereses personales. Todo es manejado por su “familia”: desde la empresa minera Bentonita Santa Gema hasta los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos.
A nivel nacional hizo valer sus “influencias” presionando a la presidencia –de la mano de Barrick Gold- para que vete la ley de Glaciares. En los últimos días ha llevado a la presidenta CFK a su amigo Peter Munk, conformando un bochornoso espectáculo en el cual queda de manifiesto que los intereses de los gobiernos provincial y nacional no son los del pueblo y de la patria.
Pero ante tamaña demostración de las asambleas, el “señor feudal” de San Juan no pudo evitar que la 9ª UAC apareciera en todos los medios, incluidos los de su propiedad o los controlados con publicidad oficial.
Aún con información tendenciosa los medios de San Juan no pudieron omitir esta fuerte demostración de resistencia.
El Foro en Defensa de los Glaciares realizado el día 23 de abril contó con la presencia de Adolfo Perez Esquivel (premio Nobel de la Paz ) Nora Cortiñas (madre de Plaza de Mayo), Marta Maffei (ex diputada Nacional), Alfredo Villalba (director del IANIGLA), Lucio Cuenca (director de OLCA de Chile) y el Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez, entre otras personalidades, y fue el puntapié inicial del 9º enuentro de la UAC.
Las jornadas de trabajo comenzaron el día 24 y concluyeron el día 26 y permitió que 500 asambleístas compartieran vivencias y debatieran sobre estrategias y acciones, analizando los avances registrados y planificando en conjunto las actividades futuras.
En estos cuatro días no faltaron las notas de color:
- como respuesta al Foro organizado por la UAC , el gobierno provincial y las empresas mineras organizaron un “foro minero” en paralelo. Allí se despacharon recriminándole al rector de la Universidad de San Juan por haber cedido las instalaciones para el Foro en Defensa de los Glaciares y tratando de descalificar a los expositores con argumentaciones cientificistas. El resultado fue que al Foro organizado por la UAC asistieron 750 personas y al foro minero asistieron solamente algunos mineros.
- Gioja y los empresarios mineros contrataron micros y “llevaron” a la Plaza 25 de Mayo aproximadamente 100 “obreros mineros” con intenciones de confrontar y provocar enfrentamientos con los asambleístas. Esta plaza era el punto de encuentro de los participantes de la 9ª UAC y desde las 9 de la mañana empezaron a rodearla varias camionetas 4x4 con el logo de empresas mineras. En medio de este clima de provocación, el premio Nobel de la Paz , Adolfo Perez Esquivel tomó el micrófono y dirigió la palabra, llamando a la mesura a los provocadores, recordándoles que la UAC no venía a enfrentar a sectores del pueblo sino a contribuir a su unión para defenderse de la “explotación laboral” y el “saqueo” de los bienes comunes y la contaminación que reallizan las empresas transnacionales.
- Los asambleístas realizaron una colorida y ruidosa marcha de más de tres cuadras de extensión desde la plaza 25 de Mayo hasta el lugar del encuentro. Por la noche se realizó una nueva marcha que culminó con la puesta en escena de una obra teatral en el centro de la misma plaza.
Algunas reflexiones
- Los empresarios mineros trataron de desacreditar la participación en el Foro en Defensa de los Glaciares de Perez Esquivel y Nora Cortiñas con el argumento de que no son científicos, olvidando que el director del IANIGLA; Alfredo Villalba sí lo es.
- Además de los que acudieron al Foro y al 9º Encuentro, muchos profesionales y científicos coinciden con los reclamos de la UAC.
- El enfoque de las empresas mineras solamente pasa por lo “cientificista” olvidando los aspectos sociales, ambientales y de derechos humanos y de las comunidades.
- Deberíamos recordarle a los empresarios mineros que la bomba de Hiroshima y el “agente naranja” utilizado en Vietnam eran perfectos desde el punto de vista científico y técnico.
Políticas ambientales y nuevos consensos
Políticas ambientales y nuevos consensos sobre los bosques nativos
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Alicia H. Barchuk, Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Alicia H. Barchuk, Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
Dinero de las mineras que "contamina"
Dinero que "contamina"
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Lista de Profesores INTEGRACIÓN - Lista de Auxiliares INTERCENTROS - Lista AZUL No Docente
Provincia/Región: Nacional
La ley 14771 de 1958 dispuso la creación de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) para la explotación del yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, rico en oro y plata, en la provincia de Catamarca. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado Provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado Nacional, se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60%) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40%). La mencionada ley establece que el 50% de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º, inciso c).
Durante la presidencia de Menem, se modificó el marco legal, tributario y administrativo constituyendo YMAD una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited gerenciada por Xstrata Plc (Suiza) que tiene el 50% del paquete accionario mientras que las empresas canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc poseen el 37,5% y el 12,5%, respectivamente. Actualmente, esta explotación minera a cielo abierto constituye uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo.
En 1998, el ex-Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, el Biólogo Juan González, denunció a Minera Alumbrera Limited por violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos ya que en el fondo del arroyo DP2 se hallaron niveles de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico superiores a los límites establecidos por la normativa aplicable. Por otra parte, en el Concejo Deliberante de Catamarca, vecinos de YMAD solicitaron la inmediata relocalización de la planta industrial por la contaminación ambiental producida en la zona urbana y por el empleo de cianuro sin los tratamientos adecuados. La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación también generó un informe que detalla los graves impactos ambientales que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca del río Salí, en la Quebrada de Lules y en los embalses El Cadillal y Rio Hondo.
En junio del año 2008, sobre la base de la mencionada denuncia del Biólogo J. González, la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán procesó al Vicepresidente Primero y Gerente General de la Minera Alumbrera por el delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo Nº 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) en coordinación con el artículo Nº 200 del Código Penal de la Nación (11.179, T.O. 1984 actualizado) que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
Solo un mes después de esta decisión judicial inédita en América Latina, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su reunión del 10 de julio de 2008, acordó la distribución entre las Universidades Nacionales de las utilidades provenientes de YMAD correspondientes al ejercicio 2007 que ascienden a 50 millones de pesos.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur, en su plenario del 8 de abril de 2009, aprobó por el voto nominal de veinte de sus miembros el dictamen de mayoría que proponía: “aceptar de la firma “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” (YMAD) la suma de $ 1.215.511 en concepto de participación en las utilidades líquidas y realizadas por el ejercicio 2007, de acuerdo al artículo 18º inc. c) de la ley 14.771 y a la pauta de distribución dispuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional mediante Acuerdo Plenario 672/08” e “incorporar a los recursos del presente ejercicio presupuestario la suma mencionada en el artículo 1º, Fuente de Financiamiento 1.2 (Recursos Propios)” (ver Acta 606 CSU).
El dictamen de minoría aconsejaba rechazar esta suma de dinero, instar al Estado Nacional, al Estado Provincial de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán a que las utilidades correspondientes a la UNS sean empleadas en estudios de impacto ambiental en la zona afectada por la contaminación y exigir al Estado Nacional mayor rigor en el control de las actividades de la Empresa Minera respecto de la contaminación del medio ambiente y de las utilidades declaradas.
Los representantes de las listas Integración, Intercentros, Azul, MNR-Desafíos, La Corriente y la Decana del Departamento de Humanidades votamos el dictamen de minoría y de la misma manera que lo hicimos en el plenario del CSU, preguntamos ahora:
- ¿Debe la Universidad establecer ciertos límites en los recursos económicos que acepta?
- ¿Debemos actuar de acuerdo con nuestro Estatuto que en el artículo 2º establece que “el fin de la Universidad es inculcarle a los miembros el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”?
- ¿Debemos por lo tanto, respetar el art. 41º de la Constitución Nacional que dice que “todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo”?
- ¿No estamos dando un doble mensaje a nuestros alumnos cuando pregonamos el respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo aceptamos recursos procedentes de una empresa minera seriamente denunciada y procesada por contaminación ambiental?
- ¿No es preocupante para una institución educativa que algunos consejeros hayan esgrimido como argumentación para no rechazar esta regalías que las “actitudes principistas no resultan operativas”, que es necesario “ser pragmáticos” y que si nos “quedamos en los ideales no obtenemos nada como resultado”?
- ¿No se daña la credibilidad y el rol referencial de la Universidad en eventuales estudios de contaminación ambiental con la incorporación a su presupuesto de regalías del YMAD, aunque haya una ley de por medio?
Estamos convencidos de que la respuesta a cada uno de estos interrogantes solo puede ser un CATEGÓRICO SÍ y que la Universidad Pública al aceptar, sin ningún tipo de cuestionamiento, estos recursos “contaminantes” corre el riesgo de “contaminar” su protagonismo y su responsabilidad social.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Autor del Artículo: Lista de Profesores INTEGRACIÓN - Lista de Auxiliares INTERCENTROS - Lista AZUL No Docente
Provincia/Región: Nacional
La ley 14771 de 1958 dispuso la creación de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) para la explotación del yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, rico en oro y plata, en la provincia de Catamarca. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado Provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado Nacional, se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60%) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40%). La mencionada ley establece que el 50% de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º, inciso c).
Durante la presidencia de Menem, se modificó el marco legal, tributario y administrativo constituyendo YMAD una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited gerenciada por Xstrata Plc (Suiza) que tiene el 50% del paquete accionario mientras que las empresas canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc poseen el 37,5% y el 12,5%, respectivamente. Actualmente, esta explotación minera a cielo abierto constituye uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo.
En 1998, el ex-Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, el Biólogo Juan González, denunció a Minera Alumbrera Limited por violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos ya que en el fondo del arroyo DP2 se hallaron niveles de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico superiores a los límites establecidos por la normativa aplicable. Por otra parte, en el Concejo Deliberante de Catamarca, vecinos de YMAD solicitaron la inmediata relocalización de la planta industrial por la contaminación ambiental producida en la zona urbana y por el empleo de cianuro sin los tratamientos adecuados. La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación también generó un informe que detalla los graves impactos ambientales que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca del río Salí, en la Quebrada de Lules y en los embalses El Cadillal y Rio Hondo.
En junio del año 2008, sobre la base de la mencionada denuncia del Biólogo J. González, la Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de Tucumán procesó al Vicepresidente Primero y Gerente General de la Minera Alumbrera por el delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo Nº 55 de la Ley de Residuos Peligrosos (24.051) en coordinación con el artículo Nº 200 del Código Penal de la Nación (11.179, T.O. 1984 actualizado) que se reprime con reclusión o prisión de tres a diez años.
Solo un mes después de esta decisión judicial inédita en América Latina, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su reunión del 10 de julio de 2008, acordó la distribución entre las Universidades Nacionales de las utilidades provenientes de YMAD correspondientes al ejercicio 2007 que ascienden a 50 millones de pesos.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur, en su plenario del 8 de abril de 2009, aprobó por el voto nominal de veinte de sus miembros el dictamen de mayoría que proponía: “aceptar de la firma “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” (YMAD) la suma de $ 1.215.511 en concepto de participación en las utilidades líquidas y realizadas por el ejercicio 2007, de acuerdo al artículo 18º inc. c) de la ley 14.771 y a la pauta de distribución dispuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional mediante Acuerdo Plenario 672/08” e “incorporar a los recursos del presente ejercicio presupuestario la suma mencionada en el artículo 1º, Fuente de Financiamiento 1.2 (Recursos Propios)” (ver Acta 606 CSU).
El dictamen de minoría aconsejaba rechazar esta suma de dinero, instar al Estado Nacional, al Estado Provincial de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán a que las utilidades correspondientes a la UNS sean empleadas en estudios de impacto ambiental en la zona afectada por la contaminación y exigir al Estado Nacional mayor rigor en el control de las actividades de la Empresa Minera respecto de la contaminación del medio ambiente y de las utilidades declaradas.
Los representantes de las listas Integración, Intercentros, Azul, MNR-Desafíos, La Corriente y la Decana del Departamento de Humanidades votamos el dictamen de minoría y de la misma manera que lo hicimos en el plenario del CSU, preguntamos ahora:
- ¿Debe la Universidad establecer ciertos límites en los recursos económicos que acepta?
- ¿Debemos actuar de acuerdo con nuestro Estatuto que en el artículo 2º establece que “el fin de la Universidad es inculcarle a los miembros el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional”?
- ¿Debemos por lo tanto, respetar el art. 41º de la Constitución Nacional que dice que “todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo”?
- ¿No estamos dando un doble mensaje a nuestros alumnos cuando pregonamos el respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo aceptamos recursos procedentes de una empresa minera seriamente denunciada y procesada por contaminación ambiental?
- ¿No es preocupante para una institución educativa que algunos consejeros hayan esgrimido como argumentación para no rechazar esta regalías que las “actitudes principistas no resultan operativas”, que es necesario “ser pragmáticos” y que si nos “quedamos en los ideales no obtenemos nada como resultado”?
- ¿No se daña la credibilidad y el rol referencial de la Universidad en eventuales estudios de contaminación ambiental con la incorporación a su presupuesto de regalías del YMAD, aunque haya una ley de por medio?
Estamos convencidos de que la respuesta a cada uno de estos interrogantes solo puede ser un CATEGÓRICO SÍ y que la Universidad Pública al aceptar, sin ningún tipo de cuestionamiento, estos recursos “contaminantes” corre el riesgo de “contaminar” su protagonismo y su responsabilidad social.
Famatina contra la transnacional minera Barrick
Argentina: la lucha en Famatina contra la transnacional minera Barrick
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Autor del Artículo: Agencia de Noticia Biodiversidadla
Provincia/Región: La Rioja
"Para la corporación especializada en socavar los macizos más resistentes de milenarias montañas y suelos, la piedra más dura que no han podido vencer son los habitantes autoconvocados de Famatina y Chilecito, que siendo en su mayor parte mujeres, le ponen el cuerpo a un bloqueo civil que hace dos años le impide a Barrick continuar con sus operaciones en la zona..."
" La impunidad con la que se mueven realmente asquea "
"El domingo 8 de Marzo de 2009, a2.000 metros de altura se escribió otra página más de esta bella y digna historia. Al mediodía la 'Barrera de la Vida', esa misma que nació hace dos años cuando decidimos decir basta y echar a la Barrick de nuestro Famatina, fue levantada por hombres, mujeres y niños que la abrazaron como protegiéndola y la colocaron nuevamente en su lugar." Asambleas Ciudadanas Riojanas, marzo de 2009.
La trasnacional minera Barrick no se ha marchado completamente del Cordón del Famatina. No podría abandonar sus intereses, siendo estos, los mismos que defiende el Gobierno de la Provincia de La Rioja a la hora de querer instaurar el miedo, amenazar con la pérdida de las fuentes de trabajo y reprimir a los vecinos que se organizan para resistir la destrucción de las nieves eternas que los rodean.
Sin embargo, para la corporación especializada en socavar los macizos más resistentes de milenarias montañas y suelos, la piedra más dura que no han podido vencer son los habitantes autoconvocados de Famatina y Chilecito, que siendo en su mayor parte mujeres, le ponen el cuerpo a un bloqueo civil que hace dos años le impide a Barrick continuar con sus operaciones en la zona.
Ante un mecanismo que apunta a comprar voluntades para instalar un discurso que iguala la industria minera a la vida misma, a través de manuales educativos, auspicio de eventos culturales, deportivos y medios de comunicación locales, las Asambleas Ciudadanas Riojanas fortalecen su organización para seguir defendiendo su territorio y las montañas que son parte de la propia historia de este pueblo cordillerano.
La Agencia de Noticias Biodiversidadla compartió la palabra con Carina Díaz Moreno, una de las mujeres, que además de ser docente, resiste activamente sosteniendo el corte en Peña Negra, desde esos mismos 2.000 metros de altura, porque no se resigna a que el futuro próximo sea vivir en una tierra devastada por la contaminación, la sequía y el abandono.
- Durante este último tiempo, ¿cómo ha sido para ustedes continuar resistiendo el avance minero?
Esto se está volviendo cada vez peor por el hecho de las persecuciones que estamos sufriendo. Amenazas con cesantías en el trabajo, amenazas a nuestros teléfonos. Aparte, lo que ha pasado el 19 de febrero para el cumpleaños de Chilecito, fuimos reprimidos, fuimos golpeados, fuimos secuestrados por la policía hasta que terminó el "desfile" y se pudo ir el Gobernador, pero antes de eso fue insultado y abucheado por lo que se había producido, por la represión y por los golpes que nos había propinado la policía. Esto había sido una orden expresa del gobernador de la provincia.
Están intentando meterse camionetas mineras para nuestra zona, están tratando de comprar voluntades. La Secretaría de Minería de la provincia auspiciando clubes deportivos, campeonatos, eventos culturales, con la obligación de que estos tengan carteles donde recen "Minería = Vida".
- Es decir que hay un lobby empresario por parte de las mineras que es muy fuerte.
La compra de voluntades por parte de las mineras es tremenda, pero viene digitada desde la Secretaría de Gobierno de la provincia de La Rioja bajo una orden a nivel provincial directamente del gobernador.
- El gobernador Beder Herrera en este momento no quiere acercarse a Famatina porque dice verse "intimidado" por las asambleas.
El Gobernador no viene a Famatina desde el 19 de abril de 2007, dónde él mismo, después de haber destituído al geólogo Ángel Maza, creador de los códigos mineros y ex Secretario de Minería de la Nación, viene a Famatina para el aniversario, a llenarse la boca de que debíamos proteger nuestros recursos naturales, de que había que defender nuestros bienes comunes, de que había que defender nuestro Cordón del Famatina como fuente de agua, como principal lucha. Señalaba incluso a nuestro cerro y gritaba ante el aplauso de la gente: "¡El Famatina no se toca!". Tiempo después ganó las elecciones y a los días ya estaba este señor Beder Herrera o "Vender Herrera" como le decimos nosotros, entregándonos ante la Cámara de Empresarios Mineros, ofreciendo la provincia y diciendo que la ley no estaba en vigencia porque él mismo no había llamado a consulta popular.
En agosto del año pasado han derogado la ley que prohibía la explotación minera a cielo abierto con el uso de químicos. Acá estamos, ahora siendo presionados por el Gobierno por todos lados, y el mismo gobierno provincial comenzando a realizar esta compra de voluntades tan impune que hacen en nuestra zona. Es la forma como se meten las mineras. ¿Para después qué?, pasar a depender de las mineras, ¿después de esto qué?, que no podamos decir qué es lo que nos está pasando con el tema del agua, con el tema de la contaminación, con el tema del envenenamiento de nuestros ríos superficiales y subterráneos. No es únicamente acá, es absolutamente toda la Cordillera de Los Andes. En todo el mundo las mineras se manejan así, comprando gobiernos.
- ¿Es el mecanismo con el que se manejan estas empresas?
Es el mecanismo y nosotros lo sabíamos, lo veníamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Desde que empezamos la lucha y empezamos a conocer el manejo, cómo era el proceso que realizan las multinacionales mineras en todos los pueblos, ya lo denunciábamos.
- ¿Y en este momento Barrick está trabajando en la zona del cerro?, ¿está operando?
Desde el 8 de marzo de 2007, que llevamos el corte en Peña Negra a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo único que intentaron fue pasar "como turistas" con algún operador de acá, como si fueran turistas para inspeccionar la zona, un par de veces. Y ahora se ha metido una camioneta, una empresa minera de Salta que andaba tratando de empezar a realizar un cateo de cobre y oro, pero mucho más cerca de lo que es "La Mejicana" o "Cueva de Pérez", sobre los 4.000 metros. Te estoy hablando en las cercanías de nuestro departamento, a 6 ó 7 km de nuestras casas. Esta camioneta ha sido interceptada por gente de las asambleas de Famatina y Chilecito y hemos tenido un encontronazo donde esta minera terminó denunciando a la gente de las asambleas.
- El corte que vienen realizando a 2.000 metros de altura, ¿a qué distancia está de la ciudad?
Del pueblo de Famatina, de la cabecera departamental, está a 15, 17 km más ó menos, metiéndonos ya en el cerro.
"Compañeros, les comunicamos que el pasado jueves 7 de agosto en sesión de la Cámara, los diputados, en su mayoría los mismos que levantaron la mano en marzo de 2007 para aprobar la Ley que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes en todo el territorio de la provincia de La Rioja, levantaron la mano para derogarla." Asamblea Ciudadanos por la Vida, Agosto de 2008.
- ¿Sienten una enorme traición?, ya que Beder Herrera utilizó un discurso ecologista defiendo el Cordón del Famatina, el medio ambiente y hoy está haciendo absolutamente lo contrario.
Mucha gente le ha creído, mucha gente está con verguenza de haberle creído y con mucha bronca. Con su discurso ganó muchísimos votos, ganó esa gobernación que tiene ahora y la gente está muy enojada. A Famatina Beder Herrera no viene desde ese 19 de abril de 2007 que he contado y si viene, viene de noche y con vehículos polarizados, a la casa de determinados punteros políticos. No viene a ningún otro lado, ni a ningún otro evento oficial que se haya hecho en Famatina, sea por obras, sea por absolutamente nada. Beder Herrera no viene a Famatina, oficialmente no. Y ahora, habían caído sus punteros políticos a decir que el Gobernador no venía por causa de las asambleas, por causa de los "ambientalistas", pero sí jamás le hemos hecho nada a nadie. En cada movilización y en cada actividad que hemos realizado como asamblea, siempre hemos sido pacíficos, no se qué tanto miedo nos puede llegar a tener. No tenemos intenciones de cambiar nuestra modalidad. Vamos a seguir siendo pacíficos y nuestras luchas van a seguir siendo así.
- ¿Cómo hacen para trabajar entre asambleas?, ¿en qué lugares de La Rioja están organizados contra el avance de la minería?
Acá en La Rioja hay 2 ó 3 asambleas en la ciudad capital, hay asambleas en Sanagasta por el tema del uranio, donde quieren hacer explotaciones a muy pocos metros de lo que es el dique que abastece a La Rioja Capital, al Dique de Los Sauces. Asambleas en todo lo que es Famatina, hay varias asambleas en sus distintos distritos. Hay asambleas en Chilecito, Vinchina también se está organizando contra la explotación minera y también se están metiendo las multinacionales.
- ¿Cómo es la participación de la gente más allá de las asambleas?
El apoyo de la gente lo tenemos siempre, en todo sentido. Los docentes están colaborando con rifas, con ferias, con bingos que organizamos para recaudar fondos para realizar viajes o pasacalles con nuestra lucha. En Famatina está muy concientizada la gente, muy comprometida y siempre colabora, si bien no se acercan mucho a las asambleas a participar activamente de la lucha, están en todo momento colaborando. En Chilecito, lo que pasó el 19 de febrero pasado fue un golpe muy grande para el gobierno provincial, porque a la gente de las distintas asambleas que nos habíamos organizado para desfilar pacíficamente en esa fiesta no nos dejaron llegar ni siquiera a 2 ó 3 cuadras del palco donde estaba el gobernador. El gobernador se fue abucheado e insultado por la gente común, por la ciudadanía, al ver los malos tratos, las represiones y los golpes que estábamos sufriendo nosotros.
Yo he sido golpeada, me han arrastrado de a 7 policías, me han tirado bajo un móvil policial. Cuando me han llevado a la Comisaría del Menor y la Mujer, han abierto un portón que había, me han metido ahí, yo iba de polleras largas. Una vez que han cerrado el portón me han dado vuelta y me han empezado a arrastrar de los pelos, hasta llegar a un calabozo donde me han tirado sin luz, un lugar todo sucio, horrible.
No teníamos la más mínima idea de que íbamos a ser reprimidos, si habíamos desfilado años anteriores en este desfile como "Asambleas Ciudadanas por la Vida" ó como "Asambleas de Vecinos Autoconvocados" y más allá de la risa despectiva del gobernador no pasaba. La orden era que no quería ver a uno solo de nosotros cerca de él, pero el pueblo de Chilecito se le levantó en contra. Así que se fue abucheado e insultado. Lo que decía la policía en ese momento, ese 19 de febrero, era que ellos únicamente recibían órdenes de arriba, que ellos no tenían la culpa de lo que estaban haciendo, que recibían órdenes, que el culpable de todo esto era el gobernador de la provincia.
Nosotros pensamos seguir luchando, pensamos seguir defendiendo nuestro Cordón del Famatina, también impulsando la ley original de protección de glaciares. La Presidenta, por órdenes de Barrick y por consejos del gobernador de San Juan y no sabemos si del gobernador de La Rioja también, ha vetado la original ley de protección de glaciares, donde se prohibía la explotación minera a cielo abierto y la explotación petrolera, en zonas cercanas a los nacimientos de nuestros recursos hídricos, a los glaciares, a nuestras nieves eternas.
"Nos preguntamos también, si los hechos acontecidos el día 19 no son intentos de distraer la atención pública frente a las denuncias que vienen haciendo las asambleas sobre la aparición en nuestra zona de personajes vinculados al tráfico de armas y a los negocios sucios del oro, como así también sobre la apropiación de miles de hectáreas de tierras riojanas por parte de oscuras corporaciones internacionales." Asambleas Ciudadanas Riojanas, febrero de 2009.
- ¿Sienten libertad para poder actuar y realizar movilizaciones?, ¿o mismo vos para ejercer la docencia?, ¿cómo te sentís?
Nosotros nos sentimos muy presionados como ciudadanos y como docentes también. Acá en la provincia de La Rioja, está yendo la gente del Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Minería al proyecto minero de Catamarca, Bajo de la Alumbrera, a buscar información para crear manuales educactivos donde enseñen el desarrollo y las bienaventuranzas que trae la minería para las provincias afectadas. Están exigiendo, ojo que esto todavía no lo hacen por escrito sino vía telefónica, presionando a directivos de nuestras escuelas y a los supervisores, exigiendo que no se hable de minería, que no se hable de contaminación y que no se hable de medio ambiente si no es por gente mandada directamente por el Ministerio de Educación o por el Gobierno de la Provincia de La Rioja.
La impunidad con la que se mueven realmente asquea. En el mes de febrero y marzo nos han roto dos veces la barrera de Peña Negra, el control que llevamos ahí. Lo han arrancado directamente a mazazos, en la segunda oportunidad directamente la han partido. Nadie hace nada, hemos hecho las denuncias pertinentes, la camioneta del que había efectuado este daño a nuestras asambleas y a nuestra lucha, estuvo secuestrada cerca de un mes en la policía de Famatina. Una camioneta que no tiene papeles, una camioneta que no tiene luces, una camioneta que no tiene frenos, y por orden del Juez Alfredo Ramos ha sido restituida a su supuesto dueño. Se manejan así, con total impunidad. Es asqueante te digo, y hay veces que nos da un poco de miedo el actuar con el que se manejan acá en la provincia.
Al día que se le ha devuelto la camioneta al supuesto dueño, porque esa camioneta no tiene papeles, volvieron a romper la barrera en Peña Negra. Nadie hace nada, nadie dice nada. Las denuncias que nosotros hemos presentado por lo que hemos sufrido el 19 de febrero pasado, también están en manos del Juez Ramos, encajonadas en alguno de sus escritorios.
Nosotros seguimos resistiendo pero, ¿con qué valor podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las distintas manifestaciones y a las distintas marchas que necesitamos hacer?, porque tenemos el deber como ciudadanos y el derecho de participar y expresar nuestros pensamientos, estamos supuestamente en democracia. ¿Cómo invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, si no sabemos si nos van a seguir reprimiento?
- ¿Y el rol de los medios en todo esto?
Hace dos semanas, el sábado, el gobernador Beder Herrera dio un agasajo a los medios de comunicación de la zona de Chilecito y Famatina, donde se les ha dado entre mil y tres mil pesos a cada radio, a cada medio de difusión, para que cambien el discurso minero, para que empiecen a decir en sus medios que la minería es buena, que trae desarrollo, que trae trabajo, que trae muchas cosas, muchos beneficios para los pueblos afectados.
Lo que yo quisiera ver es el desarrollo que tiene nuestro hermano pueblo de Catamarca después de 15 años de explotación minera. Sigue siendo Catamarca la provincia más pobre y siguen muriendo de tuberculosis por la pobreza, en esta querida y dolorosa ciudad de Catamarca. ¿Dónde está el desarrollo de Catamarca? Nos están quedando muy pocos medios de comunicación realmente objetivos en la zona, tanto en Famatina como en Chilecito y los otros pueblos están presionados, viendo la forma de cambiar a este discurso que está tirando la Secretaría de Minería de la Provincia, "Minería = Vida".
- Carina, esperamos que puedan expresarse con libertad allá y que esta persecución que están sufriendo deje de ser tal.
Acá en la provincia de La Rioja no estamos en democracia pero, ¿quién lo está en este país?. La Cordillera de Los Andes sigue sufriendo lo mismo, San Juan está padeciendo lo mismo y peor de lo que nosotros padecemos, con esta censura y con estas represiones que están sufriendo nuestros hermanos sanjuaninos. Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y todos los pueblos cordilleranos que por desgracia hemos nacido en estos queridos cerros, en estas queridas montañas, que quieren saquearle hasta el último gramo de mineral, hasta la última gota de agua que tenemos.
Siempre digo lo mismo, el agua de nuestra cordillera abastece al 70% de la Argentina, el agua dulce, el agua que están saqueando para explotar mineras en Chile, con el tráfico de agua de Salta para abajo y para las mineras acá también, bajo el manto o la colaboración de la Presidenta. No se si realmente nos merecemos un personaje como este, que esté a cargo de representar a nuestro país, que está avalando y que está impulsando estos emprendimientos mineros para que no nos quede agua y para que no nos quede vida. No estoy hablando solamente de la Cordillera de Los Andes, porque si no tenemos agua gran parte de nuestro país va a empezar a sufrir la sequía por el agotamiento que están realizando estas mineras.
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Autor del Artículo: Agencia de Noticia Biodiversidadla
Provincia/Región: La Rioja
"Para la corporación especializada en socavar los macizos más resistentes de milenarias montañas y suelos, la piedra más dura que no han podido vencer son los habitantes autoconvocados de Famatina y Chilecito, que siendo en su mayor parte mujeres, le ponen el cuerpo a un bloqueo civil que hace dos años le impide a Barrick continuar con sus operaciones en la zona..."
" La impunidad con la que se mueven realmente asquea "
"El domingo 8 de Marzo de 2009, a2.000 metros de altura se escribió otra página más de esta bella y digna historia. Al mediodía la 'Barrera de la Vida', esa misma que nació hace dos años cuando decidimos decir basta y echar a la Barrick de nuestro Famatina, fue levantada por hombres, mujeres y niños que la abrazaron como protegiéndola y la colocaron nuevamente en su lugar." Asambleas Ciudadanas Riojanas, marzo de 2009.
La trasnacional minera Barrick no se ha marchado completamente del Cordón del Famatina. No podría abandonar sus intereses, siendo estos, los mismos que defiende el Gobierno de la Provincia de La Rioja a la hora de querer instaurar el miedo, amenazar con la pérdida de las fuentes de trabajo y reprimir a los vecinos que se organizan para resistir la destrucción de las nieves eternas que los rodean.
Sin embargo, para la corporación especializada en socavar los macizos más resistentes de milenarias montañas y suelos, la piedra más dura que no han podido vencer son los habitantes autoconvocados de Famatina y Chilecito, que siendo en su mayor parte mujeres, le ponen el cuerpo a un bloqueo civil que hace dos años le impide a Barrick continuar con sus operaciones en la zona.
Ante un mecanismo que apunta a comprar voluntades para instalar un discurso que iguala la industria minera a la vida misma, a través de manuales educativos, auspicio de eventos culturales, deportivos y medios de comunicación locales, las Asambleas Ciudadanas Riojanas fortalecen su organización para seguir defendiendo su territorio y las montañas que son parte de la propia historia de este pueblo cordillerano.
La Agencia de Noticias Biodiversidadla compartió la palabra con Carina Díaz Moreno, una de las mujeres, que además de ser docente, resiste activamente sosteniendo el corte en Peña Negra, desde esos mismos 2.000 metros de altura, porque no se resigna a que el futuro próximo sea vivir en una tierra devastada por la contaminación, la sequía y el abandono.
- Durante este último tiempo, ¿cómo ha sido para ustedes continuar resistiendo el avance minero?
Esto se está volviendo cada vez peor por el hecho de las persecuciones que estamos sufriendo. Amenazas con cesantías en el trabajo, amenazas a nuestros teléfonos. Aparte, lo que ha pasado el 19 de febrero para el cumpleaños de Chilecito, fuimos reprimidos, fuimos golpeados, fuimos secuestrados por la policía hasta que terminó el "desfile" y se pudo ir el Gobernador, pero antes de eso fue insultado y abucheado por lo que se había producido, por la represión y por los golpes que nos había propinado la policía. Esto había sido una orden expresa del gobernador de la provincia.
Están intentando meterse camionetas mineras para nuestra zona, están tratando de comprar voluntades. La Secretaría de Minería de la provincia auspiciando clubes deportivos, campeonatos, eventos culturales, con la obligación de que estos tengan carteles donde recen "Minería = Vida".
- Es decir que hay un lobby empresario por parte de las mineras que es muy fuerte.
La compra de voluntades por parte de las mineras es tremenda, pero viene digitada desde la Secretaría de Gobierno de la provincia de La Rioja bajo una orden a nivel provincial directamente del gobernador.
- El gobernador Beder Herrera en este momento no quiere acercarse a Famatina porque dice verse "intimidado" por las asambleas.
El Gobernador no viene a Famatina desde el 19 de abril de 2007, dónde él mismo, después de haber destituído al geólogo Ángel Maza, creador de los códigos mineros y ex Secretario de Minería de la Nación, viene a Famatina para el aniversario, a llenarse la boca de que debíamos proteger nuestros recursos naturales, de que había que defender nuestros bienes comunes, de que había que defender nuestro Cordón del Famatina como fuente de agua, como principal lucha. Señalaba incluso a nuestro cerro y gritaba ante el aplauso de la gente: "¡El Famatina no se toca!". Tiempo después ganó las elecciones y a los días ya estaba este señor Beder Herrera o "Vender Herrera" como le decimos nosotros, entregándonos ante la Cámara de Empresarios Mineros, ofreciendo la provincia y diciendo que la ley no estaba en vigencia porque él mismo no había llamado a consulta popular.
En agosto del año pasado han derogado la ley que prohibía la explotación minera a cielo abierto con el uso de químicos. Acá estamos, ahora siendo presionados por el Gobierno por todos lados, y el mismo gobierno provincial comenzando a realizar esta compra de voluntades tan impune que hacen en nuestra zona. Es la forma como se meten las mineras. ¿Para después qué?, pasar a depender de las mineras, ¿después de esto qué?, que no podamos decir qué es lo que nos está pasando con el tema del agua, con el tema de la contaminación, con el tema del envenenamiento de nuestros ríos superficiales y subterráneos. No es únicamente acá, es absolutamente toda la Cordillera de Los Andes. En todo el mundo las mineras se manejan así, comprando gobiernos.
- ¿Es el mecanismo con el que se manejan estas empresas?
Es el mecanismo y nosotros lo sabíamos, lo veníamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Desde que empezamos la lucha y empezamos a conocer el manejo, cómo era el proceso que realizan las multinacionales mineras en todos los pueblos, ya lo denunciábamos.
- ¿Y en este momento Barrick está trabajando en la zona del cerro?, ¿está operando?
Desde el 8 de marzo de 2007, que llevamos el corte en Peña Negra a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo único que intentaron fue pasar "como turistas" con algún operador de acá, como si fueran turistas para inspeccionar la zona, un par de veces. Y ahora se ha metido una camioneta, una empresa minera de Salta que andaba tratando de empezar a realizar un cateo de cobre y oro, pero mucho más cerca de lo que es "La Mejicana" o "Cueva de Pérez", sobre los 4.000 metros. Te estoy hablando en las cercanías de nuestro departamento, a 6 ó 7 km de nuestras casas. Esta camioneta ha sido interceptada por gente de las asambleas de Famatina y Chilecito y hemos tenido un encontronazo donde esta minera terminó denunciando a la gente de las asambleas.
- El corte que vienen realizando a 2.000 metros de altura, ¿a qué distancia está de la ciudad?
Del pueblo de Famatina, de la cabecera departamental, está a 15, 17 km más ó menos, metiéndonos ya en el cerro.
"Compañeros, les comunicamos que el pasado jueves 7 de agosto en sesión de la Cámara, los diputados, en su mayoría los mismos que levantaron la mano en marzo de 2007 para aprobar la Ley que prohibía la minería a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes en todo el territorio de la provincia de La Rioja, levantaron la mano para derogarla." Asamblea Ciudadanos por la Vida, Agosto de 2008.
- ¿Sienten una enorme traición?, ya que Beder Herrera utilizó un discurso ecologista defiendo el Cordón del Famatina, el medio ambiente y hoy está haciendo absolutamente lo contrario.
Mucha gente le ha creído, mucha gente está con verguenza de haberle creído y con mucha bronca. Con su discurso ganó muchísimos votos, ganó esa gobernación que tiene ahora y la gente está muy enojada. A Famatina Beder Herrera no viene desde ese 19 de abril de 2007 que he contado y si viene, viene de noche y con vehículos polarizados, a la casa de determinados punteros políticos. No viene a ningún otro lado, ni a ningún otro evento oficial que se haya hecho en Famatina, sea por obras, sea por absolutamente nada. Beder Herrera no viene a Famatina, oficialmente no. Y ahora, habían caído sus punteros políticos a decir que el Gobernador no venía por causa de las asambleas, por causa de los "ambientalistas", pero sí jamás le hemos hecho nada a nadie. En cada movilización y en cada actividad que hemos realizado como asamblea, siempre hemos sido pacíficos, no se qué tanto miedo nos puede llegar a tener. No tenemos intenciones de cambiar nuestra modalidad. Vamos a seguir siendo pacíficos y nuestras luchas van a seguir siendo así.
- ¿Cómo hacen para trabajar entre asambleas?, ¿en qué lugares de La Rioja están organizados contra el avance de la minería?
Acá en La Rioja hay 2 ó 3 asambleas en la ciudad capital, hay asambleas en Sanagasta por el tema del uranio, donde quieren hacer explotaciones a muy pocos metros de lo que es el dique que abastece a La Rioja Capital, al Dique de Los Sauces. Asambleas en todo lo que es Famatina, hay varias asambleas en sus distintos distritos. Hay asambleas en Chilecito, Vinchina también se está organizando contra la explotación minera y también se están metiendo las multinacionales.
- ¿Cómo es la participación de la gente más allá de las asambleas?
El apoyo de la gente lo tenemos siempre, en todo sentido. Los docentes están colaborando con rifas, con ferias, con bingos que organizamos para recaudar fondos para realizar viajes o pasacalles con nuestra lucha. En Famatina está muy concientizada la gente, muy comprometida y siempre colabora, si bien no se acercan mucho a las asambleas a participar activamente de la lucha, están en todo momento colaborando. En Chilecito, lo que pasó el 19 de febrero pasado fue un golpe muy grande para el gobierno provincial, porque a la gente de las distintas asambleas que nos habíamos organizado para desfilar pacíficamente en esa fiesta no nos dejaron llegar ni siquiera a 2 ó 3 cuadras del palco donde estaba el gobernador. El gobernador se fue abucheado e insultado por la gente común, por la ciudadanía, al ver los malos tratos, las represiones y los golpes que estábamos sufriendo nosotros.
Yo he sido golpeada, me han arrastrado de a 7 policías, me han tirado bajo un móvil policial. Cuando me han llevado a la Comisaría del Menor y la Mujer, han abierto un portón que había, me han metido ahí, yo iba de polleras largas. Una vez que han cerrado el portón me han dado vuelta y me han empezado a arrastrar de los pelos, hasta llegar a un calabozo donde me han tirado sin luz, un lugar todo sucio, horrible.
No teníamos la más mínima idea de que íbamos a ser reprimidos, si habíamos desfilado años anteriores en este desfile como "Asambleas Ciudadanas por la Vida" ó como "Asambleas de Vecinos Autoconvocados" y más allá de la risa despectiva del gobernador no pasaba. La orden era que no quería ver a uno solo de nosotros cerca de él, pero el pueblo de Chilecito se le levantó en contra. Así que se fue abucheado e insultado. Lo que decía la policía en ese momento, ese 19 de febrero, era que ellos únicamente recibían órdenes de arriba, que ellos no tenían la culpa de lo que estaban haciendo, que recibían órdenes, que el culpable de todo esto era el gobernador de la provincia.
Nosotros pensamos seguir luchando, pensamos seguir defendiendo nuestro Cordón del Famatina, también impulsando la ley original de protección de glaciares. La Presidenta, por órdenes de Barrick y por consejos del gobernador de San Juan y no sabemos si del gobernador de La Rioja también, ha vetado la original ley de protección de glaciares, donde se prohibía la explotación minera a cielo abierto y la explotación petrolera, en zonas cercanas a los nacimientos de nuestros recursos hídricos, a los glaciares, a nuestras nieves eternas.
"Nos preguntamos también, si los hechos acontecidos el día 19 no son intentos de distraer la atención pública frente a las denuncias que vienen haciendo las asambleas sobre la aparición en nuestra zona de personajes vinculados al tráfico de armas y a los negocios sucios del oro, como así también sobre la apropiación de miles de hectáreas de tierras riojanas por parte de oscuras corporaciones internacionales." Asambleas Ciudadanas Riojanas, febrero de 2009.
- ¿Sienten libertad para poder actuar y realizar movilizaciones?, ¿o mismo vos para ejercer la docencia?, ¿cómo te sentís?
Nosotros nos sentimos muy presionados como ciudadanos y como docentes también. Acá en la provincia de La Rioja, está yendo la gente del Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Minería al proyecto minero de Catamarca, Bajo de la Alumbrera, a buscar información para crear manuales educactivos donde enseñen el desarrollo y las bienaventuranzas que trae la minería para las provincias afectadas. Están exigiendo, ojo que esto todavía no lo hacen por escrito sino vía telefónica, presionando a directivos de nuestras escuelas y a los supervisores, exigiendo que no se hable de minería, que no se hable de contaminación y que no se hable de medio ambiente si no es por gente mandada directamente por el Ministerio de Educación o por el Gobierno de la Provincia de La Rioja.
La impunidad con la que se mueven realmente asquea. En el mes de febrero y marzo nos han roto dos veces la barrera de Peña Negra, el control que llevamos ahí. Lo han arrancado directamente a mazazos, en la segunda oportunidad directamente la han partido. Nadie hace nada, hemos hecho las denuncias pertinentes, la camioneta del que había efectuado este daño a nuestras asambleas y a nuestra lucha, estuvo secuestrada cerca de un mes en la policía de Famatina. Una camioneta que no tiene papeles, una camioneta que no tiene luces, una camioneta que no tiene frenos, y por orden del Juez Alfredo Ramos ha sido restituida a su supuesto dueño. Se manejan así, con total impunidad. Es asqueante te digo, y hay veces que nos da un poco de miedo el actuar con el que se manejan acá en la provincia.
Al día que se le ha devuelto la camioneta al supuesto dueño, porque esa camioneta no tiene papeles, volvieron a romper la barrera en Peña Negra. Nadie hace nada, nadie dice nada. Las denuncias que nosotros hemos presentado por lo que hemos sufrido el 19 de febrero pasado, también están en manos del Juez Ramos, encajonadas en alguno de sus escritorios.
Nosotros seguimos resistiendo pero, ¿con qué valor podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las distintas manifestaciones y a las distintas marchas que necesitamos hacer?, porque tenemos el deber como ciudadanos y el derecho de participar y expresar nuestros pensamientos, estamos supuestamente en democracia. ¿Cómo invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, si no sabemos si nos van a seguir reprimiento?
- ¿Y el rol de los medios en todo esto?
Hace dos semanas, el sábado, el gobernador Beder Herrera dio un agasajo a los medios de comunicación de la zona de Chilecito y Famatina, donde se les ha dado entre mil y tres mil pesos a cada radio, a cada medio de difusión, para que cambien el discurso minero, para que empiecen a decir en sus medios que la minería es buena, que trae desarrollo, que trae trabajo, que trae muchas cosas, muchos beneficios para los pueblos afectados.
Lo que yo quisiera ver es el desarrollo que tiene nuestro hermano pueblo de Catamarca después de 15 años de explotación minera. Sigue siendo Catamarca la provincia más pobre y siguen muriendo de tuberculosis por la pobreza, en esta querida y dolorosa ciudad de Catamarca. ¿Dónde está el desarrollo de Catamarca? Nos están quedando muy pocos medios de comunicación realmente objetivos en la zona, tanto en Famatina como en Chilecito y los otros pueblos están presionados, viendo la forma de cambiar a este discurso que está tirando la Secretaría de Minería de la Provincia, "Minería = Vida".
- Carina, esperamos que puedan expresarse con libertad allá y que esta persecución que están sufriendo deje de ser tal.
Acá en la provincia de La Rioja no estamos en democracia pero, ¿quién lo está en este país?. La Cordillera de Los Andes sigue sufriendo lo mismo, San Juan está padeciendo lo mismo y peor de lo que nosotros padecemos, con esta censura y con estas represiones que están sufriendo nuestros hermanos sanjuaninos. Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y todos los pueblos cordilleranos que por desgracia hemos nacido en estos queridos cerros, en estas queridas montañas, que quieren saquearle hasta el último gramo de mineral, hasta la última gota de agua que tenemos.
Siempre digo lo mismo, el agua de nuestra cordillera abastece al 70% de la Argentina, el agua dulce, el agua que están saqueando para explotar mineras en Chile, con el tráfico de agua de Salta para abajo y para las mineras acá también, bajo el manto o la colaboración de la Presidenta. No se si realmente nos merecemos un personaje como este, que esté a cargo de representar a nuestro país, que está avalando y que está impulsando estos emprendimientos mineros para que no nos quede agua y para que no nos quede vida. No estoy hablando solamente de la Cordillera de Los Andes, porque si no tenemos agua gran parte de nuestro país va a empezar a sufrir la sequía por el agotamiento que están realizando estas mineras.
La gran mentira de las exportaciones mineras
La gran mentira de las exportaciones mineras de Argentina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Autor del Artículo: José Jorge Aldecoa
Provincia/Región: Nacional
Se produce una exportación “cuando las materias primas, productos y/o servicios del país de origen que se venden al exterior, son efectivamente recibidos y “nacionalizados” [1] en destino y son abonados en los plazos y montos pactados, mediante el ingreso de las divisas en el circuito financiero del país exportador.” Pero aquí surge la gran paradoja de la exportación de minerales, ya que por el Decreto 753/2004 [2], el gobierno actual resolvió que la actividad minera está excluida del cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.
Todos nosotros hemos oído y leído hasta el cansancio informaciones sobre los extraordinarios beneficios que nos brindan las cuantiosas exportaciones de minerales que se producen en nuestro país.
También hemos escuchado a gobernantes y funcionarios decir que las ventajas que nos dejan las exportaciones de minerales compensan con creces “los pequeños inconvenientes” que ocasionan las operaciones de extracción de los mismos.
Asimismo la propaganda de las empresas mineras afirma que somos un país cuyas exportaciones minerales superan los números de las tradicionales agropecuarias, que han sido desde siempre nuestro orgullo como “el granero del mundo”.
Ahora bien, definamos que significa en el comercio exterior la palabra EXPORTACION:
Según el Tratado de Bruselas y los acuerdos internacionales sobre el comercio exterior entre los países del mundo libre, se establece que se produce una exportación cuando las materias primas, productos y/o servicios del país de origen que se venden al exterior, son efectivamente recibidos y “nacionalizados” [1] en destino y son abonados en los plazos y montos pactados, mediante el ingreso de las divisas en el circuito financiero del país exportador.
En el caso de nuestro país, las divisas obtenidas por una exportación, deberán ser negociadas a través del Mercado Único de Cambios del BCRA (Banco Central de la República Argentina).
Bueno, hasta aquí todo parece funcionar perfectamente: nuestros productores venden al exterior, sus carnes, lácteos, frutas, miel, productos manufacturados, software, servicios financieros, turismo, etc. y reciben a cambio las divisas que son negociadas, como dijimos anteriormente, en el mercado del BCRA, recibiendo a cambio los pesos a la cotización del día del mercado local.
Pero aquí surge la gran paradoja de la exportación de minerales, ya que por el Decreto 753/2004 [2], el gobierno actual resolvió que la actividad minera está excluida del cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.
Entonces nos encontramos con una gran contradicción:
1. Todos los exportadores deben ingresar las divisas al mercado oficial de nuestro país.
2. La exportación, para que sea considerada como tal debe convertir sus divisas por intermedio del BCRA.
3. La actividad minera en la Argentina no cumple (por disposición del Gobierno Nacional) con los requisitos mencionados precedentemente.
Por lo tanto nuestras estadísticas de comercio exterior están reflejando cifras de exportaciones en dólares mentirosas, ya que en el rubro de minerales no podemos incluir divisas que jamás ingresaron al país y solo se deberían incluir las cantidades de minerales en toneladas y/u onzas troy que se entregaron al exterior, pero nunca su valor en dólares.
Pero aquí no termina la historia, ya que todos sabemos que nuestros sufridos productores, cuando exportan sus productos sufren por parte del Gobierno Nacional, retenciones que van desde un 5% (las menos) hasta un 40% (la mayoría ronda el 20%).
Y aquí se acentúa aun mas la paradoja, ya que la actividad minera no sufre ningún tipo de retenciones y por el contrario es beneficiada con Reintegros a la Exportación tales como:
- “Reintegro a las exportaciones de los productos de la minería de la Puna Argentina” [3] Se estableció un régimen especial de reintegro a las exportaciones de sustancias minerales y determinados productos derivados contemplados en la NCM (originalmente del 5%, actualmente de 2,5%), Resolución ex M.E.y O.y S.P. Nº 762/93 y su modificatoria Nº 479/98
- "Reintegro de Tributos a la Exportación de Metales Preciosos" - Resolución 294/1995 [4]
- “Reintegro a las exportaciones por puertos patagónicos” Ley 23.018 y su modificatoria Nº 24.490 (que van del 5% al 10% según su latitud).
- Tratamiento especial para los productos comprendidos en el Capitulo 26 de la NCM y la denominada aleación dorada o bullón dorado. Resolución General AFIP Nº 281 del 02 de diciembre de 1998.
1. Se autoriza la declaración de un valor FOB provisorio sólo respaldado por el contrato entre importador y exportador;
2. Ese contrato no tiene certificación alguna que acredite la mera existencia de la persona física o jurídica que compra en el exterior;
3. Tampoco existe norma alguna tendiente a determinar la existencia de grupo económico u otra especie de relación – que puede llegar a la identidad absoluta – entre exportador e importador;
4. No es posible tener certeza alguna respecto de la cantidad y calidad de la mercadería que se está exportando, datos que dependen exclusivamente del importador y el exportador (la intervención de un árbitro es irrelevante a estos fines);
5. Por consiguiente, tampoco existe certeza alguna sobre el valor de la mercadería exportada, con lo que el tributo pagado deviene en una contribución graciosa del exportador hacia el fisco federal argentino;
6. Se otorga para el pago de esa contribución graciosa un plazo extraordinario, sin que se requiera garantía específica alguna como la ley exige.
7. "Devolución del IVA a la Exportación de Productos de la Minería" Resolución Nº 83/04 - Se podrá solicitar el beneficio instituido en el Artículo 14 bis de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras y modificatorias.
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN A LAS EMPRESAS MINERAS:
• La inhibición total del Estado Argentino para emprender la explotación de yacimientos minerales.
• Un régimen especial para las Inversiones Mineras, que limita a las provincias el monto de las regalías y que las exime del pago de impuestos provinciales y municipales.
• La firma de un contrato con Chile que tenga primacía sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar en una franja de 150 Km. a ambos lados de la frontera.
• El marco legal garantiza a las mineras transnacionales todos estos beneficios por 30 años.
Incentivos Fiscales
1. Doble deducción de Gastos de Exploración (Ley 24.196) pueden deducir el 100% del monto invertido del impuesto a las Ganancias.
2. Devolución del IV A a la Exploración (Ley 25.429).
3. Estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años (Ley 24.196).
4. Amortización acelerada de maquinarias, construcciones, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 año (Ley 24.196).
5. Exenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras, no pagan derecho de importación o de todo otro gravamen por la importación de bienes de capital, equipos e insumos.
6. Regalías (Ley 25.161) el tope fijado en el país es del 3% menos los costos de extracción y transporte del valor boca de mina del mineral extraído.
7. Los Estados Nacional y Provinciales acordaron eliminar todo gravamen y tasas municipales e impuesto a los sellos.
8. Reembolso por Puerto Patagónico (Ley 23.018) se establece un reembolso a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos del 5%. O sea le cobramos el 3% menos los costos de extracción y transporte y le pagamos 5% si lo sacan por puerto patagónico, por lo tanto le terminamos dando plata para que se lleven nuestras riquezas, que BUEN NEGOCIO!!!!!!!.
9. Exención del impuesto al cheque (Decreto Nº 613/2001), para el resto de las actividades es del 6 por mil.
10. Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el que todos pagamos cuando cargamos combustibles.
11. Transferencia al exterior de capital y ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre tales transferencias
12. No deben liquidar divisas. Están autorizados a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones, ya que venden, facturan y cobran en el exterior sin pasar nada por el Banco Central.
13. El costo del agua, no deberán pagar un centavo por la utilización de enormes cantidades de agua.
Referencias:
[1] "Se considera nacionalización al proceso de trasponer los límites del área aduanera e ingresar definitivamente al país de destino, previo pago de los derechos, impuestos y demás tasas y contribuciones que exija la ley aduanera de ese país".
[2] "Déjase sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto Nº 2581/64 y 10 del Decreto Nº 1555/86, correspondientes a las empresas mineras"
[3] “Se establece el reintegro a las exportaciones de mercaderías comprendidas en la Nomenclatura del Comercio Exterior que se produzcan en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta”.
[4] "Se establece que, las exportaciones para consumo de mercaderías constituidas por determinados metales preciosos, cualquiera fuera su posición arancelaria (NCM), recibirán el reintegro de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos anteriores en las distintas etapas de producción y comercialización"
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Autor del Artículo: José Jorge Aldecoa
Provincia/Región: Nacional
Se produce una exportación “cuando las materias primas, productos y/o servicios del país de origen que se venden al exterior, son efectivamente recibidos y “nacionalizados” [1] en destino y son abonados en los plazos y montos pactados, mediante el ingreso de las divisas en el circuito financiero del país exportador.” Pero aquí surge la gran paradoja de la exportación de minerales, ya que por el Decreto 753/2004 [2], el gobierno actual resolvió que la actividad minera está excluida del cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.
Todos nosotros hemos oído y leído hasta el cansancio informaciones sobre los extraordinarios beneficios que nos brindan las cuantiosas exportaciones de minerales que se producen en nuestro país.
También hemos escuchado a gobernantes y funcionarios decir que las ventajas que nos dejan las exportaciones de minerales compensan con creces “los pequeños inconvenientes” que ocasionan las operaciones de extracción de los mismos.
Asimismo la propaganda de las empresas mineras afirma que somos un país cuyas exportaciones minerales superan los números de las tradicionales agropecuarias, que han sido desde siempre nuestro orgullo como “el granero del mundo”.
Ahora bien, definamos que significa en el comercio exterior la palabra EXPORTACION:
Según el Tratado de Bruselas y los acuerdos internacionales sobre el comercio exterior entre los países del mundo libre, se establece que se produce una exportación cuando las materias primas, productos y/o servicios del país de origen que se venden al exterior, son efectivamente recibidos y “nacionalizados” [1] en destino y son abonados en los plazos y montos pactados, mediante el ingreso de las divisas en el circuito financiero del país exportador.
En el caso de nuestro país, las divisas obtenidas por una exportación, deberán ser negociadas a través del Mercado Único de Cambios del BCRA (Banco Central de la República Argentina).
Bueno, hasta aquí todo parece funcionar perfectamente: nuestros productores venden al exterior, sus carnes, lácteos, frutas, miel, productos manufacturados, software, servicios financieros, turismo, etc. y reciben a cambio las divisas que son negociadas, como dijimos anteriormente, en el mercado del BCRA, recibiendo a cambio los pesos a la cotización del día del mercado local.
Pero aquí surge la gran paradoja de la exportación de minerales, ya que por el Decreto 753/2004 [2], el gobierno actual resolvió que la actividad minera está excluida del cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.
Entonces nos encontramos con una gran contradicción:
1. Todos los exportadores deben ingresar las divisas al mercado oficial de nuestro país.
2. La exportación, para que sea considerada como tal debe convertir sus divisas por intermedio del BCRA.
3. La actividad minera en la Argentina no cumple (por disposición del Gobierno Nacional) con los requisitos mencionados precedentemente.
Por lo tanto nuestras estadísticas de comercio exterior están reflejando cifras de exportaciones en dólares mentirosas, ya que en el rubro de minerales no podemos incluir divisas que jamás ingresaron al país y solo se deberían incluir las cantidades de minerales en toneladas y/u onzas troy que se entregaron al exterior, pero nunca su valor en dólares.
Pero aquí no termina la historia, ya que todos sabemos que nuestros sufridos productores, cuando exportan sus productos sufren por parte del Gobierno Nacional, retenciones que van desde un 5% (las menos) hasta un 40% (la mayoría ronda el 20%).
Y aquí se acentúa aun mas la paradoja, ya que la actividad minera no sufre ningún tipo de retenciones y por el contrario es beneficiada con Reintegros a la Exportación tales como:
- “Reintegro a las exportaciones de los productos de la minería de la Puna Argentina” [3] Se estableció un régimen especial de reintegro a las exportaciones de sustancias minerales y determinados productos derivados contemplados en la NCM (originalmente del 5%, actualmente de 2,5%), Resolución ex M.E.y O.y S.P. Nº 762/93 y su modificatoria Nº 479/98
- "Reintegro de Tributos a la Exportación de Metales Preciosos" - Resolución 294/1995 [4]
- “Reintegro a las exportaciones por puertos patagónicos” Ley 23.018 y su modificatoria Nº 24.490 (que van del 5% al 10% según su latitud).
- Tratamiento especial para los productos comprendidos en el Capitulo 26 de la NCM y la denominada aleación dorada o bullón dorado. Resolución General AFIP Nº 281 del 02 de diciembre de 1998.
1. Se autoriza la declaración de un valor FOB provisorio sólo respaldado por el contrato entre importador y exportador;
2. Ese contrato no tiene certificación alguna que acredite la mera existencia de la persona física o jurídica que compra en el exterior;
3. Tampoco existe norma alguna tendiente a determinar la existencia de grupo económico u otra especie de relación – que puede llegar a la identidad absoluta – entre exportador e importador;
4. No es posible tener certeza alguna respecto de la cantidad y calidad de la mercadería que se está exportando, datos que dependen exclusivamente del importador y el exportador (la intervención de un árbitro es irrelevante a estos fines);
5. Por consiguiente, tampoco existe certeza alguna sobre el valor de la mercadería exportada, con lo que el tributo pagado deviene en una contribución graciosa del exportador hacia el fisco federal argentino;
6. Se otorga para el pago de esa contribución graciosa un plazo extraordinario, sin que se requiera garantía específica alguna como la ley exige.
7. "Devolución del IVA a la Exportación de Productos de la Minería" Resolución Nº 83/04 - Se podrá solicitar el beneficio instituido en el Artículo 14 bis de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras y modificatorias.
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN A LAS EMPRESAS MINERAS:
• La inhibición total del Estado Argentino para emprender la explotación de yacimientos minerales.
• Un régimen especial para las Inversiones Mineras, que limita a las provincias el monto de las regalías y que las exime del pago de impuestos provinciales y municipales.
• La firma de un contrato con Chile que tenga primacía sobre las leyes nacionales en los territorios a explotar en una franja de 150 Km. a ambos lados de la frontera.
• El marco legal garantiza a las mineras transnacionales todos estos beneficios por 30 años.
Incentivos Fiscales
1. Doble deducción de Gastos de Exploración (Ley 24.196) pueden deducir el 100% del monto invertido del impuesto a las Ganancias.
2. Devolución del IV A a la Exploración (Ley 25.429).
3. Estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años (Ley 24.196).
4. Amortización acelerada de maquinarias, construcciones, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 año (Ley 24.196).
5. Exenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras, no pagan derecho de importación o de todo otro gravamen por la importación de bienes de capital, equipos e insumos.
6. Regalías (Ley 25.161) el tope fijado en el país es del 3% menos los costos de extracción y transporte del valor boca de mina del mineral extraído.
7. Los Estados Nacional y Provinciales acordaron eliminar todo gravamen y tasas municipales e impuesto a los sellos.
8. Reembolso por Puerto Patagónico (Ley 23.018) se establece un reembolso a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos del 5%. O sea le cobramos el 3% menos los costos de extracción y transporte y le pagamos 5% si lo sacan por puerto patagónico, por lo tanto le terminamos dando plata para que se lleven nuestras riquezas, que BUEN NEGOCIO!!!!!!!.
9. Exención del impuesto al cheque (Decreto Nº 613/2001), para el resto de las actividades es del 6 por mil.
10. Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el que todos pagamos cuando cargamos combustibles.
11. Transferencia al exterior de capital y ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre tales transferencias
12. No deben liquidar divisas. Están autorizados a no ingresar al país el 100% de lo producido por sus exportaciones, ya que venden, facturan y cobran en el exterior sin pasar nada por el Banco Central.
13. El costo del agua, no deberán pagar un centavo por la utilización de enormes cantidades de agua.
Referencias:
[1] "Se considera nacionalización al proceso de trasponer los límites del área aduanera e ingresar definitivamente al país de destino, previo pago de los derechos, impuestos y demás tasas y contribuciones que exija la ley aduanera de ese país".
[2] "Déjase sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación de productos, que fuera prevista por los Artículos 1° del Decreto Nº 2581/64 y 10 del Decreto Nº 1555/86, correspondientes a las empresas mineras"
[3] “Se establece el reintegro a las exportaciones de mercaderías comprendidas en la Nomenclatura del Comercio Exterior que se produzcan en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta”.
[4] "Se establece que, las exportaciones para consumo de mercaderías constituidas por determinados metales preciosos, cualquiera fuera su posición arancelaria (NCM), recibirán el reintegro de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos anteriores en las distintas etapas de producción y comercialización"
Agua Rica se aprobó por presiones corporativas
El proyecto de Agua Rica se aprobó por presiones corporativas
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Autor del Artículo: Javier Rodríguez Pardo - MACH - Renace - UAC
Provincia/Región:Catamarca
En octubre de 2008, los diarios catamarqueños y del noroeste argentino informaban que “Minera Agua Rica amenazaba con irse pero que en realidad la cosa olía a presión para que se le apruebe el proyecto de impacto ambiental.” ¿Qué había ocurrido? Que debido a grupos de ciudadanos autoconvocados, el anuncio de eventuales retenciones unilaterales del gobierno y las fluctuaciones desfavorables de los mercados internacionales, le servían de excusa a la transnacional Yamana Canada para “abandonar la actividad industrial minera” en Andalgalá, ciudad que “no le ofrecía seguridad en infraestructura y le retaceaba además la licencia social para operar.”
Canceló contratos laborales, adelantó vacaciones, anunció despidos y canceló compras, pero al mismo tiempo Agua Rica seguía contratando técnicos “especializados” para las labores mineras en Andalgalá.
No se trataba de una sospecha. Para nosotros no había duda alguna. La empresa operó coercitivamente en el gobierno local buscando la aprobación del informe de impacto ambiental; requisito que le falta para comenzar la explotación sistemática de Agua Rica.
Hace unos días (22 y 23 de marzo 2009) una sucesión de noticias originadas en el diario El Ancasti, anunciaban el retiro definitivo de la empresa del proyecto Agua Rica y que concentraría su política minera en yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. La noticia la ratificaba enviando 50 telegramas de despido que empujaron a obreros y familiares damnificados a reclamarle al gobierno de Catamarca la aprobación del informe de impacto ambiental. El escándalo duró poco. El gobierno catamarqueño aprobó el proyecto cuarenta y ocho horas después, tal como le habíamos adelantado al pueblo auto-convocado en asambleas para impedir la explotación, porque el caso era una copia calcada de los movimientos de Barrick Gold en La Rioja.
El escueto comunicado de la Secretaría de Minería de Catamarca sacudió el corazón de miles de luchadores que intentan impedir mayor despojo y contaminación de sus comunidades. El informe de impacto ambiental (IIA) presentado por la empresa Agua Rica para la explotación de los yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro en el departamento de Andalgalá, ya fue aprobado y de ese modo el gobierno local consideró que los impedimentos que hubiere –que son muchos y notorios- se desestimaran.
El proyecto anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares, una vida útil de 23 años, con reservas minerales de unos 731 millones de toneladas de cobre, para las arcas transnacionales. El impacto ambiental será tres veces mayor al de La Alumbrera y esto no significa riesgo de opinión ni premonición alguna de nuestra parte: en ningún momento el IIA de Agua Rica pudo corregir el diseño de un proyecto minero contiguo al de La Alumbrera.
La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) le servirá a la empresa para buscar fuentes de financiamiento, tarea con la que chocaba.
El trabajo e intercambio que hicimos con el ingeniero de minas Hugo González se aprecia en la evaluación técnica del informe de Agua Rica hecho de manera independiente por un equipo de profesionales que ha recomendado no autorizar el proyecto de explotación.
Tanto la minera como el gobierno han hecho caso omiso de opiniones independientes y de audiencias públicas orquestadas o nunca realizadas.
Autorizar Agua Rica significa aprobar un nuevo escenario de contiendas y enfrentamientos entre pueblos y cipayos. Tal el futuro que se abre. Para la minera en cambio, el anuncio ha disparado sus acciones bursátiles lo que le permitirá contar con utilidades suficientes para concluir la infraestructura y explotar los yacimientos por un cuarto de siglo. Tampoco ignora que se avecinan bloqueos de caminos y que deberá convivir sin la necesaria licencia social. Sabemos por informes de funcionarios que nos piden reserva que los estudios de factibilidad presentados no permiten la explotación y que el proyecto de Agua Rica se aprobó por las presiones corporativas del sector y del gobierno nacional.
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Autor del Artículo: Javier Rodríguez Pardo - MACH - Renace - UAC
Provincia/Región:Catamarca
En octubre de 2008, los diarios catamarqueños y del noroeste argentino informaban que “Minera Agua Rica amenazaba con irse pero que en realidad la cosa olía a presión para que se le apruebe el proyecto de impacto ambiental.” ¿Qué había ocurrido? Que debido a grupos de ciudadanos autoconvocados, el anuncio de eventuales retenciones unilaterales del gobierno y las fluctuaciones desfavorables de los mercados internacionales, le servían de excusa a la transnacional Yamana Canada para “abandonar la actividad industrial minera” en Andalgalá, ciudad que “no le ofrecía seguridad en infraestructura y le retaceaba además la licencia social para operar.”
Canceló contratos laborales, adelantó vacaciones, anunció despidos y canceló compras, pero al mismo tiempo Agua Rica seguía contratando técnicos “especializados” para las labores mineras en Andalgalá.
No se trataba de una sospecha. Para nosotros no había duda alguna. La empresa operó coercitivamente en el gobierno local buscando la aprobación del informe de impacto ambiental; requisito que le falta para comenzar la explotación sistemática de Agua Rica.
Hace unos días (22 y 23 de marzo 2009) una sucesión de noticias originadas en el diario El Ancasti, anunciaban el retiro definitivo de la empresa del proyecto Agua Rica y que concentraría su política minera en yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. La noticia la ratificaba enviando 50 telegramas de despido que empujaron a obreros y familiares damnificados a reclamarle al gobierno de Catamarca la aprobación del informe de impacto ambiental. El escándalo duró poco. El gobierno catamarqueño aprobó el proyecto cuarenta y ocho horas después, tal como le habíamos adelantado al pueblo auto-convocado en asambleas para impedir la explotación, porque el caso era una copia calcada de los movimientos de Barrick Gold en La Rioja.
El escueto comunicado de la Secretaría de Minería de Catamarca sacudió el corazón de miles de luchadores que intentan impedir mayor despojo y contaminación de sus comunidades. El informe de impacto ambiental (IIA) presentado por la empresa Agua Rica para la explotación de los yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro en el departamento de Andalgalá, ya fue aprobado y de ese modo el gobierno local consideró que los impedimentos que hubiere –que son muchos y notorios- se desestimaran.
El proyecto anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares, una vida útil de 23 años, con reservas minerales de unos 731 millones de toneladas de cobre, para las arcas transnacionales. El impacto ambiental será tres veces mayor al de La Alumbrera y esto no significa riesgo de opinión ni premonición alguna de nuestra parte: en ningún momento el IIA de Agua Rica pudo corregir el diseño de un proyecto minero contiguo al de La Alumbrera.
La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) le servirá a la empresa para buscar fuentes de financiamiento, tarea con la que chocaba.
El trabajo e intercambio que hicimos con el ingeniero de minas Hugo González se aprecia en la evaluación técnica del informe de Agua Rica hecho de manera independiente por un equipo de profesionales que ha recomendado no autorizar el proyecto de explotación.
Tanto la minera como el gobierno han hecho caso omiso de opiniones independientes y de audiencias públicas orquestadas o nunca realizadas.
Autorizar Agua Rica significa aprobar un nuevo escenario de contiendas y enfrentamientos entre pueblos y cipayos. Tal el futuro que se abre. Para la minera en cambio, el anuncio ha disparado sus acciones bursátiles lo que le permitirá contar con utilidades suficientes para concluir la infraestructura y explotar los yacimientos por un cuarto de siglo. Tampoco ignora que se avecinan bloqueos de caminos y que deberá convivir sin la necesaria licencia social. Sabemos por informes de funcionarios que nos piden reserva que los estudios de factibilidad presentados no permiten la explotación y que el proyecto de Agua Rica se aprobó por las presiones corporativas del sector y del gobierno nacional.
Se aprobó el exterminio del Oeste catamarqueño
Agua Rica: El Gobierno aprobó el exterminio del Oeste catamarqueño
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Autor del Artículo: Asamblea Socioambiental Catamarca
Provincia/Región:Catamarca
¿Hasta dónde pensarán seguir? Ignorando el calamitoso paisaje económico-socio-ambiental que nos deja La Alumbrera a 12 años del inicio de su explotación (y continúa), la Secretaría de Minería de Catamarca que conduce José Sinner, nos ha entregado nuevamente. Ha entregado nuestros recursos por migajas, ha entregado nuestros animales, ha entregado nuestra VIDA y la de nuestros hijos al aprobar el Informe de Impacto Ambiental que presentó la mega-empresa minera Agua Rica.
A los catamarqueños y catamarqueñas nos ha quedado claro que de la mega-minería NO PODEMOS VIVIR. El pretexto actual para la aprobación del Informe de Impacto Ambiental fue la amenaza de retirada de la mega-empresa Agua Rica con la consecuencia de la desaparición de varias fuentes de trabajo en Andalgalá, pero sabemos por la experiencia con mina La Alumbrera que el mayor impacto de puestos de trabajo se genera solamente durante la obra civil del mega-proyecto y luego desaparece. Detrás de este manto de mentiras, lo que podemos encontrar es la desesperación del Gobierno Provincial por conseguir dinero, por lo cual están decididos a entregar con los ojos cerrados nuestro futuro.
Este tipo de emprendimiento seca la mayor parte de nuestros ríos y contamina el agua que nos queda. Contamina nuestro aire de polvo y gases que se liberan con la voladura de montañas milenarias y la trituración de toneladas de roca por día. Contamina nuestras tierras y napas de aguas subterráneas, con drenajes de agua con cianuro y lluvias ácidas. Consume la energía eléctrica, tan codiciada, en cantidades faraónicas y a valores subvencionados mientras que los pobladores sufrimos déficit en el servicio y altos aumentos en la tarifa del mismo.
Es imposible sostener la compatibilidad de estos mega-proyectos con emprendimientos locales de agricultura o ganadería, no promueve las economías sustentables de la región. Tampoco es compatible con la opción económica que ellos nos presentan: el turismo. ¿A quién le gustaría visitar un pueblo donde ni siquiera respirar es saludable? ¿Y qué decir de la gente que vive allí?
La mega-minería NO ES DESARROLLO para la provincia. No hay forma de que la mega-minería sea un “proyecto sustentable”, por más obras de saneamiento que se realicen. No existe una mega-minería responsable y con control, ya que la misma es, por definición, una de las actividades humanas más contaminantes del mundo.
A lo largo de estos años nos ha quedado claro que de la mega-minería PODEMOS MORIR. ¿Será este el precio que nuestros gobernantes están dispuestos a pagar a cambio de unas monedas para sus bolsillos?
Muerte, vaciamiento y saqueo de nuestro país.
¿Podría alguien explicarnos a qué se debe el aumento de los casos de cáncer, de enfermedades de la piel, problemas respiratorios y nacimientos con malformaciones en el Oeste de la provincia? ¿Podría alguien explicarnos por qué ciertos laboratorios catamarqueños se niegan a realizar análisis de sangre a pobladores de esta región? ¿Podría alguien explicarnos por qué estos casos no aparecen en las estadísticas que hacen a los estándares de salubridad de la mega-minería? ¿Podría alguien explicarnos por qué se acepta otro mega-proyecto minero mucho más grande que La Alumbrera aún cuando su vice-presidente, Julián Rooney, está procesado por contaminación? ¿Podría alguien explicarnos por qué se ignoro el informe de la Universidad Nacional de Tucumán que define este proyecto como “inviable”? ¿Podría alguien explicarnos por qué no nos escuchan? ¿Será que no lo hacen porque saben, de antemano, que estamos MUERTOS? Otra vez, se equivocan.
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Autor del Artículo: Asamblea Socioambiental Catamarca
Provincia/Región:Catamarca
¿Hasta dónde pensarán seguir? Ignorando el calamitoso paisaje económico-socio-ambiental que nos deja La Alumbrera a 12 años del inicio de su explotación (y continúa), la Secretaría de Minería de Catamarca que conduce José Sinner, nos ha entregado nuevamente. Ha entregado nuestros recursos por migajas, ha entregado nuestros animales, ha entregado nuestra VIDA y la de nuestros hijos al aprobar el Informe de Impacto Ambiental que presentó la mega-empresa minera Agua Rica.
A los catamarqueños y catamarqueñas nos ha quedado claro que de la mega-minería NO PODEMOS VIVIR. El pretexto actual para la aprobación del Informe de Impacto Ambiental fue la amenaza de retirada de la mega-empresa Agua Rica con la consecuencia de la desaparición de varias fuentes de trabajo en Andalgalá, pero sabemos por la experiencia con mina La Alumbrera que el mayor impacto de puestos de trabajo se genera solamente durante la obra civil del mega-proyecto y luego desaparece. Detrás de este manto de mentiras, lo que podemos encontrar es la desesperación del Gobierno Provincial por conseguir dinero, por lo cual están decididos a entregar con los ojos cerrados nuestro futuro.
Este tipo de emprendimiento seca la mayor parte de nuestros ríos y contamina el agua que nos queda. Contamina nuestro aire de polvo y gases que se liberan con la voladura de montañas milenarias y la trituración de toneladas de roca por día. Contamina nuestras tierras y napas de aguas subterráneas, con drenajes de agua con cianuro y lluvias ácidas. Consume la energía eléctrica, tan codiciada, en cantidades faraónicas y a valores subvencionados mientras que los pobladores sufrimos déficit en el servicio y altos aumentos en la tarifa del mismo.
Es imposible sostener la compatibilidad de estos mega-proyectos con emprendimientos locales de agricultura o ganadería, no promueve las economías sustentables de la región. Tampoco es compatible con la opción económica que ellos nos presentan: el turismo. ¿A quién le gustaría visitar un pueblo donde ni siquiera respirar es saludable? ¿Y qué decir de la gente que vive allí?
La mega-minería NO ES DESARROLLO para la provincia. No hay forma de que la mega-minería sea un “proyecto sustentable”, por más obras de saneamiento que se realicen. No existe una mega-minería responsable y con control, ya que la misma es, por definición, una de las actividades humanas más contaminantes del mundo.
A lo largo de estos años nos ha quedado claro que de la mega-minería PODEMOS MORIR. ¿Será este el precio que nuestros gobernantes están dispuestos a pagar a cambio de unas monedas para sus bolsillos?
Muerte, vaciamiento y saqueo de nuestro país.
¿Podría alguien explicarnos a qué se debe el aumento de los casos de cáncer, de enfermedades de la piel, problemas respiratorios y nacimientos con malformaciones en el Oeste de la provincia? ¿Podría alguien explicarnos por qué ciertos laboratorios catamarqueños se niegan a realizar análisis de sangre a pobladores de esta región? ¿Podría alguien explicarnos por qué estos casos no aparecen en las estadísticas que hacen a los estándares de salubridad de la mega-minería? ¿Podría alguien explicarnos por qué se acepta otro mega-proyecto minero mucho más grande que La Alumbrera aún cuando su vice-presidente, Julián Rooney, está procesado por contaminación? ¿Podría alguien explicarnos por qué se ignoro el informe de la Universidad Nacional de Tucumán que define este proyecto como “inviable”? ¿Podría alguien explicarnos por qué no nos escuchan? ¿Será que no lo hacen porque saben, de antemano, que estamos MUERTOS? Otra vez, se equivocan.
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