Manual Santillana en contra de la minería
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"Las actividades mineras producen deterioro en el medio ambiente"
Fecha de Publicación: 28/06/2009
Fuente: Radio Fenix
Provincia/Región: Nacional
Mientras que para el gobierno de San Juan la minería es casi una actividad sanadora, milagrosa y más que beneficiosa en todos los aspectos para la provincia, al extremo de hacer pensar mediante horas de publicidad que el desarrollo en la provincia es nulo si no se explotan las riquezas que guardan nuestras montañas, el libro de "San Juan" para 4º, 5º y 6º de EGB de Ediciones Santillana impreso en 2006 afirma que "las actividades mineras producen deterioro en el medio ambiente" y que "para extraer el oro, en Veladero y Pascua-Lama se utilizará el cianuro a cielo abierto, actividad prohibida en varios países".
El libro en cuestión se encuentra en las escuelas primarias de gestión pública, proviene del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la Presidencia de la Nación y es de distribución gratuita. En sus 103 páginas detalla las principales características de la provincia, ya que está dedicado netamente a San Juan: habla de los sismos, los paisajes sanjuaninos, la historia de los primeros pobladores de la provincia y los problemas ambientales.
Precisamente en este apartado se menciona la desertificación como uno de los problemas ambientales más importantes en esa provincia. Cómo la actividad humana ha propiciado la expansión de desiertos en San Juan mediante la tala de algarrobos y la cría de ganado caprino. Pero la enumeración de problemas no finaliza allí, ya que coloca a las actividades mineras como una de las principales responsables del deterioro del medio ambiente.
Ya en el 2006, Ediciones Santillana consideró a "la futura explotación minera de Veladero (N.E.: recordemos que en ese año el proyecto estaba aún en la etapa de exploración) y Pascua-Lama que, para extraer el oro, utilizará el cianuro a cielo abierto, actividad prohibida en varios países" como pausible de contaminación, haciendo responsable al Estado ya que es "quien debe dictar las normas correspondientes y hacerlas cumplir".
En palabras de Tito Livio (historiador latino 64 - 17 AC) "la verdad puede ser eclipsada, pero nunca se extingue"
Fecha de Publicación: 28/06/2009
Fuente: Radio Fenix
Provincia/Región: Nacional
Mientras que para el gobierno de San Juan la minería es casi una actividad sanadora, milagrosa y más que beneficiosa en todos los aspectos para la provincia, al extremo de hacer pensar mediante horas de publicidad que el desarrollo en la provincia es nulo si no se explotan las riquezas que guardan nuestras montañas, el libro de "San Juan" para 4º, 5º y 6º de EGB de Ediciones Santillana impreso en 2006 afirma que "las actividades mineras producen deterioro en el medio ambiente" y que "para extraer el oro, en Veladero y Pascua-Lama se utilizará el cianuro a cielo abierto, actividad prohibida en varios países".
El libro en cuestión se encuentra en las escuelas primarias de gestión pública, proviene del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la Presidencia de la Nación y es de distribución gratuita. En sus 103 páginas detalla las principales características de la provincia, ya que está dedicado netamente a San Juan: habla de los sismos, los paisajes sanjuaninos, la historia de los primeros pobladores de la provincia y los problemas ambientales.
Precisamente en este apartado se menciona la desertificación como uno de los problemas ambientales más importantes en esa provincia. Cómo la actividad humana ha propiciado la expansión de desiertos en San Juan mediante la tala de algarrobos y la cría de ganado caprino. Pero la enumeración de problemas no finaliza allí, ya que coloca a las actividades mineras como una de las principales responsables del deterioro del medio ambiente.
Ya en el 2006, Ediciones Santillana consideró a "la futura explotación minera de Veladero (N.E.: recordemos que en ese año el proyecto estaba aún en la etapa de exploración) y Pascua-Lama que, para extraer el oro, utilizará el cianuro a cielo abierto, actividad prohibida en varios países" como pausible de contaminación, haciendo responsable al Estado ya que es "quien debe dictar las normas correspondientes y hacerlas cumplir".
En palabras de Tito Livio (historiador latino 64 - 17 AC) "la verdad puede ser eclipsada, pero nunca se extingue"
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La energía nuclear vuelve a ser alternativa
La energía nuclear vuelve a ser alternativa
Fecha de Publicación: 28/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El alto costo económico y ambiental de los combustibles fósiles ha revitalizado la energía atómica. En el mundo se construyen 48 plantas y Argentina inaugurará una en 2011. Ambientalistas creen que es una tecnología obsoleta.
El mundo está volviendo a mirar con buenos ojos a la energía nuclear. Por el momento, parece ser la alternativa más realista para mitigar el cambio climático provocado por el uso de combustibles fósiles.
El carbón, gas y petróleo no sólo están calentando el planeta sino que, algún día, se van a terminar, por lo que su precio seguramente irá en alza. Mientras tanto, las energías solar y eólica no terminan de despegar para volverse masivas.
Ante esta realidad, varios gobiernos entienden que la alternativa más sensata y probada parece ser el poder del átomo, a pesar del temor que genera y de las críticas que recibe.
Argentina, la potencia nuclear latinoamericana, también se sube a este carro con la puesta en marcha para 2011 de su tercera central nuclear: Atucha II. Pero también proyecta tener lista una cuarta (Atucha III) entre 2016 y 2018. Y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aspira a construir una quinta, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) avanza a paso firme en la construcción de un reactor nuclear de baja potencia ciento por ciento argentino.
Otros 13 países están construyendo 48 nuevas centrales , según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para acompañar su despegue industrial, China proyecta construir 12 y en 20 años aspira a pasar de 11 plantas a 104. Rusia construye ocho e India, seis. Estados Unidos anunció que quiere levantar siete.
Brasil también está reiniciando la construcción de su tercer reactor ubicado, como los otros dos, en Angra dos Reis. En el plan de energía brasileño figura la construcción de otras cuatro centrales para 2030.
Chile está debatiendo su política energética y quiere, por primera vez, incluir en el debate a la energía nuclear, pedida a gritos por las mineras. Otros países como Italia están replanteando leyes de la década de 1980 que abolían la energía nuclear o que promovían una paralización en la construcción de nuevas centrales.
En la década de 1970, las centrales nucleares proliferaron ayudadas por la crisis del petróleo de 1973. Pero en los ´80 la moda mundial por las "pilas atómicas" decayó tras el terror que generó el accidente de Chernobyl, en 1986.
En el mundo hay 437 centrales nucleares en funcionamiento. La mayoría se construyó antes de Chernobyl, por lo que muchas de ellas ya están cumpliendo su vida útil. De hecho, desde 2000 se han cerrado unas 30, mientras que otras 26 tienen más de 38 años de uso.
Las nuevas plantas que se construyan deberán ir reemplazando a las que cierren, pero también sumar más kilovatios para cubrir la demanda mundial. En la actualidad, la energía nuclear representa 16 por ciento de la torta energética mundial.
Según un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), aun incluyendo en el cálculo los anuncios de centrales a construir, el total de energía nuclear no alcanza para aumentar ese porcentaje al 20 por ciento, cifra que podría contribuir a mitigar el cambio climático.
La energía que produce una pastilla de uranio equivale a tres barriles de petróleo o una tonelada de carbón. Parece mágico. El problema es que las centrales nucleares requieren de mucha inversión para construirlas, comparadas con las centrales de combustible fósil. Son caras al principio, pero baratas luego porque el costo del combustible (uranio) no es tan elevado, frente a los miles de metros cúbicos necesarios para alimentar una planta termoeléctrica.
En contra. Pero la energía atómica no tiene buena imagen. Los argumentos que apoyan la mala fama son su peligrosidad, ser blanco terrorista y dejar residuos intratables, además de estar fuertemente vinculada a la bomba atómica.
"No existe tal resurgimiento (de la energía nuclear). Es el modo más caro e ineficiente de reducir emisiones de gases que afectan el clima. El anuncio del Gobierno nacional es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión en materia energética", señala Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
Sin embargo, tras más de medio siglo de uso, los expertos afirman que se dispone de tecnología más segura y que los desechos pueden ser reciclados o neutralizados con más eficiencia.
¿Qué tan barata es la energía nuclear? La respuesta es variable, pero países como Argentina, con años de experiencia y masa crítica, corren con ventaja por sobre el resto. El informe del MIT calculó que el costo, en Estados Unidos, de un kilovatios generado por energía nuclear es de cuatro mil dólares. En el caso del carbón, 2.300. Y para el gas natural, 850. En los cálculos no se incluye el costo ambiental.
Greenpeace entiende que se trata de una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollarse sin inmensos subsidios estatales, y señala que si las energías renovables recibieran el mismo apoyo económico, se lograrían grandes avances en alternativas más verdes.
¿Podrá la energía nuclear exorcizar sus demonios y convertirse en la alternativa pacífica y salvadora?
Fecha de Publicación: 28/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El alto costo económico y ambiental de los combustibles fósiles ha revitalizado la energía atómica. En el mundo se construyen 48 plantas y Argentina inaugurará una en 2011. Ambientalistas creen que es una tecnología obsoleta.
El mundo está volviendo a mirar con buenos ojos a la energía nuclear. Por el momento, parece ser la alternativa más realista para mitigar el cambio climático provocado por el uso de combustibles fósiles.
El carbón, gas y petróleo no sólo están calentando el planeta sino que, algún día, se van a terminar, por lo que su precio seguramente irá en alza. Mientras tanto, las energías solar y eólica no terminan de despegar para volverse masivas.
Ante esta realidad, varios gobiernos entienden que la alternativa más sensata y probada parece ser el poder del átomo, a pesar del temor que genera y de las críticas que recibe.
Argentina, la potencia nuclear latinoamericana, también se sube a este carro con la puesta en marcha para 2011 de su tercera central nuclear: Atucha II. Pero también proyecta tener lista una cuarta (Atucha III) entre 2016 y 2018. Y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aspira a construir una quinta, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) avanza a paso firme en la construcción de un reactor nuclear de baja potencia ciento por ciento argentino.
Otros 13 países están construyendo 48 nuevas centrales , según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para acompañar su despegue industrial, China proyecta construir 12 y en 20 años aspira a pasar de 11 plantas a 104. Rusia construye ocho e India, seis. Estados Unidos anunció que quiere levantar siete.
Brasil también está reiniciando la construcción de su tercer reactor ubicado, como los otros dos, en Angra dos Reis. En el plan de energía brasileño figura la construcción de otras cuatro centrales para 2030.
Chile está debatiendo su política energética y quiere, por primera vez, incluir en el debate a la energía nuclear, pedida a gritos por las mineras. Otros países como Italia están replanteando leyes de la década de 1980 que abolían la energía nuclear o que promovían una paralización en la construcción de nuevas centrales.
En la década de 1970, las centrales nucleares proliferaron ayudadas por la crisis del petróleo de 1973. Pero en los ´80 la moda mundial por las "pilas atómicas" decayó tras el terror que generó el accidente de Chernobyl, en 1986.
En el mundo hay 437 centrales nucleares en funcionamiento. La mayoría se construyó antes de Chernobyl, por lo que muchas de ellas ya están cumpliendo su vida útil. De hecho, desde 2000 se han cerrado unas 30, mientras que otras 26 tienen más de 38 años de uso.
Las nuevas plantas que se construyan deberán ir reemplazando a las que cierren, pero también sumar más kilovatios para cubrir la demanda mundial. En la actualidad, la energía nuclear representa 16 por ciento de la torta energética mundial.
Según un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), aun incluyendo en el cálculo los anuncios de centrales a construir, el total de energía nuclear no alcanza para aumentar ese porcentaje al 20 por ciento, cifra que podría contribuir a mitigar el cambio climático.
La energía que produce una pastilla de uranio equivale a tres barriles de petróleo o una tonelada de carbón. Parece mágico. El problema es que las centrales nucleares requieren de mucha inversión para construirlas, comparadas con las centrales de combustible fósil. Son caras al principio, pero baratas luego porque el costo del combustible (uranio) no es tan elevado, frente a los miles de metros cúbicos necesarios para alimentar una planta termoeléctrica.
En contra. Pero la energía atómica no tiene buena imagen. Los argumentos que apoyan la mala fama son su peligrosidad, ser blanco terrorista y dejar residuos intratables, además de estar fuertemente vinculada a la bomba atómica.
"No existe tal resurgimiento (de la energía nuclear). Es el modo más caro e ineficiente de reducir emisiones de gases que afectan el clima. El anuncio del Gobierno nacional es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión en materia energética", señala Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
Sin embargo, tras más de medio siglo de uso, los expertos afirman que se dispone de tecnología más segura y que los desechos pueden ser reciclados o neutralizados con más eficiencia.
¿Qué tan barata es la energía nuclear? La respuesta es variable, pero países como Argentina, con años de experiencia y masa crítica, corren con ventaja por sobre el resto. El informe del MIT calculó que el costo, en Estados Unidos, de un kilovatios generado por energía nuclear es de cuatro mil dólares. En el caso del carbón, 2.300. Y para el gas natural, 850. En los cálculos no se incluye el costo ambiental.
Greenpeace entiende que se trata de una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollarse sin inmensos subsidios estatales, y señala que si las energías renovables recibieran el mismo apoyo económico, se lograrían grandes avances en alternativas más verdes.
¿Podrá la energía nuclear exorcizar sus demonios y convertirse en la alternativa pacífica y salvadora?
La persistencia de la contaminación
La persistencia de la contaminación
Fecha de Publicación: 27/06/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo puede perdurar por mucho tiempo si no se modifican la ineficiencia del Estado en aplicar las políticas que corresponderían y las trabas institucionales que impiden concretar las medidas ya tomadas.
Por una parte, los trabajos de limpieza de la cuenca sufren una enorme demora que no logró modificar siquiera la reiterada intervención de la Corte Suprema de Justicia. Hace cinco un grupo de vecinos demandó a empresas de la zona por contaminación. Dos años después, la Corte se declaró competente en el caso e intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad a presentar un plan de saneamiento. Como respuesta a la orden judicial se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que comenzó a realizar audiencias entre empresas y gobiernos, pero el tiempo transcurrió, no hubo acuerdos y no surgió ninguna política específica. Ante las demoras, el año pasado la Corte ordenó comenzar el saneamiento y estableció multas por las dilaciones, pero esto tampoco modificó sustancialmente la situación.
Por otra parte, en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales se iniciaron 237 causas por contaminación, pero las discordancias en la actuación de las diferentes jurisdicciones estatales ha trabado el avance de las mismas, por la cual aún no se han producido sanciones.
La conclusión es que el proceso de contaminación no se ha detenido y que los 10 millones de personas que viven en la zona de la cuenca no sólo siguen sometidos al riesgo sanitario sino que seguirán estándolo si no se superan las trabas que se comentan.
La situación es grave porque la Corte es la institución de última instancia para la resolución de conflictos en la sociedad y si la resistencia a sus dictámenes sigue teniendo éxito, la población seguirá en la indefensión. Este cuadro sólo podrá revertirse con un trabajo eficiente y coordinado de las jurisdicciones para avanzar en la lucha contra la contaminación.
La contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo continúa porque no se cumplen las órdenes de la Corte Suprema y no avanzan los juicios por contaminación iniciados.
Fecha de Publicación: 27/06/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
La contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo puede perdurar por mucho tiempo si no se modifican la ineficiencia del Estado en aplicar las políticas que corresponderían y las trabas institucionales que impiden concretar las medidas ya tomadas.
Por una parte, los trabajos de limpieza de la cuenca sufren una enorme demora que no logró modificar siquiera la reiterada intervención de la Corte Suprema de Justicia. Hace cinco un grupo de vecinos demandó a empresas de la zona por contaminación. Dos años después, la Corte se declaró competente en el caso e intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad a presentar un plan de saneamiento. Como respuesta a la orden judicial se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que comenzó a realizar audiencias entre empresas y gobiernos, pero el tiempo transcurrió, no hubo acuerdos y no surgió ninguna política específica. Ante las demoras, el año pasado la Corte ordenó comenzar el saneamiento y estableció multas por las dilaciones, pero esto tampoco modificó sustancialmente la situación.
Por otra parte, en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales se iniciaron 237 causas por contaminación, pero las discordancias en la actuación de las diferentes jurisdicciones estatales ha trabado el avance de las mismas, por la cual aún no se han producido sanciones.
La conclusión es que el proceso de contaminación no se ha detenido y que los 10 millones de personas que viven en la zona de la cuenca no sólo siguen sometidos al riesgo sanitario sino que seguirán estándolo si no se superan las trabas que se comentan.
La situación es grave porque la Corte es la institución de última instancia para la resolución de conflictos en la sociedad y si la resistencia a sus dictámenes sigue teniendo éxito, la población seguirá en la indefensión. Este cuadro sólo podrá revertirse con un trabajo eficiente y coordinado de las jurisdicciones para avanzar en la lucha contra la contaminación.
La contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo continúa porque no se cumplen las órdenes de la Corte Suprema y no avanzan los juicios por contaminación iniciados.
Dictan prisión a Carina Díaz Moreno de Famatina
Dictan prisión a Carina Díaz Moreno de la Asamblea Famatina
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: La Rioja
El juez Alfredo Ramos de Chilecito, La Rioja, aplicó el artículo 194 del Código Penal para encarcelar a Carina Díaz Moreno, una de las tantas militantes de la Asamblea de Famatina que recibieran feroz represión en Peñas Negras, sitio emblemático de un pueblo movilizado que impide el tránsito de los equipos de perforación de la transnacional minera Barrick Gold, resistencia que cuenta con una barrera ubicada a 2000 metros de altura, merced a un movimiento social perseverante formado mayormente por mujeres docentes. Los asambleístas que denunciaron al grupo represor -que nuca fue indagado por la justicia- son en cambio procesados por el Dr. Alfredo Ramos, Juzgado Nº1 de Chilecito quien dictó prisión preventiva para la imputada Carina Díaz Moreno, “por agresión a funcionarios”. La militante famatinense se halla detenida en estos momentos en la comisaría de Chilecito donde el abogado de oficio, Oscar Salcedo, exige su inmediata excarcelación.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) moviliza a sus asambleas de todo el país para gestar acciones concretas que permitan la liberación de la compañera al mismo tiempo que denuncia la violencia ejercida por funcionarios y jueces al servicio de corporaciones mineras transnacionales, gestoras de sobornos y de la corrupción gobernante.
Javier Rodríguez Pardo (MACH-RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
Contactos para mayor información:
Carina Díaz Moreno 0382515660017
Abogado de Oficio Dr. Oscar Salcedo: 03825 15405792
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: La Rioja
El juez Alfredo Ramos de Chilecito, La Rioja, aplicó el artículo 194 del Código Penal para encarcelar a Carina Díaz Moreno, una de las tantas militantes de la Asamblea de Famatina que recibieran feroz represión en Peñas Negras, sitio emblemático de un pueblo movilizado que impide el tránsito de los equipos de perforación de la transnacional minera Barrick Gold, resistencia que cuenta con una barrera ubicada a 2000 metros de altura, merced a un movimiento social perseverante formado mayormente por mujeres docentes. Los asambleístas que denunciaron al grupo represor -que nuca fue indagado por la justicia- son en cambio procesados por el Dr. Alfredo Ramos, Juzgado Nº1 de Chilecito quien dictó prisión preventiva para la imputada Carina Díaz Moreno, “por agresión a funcionarios”. La militante famatinense se halla detenida en estos momentos en la comisaría de Chilecito donde el abogado de oficio, Oscar Salcedo, exige su inmediata excarcelación.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) moviliza a sus asambleas de todo el país para gestar acciones concretas que permitan la liberación de la compañera al mismo tiempo que denuncia la violencia ejercida por funcionarios y jueces al servicio de corporaciones mineras transnacionales, gestoras de sobornos y de la corrupción gobernante.
Javier Rodríguez Pardo (MACH-RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
Contactos para mayor información:
Carina Díaz Moreno 0382515660017
Abogado de Oficio Dr. Oscar Salcedo: 03825 15405792
Cumplir con la suspensión de desmontes y tala
Piden al Gobierno que haga cumplir la suspensión de desmontes y tala
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Mesa de Tierra, integrada por comunidades originarias y familias campesinas del Chaco salteño, pidió por escrito al gobierno provincial que haga cumplir la orden de suspensión de los desmontes y la tala selectiva en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Imprimir Enviar Aumentar, reducir tamaño del texto
Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.
"No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo)."
Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.
La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión "fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha".Como consecuencia "existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento", por lo que solicitó "de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado".
La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria "no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona" y "no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada"; además, la "metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión", el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, "fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal". También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un "lenguaje técnico y culturalmente inapropiado", que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos "ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza" y "no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen".
Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite "copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas".
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Mesa de Tierra, integrada por comunidades originarias y familias campesinas del Chaco salteño, pidió por escrito al gobierno provincial que haga cumplir la orden de suspensión de los desmontes y la tala selectiva en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
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Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.
"No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo)."
Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.
La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión "fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha".Como consecuencia "existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento", por lo que solicitó "de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado".
La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria "no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona" y "no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada"; además, la "metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión", el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, "fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal". También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un "lenguaje técnico y culturalmente inapropiado", que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos "ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza" y "no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen".
Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite "copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas".
El agro cordobesdiscute la ley de bosques
El agro discute la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 24/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En Hernando, entidades rurales anticiparon opiniones diferentes sobre el proyecto.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia no elevó aún a la Legislatura el proyecto de ley de protección de los bosques nativos, por el que Córdoba adherirá a la ley nacional sancionada en esa materia y accederá a recursos federales para financiar criterios de preservación.
Hace dos meses, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN) concluyó su trabajo, presentando a Ambiente un anteproyecto que marca las áreas en las que no se debería permitir ya ningún desmonte (roja), las que deben regularse para un "uso más sustentable" (amarilla) y las que están ya ganadas por el uso agropecuario intensivo o urbano (verde).
Hasta ahora, casi el único sector que expuso reparos públicos al anteproyecto elaborado por esa comisión es el agropecuario, aunque no en forma unánime. Eso quedó patentizado en una reunión con debate realizada en la noche del lunes en Hernando, convocada por varias entidades rurales y en las que estuvo presente el legislador Marcelo Falo (PJ), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos y Ambiente de la Legislatura provincial.
Sin uniformidad. En ese debate quedó patentizado que hay reparos a la ley de entidades como Sociedad Rural y Cartez, pero de respaldo de otras como Federación Agraria.
Tras el debate, Marco Giraudo, titular de Coninagro, señaló que "el sector agropecuario debe trabajar en este tema para profundizar su discusión" y señaló "la necesidad de buscar un equilibrio". Según el portal de la radio RH1 de Hernando, Giraudo señaló: "Es cierto que se hemos desastres con desmontes. Pero tampoco se puede plantear el otro extremo" y admitió los diferencias: "Mientras Cartez está contra esto, Federación Agraria se muestra a favor", asumió.
Melisa Bergia –representante de Federación Agraria en el debate– señaló que esa entidad participó en la COTBN junto a sectores como el Movimiento de Campesinos, las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Inta y grupos ambientalistas. "El anteproyecto presentado a la Secretaría de Ambiente fue consensuado entre todos los que participaron, lo que no quita que se pueda seguir debatiendo en la Legislatura", dijo, y defendió que "si se analiza artículo por artículo verán que no se propone nada fuera de lo razonable y lógico".
Mientras, el legislador Falo planteó que en la Legislatura se "escuchará a todos los sectores antes de sancionar la ley" y opinó que no todos participaron del debate previo dentro de la COTBN. Pero también advirtió: "Hay que asumir que en Córdoba nos hemos quedado sin bosques, y sin bosques no hay agua, y sin agua no hay proyectos productivos posibles ni vida digna para los cordobeses".
En caída libre. En el debate no faltaron las cifras que evidencian la situación: de las 16 millones de hectáreas que tiene Córdoba, alguna vez 12 millones fueron de bosques. Hoy sólo quedan menos de 600 mil, y en parte degradadas ya. El avance de la frontera agrícola y de las urbanizaciones fueron el motivo central de los desmontes, que se acentuaron en la última década.
Contra los desmontes. A las 11, en ocho ciudades cordobesas se realizarán en forma simultánea movilizaciones “en defensa del bosque nativo”.
Será para reclamar la pronta sanción de la ley de ordenamiento y preservación de la forestación en Córdoba y por el cese efectivo de los desmontes en esta provincia, que a pesar de las prohibiciones se siguen haciendo.
Organizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN) y entidades asociadas, se promueve para mañana a las 11 actos en plazas de las localidades de Deán Funes, Río Ceballos, Alta Gracia, Villa Dolores, Sebastián El Cano, Río Cuarto y Villa General Belgrano, que representan todas las regiones provinciales. También habrá una en Córdoba capital (en el Parque Sarmiento).
Los organizadores invitarán a vecinos y escuelas primarias, secundarias y terciarias de cada lugar a participar. En cada reunión se expondrá la situación de los bosques, los problemas que han ocasionado los desmontes (falta de agua, inundaciones, ascenso de napas, pérdida de valor paisajístico, biodiversidad, escasez de recursos para la vida, exclusión social de pobladores rurales), y se denunciarán los sitios donde actualmente se desmonta clandestinamente.
Fecha de Publicación: 24/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En Hernando, entidades rurales anticiparon opiniones diferentes sobre el proyecto.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia no elevó aún a la Legislatura el proyecto de ley de protección de los bosques nativos, por el que Córdoba adherirá a la ley nacional sancionada en esa materia y accederá a recursos federales para financiar criterios de preservación.
Hace dos meses, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN) concluyó su trabajo, presentando a Ambiente un anteproyecto que marca las áreas en las que no se debería permitir ya ningún desmonte (roja), las que deben regularse para un "uso más sustentable" (amarilla) y las que están ya ganadas por el uso agropecuario intensivo o urbano (verde).
Hasta ahora, casi el único sector que expuso reparos públicos al anteproyecto elaborado por esa comisión es el agropecuario, aunque no en forma unánime. Eso quedó patentizado en una reunión con debate realizada en la noche del lunes en Hernando, convocada por varias entidades rurales y en las que estuvo presente el legislador Marcelo Falo (PJ), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos y Ambiente de la Legislatura provincial.
Sin uniformidad. En ese debate quedó patentizado que hay reparos a la ley de entidades como Sociedad Rural y Cartez, pero de respaldo de otras como Federación Agraria.
Tras el debate, Marco Giraudo, titular de Coninagro, señaló que "el sector agropecuario debe trabajar en este tema para profundizar su discusión" y señaló "la necesidad de buscar un equilibrio". Según el portal de la radio RH1 de Hernando, Giraudo señaló: "Es cierto que se hemos desastres con desmontes. Pero tampoco se puede plantear el otro extremo" y admitió los diferencias: "Mientras Cartez está contra esto, Federación Agraria se muestra a favor", asumió.
Melisa Bergia –representante de Federación Agraria en el debate– señaló que esa entidad participó en la COTBN junto a sectores como el Movimiento de Campesinos, las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Inta y grupos ambientalistas. "El anteproyecto presentado a la Secretaría de Ambiente fue consensuado entre todos los que participaron, lo que no quita que se pueda seguir debatiendo en la Legislatura", dijo, y defendió que "si se analiza artículo por artículo verán que no se propone nada fuera de lo razonable y lógico".
Mientras, el legislador Falo planteó que en la Legislatura se "escuchará a todos los sectores antes de sancionar la ley" y opinó que no todos participaron del debate previo dentro de la COTBN. Pero también advirtió: "Hay que asumir que en Córdoba nos hemos quedado sin bosques, y sin bosques no hay agua, y sin agua no hay proyectos productivos posibles ni vida digna para los cordobeses".
En caída libre. En el debate no faltaron las cifras que evidencian la situación: de las 16 millones de hectáreas que tiene Córdoba, alguna vez 12 millones fueron de bosques. Hoy sólo quedan menos de 600 mil, y en parte degradadas ya. El avance de la frontera agrícola y de las urbanizaciones fueron el motivo central de los desmontes, que se acentuaron en la última década.
Contra los desmontes. A las 11, en ocho ciudades cordobesas se realizarán en forma simultánea movilizaciones “en defensa del bosque nativo”.
Será para reclamar la pronta sanción de la ley de ordenamiento y preservación de la forestación en Córdoba y por el cese efectivo de los desmontes en esta provincia, que a pesar de las prohibiciones se siguen haciendo.
Organizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN) y entidades asociadas, se promueve para mañana a las 11 actos en plazas de las localidades de Deán Funes, Río Ceballos, Alta Gracia, Villa Dolores, Sebastián El Cano, Río Cuarto y Villa General Belgrano, que representan todas las regiones provinciales. También habrá una en Córdoba capital (en el Parque Sarmiento).
Los organizadores invitarán a vecinos y escuelas primarias, secundarias y terciarias de cada lugar a participar. En cada reunión se expondrá la situación de los bosques, los problemas que han ocasionado los desmontes (falta de agua, inundaciones, ascenso de napas, pérdida de valor paisajístico, biodiversidad, escasez de recursos para la vida, exclusión social de pobladores rurales), y se denunciarán los sitios donde actualmente se desmonta clandestinamente.
5.000 hectáreas de desmonte ilegal en Chaco
5.000 hectáreas de desmonte ilegal detectadas por el sistema de áreas protegidas
Fecha de Publicación: 24/06/2009
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El nuevo sistema de control de la explotación forestal implementado en la provincia arrojó como resultado la detección de unas 5000 hectáreas de desmonte ilegal en explotaciones que merecerán ahora la ejecución de unos 70 millones de pesos.
El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano señaló ayer la disposición de los elementos técnicos y legales para una más rápida tramitación y ejecución de las multas a los que violaron la moratoria forestal vigente, tal cual adelantó el gobernador Jorge Capitanich en el marco de la inauguración del Centro de Geo Información de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en Sáenz Peña.
“Forma parte de una de las estructuras organizativas que responden a una nueva ingeniería de contralor en los recursos naturales, especialmente en los resguardos en la utilización de los bosques nativos”, explicó Bejarano sobre la estructura habilitada en verdad desde el 1 de abril y ahora en funcionamiento en el viejo edificio de la cooperativa Cosecha en Sáenz Peña.
En declaraciones a FM Universidad en Resistencia, el subscretario anotó ayer que el gobernador mostró mucho interés en el funcionamiento del Centro y en la tecnología aplicada, en línea con las nuevas penalidades por aranceles de multas, que estarían en el orden de los 70 millones de pesos.
“Tenemos una ingeniería que nos lleva a concretar los trámites muy rápidamente” señaló para anotar una drástica reducción de los folios de cada expediente, lo que habilita una pronta tramitación de las denuncias y su posterior cobro.
Bejarano coincidió que ahora la tecnología incorporada, permite detectar infracciones y violaciones, como los de la moratoria contra los desmontes. Señaló al respecto que se presentan hoy unas 20 inspectorías para la fiscalización forestal, cuyo funcionamiento implica una inversión del orden de los 50.000 pesos mensuales.
“Sin lugar a duda que si seguimos con la metodología tradicional, no llegamos a todos los eventos; pero acoplados a la a las nuevas aplicaciones del Centro de Geo Formación, más la utilización de distintas bases de datos, llegamos a optimizar la fiscalización al punto que podríamos asegurar que en un corto plazo, vamos a estar en el 100 % de la auditoria territorial de la provincia”, señaló.
Trascendente deuda legislativa
El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano destacó la importancia de los nuevos mecanismos de control y también en del una legislación que otorgue al organismo de aplicación, resguardo pleno para su cumplimiento.
“Hay un tema que es de fondo pendiente y es el de la preservación de los recurso naturales”, remarcó señalando la mora legislativa en la materia. “Tenemos tres leyes en espera desde el año pasado, que son la del ordenamiento territorial de bosques, la ley de fuegos y la ley de penalidades no arancelarias”
Sobre esta última, explicó que se refiere a un mecanismo vinculado con el certificado de conservación del monte nativo, y tiene que ver con un encadenamiento de inhibiciones donde paralelamente, se constituyen en autoridades de aplicación, otras esferas de la administración pública, que también deben ser solidarias con la conservación del bosque.
Anotó que se trata además de mecanismos legales complementarios y necesarios para la plena aplicación en el Chaco de la nueva ley nacional de bosques nativos.
“No puede establecerse la realización de un trabajo sin la previa autorización de la autoridad de aplicación. Este es un elemento sustantivo porque cualquier actividad que trabaja sobre la conversión de los bosques nativos, genera impacto ambiental con consecuencias graves para la sociedad que se remedian con inversiones estatales en obras de infraestructura para remediar esos desajustes provocados por trabajos que no han sido autorizados”, planteó.
Bejarano definió que para la provincia “es sumamente necesario” asegurar una salida ordenada a la moratoria forestal, que reitera transgresiones a la prohibición. “No las justificamos, nos las vamos a perdonar y estamos trabajando muy fuertemente para que no se escapen los infractores. Pero es impensable que el Chaco, habiendo sido la primer provincia que terminó su ordenamiento territorial, todavía no cuenta con su Ley”, remarcó
El funcionario señaló que se trata de una Política de Estado y en consecuencia una responsabilidad de la sociedad política del Chaco. “Esta es una política de Estado --insistió-- por lo cual no es una cuestión de que una oposición no quiera aprobar las leyes del partido que está gobernando”, definió.
Bejarano anotó que la mora legislativa en la materia, conspira con la posibilidad de que la provincia reciba fondos de compensación prevista en la ley nacional de presupuestos mínimos.
“También estamos inhibidos de poder acceder a los beneficios de la ley 2580 de Inversiones para bosques cultivados, porque sin la aprobación de la zonificación provincial, estos mecanismos de financiamiento para hacer manejo sostenido del bosque nativo, para las actividades de restauración ecológica, para forestaciones industriales, para el enriquecimiento del bosque nativo, no los podemos poner a disposición de la sociedad productiva en una provincia eminentemente forestal”.
Fecha de Publicación: 24/06/2009
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El nuevo sistema de control de la explotación forestal implementado en la provincia arrojó como resultado la detección de unas 5000 hectáreas de desmonte ilegal en explotaciones que merecerán ahora la ejecución de unos 70 millones de pesos.
El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano señaló ayer la disposición de los elementos técnicos y legales para una más rápida tramitación y ejecución de las multas a los que violaron la moratoria forestal vigente, tal cual adelantó el gobernador Jorge Capitanich en el marco de la inauguración del Centro de Geo Información de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en Sáenz Peña.
“Forma parte de una de las estructuras organizativas que responden a una nueva ingeniería de contralor en los recursos naturales, especialmente en los resguardos en la utilización de los bosques nativos”, explicó Bejarano sobre la estructura habilitada en verdad desde el 1 de abril y ahora en funcionamiento en el viejo edificio de la cooperativa Cosecha en Sáenz Peña.
En declaraciones a FM Universidad en Resistencia, el subscretario anotó ayer que el gobernador mostró mucho interés en el funcionamiento del Centro y en la tecnología aplicada, en línea con las nuevas penalidades por aranceles de multas, que estarían en el orden de los 70 millones de pesos.
“Tenemos una ingeniería que nos lleva a concretar los trámites muy rápidamente” señaló para anotar una drástica reducción de los folios de cada expediente, lo que habilita una pronta tramitación de las denuncias y su posterior cobro.
Bejarano coincidió que ahora la tecnología incorporada, permite detectar infracciones y violaciones, como los de la moratoria contra los desmontes. Señaló al respecto que se presentan hoy unas 20 inspectorías para la fiscalización forestal, cuyo funcionamiento implica una inversión del orden de los 50.000 pesos mensuales.
“Sin lugar a duda que si seguimos con la metodología tradicional, no llegamos a todos los eventos; pero acoplados a la a las nuevas aplicaciones del Centro de Geo Formación, más la utilización de distintas bases de datos, llegamos a optimizar la fiscalización al punto que podríamos asegurar que en un corto plazo, vamos a estar en el 100 % de la auditoria territorial de la provincia”, señaló.
Trascendente deuda legislativa
El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano destacó la importancia de los nuevos mecanismos de control y también en del una legislación que otorgue al organismo de aplicación, resguardo pleno para su cumplimiento.
“Hay un tema que es de fondo pendiente y es el de la preservación de los recurso naturales”, remarcó señalando la mora legislativa en la materia. “Tenemos tres leyes en espera desde el año pasado, que son la del ordenamiento territorial de bosques, la ley de fuegos y la ley de penalidades no arancelarias”
Sobre esta última, explicó que se refiere a un mecanismo vinculado con el certificado de conservación del monte nativo, y tiene que ver con un encadenamiento de inhibiciones donde paralelamente, se constituyen en autoridades de aplicación, otras esferas de la administración pública, que también deben ser solidarias con la conservación del bosque.
Anotó que se trata además de mecanismos legales complementarios y necesarios para la plena aplicación en el Chaco de la nueva ley nacional de bosques nativos.
“No puede establecerse la realización de un trabajo sin la previa autorización de la autoridad de aplicación. Este es un elemento sustantivo porque cualquier actividad que trabaja sobre la conversión de los bosques nativos, genera impacto ambiental con consecuencias graves para la sociedad que se remedian con inversiones estatales en obras de infraestructura para remediar esos desajustes provocados por trabajos que no han sido autorizados”, planteó.
Bejarano definió que para la provincia “es sumamente necesario” asegurar una salida ordenada a la moratoria forestal, que reitera transgresiones a la prohibición. “No las justificamos, nos las vamos a perdonar y estamos trabajando muy fuertemente para que no se escapen los infractores. Pero es impensable que el Chaco, habiendo sido la primer provincia que terminó su ordenamiento territorial, todavía no cuenta con su Ley”, remarcó
El funcionario señaló que se trata de una Política de Estado y en consecuencia una responsabilidad de la sociedad política del Chaco. “Esta es una política de Estado --insistió-- por lo cual no es una cuestión de que una oposición no quiera aprobar las leyes del partido que está gobernando”, definió.
Bejarano anotó que la mora legislativa en la materia, conspira con la posibilidad de que la provincia reciba fondos de compensación prevista en la ley nacional de presupuestos mínimos.
“También estamos inhibidos de poder acceder a los beneficios de la ley 2580 de Inversiones para bosques cultivados, porque sin la aprobación de la zonificación provincial, estos mecanismos de financiamiento para hacer manejo sostenido del bosque nativo, para las actividades de restauración ecológica, para forestaciones industriales, para el enriquecimiento del bosque nativo, no los podemos poner a disposición de la sociedad productiva en una provincia eminentemente forestal”.
Chaco trata de poner frenos a los desmontes
Desde el centro de GEO Información de Recursos Naturales tratan de poner frenos a los desmontes
Fecha de Publicación: 23/06/2009
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las denuncias por desmontes con topadoras, en plena veda forestal y cuando en el Chaco sólo se autoriza, mediante una ley de emergencia, al aprovechamiento del recurso y manejo silvopastoril, se encuentran hoy con un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que tratará de ponerle frenos a este flagelo, y en protección de los bosques nativos.
Esta lucha contra la ilegalidad en materia de los bosques chaqueños, se realizará desde el Centro de Geo-información de Recursos Naturales y Áreas Protegidas que funciona desde hace dos semanas en la calle Pellegrini 445 - 1º piso del Edificio (Ex Cosecha) de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Allí, NORTE dialogó con el subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia, Mario Berajano, quien explicó que la iniciativa tiene por finalidad la adopción de medidas de preservación y restauración de los recursos, y para ello el Centro de Geoinformación monitoreará a traves de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial.
Tiene la novedad que se aplicará una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte, se enviará al Centro de Geo Información que acumulará los datos correspondientes.
Sostiene Bejarano, que el Centro controlará constantemente que las explotaciones que se detecten cuenten previamente con autorización ó que se cumpla lo establecido en los respectivos permisos.
En el ex edificio de Cosecha, trabaja un grupo de técnicos “casi todo el día, observando que pasa con nuestros recursos”, indicó el funcionario.
“Hay muchas infracciones”
Mario Bejarano reconoció ante NORTE que “existen numerosos casos de explotación clandestina en los cuáles la Dirección de Bosques ya ha iniciado los expedientes de infracción correspondientes, y muchos de ellos han sido reincidentes, es decir, mientras se tramita la multa, han vuelto a topar y eso tiene que tener un corte, es decir, menos burocracia a la hora de aplicar las penas” dijo.
Hay tres ejes en los cuales se sustentará este centro, que son los operativos regulares de fiscalización; las infracciones al régimen forestal y el nuevo régimen del monto de multas.
Como surge el centro
Los convenios suscriptos entre la Provincia del Chaco, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM);
La instrumentación de los mismos permite, entre otros beneficios, contar con mosaicos temporales de imágenes satelitales, datos e informaciones cartográficas, edáficas, climatológicas e hidrológicas, de coberturas de monte nativo, cultivos y posiciones georeferenciadas de diversas obras de infraestructura.
Las actividades desarrolladas a expensas de la utilización de los recursos naturales, pueden tener como resultante consecuencias negativas que afecten tanto al medio ambiente como a la economía, indicó Bejarano.
Explicó que la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos - establece, entre otros objetivos, materializar el ordenamiento territorial de los bosques nativos de cada jurisdicción provincial, sobre la base de criterios de sostenibilidad y conforme a distintas categorías de conservación que implican determinadas prescripciones de utilización y conversión de coberturas forestales nativas.
A instancias de dicha Ley y, bajo la ejecución de la Autoridad Nacional de Aplicación, se crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos cuyo propósito, entre otros establecidos, será el de promover el manejo sostenible de los bosques nativos según sea su categoría de conservación; impulsar medidas para garantizar el aprovechamiento sostenible; fomentar la creación y el mantenimiento de reservas forestales; promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados; mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por bosques nativos y su estado de conservación.
El Chaco mediante Ley 4.604 se adhirió a los beneficios estipulados en la Ley 25080 - De Inversiones para Bosques Cultivados, y por Ley 4.358 se establece que “...los ambientes naturales y sus recursos constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio-económica, por lo que se declara de interés publico su conservación y/o preservación”.
El centro, tratará de salir a controlar con las herramientas técnicas con la cuenta y contará próximamente.
Fecha de Publicación: 23/06/2009
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las denuncias por desmontes con topadoras, en plena veda forestal y cuando en el Chaco sólo se autoriza, mediante una ley de emergencia, al aprovechamiento del recurso y manejo silvopastoril, se encuentran hoy con un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que tratará de ponerle frenos a este flagelo, y en protección de los bosques nativos.
Esta lucha contra la ilegalidad en materia de los bosques chaqueños, se realizará desde el Centro de Geo-información de Recursos Naturales y Áreas Protegidas que funciona desde hace dos semanas en la calle Pellegrini 445 - 1º piso del Edificio (Ex Cosecha) de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Allí, NORTE dialogó con el subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia, Mario Berajano, quien explicó que la iniciativa tiene por finalidad la adopción de medidas de preservación y restauración de los recursos, y para ello el Centro de Geoinformación monitoreará a traves de imágenes satelitales actualizadas cada 15 días las áreas protegidas, los bosques nativos, las forestas implantadas y nichos y hábitats de fauna silvestre a nivel provincial.
Tiene la novedad que se aplicará una verdadera ingeniería para el funcionamiento del control de infracciones. El plan técnico de cada nuevo permiso de explotación de recursos naturales deberá ir acompañado de soporte digital, y ese soporte, se enviará al Centro de Geo Información que acumulará los datos correspondientes.
Sostiene Bejarano, que el Centro controlará constantemente que las explotaciones que se detecten cuenten previamente con autorización ó que se cumpla lo establecido en los respectivos permisos.
En el ex edificio de Cosecha, trabaja un grupo de técnicos “casi todo el día, observando que pasa con nuestros recursos”, indicó el funcionario.
“Hay muchas infracciones”
Mario Bejarano reconoció ante NORTE que “existen numerosos casos de explotación clandestina en los cuáles la Dirección de Bosques ya ha iniciado los expedientes de infracción correspondientes, y muchos de ellos han sido reincidentes, es decir, mientras se tramita la multa, han vuelto a topar y eso tiene que tener un corte, es decir, menos burocracia a la hora de aplicar las penas” dijo.
Hay tres ejes en los cuales se sustentará este centro, que son los operativos regulares de fiscalización; las infracciones al régimen forestal y el nuevo régimen del monto de multas.
Como surge el centro
Los convenios suscriptos entre la Provincia del Chaco, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM);
La instrumentación de los mismos permite, entre otros beneficios, contar con mosaicos temporales de imágenes satelitales, datos e informaciones cartográficas, edáficas, climatológicas e hidrológicas, de coberturas de monte nativo, cultivos y posiciones georeferenciadas de diversas obras de infraestructura.
Las actividades desarrolladas a expensas de la utilización de los recursos naturales, pueden tener como resultante consecuencias negativas que afecten tanto al medio ambiente como a la economía, indicó Bejarano.
Explicó que la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos - establece, entre otros objetivos, materializar el ordenamiento territorial de los bosques nativos de cada jurisdicción provincial, sobre la base de criterios de sostenibilidad y conforme a distintas categorías de conservación que implican determinadas prescripciones de utilización y conversión de coberturas forestales nativas.
A instancias de dicha Ley y, bajo la ejecución de la Autoridad Nacional de Aplicación, se crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos cuyo propósito, entre otros establecidos, será el de promover el manejo sostenible de los bosques nativos según sea su categoría de conservación; impulsar medidas para garantizar el aprovechamiento sostenible; fomentar la creación y el mantenimiento de reservas forestales; promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados; mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por bosques nativos y su estado de conservación.
El Chaco mediante Ley 4.604 se adhirió a los beneficios estipulados en la Ley 25080 - De Inversiones para Bosques Cultivados, y por Ley 4.358 se establece que “...los ambientes naturales y sus recursos constituyen un patrimonio natural de fundamental valor cultural e importancia socio-económica, por lo que se declara de interés publico su conservación y/o preservación”.
El centro, tratará de salir a controlar con las herramientas técnicas con la cuenta y contará próximamente.
Sanear el Riachuelo aún no tienen fecha
Los trabajos para sanear el Riachuelo aún no tienen fecha
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Pese al desembolso del Banco Mundial, sólo se proyectan las sedes de la autoridad de cuenca
A pesar del anuncio de la llegada de fondos frescos del Banco Mundial para la limpieza del Riachuelo, aún no hay un cronograma de las obras de saneamiento presentadas ante la Justicia. Si el desembolso llega el año próximo, los colectores cloacales sólo podrían comenzar a construirse a fines de 2010.
LA NACION entrevistó a Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación, quien dijo que, aunque no se puede precisar la fecha exacta del comienzo de las obras, se prevé el desembolso de una partida anticipada de 4 millones de dólares, en concepto de adelanto del crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones, para construir tres sedes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
El funcionario aseguró, además, que no se reeditará lo que sucedió con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado en 1998, durante la gestión de María Julia Alsogaray, y luego desviado a otros fines, ya que "hay un fallo de la Corte Suprema que cumplir y una institución, Acumar, con presencia institucional".
- ¿Cuándo se empezará con las obras de saneamiento de la cuenca ahora que se anunció la llegada del crédito?
-En el marco del contexto internacional este financiamiento es una buena noticia que nos ubica en una perspectiva distinta de lo que muchos dicen acerca de que éste es un país que no está inserto en el mundo. El banco no es un organismo de caridad precisamente. Aunque no soy un experto en manejo internacional de fondos, el desembolso demorará un poco. Recién se hizo el anuncio. Veníamos preparando para gastar rápido la nueva estructura de Acumar. Vamos a tener una especie de traje nuevo y robustecido.
-¿Y en qué consiste?
-En sistemas de auditorías aprobadas en la última reunión. Hay varias obras por empezar. Está prevista una inversión de 4 millones de dólares para los edificios de Acumar en la cuenca. El de la cuenca baja estará en Avellaneda. En la alta cuenca hay un ofrecimiento en Cañuelas, en donde hay que hacer un edificio. Calculamos que para el primer trimestre del año que viene estaríamos habilitando una de las sedes.
-¿Pero descentralizar la Acumar no traerá superposición de jurisdicciones, el problema principal que tiene el saneamiento del Riachuelo?
-No hay que entender mal, se trata de tener una ventanilla de atención en cada uno de los lugares. Son oficinas de Acumar en el territorio.
-Una duda que surgió en estos últimos días es acerca del destino de los fondos. ¿No ocurrirá lo mismo que con el crédito del BID, que se usó para otra cosa?
-Esto no va a volver a suceder por dos razones: acá hay un fallo que hay que cumplir y hay una autoridad interjurisdiccional que no existía antes. Esa fue una de las razones por las que el crédito del BID fracasó. Y el tercer punto es que la fenomenal crisis de 2001 y el gobierno de la Alianza llevaron a que hubiera que destinar gran parte de esos fondos a una redistribución social. Además de que el Banco Mundial establece metas de cumplimiento, también están el defensor del pueblo y el frente activo. Ambos están monitoreando el proceso. Acumar es el único organismo que tiene control de resultados en tiempo real.
-Con respecto a esos controles, se denunció que no se está cumpliendo con los tiempos establecidos por la Corte Suprema.
-A lo que hay que apuntar es a que la estructura que se crea sea eficiente. Hay que decidir si queremos que se busquen las soluciones o si queremos encontrar problemas de detalles. Probablemente hubo un retraso, pero administrar algo de esta complejidad no es sencillo. Tiene sus dificultades y obstáculos. Hay que distinguir qué se hizo antes y qué se hace ahora. Lo importante es que, aunque uno tenga un número alto, se vea que se avanza.
-¿Entonces las obras cuándo empiezan?
-AySA tiene bastante avanzado el plan de saneamiento, para el que cuenta con US$ 693 millones. Habrá un mediano y un largo plazo en las obras. El cronograma establecido por el Banco Mundial da un máximo de seis años.
-¿Qué pasa con los controles que se retrasan?
-En primer lugar estamos haciendo un censo de personal. Los inspectores que se dijo que estaban [por los 92 nombrados por Romina Picolotti] no están o nunca se presentaron. Creemos que a partir del segundo semestre la estructura empezará a funcionar de menor a mayor. Estamos integrando un cuerpo unificado para darle más potencia.
-¿Y respecto del estudio epidemiológico?
-Primero había que determinar cuáles eran los sistemas de medición que se iban a utilizar, y se avanzó en convenios que se hicieron con laboratorios.
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Pese al desembolso del Banco Mundial, sólo se proyectan las sedes de la autoridad de cuenca
A pesar del anuncio de la llegada de fondos frescos del Banco Mundial para la limpieza del Riachuelo, aún no hay un cronograma de las obras de saneamiento presentadas ante la Justicia. Si el desembolso llega el año próximo, los colectores cloacales sólo podrían comenzar a construirse a fines de 2010.
LA NACION entrevistó a Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación, quien dijo que, aunque no se puede precisar la fecha exacta del comienzo de las obras, se prevé el desembolso de una partida anticipada de 4 millones de dólares, en concepto de adelanto del crédito del Banco Mundial por US$ 840 millones, para construir tres sedes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
El funcionario aseguró, además, que no se reeditará lo que sucedió con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado en 1998, durante la gestión de María Julia Alsogaray, y luego desviado a otros fines, ya que "hay un fallo de la Corte Suprema que cumplir y una institución, Acumar, con presencia institucional".
- ¿Cuándo se empezará con las obras de saneamiento de la cuenca ahora que se anunció la llegada del crédito?
-En el marco del contexto internacional este financiamiento es una buena noticia que nos ubica en una perspectiva distinta de lo que muchos dicen acerca de que éste es un país que no está inserto en el mundo. El banco no es un organismo de caridad precisamente. Aunque no soy un experto en manejo internacional de fondos, el desembolso demorará un poco. Recién se hizo el anuncio. Veníamos preparando para gastar rápido la nueva estructura de Acumar. Vamos a tener una especie de traje nuevo y robustecido.
-¿Y en qué consiste?
-En sistemas de auditorías aprobadas en la última reunión. Hay varias obras por empezar. Está prevista una inversión de 4 millones de dólares para los edificios de Acumar en la cuenca. El de la cuenca baja estará en Avellaneda. En la alta cuenca hay un ofrecimiento en Cañuelas, en donde hay que hacer un edificio. Calculamos que para el primer trimestre del año que viene estaríamos habilitando una de las sedes.
-¿Pero descentralizar la Acumar no traerá superposición de jurisdicciones, el problema principal que tiene el saneamiento del Riachuelo?
-No hay que entender mal, se trata de tener una ventanilla de atención en cada uno de los lugares. Son oficinas de Acumar en el territorio.
-Una duda que surgió en estos últimos días es acerca del destino de los fondos. ¿No ocurrirá lo mismo que con el crédito del BID, que se usó para otra cosa?
-Esto no va a volver a suceder por dos razones: acá hay un fallo que hay que cumplir y hay una autoridad interjurisdiccional que no existía antes. Esa fue una de las razones por las que el crédito del BID fracasó. Y el tercer punto es que la fenomenal crisis de 2001 y el gobierno de la Alianza llevaron a que hubiera que destinar gran parte de esos fondos a una redistribución social. Además de que el Banco Mundial establece metas de cumplimiento, también están el defensor del pueblo y el frente activo. Ambos están monitoreando el proceso. Acumar es el único organismo que tiene control de resultados en tiempo real.
-Con respecto a esos controles, se denunció que no se está cumpliendo con los tiempos establecidos por la Corte Suprema.
-A lo que hay que apuntar es a que la estructura que se crea sea eficiente. Hay que decidir si queremos que se busquen las soluciones o si queremos encontrar problemas de detalles. Probablemente hubo un retraso, pero administrar algo de esta complejidad no es sencillo. Tiene sus dificultades y obstáculos. Hay que distinguir qué se hizo antes y qué se hace ahora. Lo importante es que, aunque uno tenga un número alto, se vea que se avanza.
-¿Entonces las obras cuándo empiezan?
-AySA tiene bastante avanzado el plan de saneamiento, para el que cuenta con US$ 693 millones. Habrá un mediano y un largo plazo en las obras. El cronograma establecido por el Banco Mundial da un máximo de seis años.
-¿Qué pasa con los controles que se retrasan?
-En primer lugar estamos haciendo un censo de personal. Los inspectores que se dijo que estaban [por los 92 nombrados por Romina Picolotti] no están o nunca se presentaron. Creemos que a partir del segundo semestre la estructura empezará a funcionar de menor a mayor. Estamos integrando un cuerpo unificado para darle más potencia.
-¿Y respecto del estudio epidemiológico?
-Primero había que determinar cuáles eran los sistemas de medición que se iban a utilizar, y se avanzó en convenios que se hicieron con laboratorios.
Facultad de la UNC rechazó dinero de Alumbrera
Psicología rechazó dinero de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba decidió rechazar los fondos girados por Minera Alumbrera. La trascendente decisión, pionera a nivel nacional, fue adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo informó la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas (Ecosoc) y miembro de la Renace.
La Facultad decidió rechazar esos fondos mediante Resolución N° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología. La Resolución comienza mencionando el informe que presentó Montenegro, y tras una lista de consideraciones resolvió “rechazar los fondos procedentes de la distribución de beneficios de Ymad (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponer al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte la misma posición”. La casa de estudios propuso, además, al Honorable Consejo Superior “la creación de una Comisión en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, con representantes de distintas facultades, incluida la Facultad de Psicología, para que clarifique y luego informe si se aceptó un aporte similar del Ymad en el año 2008 (Acuerdo Plenario del CIN 672/2008) y el destino de esos fondos”.
Ymad, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008. Lo hizo en el marco de la Ley Nacional N° 14.771.
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La Facultad de Psicología de la UNC rechaza fondos de minera
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió rechazar los fondos girados por Minera Alumbrera. La decisión, pionera a nivel nacional, fue adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, según informó la Fundación para la defensa del ambiente (Funam).
La rectora de la UNC, Carolina Scotto, explicó la semana pasada que los fondos llegaron en virtud de una ley de 1958 para promover la explotación minera en Agua de Dionisio. La norma establece parte de las regalías de esa explotación debía repartirse entre todas las universidades. Este año, por primera vez, llegaron fondos de ese origen. La rectora precisó que en reunión del Consejo Superior, ella introdujo la cuestión para que la UNC analice qué postura tomar, que podría incluir su devolución. Y que aún no se utilizaron esos fondos.
Raúl Montenegro, docente en Psicología y titular de Funam, convocó a las otras facultades a que “sigan el ejemplo de Psicología” y muestren que la UNC “no recibe dinero manchado de sangre y de degradación al ambiente”.
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba decidió rechazar los fondos girados por Minera Alumbrera. La trascendente decisión, pionera a nivel nacional, fue adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo informó la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas (Ecosoc) y miembro de la Renace.
La Facultad decidió rechazar esos fondos mediante Resolución N° 166/2009 accediendo así a lo solicitado por el Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología. La Resolución comienza mencionando el informe que presentó Montenegro, y tras una lista de consideraciones resolvió “rechazar los fondos procedentes de la distribución de beneficios de Ymad (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional y proponer al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte la misma posición”. La casa de estudios propuso, además, al Honorable Consejo Superior “la creación de una Comisión en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, con representantes de distintas facultades, incluida la Facultad de Psicología, para que clarifique y luego informe si se aceptó un aporte similar del Ymad en el año 2008 (Acuerdo Plenario del CIN 672/2008) y el destino de esos fondos”.
Ymad, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008. Lo hizo en el marco de la Ley Nacional N° 14.771.
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La Facultad de Psicología de la UNC rechaza fondos de minera
Fecha de Publicación: 22/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió rechazar los fondos girados por Minera Alumbrera. La decisión, pionera a nivel nacional, fue adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, según informó la Fundación para la defensa del ambiente (Funam).
La rectora de la UNC, Carolina Scotto, explicó la semana pasada que los fondos llegaron en virtud de una ley de 1958 para promover la explotación minera en Agua de Dionisio. La norma establece parte de las regalías de esa explotación debía repartirse entre todas las universidades. Este año, por primera vez, llegaron fondos de ese origen. La rectora precisó que en reunión del Consejo Superior, ella introdujo la cuestión para que la UNC analice qué postura tomar, que podría incluir su devolución. Y que aún no se utilizaron esos fondos.
Raúl Montenegro, docente en Psicología y titular de Funam, convocó a las otras facultades a que “sigan el ejemplo de Psicología” y muestren que la UNC “no recibe dinero manchado de sangre y de degradación al ambiente”.
El ambiente no tiene que ser obstáculo
“La protección del ambiente no tiene que ser obstáculo para el desarrollo”
Fecha de Publicación: 20/06/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
“La protección del ambiente puede dar trabajo y desarrollo. Por eso hoy todo el mundo está discutiendo una nueva economía ambiental con la idea de que puede haber desarrollo con protección ambiental”. Así lo manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en su diálogo con los periodistas antes de su disertación en el marco de la Jornada Internacional de Derecho Ambiental que se realiza en el Hotel Catalinas Park. El magistrado también instó a prestarle mucha atención al problema ambiental y admitió que hay acciones judiciales en todo el país.
Fecha de Publicación: 20/06/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
“La protección del ambiente puede dar trabajo y desarrollo. Por eso hoy todo el mundo está discutiendo una nueva economía ambiental con la idea de que puede haber desarrollo con protección ambiental”. Así lo manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en su diálogo con los periodistas antes de su disertación en el marco de la Jornada Internacional de Derecho Ambiental que se realiza en el Hotel Catalinas Park. El magistrado también instó a prestarle mucha atención al problema ambiental y admitió que hay acciones judiciales en todo el país.
Gioja se mostró con minera Barrick
Gioja se mostró con minera Barrick
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: San Juan
El Gobernador de San Juan se reunió con directivos de la empresa y sostuvo que "gracias a Pascual Lama la provincia tiene un rumbo productivo".
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, defendió este viernes la actividad minera que se desarrolla en la provincia, y sostuvo que gracias a ese sector tienen "ahora un rumbo productivo importante".
Gioja habló a favor de los emprendimientos mineros en el transcurso de la presentación de la normativa para proveedores del proyecto Pascua-Lama, realizado por la empresa minera Barrick en el Centro Cívico de la capital de San Juan.
Según el gobernador, "los sanjuaninos tuvimos leyes nacionales que promovían la economía de San Juan, como la promoción agrícola y la promoción industrial"; "ahora nos quedamos sin esas herramientas de promoción, por lo que nos fue un poco mal", agregó.
Pero ahora, acotó, "nos estamos poniendo de pie de vuelta, estamos encontrando un rumbo productivo importante y dejando que sea el Estado el único que promueva el empleo, aunque hay quienes nos atacan y no dicen la verdad".
Aseguró además que "la actividad minera representa progreso, crecimiento para San Juan", y que "se hace respetando los informes de impacto ambiental y las durísimas normativas y controles para evitar que se produzca alguna contaminación".
"Las empresas mineras concesionarias deben dar prioridad a los proveedores de materiales, bienes e insumos mineros de San Juan, durante la construcción, operación y cierre de la mina", afirmó.
Finalmente, Gioja señaló que "la provincia está comprometida a dar cumplimiento al informe de impacto ambiental".
"Como autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería va a trabajar con los proveedores, los contratistas, y los sanjuaninos que tienen esperanza y saben que uno de los pilares de desarrollo en San Juan es precisamente la actividad minera", concluyó.
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: San Juan
El Gobernador de San Juan se reunió con directivos de la empresa y sostuvo que "gracias a Pascual Lama la provincia tiene un rumbo productivo".
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, defendió este viernes la actividad minera que se desarrolla en la provincia, y sostuvo que gracias a ese sector tienen "ahora un rumbo productivo importante".
Gioja habló a favor de los emprendimientos mineros en el transcurso de la presentación de la normativa para proveedores del proyecto Pascua-Lama, realizado por la empresa minera Barrick en el Centro Cívico de la capital de San Juan.
Según el gobernador, "los sanjuaninos tuvimos leyes nacionales que promovían la economía de San Juan, como la promoción agrícola y la promoción industrial"; "ahora nos quedamos sin esas herramientas de promoción, por lo que nos fue un poco mal", agregó.
Pero ahora, acotó, "nos estamos poniendo de pie de vuelta, estamos encontrando un rumbo productivo importante y dejando que sea el Estado el único que promueva el empleo, aunque hay quienes nos atacan y no dicen la verdad".
Aseguró además que "la actividad minera representa progreso, crecimiento para San Juan", y que "se hace respetando los informes de impacto ambiental y las durísimas normativas y controles para evitar que se produzca alguna contaminación".
"Las empresas mineras concesionarias deben dar prioridad a los proveedores de materiales, bienes e insumos mineros de San Juan, durante la construcción, operación y cierre de la mina", afirmó.
Finalmente, Gioja señaló que "la provincia está comprometida a dar cumplimiento al informe de impacto ambiental".
"Como autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería va a trabajar con los proveedores, los contratistas, y los sanjuaninos que tienen esperanza y saben que uno de los pilares de desarrollo en San Juan es precisamente la actividad minera", concluyó.
Bibiloni defendió a las explotaciones mineras
Bibiloni salió a defender a las explotaciones mineras "que respetan la calidad ambiental”
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Primera fuente
Provincia/Región: Nacional
Bibiloni defiende un equilibrio entre el negocio de las mineras multinacionales y la calidad ambiental.
Pese al creciente rechazo social contra las explotaciones mineras a gran escala, el secretario de Medio Ambiente de la Nación defendió el proyecto que se impulsa desde su área, basado en mayor producción para disminuir los índices de pobreza, “con respeto por la calidad ambiental”, sostuvo. Aseguró que los glaciares estarán protegidos de las explotaciones mineras por una ley y propuso que se cree un sector especializado en medio ambiente en el seno del Ministerio Público.
El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, salió a defender el desarrollo en el país de explotaciones mineras que “respeten la calidad ambiental” debido a que de esta forma se cumple el “paradigma” que se impulsa desde su cartera: “un equilibrio entre producción, ambiente, empleo e inclusión”, según sostuvo. “Ante la minería, nuestra postura es que Argentina tiene que crecer para incluir a los connacionales bajo la línea de pobreza y siempre con respeto por la calidad ambiental”, enfatizó.
En el marco de la I Jornada Tucumana Internacional de Derecho Ambiental que comenzó ayer en un hotel ubicado frente al parque 9 de Julio, Bibiloni admitió a primerafuente ignorar si la denunciada explotación de Minera Alumbrera está dañando al medio ambiente a la vez que propuso interrogar al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, para conocer cuál es el impacto que está causando este emprendimiento.
“No sé específicamente si Minera Alumbrera respeta al medio ambiente, habría que preguntarle a Mayoral. Cuando me toque intervenir en una evaluación de impacto ambiental, veremos. Nosotros proponemos la variable ambiental desde el origen mismo de la producción”, contestó el funcionario nacional.
Bibiloni recordó además, que la Secretaría de Minería se maneja sobre normativa actual circunscrita al Código Minero (hoy fuertemente repudiado por sectores ambientalistas) que establece la evaluación del impacto de los emprendimientos mineros. “Respetamos una legislación vigente y no la competencia administrativa”, enfatizó.
Ante la insistencia de primerafuente en cuanto a las masivas denuncias que se realizan en contra de las explotaciones mineras por la destrucción ambiental que generan, Bibiloni respondió que a nivel nacional se está impulsando un “debate nacional” para determinar “qué tipo de minería necesita al país”.
Además propuso que las corporaciones mineras formen fideicomisos para que en épocas de rentabilidad “reserven fondos cuando las explotaciones finalicen y no queden como problema pendientes”.
Los glaciares, protegidos de la minería, según el Gobierno
Ante el polémico veto presidencial a una ley que protegía a los glaciares, el secretario de Medio Ambiente aseguró que se impulsa un nuevo proyecto que “protegerá a los glaciares de las corporaciones mineras”.
“Se trata de una iniciativa fruto del consenso de la que participaron gobernadores de las provincias andinas, legisladores nacionales del oficialismo y expertos científicos”, sostuvo el abogado.
En cuanto al destino de los glaciares andinos de cara al proyecto minero binacional de Pascua Lama, Bibiloni enfatizó la importancia de realizar un “estudio de impacto ambiental serio y monitoreos permanentes”.
Los desafíos ambientales del país
Reforzando su idea sobre producción y medio ambiente, Bibiloni insistió en apostar “por un sistema que permita mantener la producción con calidad ambiental pero con empleo e inclusión social”.
“Tenemos que amoldar las competitividades empresariales en términos de calidad ambiental para no quedar fuera de mercados mundiales por que hay una línea ambiental que se exige”.
Según su visión, hoy rige un cambio de cultura incipiente donde la temática ambiental es nueva en el país. “Hace 15 años era un orgullo para la comunidad el humo de la chimenea de una fábrica. Hoy, en cambio, se la condena por los gases del efecto invernadero que causa”, ejemplificó.
Además reconoció que se está dialogando con el Poder Judicial para el establecimiento de un sector especializado en el Ministerio Público sobre temática ambiental.
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Primera fuente
Provincia/Región: Nacional
Bibiloni defiende un equilibrio entre el negocio de las mineras multinacionales y la calidad ambiental.
Pese al creciente rechazo social contra las explotaciones mineras a gran escala, el secretario de Medio Ambiente de la Nación defendió el proyecto que se impulsa desde su área, basado en mayor producción para disminuir los índices de pobreza, “con respeto por la calidad ambiental”, sostuvo. Aseguró que los glaciares estarán protegidos de las explotaciones mineras por una ley y propuso que se cree un sector especializado en medio ambiente en el seno del Ministerio Público.
El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, salió a defender el desarrollo en el país de explotaciones mineras que “respeten la calidad ambiental” debido a que de esta forma se cumple el “paradigma” que se impulsa desde su cartera: “un equilibrio entre producción, ambiente, empleo e inclusión”, según sostuvo. “Ante la minería, nuestra postura es que Argentina tiene que crecer para incluir a los connacionales bajo la línea de pobreza y siempre con respeto por la calidad ambiental”, enfatizó.
En el marco de la I Jornada Tucumana Internacional de Derecho Ambiental que comenzó ayer en un hotel ubicado frente al parque 9 de Julio, Bibiloni admitió a primerafuente ignorar si la denunciada explotación de Minera Alumbrera está dañando al medio ambiente a la vez que propuso interrogar al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, para conocer cuál es el impacto que está causando este emprendimiento.
“No sé específicamente si Minera Alumbrera respeta al medio ambiente, habría que preguntarle a Mayoral. Cuando me toque intervenir en una evaluación de impacto ambiental, veremos. Nosotros proponemos la variable ambiental desde el origen mismo de la producción”, contestó el funcionario nacional.
Bibiloni recordó además, que la Secretaría de Minería se maneja sobre normativa actual circunscrita al Código Minero (hoy fuertemente repudiado por sectores ambientalistas) que establece la evaluación del impacto de los emprendimientos mineros. “Respetamos una legislación vigente y no la competencia administrativa”, enfatizó.
Ante la insistencia de primerafuente en cuanto a las masivas denuncias que se realizan en contra de las explotaciones mineras por la destrucción ambiental que generan, Bibiloni respondió que a nivel nacional se está impulsando un “debate nacional” para determinar “qué tipo de minería necesita al país”.
Además propuso que las corporaciones mineras formen fideicomisos para que en épocas de rentabilidad “reserven fondos cuando las explotaciones finalicen y no queden como problema pendientes”.
Los glaciares, protegidos de la minería, según el Gobierno
Ante el polémico veto presidencial a una ley que protegía a los glaciares, el secretario de Medio Ambiente aseguró que se impulsa un nuevo proyecto que “protegerá a los glaciares de las corporaciones mineras”.
“Se trata de una iniciativa fruto del consenso de la que participaron gobernadores de las provincias andinas, legisladores nacionales del oficialismo y expertos científicos”, sostuvo el abogado.
En cuanto al destino de los glaciares andinos de cara al proyecto minero binacional de Pascua Lama, Bibiloni enfatizó la importancia de realizar un “estudio de impacto ambiental serio y monitoreos permanentes”.
Los desafíos ambientales del país
Reforzando su idea sobre producción y medio ambiente, Bibiloni insistió en apostar “por un sistema que permita mantener la producción con calidad ambiental pero con empleo e inclusión social”.
“Tenemos que amoldar las competitividades empresariales en términos de calidad ambiental para no quedar fuera de mercados mundiales por que hay una línea ambiental que se exige”.
Según su visión, hoy rige un cambio de cultura incipiente donde la temática ambiental es nueva en el país. “Hace 15 años era un orgullo para la comunidad el humo de la chimenea de una fábrica. Hoy, en cambio, se la condena por los gases del efecto invernadero que causa”, ejemplificó.
Además reconoció que se está dialogando con el Poder Judicial para el establecimiento de un sector especializado en el Ministerio Público sobre temática ambiental.
Aborígenes enfrentados por la tala
Aborígenes enfrentados por la tala
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Periovista
Provincia/Región: Salta
El 29 de junio termina el plazo para concluir el informe ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los indígenas se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida los está perjudicando.
En el marco de la suspensión total de los desmontes y la tala de bosques nativos en el norte provincial, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, el equipo de expertos que realiza el estudio de impacto ambiental se reunió con pobladores para analizar la situación.
Algunos grupos de aborígenes se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida cautelar ordenada por el máximo tribunal los está perjudicando porque no pueden explotar madera para subsistir.
La situación ya ha provocado el enfrentamiento entre grupos en Tartagal y cortes de ruta.
En esa zona, lograr el equilibrio entre las actividades humanas y el entorno natural es más que un eslogan ambientalista. De los recursos del bosque viven miles de familias que esperan por minutos la llegada del 29 de junio, fecha dispuesta por el máximo tribunal de Justicia para que se presente la evaluación del estudio y las recomendaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Cómo lograr ese objetivo fue el centro de la discusión de la que participaron alrededor de 900 personas pertenecientes a comunidades aborígenes y criollas, organizaciones ambientalistas, empresarios y trabajadores de las actividades agrícola, forestal y ganadera.
Las reuniones se realizaron durante la semana pasada en las localidades de Morillo, Orán y Aguaray. Al salir de uno de los encuentros, Luis Belluccini, titular del Centro de Obrajeros de Orán, opinó que “quedó en claro que la comunidad apoya la actividad forestal, siempre y cuando esté bien hecha” y que “al desmonte hay que evaluarlo de otra manera”. En cuanto a la tala de árboles, el representante de los hacheros señaló que “si se hace en forma racional, como la venimos efectuando los madereros, no se daña el medio ambiente”.
Belluccini consideró que “la audiencia fue positiva”. “Hubo reflexiones importante realizadas por gente común de la ciudad, comerciantes, vecinos, empresarios. Por nuestra parte, insistimos que hace mas de tres meses que estamos gestionando que se revierta esta medida, pero no se logra, ya que el trabajo de la Provincia aún no fue presentado”, señaló.
El grupo de expertos en desarrollo sustentable contratados por la Provincia realizó una serie de encuestas a los actores del territorio para evaluar qué usos se les da a los bienes naturales, para valorar los servicios ambientales de los bosques. El cese provisorio de los desmontes y talas de bosque nativos afectan a miles de trabajadores en los departamentos de Oran, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
Tensa situación en el acceso a Tartagal
La Corte Suprema de Justicia dictó el 26 de marzo la medida cautelar que prohíbe, por 90 días, los desmontes y las talas de árboles nativos en Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Un grupo de aborígenes liderados por el cacique Antonio Cabana de la misión Tonono, levantó en la tarde de ayer un corte que mantenían sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte de la ciudad de Tartagal.
El tránsito fue interrumpido a la altura del arroyo Cuña Muerta.
Los manifestantes se mostraron contrarios a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la tala de árboles en la zona, al igual que carreros que les compran maderas a los lugareños y las transportan con tractores y acoplados.
Allí se produjeron incidentes con otro grupo liderado por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda.
Reunión
Debido a la tensa situación el subjefe de Policía, Mario Paz se trasladó ayer a la zona y mantuvo una reunión con los representantes aborígenes, en la Comisaría 42.
“Lograron ponerse de acuerdo y prometieron no generar nuevos inconvenientes. Ahora van a aguardar la llegada de las autoridades ambientales para resolver la situación por las vías legales correspondientes”, dijo Paz a El Tribuno.
“Nos están perjudicando”
“No estamos de acuerdo con los desmontes, pero 18 comunidades se ven afectadas con la disposición de suspender la tala de árboles”, dijo Esteban Soruco, representante de la comunidad Kilómetro seis, que se encuentra en Tartagal, sobre la ruta nacional 86.
Se trata de unas 2.200 personas entre wichis, chorotes y tobas.
Dijo que las empresas “están arrasando con los montes y no se puede hacer recolección, cazar, ni hacer el aprovechamiento de la leña porque la acordonan y la queman”.
“Le pedimos al gobernador que intervenga en esta situación. Antes los miembros de las comunidades podían hacer carbón, pero ahora no porque desmontaron miles de hectáreas en la zona”, destacó.
Rechazo
Sin embargo, Soruco planteó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de prohibir la tala de árboles “nos está perjudicando”.
“En las 14.300 hectáreas que nos otorgaron en el lote fiscal 4, en Tonono, no se puede sacar madera para vender y por eso 18 comunidades se ven afectadas y no tienen como subsistir”, remarcó.
“Los que más sufren son los hermanos que están en el monte. Nosotros estamos cerca de la ciudad y algunos pueden conseguir changas”, concluyó Soruco.
El representante lamentó la situación planteada en el norte provincial y solicitó soluciones urgentes a las autoridades.
El domingo hubo otro “choque”
Dos grupos de aborígenes protagonizaron un incidente cuando uno de ellos intentó sacar cargas de madera y el otro se lo impidió.
El suceso fue confirmado por el jefe de la Unidad Regional 4 de la Policía de la provincia, Rubén Copa, quien dijo que ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 16 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
Los protagonistas fueron alrededor de 60 personas. Sucede que los que protestaban respetaron la prohibición de tala de árboles ordenada por la Corte Suprema, y al parecer los otros no, porque estaban transportando madera.
“Impidieron el paso de tractores con acoplados. Hubo una pequeña rencilla. Tuvimos que intervenir y el problema fue solucionado”, dijo Copa a El Tribuno.
Sin denuncias
No hubo denuncias policiales e intervino el cacique Indalecio Calermo para evitar que las cosas pasaran a mayores.
La Policía secuestró la madera que luego fue entregada a un depositario judicial hasta que la situación se resuelva.
Otra de las cosas que se investigan es si los involucrados habían sido notificados sobre la prohibición.
Aunque hay dudas sobre esa situación, porque muchos de los que estuvieron en el incidente habrían participado el viernes pasado de la reunión que se realizó en Aguaray con los funcionarios que se encuentran a cargo del estudio ambiental.
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Periovista
Provincia/Región: Salta
El 29 de junio termina el plazo para concluir el informe ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los indígenas se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida los está perjudicando.
En el marco de la suspensión total de los desmontes y la tala de bosques nativos en el norte provincial, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, el equipo de expertos que realiza el estudio de impacto ambiental se reunió con pobladores para analizar la situación.
Algunos grupos de aborígenes se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida cautelar ordenada por el máximo tribunal los está perjudicando porque no pueden explotar madera para subsistir.
La situación ya ha provocado el enfrentamiento entre grupos en Tartagal y cortes de ruta.
En esa zona, lograr el equilibrio entre las actividades humanas y el entorno natural es más que un eslogan ambientalista. De los recursos del bosque viven miles de familias que esperan por minutos la llegada del 29 de junio, fecha dispuesta por el máximo tribunal de Justicia para que se presente la evaluación del estudio y las recomendaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Cómo lograr ese objetivo fue el centro de la discusión de la que participaron alrededor de 900 personas pertenecientes a comunidades aborígenes y criollas, organizaciones ambientalistas, empresarios y trabajadores de las actividades agrícola, forestal y ganadera.
Las reuniones se realizaron durante la semana pasada en las localidades de Morillo, Orán y Aguaray. Al salir de uno de los encuentros, Luis Belluccini, titular del Centro de Obrajeros de Orán, opinó que “quedó en claro que la comunidad apoya la actividad forestal, siempre y cuando esté bien hecha” y que “al desmonte hay que evaluarlo de otra manera”. En cuanto a la tala de árboles, el representante de los hacheros señaló que “si se hace en forma racional, como la venimos efectuando los madereros, no se daña el medio ambiente”.
Belluccini consideró que “la audiencia fue positiva”. “Hubo reflexiones importante realizadas por gente común de la ciudad, comerciantes, vecinos, empresarios. Por nuestra parte, insistimos que hace mas de tres meses que estamos gestionando que se revierta esta medida, pero no se logra, ya que el trabajo de la Provincia aún no fue presentado”, señaló.
El grupo de expertos en desarrollo sustentable contratados por la Provincia realizó una serie de encuestas a los actores del territorio para evaluar qué usos se les da a los bienes naturales, para valorar los servicios ambientales de los bosques. El cese provisorio de los desmontes y talas de bosque nativos afectan a miles de trabajadores en los departamentos de Oran, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
Tensa situación en el acceso a Tartagal
La Corte Suprema de Justicia dictó el 26 de marzo la medida cautelar que prohíbe, por 90 días, los desmontes y las talas de árboles nativos en Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Un grupo de aborígenes liderados por el cacique Antonio Cabana de la misión Tonono, levantó en la tarde de ayer un corte que mantenían sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte de la ciudad de Tartagal.
El tránsito fue interrumpido a la altura del arroyo Cuña Muerta.
Los manifestantes se mostraron contrarios a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la tala de árboles en la zona, al igual que carreros que les compran maderas a los lugareños y las transportan con tractores y acoplados.
Allí se produjeron incidentes con otro grupo liderado por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda.
Reunión
Debido a la tensa situación el subjefe de Policía, Mario Paz se trasladó ayer a la zona y mantuvo una reunión con los representantes aborígenes, en la Comisaría 42.
“Lograron ponerse de acuerdo y prometieron no generar nuevos inconvenientes. Ahora van a aguardar la llegada de las autoridades ambientales para resolver la situación por las vías legales correspondientes”, dijo Paz a El Tribuno.
“Nos están perjudicando”
“No estamos de acuerdo con los desmontes, pero 18 comunidades se ven afectadas con la disposición de suspender la tala de árboles”, dijo Esteban Soruco, representante de la comunidad Kilómetro seis, que se encuentra en Tartagal, sobre la ruta nacional 86.
Se trata de unas 2.200 personas entre wichis, chorotes y tobas.
Dijo que las empresas “están arrasando con los montes y no se puede hacer recolección, cazar, ni hacer el aprovechamiento de la leña porque la acordonan y la queman”.
“Le pedimos al gobernador que intervenga en esta situación. Antes los miembros de las comunidades podían hacer carbón, pero ahora no porque desmontaron miles de hectáreas en la zona”, destacó.
Rechazo
Sin embargo, Soruco planteó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de prohibir la tala de árboles “nos está perjudicando”.
“En las 14.300 hectáreas que nos otorgaron en el lote fiscal 4, en Tonono, no se puede sacar madera para vender y por eso 18 comunidades se ven afectadas y no tienen como subsistir”, remarcó.
“Los que más sufren son los hermanos que están en el monte. Nosotros estamos cerca de la ciudad y algunos pueden conseguir changas”, concluyó Soruco.
El representante lamentó la situación planteada en el norte provincial y solicitó soluciones urgentes a las autoridades.
El domingo hubo otro “choque”
Dos grupos de aborígenes protagonizaron un incidente cuando uno de ellos intentó sacar cargas de madera y el otro se lo impidió.
El suceso fue confirmado por el jefe de la Unidad Regional 4 de la Policía de la provincia, Rubén Copa, quien dijo que ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 16 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
Los protagonistas fueron alrededor de 60 personas. Sucede que los que protestaban respetaron la prohibición de tala de árboles ordenada por la Corte Suprema, y al parecer los otros no, porque estaban transportando madera.
“Impidieron el paso de tractores con acoplados. Hubo una pequeña rencilla. Tuvimos que intervenir y el problema fue solucionado”, dijo Copa a El Tribuno.
Sin denuncias
No hubo denuncias policiales e intervino el cacique Indalecio Calermo para evitar que las cosas pasaran a mayores.
La Policía secuestró la madera que luego fue entregada a un depositario judicial hasta que la situación se resuelva.
Otra de las cosas que se investigan es si los involucrados habían sido notificados sobre la prohibición.
Aunque hay dudas sobre esa situación, porque muchos de los que estuvieron en el incidente habrían participado el viernes pasado de la reunión que se realizó en Aguaray con los funcionarios que se encuentran a cargo del estudio ambiental.
UNC: analizará el impacto de la minería
La UNC analizará el impacto de la explotación minera en Argentina
Fecha de Publicación: 18/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Consejo Superior solicitó al centro especializado un trabajo técnico sobre los efectos de esa actividad económica en el país, que finalizará en 30 días.
El Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) deberá confeccionar, en un plazo no mayor a los 30 días, un informe técnico fundamentado sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en Argentina.
Así lo dispuso el Consejo Superior de la Casa de Trejo sobre tablas, en su sesión del martes pasado.
El estudio será la base de un pronunciamiento público y el posterior diseño de una estrategia sobre la problemática que deberá efectuar el cuerpo de consiliarios, a partir “de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”, según señala la resolución aprobada por el Consejo Superior de la UNC.
En términos concretos, el estudio que elaborará el ISEA dará los fundamentos científicos básicos sobre los cuales se analizará posteriormente la posición que la Casa de Trejo tome sobre la temática.
Cabe destacar que, a pesar que se trata del primer estudio formal de este tipo, la casa de altos estudios tiene una larga trayectoria en materia de investigaciones sobre el tratamiento que el hombre da a nuestro planeta, muchas de las cuales fueron mentadas por profesionales del área de las Ciencias Naturales a través de diversas facultades.
Fecha de Publicación: 18/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Consejo Superior solicitó al centro especializado un trabajo técnico sobre los efectos de esa actividad económica en el país, que finalizará en 30 días.
El Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) deberá confeccionar, en un plazo no mayor a los 30 días, un informe técnico fundamentado sobre las condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en Argentina.
Así lo dispuso el Consejo Superior de la Casa de Trejo sobre tablas, en su sesión del martes pasado.
El estudio será la base de un pronunciamiento público y el posterior diseño de una estrategia sobre la problemática que deberá efectuar el cuerpo de consiliarios, a partir “de la convicción de que la agresión al ambiente debe ser enérgicamente condenada y los intereses del gran capital involucrado deben ceder frente al interés general de la sociedad argentina”, según señala la resolución aprobada por el Consejo Superior de la UNC.
En términos concretos, el estudio que elaborará el ISEA dará los fundamentos científicos básicos sobre los cuales se analizará posteriormente la posición que la Casa de Trejo tome sobre la temática.
Cabe destacar que, a pesar que se trata del primer estudio formal de este tipo, la casa de altos estudios tiene una larga trayectoria en materia de investigaciones sobre el tratamiento que el hombre da a nuestro planeta, muchas de las cuales fueron mentadas por profesionales del área de las Ciencias Naturales a través de diversas facultades.
Denuncian a Salta y a la Nación por desmontes
Denuncian a la provincia y a la Nación por no parar los desmontes
Fecha de Publicación: 17/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Representantes de comunidades aborígenes asentadas sobre la ruta nacional 86 denunciaron, el pasado 9 de este mes, a funcionarios de la provincia y de la Nación por incumplimiento de sus deberes...
Debido a que no se llevan a cabo los controles para asegurar que se cumpla con la orden de suspensión de los desmontes y la explotación forestal en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado.La denuncia, firmada por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda, en representación de las comunidades Choawayuk y Hoktek T`oi, apunta "a los responsables", funcionarios provinciales y nacionales, de que no se esté haciendo efectiva la orden dada por el máximo tribunal nacional.
"Ninguno de los Estados dispuso medida alguna para efectivizar la medida judicial. Prueba de ello son los tractores cargados de madera que diariamente circulan por la ruta 86. Hemos podido constatar hasta cerca de 20 tractores, camiones y camionetas por día", sostuvieron los denunciantes.
En la presentación, realizada en la Fiscalía Penal Nº 2 de Tartagal, se recuerda que el 4 de mayo miembros de las Comunidades de los kilómetros 12, 14, 16 y 18 se apostaron en la ruta para detener los tractores que transportan madera y ello derivó en agresiones verbales y físicas.
Anteayer grupos antagónicos se arrojaron piedras en el kilómetro 16 y al menos cuatro personas resultaron con lesiones.
La denuncia recuerda que el 8 de mayo la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Cristina Camardelli, se reunió con los dirigentes aborígenes de la zona y los notificó de la orden de suspensión, "pero no sabemos si les notificó a los grandes madereros y a los dueños de aserraderos, que son los que están perjudicando el monte" y "parece que tampoco suspendió las guías forestales, porque se siguen usando y haciéndolas valer".
Miranda y Rivero añadieron que a pesar de que la misma Secretaría constató, en una inspección realizada el 15 de mayo, que la tala seguía, "la madera sigue saliendo y no hay ningún operativo de control en la zona", es decir, "no hay ninguna intención de querer hacer cumplir la medida cautelar".
Por esta falencia es que las propias comunidades deben realizar los controles, "haciendo el trabajo que le corresponde a las áreas de ambiente del Estado nacional y de la provincia de Salta".
"Puede afirmarse -sostuvieron- que existen funcionarios públicos que están incumpliendo con la función que le ha sido asignada, y que su responsabilidad administrativa y penal sea evidente", y pidieron que se realice la correspondiente investigación penal.
Fecha de Publicación: 17/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Representantes de comunidades aborígenes asentadas sobre la ruta nacional 86 denunciaron, el pasado 9 de este mes, a funcionarios de la provincia y de la Nación por incumplimiento de sus deberes...
Debido a que no se llevan a cabo los controles para asegurar que se cumpla con la orden de suspensión de los desmontes y la explotación forestal en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado.La denuncia, firmada por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda, en representación de las comunidades Choawayuk y Hoktek T`oi, apunta "a los responsables", funcionarios provinciales y nacionales, de que no se esté haciendo efectiva la orden dada por el máximo tribunal nacional.
"Ninguno de los Estados dispuso medida alguna para efectivizar la medida judicial. Prueba de ello son los tractores cargados de madera que diariamente circulan por la ruta 86. Hemos podido constatar hasta cerca de 20 tractores, camiones y camionetas por día", sostuvieron los denunciantes.
En la presentación, realizada en la Fiscalía Penal Nº 2 de Tartagal, se recuerda que el 4 de mayo miembros de las Comunidades de los kilómetros 12, 14, 16 y 18 se apostaron en la ruta para detener los tractores que transportan madera y ello derivó en agresiones verbales y físicas.
Anteayer grupos antagónicos se arrojaron piedras en el kilómetro 16 y al menos cuatro personas resultaron con lesiones.
La denuncia recuerda que el 8 de mayo la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Cristina Camardelli, se reunió con los dirigentes aborígenes de la zona y los notificó de la orden de suspensión, "pero no sabemos si les notificó a los grandes madereros y a los dueños de aserraderos, que son los que están perjudicando el monte" y "parece que tampoco suspendió las guías forestales, porque se siguen usando y haciéndolas valer".
Miranda y Rivero añadieron que a pesar de que la misma Secretaría constató, en una inspección realizada el 15 de mayo, que la tala seguía, "la madera sigue saliendo y no hay ningún operativo de control en la zona", es decir, "no hay ninguna intención de querer hacer cumplir la medida cautelar".
Por esta falencia es que las propias comunidades deben realizar los controles, "haciendo el trabajo que le corresponde a las áreas de ambiente del Estado nacional y de la provincia de Salta".
"Puede afirmarse -sostuvieron- que existen funcionarios públicos que están incumpliendo con la función que le ha sido asignada, y que su responsabilidad administrativa y penal sea evidente", y pidieron que se realice la correspondiente investigación penal.
Cristina en el cierre del reactor de Atucha II
Cristina encabeza hoy en Zárate acto de cierre del reactor de Atucha II
Fecha de Publicación: 17/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la ceremonia de cierre del Recipiente de Presión del reactor, un hecho clave para el inicio de la puesta en marcha de la planta prevista para 2011. El reactor, de diseño alemán y una capacidad de potencia de 740 MW, funcionará a base de uranio natural y agua pesada provista desde la Planta de Arroyito, en la provincia de Neuquén.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará hoy en la central nuclear Atucha II, en el partido de Zárate, la ceremonia de cierre del Recipiente de Presión del reactor, un hecho clave para el inicio de la puesta en marcha de la planta prevista para 2011.
El reactor, modelo PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) de diseño alemán con un peso total de 3.300 toneladas y una capacidad de potencia de 740 MW (megavatios), funcionará a base de uranio natural y agua pesada provista -esta última- desde la Planta de Arroyito, en la provincia de Neuquén.
El ingeniero José Luis Antúnez, director de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), la firma encargada del montaje, dijo a Télam que el reactor es uno de los de mayor tamaño de los existentes en el mundo. Consta de una pared cilíndrica de 29 centímetros de espesor, una altura de 14 metros y un diámetro de 7,3 metros.
La maniobra de colocación de su tapa, que pesa 290 toneladas, implica la bajada de la misma por medio de una grúa hasta el nivel de cero metro, a la altura del borde superior del recipiente del reactor. Esa maniobra demanda 53 minutos.
Una vez apoyada en el lugar, la tapa se abulonará para luego soldarla y sellarla definitivamente. Antúnez indicó que el paso siguiente será la realización de las pruebas de presión de los sistemas Primarios y Moderador, para poder comenzar con el proceso de puesta en marcha de la Central.
Finalizado este paso se efectuará el blindaje del recinto de rotor por el resto de su vida útil estimado en 40 años, pero ya se homologaron algunos existentes en EE.UU. por 60 años, que se estima será el plazo total de Atucha II.
El ejecutivo de Nasa explicó que “una vez cerrado no se puede ingresar al recinto que contiene al reactor, por lo que el recambio de los elementos combustibles (barras de uranio natural), que se hace todos los días, se efectúa en forma robotizada” La construcción de la planta se frenó a comienzo de los ‘90, cuando la obra ya estaba en un 80 por ciento. En 2005, la administración de Néstor Kirchner tomó la decisión de terminarla.
En 2006 se reinició la obra civil (tendido de cañerías para enfriamiento, tomas de agua del río, planta de bombeo) es decir la obra hidráulica que estuvo a cargo de la firma Dycasa; luego Electroingeniería, Iecsa y Techint, realizaron el montaje y tendido de cañerías de los equipos mecánicos de la parte nuclear. Allí colaboraron también algunos de los técnicos de Siemmens que trabajaron en la fabricación de las turbinas de la central.
El “trabajo más delicado”, según Antúnez, el montaje del reactor y la colocación del sistema de carga del combustible, que consta de 451 canales para cargar combustible, 76 espárragos de ajuste está a cargo de Nasa.
En la actualidad el total de obra de la central tiene el 95 por ciento ejecutado, mientras que el montaje de la parte electromecánica registra un avance del orden del 75 por ciento.
Fecha de Publicación: 17/06/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la ceremonia de cierre del Recipiente de Presión del reactor, un hecho clave para el inicio de la puesta en marcha de la planta prevista para 2011. El reactor, de diseño alemán y una capacidad de potencia de 740 MW, funcionará a base de uranio natural y agua pesada provista desde la Planta de Arroyito, en la provincia de Neuquén.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará hoy en la central nuclear Atucha II, en el partido de Zárate, la ceremonia de cierre del Recipiente de Presión del reactor, un hecho clave para el inicio de la puesta en marcha de la planta prevista para 2011.
El reactor, modelo PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) de diseño alemán con un peso total de 3.300 toneladas y una capacidad de potencia de 740 MW (megavatios), funcionará a base de uranio natural y agua pesada provista -esta última- desde la Planta de Arroyito, en la provincia de Neuquén.
El ingeniero José Luis Antúnez, director de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), la firma encargada del montaje, dijo a Télam que el reactor es uno de los de mayor tamaño de los existentes en el mundo. Consta de una pared cilíndrica de 29 centímetros de espesor, una altura de 14 metros y un diámetro de 7,3 metros.
La maniobra de colocación de su tapa, que pesa 290 toneladas, implica la bajada de la misma por medio de una grúa hasta el nivel de cero metro, a la altura del borde superior del recipiente del reactor. Esa maniobra demanda 53 minutos.
Una vez apoyada en el lugar, la tapa se abulonará para luego soldarla y sellarla definitivamente. Antúnez indicó que el paso siguiente será la realización de las pruebas de presión de los sistemas Primarios y Moderador, para poder comenzar con el proceso de puesta en marcha de la Central.
Finalizado este paso se efectuará el blindaje del recinto de rotor por el resto de su vida útil estimado en 40 años, pero ya se homologaron algunos existentes en EE.UU. por 60 años, que se estima será el plazo total de Atucha II.
El ejecutivo de Nasa explicó que “una vez cerrado no se puede ingresar al recinto que contiene al reactor, por lo que el recambio de los elementos combustibles (barras de uranio natural), que se hace todos los días, se efectúa en forma robotizada” La construcción de la planta se frenó a comienzo de los ‘90, cuando la obra ya estaba en un 80 por ciento. En 2005, la administración de Néstor Kirchner tomó la decisión de terminarla.
En 2006 se reinició la obra civil (tendido de cañerías para enfriamiento, tomas de agua del río, planta de bombeo) es decir la obra hidráulica que estuvo a cargo de la firma Dycasa; luego Electroingeniería, Iecsa y Techint, realizaron el montaje y tendido de cañerías de los equipos mecánicos de la parte nuclear. Allí colaboraron también algunos de los técnicos de Siemmens que trabajaron en la fabricación de las turbinas de la central.
El “trabajo más delicado”, según Antúnez, el montaje del reactor y la colocación del sistema de carga del combustible, que consta de 451 canales para cargar combustible, 76 espárragos de ajuste está a cargo de Nasa.
En la actualidad el total de obra de la central tiene el 95 por ciento ejecutado, mientras que el montaje de la parte electromecánica registra un avance del orden del 75 por ciento.
La UNC analiza qué hacer con plata de mineras
La UNC analiza qué hacer con plata de mineras
Fecha de Publicación: 16/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Raúl Montenegro solicita que la universidad no acepte esos fondos.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) analiza aceptar o rechazar algo más de tres millones de pesos aportados por la mina a cielo abierto Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, explotado por un consorcio que integra la minera Alumbrera.
La cuestión tomó estado público luego de que, ayer, el biólogo Raúl Montenegro, titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología, diera a conocer una carta en la que le pide a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, que la Casa de Trejo rechace esos fondos, forme una comisión para que investigue por qué se aceptaron y promueva que otras universidades también rechacen el dinero que hayan recibido. “Aceptar estos fondos viola normas éticas de una universidad pública, porque funcionarios de Alumbrera han sido procesados por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce que llega a Córdoba (...), equivale a ser cómplices de empresas con antecedentes oscuros”, dice Montenegro.
Consultada por este diario, Scotto explicó que, en realidad, los fondos no son una donación de esa empresa específicamente. “En 1958 se sancionó una ley para promover la explotación minera en Agua de Dionisio. Y allí se estableció que, cuando eso se explotara, parte de las regalías debían ir a Catamarca y parte para construir la ciudad universitaria de Tucumán. Luego de un tiempo, una parte de esos fondos debía repartirse entre la totalidad de las universidades”.
“Hasta el año pasado no había habido regalías que hicieran aplicable todo esto. Fue entonces que el Ministerio de Educación le pidió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que decidiera cómo distribuir el dinero. Eso se hizo sin un debate sobre si había que aceptar esos fondos o no. Se acordó un criterio y el espíritu era que el dinero se usara para proyectos institucionales sobre cuestiones ambientales. Sucedió en una de las pocas reuniones del CIN a las que no pude concurrir”, explicó Scotto.
Scotto quiere que se debata. De todos modos, la rectora precisó que, justamente la semana pasada, en la reunión del Consejo Superior, ella introdujo la cuestión para que la UNC analice qué postura tomar, que podría incluir su devolución. “La UNC no lo ha debatido y es necesario hacerlo dado que la minería a cielo abierto aparece como terriblemente agresiva para el ambiente”, dijo Scotto.
La rectora aclaró que, hasta ahora, la UNC no ha utilizado esos fondos. “El dinero está ahí”, afirmó Scotto.
Fecha de Publicación: 16/06/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Raúl Montenegro solicita que la universidad no acepte esos fondos.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) analiza aceptar o rechazar algo más de tres millones de pesos aportados por la mina a cielo abierto Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, explotado por un consorcio que integra la minera Alumbrera.
La cuestión tomó estado público luego de que, ayer, el biólogo Raúl Montenegro, titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología, diera a conocer una carta en la que le pide a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, que la Casa de Trejo rechace esos fondos, forme una comisión para que investigue por qué se aceptaron y promueva que otras universidades también rechacen el dinero que hayan recibido. “Aceptar estos fondos viola normas éticas de una universidad pública, porque funcionarios de Alumbrera han sido procesados por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce que llega a Córdoba (...), equivale a ser cómplices de empresas con antecedentes oscuros”, dice Montenegro.
Consultada por este diario, Scotto explicó que, en realidad, los fondos no son una donación de esa empresa específicamente. “En 1958 se sancionó una ley para promover la explotación minera en Agua de Dionisio. Y allí se estableció que, cuando eso se explotara, parte de las regalías debían ir a Catamarca y parte para construir la ciudad universitaria de Tucumán. Luego de un tiempo, una parte de esos fondos debía repartirse entre la totalidad de las universidades”.
“Hasta el año pasado no había habido regalías que hicieran aplicable todo esto. Fue entonces que el Ministerio de Educación le pidió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que decidiera cómo distribuir el dinero. Eso se hizo sin un debate sobre si había que aceptar esos fondos o no. Se acordó un criterio y el espíritu era que el dinero se usara para proyectos institucionales sobre cuestiones ambientales. Sucedió en una de las pocas reuniones del CIN a las que no pude concurrir”, explicó Scotto.
Scotto quiere que se debata. De todos modos, la rectora precisó que, justamente la semana pasada, en la reunión del Consejo Superior, ella introdujo la cuestión para que la UNC analice qué postura tomar, que podría incluir su devolución. “La UNC no lo ha debatido y es necesario hacerlo dado que la minería a cielo abierto aparece como terriblemente agresiva para el ambiente”, dijo Scotto.
La rectora aclaró que, hasta ahora, la UNC no ha utilizado esos fondos. “El dinero está ahí”, afirmó Scotto.
Catamarca: Está pendiente el mapa de bosques
Aún está pendiente el mapa de bosques nativos
Fecha de Publicación: 16/06/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Comenzó una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se deben cuidar en la provincia.
Con más de seis meses de atraso, el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos comenzará una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se deben proteger para, finalmente, definir el mapa provincial que será analizado por los legisladores provinciales.
El pasado 28 de noviembre de 2007 se sancionó en el Congreso de la Nación la ley Nº 26.631 de presupuestos mínimos de protección ambiental del Bosque Nativo y según esa normativa la provincia de Catamarca debía encarar un ordenamiento territorial de los bosques nativos que están en su jurisdicción.
El trabajo se inició y la fecha límite, establecida para que cada provincia presentara su mapa territorial venció el 28 de noviembre de 2008.
Mientras tanto, durante todo este año y hasta tanto no se realice este ordenamiento y la aprobación del instrumento legal, la provincia no puede autorizar nuevos desmontes.
El crecimiento poblacional y sus actividades económicas han dado como consecuencia cambios en el uso de suelos, generando en muchos casos desequilibrios ambientales que deben ser revertidos o minimizados.
En este marco surgió la Ley 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosque Nativo".
La misma establece para cada jurisdicción la obligatoriedad de realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos.
Las zonas
El ordenamiento territorial de bosques significa zonificar territorialmente al área de bosques nativos que existen en cada jurisdicción según las categorías de conservación, establecidas en la Ley mencionada.
Dentro de la zonificación prevista por la ley, las categorías son tres y responden a criterios de valor ambiental de los bosques nativos y servicios ambientales que prestan.
La primera de las categorizaciones es: bosques de valor de conservación muy alto (no deben transformarse en lo absoluto); la segunda corresponde a bosques de valor de conservación mediano (implementando actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación), y por último, bosques de valor de conservación bajo (pueden transformarse parcialmente o en su totalidad).
La nueva ley reconoce como bosques nativos a un ecosistema natural integrado predominantemente por árboles maduros creciendo junto a otras especies leñosas y es la Secretaría de Ambiente la autoridad de aplicación de la provincia quien lleva adelante el ordenamiento.
Desde la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, se trabajó en una primera etapa con un proceso participativo que involucró a numerosos intendentes, productores, hombres de campo, docentes, trabajadores de la salud y del medioambiente de los diferentes departamentos de la provincia.
A partir de ahora se realizará una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se debe proteger para finalmente definir el mapa provincial.
Fecha de Publicación: 16/06/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Comenzó una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se deben cuidar en la provincia.
Con más de seis meses de atraso, el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos comenzará una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se deben proteger para, finalmente, definir el mapa provincial que será analizado por los legisladores provinciales.
El pasado 28 de noviembre de 2007 se sancionó en el Congreso de la Nación la ley Nº 26.631 de presupuestos mínimos de protección ambiental del Bosque Nativo y según esa normativa la provincia de Catamarca debía encarar un ordenamiento territorial de los bosques nativos que están en su jurisdicción.
El trabajo se inició y la fecha límite, establecida para que cada provincia presentara su mapa territorial venció el 28 de noviembre de 2008.
Mientras tanto, durante todo este año y hasta tanto no se realice este ordenamiento y la aprobación del instrumento legal, la provincia no puede autorizar nuevos desmontes.
El crecimiento poblacional y sus actividades económicas han dado como consecuencia cambios en el uso de suelos, generando en muchos casos desequilibrios ambientales que deben ser revertidos o minimizados.
En este marco surgió la Ley 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosque Nativo".
La misma establece para cada jurisdicción la obligatoriedad de realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos.
Las zonas
El ordenamiento territorial de bosques significa zonificar territorialmente al área de bosques nativos que existen en cada jurisdicción según las categorías de conservación, establecidas en la Ley mencionada.
Dentro de la zonificación prevista por la ley, las categorías son tres y responden a criterios de valor ambiental de los bosques nativos y servicios ambientales que prestan.
La primera de las categorizaciones es: bosques de valor de conservación muy alto (no deben transformarse en lo absoluto); la segunda corresponde a bosques de valor de conservación mediano (implementando actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación), y por último, bosques de valor de conservación bajo (pueden transformarse parcialmente o en su totalidad).
La nueva ley reconoce como bosques nativos a un ecosistema natural integrado predominantemente por árboles maduros creciendo junto a otras especies leñosas y es la Secretaría de Ambiente la autoridad de aplicación de la provincia quien lleva adelante el ordenamiento.
Desde la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, se trabajó en una primera etapa con un proceso participativo que involucró a numerosos intendentes, productores, hombres de campo, docentes, trabajadores de la salud y del medioambiente de los diferentes departamentos de la provincia.
A partir de ahora se realizará una nueva ronda de consultas para debatir acerca de las zonas que se debe proteger para finalmente definir el mapa provincial.
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