Debaten criterios para la conservación del monte
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Debaten criterios para la conservación del monte nativo
Fecha de Publicación: 31/10/2009
Fuente: Cuenca Rural
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de 200 personas participaron de una asamblea en Federal para abordar la legislación forestal y discutir de qué modo se instrumentará el ordenamiento a nivel provincial. Se trata de la Ley 26.331, de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley Bonasso.
El encuentro se desarrolló en el salón de cultura de la Municipalidad en la noche del jueves y consistió, básicamente, de tres acciones: la proyección de un video -elaborado por pedido de las entidades rurales, profesionales y otros sectores- como disparador del debate, la exposición de funcionarios de la Secretaría de la Producción y el debate propiamente dicho.
Con el material proyectado se puso al desnudo la principal preocupación que fue el motor que llevó a entidades intermedias de Federal a convocar a la asamblea. Concretamente, el temor de que en las llamadas zonas rojas, identificadas como "de alto impacto del desmonte", queden marginadas de la posibilidad de se ocupadas para la explotación agropecuaria. Se trata de áreas ubicadas en los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, Paraná, Tala y Nogoyá.
Sin embargo, desde la exposición de los funcionarios provinciales se desmintió de forma tajante que la legislación vaya a prohibir la actividad ganadera, por caso. "A las zonas rojas no hay que alterarlas, pero allí se puede hacer aprovechamiento ganadero", puntualizó el director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González.
El punto fue exhaustivamente tratado y al final del encuentro, los últimos testimonios de productores revelaron un punto de acercamiento en los criterios. En tanto el secretario de la Producción, Roberto Schunk, reveló que asistió al encuentro "porque la provincia tiene que estar diciendo qué se está haciendo". "Me enteré por los medios y quisimos estar", dijo el funcionario.
Estado de situación
Los funcionarios provinciales dejaron copias de un acuerdo que hace diez días firmaron los representantes de sector agropecuario, referentes de entidades ambientalistas y universidades, entre otros sectores. Allí se acordó que la provincia será dividida en tres zonas de las siguientes maneras.
La zona 1, denominada de alto impacto del desmonte, que comprende los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, Paraná, Tala y Nogoyá. La zona 2, llamada de bajo impacto del desmonte, que se encuentran en los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Colón y Uruguay. Y finalmente la zona 3 que es tradicionalmente agrícola con humedales, y que comprende los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas y Gualeguaychú.
En el caso de la zona 1, que fue la que despertó el interés de los productores del norte entrerriano, se deja establecido que "el estado de conservación de los montes se realizará en consonancia con los criterios de la Ley 26.331 (Trabajo a cargo de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias).
Pero en el encuentro de Federal, y ante los requerimientos de los productores, el ingeniero González especificó que "quizás cada campo que hoy tiene que dejar 25 por ciento de reserva, deba dejar un 35 por ciento, pero ese 10 por ciento se le va a pagar al productor". "Pero en ningún caso -dijo categórico el director de Recursos Naturales- va a ocurrir que un campo en zona 1 no pueda ser aprovechado para explotación".
El encuentro transitó con la intensidad de los temas que preocupan, pero por canales de diálogo del que incluso participaron el intendente Juan Carlos Luchessi y el diputado radical Oscar Cardoso, quien destacó "la presencia de los funcionarios para que escuchen las opiniones de los productores".
La Ley Bonasso fue aprobada en noviembre de 2007 y recién el 19 de febrero se reglamentó. Sin embargo la provincia está ahora obligada a establecer las pautas de conservación del bosque nativo.
Fecha de Publicación: 31/10/2009
Fuente: Cuenca Rural
Provincia/Región: Entre Ríos
Más de 200 personas participaron de una asamblea en Federal para abordar la legislación forestal y discutir de qué modo se instrumentará el ordenamiento a nivel provincial. Se trata de la Ley 26.331, de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley Bonasso.
El encuentro se desarrolló en el salón de cultura de la Municipalidad en la noche del jueves y consistió, básicamente, de tres acciones: la proyección de un video -elaborado por pedido de las entidades rurales, profesionales y otros sectores- como disparador del debate, la exposición de funcionarios de la Secretaría de la Producción y el debate propiamente dicho.
Con el material proyectado se puso al desnudo la principal preocupación que fue el motor que llevó a entidades intermedias de Federal a convocar a la asamblea. Concretamente, el temor de que en las llamadas zonas rojas, identificadas como "de alto impacto del desmonte", queden marginadas de la posibilidad de se ocupadas para la explotación agropecuaria. Se trata de áreas ubicadas en los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, Paraná, Tala y Nogoyá.
Sin embargo, desde la exposición de los funcionarios provinciales se desmintió de forma tajante que la legislación vaya a prohibir la actividad ganadera, por caso. "A las zonas rojas no hay que alterarlas, pero allí se puede hacer aprovechamiento ganadero", puntualizó el director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González.
El punto fue exhaustivamente tratado y al final del encuentro, los últimos testimonios de productores revelaron un punto de acercamiento en los criterios. En tanto el secretario de la Producción, Roberto Schunk, reveló que asistió al encuentro "porque la provincia tiene que estar diciendo qué se está haciendo". "Me enteré por los medios y quisimos estar", dijo el funcionario.
Estado de situación
Los funcionarios provinciales dejaron copias de un acuerdo que hace diez días firmaron los representantes de sector agropecuario, referentes de entidades ambientalistas y universidades, entre otros sectores. Allí se acordó que la provincia será dividida en tres zonas de las siguientes maneras.
La zona 1, denominada de alto impacto del desmonte, que comprende los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, Paraná, Tala y Nogoyá. La zona 2, llamada de bajo impacto del desmonte, que se encuentran en los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Colón y Uruguay. Y finalmente la zona 3 que es tradicionalmente agrícola con humedales, y que comprende los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas y Gualeguaychú.
En el caso de la zona 1, que fue la que despertó el interés de los productores del norte entrerriano, se deja establecido que "el estado de conservación de los montes se realizará en consonancia con los criterios de la Ley 26.331 (Trabajo a cargo de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias).
Pero en el encuentro de Federal, y ante los requerimientos de los productores, el ingeniero González especificó que "quizás cada campo que hoy tiene que dejar 25 por ciento de reserva, deba dejar un 35 por ciento, pero ese 10 por ciento se le va a pagar al productor". "Pero en ningún caso -dijo categórico el director de Recursos Naturales- va a ocurrir que un campo en zona 1 no pueda ser aprovechado para explotación".
El encuentro transitó con la intensidad de los temas que preocupan, pero por canales de diálogo del que incluso participaron el intendente Juan Carlos Luchessi y el diputado radical Oscar Cardoso, quien destacó "la presencia de los funcionarios para que escuchen las opiniones de los productores".
La Ley Bonasso fue aprobada en noviembre de 2007 y recién el 19 de febrero se reglamentó. Sin embargo la provincia está ahora obligada a establecer las pautas de conservación del bosque nativo.
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Críticas a la nueva planta nuclear
“La nueva planta nuclear aprobada por los diputados es el método más caro para producir energía y combatir el cambio climático”
Fecha de Publicación: 30/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”.
La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el miércoles 28 con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.(2)
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del planeta, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga ocupada en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados esta semana debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Notas:
(1) Proyecto de ley del 17 de marzo de 2009 (0006-PE-09 (TP 13) Mensaje Nro. 0185)
(2) Se puede ver la nómina completa de votos en la Cámara de Diputados en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/nuclear/votaci-n-nominal-del-proyecto.pdf
Fecha de Publicación: 30/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”.
La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el miércoles 28 con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.(2)
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del planeta, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga ocupada en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados esta semana debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Notas:
(1) Proyecto de ley del 17 de marzo de 2009 (0006-PE-09 (TP 13) Mensaje Nro. 0185)
(2) Se puede ver la nómina completa de votos en la Cámara de Diputados en http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/revolucion-energetica/nuclear/votaci-n-nominal-del-proyecto.pdf
Protesta por tóxicos de La Alumbrera
Protesta por derrames tóxicos de mina La Alumbrera
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Catamarca
Los vecinos intentaron frenar camiones que llevaban minerales radioactivos a cielo abierto, algo prohibido. La policía detuvo a uno de ellos.
Tres vecinos de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, padecieron la resistencia de la policía este jueves a la madrugada cuando intentaban interceptar camiones que transportaban residuos tóxicos de los derrames de un ducto roto de la Minera Alumbrera.
Según explican los vecinos de la ciudad, los drenajes ácidos y los derrames tóxicos del ducto son muy frecuentes y en forma “reiterada e impunemente” contamina las tierras y las aguas con los minerales preparados en forma concentrada.
En diálogo con Criticadigital, Aldo Flores, uno de los vecinos autoconvocados, explicó que el miércoles a la noche “tuvimos la noticia de que se había roto un mineralducto con destino a San Juan y que iban trasladar los restos a cielo abierto para traerlo de vuelta a la Alumbrera, acá en Andalgalá”.
“Salimos tres vecinos a interceptar los camiones y fue ahí donde la policía, que tiene que velar por nuestros intereses, nos corrió de la ruta por orden de la fiscal de turno que a su vez recibió la orden de la Provincia”, detalló.
En ese operativo de la policía quedó detenido un vecino de unos 70 años, de nombre Urbano Cardozo, quien fue liberado recién este jueves al mediodía. Minutos antes, un grupo de vecinos de acercó a la comisaría para pedir su liberación y cortaron el tránsito mientras repartían información sobre lo ocurrido y sobre sus denuncias sobre la minera.
La principal denuncia sobre la industria recae sobre el hecho de que trasladen minerales tóxicos a cielo abierto cada vez que se rompe el caño especial para transportarlo. Ellos insisten en que no se puede llevar ese mineral concentrado al descubierto, que además contamina el cielo y la tierra cuando se derrama. En ese sentido, denuncian además que la empresa no posee la tecnología para medir el nivel de radioactividad.
“Por ley, a la tercera ruptura se tiene que cambiar el caño, ellos sólo lo arreglan”, denunció el vecino en diálogo con este medio. Además comentó que “entrando a la página de Alumbrera nos enteramos que usan uranio, un mineral radioactivo que produce cáncer, enfermedad que se multiplicó muchísimo en la ciudad de Andalgalá”. "Hoy vamos a realizar otra denuncia a la fiscalía, aunque nunca nos escuchan, siempre las archivan", concluyó.
La minera Alumbrera funciona en la provincia de Catamarca desde el año 1996. En 2004, un grupo de vecinos de la cuenca del río Vis-Vis, a 2 kilómetros de la mina, demandó a la empresa por contaminación a partir del derrame de desechos tóxicos al río, sin filtración adecuada. El reclamo era una indemnización por haber tenido que migrar del lugar.
Ese mismo año, el programa de televisión Zona de investigación retomó el conflicto y denunció que la compañía esquivaba el control por parte de las autoridades argentinas a través de la corrupción y del pago de coimas.
En 2005, un grupo de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica pudo comprobar la contaminación del río.
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Catamarca
Los vecinos intentaron frenar camiones que llevaban minerales radioactivos a cielo abierto, algo prohibido. La policía detuvo a uno de ellos.
Tres vecinos de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, padecieron la resistencia de la policía este jueves a la madrugada cuando intentaban interceptar camiones que transportaban residuos tóxicos de los derrames de un ducto roto de la Minera Alumbrera.
Según explican los vecinos de la ciudad, los drenajes ácidos y los derrames tóxicos del ducto son muy frecuentes y en forma “reiterada e impunemente” contamina las tierras y las aguas con los minerales preparados en forma concentrada.
En diálogo con Criticadigital, Aldo Flores, uno de los vecinos autoconvocados, explicó que el miércoles a la noche “tuvimos la noticia de que se había roto un mineralducto con destino a San Juan y que iban trasladar los restos a cielo abierto para traerlo de vuelta a la Alumbrera, acá en Andalgalá”.
“Salimos tres vecinos a interceptar los camiones y fue ahí donde la policía, que tiene que velar por nuestros intereses, nos corrió de la ruta por orden de la fiscal de turno que a su vez recibió la orden de la Provincia”, detalló.
En ese operativo de la policía quedó detenido un vecino de unos 70 años, de nombre Urbano Cardozo, quien fue liberado recién este jueves al mediodía. Minutos antes, un grupo de vecinos de acercó a la comisaría para pedir su liberación y cortaron el tránsito mientras repartían información sobre lo ocurrido y sobre sus denuncias sobre la minera.
La principal denuncia sobre la industria recae sobre el hecho de que trasladen minerales tóxicos a cielo abierto cada vez que se rompe el caño especial para transportarlo. Ellos insisten en que no se puede llevar ese mineral concentrado al descubierto, que además contamina el cielo y la tierra cuando se derrama. En ese sentido, denuncian además que la empresa no posee la tecnología para medir el nivel de radioactividad.
“Por ley, a la tercera ruptura se tiene que cambiar el caño, ellos sólo lo arreglan”, denunció el vecino en diálogo con este medio. Además comentó que “entrando a la página de Alumbrera nos enteramos que usan uranio, un mineral radioactivo que produce cáncer, enfermedad que se multiplicó muchísimo en la ciudad de Andalgalá”. "Hoy vamos a realizar otra denuncia a la fiscalía, aunque nunca nos escuchan, siempre las archivan", concluyó.
La minera Alumbrera funciona en la provincia de Catamarca desde el año 1996. En 2004, un grupo de vecinos de la cuenca del río Vis-Vis, a 2 kilómetros de la mina, demandó a la empresa por contaminación a partir del derrame de desechos tóxicos al río, sin filtración adecuada. El reclamo era una indemnización por haber tenido que migrar del lugar.
Ese mismo año, el programa de televisión Zona de investigación retomó el conflicto y denunció que la compañía esquivaba el control por parte de las autoridades argentinas a través de la corrupción y del pago de coimas.
En 2005, un grupo de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica pudo comprobar la contaminación del río.
Media sanción para la cuarta central nuclear
Diputados dio media sanción para crear una cuarta central nuclear
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto fue aprobado por 149 votos afirmativos y sólo 10 negativos. La iniciativa dispone también las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que crea un régimen especial para la construcción de una cuarta central nuclear en la Argentina y las obras de extensión de vida útil de la central de Embalse Río Tercero, con lo cual se apunta a optimizar el suministro energético local.
La propuesta del Poder Ejecutivo crea un fideicomiso para atender las obras a realizar y establece un régimen especial de fiscalización aduanera "para la introducción por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea de los elementos relacionados con las obras". Además, dispone las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I.
La presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, la kirchnerista Rosana Bertone, sostuvo que la ley busca prolongar el funcionamiento de la central de Embalse, la que, indicó, es "la segunda central nuclear de nuestro país".
El radical cordobés Heriberto Martínez Oddone anunció el respaldo con disidencia parcial de la bancada opositora y apuntó que las obras planteadas significan "una repotenciación energética" para el país y que las tareas en Embalse "una recuperación para treinta años más de uso".
Sin embargo, las críticas y reclamos opositores fueron por el lado del control del fondo fiduciario a crearse, como planteó, en nombre del Interbloque PRO, el demócrata mendocino Omar de Marchi, quien propuso la conformación de una comisión bicameral para controlar los fideicomisos.
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El proyecto fue aprobado por 149 votos afirmativos y sólo 10 negativos. La iniciativa dispone también las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que crea un régimen especial para la construcción de una cuarta central nuclear en la Argentina y las obras de extensión de vida útil de la central de Embalse Río Tercero, con lo cual se apunta a optimizar el suministro energético local.
La propuesta del Poder Ejecutivo crea un fideicomiso para atender las obras a realizar y establece un régimen especial de fiscalización aduanera "para la introducción por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea de los elementos relacionados con las obras". Además, dispone las bases para ampliar las obras de mantenimiento de las centrales de Atucha II y Atucha I.
La presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, la kirchnerista Rosana Bertone, sostuvo que la ley busca prolongar el funcionamiento de la central de Embalse, la que, indicó, es "la segunda central nuclear de nuestro país".
El radical cordobés Heriberto Martínez Oddone anunció el respaldo con disidencia parcial de la bancada opositora y apuntó que las obras planteadas significan "una repotenciación energética" para el país y que las tareas en Embalse "una recuperación para treinta años más de uso".
Sin embargo, las críticas y reclamos opositores fueron por el lado del control del fondo fiduciario a crearse, como planteó, en nombre del Interbloque PRO, el demócrata mendocino Omar de Marchi, quien propuso la conformación de una comisión bicameral para controlar los fideicomisos.
Archivaron los proyectos para prohibir la minería
Archivaron los proyectos para prohibir la actividad minera
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Un año después de que se iniciara la polémica con proyectos que plantearon prohibiciones a la minería, el oficialismo, con apoyos y resistencias en la oposición, los archivó. A cambio, dio el primero de los dos despachos que necesita una iniciativa que ratifica la actividad y que impone controles al proceso industrial.
Ayer se cumplieron los 30 días para unificar los tres proyectos que estaban en discusión: dos de Canini, uno para prohibir la minería a cielo abierto y otro el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el proceso de separación del mineral.
Las incompatibilidades eran claras, ya que mientras que el que finalmente se aprobó convalida la actividad, los de Canini iban por una opción más radical, con cerrojos a a modalidades y procesos.
No obstante, el diputado del MUN dijo lo contrario y pidió -sin éxito- que en la iniciativa de Gonçalves se sumara la prohibición de la minería a cielo abierto, y que los controles se aplicaran a los métodos habilitados (por ejemplo, de galería).
El foro permanente por el medio ambiente, vecinos de Loncopué y representantes de organizaciones sociales presenciaron todo el debate y no fue hasta el final de la reunión que descargaron su bronca contra los diputados. Fue una reacción medida, la de Oscar Ragni, la que luego de que se votara el despacho al proyecto y se le diera traslado a la comisión de Medio Ambiente, la que apuntó a la sensibilidad de los diputados.
"El pueblo se los va a demandar", les dijo de frente a un grupo de diputados que prosiguió con la reunión, sin escuchar al referente de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos.
Gustavo Aguirre garantizó tras el encuentro que ATEN iniciará una campaña de difusión en las escuelas para "que se conozcan los efectos de la minería en el medio ambiente".
Gonçalves, autor del proyecto, será miembro informante cuando llegue al recinto. A las decisiones adoptadas por el oficialismo e impulsadas, desde el MPN, por los diputados petroleros (Carlos Pacheco, Juan Gómez y Omar Lorenzo) se sumaron los justicialistas Miguel Guidali y Luis Sagaseta. En contra votaron Eduardo Benítez y Marcelo Inaudi por la UCR y Rodolfo Canini, por el MUN.
Fecha de Publicación: 29/10/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Un año después de que se iniciara la polémica con proyectos que plantearon prohibiciones a la minería, el oficialismo, con apoyos y resistencias en la oposición, los archivó. A cambio, dio el primero de los dos despachos que necesita una iniciativa que ratifica la actividad y que impone controles al proceso industrial.
Ayer se cumplieron los 30 días para unificar los tres proyectos que estaban en discusión: dos de Canini, uno para prohibir la minería a cielo abierto y otro el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el proceso de separación del mineral.
Las incompatibilidades eran claras, ya que mientras que el que finalmente se aprobó convalida la actividad, los de Canini iban por una opción más radical, con cerrojos a a modalidades y procesos.
No obstante, el diputado del MUN dijo lo contrario y pidió -sin éxito- que en la iniciativa de Gonçalves se sumara la prohibición de la minería a cielo abierto, y que los controles se aplicaran a los métodos habilitados (por ejemplo, de galería).
El foro permanente por el medio ambiente, vecinos de Loncopué y representantes de organizaciones sociales presenciaron todo el debate y no fue hasta el final de la reunión que descargaron su bronca contra los diputados. Fue una reacción medida, la de Oscar Ragni, la que luego de que se votara el despacho al proyecto y se le diera traslado a la comisión de Medio Ambiente, la que apuntó a la sensibilidad de los diputados.
"El pueblo se los va a demandar", les dijo de frente a un grupo de diputados que prosiguió con la reunión, sin escuchar al referente de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos.
Gustavo Aguirre garantizó tras el encuentro que ATEN iniciará una campaña de difusión en las escuelas para "que se conozcan los efectos de la minería en el medio ambiente".
Gonçalves, autor del proyecto, será miembro informante cuando llegue al recinto. A las decisiones adoptadas por el oficialismo e impulsadas, desde el MPN, por los diputados petroleros (Carlos Pacheco, Juan Gómez y Omar Lorenzo) se sumaron los justicialistas Miguel Guidali y Luis Sagaseta. En contra votaron Eduardo Benítez y Marcelo Inaudi por la UCR y Rodolfo Canini, por el MUN.
Riachuelo: multan al secretario de Ambiente
Riachuelo: multan al secretario de Ambiente y a un intendente
Fecha de Publicación: 28/10/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por no construir un muro en un predio, como parte del plan de saneamiento.
Por primera vez, ayer el Juzgado Federal de Quilmes fijó multas para el secretario de Ambiente por no haber construido un muro perimetral en el complejo industrial ACUBA, en Lanús, como parte del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema. El juez Luis Armella le impuso a Homero Bibiloni, también titular de ACUMAR, un plazo de cinco días para hacer el muro. Y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, le dio 48 horas para que devuelva los $ 2.2.70.000 destinados para la obra. Si no lo hacen, deberán pagar $ 5.000 por día de incumplimiento. Además, el intendente de Lomas de Zamora y el propio Bibiloni recibirán una multa igual si en un mes no desalojan edificaciones y asentamientos precarios de los márgenes del Riachuelo a la altura de La Salada.
"La obra del muro le fue encargada al municipio, que tenía los $ 2.270.000 para levantarlo, pero no lo hizo -contó el juez Armella-. La sanción también recae sobre Bibiloni porque la idea es evitar que ACUMAR delegue responsabilidades en los Municipios".
Si Bibiloni no levanta el muro en cinco días y Díaz Pérez no devuelve el dinero en 48 horas, por cada día de la primera semana de incumplimiento deberán pagar $ 5.000. La cifra aumentará en otros $ 5.000 cada siete días.
"Mañana al mediodía (por hoy) van a tener la plata -afirmó Díaz Pérez-. Creo que no hubo incumplimiento de mi parte, porque para construir el muro hacía falta solucionar el problema de inundaciones del predio, porque ahí vive gente. Por eso, primero hice un sistema de drenaje y después me dediqué a construir los consensos sociales necesarios para hacer el muro. De todos modos, entiendo la responsabilidad del juez y voy a acatar su resolución".
En la misma resolución, Armella le dio 30 días al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi; al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, y a Bibiloni, para desalojar edificaciones precarias de la orilla del Riachuelo, a la altura de la Feria La Salada. Si no cumplen, también enfrentarán multas diarias de $ 5.000. En julio de 2008, la Corte habilitó a aplicar este tipo de multas al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de ejecutar la sentencia que ordena el saneamiento del Riachuelo. Pero esta es la primera vez que Armella utiliza esta atribución.
"Desde ahora, por los incumplimientos vamos a cambiar la modalidad de trabajo -advirtió Armella-. El juzgado se va a guiar por la certificación fáctica y no por palabras o escritos. Vamos a verificar in situ, obra por obra".
El juez informó a la Conferencia Episcopal sobre los alcances del proceso de saneamiento de la cuenca. Los obispos alentaron la ejecución del programa.
Fecha de Publicación: 28/10/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por no construir un muro en un predio, como parte del plan de saneamiento.
Por primera vez, ayer el Juzgado Federal de Quilmes fijó multas para el secretario de Ambiente por no haber construido un muro perimetral en el complejo industrial ACUBA, en Lanús, como parte del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema. El juez Luis Armella le impuso a Homero Bibiloni, también titular de ACUMAR, un plazo de cinco días para hacer el muro. Y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, le dio 48 horas para que devuelva los $ 2.2.70.000 destinados para la obra. Si no lo hacen, deberán pagar $ 5.000 por día de incumplimiento. Además, el intendente de Lomas de Zamora y el propio Bibiloni recibirán una multa igual si en un mes no desalojan edificaciones y asentamientos precarios de los márgenes del Riachuelo a la altura de La Salada.
"La obra del muro le fue encargada al municipio, que tenía los $ 2.270.000 para levantarlo, pero no lo hizo -contó el juez Armella-. La sanción también recae sobre Bibiloni porque la idea es evitar que ACUMAR delegue responsabilidades en los Municipios".
Si Bibiloni no levanta el muro en cinco días y Díaz Pérez no devuelve el dinero en 48 horas, por cada día de la primera semana de incumplimiento deberán pagar $ 5.000. La cifra aumentará en otros $ 5.000 cada siete días.
"Mañana al mediodía (por hoy) van a tener la plata -afirmó Díaz Pérez-. Creo que no hubo incumplimiento de mi parte, porque para construir el muro hacía falta solucionar el problema de inundaciones del predio, porque ahí vive gente. Por eso, primero hice un sistema de drenaje y después me dediqué a construir los consensos sociales necesarios para hacer el muro. De todos modos, entiendo la responsabilidad del juez y voy a acatar su resolución".
En la misma resolución, Armella le dio 30 días al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi; al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, y a Bibiloni, para desalojar edificaciones precarias de la orilla del Riachuelo, a la altura de la Feria La Salada. Si no cumplen, también enfrentarán multas diarias de $ 5.000. En julio de 2008, la Corte habilitó a aplicar este tipo de multas al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de ejecutar la sentencia que ordena el saneamiento del Riachuelo. Pero esta es la primera vez que Armella utiliza esta atribución.
"Desde ahora, por los incumplimientos vamos a cambiar la modalidad de trabajo -advirtió Armella-. El juzgado se va a guiar por la certificación fáctica y no por palabras o escritos. Vamos a verificar in situ, obra por obra".
El juez informó a la Conferencia Episcopal sobre los alcances del proceso de saneamiento de la cuenca. Los obispos alentaron la ejecución del programa.
Presionan a la UNT por Minera Alumbrera
Presionan a la UNT por Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
La Asamblea Socioambiental del NOA quiere que el Consejo Superior trate la situación de la polémica multinacional en cuanto a contaminación y reparto de dinero a las universidades.
Mañana, cuando se realice una nueva sesión del Consejo Superior de la UNT, integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa) solicitarán que, de una vez, se trate el pedido de una sesión extraordinaria referida a la problemática ambiental en torno a Minera Alumbrera.
La solicitud, presentada hace más de un año (aún sin respuestas) tanto por ambientalistas como por pueblos originarios de los Valles Calchaquíes y organizaciones gremiales sería tratada sobre tablas aunque desde Asanoa admitieron que no será fácil la concreción de esta alternativa.
Los consejeros identificados con el oficialismo del Rectorado, encabezado por Juan Alberto Cerisola, tiene la intención e bloquear el debate cuyo objetivo central apunta a que en el seno del órgano deliberativo universitario se escuche la posición de expertos de diversas áreas en cuanto al daño ambiental que causa Minera Alumbrera.
Junto a ellos, se pretende que también sean escuchados los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes quienes desde un primer momento rechazaron a este emprendimiento minero por el impacto que causa en toda la región.
De esta forma, se pretende que en el órgano universitario también se atiendan los argumentos de los sectores críticos al emprendimiento minero en contraposición con las exposiciones que el 22 de septiembre pasado brindaron técnicos contratados por directores del YMAD por la UNT en defensa de Minera Alumbrera, en cuanto a la situación ambiental del canal DP2.
Esta iniciativa fue dispuesta el martes en el seno de una asamblea ambiental realizada en la facultad de Arquitectura (la semana pasada se llevó a cabo en Filosofía y Letras) de la que participaron estudiantes y docentes de esa unidad académica.
También se resolvió que, más allá sea la respuesta de los consejeros superiores al pedido de la sesión extraordinaria, se realizará mañana mismo una asamblea en el patio del Rectorado.
Fondos polémicos
Las organizaciones sociales también objetan la relación existente entre la UNT y Minera Alumbrera y los fondos que esta multinacional reparte a las universidades nacionales. Se trata de dinero proveniente de la explotación -ubicada en Belén, Catamarca- la cual está vinculada contractualmente con la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
Este organismo mantiene el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (descubrió el yacimiento minero) y la Nación.
En este sentido, hasta ahora ya son 10 las facultades de distintas universidades nacionales que optaron por rechazar este dinero en el marco de un debate que ya se instaló en los Consejos Superiores de prácticamente todas las Casas de Altos Estudios del país.
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
La Asamblea Socioambiental del NOA quiere que el Consejo Superior trate la situación de la polémica multinacional en cuanto a contaminación y reparto de dinero a las universidades.
Mañana, cuando se realice una nueva sesión del Consejo Superior de la UNT, integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa) solicitarán que, de una vez, se trate el pedido de una sesión extraordinaria referida a la problemática ambiental en torno a Minera Alumbrera.
La solicitud, presentada hace más de un año (aún sin respuestas) tanto por ambientalistas como por pueblos originarios de los Valles Calchaquíes y organizaciones gremiales sería tratada sobre tablas aunque desde Asanoa admitieron que no será fácil la concreción de esta alternativa.
Los consejeros identificados con el oficialismo del Rectorado, encabezado por Juan Alberto Cerisola, tiene la intención e bloquear el debate cuyo objetivo central apunta a que en el seno del órgano deliberativo universitario se escuche la posición de expertos de diversas áreas en cuanto al daño ambiental que causa Minera Alumbrera.
Junto a ellos, se pretende que también sean escuchados los pueblos originarios de los Valles Calchaquíes quienes desde un primer momento rechazaron a este emprendimiento minero por el impacto que causa en toda la región.
De esta forma, se pretende que en el órgano universitario también se atiendan los argumentos de los sectores críticos al emprendimiento minero en contraposición con las exposiciones que el 22 de septiembre pasado brindaron técnicos contratados por directores del YMAD por la UNT en defensa de Minera Alumbrera, en cuanto a la situación ambiental del canal DP2.
Esta iniciativa fue dispuesta el martes en el seno de una asamblea ambiental realizada en la facultad de Arquitectura (la semana pasada se llevó a cabo en Filosofía y Letras) de la que participaron estudiantes y docentes de esa unidad académica.
También se resolvió que, más allá sea la respuesta de los consejeros superiores al pedido de la sesión extraordinaria, se realizará mañana mismo una asamblea en el patio del Rectorado.
Fondos polémicos
Las organizaciones sociales también objetan la relación existente entre la UNT y Minera Alumbrera y los fondos que esta multinacional reparte a las universidades nacionales. Se trata de dinero proveniente de la explotación -ubicada en Belén, Catamarca- la cual está vinculada contractualmente con la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
Este organismo mantiene el derecho de explotación de la mina y está conformado por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (descubrió el yacimiento minero) y la Nación.
En este sentido, hasta ahora ya son 10 las facultades de distintas universidades nacionales que optaron por rechazar este dinero en el marco de un debate que ya se instaló en los Consejos Superiores de prácticamente todas las Casas de Altos Estudios del país.
Catamarca y la Ley de Bosques
Ley de Bosques: el Senado trata objeciones
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Hubo críticas al proceso participativo que convocó Ambiente, porque no es vinculante.
Los senadores comenzaron a receptar distintas opiniones para modificar el ordenamiento territorial que fijará cuáles serán las áreas con bosques nativos que deberán protegerse. Ahora la ronda de debate con todos los sectores involucrados en la problemática se traslada a la Cámara alta.
Los representantes de Pomán y Valle Viejo, Daniel Saadi y María Antonia Mercado, respectivamente, concurrieron a la sede de RENATRE donde recibieron las inquietudes que sobre el proyecto ya realizaron el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Sociedad Rural, los productores del Este de la provincia y los productores de camélidos.
Los legisladores se comprometieron a convocar a los distintos sectores para que expongan sus puntos de vista frente a los integrantes de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto. Para la titular del RENATRE es fundamental receptar las distintas visiones al señalar que el proyecto participativo que llevó adelante la subsecretaria de Ambiente, Nora Martínez, no es vinculante. Por lo tanto, las modificaciones deben ser incorporadas en la etapa de tratamiento legislativo.
"Es fundamental sancionar un ordenamiento territorial en base a criterios fundados que puedan sostenerse en el tiempo. Estamos frente a un tema importante que va a comprometer el futuro productivo y ambiental de la Provincia. Tiene que quedar claro que el ordenamiento territorial no es sinónimo de prohibir ni de paralización productiva", dijo Myrian Juárez.
Por otra parte, los referentes de los distintos sectores productivos renovaron sus críticas a la resolución de la subsecretaria de Ambiente por la que se aprobó el ordenamiento territorial y se flexibilizaron controles. Una de las críticas fue dirigida a la decisión de no incorporar como "vinculantes" las opiniones que se recogieron durante el proceso participativo. También criticaron la falta de precisión respecto a la metodología usada y la existencia de mapas diversos que no coinciden.
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Hubo críticas al proceso participativo que convocó Ambiente, porque no es vinculante.
Los senadores comenzaron a receptar distintas opiniones para modificar el ordenamiento territorial que fijará cuáles serán las áreas con bosques nativos que deberán protegerse. Ahora la ronda de debate con todos los sectores involucrados en la problemática se traslada a la Cámara alta.
Los representantes de Pomán y Valle Viejo, Daniel Saadi y María Antonia Mercado, respectivamente, concurrieron a la sede de RENATRE donde recibieron las inquietudes que sobre el proyecto ya realizaron el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Sociedad Rural, los productores del Este de la provincia y los productores de camélidos.
Los legisladores se comprometieron a convocar a los distintos sectores para que expongan sus puntos de vista frente a los integrantes de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto. Para la titular del RENATRE es fundamental receptar las distintas visiones al señalar que el proyecto participativo que llevó adelante la subsecretaria de Ambiente, Nora Martínez, no es vinculante. Por lo tanto, las modificaciones deben ser incorporadas en la etapa de tratamiento legislativo.
"Es fundamental sancionar un ordenamiento territorial en base a criterios fundados que puedan sostenerse en el tiempo. Estamos frente a un tema importante que va a comprometer el futuro productivo y ambiental de la Provincia. Tiene que quedar claro que el ordenamiento territorial no es sinónimo de prohibir ni de paralización productiva", dijo Myrian Juárez.
Por otra parte, los referentes de los distintos sectores productivos renovaron sus críticas a la resolución de la subsecretaria de Ambiente por la que se aprobó el ordenamiento territorial y se flexibilizaron controles. Una de las críticas fue dirigida a la decisión de no incorporar como "vinculantes" las opiniones que se recogieron durante el proceso participativo. También criticaron la falta de precisión respecto a la metodología usada y la existencia de mapas diversos que no coinciden.
Argentina reduce ritmo deforestación, pero ...
Argentina reduce ritmo deforestación, pero duplica tasa global
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Tras un acelerado proceso de deforestación a tasas que llegaron a quintuplicar el promedio mundial en los últimos años, Argentina está logrando frenar el avance de la soja sobre los bosques nativos, aunque aún debe adoptar más medidas de conservación, según expertos.
El rápido avance de la frontera agrícola, especialmente por la soja, hizo desaparecer bosques enteros en los últimos años y sólo la sanción de la llamada ley de bosques a fines de 2007 logró detener los desmontes y bajar las tasas de deforestación.
"A partir de la sanción de la ley de bosques se han limitado las posibilidades de que los gobiernos provinciales emitan nuevos permisos de desmonte", dijo a Reuters Diego Moreno, director de la organización no gubernamental Fundación Vida Silvestre, en el marco del reciente Congreso Forestal Mundial que se realizó en Buenos Aires.
La ley de bosques, que establece que las distintas jurisdicciones presenten un plan de ordenamiento territorial previo a la emisión de nuevos permisos de desmonte, es un primer paso, "pero no es la única medida que se necesita", según Moreno.
A partir del 2001-02, cuando se intensificó el cultivo de la soja, la expansión de la frontera agropecuaria empezó a avanzar sobre tierras en el noroeste del país y en algunas regiones del noreste, a costa de los bosques nativos.
"En los últimos 10 años hubo un promedio de deforestación anual acá en Argentina de unas 250.000 hectáreas. (Esta cifra) se está acercando al 1 por ciento anual de deforestación, lo cual está bastante por encima del promedio mundial, que está en el 0,2 por ciento aproximadamente", dijo Moreno.
Con la ley de bosques durante el 2008, se logró una reducción del 60 por ciento en la deforestación respecto del 2007, según cifras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el Congreso Forestal Mundial y con vistas a la Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en Copenhague en noviembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) propuso el objetivo de cero deforestación neta para el 2020.
Para los especialistas, es necesario trabajar en el proyecto "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal", (REDD, por su sigla en inglés), un sistema para cuantificar la "deforestación evitada" mediante créditos de carbono, que podrán venderse en el mercado internacional.
La idea principal es utilizar las ventas de los créditos de carbono para ayudar a los países en desarrollo a detener la deforestación, y a cambio, esto le permitirá a los países desarrollados alcanzar su cuota de reducción de emisiones.
Las estimaciones varían, pero REDD podría producir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares en fondos por año para los países en desarrollo.
"Le hemos pedido a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay (...) que apoyen el mecanismo REDD en Copenhague", dijo a Reuters Gerald Steindlegger, coordinador del Programa de Bosques a nivel global del WWF.
Pero más allá del apoyo gubernamental, Steindlegger recalcó que también es necesario el compromiso del sector privado. Las instituciones financieras deberían evaluar si un proyecto es sostenible desde el punto ambiental o no.
"Hay instituciones financieras alrededor del mundo que se acercan a nosotros (WWF) cada vez más para pedirnos ayuda para desarrollar filtros de inversiones sostenibles", dijo.
Con la implementación de la ley de bosques, Argentina llegaría bien posicionada para acceder a los beneficios de los mecanismo establecidos por REDD, que se están discutiendo a nivel internacional.
"Es un mecanismo financiero que va a apoyar o a reconocer los servicios ambientales que brindan los bosques nativos en este caso, y que apoyen emprendimientos, proyectos productivos o proyectos de conservación que aseguren la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques", dijo.
Fecha de Publicación: 27/10/2009
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Tras un acelerado proceso de deforestación a tasas que llegaron a quintuplicar el promedio mundial en los últimos años, Argentina está logrando frenar el avance de la soja sobre los bosques nativos, aunque aún debe adoptar más medidas de conservación, según expertos.
El rápido avance de la frontera agrícola, especialmente por la soja, hizo desaparecer bosques enteros en los últimos años y sólo la sanción de la llamada ley de bosques a fines de 2007 logró detener los desmontes y bajar las tasas de deforestación.
"A partir de la sanción de la ley de bosques se han limitado las posibilidades de que los gobiernos provinciales emitan nuevos permisos de desmonte", dijo a Reuters Diego Moreno, director de la organización no gubernamental Fundación Vida Silvestre, en el marco del reciente Congreso Forestal Mundial que se realizó en Buenos Aires.
La ley de bosques, que establece que las distintas jurisdicciones presenten un plan de ordenamiento territorial previo a la emisión de nuevos permisos de desmonte, es un primer paso, "pero no es la única medida que se necesita", según Moreno.
A partir del 2001-02, cuando se intensificó el cultivo de la soja, la expansión de la frontera agropecuaria empezó a avanzar sobre tierras en el noroeste del país y en algunas regiones del noreste, a costa de los bosques nativos.
"En los últimos 10 años hubo un promedio de deforestación anual acá en Argentina de unas 250.000 hectáreas. (Esta cifra) se está acercando al 1 por ciento anual de deforestación, lo cual está bastante por encima del promedio mundial, que está en el 0,2 por ciento aproximadamente", dijo Moreno.
Con la ley de bosques durante el 2008, se logró una reducción del 60 por ciento en la deforestación respecto del 2007, según cifras de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el Congreso Forestal Mundial y con vistas a la Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en Copenhague en noviembre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) propuso el objetivo de cero deforestación neta para el 2020.
Para los especialistas, es necesario trabajar en el proyecto "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal", (REDD, por su sigla en inglés), un sistema para cuantificar la "deforestación evitada" mediante créditos de carbono, que podrán venderse en el mercado internacional.
La idea principal es utilizar las ventas de los créditos de carbono para ayudar a los países en desarrollo a detener la deforestación, y a cambio, esto le permitirá a los países desarrollados alcanzar su cuota de reducción de emisiones.
Las estimaciones varían, pero REDD podría producir entre 10.000 y 30.000 millones de dólares en fondos por año para los países en desarrollo.
"Le hemos pedido a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay (...) que apoyen el mecanismo REDD en Copenhague", dijo a Reuters Gerald Steindlegger, coordinador del Programa de Bosques a nivel global del WWF.
Pero más allá del apoyo gubernamental, Steindlegger recalcó que también es necesario el compromiso del sector privado. Las instituciones financieras deberían evaluar si un proyecto es sostenible desde el punto ambiental o no.
"Hay instituciones financieras alrededor del mundo que se acercan a nosotros (WWF) cada vez más para pedirnos ayuda para desarrollar filtros de inversiones sostenibles", dijo.
Con la implementación de la ley de bosques, Argentina llegaría bien posicionada para acceder a los beneficios de los mecanismo establecidos por REDD, que se están discutiendo a nivel internacional.
"Es un mecanismo financiero que va a apoyar o a reconocer los servicios ambientales que brindan los bosques nativos en este caso, y que apoyen emprendimientos, proyectos productivos o proyectos de conservación que aseguren la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques", dijo.
Reclamo a Chaco por sus bosques
Greenpeace reclama a la Legislatura chaqueña que proteja a los bosques
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace manifestó su preocupación por el inesperado veto que el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, realizó a varios artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco, que protegía de los desmontes al 70 por ciento de los bosques.
La organización ambientalista alertó hoy sobre la importancia de avanzar en la ratificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco sin más demoras, frente a esta nueva postergación producida por el veto del poder Ejecutivo a cinco de los artículos de la norma aprobada recientemente en la Legislatura provincial. (1)
“Es muy preocupante que Capitanich haya vetado los principales artículos de una ley que buscaba proteger a gran parte de los bosques chaqueños y cumplir con lo que establece la Ley de Bosques. Con este veto la discusión vuelve a la legislatura, lo que demora su aplicación", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco había sido aprobada por la legislatura chaqueña luego de incorporar varios cambios que Greenpeace y otras organizaciones sociales reclamaban en el texto original. Establecía 501.958 hectáreas en la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal y silvopastoril), 3.066.780 hectáreas en la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento forestal y silvopastoril sustentable) y 1.531.575 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial para el desarrollo agropecuario). (2)
Así, la autorización de desmontes en la provincia quedaba reducida a las zonas con Categoría III – Verde, previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Cabe señalar que la propuesta enviada originalmente por el Poder Ejecutivo provincial a la legislatura establecía 2.371.307 hectáreas para la Categoría III – Verde, lo que implicaba que cerca de la mitad de los bosques de la provincia quedarían expuestos a los desmontes. Esta zonificación fue duramente criticada por Greenpeace y otras organizaciones sociales, las que reclamaron a la Legislatura los cambios necesarios para la conservación de los bosques.
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace reclamó a los representantes de todos los bloques la aprobación definitiva de la Ley y que la zonificación conserve, como mínimo, al 10 por ciento de los bosques nativos en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas) y que no menos del 70 por ciento de los mismos queden por fuera de la Categoría III - verde (permite su desmonte parcial), tal como se establecía en la regulación vetada.
“Esperamos que los legisladores chaqueños sancionen de manera urgente esta norma fundamental para la protección de los bosques y para el desarrollo sustentable de la provincia, respetando la propuesta elaborada con el consenso de la sociedad civil", afirmó Giardini.
Con la sanción por ley de Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, la provincia cumplía con lo dictado por la Ley de Bosques y estaba en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos a distribuir entre los distritos que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
Chaco es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la pérdida de bosques nativos alcanzó las 245.465 hectáreas.
Notas:
(1) Resolución del poder Ejecutivo provincial nº 1065 del 16 de octubre de 2009: el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich veta los artículos 2, 3, 6, 9, y 17 de la Ley Nº 6.409 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco.
(2) Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco: http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/ley-4059-08-o-de-ordenamiento
Mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Chaco: http://www.greenpeace.org/raw/image_orig/argentina/fotos-y-videos/fotos/mapa-del-ordenamiento-territor-4.jpg
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace manifestó su preocupación por el inesperado veto que el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, realizó a varios artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco, que protegía de los desmontes al 70 por ciento de los bosques.
La organización ambientalista alertó hoy sobre la importancia de avanzar en la ratificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco sin más demoras, frente a esta nueva postergación producida por el veto del poder Ejecutivo a cinco de los artículos de la norma aprobada recientemente en la Legislatura provincial. (1)
“Es muy preocupante que Capitanich haya vetado los principales artículos de una ley que buscaba proteger a gran parte de los bosques chaqueños y cumplir con lo que establece la Ley de Bosques. Con este veto la discusión vuelve a la legislatura, lo que demora su aplicación", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco había sido aprobada por la legislatura chaqueña luego de incorporar varios cambios que Greenpeace y otras organizaciones sociales reclamaban en el texto original. Establecía 501.958 hectáreas en la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal y silvopastoril), 3.066.780 hectáreas en la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento forestal y silvopastoril sustentable) y 1.531.575 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial para el desarrollo agropecuario). (2)
Así, la autorización de desmontes en la provincia quedaba reducida a las zonas con Categoría III – Verde, previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública.
Cabe señalar que la propuesta enviada originalmente por el Poder Ejecutivo provincial a la legislatura establecía 2.371.307 hectáreas para la Categoría III – Verde, lo que implicaba que cerca de la mitad de los bosques de la provincia quedarían expuestos a los desmontes. Esta zonificación fue duramente criticada por Greenpeace y otras organizaciones sociales, las que reclamaron a la Legislatura los cambios necesarios para la conservación de los bosques.
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace reclamó a los representantes de todos los bloques la aprobación definitiva de la Ley y que la zonificación conserve, como mínimo, al 10 por ciento de los bosques nativos en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas) y que no menos del 70 por ciento de los mismos queden por fuera de la Categoría III - verde (permite su desmonte parcial), tal como se establecía en la regulación vetada.
“Esperamos que los legisladores chaqueños sancionen de manera urgente esta norma fundamental para la protección de los bosques y para el desarrollo sustentable de la provincia, respetando la propuesta elaborada con el consenso de la sociedad civil", afirmó Giardini.
Con la sanción por ley de Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, la provincia cumplía con lo dictado por la Ley de Bosques y estaba en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos a distribuir entre los distritos que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
Chaco es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la pérdida de bosques nativos alcanzó las 245.465 hectáreas.
Notas:
(1) Resolución del poder Ejecutivo provincial nº 1065 del 16 de octubre de 2009: el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich veta los artículos 2, 3, 6, 9, y 17 de la Ley Nº 6.409 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco.
(2) Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco: http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/ley-4059-08-o-de-ordenamiento
Mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Chaco: http://www.greenpeace.org/raw/image_orig/argentina/fotos-y-videos/fotos/mapa-del-ordenamiento-territor-4.jpg
Beder Herrera: Un macho de la minería
Un macho de la minería
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: La Rioja
Beder Herrera, gobernador de La Rioja "Estamos mariconeando" con la minería dijo el gobernador Beder Herrera a la dirigencia peronista. "No nos hagamos los lindos y salgamos a defender y a militar en pos de una minería no contaminante" y le recordó que son "la mayoría" en la Provincia.
Una de las frases más enfáticas del gobernador Luis Beder Herrera en el club Vial fue cuando les pidió a los dirigentes que militen a favor de la minería. "Con respecto a la minería hagamos lo que tenemos que hacer, no nos hagamos los lindos y salgamos a defender y a militar en pos de una minería no contaminante", disparó el mandatario que más tarde agregó: "tenemos los cerros y estamos mariconeando y no llevamos adelante la actividad como lo hizo San Juan o Catamarca".
Con un discurso de más de una hora y media, el gobernador sorprendió a los funcionarios, dirigentes y militantes del PJ que asistieron a la convocatoria en el club Vial provincial en horas del mediodía. Intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, ministros, secretarios y directores de las diferentes áreas del Gobierno provincial llenaron las instalaciones del club, a la que no dejó de asistir la ex dirigencia mazista.
En su intervención el gobernador repitió varias veces la palabra pobreza y la necesidad de unirse en la acción para contrarrestar el flagelo que castiga a la Provincia desde sus orígenes, aprovechando varios planes lanzados por el Gobierno, desde la minería, pasando por los planes de incentivo a la producción ganadera y agrícola, como así también con la erradicación de ranchos.
Pero además le recordó a la concurrencia que son "la mayoría" en la Provincia y que por ello pueden "imponer proyectos". En este sentido anunció que financiará viajes de los dirigentes a las minas que están trabajando en provincias vecinas para que se convenzan que es una actividad buena para la Región. También recordó que la actividad fue un baluarte de la Provincia desde la época de la conquista, pasando por la etapa de la organización, hasta la construcción del cable carril y recalcó que "La minería puede salvarla a La Rioja".
Según Nueva Rioja, la vicegobernadora Teresita Luna estuvo ausente con aviso en el acto de ayer por que estaba gestionando fondos en Buenos Aires. Su sector, encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Luna asistió en pleno. Los diputados electos por el Norte Grande Oscar Chamía y Alejandra Oviedo estuvieron en el acto. También estuvieron José Siman, Raúl Chacon y Lito Asís. Por el yomismo se vio en primera fila a Enri Sánchez.
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: La Rioja
Beder Herrera, gobernador de La Rioja "Estamos mariconeando" con la minería dijo el gobernador Beder Herrera a la dirigencia peronista. "No nos hagamos los lindos y salgamos a defender y a militar en pos de una minería no contaminante" y le recordó que son "la mayoría" en la Provincia.
Una de las frases más enfáticas del gobernador Luis Beder Herrera en el club Vial fue cuando les pidió a los dirigentes que militen a favor de la minería. "Con respecto a la minería hagamos lo que tenemos que hacer, no nos hagamos los lindos y salgamos a defender y a militar en pos de una minería no contaminante", disparó el mandatario que más tarde agregó: "tenemos los cerros y estamos mariconeando y no llevamos adelante la actividad como lo hizo San Juan o Catamarca".
Con un discurso de más de una hora y media, el gobernador sorprendió a los funcionarios, dirigentes y militantes del PJ que asistieron a la convocatoria en el club Vial provincial en horas del mediodía. Intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, ministros, secretarios y directores de las diferentes áreas del Gobierno provincial llenaron las instalaciones del club, a la que no dejó de asistir la ex dirigencia mazista.
En su intervención el gobernador repitió varias veces la palabra pobreza y la necesidad de unirse en la acción para contrarrestar el flagelo que castiga a la Provincia desde sus orígenes, aprovechando varios planes lanzados por el Gobierno, desde la minería, pasando por los planes de incentivo a la producción ganadera y agrícola, como así también con la erradicación de ranchos.
Pero además le recordó a la concurrencia que son "la mayoría" en la Provincia y que por ello pueden "imponer proyectos". En este sentido anunció que financiará viajes de los dirigentes a las minas que están trabajando en provincias vecinas para que se convenzan que es una actividad buena para la Región. También recordó que la actividad fue un baluarte de la Provincia desde la época de la conquista, pasando por la etapa de la organización, hasta la construcción del cable carril y recalcó que "La minería puede salvarla a La Rioja".
Según Nueva Rioja, la vicegobernadora Teresita Luna estuvo ausente con aviso en el acto de ayer por que estaba gestionando fondos en Buenos Aires. Su sector, encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Luna asistió en pleno. Los diputados electos por el Norte Grande Oscar Chamía y Alejandra Oviedo estuvieron en el acto. También estuvieron José Siman, Raúl Chacon y Lito Asís. Por el yomismo se vio en primera fila a Enri Sánchez.
La ley Filmus entrega los glaciares y la cordillera
La ley Filmus entrega los glaciares y la cordillera
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Prensa Renace
Provincia/Región: Nacional
Por Javier Rodríguez Pardo* y Enrique Matías Viale **
La “Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por la presidente de la Nación. El senado argentino da media sanción ahora otro proyecto de ley a gusto de las corporaciones mineras. Filmus, Kirchner, Gioja, y otros, engendraron la entrega y saqueo de las altas cumbres a favor de las transnacionales extractivas.
En virtud de la reciente media sanción por parte del Senado de la Nación del Proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, impulsado por el senador Daniel Filmus, creemos pertinente advertir que la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto con compuestos tóxicos y drenajes ácidos, contaría con la habilitación para intervenir libremente en todo el territorio de la cordillera andina, precordillera y estribaciones, incluyendo sus altas cumbres, cuna de las nacientes de ambas cuencas, la atlántica y la del pacífico. De sancionarse la ley, las corporaciones transnacionales contarían con una herramienta legal deliberadamente vaga, difusa y plagada de trampas, concebida por y para una actividad extractiva voraz y promiscua.
El proyecto con media sanción parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la corporación canadiense Barrick Gold.
No resulta casual la confusa redacción del nuevo artículo 15° que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley supuestamente prohíbe. El proyecto con media sanción del Senado establece en este artículo que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Este proyecto establece, a diferencia de la ley vetada, de la Diputada mandato cumplido Marta Maffei, que los glaciares también hay que preservarlos “para las actividades industriales”, con la felonía implícita de que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial. Podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua: no lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación considera que el glaciar no sufre impacto. En Chile es cosa frecuente, y obligó a ciertos senadores del país trasandino a no hablar de intangibilidad de los glaciares porque en ese país el agua que hay, para lixiviación o flotación en la minería del cobre, es de esos cuerpos de hielo que van derritiendo con esa finalidad, y ni siquiera lo ocultan. Hay documentos que seguramente Filmus no consultó al momento de justificar este proyecto de ley, que dan cuenta de la opinión de senadores chilenos admitiendo que la minera estatal, Codelco, interviene cientos de hectáreas con enorme masa glaciar que proveen de agua a la actividad extractiva, con ulterior perjuicio -presente y futuro- a millones de habitantes.
La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente "tocado" o que habrán de intervenir. ¿Quien lo define, qué funcionario controla esas clasificaciones, las identifica? ¿Quien lo hará? Habría que preguntarle a Filmus. Tal vez gente del IANIGLIA tendría que establecerse en las altas cumbres de manera permanente supervisando de manera vigilante cada caso de exploración, prospección y explotación. Esto nos recuerda al control humano sobre los barcos de pesca que desaprensivamente arrojan la merluza muerta al mar porque prefieren cargar langostinos, explotación pesquera que siempre fue imposible de controlar con esa metodología.
El proyecto de ley Filmus se presta a interpretar como convenga las definiciones y clasificación morfológica que hacen sobre la información de los tres tipos de glaciares: descubiertos, cubiertos y de escombros. Esta deliberada complejidad terminológica, a diferencia de la ley vetada cuyas definiciones eran sencillas y precisas, terminará operando a favor de las mineras.
Las mineras podrán operar en las altas cumbres, ahora legitimadas. El proyecto de ley presente permite deambular por toda la cordillera con la actividad minera, tal como ya lo viene haciendo el bandidaje extractivo. Con las nuevas definiciones podrán explicar que no transitan glaciares ¿Quien se anima a decirles que intervinieron un glaciar? ¿Quien recorrerá las cien mil actividades detrás de cada una de sus máquinas, si para controlarlos se necesitaría un especialista pegado a cada uno de los operarios de Barrick Gold, por ejemplo?
Por su parte, el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones.
Podrán decir que no intervienen “glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria”. (Sólo del lado argentino de Veladero hay más de cuarenta de estos glaciares).
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege. Es decir que resulta preferible, para eventuales acciones judiciales que busquen la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que no exista ninguna norma antes que la sancionada por el Senado.
De modo que podrá haber proyectos o actividades sobre glaciares y zonas de influencia. En la actualidad las mineras realizan tareas de exploración sobre los glaciares, prospectando yacimientos o buscando agua para su actividad.
La hipótesis que las actividades de la gran minería se desarrollen sobre glaciares o ambiente periglacial no es una presunción descabellada. Barrick iba a reventar tres glaciares chilenos que no los consideraba como tales sino cuerpos de hielo de no más de 20 años de antigüedad. Con ese criterio defendía su aberrante informe de impacto ambiental porque no “había intervenido glaciares sino cuerpos de hielo”. Con esta ley el camino le queda abierto (del lado argentino, al menos).
En la ocasión a la que hacemos referencia Barrick le terminó reconociendo al Consejo Regional de Medio Ambiente de Chile (COREMA) que los hielos intervenidos eran glaciares y que está dispuesta a perder una millonada de onzas de oro porque justamente hay metal abundante debajo de esos glaciares. Entonces hubo asesores del Estado chileno que le pidieron a la transnacional que utilice socavones debajo de los glaciares, mediante galerías, y que evite trabajar en la zona glaciar con el sistema a cielo abierto; Barrick contestó que "el proyecto Pascua Lama imposibilita utilizar minería subterránea." (Cosa que nosotros ya sabemos, largamente).
En síntesis, la ley Filmus se atribuye modificaciones técnicas -bajo solapa- superadoras de la ley vetada; sin embargo cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Estamos convencidos que hay un fundamento ideológico que debe servir como base central para rechazar el proyecto del senador Filmus, ahora con media sanción. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
* MACH-RENACE. Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
** Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista (AAdeAA)
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Prensa Renace
Provincia/Región: Nacional
Por Javier Rodríguez Pardo* y Enrique Matías Viale **
La “Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso el año pasado, había sido vetada por la presidente de la Nación. El senado argentino da media sanción ahora otro proyecto de ley a gusto de las corporaciones mineras. Filmus, Kirchner, Gioja, y otros, engendraron la entrega y saqueo de las altas cumbres a favor de las transnacionales extractivas.
En virtud de la reciente media sanción por parte del Senado de la Nación del Proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, impulsado por el senador Daniel Filmus, creemos pertinente advertir que la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto con compuestos tóxicos y drenajes ácidos, contaría con la habilitación para intervenir libremente en todo el territorio de la cordillera andina, precordillera y estribaciones, incluyendo sus altas cumbres, cuna de las nacientes de ambas cuencas, la atlántica y la del pacífico. De sancionarse la ley, las corporaciones transnacionales contarían con una herramienta legal deliberadamente vaga, difusa y plagada de trampas, concebida por y para una actividad extractiva voraz y promiscua.
El proyecto con media sanción parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la corporación canadiense Barrick Gold.
No resulta casual la confusa redacción del nuevo artículo 15° que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley supuestamente prohíbe. El proyecto con media sanción del Senado establece en este artículo que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Este proyecto establece, a diferencia de la ley vetada, de la Diputada mandato cumplido Marta Maffei, que los glaciares también hay que preservarlos “para las actividades industriales”, con la felonía implícita de que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial. Podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua: no lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación considera que el glaciar no sufre impacto. En Chile es cosa frecuente, y obligó a ciertos senadores del país trasandino a no hablar de intangibilidad de los glaciares porque en ese país el agua que hay, para lixiviación o flotación en la minería del cobre, es de esos cuerpos de hielo que van derritiendo con esa finalidad, y ni siquiera lo ocultan. Hay documentos que seguramente Filmus no consultó al momento de justificar este proyecto de ley, que dan cuenta de la opinión de senadores chilenos admitiendo que la minera estatal, Codelco, interviene cientos de hectáreas con enorme masa glaciar que proveen de agua a la actividad extractiva, con ulterior perjuicio -presente y futuro- a millones de habitantes.
La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente "tocado" o que habrán de intervenir. ¿Quien lo define, qué funcionario controla esas clasificaciones, las identifica? ¿Quien lo hará? Habría que preguntarle a Filmus. Tal vez gente del IANIGLIA tendría que establecerse en las altas cumbres de manera permanente supervisando de manera vigilante cada caso de exploración, prospección y explotación. Esto nos recuerda al control humano sobre los barcos de pesca que desaprensivamente arrojan la merluza muerta al mar porque prefieren cargar langostinos, explotación pesquera que siempre fue imposible de controlar con esa metodología.
El proyecto de ley Filmus se presta a interpretar como convenga las definiciones y clasificación morfológica que hacen sobre la información de los tres tipos de glaciares: descubiertos, cubiertos y de escombros. Esta deliberada complejidad terminológica, a diferencia de la ley vetada cuyas definiciones eran sencillas y precisas, terminará operando a favor de las mineras.
Las mineras podrán operar en las altas cumbres, ahora legitimadas. El proyecto de ley presente permite deambular por toda la cordillera con la actividad minera, tal como ya lo viene haciendo el bandidaje extractivo. Con las nuevas definiciones podrán explicar que no transitan glaciares ¿Quien se anima a decirles que intervinieron un glaciar? ¿Quien recorrerá las cien mil actividades detrás de cada una de sus máquinas, si para controlarlos se necesitaría un especialista pegado a cada uno de los operarios de Barrick Gold, por ejemplo?
Por su parte, el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones.
Podrán decir que no intervienen “glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria”. (Sólo del lado argentino de Veladero hay más de cuarenta de estos glaciares).
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege. Es decir que resulta preferible, para eventuales acciones judiciales que busquen la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que no exista ninguna norma antes que la sancionada por el Senado.
De modo que podrá haber proyectos o actividades sobre glaciares y zonas de influencia. En la actualidad las mineras realizan tareas de exploración sobre los glaciares, prospectando yacimientos o buscando agua para su actividad.
La hipótesis que las actividades de la gran minería se desarrollen sobre glaciares o ambiente periglacial no es una presunción descabellada. Barrick iba a reventar tres glaciares chilenos que no los consideraba como tales sino cuerpos de hielo de no más de 20 años de antigüedad. Con ese criterio defendía su aberrante informe de impacto ambiental porque no “había intervenido glaciares sino cuerpos de hielo”. Con esta ley el camino le queda abierto (del lado argentino, al menos).
En la ocasión a la que hacemos referencia Barrick le terminó reconociendo al Consejo Regional de Medio Ambiente de Chile (COREMA) que los hielos intervenidos eran glaciares y que está dispuesta a perder una millonada de onzas de oro porque justamente hay metal abundante debajo de esos glaciares. Entonces hubo asesores del Estado chileno que le pidieron a la transnacional que utilice socavones debajo de los glaciares, mediante galerías, y que evite trabajar en la zona glaciar con el sistema a cielo abierto; Barrick contestó que "el proyecto Pascua Lama imposibilita utilizar minería subterránea." (Cosa que nosotros ya sabemos, largamente).
En síntesis, la ley Filmus se atribuye modificaciones técnicas -bajo solapa- superadoras de la ley vetada; sin embargo cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Estamos convencidos que hay un fundamento ideológico que debe servir como base central para rechazar el proyecto del senador Filmus, ahora con media sanción. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
* MACH-RENACE. Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
** Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista (AAdeAA)
Acuerdo para el desarrollo minero de Santa Cruz
Acuerdo para el desarrollo minero de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 24/10/2009
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El secretario de Minería, Jorge Mayoral, y Miguel Angel Ferro de Fomicruz, firmaron un “acuerdo marco de cooperación y asistencia técnica” para promover el desarrollo minero en la provincia. El objeto es impulsar investigaciones científicas, ejecución de programas de formación y capacitación, como así también proyectos de transferencias económicas, entre otros temas relacionados con la actividad minera.
El Gobierno nacional y la empresa minera pública Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz) celebraron ayer un Acuerdo Marco de cooperación y asistencia técnica para promover el desarrollo minero en la provincia.
El mismo fue rubricado por el secretario de Minería de la Nación y presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Jorge Mayoral, y el presidente de Fomicruz, Miguel Angel Ferro, durante la realización de un encuentro interdisciplinario convocado por el organismo minero nacional para abordar temáticas relacionadas a la actividad minera en el país.
El acuerdo entre el SEGEMAR y la minera estatal santacruceña tiene por objeto vincular a las entidades a los efectos de impulsar programas de cooperación y asistencia técnica en los campos de la investigación, educación y tecnologías para la geología y la minería.
Investigaciones científicas, intercambio de investigadores y técnicos, ejecución de programas de formación y capacitación, desarrollo conjunto de estudios sobre recursos minerales, elaboración de proyectos de transferencia tecnológica, informatización de laboratorios y sistemas de calidad son algunas de las actividades que comprende el convenio.
“Buscamos coordinar acciones en conjunto entre los organismos y entidades públicas de nuestro país, para potenciar la experiencia y el conocimiento científico técnico, a fin de contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades de producción nacional que generen más empleo y mejor calidad de vida para muchas de nuestras comunidades”, señaló el secretario Mayoral sobre el acuerdo. Destacaron desde el organismo nacional que, en ese sentido, Fomicruz participa activamente en el sector minero regional, promoviendo el desarrollo integral y sustentable de los recursos minerales provinciales.
Acuerdos de capacitación
Días atrás, el titular de Fomicruz, Miguel Angel Ferro, y el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, como así también el presidente de Estelar Resources Limitada, empresa que comenzará a desarrollar sus actividades mineras en Cerro Moro, cercano a la localidad portuaria, dieron una charla abierta en la sede del Municipio para explicar cómo es la tarea actual y cómo será la futura actividad minera en la región.
Esa charla abierta en la Sala San Martín del Municipio fue destacada por el titular de la minera estatal santacruceña, cuando refería por LU 12 Radio Río Gallegos que luego de dicha charla, se reunieron en la Cámara de Comercio local con los empresarios, donde el titular de la minera y el de Fomicruz firmaron un acta acuerdo con la Cámara de Comercio y afines, en la que la empresa se compromete a hacer sus compras en la localidad.
El proyecto firmado en la Cámara de Comercios incluye además la capacitación de personas interesadas y experimentadas para los trabajos mineros, “somos los primeros -en estos momentos- en la producción de oro y plata en el país, con un futuro muy promisorio en minería. Hemos creado 5000 puestos de trabajo, por eso es una actividad en crecimiento en toda la provincia y Puerto Deseado no puede quedar afuera de esta actividad, que mejorará la economía de la ciudad”, expresó Ferro a los medios de Puerto Deseado.
Dijo que se deberá seguir trabajando en Puerto Deseado, gente especializada en cada uno de los temas de minería, porque es necesario que la población pueda conocer acabadamente el tema y hemos pedido la participación de la comunidad, a los efectos de trabajar en conjunto con la empresa y que se realicen los controles que se quieran hacer.
Fecha de Publicación: 24/10/2009
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
El secretario de Minería, Jorge Mayoral, y Miguel Angel Ferro de Fomicruz, firmaron un “acuerdo marco de cooperación y asistencia técnica” para promover el desarrollo minero en la provincia. El objeto es impulsar investigaciones científicas, ejecución de programas de formación y capacitación, como así también proyectos de transferencias económicas, entre otros temas relacionados con la actividad minera.
El Gobierno nacional y la empresa minera pública Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz) celebraron ayer un Acuerdo Marco de cooperación y asistencia técnica para promover el desarrollo minero en la provincia.
El mismo fue rubricado por el secretario de Minería de la Nación y presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Jorge Mayoral, y el presidente de Fomicruz, Miguel Angel Ferro, durante la realización de un encuentro interdisciplinario convocado por el organismo minero nacional para abordar temáticas relacionadas a la actividad minera en el país.
El acuerdo entre el SEGEMAR y la minera estatal santacruceña tiene por objeto vincular a las entidades a los efectos de impulsar programas de cooperación y asistencia técnica en los campos de la investigación, educación y tecnologías para la geología y la minería.
Investigaciones científicas, intercambio de investigadores y técnicos, ejecución de programas de formación y capacitación, desarrollo conjunto de estudios sobre recursos minerales, elaboración de proyectos de transferencia tecnológica, informatización de laboratorios y sistemas de calidad son algunas de las actividades que comprende el convenio.
“Buscamos coordinar acciones en conjunto entre los organismos y entidades públicas de nuestro país, para potenciar la experiencia y el conocimiento científico técnico, a fin de contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades de producción nacional que generen más empleo y mejor calidad de vida para muchas de nuestras comunidades”, señaló el secretario Mayoral sobre el acuerdo. Destacaron desde el organismo nacional que, en ese sentido, Fomicruz participa activamente en el sector minero regional, promoviendo el desarrollo integral y sustentable de los recursos minerales provinciales.
Acuerdos de capacitación
Días atrás, el titular de Fomicruz, Miguel Angel Ferro, y el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, como así también el presidente de Estelar Resources Limitada, empresa que comenzará a desarrollar sus actividades mineras en Cerro Moro, cercano a la localidad portuaria, dieron una charla abierta en la sede del Municipio para explicar cómo es la tarea actual y cómo será la futura actividad minera en la región.
Esa charla abierta en la Sala San Martín del Municipio fue destacada por el titular de la minera estatal santacruceña, cuando refería por LU 12 Radio Río Gallegos que luego de dicha charla, se reunieron en la Cámara de Comercio local con los empresarios, donde el titular de la minera y el de Fomicruz firmaron un acta acuerdo con la Cámara de Comercio y afines, en la que la empresa se compromete a hacer sus compras en la localidad.
El proyecto firmado en la Cámara de Comercios incluye además la capacitación de personas interesadas y experimentadas para los trabajos mineros, “somos los primeros -en estos momentos- en la producción de oro y plata en el país, con un futuro muy promisorio en minería. Hemos creado 5000 puestos de trabajo, por eso es una actividad en crecimiento en toda la provincia y Puerto Deseado no puede quedar afuera de esta actividad, que mejorará la economía de la ciudad”, expresó Ferro a los medios de Puerto Deseado.
Dijo que se deberá seguir trabajando en Puerto Deseado, gente especializada en cada uno de los temas de minería, porque es necesario que la población pueda conocer acabadamente el tema y hemos pedido la participación de la comunidad, a los efectos de trabajar en conjunto con la empresa y que se realicen los controles que se quieran hacer.
Iglesia contra la minería a cielo abierto
La Iglesia se pronuncia contra la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 22/10/2009
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Chubut
El obispado de Comodoro Rivadavia publicó hoy un documento en el que se opone a “la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz".
La Iglesia expresó hoy "preocupación" por la explotación minera a cielo abierto y rechazó el uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo "poder de contaminación y producción de desechos", advirtió, traen "efectos devastadores" en los bienes naturales.
"La minería no es la única salida económica para la meseta patagónica, tanto más que es una solución no sostenible en el tiempo. Necesitamos promover actividades genuinas, legales, acordes al lugar, respetuosas del medio ambiente y de largo alcance", reclamó en un documento el obispado de Comodoro Rivadavia.
El texto con "preocupaciones" y "propuestas" fue remitido a las autoridades provinciales por el obispo Virginio Bressanelli, y los integrantes de las comisiones diocesanas de Pastoral Social y de Pastoral Aborigen.
El prelado chubutense transmitió a los tres poderes del Estado provincial la oposición de la Iglesia "a la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz".
Tras recordar que se trata de "bienes esenciales a la vida humana y al adecuado desarrollo de la misma en armonía con la naturaleza", aseguró que "cada persona y todas las generaciones tanto actuales como futuras" tienen derecho a esos bienes.
El obispado manifestó "preocupación" por los excesos en perjuicio del medio ambiente que cometieron empresas mineras, la utilización indiscriminada del uso del agua, el uso de químicos tóxicos y el pasivo ambiental, y la alteración del hábitat de las comunidades aborígenes.
También cuestionó el "escaso beneficio económico" que la explotación minera genera para la provincia, la inadecuada legislación minera, y la ausencia de información "completa" y de debate público entre los funcionarios y legisladores que deben tomar decisiones en este sentido.
La Iglesia chubutense aclaró, sin embargo, que "no se opone a la actividad minera en sí, que, en determinadas condiciones y con determinadas tecnologías, suministran muchos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema económico y social" del país y la provincia.
Para afrontar esta situación, Bressaneli y las comisiones diocesanas propusieron implementar una red de monitoreo ambiental y demandaron que se realicen estudios epidemiológicos para determinar las enfermedades y causas de muerte en zonas mineras, a fin de aplicar las correcciones necesarias e incluso suspender actividades que amenacen la salud y la vida de las personas.
Asimismo, reclamaron al gobierno chubutense velar por la preservación de los modos de vida propios de las comunidades indígenas, formalizar el principio del agua como derecho de todo ciudadano, y regular y defender las cuencas acuíferas superficiales y subterráneas, impidiendo el uso y derroche de agua dulce en emprendimientos mineros o afines.
La Iglesia hizo estas observaciones ante las "recurrentes versiones" de un posible incremento de la exploración y explotación minera en la provincia del Chubut.
Fecha de Publicación: 22/10/2009
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Chubut
El obispado de Comodoro Rivadavia publicó hoy un documento en el que se opone a “la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz".
La Iglesia expresó hoy "preocupación" por la explotación minera a cielo abierto y rechazó el uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo "poder de contaminación y producción de desechos", advirtió, traen "efectos devastadores" en los bienes naturales.
"La minería no es la única salida económica para la meseta patagónica, tanto más que es una solución no sostenible en el tiempo. Necesitamos promover actividades genuinas, legales, acordes al lugar, respetuosas del medio ambiente y de largo alcance", reclamó en un documento el obispado de Comodoro Rivadavia.
El texto con "preocupaciones" y "propuestas" fue remitido a las autoridades provinciales por el obispo Virginio Bressanelli, y los integrantes de las comisiones diocesanas de Pastoral Social y de Pastoral Aborigen.
El prelado chubutense transmitió a los tres poderes del Estado provincial la oposición de la Iglesia "a la megaminería o minería a cielo abierto, con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores de los bienes naturales como el agua, el suelo, el aire y la luz".
Tras recordar que se trata de "bienes esenciales a la vida humana y al adecuado desarrollo de la misma en armonía con la naturaleza", aseguró que "cada persona y todas las generaciones tanto actuales como futuras" tienen derecho a esos bienes.
El obispado manifestó "preocupación" por los excesos en perjuicio del medio ambiente que cometieron empresas mineras, la utilización indiscriminada del uso del agua, el uso de químicos tóxicos y el pasivo ambiental, y la alteración del hábitat de las comunidades aborígenes.
También cuestionó el "escaso beneficio económico" que la explotación minera genera para la provincia, la inadecuada legislación minera, y la ausencia de información "completa" y de debate público entre los funcionarios y legisladores que deben tomar decisiones en este sentido.
La Iglesia chubutense aclaró, sin embargo, que "no se opone a la actividad minera en sí, que, en determinadas condiciones y con determinadas tecnologías, suministran muchos bienes necesarios para el funcionamiento del sistema económico y social" del país y la provincia.
Para afrontar esta situación, Bressaneli y las comisiones diocesanas propusieron implementar una red de monitoreo ambiental y demandaron que se realicen estudios epidemiológicos para determinar las enfermedades y causas de muerte en zonas mineras, a fin de aplicar las correcciones necesarias e incluso suspender actividades que amenacen la salud y la vida de las personas.
Asimismo, reclamaron al gobierno chubutense velar por la preservación de los modos de vida propios de las comunidades indígenas, formalizar el principio del agua como derecho de todo ciudadano, y regular y defender las cuencas acuíferas superficiales y subterráneas, impidiendo el uso y derroche de agua dulce en emprendimientos mineros o afines.
La Iglesia hizo estas observaciones ante las "recurrentes versiones" de un posible incremento de la exploración y explotación minera en la provincia del Chubut.
Estándares internacionales para el Riachuelo
Exigen estándares internacionales en la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/10/2009
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la implementación de un sistema de medición de objetivos que ordenó la Corte Suprema el año pasado. El Juzgado Federal de Quilmes intimó a ACUMAR a adecuar las tareas de mejora ambiental a esas pautas antes de fin de año.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) intensificar las acciones para implementar un sistema internacional de medición de cumplimiento objetivos, esto es la aplicación de un estándar reconocido que permita mostrar los avances alcanzados en el saneamiento de esa cuenca hídrica y facilitar así el control judicial de esas actividades.
Para ello, Armella ordenó a ACUMAR presentar un proyecto antes del 31 de diciembre próximo, para adecuar las reglas de medición a un estándar internacional, teniendo en cuenta el Plan Integral de Saneamiento Ambiental elaborado por ese juzgado, bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables.
En concreto, deberá ingresar un plan que contemple de un modo sistémico las acciones a realizar, un mecanismo de medición de los objetivos impuestos por la Corte Suprema para el saneamiento de la cuenca y un sistema de información pública integrado.
Sucede que de los informes presentados por ACUMAR sobre los avances en la puesta de funcionamiento de pautas de medición no surge con “claridad” en qué punto de ejecución se encuentra esa exigencia, según Armella.
Así también lo entendió el Defensor del Pueblo de la Nación, a quien el juez Armella le corrió traslado de las presentaciones de ACUMAR. “No resulta posible tener por cumplida la manda judicial dado que de las distintas propuestas presentadas en esta ejecución de sentencia no se puede verificar congruencia entre ellas, y si por el contrario se denota un empobrecimiento de la calidad de medición pues el enfoque metodológico es más restrictivo”, sostuvo el ombudsman.
La instauración de pautas de medición fue una de las exigencias de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenó en general aplicar políticas públicas concretas de saneamiento ambiental en el Riachuelo y dejó en manos del juez federal de Quilmes la ejecución de esa sentencia.
Fecha de Publicación: 22/10/2009
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la implementación de un sistema de medición de objetivos que ordenó la Corte Suprema el año pasado. El Juzgado Federal de Quilmes intimó a ACUMAR a adecuar las tareas de mejora ambiental a esas pautas antes de fin de año.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) intensificar las acciones para implementar un sistema internacional de medición de cumplimiento objetivos, esto es la aplicación de un estándar reconocido que permita mostrar los avances alcanzados en el saneamiento de esa cuenca hídrica y facilitar así el control judicial de esas actividades.
Para ello, Armella ordenó a ACUMAR presentar un proyecto antes del 31 de diciembre próximo, para adecuar las reglas de medición a un estándar internacional, teniendo en cuenta el Plan Integral de Saneamiento Ambiental elaborado por ese juzgado, bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables.
En concreto, deberá ingresar un plan que contemple de un modo sistémico las acciones a realizar, un mecanismo de medición de los objetivos impuestos por la Corte Suprema para el saneamiento de la cuenca y un sistema de información pública integrado.
Sucede que de los informes presentados por ACUMAR sobre los avances en la puesta de funcionamiento de pautas de medición no surge con “claridad” en qué punto de ejecución se encuentra esa exigencia, según Armella.
Así también lo entendió el Defensor del Pueblo de la Nación, a quien el juez Armella le corrió traslado de las presentaciones de ACUMAR. “No resulta posible tener por cumplida la manda judicial dado que de las distintas propuestas presentadas en esta ejecución de sentencia no se puede verificar congruencia entre ellas, y si por el contrario se denota un empobrecimiento de la calidad de medición pues el enfoque metodológico es más restrictivo”, sostuvo el ombudsman.
La instauración de pautas de medición fue una de las exigencias de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenó en general aplicar políticas públicas concretas de saneamiento ambiental en el Riachuelo y dejó en manos del juez federal de Quilmes la ejecución de esa sentencia.
UNRC rechazó los fondos mineros
La UNRC rechazó los fondos mineros de La Alumbrera
Fecha de Publicación: 21/10/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la primera en el país que se niega.
Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se convirtió ayer en la primera casa de estudios del país en rechazar los fondos provenientes de las empresas que explotan la mina La Alumbrera, en Catamarca.
“La educación superior es un bien público y social y no puede ser puesta, desde el mismo sistema universitario, a merced de la mercantilización y una virtual privatización, toda vez que está asumiendo una lógica creciente de desfinanciamiento estatal”, dice el despacho de comisión, aprobado por 12 votos contra ocho, en la sesión de ayer del Consejo Superior.
Tras afirmar que la mina genera “dramas ambientales”, el dictamen advierte: “No puede darnos lo mismo recibir una partida presupuestaria por las vías normales y habituales, que la presente situación, inclusiva planteada como grave e irregular nada menos que por un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel”.
La UNRC rechazó 1.237.786 pesos (esto es menos del 10 por ciento del gasto en sueldos), que terminarían redistribuidos en otras universidades.
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad) repartió este año 86 millones de pesos. Un 60 por ciento fueron para la provincia de Catamarca; 20 por ciento para la Universidad de Tucumán y el resto correspondería, por ley, a las demás universidades.
Unas 23 universidades aceptaron los fondos. En Córdoba, ya los incorporó la Universidad Nacional de Villa María.
Spada, a favor. El rector Oscar Spada perdió la votación pero destacó el debate. Él era partidario de aceptar los fondos a tono con lo dispuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de acuerdo a lo fijado por ley.
Para el rechazo de los recursos, fue decisivo el voto de los consiliarios estudiantiles, quienes consideran probada la contaminación e impulsan abrir la discusión sobre los acuerdos universitarios con laboratorios multinacionales, el “fondo verde” y el glifosato.
Además, el Consejo Superior de la UNRC confirió mandato al rector para que gestione ante el Consejo Interuniversitario Nacional “se promueva la reforma de la ley 14.771, para que se elimine la posibilidad de explotaciones a cielo abierto”.
Y le encomendó que, también a través del consejo de rectores, procure la constitución de fondos que garanticen el presupuesto universitario, con los debidos controles en origen.
Fecha de Publicación: 21/10/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la primera en el país que se niega.
Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se convirtió ayer en la primera casa de estudios del país en rechazar los fondos provenientes de las empresas que explotan la mina La Alumbrera, en Catamarca.
“La educación superior es un bien público y social y no puede ser puesta, desde el mismo sistema universitario, a merced de la mercantilización y una virtual privatización, toda vez que está asumiendo una lógica creciente de desfinanciamiento estatal”, dice el despacho de comisión, aprobado por 12 votos contra ocho, en la sesión de ayer del Consejo Superior.
Tras afirmar que la mina genera “dramas ambientales”, el dictamen advierte: “No puede darnos lo mismo recibir una partida presupuestaria por las vías normales y habituales, que la presente situación, inclusiva planteada como grave e irregular nada menos que por un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel”.
La UNRC rechazó 1.237.786 pesos (esto es menos del 10 por ciento del gasto en sueldos), que terminarían redistribuidos en otras universidades.
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad) repartió este año 86 millones de pesos. Un 60 por ciento fueron para la provincia de Catamarca; 20 por ciento para la Universidad de Tucumán y el resto correspondería, por ley, a las demás universidades.
Unas 23 universidades aceptaron los fondos. En Córdoba, ya los incorporó la Universidad Nacional de Villa María.
Spada, a favor. El rector Oscar Spada perdió la votación pero destacó el debate. Él era partidario de aceptar los fondos a tono con lo dispuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de acuerdo a lo fijado por ley.
Para el rechazo de los recursos, fue decisivo el voto de los consiliarios estudiantiles, quienes consideran probada la contaminación e impulsan abrir la discusión sobre los acuerdos universitarios con laboratorios multinacionales, el “fondo verde” y el glifosato.
Además, el Consejo Superior de la UNRC confirió mandato al rector para que gestione ante el Consejo Interuniversitario Nacional “se promueva la reforma de la ley 14.771, para que se elimine la posibilidad de explotaciones a cielo abierto”.
Y le encomendó que, también a través del consejo de rectores, procure la constitución de fondos que garanticen el presupuesto universitario, con los debidos controles en origen.
La Alumbrera contamina con uranio
La prueba oficial que La Alumbrera contamina con uranio
Fecha de Publicación: 21/10/2009
Fuente: Catamarca es Noticia
Provincia/Región: Catamarca
En los últimos días se ha conocido un Informe Técnico Pericial sobre el estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá, producido en Agosto de 2008 por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Nacional) que es el brazo técnico del secretario de Minería Jorge Mayoral, ordenado por el Juzgado Federal de Catamarca.
Esto en el marco de una denuncia por contaminación contra la minera, formulada en el 2004 por las familias Casas y Flores, quienes debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas de dicho río, dos kilómentros más abajo del dique de cola.
El Informe de marras (VER INFORME) sigue en poder del juez y del fiscal Federal de Catamarca desde hace más de un año, sin que se conocieran a la fecha nuevas medidas procesales de parte de los funcionarios judiciales.
Este Informe del SEGEMAR está hecho para liberar de toda responsabilidad a Minera Alumbrera de su actividad contaminante, ése es su principal objetivo. Es incompleto, mendaz y tendencioso por donde se lo mire. Sin embargo, los técnicos firmantes Ferpozzi y Herrero, no pudieron ocultar la composición química de los sedimentos presentes en la cuenca inferior del río Vis Vis, pues han quedado los registros del laboratorio que les prestó asistencia técnica.
El informe, dice en el párrafo segundo: “Para la situación evaluada en agosto-noviembre de 2007, en la cuenca inferior y respecto de la línea de base, los sedimentos de corriente fluvial del cauce del río Vis Vis, están enriquecidos en Ag (plata), Al (aluminio), As (arsénico), Au (oro), Ba (bario), Be (berilio, Bi (bismuto), Br (bromo), Ca (calcio). Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Ga (galio), Gd (gadolinio), Ho (holmio), Lu (lutecio), Mg (magnesio), Mo (molibdeno), Na (sodio), Nb (niobio), Pb (plomo), Pr (praseodimio), S (azufre), Sb (antimonio), Sr (estroncio), Ta (tantalio), Ti (titanio), Tl (talio), V (vanadio), W (volframio), Zn (cinc), Zr (circonio). Esta asociación de elementos alcalinos, tierras raras, U (URANIO) y Th (torio), en alto grado, se deriva de los silicatos minerales de rocas de composición ácida (Granito de Belén) y de los elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Mo) típicos de mineralizaciones tipo pórfido de Cobre y de los sulfuros metálicos hidrotermales que la acompañan.”
En el párrafo anterior, dice el Informe que en la cuenca superior y media del cauce del río Vis Vis, en cambio, los sedimentos de corriente fluvial están “empobrecidos” (menor concentración que en la línea de base). ¿Cómo es esto, de repente, de la nada, a partir de la denominada por los técnicos “línea de base”, aparecen gran cantidad de minerales que no están en el lecho ni en los sedimentos del río aguas arriba?
Lo más probable es que en los últimos años, el mineraloducto se haya roto una o más veces y el barro mineral volcado sobre el curso inferior del Río, y que esos episodios no fueran conocidos por la permanente acción de ocultamiento informativo en que incurre Minera Alumberra. Las circunstancias carecen de relevancia, lo importante es el reconocimiento de la presencia de esos minerales pesados o radioactivos, que no pudieron salir de otro lado sino de la mina.
Por primera vez en quince años, una voz oficial y cómplice de las mineras, el SEGEMAR, también reconoce la presencia de decenas de minerales que transporta el mineraloducto, información celosamente silenciada ante la ciudadanía y ante la AFIP, en el momento de su exportación. Entre ellos, la existencia de URANIO y TORIO, ambos radioactivos, EN ALTO GRADO.
El uranio, entre otros contaminantes, es lo que contiene el polvo diseminado por las explosiones en la mina, que sigue cubriendo los valles cercanos, Andalgalá y Belén y otros pueblos. Es uranio también lo que está contaminando la provincia de Tucumán, en toda la cuenca del río Salí-Dulce. Y es lo que va quedando también en el Dique de cola, que va a aflorar aguas abajo por el río Vis Vis cuando la Minera se vaya, por falta del tratamiento para evitar que suba el PH en sus aguas.
Es contaminación radiactiva y se agrava por el proceso de acumulación. Cada día que pasa se agregan al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, y están dispersas en el aire, enormes cantidades de uranio natural, además de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, etc que contaminarán por miles de años toda la región.
Una cosa es el uranio u otros metales en estado natural que en forma paulatina se movieron durante cinco millones de años por la acción de los agentes naturales; otra cosa muy diferente, es que en escasos quince años, se remuevan con explosiones esos metales iniciando un violento proceso de contaminación radiactiva por acumulación. Su mayor concentración lo hace extremadamente peligroso para la vida de las personas, animales y plantas, registrando presencia en las aguas y en los alimentos.
El uranio y sus isótopos es lo que produce la gran cantidad de enfermos y muertos por cáncer.
Entonces la vida de la población cercana a la mina en la provincia de Catamarca y también en Tucumán por el mineraloducto, depende de la suerte, que no inhale o ingiera las micropartículas de uranio y otros minerales contaminantes.
Pero el descalabro no termina allí. Sospechosamente, ninguna ley nacional contempla penalidades para quienes contaminen con materiales o residuos radioactivos. Por lo tanto, en el país, hay un vacío legal en cuanto a los elementos y residuos radioactivos, en sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana.
Andalgalá va a desaparecer si es abandonada a su suerte, máxime teniendo en cuenta que la mina Agua Rica, tres veces más grande, tiene la misma composición de minerales que La Alumbrera.
Fecha de Publicación: 21/10/2009
Fuente: Catamarca es Noticia
Provincia/Región: Catamarca
En los últimos días se ha conocido un Informe Técnico Pericial sobre el estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá, producido en Agosto de 2008 por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Nacional) que es el brazo técnico del secretario de Minería Jorge Mayoral, ordenado por el Juzgado Federal de Catamarca.
Esto en el marco de una denuncia por contaminación contra la minera, formulada en el 2004 por las familias Casas y Flores, quienes debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas de dicho río, dos kilómentros más abajo del dique de cola.
El Informe de marras (VER INFORME) sigue en poder del juez y del fiscal Federal de Catamarca desde hace más de un año, sin que se conocieran a la fecha nuevas medidas procesales de parte de los funcionarios judiciales.
Este Informe del SEGEMAR está hecho para liberar de toda responsabilidad a Minera Alumbrera de su actividad contaminante, ése es su principal objetivo. Es incompleto, mendaz y tendencioso por donde se lo mire. Sin embargo, los técnicos firmantes Ferpozzi y Herrero, no pudieron ocultar la composición química de los sedimentos presentes en la cuenca inferior del río Vis Vis, pues han quedado los registros del laboratorio que les prestó asistencia técnica.
El informe, dice en el párrafo segundo: “Para la situación evaluada en agosto-noviembre de 2007, en la cuenca inferior y respecto de la línea de base, los sedimentos de corriente fluvial del cauce del río Vis Vis, están enriquecidos en Ag (plata), Al (aluminio), As (arsénico), Au (oro), Ba (bario), Be (berilio, Bi (bismuto), Br (bromo), Ca (calcio). Cs (cesio), Cu (cobre), Dy (disprosio), Er (erbio), Ga (galio), Gd (gadolinio), Ho (holmio), Lu (lutecio), Mg (magnesio), Mo (molibdeno), Na (sodio), Nb (niobio), Pb (plomo), Pr (praseodimio), S (azufre), Sb (antimonio), Sr (estroncio), Ta (tantalio), Ti (titanio), Tl (talio), V (vanadio), W (volframio), Zn (cinc), Zr (circonio). Esta asociación de elementos alcalinos, tierras raras, U (URANIO) y Th (torio), en alto grado, se deriva de los silicatos minerales de rocas de composición ácida (Granito de Belén) y de los elementos metálicos (Au, Ag, Cu, Mo) típicos de mineralizaciones tipo pórfido de Cobre y de los sulfuros metálicos hidrotermales que la acompañan.”
En el párrafo anterior, dice el Informe que en la cuenca superior y media del cauce del río Vis Vis, en cambio, los sedimentos de corriente fluvial están “empobrecidos” (menor concentración que en la línea de base). ¿Cómo es esto, de repente, de la nada, a partir de la denominada por los técnicos “línea de base”, aparecen gran cantidad de minerales que no están en el lecho ni en los sedimentos del río aguas arriba?
Lo más probable es que en los últimos años, el mineraloducto se haya roto una o más veces y el barro mineral volcado sobre el curso inferior del Río, y que esos episodios no fueran conocidos por la permanente acción de ocultamiento informativo en que incurre Minera Alumberra. Las circunstancias carecen de relevancia, lo importante es el reconocimiento de la presencia de esos minerales pesados o radioactivos, que no pudieron salir de otro lado sino de la mina.
Por primera vez en quince años, una voz oficial y cómplice de las mineras, el SEGEMAR, también reconoce la presencia de decenas de minerales que transporta el mineraloducto, información celosamente silenciada ante la ciudadanía y ante la AFIP, en el momento de su exportación. Entre ellos, la existencia de URANIO y TORIO, ambos radioactivos, EN ALTO GRADO.
El uranio, entre otros contaminantes, es lo que contiene el polvo diseminado por las explosiones en la mina, que sigue cubriendo los valles cercanos, Andalgalá y Belén y otros pueblos. Es uranio también lo que está contaminando la provincia de Tucumán, en toda la cuenca del río Salí-Dulce. Y es lo que va quedando también en el Dique de cola, que va a aflorar aguas abajo por el río Vis Vis cuando la Minera se vaya, por falta del tratamiento para evitar que suba el PH en sus aguas.
Es contaminación radiactiva y se agrava por el proceso de acumulación. Cada día que pasa se agregan al suelo, a las aguas superficiales y subterráneas, y están dispersas en el aire, enormes cantidades de uranio natural, además de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, etc que contaminarán por miles de años toda la región.
Una cosa es el uranio u otros metales en estado natural que en forma paulatina se movieron durante cinco millones de años por la acción de los agentes naturales; otra cosa muy diferente, es que en escasos quince años, se remuevan con explosiones esos metales iniciando un violento proceso de contaminación radiactiva por acumulación. Su mayor concentración lo hace extremadamente peligroso para la vida de las personas, animales y plantas, registrando presencia en las aguas y en los alimentos.
El uranio y sus isótopos es lo que produce la gran cantidad de enfermos y muertos por cáncer.
Entonces la vida de la población cercana a la mina en la provincia de Catamarca y también en Tucumán por el mineraloducto, depende de la suerte, que no inhale o ingiera las micropartículas de uranio y otros minerales contaminantes.
Pero el descalabro no termina allí. Sospechosamente, ninguna ley nacional contempla penalidades para quienes contaminen con materiales o residuos radioactivos. Por lo tanto, en el país, hay un vacío legal en cuanto a los elementos y residuos radioactivos, en sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana.
Andalgalá va a desaparecer si es abandonada a su suerte, máxime teniendo en cuenta que la mina Agua Rica, tres veces más grande, tiene la misma composición de minerales que La Alumbrera.
Gualeguaychú dice sí a hinchas y no a votantes
Gualeguaychú dice sí a hinchas y no a votantes
Fecha de Publicación: 20/10/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La posibilidad que tuvieron los hinchas de la selección argentina, el miércoles pasado, de cruzar por el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos no será compartida por los uruguayos que quieran ir a votar el domingo en las elecciones presidenciales de su país.
La autodenominada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú anunció ayer que mantendrá el corte de la ruta 136, en el punto conocido como Arroyo Verde, a 14 kilómetros de la cabecera argentina del enlace vial.
"Se decidió casi por unanimidad de la asamblea no flexibilizar el corte", confirmó anoche el asambleísta Jorge Fritzler a LA NACION.
De ese modo, el cierre del enlace vial, que comenzó el 20 de noviembre de 2006, en protesta contra la instalación de la fábrica de pasta de celulosa Botnia, no será levantado como el miércoles pasado. Ese día los hinchas argentinos pudieron cruzar por ese paso para asistir al partido de la selección contra Uruguay.
Para los asambleístas, la responsabilidad cívica de votar no es un argumento de peso. "Son eventos [las elecciones y el partido] totalmente distintos", justificó Fritzler.
"Además, el gobierno argentino les ha dado tres días de asueto a los uruguayos [que trabajan en el país] para que puedan ir a votar. Y pueden pasar por Colón, Concordia; cruzar con las lanchas del Tigre o por Buquebús", agregó el asambleísta.
Fecha de Publicación: 20/10/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La posibilidad que tuvieron los hinchas de la selección argentina, el miércoles pasado, de cruzar por el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos no será compartida por los uruguayos que quieran ir a votar el domingo en las elecciones presidenciales de su país.
La autodenominada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú anunció ayer que mantendrá el corte de la ruta 136, en el punto conocido como Arroyo Verde, a 14 kilómetros de la cabecera argentina del enlace vial.
"Se decidió casi por unanimidad de la asamblea no flexibilizar el corte", confirmó anoche el asambleísta Jorge Fritzler a LA NACION.
De ese modo, el cierre del enlace vial, que comenzó el 20 de noviembre de 2006, en protesta contra la instalación de la fábrica de pasta de celulosa Botnia, no será levantado como el miércoles pasado. Ese día los hinchas argentinos pudieron cruzar por ese paso para asistir al partido de la selección contra Uruguay.
Para los asambleístas, la responsabilidad cívica de votar no es un argumento de peso. "Son eventos [las elecciones y el partido] totalmente distintos", justificó Fritzler.
"Además, el gobierno argentino les ha dado tres días de asueto a los uruguayos [que trabajan en el país] para que puedan ir a votar. Y pueden pasar por Colón, Concordia; cruzar con las lanchas del Tigre o por Buquebús", agregó el asambleísta.
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