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Familia Macri: No destruyas los bosques en Salta
11:16 | 
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Si no actuás ahora, los Macri van a destruir 14 mil hectáreas de bosques nativos en Salta, el equivalente a más de la mitad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer negocios agropecuarios. Estos empresarios sabían que la Ley de Bosques no permite desmontar en esa zona pero, aún así, solicitaron al Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, un permiso para hacerlo, violando la ley nacional.
Junto al Grupo Macri, de los que Franco y Mauricio son accionistas, otros empresarios, también en complicidad con el gobierno salteño, planean desmontar zonas protegidas, enriqueciéndose a costa de destruir uno de nuestros recursos más valiosos.
Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Escribiles ahora a Franco Macri, Mauricio Macri, Aldo Navilli, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas, Alejandro Roggio, João Pereira Coutinho, Bruno Mauricio Varela Marín, Martín Laplacette y Andrés von Buch Arnaldo Hasenclever y pediles que cancelen sus planes de destruir nuestros bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques. Completá este formulario para enviarles una carta con este reclamo.
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Junto al Grupo Macri, de los que Franco y Mauricio son accionistas, otros empresarios, también en complicidad con el gobierno salteño, planean desmontar zonas protegidas, enriqueciéndose a costa de destruir uno de nuestros recursos más valiosos.
Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Escribiles ahora a Franco Macri, Mauricio Macri, Aldo Navilli, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas, Alejandro Roggio, João Pereira Coutinho, Bruno Mauricio Varela Marín, Martín Laplacette y Andrés von Buch Arnaldo Hasenclever y pediles que cancelen sus planes de destruir nuestros bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques. Completá este formulario para enviarles una carta con este reclamo.
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Bizcochos 9 de Oro: no destruyan nuestros bosques
Nuestros bosques nativos están en peligro. En Salta, los dueños de los Bizcochos 9 de Oro están por desmontar una estancia con más de 6.000 hectáreas protegidas con el permiso del gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, en clara violación a la Ley de Bosques.
A pesar de que la finca está está ubicada en una zona de bosques protegidos sus propietarios solicitaron al gobernador Urtubey que autorice allí el avance de topadoras para agricultura y ganadería. Este desmonte no sólo afectará a la vegetación y fauna de la región sino también a las comunidades indígenas locales que dependen de los bosques para vivir.
En Salta ya perdimos más de 100.000 hectáreas protegidas por una ley que votamos 1 millón y medio de argentinos. Escribile ahora Aldo Adriano Navilli, dueño de los Bizcochos 9 de Oro y pedile que no desmonte en zonas protegidas por la Ley de Bosques. Completá el formulario a continuación para enviarle un mail con este reclamo
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A pesar de que la finca está está ubicada en una zona de bosques protegidos sus propietarios solicitaron al gobernador Urtubey que autorice allí el avance de topadoras para agricultura y ganadería. Este desmonte no sólo afectará a la vegetación y fauna de la región sino también a las comunidades indígenas locales que dependen de los bosques para vivir.
En Salta ya perdimos más de 100.000 hectáreas protegidas por una ley que votamos 1 millón y medio de argentinos. Escribile ahora Aldo Adriano Navilli, dueño de los Bizcochos 9 de Oro y pedile que no desmonte en zonas protegidas por la Ley de Bosques. Completá el formulario a continuación para enviarle un mail con este reclamo
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Posiciones en defensa de la minería en el NOA
Firmes posiciones en defensa de la minería en la jornada regional
Fecha de Publicación: 10/10/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En la jornada de Ferinoa insistieron en que "muchos tocan de oído en el tema minero".
La jornada de minería que se desarrolló en el marco de la Ferinoa se prestó a interesantes exposiciones sobre la realidad actual y las perspectivas de los proyectos metalíferos y no metalíferos radicados en la región. Funcionarios, técnicos y operadores privados del NOA, la Nación y Chile tampoco desaprovecharon la oportunidad de levantar voces en defensa de una actividad que en los últimos tiempos recibió duros ataques y cuestionamientos.
Ayer, en la apertura del encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Limache, el ministro de Desarrollo Económico insistió en que "muchos tocan de oído el tema minero, desconociendo el avance tecnológico del sector y la situación de aquellos pueblos donde su única riqueza es el recurso minero".
A su turno, autoridades mineras de Salta, Jujuy y Catamarca aseguraron que emprendimientos radicados en la región se desarrollan bajo "estrictos controles ambientales".
Técnicos de la Secretaría de Minería de la Nación detallaron las condiciones tributarias del acuerdo de complementación minera argentino-chileno y aclararon que, lejos de lo que se escucha decir casi cotidianamente, los emprendimientos mineros tributan impuestos a las rentas o ganancias (con una alícuota del 35%) e IVA en las mismas condiciones que otros sectores de la economía.
En cuanto a los proyectos radicados en el país, se recalcó que "las colocaciones mineras también tributan entre un 5 y un 10% de derechos de exportación" dependiendo del valor agregado incorporado a la producción primaria.
Política de Estado
En este contexto, el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, afirmó que la actividad es "política de Estado" provincial y aseguró que los inversores tienen garantizadas aquí seguridad jurídica y un catastro ordenado.
En la misma línea, autoridades mineras de Jujuy y Catamarca destacaron que el NOA tiene un gran potencial en minerales y confiaron en que el sector experimentará un gran repunte en los próximos cinco años.
En el cierre de la jornada, el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, resaltó los avances de la exploración en el oeste provincial, donde promisorios proyectos de oro, cobre y plata se muestran encaminados a la etapa de producción, como Lindero (al sur de Arizaro) y Quevar (en las inmediaciones del salar de Pocitos).
En este contexto, Huidobro resaltó el "boom" de las exploraciones de litio, que cubre hoy todos los salares de Salta. Destacó las propiedades del litio, como mineral ambientalmente estratégico en las nuevas tecnologías que apuntan a dotar al mundo de pilas recargables y de fuentes de energía complementarias a las de los combustibles fósiles.
Sobre lo anterior, lamentó "los cuestionamientos infundados, la deformación de la realidad y el daño causado a la minería". "La gente puede estar tranquila y segura de que la minería es sustentable y que los actuales emprendimientos del sector se rigen por estrictas normas y controles".
Fecha de Publicación: 10/10/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En la jornada de Ferinoa insistieron en que "muchos tocan de oído en el tema minero".
La jornada de minería que se desarrolló en el marco de la Ferinoa se prestó a interesantes exposiciones sobre la realidad actual y las perspectivas de los proyectos metalíferos y no metalíferos radicados en la región. Funcionarios, técnicos y operadores privados del NOA, la Nación y Chile tampoco desaprovecharon la oportunidad de levantar voces en defensa de una actividad que en los últimos tiempos recibió duros ataques y cuestionamientos.
Ayer, en la apertura del encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Limache, el ministro de Desarrollo Económico insistió en que "muchos tocan de oído el tema minero, desconociendo el avance tecnológico del sector y la situación de aquellos pueblos donde su única riqueza es el recurso minero".
A su turno, autoridades mineras de Salta, Jujuy y Catamarca aseguraron que emprendimientos radicados en la región se desarrollan bajo "estrictos controles ambientales".
Técnicos de la Secretaría de Minería de la Nación detallaron las condiciones tributarias del acuerdo de complementación minera argentino-chileno y aclararon que, lejos de lo que se escucha decir casi cotidianamente, los emprendimientos mineros tributan impuestos a las rentas o ganancias (con una alícuota del 35%) e IVA en las mismas condiciones que otros sectores de la economía.
En cuanto a los proyectos radicados en el país, se recalcó que "las colocaciones mineras también tributan entre un 5 y un 10% de derechos de exportación" dependiendo del valor agregado incorporado a la producción primaria.
Política de Estado
En este contexto, el secretario de Minería de Salta, Ricardo Salas, afirmó que la actividad es "política de Estado" provincial y aseguró que los inversores tienen garantizadas aquí seguridad jurídica y un catastro ordenado.
En la misma línea, autoridades mineras de Jujuy y Catamarca destacaron que el NOA tiene un gran potencial en minerales y confiaron en que el sector experimentará un gran repunte en los próximos cinco años.
En el cierre de la jornada, el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, resaltó los avances de la exploración en el oeste provincial, donde promisorios proyectos de oro, cobre y plata se muestran encaminados a la etapa de producción, como Lindero (al sur de Arizaro) y Quevar (en las inmediaciones del salar de Pocitos).
En este contexto, Huidobro resaltó el "boom" de las exploraciones de litio, que cubre hoy todos los salares de Salta. Destacó las propiedades del litio, como mineral ambientalmente estratégico en las nuevas tecnologías que apuntan a dotar al mundo de pilas recargables y de fuentes de energía complementarias a las de los combustibles fósiles.
Sobre lo anterior, lamentó "los cuestionamientos infundados, la deformación de la realidad y el daño causado a la minería". "La gente puede estar tranquila y segura de que la minería es sustentable y que los actuales emprendimientos del sector se rigen por estrictas normas y controles".
Salta presentó ante la Corte el EIA
Salta presentó ante la Corte el estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y se levantó la prohibición al aprovechamiento forestal
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la prohibición de aprovechamiento forestal que regía en cuatro departamentos de la provincia de Salta, tras la presentación por parte del gobierno salteño de un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y la finalización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia bajo los criterios de la Ley de Bosques.
Los magistrados entendieron que “cabe establecer una diferencia entre los conceptos de tala, desmonte y aprovechamiento forestal". Entre otros argumentos, se resaltó que el aprovechamiento forestal tiene un impacto social importante por ser "altamente demandante de mano de obra con diferentes niveles de formación y capacitación". El Gobierno de Salta estimó que la actividad ocupa un total de 7.000 empleados.
Por su parte, las actividades de desmonte en los cuatro departamentos (Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria) seguirán suspendidas hasta tanto la Corte evalúe las presentaciones y se expida nuevamente.
La determinación se tomó tomando como base las conclusiones del estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación en la provincia, que se presentó ante la Corte el 6 de agosto pasado. En cuanto al estudio en cuestión, la Corte ordenó ponerlo en conocimiento de la parte actora (comunidades campesinas e indígenas) a fin de que en 20 días esta se expida sobre sus conclusiones.
La Corte Suprema había suspendido el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por varias comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
Como condición para levantar las suspensiones, el máximo tribunal había exigido la elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determine de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Luego la Corte aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, tras concederles un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal). Esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la prohibición de aprovechamiento forestal que regía en cuatro departamentos de la provincia de Salta, tras la presentación por parte del gobierno salteño de un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y la finalización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia bajo los criterios de la Ley de Bosques.
Los magistrados entendieron que “cabe establecer una diferencia entre los conceptos de tala, desmonte y aprovechamiento forestal". Entre otros argumentos, se resaltó que el aprovechamiento forestal tiene un impacto social importante por ser "altamente demandante de mano de obra con diferentes niveles de formación y capacitación". El Gobierno de Salta estimó que la actividad ocupa un total de 7.000 empleados.
Por su parte, las actividades de desmonte en los cuatro departamentos (Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria) seguirán suspendidas hasta tanto la Corte evalúe las presentaciones y se expida nuevamente.
La determinación se tomó tomando como base las conclusiones del estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación en la provincia, que se presentó ante la Corte el 6 de agosto pasado. En cuanto al estudio en cuestión, la Corte ordenó ponerlo en conocimiento de la parte actora (comunidades campesinas e indígenas) a fin de que en 20 días esta se expida sobre sus conclusiones.
La Corte Suprema había suspendido el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por varias comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
Como condición para levantar las suspensiones, el máximo tribunal había exigido la elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determine de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Luego la Corte aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, tras concederles un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal). Esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
Reglamentación del ordenamiento en Salta
Nasser y senadores por la reglamentación del ordenamiento
Fecha de Publicación: 11/08/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El ministro de Ambiente, Julio Nasser, tiene previsto encontrarse hoy a partir de las 10,30 con los senadores provinciales para exponer sobre la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los bosques salteños.
Según lo indicado por el titular de la Comisión de Medio Ambiente, José Luis Valle, a Nuevo Diario, el desacuerdo con la normativa se genera porque "hay determinadas cuestiones puntuales que pueden ser decididas por funcionarios de menor jerarquía".
Para Valle, esto implica desvirtuar la letra de la ley. Una de las sospechas es que lo que los senadores llaman "espíritu de la ley", sea la intención primigenia del senador-productor por Anta, Alfredo Olmedo, de desmontar 5 millones de hectáreas.
Al ser consultado por ello, Valle sostuvo que en realidad "se corre el riesgo de que se dispongan desmontes en zonas que (en el mapa), no están determinadas para ello".
"La reglamentación transfiere facultades", indicó al sostener que es frente a estas modificaciones que necesitan la reunión con el funcionario.
Fecha de Publicación: 11/08/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El ministro de Ambiente, Julio Nasser, tiene previsto encontrarse hoy a partir de las 10,30 con los senadores provinciales para exponer sobre la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los bosques salteños.
Según lo indicado por el titular de la Comisión de Medio Ambiente, José Luis Valle, a Nuevo Diario, el desacuerdo con la normativa se genera porque "hay determinadas cuestiones puntuales que pueden ser decididas por funcionarios de menor jerarquía".
Para Valle, esto implica desvirtuar la letra de la ley. Una de las sospechas es que lo que los senadores llaman "espíritu de la ley", sea la intención primigenia del senador-productor por Anta, Alfredo Olmedo, de desmontar 5 millones de hectáreas.
Al ser consultado por ello, Valle sostuvo que en realidad "se corre el riesgo de que se dispongan desmontes en zonas que (en el mapa), no están determinadas para ello".
"La reglamentación transfiere facultades", indicó al sostener que es frente a estas modificaciones que necesitan la reunión con el funcionario.
Salta reconoce que no presentó el estudio
La provincia reconoce que no presentó el estudio ante la Corte
Fecha de Publicación: 04/08/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió el viernes último la resolución 334/09 BIS, por la que la provincia reconoció que aún no presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el estudio de impacto ambiental acumulado y el decreto reglamentario de la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Imprimir Enviar Aumentar, reducir tamaño del texto
La nueva resolución, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, y publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial, rectifica la resolución 327/09 BIS, por la que el gobierno de Salta permitió la reanudación de los aprovechamientos forestales en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, actividad sobre la que pesa una prohibición dictada por la Corte Suprema en el marco de un amparo presentado por comunidades originarias y campesinos criollos en contra de la provincia y de la Nación por los desmontes y la tala.
En las consideraciones de la resolución 327, dictada el 27 de julio, la provincia destaca, en dos oportunidades, que el estudio de impacto ambiental acumulativo fue presentado ante la Corte Suprema, lo que hasta el viernes 31 de julio no había ocurrido.
En la nueva resolución, la 334, el Ministerio aclara que el estudio “no fue presentado aún ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que -como paso previo y necesario- ha sido remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en fecha 23 de julio de 2009”.
El Ministerio de Ambiente dispuso también que a la resolución rectificatoria se le dé "idéntica difusión" que la otorgada a la resolución 327, que además de ser publicada en el Boletín Oficial recibió amplia difusión por los medios de prensa.
Fecha de Publicación: 04/08/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió el viernes último la resolución 334/09 BIS, por la que la provincia reconoció que aún no presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el estudio de impacto ambiental acumulado y el decreto reglamentario de la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos.
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La nueva resolución, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, y publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial, rectifica la resolución 327/09 BIS, por la que el gobierno de Salta permitió la reanudación de los aprovechamientos forestales en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria, actividad sobre la que pesa una prohibición dictada por la Corte Suprema en el marco de un amparo presentado por comunidades originarias y campesinos criollos en contra de la provincia y de la Nación por los desmontes y la tala.
En las consideraciones de la resolución 327, dictada el 27 de julio, la provincia destaca, en dos oportunidades, que el estudio de impacto ambiental acumulativo fue presentado ante la Corte Suprema, lo que hasta el viernes 31 de julio no había ocurrido.
En la nueva resolución, la 334, el Ministerio aclara que el estudio “no fue presentado aún ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que -como paso previo y necesario- ha sido remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en fecha 23 de julio de 2009”.
El Ministerio de Ambiente dispuso también que a la resolución rectificatoria se le dé "idéntica difusión" que la otorgada a la resolución 327, que además de ser publicada en el Boletín Oficial recibió amplia difusión por los medios de prensa.
Un record en deforestación
Un record en deforestación
Fecha de Publicación: 04/08/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina acaban de sumarse a la causa contra los desmontes como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Greenpeace destacó que Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. “Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece”, denunció la organización ambientalista.
Fecha de Publicación: 04/08/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina acaban de sumarse a la causa contra los desmontes como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Greenpeace destacó que Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. “Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece”, denunció la organización ambientalista.
La Corte aceptó causa contra la deforestación
La Corte aceptó a Greenpeace, FARN y Fundación Vida Silvestre en la causa contra la deforestación en Salta
Fecha de Publicación: 30/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Representantes de dieciocho comunidades indígenas salteñas viajaron hasta la ciudad de Buenos Aires y se manifestaron este martes en Plaza de Mayo, en vísperas de la audiencia pública convocada para mañana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que reclamarán que se paren los desmontes en sus territorios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina en el amparo que comunidades campesinas e indígenas mantienen contra la provincia de Salta y el Estado Nacional por la deforestación en sus territorios.
Las organizaciones ambientalistas se suman a la causa luego de que la Corte les concediera un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal); esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso. La causa en la que intervienen las ONG está caratulada como “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
La Corte Suprema suspendió el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
La suspensión estará vigente hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determinará de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
Fecha de Publicación: 30/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Representantes de dieciocho comunidades indígenas salteñas viajaron hasta la ciudad de Buenos Aires y se manifestaron este martes en Plaza de Mayo, en vísperas de la audiencia pública convocada para mañana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que reclamarán que se paren los desmontes en sus territorios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina en el amparo que comunidades campesinas e indígenas mantienen contra la provincia de Salta y el Estado Nacional por la deforestación en sus territorios.
Las organizaciones ambientalistas se suman a la causa luego de que la Corte les concediera un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal); esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso. La causa en la que intervienen las ONG está caratulada como “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
La Corte Suprema suspendió el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
La suspensión estará vigente hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determinará de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
Salta: La Corte no habilitó el corte de madera
La Corte no habilitó el corte de madera, fue una decisión política del Gobierno
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no autorizó la tala selectiva de madera en los departamentos Orán y Rivadavia. En el expediente en el que se tramita el amparo y medida cautelar presentados por comunidades originarias y campesinos criollos, en contra de los desmontes y la tala, no hay ninguna resolución en tal sentido, informó la abogada Alicia Oliveira, representante legal de los campesinos y aborígenes.
La secretaria de Politica Ambiental, Cristina Camardelli, dijo que fue una decisión del gobierno de la provincia la de autorizar la continuidad de la explotacion forestal. Según la funcionaria, la interpretación que hace la provincia es que la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en diciembre y ampliada en marzo, que suspende los desmontes y la tala en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, cesó automáticamente al terminarse el estudio de impacto ambiental acumulativo. Para ello se aferran al punto III del fallo, en el que la Corte suspende “todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los cuatro departamentos (...) hasta tanto se efectúe el estudio” de impacto.
“Para que haya una autorización de tala selectiva tendría que estar en el expediente, no porque el gobernador lo diga”, retrucó Oliveira.
Para la abogada, si el gobierno de Salta autorizó la tala está incumpliendo la medida cautelar que, a su entender, tiene vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En declaraciones a radio Ya, la abogada adelantó que, de comprobarse que efectivamente se permite cortar madera, hará una presentación requiriendo que se le aplique una multa al gobernador Juan Manuel Urtubey.
Por otra parte, hasta el mediodía de ayer la Nación y la provincia aún no habían presentado ante la Corte el estudio de impacto ambiental acumulativo, con lo que el tribunal, aún no está formalmente enterado de que el estudio se realizó. Camardelli dijo que el trabajo quedó en manos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. “Es una cuesitón que la manejan entre la Nación y la provincia”, añadió, dando a entender que la decisión de continuar con la tala surgió de ambas instancias.
Oliveira explicó que el trámite no concluirá con la sola presentación del estudio de impacto ambiental. Reseñó que ya pidió a la Corte que se nombrara a un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Buenos Aires para hacer una lectura de este trabajo. “Ocurre que del estudio de impacto ambiental tienen que correrme traslado a mí para ver si la parte está de acuerdo o no”, indicó.
La abogada contó que la última presentación de la provincia en el expediente es de antes del inicio de la feria judicial: un pedido para que se habilitara la feria. La Corte respondió que debía hacerlo ante el tribunal de feria, y la provincia no insistió.
Fecha de Publicación: 29/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no autorizó la tala selectiva de madera en los departamentos Orán y Rivadavia. En el expediente en el que se tramita el amparo y medida cautelar presentados por comunidades originarias y campesinos criollos, en contra de los desmontes y la tala, no hay ninguna resolución en tal sentido, informó la abogada Alicia Oliveira, representante legal de los campesinos y aborígenes.
La secretaria de Politica Ambiental, Cristina Camardelli, dijo que fue una decisión del gobierno de la provincia la de autorizar la continuidad de la explotacion forestal. Según la funcionaria, la interpretación que hace la provincia es que la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en diciembre y ampliada en marzo, que suspende los desmontes y la tala en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, cesó automáticamente al terminarse el estudio de impacto ambiental acumulativo. Para ello se aferran al punto III del fallo, en el que la Corte suspende “todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los cuatro departamentos (...) hasta tanto se efectúe el estudio” de impacto.
“Para que haya una autorización de tala selectiva tendría que estar en el expediente, no porque el gobernador lo diga”, retrucó Oliveira.
Para la abogada, si el gobierno de Salta autorizó la tala está incumpliendo la medida cautelar que, a su entender, tiene vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En declaraciones a radio Ya, la abogada adelantó que, de comprobarse que efectivamente se permite cortar madera, hará una presentación requiriendo que se le aplique una multa al gobernador Juan Manuel Urtubey.
Por otra parte, hasta el mediodía de ayer la Nación y la provincia aún no habían presentado ante la Corte el estudio de impacto ambiental acumulativo, con lo que el tribunal, aún no está formalmente enterado de que el estudio se realizó. Camardelli dijo que el trabajo quedó en manos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. “Es una cuesitón que la manejan entre la Nación y la provincia”, añadió, dando a entender que la decisión de continuar con la tala surgió de ambas instancias.
Oliveira explicó que el trámite no concluirá con la sola presentación del estudio de impacto ambiental. Reseñó que ya pidió a la Corte que se nombrara a un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Buenos Aires para hacer una lectura de este trabajo. “Ocurre que del estudio de impacto ambiental tienen que correrme traslado a mí para ver si la parte está de acuerdo o no”, indicó.
La abogada contó que la última presentación de la provincia en el expediente es de antes del inicio de la feria judicial: un pedido para que se habilitara la feria. La Corte respondió que debía hacerlo ante el tribunal de feria, y la provincia no insistió.
Salta: madereros podrán retomar la actividad
Los madereros del norte podrán retomar la actividad el lunes
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El sector se encuentra paralizado desde abril por una resolución de la Corte Suprema que prohibió las talas. Los empresarios dicen que un bajo porcentaje volverá al campo, porque la temporada ya está muy avanzada.
Los madereros del norte provincial podrán retomar su actividad el lunes porque ese día, cuando se levante la feria judicial, el Gobierno presentará a la Corte Suprema de Justicia el estudio de impacto ambiental acumulativo que pidieron los jueces para revisar la prohibición de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Todos entienden que la medida cautelar dictada por el tribunal caducará con el solo cumplimiento de esa exigencia.
El gobernador Juan Manuel Urtubey voló ayer desde Capital Federal a Orán, sin escalas, para anunciar a los productores que en pocas horas podrán volver a trabajar: en el medio, les comentó detalles de la reunión que tuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que le anticipó que este lunes el Gobierno salteño cumplirá con la presentación del estudio.
La noticia no descomprimió del todo la complicada situación sectorial, porque a esta altura de la temporada será difícil para los empresarios recuperar tiempo, salvar pérdidas económicas o volver a emplear a los trabajadores despedidos. Los más optimistas dicen que no más del 30% se pondrá en movimiento porque las lluvias están cerca, los caminos no se abrieron, hay presentaciones demoradas en el Ministerio de Ambiente (correspondientes a la planificación productiva para este año y los próximos) y la industria está paralizada desde abril pasado cuando la Corte emitió esa resolución impidiendo a los madereros iniciar el acopio de la materia prima.
Sin perder tiempo, cuando la Provincia fue notificada, los madereros salieron a advertir que la medida puso en riesgo a 7 mil familias y a reclamarle al Estado que haga valer su derecho sobre los recursos naturales de Salta. El 25 de junio pasado sus representantes legales hicieron una presentación ante la Corte Suprema para solicitar la morigeración de la medida: fundamentaron el pedido en el daño laboral, la pérdida de puestos de empleo y la profundización de la crisis socioeconómica en el norte provincial.
"El lunes no saldremos todos al campo, eso no es así, no será instantáneo, porque hay cuestiones administrativas que se deben cumplir. Hay trámites que debe resolver el Ministerio de Ambiente, certificados que vencieron durante el proceso, una cantidad de expedientes en curso y arrastre. Por eso creo que entre el 20% y el 30% del sector podrá retomar la actividad", planteó el titular de la Asociación de Productores Forestoindustrial y Comerciales de Salta, Daniel Briones.
En la reunión con el gobernador participaron empresarios de San Martín y Orán, los departamentos más comprometidos. Cuando terminó el encuentro Urtubey informó a los periodistas que "nosotros desde la Provincia hemos presentado todos los requerimientos que nos había pedido la Corte, por lo cual hemos tomado la decisión de avanzar con el aprovechamiento forestal. Y ésta es la comunicación que le hice al sector para que nos pongamos a trabajar, porque hasta que llegue la resolución definitiva pasará la temporada".
Pérdidas económicas
La resolución de la Corte dejó fuera de juego a varios empresarios, provocó pérdidas económicas, no sólo por los contratos que no se respetaron, sino también por los mercados que les costará recuperar. La temporada forestal se extiende entre abril y noviembre, de los que ya se perdieron cuatro meses de trabajo efectivos. En otras palabras, la disponibilidad de madera en bruto del ciclo anterior se perdió y queda poco stock en los galpones.
"Indudablemente, tendremos pérdidas porque la temporada empieza tarde, algunas empresas no volverán al campo porque estamos casi en agosto, con poco tiempo para la cosecha. Seguramente quedará mano de obra desocupada", dijo, por su parte, el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis María Belluccini.
Trabajo interno para acelerar expedientes
Este fin de semana los madereros trabajarán en la elaboración de una nómina de los productores que solicitaron autorizaciones en el Ministerio de Ambiente, listado que esperan poder presentar el mismo lunes para agilizar los certificados que necesitan para salir al campo. Esperan que el organismo trabaje con celeridad teniendo en cuenta -denunciaron- que hay trámites desde abril de 2008 que aún no tienen resolución.
Eso acordaron con el gobernador Juan Manuel Urtubey en la reunión que tuvieron ayer en Orán, encuentro en el que el ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, les informó sobre las líneas de crédito que hay disponibles para que los productores puedan recuperar aire financiero y reactivar el sector después de casi cuatro meses de paralización total.
Los empresarios también esperan avanzar en la creación de un fondo fiduciario forestal y entendieron que la Provincia poco puede hacer para suspenderles todos los tributos nacionales, provinciales y municipales sobre la actividad por los ejercicios 2009 y 2010. Ambos reclamos figuran en un petitorio que días atrás presentaron a las autoridades y legisladores del norte provincial, texto en el que manifiestan la gravedad de la situación.
La crónica
El petitorio fue entregado luego de una marcha que el lunes anterior protagonizaron en Orán. Ese mismo día, por la tarde, los dirigentes del sector fueron recibidos por el gobernador Urtubey en Casa de Gobierno, reunión en la que por primera vez pudieron plantearle el tema.
"Vemos que los resultados de la última reunión que mantuvimos con el Gobernador, el lunes, dejó algo muy positivo para nosotros. El Gobernador nos dijo que podemos ir avanzando, concretamente que podemos comenzar a trabajar", comentó el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis María Belluccini, quien participó en el encuentro desarrollado en un hotel de Orán.
Fecha de Publicación: 25/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El sector se encuentra paralizado desde abril por una resolución de la Corte Suprema que prohibió las talas. Los empresarios dicen que un bajo porcentaje volverá al campo, porque la temporada ya está muy avanzada.
Los madereros del norte provincial podrán retomar su actividad el lunes porque ese día, cuando se levante la feria judicial, el Gobierno presentará a la Corte Suprema de Justicia el estudio de impacto ambiental acumulativo que pidieron los jueces para revisar la prohibición de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Todos entienden que la medida cautelar dictada por el tribunal caducará con el solo cumplimiento de esa exigencia.
El gobernador Juan Manuel Urtubey voló ayer desde Capital Federal a Orán, sin escalas, para anunciar a los productores que en pocas horas podrán volver a trabajar: en el medio, les comentó detalles de la reunión que tuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en la que le anticipó que este lunes el Gobierno salteño cumplirá con la presentación del estudio.
La noticia no descomprimió del todo la complicada situación sectorial, porque a esta altura de la temporada será difícil para los empresarios recuperar tiempo, salvar pérdidas económicas o volver a emplear a los trabajadores despedidos. Los más optimistas dicen que no más del 30% se pondrá en movimiento porque las lluvias están cerca, los caminos no se abrieron, hay presentaciones demoradas en el Ministerio de Ambiente (correspondientes a la planificación productiva para este año y los próximos) y la industria está paralizada desde abril pasado cuando la Corte emitió esa resolución impidiendo a los madereros iniciar el acopio de la materia prima.
Sin perder tiempo, cuando la Provincia fue notificada, los madereros salieron a advertir que la medida puso en riesgo a 7 mil familias y a reclamarle al Estado que haga valer su derecho sobre los recursos naturales de Salta. El 25 de junio pasado sus representantes legales hicieron una presentación ante la Corte Suprema para solicitar la morigeración de la medida: fundamentaron el pedido en el daño laboral, la pérdida de puestos de empleo y la profundización de la crisis socioeconómica en el norte provincial.
"El lunes no saldremos todos al campo, eso no es así, no será instantáneo, porque hay cuestiones administrativas que se deben cumplir. Hay trámites que debe resolver el Ministerio de Ambiente, certificados que vencieron durante el proceso, una cantidad de expedientes en curso y arrastre. Por eso creo que entre el 20% y el 30% del sector podrá retomar la actividad", planteó el titular de la Asociación de Productores Forestoindustrial y Comerciales de Salta, Daniel Briones.
En la reunión con el gobernador participaron empresarios de San Martín y Orán, los departamentos más comprometidos. Cuando terminó el encuentro Urtubey informó a los periodistas que "nosotros desde la Provincia hemos presentado todos los requerimientos que nos había pedido la Corte, por lo cual hemos tomado la decisión de avanzar con el aprovechamiento forestal. Y ésta es la comunicación que le hice al sector para que nos pongamos a trabajar, porque hasta que llegue la resolución definitiva pasará la temporada".
Pérdidas económicas
La resolución de la Corte dejó fuera de juego a varios empresarios, provocó pérdidas económicas, no sólo por los contratos que no se respetaron, sino también por los mercados que les costará recuperar. La temporada forestal se extiende entre abril y noviembre, de los que ya se perdieron cuatro meses de trabajo efectivos. En otras palabras, la disponibilidad de madera en bruto del ciclo anterior se perdió y queda poco stock en los galpones.
"Indudablemente, tendremos pérdidas porque la temporada empieza tarde, algunas empresas no volverán al campo porque estamos casi en agosto, con poco tiempo para la cosecha. Seguramente quedará mano de obra desocupada", dijo, por su parte, el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis María Belluccini.
Trabajo interno para acelerar expedientes
Este fin de semana los madereros trabajarán en la elaboración de una nómina de los productores que solicitaron autorizaciones en el Ministerio de Ambiente, listado que esperan poder presentar el mismo lunes para agilizar los certificados que necesitan para salir al campo. Esperan que el organismo trabaje con celeridad teniendo en cuenta -denunciaron- que hay trámites desde abril de 2008 que aún no tienen resolución.
Eso acordaron con el gobernador Juan Manuel Urtubey en la reunión que tuvieron ayer en Orán, encuentro en el que el ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, les informó sobre las líneas de crédito que hay disponibles para que los productores puedan recuperar aire financiero y reactivar el sector después de casi cuatro meses de paralización total.
Los empresarios también esperan avanzar en la creación de un fondo fiduciario forestal y entendieron que la Provincia poco puede hacer para suspenderles todos los tributos nacionales, provinciales y municipales sobre la actividad por los ejercicios 2009 y 2010. Ambos reclamos figuran en un petitorio que días atrás presentaron a las autoridades y legisladores del norte provincial, texto en el que manifiestan la gravedad de la situación.
La crónica
El petitorio fue entregado luego de una marcha que el lunes anterior protagonizaron en Orán. Ese mismo día, por la tarde, los dirigentes del sector fueron recibidos por el gobernador Urtubey en Casa de Gobierno, reunión en la que por primera vez pudieron plantearle el tema.
"Vemos que los resultados de la última reunión que mantuvimos con el Gobernador, el lunes, dejó algo muy positivo para nosotros. El Gobernador nos dijo que podemos ir avanzando, concretamente que podemos comenzar a trabajar", comentó el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis María Belluccini, quien participó en el encuentro desarrollado en un hotel de Orán.
Greenpeace intimó al diario El Tribuno
Greenpeace intimó al diario El Tribuno a retractarse de falsas imputaciones contra la organización
Fecha de Publicación: 23/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace intimó este miércoles al diario salteño El Tribuno a retractarse de una serie de groseras mentiras publicadas en relación con el trabajo de la organización ambientalista en defensa de los bosques nativos y reclamó al matutino una urgente retractación pública.
A través de una carta documento, Greenpeace conminó al diario y al periodista firmante del artículo, Francisco Sotelo, a rectificar en forma urgente las violentas aseveraciones publicadas en la edición de ayer en donde, sin fuente ni elemento probatorio alguno, se atribuye a la organización ambientalista perseguir “intereses pecuniarios” y utilizar “métodos extorsivos” en la defensa de los bosques salteños.
Entre otras falsas imputaciones, El Tribuno también acusó a Greenpeace de haber fraguado un experimento científico, de realizar campañas públicas con objetivos económicos y de tener dirigentes involucrados en proyectos de desarrollo inmobiliarios en la Selva de Yungas.
En la carta, firmada por el director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martín Prieto, la organización intimó, en primer término, a retirar los dichos sobre el supuesto “interés pecuniario” alguno en la reglamentación de la Ley de Bosques” de la organización, “toda vez que Greenpeace no persigue ningún interés de esa naturaleza en su trabajo por la defensa del bosque salteño”.
En segundo lugar, aclaró que Emiliano Ezcurra (mencionado por El Tribuno como uno de los directores actuales de la organización) renunció a Greenpeace el 31 de mayo del año pasado. Además, refutó la falsa versión difundida por El Tribuno, según la cual “en el transcurso de la investigación científica (realizada en el año 2002) sobre el radio de acción vital del Yaguareté se haya colocado una collar satelital a un ternero”.
En este sentido, Greenpeace afirmó que el baqueano Pablo Corro, en declaraciones fílmicas que fueron suficientemente divulgadas por los medios periodísticos, explicó que, en el marco del proyecto de seguimiento de un ejemplar de yaguareté se le colocó un collar satelital a un ternero a los efectos de realizar las pruebas de emisiones del equipo de transmisor, y que luego le fue efectivamente colocado a un ejemplar de yaguareté hembra, cuyo seguimiento fue documentado, siguiendo el método científico de rigor.
Por último, Greenpeace exigió al diario que desmienta que "la organización haya aplicado métodos extorsivos”, ya que dicha práctica resulta “contraria a sus principios fundacionales”.
"No es la primera vez que El Tribuno, un diario dirigido por el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, realiza ataques fundados en hechos falsos contra la organización. Lo curioso es que, desconociendo mínimos y elementales principios de rigurosidad periodística, nunca fuimos consultados ni se nos ha permitido replicar muchas de las temerarias afirmaciones vertidas sin sustento periodístico alguno", expresó Prieto.
Por otra parte, la organización recordó que las denuncias sobre la irracional política de manejo forestal de la provincia que Greenpeace realizó durante años fueron confirmadas por estudios de la Universidad Nacional de Salta, de la Administración de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Además, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y no Greenpeace) la que le ordenó a Salta suspender todas las actividades forestales y desmontes hasta tanto se realice un ordenamiento territorial y un estudio de impacto ambiental acumulativo.
Greenpeace ha tenido y tiene un profundo respeto por la libertad de expresión y siempre ha sido una organización abierta y transparente que, en la Argentina, se financia con el aporte de casi 75 mil personas.
"Evidentemente, la idea de una organización independiente que no responde a intereses de ningún tipo es incomprensible para un diario que, claramente, representa a intereses sectoriales por sobre el interés colectivo y que sólo refleja editorialmente las opiniones de los sectores que representa", agregó Prieto.
El artículo del matutino en el cual se difunden las acusaciones, continúa el debate iniciado la semana anterior a partir de la sanción del decreto que define el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. Esta zonificación, que protege el ochenta por ciento de los bosques de la provincia, fue rechazada por entidades de productores agropecuarios que demandaron públicamente su modificación y más de cinco millones de hectáreas para el desmonte.
Greenpeace respondió a estas exigencias con una solicitada publicada este domingo, en la cual señalaba que los productores “parecen olvidar que se trata de una ley de protección de bosques y no de impulso a los desmontes, y por lo tanto la misma procura el desarrollo con bosques, no sin ellos” y destacaba “el desprecio que algunos miembros de ese sector tienen con otras formas de producción, como el manejo forestal responsable, la agricultura familiar, la ganadería de monte, o la caza, recolección y pesca que realizan las comunidades indígenas”, además de indicar que esta demanda omitía mencionar “la inescrupulosa y especulativa entrega de permisos de desmontes que se realizó en plena discusión parlamentaria de la ley nacional de bosques que les permitió a muchos sortear la moratoria a los desmontes que la misma establece”.
Fecha de Publicación: 23/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace intimó este miércoles al diario salteño El Tribuno a retractarse de una serie de groseras mentiras publicadas en relación con el trabajo de la organización ambientalista en defensa de los bosques nativos y reclamó al matutino una urgente retractación pública.
A través de una carta documento, Greenpeace conminó al diario y al periodista firmante del artículo, Francisco Sotelo, a rectificar en forma urgente las violentas aseveraciones publicadas en la edición de ayer en donde, sin fuente ni elemento probatorio alguno, se atribuye a la organización ambientalista perseguir “intereses pecuniarios” y utilizar “métodos extorsivos” en la defensa de los bosques salteños.
Entre otras falsas imputaciones, El Tribuno también acusó a Greenpeace de haber fraguado un experimento científico, de realizar campañas públicas con objetivos económicos y de tener dirigentes involucrados en proyectos de desarrollo inmobiliarios en la Selva de Yungas.
En la carta, firmada por el director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, Martín Prieto, la organización intimó, en primer término, a retirar los dichos sobre el supuesto “interés pecuniario” alguno en la reglamentación de la Ley de Bosques” de la organización, “toda vez que Greenpeace no persigue ningún interés de esa naturaleza en su trabajo por la defensa del bosque salteño”.
En segundo lugar, aclaró que Emiliano Ezcurra (mencionado por El Tribuno como uno de los directores actuales de la organización) renunció a Greenpeace el 31 de mayo del año pasado. Además, refutó la falsa versión difundida por El Tribuno, según la cual “en el transcurso de la investigación científica (realizada en el año 2002) sobre el radio de acción vital del Yaguareté se haya colocado una collar satelital a un ternero”.
En este sentido, Greenpeace afirmó que el baqueano Pablo Corro, en declaraciones fílmicas que fueron suficientemente divulgadas por los medios periodísticos, explicó que, en el marco del proyecto de seguimiento de un ejemplar de yaguareté se le colocó un collar satelital a un ternero a los efectos de realizar las pruebas de emisiones del equipo de transmisor, y que luego le fue efectivamente colocado a un ejemplar de yaguareté hembra, cuyo seguimiento fue documentado, siguiendo el método científico de rigor.
Por último, Greenpeace exigió al diario que desmienta que "la organización haya aplicado métodos extorsivos”, ya que dicha práctica resulta “contraria a sus principios fundacionales”.
"No es la primera vez que El Tribuno, un diario dirigido por el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, realiza ataques fundados en hechos falsos contra la organización. Lo curioso es que, desconociendo mínimos y elementales principios de rigurosidad periodística, nunca fuimos consultados ni se nos ha permitido replicar muchas de las temerarias afirmaciones vertidas sin sustento periodístico alguno", expresó Prieto.
Por otra parte, la organización recordó que las denuncias sobre la irracional política de manejo forestal de la provincia que Greenpeace realizó durante años fueron confirmadas por estudios de la Universidad Nacional de Salta, de la Administración de Parques Nacionales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y por la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Además, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y no Greenpeace) la que le ordenó a Salta suspender todas las actividades forestales y desmontes hasta tanto se realice un ordenamiento territorial y un estudio de impacto ambiental acumulativo.
Greenpeace ha tenido y tiene un profundo respeto por la libertad de expresión y siempre ha sido una organización abierta y transparente que, en la Argentina, se financia con el aporte de casi 75 mil personas.
"Evidentemente, la idea de una organización independiente que no responde a intereses de ningún tipo es incomprensible para un diario que, claramente, representa a intereses sectoriales por sobre el interés colectivo y que sólo refleja editorialmente las opiniones de los sectores que representa", agregó Prieto.
El artículo del matutino en el cual se difunden las acusaciones, continúa el debate iniciado la semana anterior a partir de la sanción del decreto que define el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. Esta zonificación, que protege el ochenta por ciento de los bosques de la provincia, fue rechazada por entidades de productores agropecuarios que demandaron públicamente su modificación y más de cinco millones de hectáreas para el desmonte.
Greenpeace respondió a estas exigencias con una solicitada publicada este domingo, en la cual señalaba que los productores “parecen olvidar que se trata de una ley de protección de bosques y no de impulso a los desmontes, y por lo tanto la misma procura el desarrollo con bosques, no sin ellos” y destacaba “el desprecio que algunos miembros de ese sector tienen con otras formas de producción, como el manejo forestal responsable, la agricultura familiar, la ganadería de monte, o la caza, recolección y pesca que realizan las comunidades indígenas”, además de indicar que esta demanda omitía mencionar “la inescrupulosa y especulativa entrega de permisos de desmontes que se realizó en plena discusión parlamentaria de la ley nacional de bosques que les permitió a muchos sortear la moratoria a los desmontes que la misma establece”.
Greenpeace responde a desmontadores de Salta
Greenpeace responde a desmontadores salteños que quieren cinco millones de hectáreas
Fecha de Publicación: 20/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace contestó esta mañana a la solicitada publicada por los representantes de organizaciones agropecuarias que exigía la modificación del decreto del mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y reclamaba la ampliación de las áreas destinadas al desmonte a más de cinco millones de hectáreas.
Bajo el título “Hablando claro sobre bosques nativos y desarrollo humano en Salta”, la organización ambientalista difundió su respuesta a los dichos de la Sociedad Rural y organizaciones de productores agrarios de la provincia, y señaló que las pretensiones expuestas por las agrupaciones rurales demuestran “el desprecio que algunos miembros de ese sector tienen con otras formas de producción, como el manejo forestal responsable, la agricultura familiar, la ganadería de monte, o la caza, recolección y pesca que realizan las comunidades indígenas”.
Los ambientalistas señalaron en su réplica que los firmantes del reclamo “parecen olvidar que se trata de una ley de protección de bosques y no de impulso a los desmontes, y por lo tanto la misma procura el desarrollo CON bosques, no sin ellos”. Además, subrayaron que de acuerdo con el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado, más de un millón y medio de hectáreas estarán destinadas a la futura expansión de la frontera agropecuaria, lo cual permitirá mantener la tasa de desmonte por más de una década y sumar una superficie equivalente a la deforestada en toda la historia de la provincia.
El texto publicado por la organización ecologista enumera cinco puntos en respuesta a las exigencias de los productores provinciales y destaca al mismo tiempo que estos sectores agropecuarios “omiten mencionar la inescrupulosa y especulativa entrega de permisos de desmontes que se realizó en plena discusión parlamentaria de la ley nacional de bosques que les permitió a muchos sortear la moratoria a los desmontes que la misma establece”.
Fecha de Publicación: 20/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace contestó esta mañana a la solicitada publicada por los representantes de organizaciones agropecuarias que exigía la modificación del decreto del mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y reclamaba la ampliación de las áreas destinadas al desmonte a más de cinco millones de hectáreas.
Bajo el título “Hablando claro sobre bosques nativos y desarrollo humano en Salta”, la organización ambientalista difundió su respuesta a los dichos de la Sociedad Rural y organizaciones de productores agrarios de la provincia, y señaló que las pretensiones expuestas por las agrupaciones rurales demuestran “el desprecio que algunos miembros de ese sector tienen con otras formas de producción, como el manejo forestal responsable, la agricultura familiar, la ganadería de monte, o la caza, recolección y pesca que realizan las comunidades indígenas”.
Los ambientalistas señalaron en su réplica que los firmantes del reclamo “parecen olvidar que se trata de una ley de protección de bosques y no de impulso a los desmontes, y por lo tanto la misma procura el desarrollo CON bosques, no sin ellos”. Además, subrayaron que de acuerdo con el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado, más de un millón y medio de hectáreas estarán destinadas a la futura expansión de la frontera agropecuaria, lo cual permitirá mantener la tasa de desmonte por más de una década y sumar una superficie equivalente a la deforestada en toda la historia de la provincia.
El texto publicado por la organización ecologista enumera cinco puntos en respuesta a las exigencias de los productores provinciales y destaca al mismo tiempo que estos sectores agropecuarios “omiten mencionar la inescrupulosa y especulativa entrega de permisos de desmontes que se realizó en plena discusión parlamentaria de la ley nacional de bosques que les permitió a muchos sortear la moratoria a los desmontes que la misma establece”.
Salta quiere más desmontes
Revisarán la ley de ordenamiento territorial
Fecha de Publicación: 18/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El gobernador, en una reunión con productores, les prometió abrir una instancia de diálogo para discutir la norma.
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió con dirigentes del sector productivo para abordar la temática de la norma reglamentaria de la ley provincial 7543 de ordenamiento territorial de la provincia. De la reunión participaron los presidentes de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Mussari; de Prograno, Martín de los Ríos, y de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, Natalio Iglesias. Por el Gobierno acompañaron al primer mandatario el ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, y el secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse.
Los dirigentes agropecuarios plantearon en el encuentro sus discrepancias con la reglamentación de la ley, apuntando principalmente a que en ésta no se ve reflejada la norma aprobada por la Legislatura Provincial. Los ruralistas también expresaron su molestia por la falta de participación que tuvieron en el proceso de reglamentación de la ley, ya que nunca fueron consultados.
La respuesta por parte del Gobernador fue abrir una instancia de diálogo y discusión sobre aquellos puntos en los cuales el sector agropecuario no está de acuerdo. Para ello, las entidades agropecuarias acercarán al Gobierno las objeciones técnicas específicas para poder abrir la discusión y cambiar aquellos puntos del decreto reglamentario en los cuales hay desacuerdo.
Natalio Iglesias, de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, calificó como positiva la reunión y la posición adoptada por el Ejecutivo provincial, pero lamentó que se haya tenido que llegar a la manifestación pública de disconformidad con la medida para ser atendidos en el reclamo. También señaló el cansancio de todo sector agropecuario salteño por la "falta de materialización de acciones concretas para el campo".
La semana pasada el Gobierno provincial presentó la reglamentación de la ley 7543, en un acto al que no fue invitado el sector productivo. En la presentación se dio a conocer el decreto reglamentario, un mapa determinando las categorías de conservación y un documento técnico de apoyo a la norma. Automáticamente, el sector productivo mostró su profundo malestar y disconformidad con la norma, los que expresaron en una dura solicitada, sentando posición al respecto, y en una multitudinaria asamblea en la que se decidió "repudiar" la reglamentación.
Una ley para el crecimiento sustentable
Esta ley, tal como salió de la Legislatura y fue ratificada por el Gobierno, tiene como objetivo una provincia que pueda crecer de manera sustentable. Es una herramienta valiosa para lograr una Salta productiva en un marco de respeto al medio ambiente. Pero, por sobre todo, contemplando la posibilidad de un futuro mejor.
Para salir de la pobreza necesitamos un verdadero desarrollo productivo, generar una cultura del trabajo. Con la ley creemos interpretar las ganas por una Salta mejor que tienen los madereros, los agricultores, los ganaderos y todos los sectores que forman el engranaje productivo de la provincia.
Quiero una provincia que pueda generar riquezas, en la que no hayan excluidos en ningún rincón de su geografía, en la que cada salteño pueda dignificarse con su trabajo. Para ello hacen falta normas que acompañen el proceso, por eso no podemos permitir que una reglamentación viole el espíritu de esta ley.
Fecha de Publicación: 18/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El gobernador, en una reunión con productores, les prometió abrir una instancia de diálogo para discutir la norma.
El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió con dirigentes del sector productivo para abordar la temática de la norma reglamentaria de la ley provincial 7543 de ordenamiento territorial de la provincia. De la reunión participaron los presidentes de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Mussari; de Prograno, Martín de los Ríos, y de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, Natalio Iglesias. Por el Gobierno acompañaron al primer mandatario el ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, y el secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse.
Los dirigentes agropecuarios plantearon en el encuentro sus discrepancias con la reglamentación de la ley, apuntando principalmente a que en ésta no se ve reflejada la norma aprobada por la Legislatura Provincial. Los ruralistas también expresaron su molestia por la falta de participación que tuvieron en el proceso de reglamentación de la ley, ya que nunca fueron consultados.
La respuesta por parte del Gobernador fue abrir una instancia de diálogo y discusión sobre aquellos puntos en los cuales el sector agropecuario no está de acuerdo. Para ello, las entidades agropecuarias acercarán al Gobierno las objeciones técnicas específicas para poder abrir la discusión y cambiar aquellos puntos del decreto reglamentario en los cuales hay desacuerdo.
Natalio Iglesias, de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, calificó como positiva la reunión y la posición adoptada por el Ejecutivo provincial, pero lamentó que se haya tenido que llegar a la manifestación pública de disconformidad con la medida para ser atendidos en el reclamo. También señaló el cansancio de todo sector agropecuario salteño por la "falta de materialización de acciones concretas para el campo".
La semana pasada el Gobierno provincial presentó la reglamentación de la ley 7543, en un acto al que no fue invitado el sector productivo. En la presentación se dio a conocer el decreto reglamentario, un mapa determinando las categorías de conservación y un documento técnico de apoyo a la norma. Automáticamente, el sector productivo mostró su profundo malestar y disconformidad con la norma, los que expresaron en una dura solicitada, sentando posición al respecto, y en una multitudinaria asamblea en la que se decidió "repudiar" la reglamentación.
Una ley para el crecimiento sustentable
Esta ley, tal como salió de la Legislatura y fue ratificada por el Gobierno, tiene como objetivo una provincia que pueda crecer de manera sustentable. Es una herramienta valiosa para lograr una Salta productiva en un marco de respeto al medio ambiente. Pero, por sobre todo, contemplando la posibilidad de un futuro mejor.
Para salir de la pobreza necesitamos un verdadero desarrollo productivo, generar una cultura del trabajo. Con la ley creemos interpretar las ganas por una Salta mejor que tienen los madereros, los agricultores, los ganaderos y todos los sectores que forman el engranaje productivo de la provincia.
Quiero una provincia que pueda generar riquezas, en la que no hayan excluidos en ningún rincón de su geografía, en la que cada salteño pueda dignificarse con su trabajo. Para ello hacen falta normas que acompañen el proceso, por eso no podemos permitir que una reglamentación viole el espíritu de esta ley.
Sigue la polémica en Salta por el OT
Ordenamiento: "sabemos que no es una decisión neutra, es política", dijo Urtubey
Fecha de Publicación: 14/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Frente a las críticas que se hicieron desde el sector de los grandes productores a la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo: "sabemos que no es una decisión neutra, es una decisión política que tomamos" entendiendo que "es la manera en que la provincia de Salta debe trabajar".
La "decisión" tomada por el mandatario es antecedida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en protección al derecho de los territorios de comunidades originarias.
Antes de ese fallo, la promulgación de la ley provincial y el alejamiento del Gobierno de una funcionaria que había decidido en el mismo sentido que el alto tribunal argentino, indicaban decisiones gubernamentales distintas a las de ahora.
En una reunión que mantuvieron ayer, los grandes productores de la provincia entendieron que al reglamentar la ley de Ordenamiento Territorial el gobernador y sus técnicos "interpretaron cosas que los legisladores (de Salta), no quisieron decir", dijo el titular de PROGRANO, Martín de los Ríos.
El análisis que se hizo ayer en la reunión tuvo como técnicos a los integrantes de FUNDESNOA, entidad presidida por la ex secretaria de Medio Ambiente de Juan Carlos Romero, Ana María Pontussi, y a Carlos Saravia Toledo, ingeniero que intervino en los estudios de impacto ambiental para desmontar en la ex área protegida Lotes 32 y 33, antecedente que tomó el diputado nacional Miguel Bonasso para confeccionar la Ley de Bosques Nativos.
Patrimonios
De los Ríos indicó que existen "inconsistencias técnicas" en la reglamentación de Urtubey, dado que la conjugación de criterios que se definieron en la Ley se utilizaron de una forma distinta en la reglamentación.
"Hay un atropello al derecho de propiedad", sostuvo al señalar que los titulares de las tierras que aparecen en el mapa con color amarillo no podrán hacer un aprovechamiento de ellas y, por lo tanto, verán perjudicado su patrimonio.
La reglamentación "está cargada de subjetividad y posterga el desarrollo en el norte provincial", actividad de la cual, según el relevamiento que dicen, se hizo desde PROGRANO, dependen unos 25 mil trabajadores.
Dio a entender que de interpretarse la Ley provincial como debe ser, deberían incorporarse 5 millones y medio de hectáreas al "desarrollo productivo" que dijo, no es todo para desmontar (aunque la ampliación de la frontera agrícola de eso trata).
"Nadie puede pretender que la provincia en cinco años duplique su capacidad de potencial agrícola porque es técnicamente imposible...me parece que lo que estamos acá es frente a gete que tiene intereses económicos y políticos", fue la respuesta del gobernador al indicar que en 4 siglos, en Salta se desmontaron 1 millón 900 mil hectáreas, por lo que en 5 años (tiempo tras el que se debe volver a analizar el ordenamiento), no se puede desmontar más que eso.
Fecha de Publicación: 14/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Frente a las críticas que se hicieron desde el sector de los grandes productores a la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el gobernador Juan Manuel Urtubey sostuvo: "sabemos que no es una decisión neutra, es una decisión política que tomamos" entendiendo que "es la manera en que la provincia de Salta debe trabajar".
La "decisión" tomada por el mandatario es antecedida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en protección al derecho de los territorios de comunidades originarias.
Antes de ese fallo, la promulgación de la ley provincial y el alejamiento del Gobierno de una funcionaria que había decidido en el mismo sentido que el alto tribunal argentino, indicaban decisiones gubernamentales distintas a las de ahora.
En una reunión que mantuvieron ayer, los grandes productores de la provincia entendieron que al reglamentar la ley de Ordenamiento Territorial el gobernador y sus técnicos "interpretaron cosas que los legisladores (de Salta), no quisieron decir", dijo el titular de PROGRANO, Martín de los Ríos.
El análisis que se hizo ayer en la reunión tuvo como técnicos a los integrantes de FUNDESNOA, entidad presidida por la ex secretaria de Medio Ambiente de Juan Carlos Romero, Ana María Pontussi, y a Carlos Saravia Toledo, ingeniero que intervino en los estudios de impacto ambiental para desmontar en la ex área protegida Lotes 32 y 33, antecedente que tomó el diputado nacional Miguel Bonasso para confeccionar la Ley de Bosques Nativos.
Patrimonios
De los Ríos indicó que existen "inconsistencias técnicas" en la reglamentación de Urtubey, dado que la conjugación de criterios que se definieron en la Ley se utilizaron de una forma distinta en la reglamentación.
"Hay un atropello al derecho de propiedad", sostuvo al señalar que los titulares de las tierras que aparecen en el mapa con color amarillo no podrán hacer un aprovechamiento de ellas y, por lo tanto, verán perjudicado su patrimonio.
La reglamentación "está cargada de subjetividad y posterga el desarrollo en el norte provincial", actividad de la cual, según el relevamiento que dicen, se hizo desde PROGRANO, dependen unos 25 mil trabajadores.
Dio a entender que de interpretarse la Ley provincial como debe ser, deberían incorporarse 5 millones y medio de hectáreas al "desarrollo productivo" que dijo, no es todo para desmontar (aunque la ampliación de la frontera agrícola de eso trata).
"Nadie puede pretender que la provincia en cinco años duplique su capacidad de potencial agrícola porque es técnicamente imposible...me parece que lo que estamos acá es frente a gete que tiene intereses económicos y políticos", fue la respuesta del gobernador al indicar que en 4 siglos, en Salta se desmontaron 1 millón 900 mil hectáreas, por lo que en 5 años (tiempo tras el que se debe volver a analizar el ordenamiento), no se puede desmontar más que eso.
Salta: El campo rechazaría la ley de bosques
El campo rechazaría en la Justicia la ley de bosques
Fecha de Publicación: 12/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Critican la reglamentación de la ley porque "posterga" el desarrollo y "condena" al sector productivo.
Si acuden a la Justicia para rechazar la reglamentación de la ley 7.543 de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Salta, las entidades del campo lo decidirán mañana en una asamblea extraordinaria que se realizará en la sede de la Sociedad Rural.
Tres sectores formalizaron el sábado el primer repudio al texto que -de acuerdo con la solicitada publicada- no respeta el espíritu de la ley aprobada el año pasado por unanimidad en la Cámara de Senadores y con sólo dos votos en contra en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Martín de los Ríos, se animó a predecir un "parate productivo" total. En diálogo con El Tribuno informó que se estudia si el decreto reglamentario viola la ley para adoptar las medidas judiciales correspondientes.
"También estamos trabajando a nivel legislativo porque se trata de una ley formalmente perfecta, entonces esto es doblemente contradictorio", advirtió el dirigente.
Sector postergado
De los Ríos indicó que en la ley se reservaban más de 5 millones de hectáreas para la producción y el desarrollo, mientras que la reglamentación sólo destina 1,5 millones de hectáreas con ese fin: "Todo el norte de la provincia fue postergado lisa y llanamente, condenado al atraso perpetuo".
"La realidad es que la ley en su espíritu preservaba tierras para el desarrollo sustentable conjugando criterios (pendientes, cuencas, ríos, suelo, climas), que en el decreto de reglamentación están planteados en forma diferente", agregó el dirigente salteño.
Prograno, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA firmaron el sábado una solicitada, y se pusieron al frente de esta movida en contra del texto reglamentario del ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia.
Los dirigentes esperan una participación masiva, desde los diferentes sectores del campo, a partir de las 16.
El Gobierno presentó la reglamentación de la ley 7.543 el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, y de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif. Allí dieron a conocer que el Plan de Ordenamiento dividió al territorio boscoso de la provincia en tres categorías, según las posibilidades de explotación que tendrá en adelante cada sector.
Las categorías
El primer segmento (zona roja) tiene 1,3 millones de hectáreas, donde no podrá haber actividad agrícola de ningún tipo por su importancia para el ambiente.
La segunda categoría (zona amarilla) de 5,4 millones de hectáreas busca el mantenimiento de la cobertura boscosa, pero con un desarrollo forestal planificado, con actividad ganadera, pero sin desmontes.
La tercera es la zona verde o de uso productivo con 1,5 millones de hectáreas incorporadas a las 1,9 millones de hectáreas que actualmente tienen actividad agropecuaria, lo que otorga -según lo señalado por el Gobierno-un horizonte de trabajo para veinte años a ese sector.
Fecha de Publicación: 12/07/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Critican la reglamentación de la ley porque "posterga" el desarrollo y "condena" al sector productivo.
Si acuden a la Justicia para rechazar la reglamentación de la ley 7.543 de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Salta, las entidades del campo lo decidirán mañana en una asamblea extraordinaria que se realizará en la sede de la Sociedad Rural.
Tres sectores formalizaron el sábado el primer repudio al texto que -de acuerdo con la solicitada publicada- no respeta el espíritu de la ley aprobada el año pasado por unanimidad en la Cámara de Senadores y con sólo dos votos en contra en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Martín de los Ríos, se animó a predecir un "parate productivo" total. En diálogo con El Tribuno informó que se estudia si el decreto reglamentario viola la ley para adoptar las medidas judiciales correspondientes.
"También estamos trabajando a nivel legislativo porque se trata de una ley formalmente perfecta, entonces esto es doblemente contradictorio", advirtió el dirigente.
Sector postergado
De los Ríos indicó que en la ley se reservaban más de 5 millones de hectáreas para la producción y el desarrollo, mientras que la reglamentación sólo destina 1,5 millones de hectáreas con ese fin: "Todo el norte de la provincia fue postergado lisa y llanamente, condenado al atraso perpetuo".
"La realidad es que la ley en su espíritu preservaba tierras para el desarrollo sustentable conjugando criterios (pendientes, cuencas, ríos, suelo, climas), que en el decreto de reglamentación están planteados en forma diferente", agregó el dirigente salteño.
Prograno, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Productores de Legumbres del NOA firmaron el sábado una solicitada, y se pusieron al frente de esta movida en contra del texto reglamentario del ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia.
Los dirigentes esperan una participación masiva, desde los diferentes sectores del campo, a partir de las 16.
El Gobierno presentó la reglamentación de la ley 7.543 el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, y de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif. Allí dieron a conocer que el Plan de Ordenamiento dividió al territorio boscoso de la provincia en tres categorías, según las posibilidades de explotación que tendrá en adelante cada sector.
Las categorías
El primer segmento (zona roja) tiene 1,3 millones de hectáreas, donde no podrá haber actividad agrícola de ningún tipo por su importancia para el ambiente.
La segunda categoría (zona amarilla) de 5,4 millones de hectáreas busca el mantenimiento de la cobertura boscosa, pero con un desarrollo forestal planificado, con actividad ganadera, pero sin desmontes.
La tercera es la zona verde o de uso productivo con 1,5 millones de hectáreas incorporadas a las 1,9 millones de hectáreas que actualmente tienen actividad agropecuaria, lo que otorga -según lo señalado por el Gobierno-un horizonte de trabajo para veinte años a ese sector.
Salta conservará el 80% de sus bosques
Salta conservará el 80% de sus bosques, pero permitirá el desmonte de más de un millón y medio de hectáreas
Fecha de Publicación: 07/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
El Gobierno de Salta anunció hoy la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos que establece que podrán habilitarse desmontes por más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa cerca del 20% de los bosques nativos de la provincia.
“Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y que el mismo proteja de las topadoras el ochenta por ciento de sus bosques y a los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas. Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, lo que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. El mismo establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial).
Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública. Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para desmontes fueron concentradas en regiones que en los últimos años vienen sufriendo el avance de la frontera agropecuaria.
“Con el Ordenamiento Territorial de sus bosques la provincia de Salta da un paso muy importante, pero con un alto costo ambiental. Es fundamental que se controle el avance de la frontera agropecuaria y se revise periódicamente el impacto de la deforestación para en el futuro mejorar esta zonificación. En ese sentido, esperamos que los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas que deberán realizarse antes de aprobar un desmonte se hagan de manera seria y garantizando la plena participación de los sectores involucrados”, afirmó Giardini.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. La superficie históricamente deforestada en la provincia asciende a dos millones de hectáreas.
Durante el año 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques y evitando la moratoria que la norma establece, el gobierno de Salta autorizó en una clara actitud especulativa el desmonte de cerca de medio millón de hectáreas.
Luego de un amparo presentado por varias comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la provincia realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y finalice el Ordenamiento Territorial que establece la Ley de Bosques.
A partir de la sanción y reglamentación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos, Salta cumple con lo dictado por la Ley nacional de Bosques y está en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
Fecha de Publicación: 07/07/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
El Gobierno de Salta anunció hoy la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos que establece que podrán habilitarse desmontes por más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa cerca del 20% de los bosques nativos de la provincia.
“Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y que el mismo proteja de las topadoras el ochenta por ciento de sus bosques y a los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas. Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, lo que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. El mismo establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial).
Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública. Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para desmontes fueron concentradas en regiones que en los últimos años vienen sufriendo el avance de la frontera agropecuaria.
“Con el Ordenamiento Territorial de sus bosques la provincia de Salta da un paso muy importante, pero con un alto costo ambiental. Es fundamental que se controle el avance de la frontera agropecuaria y se revise periódicamente el impacto de la deforestación para en el futuro mejorar esta zonificación. En ese sentido, esperamos que los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas que deberán realizarse antes de aprobar un desmonte se hagan de manera seria y garantizando la plena participación de los sectores involucrados”, afirmó Giardini.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. La superficie históricamente deforestada en la provincia asciende a dos millones de hectáreas.
Durante el año 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques y evitando la moratoria que la norma establece, el gobierno de Salta autorizó en una clara actitud especulativa el desmonte de cerca de medio millón de hectáreas.
Luego de un amparo presentado por varias comunidades indígenas y campesinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los permisos para las actividades de tala y desmonte en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria hasta tanto la provincia realice un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y finalice el Ordenamiento Territorial que establece la Ley de Bosques.
A partir de la sanción y reglamentación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos, Salta cumple con lo dictado por la Ley nacional de Bosques y está en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.
Denuncian desmontes en Anta - Salta
Denuncian desmontes en Anta a pesar de la inexistencia del mapa del ordenamiento
Fecha de Publicación: 02/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Integrantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán ratificaron las denuncias de habitantes de Algarrobal Viejo (paraje que se encuentra entre el límite de Anta, en Salta, y Santiago del Estero), sobre el desmonte de unas 5000 hectáreas en la parte salteña de tierras que pertenecían a la empresa Rumbo Norte y que, según los dichos de los campesinos, habrían sido vendidas con permiso de desmonte a una empresa de Santa Fe.
Frente al conflicto, los gobiernos de ambas provincias habían decidido suspender este desmonte (autorizado por la gestión de Juan Carlos Romero antes de la aprobación de la Ley de Bosques Nativos), hasta que las jurisdicciones contaran con sus respectivos ordenamientos territoriales.
En Salta, a pesar de que la ley le daba al gobernador 60 días para presentar el mapa del ordenamiento territorial en el cual se indica donde se puede desmontar y donde no, este todavía se desconoce.
Según lo indicado por los profesores de la universidad tucumana, Cristian Abdala y Juan Pablo Juliá, en Santiago las tierras que eran de Rumbo Norte (que suman unas 24 mil hectáreas), se encuentran ubicadas en una zona que está pintada de amarilla con puntos rojos.
Los dos colores son indicadores de que seguro, en esa zona, el desmonte está prohibido. Los académicos, que desde hace varios años estudian el aprovechamiento de la fauna y flora por parte de los pobladores de Algarrobal Viejo, prevén presentarse hoy en Tucumán en un plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y del Bicentenario de la Creación del Ombudsman.
Allí, junto a sus alumnos, harán una protesta y presentarán un petitorio para que los defensores intercedan en la situación.
Fecha de Publicación: 02/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Integrantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán ratificaron las denuncias de habitantes de Algarrobal Viejo (paraje que se encuentra entre el límite de Anta, en Salta, y Santiago del Estero), sobre el desmonte de unas 5000 hectáreas en la parte salteña de tierras que pertenecían a la empresa Rumbo Norte y que, según los dichos de los campesinos, habrían sido vendidas con permiso de desmonte a una empresa de Santa Fe.
Frente al conflicto, los gobiernos de ambas provincias habían decidido suspender este desmonte (autorizado por la gestión de Juan Carlos Romero antes de la aprobación de la Ley de Bosques Nativos), hasta que las jurisdicciones contaran con sus respectivos ordenamientos territoriales.
En Salta, a pesar de que la ley le daba al gobernador 60 días para presentar el mapa del ordenamiento territorial en el cual se indica donde se puede desmontar y donde no, este todavía se desconoce.
Según lo indicado por los profesores de la universidad tucumana, Cristian Abdala y Juan Pablo Juliá, en Santiago las tierras que eran de Rumbo Norte (que suman unas 24 mil hectáreas), se encuentran ubicadas en una zona que está pintada de amarilla con puntos rojos.
Los dos colores son indicadores de que seguro, en esa zona, el desmonte está prohibido. Los académicos, que desde hace varios años estudian el aprovechamiento de la fauna y flora por parte de los pobladores de Algarrobal Viejo, prevén presentarse hoy en Tucumán en un plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y del Bicentenario de la Creación del Ombudsman.
Allí, junto a sus alumnos, harán una protesta y presentarán un petitorio para que los defensores intercedan en la situación.
Indígenas piden respeto por sus opiniones
Indígenas piden respeto por sus opiniones
Fecha de Publicación: 01/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades aborígenes El Arazay y Lipeo-Baritú, del municipio de Los Toldos, pidieron que en el estudio de impacto ambiental acumulativo que será entregado por la Nación y la provincia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “se respeten” sus opiniones, contrarias a los desmontes.
El reclamo fue plasmado en un acta firmada el pasado 25, día en que se llevó a cabo en Los Toldos, departamento Santa Victoria, la última de las cuatro reuniones convocadas por los consultores encargados de realizar el estudio de impacto ambiental.
Las comunidades también criticaron la encuesta entregada por los consultores: “una guía estructurada que realmente no refleja la opinión de la gente”, y que contiene preguntas muy complejas o que no prevén todas las opciones de respuestas posibles o pensadas solo para medianos o grandes productores o empresarios, y que hasta desconocen la realidad de la tenencia de la tierra.
“La visita sólo intentó recopilar información para realizar una valoración económica del ambiente a partir de su modificación por cambio de uso por tala o desmonte. Este concepto de valoración económica es totalmente opuesto a la cultura local de comunidades indígenas y pequeños productores”, sostuvieron las comunidades.
Afirmaron que los consultores no tuvieron en cuenta la cultura local de los pueblos originarios y de los pequeños productores.
Roberto Aleman, de El Arazay, informó a Nuevo Diario que, además, los consultores utilizaron un lenguaje muy técnico y nunca se explicó con claridad el motivo del encuentro.
Ambas comunidades enviaron un detalle de las observaciones a la reunión con los consultores, de la que participó también (como en los encuentros correspondientes a San Martín, Orán y Rivadavia) la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli. Las comunidades indicaron que cuando “se intentó explicar qué es un estudio de impacto ambiental acumulativo”, los consultores lo hicieron con “un vocabulario muy técnico que no permitió a las personas que asistieron comprender el motivo de la visita ni qué se esperaba de ellos”. Además, señalaron que la definición que dieron los técnicos sobre los bienes y servicios ambientales se contrapone con la visión del ambiente de la gente local, que tiene “un concepto territorial, mucho más abarcativo y complejo que la visión dada de separar al ambiente en bienes y servicios”. También objetaron que, según les dijeron en la reunión, los consultores no tendrán en cuenta los estudios de impacto ambiental particulares. Las comunidades explicaron que es necesario atender a estos estudios para comparar los ingresos obtenidos por los grandes productores con el cambio en las condiciones de calidad de vida de las personas que vivían del monte.
Fecha de Publicación: 01/07/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades aborígenes El Arazay y Lipeo-Baritú, del municipio de Los Toldos, pidieron que en el estudio de impacto ambiental acumulativo que será entregado por la Nación y la provincia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “se respeten” sus opiniones, contrarias a los desmontes.
El reclamo fue plasmado en un acta firmada el pasado 25, día en que se llevó a cabo en Los Toldos, departamento Santa Victoria, la última de las cuatro reuniones convocadas por los consultores encargados de realizar el estudio de impacto ambiental.
Las comunidades también criticaron la encuesta entregada por los consultores: “una guía estructurada que realmente no refleja la opinión de la gente”, y que contiene preguntas muy complejas o que no prevén todas las opciones de respuestas posibles o pensadas solo para medianos o grandes productores o empresarios, y que hasta desconocen la realidad de la tenencia de la tierra.
“La visita sólo intentó recopilar información para realizar una valoración económica del ambiente a partir de su modificación por cambio de uso por tala o desmonte. Este concepto de valoración económica es totalmente opuesto a la cultura local de comunidades indígenas y pequeños productores”, sostuvieron las comunidades.
Afirmaron que los consultores no tuvieron en cuenta la cultura local de los pueblos originarios y de los pequeños productores.
Roberto Aleman, de El Arazay, informó a Nuevo Diario que, además, los consultores utilizaron un lenguaje muy técnico y nunca se explicó con claridad el motivo del encuentro.
Ambas comunidades enviaron un detalle de las observaciones a la reunión con los consultores, de la que participó también (como en los encuentros correspondientes a San Martín, Orán y Rivadavia) la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli. Las comunidades indicaron que cuando “se intentó explicar qué es un estudio de impacto ambiental acumulativo”, los consultores lo hicieron con “un vocabulario muy técnico que no permitió a las personas que asistieron comprender el motivo de la visita ni qué se esperaba de ellos”. Además, señalaron que la definición que dieron los técnicos sobre los bienes y servicios ambientales se contrapone con la visión del ambiente de la gente local, que tiene “un concepto territorial, mucho más abarcativo y complejo que la visión dada de separar al ambiente en bienes y servicios”. También objetaron que, según les dijeron en la reunión, los consultores no tendrán en cuenta los estudios de impacto ambiental particulares. Las comunidades explicaron que es necesario atender a estos estudios para comparar los ingresos obtenidos por los grandes productores con el cambio en las condiciones de calidad de vida de las personas que vivían del monte.
Cumplir con la suspensión de desmontes y tala
Piden al Gobierno que haga cumplir la suspensión de desmontes y tala
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Mesa de Tierra, integrada por comunidades originarias y familias campesinas del Chaco salteño, pidió por escrito al gobierno provincial que haga cumplir la orden de suspensión de los desmontes y la tala selectiva en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
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Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.
"No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo)."
Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.
La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión "fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha".Como consecuencia "existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento", por lo que solicitó "de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado".
La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria "no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona" y "no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada"; además, la "metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión", el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, "fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal". También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un "lenguaje técnico y culturalmente inapropiado", que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos "ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza" y "no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen".
Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite "copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas".
Fecha de Publicación: 26/06/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Mesa de Tierra, integrada por comunidades originarias y familias campesinas del Chaco salteño, pidió por escrito al gobierno provincial que haga cumplir la orden de suspensión de los desmontes y la tala selectiva en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
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Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.
"No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo)."
Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.
La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión "fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha".Como consecuencia "existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento", por lo que solicitó "de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado".
La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria "no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona" y "no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada"; además, la "metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión", el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, "fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal". También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un "lenguaje técnico y culturalmente inapropiado", que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos "ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza" y "no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen".
Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite "copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas".
Aborígenes enfrentados por la tala
Aborígenes enfrentados por la tala
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Periovista
Provincia/Región: Salta
El 29 de junio termina el plazo para concluir el informe ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los indígenas se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida los está perjudicando.
En el marco de la suspensión total de los desmontes y la tala de bosques nativos en el norte provincial, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, el equipo de expertos que realiza el estudio de impacto ambiental se reunió con pobladores para analizar la situación.
Algunos grupos de aborígenes se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida cautelar ordenada por el máximo tribunal los está perjudicando porque no pueden explotar madera para subsistir.
La situación ya ha provocado el enfrentamiento entre grupos en Tartagal y cortes de ruta.
En esa zona, lograr el equilibrio entre las actividades humanas y el entorno natural es más que un eslogan ambientalista. De los recursos del bosque viven miles de familias que esperan por minutos la llegada del 29 de junio, fecha dispuesta por el máximo tribunal de Justicia para que se presente la evaluación del estudio y las recomendaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Cómo lograr ese objetivo fue el centro de la discusión de la que participaron alrededor de 900 personas pertenecientes a comunidades aborígenes y criollas, organizaciones ambientalistas, empresarios y trabajadores de las actividades agrícola, forestal y ganadera.
Las reuniones se realizaron durante la semana pasada en las localidades de Morillo, Orán y Aguaray. Al salir de uno de los encuentros, Luis Belluccini, titular del Centro de Obrajeros de Orán, opinó que “quedó en claro que la comunidad apoya la actividad forestal, siempre y cuando esté bien hecha” y que “al desmonte hay que evaluarlo de otra manera”. En cuanto a la tala de árboles, el representante de los hacheros señaló que “si se hace en forma racional, como la venimos efectuando los madereros, no se daña el medio ambiente”.
Belluccini consideró que “la audiencia fue positiva”. “Hubo reflexiones importante realizadas por gente común de la ciudad, comerciantes, vecinos, empresarios. Por nuestra parte, insistimos que hace mas de tres meses que estamos gestionando que se revierta esta medida, pero no se logra, ya que el trabajo de la Provincia aún no fue presentado”, señaló.
El grupo de expertos en desarrollo sustentable contratados por la Provincia realizó una serie de encuestas a los actores del territorio para evaluar qué usos se les da a los bienes naturales, para valorar los servicios ambientales de los bosques. El cese provisorio de los desmontes y talas de bosque nativos afectan a miles de trabajadores en los departamentos de Oran, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
Tensa situación en el acceso a Tartagal
La Corte Suprema de Justicia dictó el 26 de marzo la medida cautelar que prohíbe, por 90 días, los desmontes y las talas de árboles nativos en Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Un grupo de aborígenes liderados por el cacique Antonio Cabana de la misión Tonono, levantó en la tarde de ayer un corte que mantenían sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte de la ciudad de Tartagal.
El tránsito fue interrumpido a la altura del arroyo Cuña Muerta.
Los manifestantes se mostraron contrarios a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la tala de árboles en la zona, al igual que carreros que les compran maderas a los lugareños y las transportan con tractores y acoplados.
Allí se produjeron incidentes con otro grupo liderado por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda.
Reunión
Debido a la tensa situación el subjefe de Policía, Mario Paz se trasladó ayer a la zona y mantuvo una reunión con los representantes aborígenes, en la Comisaría 42.
“Lograron ponerse de acuerdo y prometieron no generar nuevos inconvenientes. Ahora van a aguardar la llegada de las autoridades ambientales para resolver la situación por las vías legales correspondientes”, dijo Paz a El Tribuno.
“Nos están perjudicando”
“No estamos de acuerdo con los desmontes, pero 18 comunidades se ven afectadas con la disposición de suspender la tala de árboles”, dijo Esteban Soruco, representante de la comunidad Kilómetro seis, que se encuentra en Tartagal, sobre la ruta nacional 86.
Se trata de unas 2.200 personas entre wichis, chorotes y tobas.
Dijo que las empresas “están arrasando con los montes y no se puede hacer recolección, cazar, ni hacer el aprovechamiento de la leña porque la acordonan y la queman”.
“Le pedimos al gobernador que intervenga en esta situación. Antes los miembros de las comunidades podían hacer carbón, pero ahora no porque desmontaron miles de hectáreas en la zona”, destacó.
Rechazo
Sin embargo, Soruco planteó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de prohibir la tala de árboles “nos está perjudicando”.
“En las 14.300 hectáreas que nos otorgaron en el lote fiscal 4, en Tonono, no se puede sacar madera para vender y por eso 18 comunidades se ven afectadas y no tienen como subsistir”, remarcó.
“Los que más sufren son los hermanos que están en el monte. Nosotros estamos cerca de la ciudad y algunos pueden conseguir changas”, concluyó Soruco.
El representante lamentó la situación planteada en el norte provincial y solicitó soluciones urgentes a las autoridades.
El domingo hubo otro “choque”
Dos grupos de aborígenes protagonizaron un incidente cuando uno de ellos intentó sacar cargas de madera y el otro se lo impidió.
El suceso fue confirmado por el jefe de la Unidad Regional 4 de la Policía de la provincia, Rubén Copa, quien dijo que ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 16 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
Los protagonistas fueron alrededor de 60 personas. Sucede que los que protestaban respetaron la prohibición de tala de árboles ordenada por la Corte Suprema, y al parecer los otros no, porque estaban transportando madera.
“Impidieron el paso de tractores con acoplados. Hubo una pequeña rencilla. Tuvimos que intervenir y el problema fue solucionado”, dijo Copa a El Tribuno.
Sin denuncias
No hubo denuncias policiales e intervino el cacique Indalecio Calermo para evitar que las cosas pasaran a mayores.
La Policía secuestró la madera que luego fue entregada a un depositario judicial hasta que la situación se resuelva.
Otra de las cosas que se investigan es si los involucrados habían sido notificados sobre la prohibición.
Aunque hay dudas sobre esa situación, porque muchos de los que estuvieron en el incidente habrían participado el viernes pasado de la reunión que se realizó en Aguaray con los funcionarios que se encuentran a cargo del estudio ambiental.
Fecha de Publicación: 19/06/2009
Fuente: Periovista
Provincia/Región: Salta
El 29 de junio termina el plazo para concluir el informe ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los indígenas se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida los está perjudicando.
En el marco de la suspensión total de los desmontes y la tala de bosques nativos en el norte provincial, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, el equipo de expertos que realiza el estudio de impacto ambiental se reunió con pobladores para analizar la situación.
Algunos grupos de aborígenes se mostraron en contra de los desmontes, pero dijeron que la medida cautelar ordenada por el máximo tribunal los está perjudicando porque no pueden explotar madera para subsistir.
La situación ya ha provocado el enfrentamiento entre grupos en Tartagal y cortes de ruta.
En esa zona, lograr el equilibrio entre las actividades humanas y el entorno natural es más que un eslogan ambientalista. De los recursos del bosque viven miles de familias que esperan por minutos la llegada del 29 de junio, fecha dispuesta por el máximo tribunal de Justicia para que se presente la evaluación del estudio y las recomendaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Cómo lograr ese objetivo fue el centro de la discusión de la que participaron alrededor de 900 personas pertenecientes a comunidades aborígenes y criollas, organizaciones ambientalistas, empresarios y trabajadores de las actividades agrícola, forestal y ganadera.
Las reuniones se realizaron durante la semana pasada en las localidades de Morillo, Orán y Aguaray. Al salir de uno de los encuentros, Luis Belluccini, titular del Centro de Obrajeros de Orán, opinó que “quedó en claro que la comunidad apoya la actividad forestal, siempre y cuando esté bien hecha” y que “al desmonte hay que evaluarlo de otra manera”. En cuanto a la tala de árboles, el representante de los hacheros señaló que “si se hace en forma racional, como la venimos efectuando los madereros, no se daña el medio ambiente”.
Belluccini consideró que “la audiencia fue positiva”. “Hubo reflexiones importante realizadas por gente común de la ciudad, comerciantes, vecinos, empresarios. Por nuestra parte, insistimos que hace mas de tres meses que estamos gestionando que se revierta esta medida, pero no se logra, ya que el trabajo de la Provincia aún no fue presentado”, señaló.
El grupo de expertos en desarrollo sustentable contratados por la Provincia realizó una serie de encuestas a los actores del territorio para evaluar qué usos se les da a los bienes naturales, para valorar los servicios ambientales de los bosques. El cese provisorio de los desmontes y talas de bosque nativos afectan a miles de trabajadores en los departamentos de Oran, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.
Tensa situación en el acceso a Tartagal
La Corte Suprema de Justicia dictó el 26 de marzo la medida cautelar que prohíbe, por 90 días, los desmontes y las talas de árboles nativos en Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Un grupo de aborígenes liderados por el cacique Antonio Cabana de la misión Tonono, levantó en la tarde de ayer un corte que mantenían sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte de la ciudad de Tartagal.
El tránsito fue interrumpido a la altura del arroyo Cuña Muerta.
Los manifestantes se mostraron contrarios a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe la tala de árboles en la zona, al igual que carreros que les compran maderas a los lugareños y las transportan con tractores y acoplados.
Allí se produjeron incidentes con otro grupo liderado por los caciques Eduardo Rivero y Roque Miranda.
Reunión
Debido a la tensa situación el subjefe de Policía, Mario Paz se trasladó ayer a la zona y mantuvo una reunión con los representantes aborígenes, en la Comisaría 42.
“Lograron ponerse de acuerdo y prometieron no generar nuevos inconvenientes. Ahora van a aguardar la llegada de las autoridades ambientales para resolver la situación por las vías legales correspondientes”, dijo Paz a El Tribuno.
“Nos están perjudicando”
“No estamos de acuerdo con los desmontes, pero 18 comunidades se ven afectadas con la disposición de suspender la tala de árboles”, dijo Esteban Soruco, representante de la comunidad Kilómetro seis, que se encuentra en Tartagal, sobre la ruta nacional 86.
Se trata de unas 2.200 personas entre wichis, chorotes y tobas.
Dijo que las empresas “están arrasando con los montes y no se puede hacer recolección, cazar, ni hacer el aprovechamiento de la leña porque la acordonan y la queman”.
“Le pedimos al gobernador que intervenga en esta situación. Antes los miembros de las comunidades podían hacer carbón, pero ahora no porque desmontaron miles de hectáreas en la zona”, destacó.
Rechazo
Sin embargo, Soruco planteó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de prohibir la tala de árboles “nos está perjudicando”.
“En las 14.300 hectáreas que nos otorgaron en el lote fiscal 4, en Tonono, no se puede sacar madera para vender y por eso 18 comunidades se ven afectadas y no tienen como subsistir”, remarcó.
“Los que más sufren son los hermanos que están en el monte. Nosotros estamos cerca de la ciudad y algunos pueden conseguir changas”, concluyó Soruco.
El representante lamentó la situación planteada en el norte provincial y solicitó soluciones urgentes a las autoridades.
El domingo hubo otro “choque”
Dos grupos de aborígenes protagonizaron un incidente cuando uno de ellos intentó sacar cargas de madera y el otro se lo impidió.
El suceso fue confirmado por el jefe de la Unidad Regional 4 de la Policía de la provincia, Rubén Copa, quien dijo que ocurrió el domingo pasado en el kilómetro 16 de la ruta nacional 86, en Tartagal.
Los protagonistas fueron alrededor de 60 personas. Sucede que los que protestaban respetaron la prohibición de tala de árboles ordenada por la Corte Suprema, y al parecer los otros no, porque estaban transportando madera.
“Impidieron el paso de tractores con acoplados. Hubo una pequeña rencilla. Tuvimos que intervenir y el problema fue solucionado”, dijo Copa a El Tribuno.
Sin denuncias
No hubo denuncias policiales e intervino el cacique Indalecio Calermo para evitar que las cosas pasaran a mayores.
La Policía secuestró la madera que luego fue entregada a un depositario judicial hasta que la situación se resuelva.
Otra de las cosas que se investigan es si los involucrados habían sido notificados sobre la prohibición.
Aunque hay dudas sobre esa situación, porque muchos de los que estuvieron en el incidente habrían participado el viernes pasado de la reunión que se realizó en Aguaray con los funcionarios que se encuentran a cargo del estudio ambiental.
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