La Rioja: Derogan la ley que prohibía la minería
13:31 | 
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Eco Sitio |
La Rioja: Derogaron la ley que prohibía la explotación minera contaminante
Fecha de Publicación: 08/08/2008
Fuente: El Independiente de La Rioja
Provincia/Región: La Rioja
En medio de un clima tenso con la presencia de asambleístas, los diputados le quitaron a la Dirección de Minería la facultad de analizar el impacto ambiental de los proyectos mineros en la Provincia, para otorgársela a la Secretaría de Medio Ambiente. Con esta ley se derogó la que prohibía la explotación minera con métodos contaminantes, sancionada hace poco.
Con despachos de comisión favorables, la Cámara de Diputados aprobó ayer la modificación a la ley de Medio Ambiente (Nº 7.801) para cambiar el órgano de competencia encargado de analizar el impacto ambiental de los proyectos mineros que pretendan llevarse a cabo en la Provincia. Ahora pasará de la Dirección de Minería a la Secretaría de Medio Ambiente.
Además la misma ley establece que para tal fin se creará un Consejo Provincial de Medio Ambiente, que estará integrado por representantes de las Funciones Ejecutiva y Legislativa, al igual que por organismos intermedios, como ambientalistas o asambleístas.
La función de este órgano será la de analizar, para luego emitir dictamen fundamentado, sobre el impacto de determinados proyectos mineros (a fin de aceptarlos o rechazarlos). Este Consejo dispondrá de una partida presupuestaria y garantizará que sus miembros no sean removidos hasta que no concluyan el dictamen.
El articulado de esta norma dispone, en consecuencia, la derogación de todas las leyes anteriores que se contrapongan a ésta, con lo cual automáticamente se caen las 8.137 y 8.138. La primera es la que prohibía en todo el territorio de la Provincia la explotación minera a cielo abierto, con métodos de lixiviación con cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia contaminante.
La segunda disponía el llamado obligatorio a consulta popular (vinculante) en Chilecito y Famatina, para que el pueblo se expida sobre esa norma, pero por decisión política dicha consulta nunca se realizó.
La ley fue sancionada por la mayoría de los diputados presentes, a excepción del chileciteño Enrique Molina que explicitó su oposición a la misma, y el capitalino Jorge Basso que muy disconforme con “el manejo” del tratamiento a la norma, directamente se abstuvo de levantar la mano.
Sucede que en el orden del día se incluyeron juntos los despachos de comisión de dos proyectos relacionados con la modificación a la ley de Medio Ambiente, uno autoría de Basso y el otro de Mario Guzmán Soria (ambos presentados en abril).
El de Basso disponía la modificación de cinco artículos, pero sólo relacionados al cambio del organismo de competencia en el análisis del impacto ambiental. No establecía ni la derogación de las leyes anteriores (8.137 y 8.138), ni la creación del Consejo Consultor, estos dos aspectos contenidos en la de Guzmán Soria.
Antes de aprobarse los despachos de comisión favorables, el presidente del bloque Justicialista y autor de uno de los proyectos presentados, Mario Guzmán Soria, fundamentó esta modificación, a la que calificó como una “decisión política”.
Tras señalar esto dejó en claro que “este Gobierno y quien les habla tiene interés en promocionar la minería porque entiende que si no hay inversiones mineras en la Provincia vamos a postergar el desarrollo de esta Provincia por generaciones”.
Seguidamente enfatizó que este interés no se contrapone, ni es “contradictorio”, con la decisión “seria y permanente” de preservar el medio ambiente, y negó que “toda minería signifique muerte y contaminación”, en alusión a los asambleístas que rechazan esta actividad.
Una de las frases pronunciadas con más fuerza por Guzmán Soria fue “se quiere darle garantía a la gente”, pero también quedó muy claro que la decisión política del Gobierno es darle impulso a la actividad minera en la Provincia.
Mientras fundamentaba el proyecto, un grupo de asambleístas presentes en el recinto, increpó al diputado chepeño por la contradicción del gobierno de Beder Herrera en la política minera, tras lo cual los policías trataron bruscamente de sacarlos afuera. Al resto de los integrantes de este grupo directamente no los dejaron ingresar, porque según argumentaron “el comisario Pedraza dijo que tenía `órdenes´ de no dejarnos pasar”.
Fecha de Publicación: 08/08/2008
Fuente: El Independiente de La Rioja
Provincia/Región: La Rioja
En medio de un clima tenso con la presencia de asambleístas, los diputados le quitaron a la Dirección de Minería la facultad de analizar el impacto ambiental de los proyectos mineros en la Provincia, para otorgársela a la Secretaría de Medio Ambiente. Con esta ley se derogó la que prohibía la explotación minera con métodos contaminantes, sancionada hace poco.
Con despachos de comisión favorables, la Cámara de Diputados aprobó ayer la modificación a la ley de Medio Ambiente (Nº 7.801) para cambiar el órgano de competencia encargado de analizar el impacto ambiental de los proyectos mineros que pretendan llevarse a cabo en la Provincia. Ahora pasará de la Dirección de Minería a la Secretaría de Medio Ambiente.
Además la misma ley establece que para tal fin se creará un Consejo Provincial de Medio Ambiente, que estará integrado por representantes de las Funciones Ejecutiva y Legislativa, al igual que por organismos intermedios, como ambientalistas o asambleístas.
La función de este órgano será la de analizar, para luego emitir dictamen fundamentado, sobre el impacto de determinados proyectos mineros (a fin de aceptarlos o rechazarlos). Este Consejo dispondrá de una partida presupuestaria y garantizará que sus miembros no sean removidos hasta que no concluyan el dictamen.
El articulado de esta norma dispone, en consecuencia, la derogación de todas las leyes anteriores que se contrapongan a ésta, con lo cual automáticamente se caen las 8.137 y 8.138. La primera es la que prohibía en todo el territorio de la Provincia la explotación minera a cielo abierto, con métodos de lixiviación con cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia contaminante.
La segunda disponía el llamado obligatorio a consulta popular (vinculante) en Chilecito y Famatina, para que el pueblo se expida sobre esa norma, pero por decisión política dicha consulta nunca se realizó.
La ley fue sancionada por la mayoría de los diputados presentes, a excepción del chileciteño Enrique Molina que explicitó su oposición a la misma, y el capitalino Jorge Basso que muy disconforme con “el manejo” del tratamiento a la norma, directamente se abstuvo de levantar la mano.
Sucede que en el orden del día se incluyeron juntos los despachos de comisión de dos proyectos relacionados con la modificación a la ley de Medio Ambiente, uno autoría de Basso y el otro de Mario Guzmán Soria (ambos presentados en abril).
El de Basso disponía la modificación de cinco artículos, pero sólo relacionados al cambio del organismo de competencia en el análisis del impacto ambiental. No establecía ni la derogación de las leyes anteriores (8.137 y 8.138), ni la creación del Consejo Consultor, estos dos aspectos contenidos en la de Guzmán Soria.
Antes de aprobarse los despachos de comisión favorables, el presidente del bloque Justicialista y autor de uno de los proyectos presentados, Mario Guzmán Soria, fundamentó esta modificación, a la que calificó como una “decisión política”.
Tras señalar esto dejó en claro que “este Gobierno y quien les habla tiene interés en promocionar la minería porque entiende que si no hay inversiones mineras en la Provincia vamos a postergar el desarrollo de esta Provincia por generaciones”.
Seguidamente enfatizó que este interés no se contrapone, ni es “contradictorio”, con la decisión “seria y permanente” de preservar el medio ambiente, y negó que “toda minería signifique muerte y contaminación”, en alusión a los asambleístas que rechazan esta actividad.
Una de las frases pronunciadas con más fuerza por Guzmán Soria fue “se quiere darle garantía a la gente”, pero también quedó muy claro que la decisión política del Gobierno es darle impulso a la actividad minera en la Provincia.
Mientras fundamentaba el proyecto, un grupo de asambleístas presentes en el recinto, increpó al diputado chepeño por la contradicción del gobierno de Beder Herrera en la política minera, tras lo cual los policías trataron bruscamente de sacarlos afuera. Al resto de los integrantes de este grupo directamente no los dejaron ingresar, porque según argumentaron “el comisario Pedraza dijo que tenía `órdenes´ de no dejarnos pasar”.
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