La Nación reglamentó la ley de bosques
Reglamentaron la ley que regula los desmontes y talas de bosques
Fecha de Publicación: 14/02/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto que reglamenta la Ley de Bosques. La decisión fue celebrada por las organizaciones ambientalistas y sociales, que cuestionaban la gran demora en la elaboración de esa norma. Al acto, realizado en la quinta de Olivos, asistieron ministros nacionales, y también los responsables de las áreas de medio ambiente de la Nación y de varias provincias.
El proceso de búsqueda de acuerdos en el Consejo Federal de Medio Ambiente para elaborar la "letra chica" de la ley, se aceleró a partir de diciembre, al asumir Homero Bibiloni como secretario de Ambiente de la Nación.
La reglamentación se concluyó más de 14 meses después de la sanción de la ley reclamada con casi un millón de firmas, y cuatro días después del aluvión que destruyó cientos de casas en la ciudad de Tartagal. También está cerca otra fecha clave: el miércoles 18 se realizará la audiencia pautada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que accedió al pedido de comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta, y ordenó frenar los desmontes autorizados a fines de 2007.
La ley, al ser de presupuestos mínimos, es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias. "Teníamos un hueco en la legislación nacional. Esta norma establece la necesidad de un ordenamiento territorial, que viene a poner un límite a la actividad agropecuaria que se expandió desordenadamente en los últimos años", evaluó el ingeniero Miguel Brassiolo, profesor de Silvicultura en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Ya desde su sanción, la ley estableció la prohibición de autorizar desmontes, talas y extracción, hasta tanto cada provincia elabore una ley de ordenamiento territorial, en un proceso que, valora Brassiolo, debe ser participativo. Esto significa determinar zonas rojas, de máxima protección por su cercanía a reservas, sus valores biológicos y/o porque ejercen protección de cuencas; amarillas, posibles de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación; y verdes, que pueden transformarse para otros usos agrícolas o ganadero, aunque con previa evaluación de impacto ambiental.
Se calcula que para julio, todas las provincias habrán concluido su ordenamiento. Salta acaba de sancionar la ley, sumamente cuestionada por la sociedad civil: la Universidad Nacional de Salta solicitó anteayer una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que es inconstitucional y que "no conserva ningún bosque".
Para Emiliano Ezcurra, director del Banco de Bosques, la ley "es un paso en la dirección correcta, pero no asegura un cambio de paradigma productivo. Se sigue pensando que el bosque, o se protege o se elimina. Falta adaptar la economía a la ecología, a la matriz ambiental de cada lugar".
La ley considera que los bosques nativos brindan servicios ambientales a la sociedad: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, y defensa de la identidad cultural.
"Es bueno que empecemos a entender que los bosques tienen gente adentro", aprobó Ezcurra. Por su parte Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, apreció que se incluya la consideración de los valores culturales, "de los pueblos indígenas y campesinos, que hasta ahora no habían sido reconocidos como actores sociales".
Los expertos consultados por Clarín coincidieron en la importancia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Su procedencia está estipulada en la ley, y rondará los mil millones de pesos por año. El 70% se destinará a compensar por los servicios ambientales a los titulares de tierras, públicos o privados, donde se conserven bosques nativos; pero los especialistas señalaron que la reglamentación no establece criterios claros que eviten un manejo político o "amiguista". El resto se aplicará a ayudar a pequeños productores y comunidades, para que hagan un manejo sustentable; y a monitorear los bosques. "Las provincias no tendrán más excusas para no controlar el desmonte y la tala ilegales", señaló Giardini.
La Nación reglamentó la ley de bosques
Fecha de Publicación: 14/02/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ocurrió luego de 14 meses de sancionada la norma y tras el alud en Tartagal, que ecologistas vinculan con los desmontes.
Buenos Aires. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reglamentó ayer la ley de bosques. La medida ocurrió luego de que un alud arrasara parte de Tartagal el lunes, fenómeno que los ecologistas atribuyen a los efectos de los masivos desmontes en esa zona.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (26.331) había sido aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2007. Ese año, más de 1,3 millón de personas firmaron a favor del proyecto, que fue presentado por el diputado Miguel Bonasso.
Aunque el Gobierno atribuyó el alud de Tartagal a las intensas lluvias, organizaciones ecologistas como Greenpeace relacionaron la tragedia con la creciente deforestación de montes nativos para expandir el área agrícola, principalmente para el cultivo de soja.
Según fuentes oficiales, desde 1900 hasta la actualidad, el desmonte ya se cobró 69 millones de hectáreas. Si bien Fernández no admitió la relación entre el desmonte y el alud en Tartagal, sí reconoció que la disminución de los bosques nativos tiene que ver con el avance de la frontera agrícola-ganadera.
"No es novedad que las dos cosas están íntimamente ligadas, pero tampoco podemos convertirnos en los soldados verdes sino en personas con mucha racionalidad, que hagamos sustentable la producción que necesitamos para generar trabajo y riqueza y, al mismo tiempo, el cuidado del medio ambiente", dijo la Presidenta.
La ley de bosques establece que las provincias deberán delimitar las áreas forestales bajo protección dentro de sus territorios y tendrán funciones para controlar que se cumpla con la norma de conservación.
Sin embargo, muchas provincias se escudaban en la falta de reglamentación de la norma para demorar su aplicación.
Con la reglamentación de la norma, la Secretaría de Ambiente nacional brindará a las provincias asistencia técnica, económica y financiera para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada jurisdicción, que deberá actualizarse cada cinco años.
Además, se destinan dos partidas: una para la puesta en marcha del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, y otra para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
La norma deja lugar al "reconocimiento y participación de las comunidades indígenas, campesinas y pequeños productores que habitan en el bosque".
Está previsto, también, un Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo, que "servirá a la planificación de actividades productivas que impliquen un cambio en el uso de la tierra mediante el desmonte".
Las ONG ambientalistas habían cuestionado el nuevo borrador de la reglamentación. Sostienen que se realizaron cambios en aspectos que el Gobierno ya había consensuado con ellas.
Fecha de Publicación: 14/02/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto que reglamenta la Ley de Bosques. La decisión fue celebrada por las organizaciones ambientalistas y sociales, que cuestionaban la gran demora en la elaboración de esa norma. Al acto, realizado en la quinta de Olivos, asistieron ministros nacionales, y también los responsables de las áreas de medio ambiente de la Nación y de varias provincias.
El proceso de búsqueda de acuerdos en el Consejo Federal de Medio Ambiente para elaborar la "letra chica" de la ley, se aceleró a partir de diciembre, al asumir Homero Bibiloni como secretario de Ambiente de la Nación.
La reglamentación se concluyó más de 14 meses después de la sanción de la ley reclamada con casi un millón de firmas, y cuatro días después del aluvión que destruyó cientos de casas en la ciudad de Tartagal. También está cerca otra fecha clave: el miércoles 18 se realizará la audiencia pautada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que accedió al pedido de comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta, y ordenó frenar los desmontes autorizados a fines de 2007.
La ley, al ser de presupuestos mínimos, es de cumplimiento obligatorio para todas las provincias. "Teníamos un hueco en la legislación nacional. Esta norma establece la necesidad de un ordenamiento territorial, que viene a poner un límite a la actividad agropecuaria que se expandió desordenadamente en los últimos años", evaluó el ingeniero Miguel Brassiolo, profesor de Silvicultura en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Ya desde su sanción, la ley estableció la prohibición de autorizar desmontes, talas y extracción, hasta tanto cada provincia elabore una ley de ordenamiento territorial, en un proceso que, valora Brassiolo, debe ser participativo. Esto significa determinar zonas rojas, de máxima protección por su cercanía a reservas, sus valores biológicos y/o porque ejercen protección de cuencas; amarillas, posibles de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación; y verdes, que pueden transformarse para otros usos agrícolas o ganadero, aunque con previa evaluación de impacto ambiental.
Se calcula que para julio, todas las provincias habrán concluido su ordenamiento. Salta acaba de sancionar la ley, sumamente cuestionada por la sociedad civil: la Universidad Nacional de Salta solicitó anteayer una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que es inconstitucional y que "no conserva ningún bosque".
Para Emiliano Ezcurra, director del Banco de Bosques, la ley "es un paso en la dirección correcta, pero no asegura un cambio de paradigma productivo. Se sigue pensando que el bosque, o se protege o se elimina. Falta adaptar la economía a la ecología, a la matriz ambiental de cada lugar".
La ley considera que los bosques nativos brindan servicios ambientales a la sociedad: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, y defensa de la identidad cultural.
"Es bueno que empecemos a entender que los bosques tienen gente adentro", aprobó Ezcurra. Por su parte Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, apreció que se incluya la consideración de los valores culturales, "de los pueblos indígenas y campesinos, que hasta ahora no habían sido reconocidos como actores sociales".
Los expertos consultados por Clarín coincidieron en la importancia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Su procedencia está estipulada en la ley, y rondará los mil millones de pesos por año. El 70% se destinará a compensar por los servicios ambientales a los titulares de tierras, públicos o privados, donde se conserven bosques nativos; pero los especialistas señalaron que la reglamentación no establece criterios claros que eviten un manejo político o "amiguista". El resto se aplicará a ayudar a pequeños productores y comunidades, para que hagan un manejo sustentable; y a monitorear los bosques. "Las provincias no tendrán más excusas para no controlar el desmonte y la tala ilegales", señaló Giardini.
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La Nación reglamentó la ley de bosques
Fecha de Publicación: 14/02/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ocurrió luego de 14 meses de sancionada la norma y tras el alud en Tartagal, que ecologistas vinculan con los desmontes.
Buenos Aires. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reglamentó ayer la ley de bosques. La medida ocurrió luego de que un alud arrasara parte de Tartagal el lunes, fenómeno que los ecologistas atribuyen a los efectos de los masivos desmontes en esa zona.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (26.331) había sido aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2007. Ese año, más de 1,3 millón de personas firmaron a favor del proyecto, que fue presentado por el diputado Miguel Bonasso.
Aunque el Gobierno atribuyó el alud de Tartagal a las intensas lluvias, organizaciones ecologistas como Greenpeace relacionaron la tragedia con la creciente deforestación de montes nativos para expandir el área agrícola, principalmente para el cultivo de soja.
Según fuentes oficiales, desde 1900 hasta la actualidad, el desmonte ya se cobró 69 millones de hectáreas. Si bien Fernández no admitió la relación entre el desmonte y el alud en Tartagal, sí reconoció que la disminución de los bosques nativos tiene que ver con el avance de la frontera agrícola-ganadera.
"No es novedad que las dos cosas están íntimamente ligadas, pero tampoco podemos convertirnos en los soldados verdes sino en personas con mucha racionalidad, que hagamos sustentable la producción que necesitamos para generar trabajo y riqueza y, al mismo tiempo, el cuidado del medio ambiente", dijo la Presidenta.
La ley de bosques establece que las provincias deberán delimitar las áreas forestales bajo protección dentro de sus territorios y tendrán funciones para controlar que se cumpla con la norma de conservación.
Sin embargo, muchas provincias se escudaban en la falta de reglamentación de la norma para demorar su aplicación.
Con la reglamentación de la norma, la Secretaría de Ambiente nacional brindará a las provincias asistencia técnica, económica y financiera para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada jurisdicción, que deberá actualizarse cada cinco años.
Además, se destinan dos partidas: una para la puesta en marcha del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, y otra para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
La norma deja lugar al "reconocimiento y participación de las comunidades indígenas, campesinas y pequeños productores que habitan en el bosque".
Está previsto, también, un Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo, que "servirá a la planificación de actividades productivas que impliquen un cambio en el uso de la tierra mediante el desmonte".
Las ONG ambientalistas habían cuestionado el nuevo borrador de la reglamentación. Sostienen que se realizaron cambios en aspectos que el Gobierno ya había consensuado con ellas.
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