"La ley de bosques es genocida"
"La ley de ordenamiento territorial de los bosques es genocida"
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Guillermo Baudino, calificó ayer de “genocida” a la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos aprobada por la provincia.
Baudino, doctor en geología, hizo esta afirmación adhiriendo a un razonamiento de la antropóloga Catalina Buliubasich, quien afirmó que los desmontes representan “una amenaza a los pueblos indígenas”. Recordó que la Universidad ya ha dicho, respecto del caso Pizarro, que la destrucción del monte pone en riesgo de extinción a la Comunidad wichi Eben Ezer; por lo tanto, se configura el delito de genocidio. Comunidades wichi del Chaco Salteño utilizan la figura del genocidio para referirse a los efectos que les provocan los desmontes.
La ex secretaria de Política Ambiental criticó también a quien fuera su superior en el Gobierno, el ministro de Ambiente, Julio Nasser, por sus dichos acerca de que habrá asistencia y se trasladará a otros lugares a las comunidades afectadas por los desmontes: “Es una amenaza muy grave”, sostuvo Buliubasich, para quien eso fue percibido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue uno de los motivos de la suspensión de los desmontes y la tala en los departamentos Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Junto al doctor en ciencias ambientales Lucas Seghezzo y al diputado provincial Pablo López (PO), Buliubasich disertó ayer en la Universidad sobre este fallo.
En ese contexto Baudino adhirió a una propuesta de López, quien había invitado a los estudiantes a tomar la iniciativ para exigir la anulación de la ley de ordenamiento territorial. El decano consideró que es necesario frenar los efectos de esta norma ( que dejó abierta la posibilidad de desmontar cerca de cuatro millones de hectáreas) porque sigue vigente para los departamentos no alcanzados por la suspensión dictada por la Corte (a raíz de una petición de aborígenes y criollos). “Es una ley genocida", afirmó.
Recordó que la UNSa presentó ante el máximo tribunal del país un amparo y planteo de inconstitucionalidad del ordenamiento.
Buliubasich se refirió al impacto de los desmontes sobre los pueblos indígenas. Respecto de la suspensión, sostuvo que, por efecto acumulativo, “fue tan grave y es tan impactante la situación que se generó en los últimos meses” y “tan cerrado, en el sentido de no dar respuestas, el gobierno provincial que prácticamente generó el fallo de la Corte”.
Afirmó que hubo “una palmaria violación de los derechos indígenas”. “Hay un momento en que las comunidades y los criollos quedan sin respuestas”. Y enumeró los motivos por los cuales considera que se llegó a la suspensión de los desmontes: un marco normativo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas; hubo una “denegación de acceso” por parte de la provincia a revisar decisiones administrativas que afectaban a las comunidades, como ocurrió con los 18 autorizaciones de deforestación impugnadas por los indígenas, y el avance de la frontera agraria. “Hay un gobierno que no escuchó nada”, subrayó.
Buliubasich recordó también que el principio de las leyes ambientales “está necesariamente ligado al principio precautorio” (sobre el que la Corte basó su fallo) que “tendría que haber inspirado revisar los 18 casos”. La Corte ordenó también que se haga un estudio del impacto acumulativo de los desmontes. Buliubasich convocó a estar movilizados y seguir de cerca este proceso para que “sea realmente participativo”. “Siendo la información uno de los aspectos de la participación, creo que no estamos participando”, alertó.
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
El decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Guillermo Baudino, calificó ayer de “genocida” a la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos aprobada por la provincia.
Baudino, doctor en geología, hizo esta afirmación adhiriendo a un razonamiento de la antropóloga Catalina Buliubasich, quien afirmó que los desmontes representan “una amenaza a los pueblos indígenas”. Recordó que la Universidad ya ha dicho, respecto del caso Pizarro, que la destrucción del monte pone en riesgo de extinción a la Comunidad wichi Eben Ezer; por lo tanto, se configura el delito de genocidio. Comunidades wichi del Chaco Salteño utilizan la figura del genocidio para referirse a los efectos que les provocan los desmontes.
La ex secretaria de Política Ambiental criticó también a quien fuera su superior en el Gobierno, el ministro de Ambiente, Julio Nasser, por sus dichos acerca de que habrá asistencia y se trasladará a otros lugares a las comunidades afectadas por los desmontes: “Es una amenaza muy grave”, sostuvo Buliubasich, para quien eso fue percibido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue uno de los motivos de la suspensión de los desmontes y la tala en los departamentos Rivadavia, San Martín, Orán y Santa Victoria.
Junto al doctor en ciencias ambientales Lucas Seghezzo y al diputado provincial Pablo López (PO), Buliubasich disertó ayer en la Universidad sobre este fallo.
En ese contexto Baudino adhirió a una propuesta de López, quien había invitado a los estudiantes a tomar la iniciativ para exigir la anulación de la ley de ordenamiento territorial. El decano consideró que es necesario frenar los efectos de esta norma ( que dejó abierta la posibilidad de desmontar cerca de cuatro millones de hectáreas) porque sigue vigente para los departamentos no alcanzados por la suspensión dictada por la Corte (a raíz de una petición de aborígenes y criollos). “Es una ley genocida", afirmó.
Recordó que la UNSa presentó ante el máximo tribunal del país un amparo y planteo de inconstitucionalidad del ordenamiento.
Buliubasich se refirió al impacto de los desmontes sobre los pueblos indígenas. Respecto de la suspensión, sostuvo que, por efecto acumulativo, “fue tan grave y es tan impactante la situación que se generó en los últimos meses” y “tan cerrado, en el sentido de no dar respuestas, el gobierno provincial que prácticamente generó el fallo de la Corte”.
Afirmó que hubo “una palmaria violación de los derechos indígenas”. “Hay un momento en que las comunidades y los criollos quedan sin respuestas”. Y enumeró los motivos por los cuales considera que se llegó a la suspensión de los desmontes: un marco normativo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas; hubo una “denegación de acceso” por parte de la provincia a revisar decisiones administrativas que afectaban a las comunidades, como ocurrió con los 18 autorizaciones de deforestación impugnadas por los indígenas, y el avance de la frontera agraria. “Hay un gobierno que no escuchó nada”, subrayó.
Buliubasich recordó también que el principio de las leyes ambientales “está necesariamente ligado al principio precautorio” (sobre el que la Corte basó su fallo) que “tendría que haber inspirado revisar los 18 casos”. La Corte ordenó también que se haga un estudio del impacto acumulativo de los desmontes. Buliubasich convocó a estar movilizados y seguir de cerca este proceso para que “sea realmente participativo”. “Siendo la información uno de los aspectos de la participación, creo que no estamos participando”, alertó.
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