Polémica por el saneamiento del Riachuelo
19:51 | 
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Ciudad: polémica por el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/08/2009
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
La oposición cuestionó el trabajo al Ejecutivo porteño y el del ACUMAR, organismo integrado por la Nación, la provincia y la ciudad. Fue luego de una presentación de la Agencia Ambiental en la Legislatura, donde se admitió que para inspeccionar más de cuatro mil industrias sólo hay 17 inspectores. Por su lado, la justicia federal confirmó la obligación de la ciudad de aportar fondos para el saneamiento.
Una reunión en la Legislatura porteña celebrada ayer despertó polémica. La Comisión de Ecología contó con la presencia de la Directora de la Agencia de Protección Ambiental, Graciela Gerola, quien informó sobre las acciones que se están desarrollando en el marco de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo).
Acompañada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Ministro, Daniel Chaín, al igual que autoridades del Ministerio de Salud porteño, Gerola presentó un extenso informe ante los legisladores.
"Estamos trabajando en conjunto junto a Nación y Provincia, queremos que el Comité funcione. Conozco la problemática del Riachuelo desde hace más de 10 años y es la primera vez que pienso que podemos trabajar bien. Armar el reglamento nos llevó un año. El objetivo es que en el mediano plazo, y acá no me animo a decir un tiempo concreto, el Riachuelo sea de uso pasivo, que no tenga contaminación y no tenga olor. De ninguna manera el agua va a ser potable. Lo peor que nos puede pasar es plantearnos metas que no podamos cumplir", sostuvo Gerola.
"El crédito del Banco Mundial que pidió Nación va a ser muy importante. Acerca de la contaminación debo decir, que todo lo que se pueda comentar sobre este tema, nada es verdad porque para tener valores hay que realizar monitoreos continuos, algo que no se está haciendo y se empezarán a aplicar con el crédito", destacó la funcionaria.
Sobre las industrias contaminantes, afirmó que lo que se busca es un cambio de actitud de los industriales; acerca de las mediciones del aire, respondió "nuestra ciudad es la única que cuenta con una red de monitoreo, la Provincia no la tiene y la Nación la está adquiriendo, hemos ofrecido nuestras redes para las mediciones".
Críticas
Tras la reunión el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, sostuvo que "no hay planes efectivos, no hay políticas serias" para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, como tampoco para solucionar la crítica situación habitacional de las miles de familias asentadas en sus márgenes.
"La funcionaria de Macri no brindó ninguna explicación convincente, sólo se dedicó a echarle la culpa a la Nación y a la provincia de Buenos Aires sobre la falta de obras efectivas para el saneamiento de la cuenca", destacó Di Filippo.
"Gerola reconoció que la ACUMAR no tiene el personal necesario para inspeccionar las más de 4.000 industrias que vierten desechos en la cuenca. Son sólo 17 inspectores, por lo que se necesitarían unos 12 años para que puedan inspeccionar, al menos, una vez a cada industria", agregó el legislador porteño.
Di Filippo, presidente la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, sostuvo que tampoco "hay avances en brindar una solución habitacional digna a las miles de familias" que sobreviven en villas a ambas márgenes de los ríos Matanza y Riachuelo y "lo lamentable es que la única política habitacional de Macri es la expulsión".
La Justicia ordenó que se cumpla con lo previsto por la ley sobre el denominado "camino de sirga", es decir, abrir un espacio público de 35 metros a ambas márgenes de la cuenca, lo cual afectará a las poco más de 45 mil personas de las villas 26 y 21.24, asentadas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Di Filippo también criticó la Resolución 03/2009 de la ACUMAR que tiene como meta -según su texto- un uso de la cuenca "apto para actividades recreativas pasivas", lo que significa -destacó el legislador- que "sólo se pretende una cuenca sin olor, sin objetos en su superficie, pero el agua seguirá igual de contaminada, o sea, un maquillaje, no el saneamiento efectivo".
La justicia interviene
Por su lado, la justicia federal de Quilmes confirmó la obligación del gobierno porteño de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca hídrica del Río Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del tribunal confirmó una resolución anterior que obligaba al gobierno de la Ciudad a "prever fondos" para cumplir un fallo de la Corte del 2008.
La medida, según informa este martes el oficial Centro de Información Judicial, también recae sobre los ministerios de economía del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, que junto a la ciudad integran la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza.
La Ciudad había apelado la resolución que la obligaba a poner dinero para cumplir con el fallo del máximo tribunal de la Nación.
La Corte también encomendó al juzgado federal de Quilmes que centralice y controle todas la acciones legales referidas a la limpieza del curso de agua.
En una resolución del pasado 7 de julio, el juez Luis Armella había ordenado a las carteras económicas de esos estados "garantizar fondos" para el saneamiento de la cuenca.
También les ordenaba "dotar de los recursos humanos y materiales a los distintos componentes internos de la Autoridad (..) en todo lo referido al control industrial y la salud pública".
En su apelación, el gobierno porteño adujo que esa resolución fue dictada "con exceso de jurisdicción", contrariando la ley 26.168, que creó ACUMAR, y normas constitucionales que establecen la autonomía de la Ciudad.
Por ello la consideró "arbitraria" al disponer obligaciones ajenas al fallo de ejecución, "provocando un injustificado menoscabo al derecho de propiedad" y, en consecuencia, solicitó la impugnación de la medida.
La justicia quilmeña rechazó ahora esa calificación al asegurar que "respeta absolutamente la frontera constitucional, sin avanzar en la definición de los procedimientos".
Fecha de Publicación: 12/08/2009
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
La oposición cuestionó el trabajo al Ejecutivo porteño y el del ACUMAR, organismo integrado por la Nación, la provincia y la ciudad. Fue luego de una presentación de la Agencia Ambiental en la Legislatura, donde se admitió que para inspeccionar más de cuatro mil industrias sólo hay 17 inspectores. Por su lado, la justicia federal confirmó la obligación de la ciudad de aportar fondos para el saneamiento.
Una reunión en la Legislatura porteña celebrada ayer despertó polémica. La Comisión de Ecología contó con la presencia de la Directora de la Agencia de Protección Ambiental, Graciela Gerola, quien informó sobre las acciones que se están desarrollando en el marco de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo).
Acompañada por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Ministro, Daniel Chaín, al igual que autoridades del Ministerio de Salud porteño, Gerola presentó un extenso informe ante los legisladores.
"Estamos trabajando en conjunto junto a Nación y Provincia, queremos que el Comité funcione. Conozco la problemática del Riachuelo desde hace más de 10 años y es la primera vez que pienso que podemos trabajar bien. Armar el reglamento nos llevó un año. El objetivo es que en el mediano plazo, y acá no me animo a decir un tiempo concreto, el Riachuelo sea de uso pasivo, que no tenga contaminación y no tenga olor. De ninguna manera el agua va a ser potable. Lo peor que nos puede pasar es plantearnos metas que no podamos cumplir", sostuvo Gerola.
"El crédito del Banco Mundial que pidió Nación va a ser muy importante. Acerca de la contaminación debo decir, que todo lo que se pueda comentar sobre este tema, nada es verdad porque para tener valores hay que realizar monitoreos continuos, algo que no se está haciendo y se empezarán a aplicar con el crédito", destacó la funcionaria.
Sobre las industrias contaminantes, afirmó que lo que se busca es un cambio de actitud de los industriales; acerca de las mediciones del aire, respondió "nuestra ciudad es la única que cuenta con una red de monitoreo, la Provincia no la tiene y la Nación la está adquiriendo, hemos ofrecido nuestras redes para las mediciones".
Críticas
Tras la reunión el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, sostuvo que "no hay planes efectivos, no hay políticas serias" para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, como tampoco para solucionar la crítica situación habitacional de las miles de familias asentadas en sus márgenes.
"La funcionaria de Macri no brindó ninguna explicación convincente, sólo se dedicó a echarle la culpa a la Nación y a la provincia de Buenos Aires sobre la falta de obras efectivas para el saneamiento de la cuenca", destacó Di Filippo.
"Gerola reconoció que la ACUMAR no tiene el personal necesario para inspeccionar las más de 4.000 industrias que vierten desechos en la cuenca. Son sólo 17 inspectores, por lo que se necesitarían unos 12 años para que puedan inspeccionar, al menos, una vez a cada industria", agregó el legislador porteño.
Di Filippo, presidente la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, sostuvo que tampoco "hay avances en brindar una solución habitacional digna a las miles de familias" que sobreviven en villas a ambas márgenes de los ríos Matanza y Riachuelo y "lo lamentable es que la única política habitacional de Macri es la expulsión".
La Justicia ordenó que se cumpla con lo previsto por la ley sobre el denominado "camino de sirga", es decir, abrir un espacio público de 35 metros a ambas márgenes de la cuenca, lo cual afectará a las poco más de 45 mil personas de las villas 26 y 21.24, asentadas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Di Filippo también criticó la Resolución 03/2009 de la ACUMAR que tiene como meta -según su texto- un uso de la cuenca "apto para actividades recreativas pasivas", lo que significa -destacó el legislador- que "sólo se pretende una cuenca sin olor, sin objetos en su superficie, pero el agua seguirá igual de contaminada, o sea, un maquillaje, no el saneamiento efectivo".
La justicia interviene
Por su lado, la justicia federal de Quilmes confirmó la obligación del gobierno porteño de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca hídrica del Río Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del tribunal confirmó una resolución anterior que obligaba al gobierno de la Ciudad a "prever fondos" para cumplir un fallo de la Corte del 2008.
La medida, según informa este martes el oficial Centro de Información Judicial, también recae sobre los ministerios de economía del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, que junto a la ciudad integran la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza.
La Ciudad había apelado la resolución que la obligaba a poner dinero para cumplir con el fallo del máximo tribunal de la Nación.
La Corte también encomendó al juzgado federal de Quilmes que centralice y controle todas la acciones legales referidas a la limpieza del curso de agua.
En una resolución del pasado 7 de julio, el juez Luis Armella había ordenado a las carteras económicas de esos estados "garantizar fondos" para el saneamiento de la cuenca.
También les ordenaba "dotar de los recursos humanos y materiales a los distintos componentes internos de la Autoridad (..) en todo lo referido al control industrial y la salud pública".
En su apelación, el gobierno porteño adujo que esa resolución fue dictada "con exceso de jurisdicción", contrariando la ley 26.168, que creó ACUMAR, y normas constitucionales que establecen la autonomía de la Ciudad.
Por ello la consideró "arbitraria" al disponer obligaciones ajenas al fallo de ejecución, "provocando un injustificado menoscabo al derecho de propiedad" y, en consecuencia, solicitó la impugnación de la medida.
La justicia quilmeña rechazó ahora esa calificación al asegurar que "respeta absolutamente la frontera constitucional, sin avanzar en la definición de los procedimientos".
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