Salta presentó ante la Corte el EIA
Salta presentó ante la Corte el estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y se levantó la prohibición al aprovechamiento forestal
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la prohibición de aprovechamiento forestal que regía en cuatro departamentos de la provincia de Salta, tras la presentación por parte del gobierno salteño de un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y la finalización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia bajo los criterios de la Ley de Bosques.
Los magistrados entendieron que “cabe establecer una diferencia entre los conceptos de tala, desmonte y aprovechamiento forestal". Entre otros argumentos, se resaltó que el aprovechamiento forestal tiene un impacto social importante por ser "altamente demandante de mano de obra con diferentes niveles de formación y capacitación". El Gobierno de Salta estimó que la actividad ocupa un total de 7.000 empleados.
Por su parte, las actividades de desmonte en los cuatro departamentos (Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria) seguirán suspendidas hasta tanto la Corte evalúe las presentaciones y se expida nuevamente.
La determinación se tomó tomando como base las conclusiones del estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación en la provincia, que se presentó ante la Corte el 6 de agosto pasado. En cuanto al estudio en cuestión, la Corte ordenó ponerlo en conocimiento de la parte actora (comunidades campesinas e indígenas) a fin de que en 20 días esta se expida sobre sus conclusiones.
La Corte Suprema había suspendido el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por varias comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
Como condición para levantar las suspensiones, el máximo tribunal había exigido la elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determine de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Luego la Corte aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, tras concederles un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal). Esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
Fecha de Publicación: 20/08/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la prohibición de aprovechamiento forestal que regía en cuatro departamentos de la provincia de Salta, tras la presentación por parte del gobierno salteño de un estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación y la finalización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia bajo los criterios de la Ley de Bosques.
Los magistrados entendieron que “cabe establecer una diferencia entre los conceptos de tala, desmonte y aprovechamiento forestal". Entre otros argumentos, se resaltó que el aprovechamiento forestal tiene un impacto social importante por ser "altamente demandante de mano de obra con diferentes niveles de formación y capacitación". El Gobierno de Salta estimó que la actividad ocupa un total de 7.000 empleados.
Por su parte, las actividades de desmonte en los cuatro departamentos (Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria) seguirán suspendidas hasta tanto la Corte evalúe las presentaciones y se expida nuevamente.
La determinación se tomó tomando como base las conclusiones del estudio de impacto ambiental acumulativo de la deforestación en la provincia, que se presentó ante la Corte el 6 de agosto pasado. En cuanto al estudio en cuestión, la Corte ordenó ponerlo en conocimiento de la parte actora (comunidades campesinas e indígenas) a fin de que en 20 días esta se expida sobre sus conclusiones.
La Corte Suprema había suspendido el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por varias comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.
Como condición para levantar las suspensiones, el máximo tribunal había exigido la elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determine de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Luego la Corte aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina, tras concederles un “Amicus Curiae” (Amigos del Tribunal). Esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso.
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.
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