No permitamos la explotación de petróleo en la selva maya
23:40 | 
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Eco Sitio |
Perenco Guatemala Limited, subsidiaria local de la empresa petrolera franco-británica Perenco, extrae petróleo desde 2001 en el Parque Nacional Laguna del Tigre PLNT, departamento de Petén. En 2010, obtuvo una controvertida prolongación de quince años de su contrato petrolero dentro de esta área natural protegida.
Como parte del acuerdo de prórroga del contrato petrolero n°2-85, la zona ha sido fuertemente militarizada por un «batallón verde», creado con una contribución económica directa de la petrolera Perenco G.L. Desde 2010, el número de destacamentos militares presentes casi se ha triplicado y las comunidades se sienten reprimidas e intimidadas por los soldados.
El gobierno no garantiza los derechos fundamentales de los habitantes de la región, como el derecho a la educación y a la salud, o el acceso a títulos de propiedad para las tierras en las que viven –muchas veces tras migraciones forzadas. Al contrario, con el pretexto de que se trata de «invasores» del área protegida, desplaza de manera forzosa a las poblaciones locales que «interfieren» en el desarrollo de megaproyectos. Cuatro comunidades han sido desalojados de la zona desde 2009 y podrían suceder once nuevos desalojos.
Las comunidades de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, del departemento de Petén, hacen un llamamiento a la solidaridad internacional para que cesen las violencias en su contra y se respeten sus derechos.
Como parte del acuerdo de prórroga del contrato petrolero n°2-85, la zona ha sido fuertemente militarizada por un «batallón verde», creado con una contribución económica directa de la petrolera Perenco G.L. Desde 2010, el número de destacamentos militares presentes casi se ha triplicado y las comunidades se sienten reprimidas e intimidadas por los soldados.
El gobierno no garantiza los derechos fundamentales de los habitantes de la región, como el derecho a la educación y a la salud, o el acceso a títulos de propiedad para las tierras en las que viven –muchas veces tras migraciones forzadas. Al contrario, con el pretexto de que se trata de «invasores» del área protegida, desplaza de manera forzosa a las poblaciones locales que «interfieren» en el desarrollo de megaproyectos. Cuatro comunidades han sido desalojados de la zona desde 2009 y podrían suceder once nuevos desalojos.
Las comunidades de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, del departemento de Petén, hacen un llamamiento a la solidaridad internacional para que cesen las violencias en su contra y se respeten sus derechos.
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