Una gran mina de negocios
16:11 | 
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Una gran mina de negocios
Fecha de Publicación: 16/11/2009
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: San Juan
La explosión de negocios se sintió más fuerte este año en SIMINERA. Sucede que en comparación con lo que había sido la 1º edición del Salón Internacional de la Minería en 2007, este año los encuentros de negocios y rondas comerciales se vieron superados muy holgadamente.
De hecho, se superó por lejos lo hecho en 2007 cuando sólo hubo 150 reuniones. Este año, el número llegó a 465 encuentros pactados. A este respecto, según explicó Axel Arancibia, director de SIMINERA, “esto tiene que ver con la realidad durante 2009 en lo que ha sido la actividad minera y específicamente en San Juan con los proyectos que ya sabemos”.
Lógicamente, el gran número de reuniones en el marco de las rondas de negocios, los organizadores tuvieron que darle soporte y logística diferente de lo que había sido en la edición anterior.
“Este año hemos dado el espacio a las principales empresas, compradores o referentes del sector que iban a atender a los potenciales proveedores, tanto de servicios o productos, un lugar específico para que puedan tener una privacidad y un lugar diferente para el encuentro de negocios entre compradores y vendedores”, explicó Arancibia. De esta manera, la nueva disposición “fue más una cuestión de diseño y organización, ya que veíamos que las reuniones iban a ser mayores -y que efectivamente lo fueron- e iban a demandar mayor esfuerzo en cuanto a la logística en sí”, agregó el director del evento.
Para los organizadores de SIMINERA, las rondas de negocios generan compromisos mutuos entre productores y proveedores de cumplir con una agenda. “Sabemos que los proveedores son los que quieren vender, y tenemos que buscar mediante esta experiencia algunos “tips” para seguir generando el compromiso de los encuentros”.
Voces de negocios
Las voces de algunas compañías proveedoras nacionales y extranjeras tuvieron valoraciones en diferentes sentidos en cuanto a la evaluación de los encuentros de negocios.
Al respecto, Juan Chianelli, director de ventas de Ebonit S.A. empresa rosarina de revestimientos antiabrasivos y anticorrosivos, observó “que la gente que está recibiendo las entrevistas, que permanentemente tienen que ir cambiando de tema para abarcar más y tener una idea completa, están muy entusiasmados y respondiendo a los requerimientos que su propia empresa les marca”. También sostuvo que “la organización, los tiempos de espera, los tiempos de encuentro son mejorables. Además, agregó que “la predisposición de la gente que organiza fue muy buena y, en general, hubo una buena recepción”.
Por otra parte, Melanie Seal, representante comercial de RST (empresa australiana de tecnologías ambientales que brindan soluciones para aire, tierra y agua) quienes tuvieron 5 reuniones, comentaron que “esperábamos ver más empresas, teníamos expectativas más amplias de las que en verdad fueron. Además, los tiempos de entrevista de negocios en las rondas fue corto y así no se puede explicar bien lo que uno desearía”. También agregó que “hemos estado en otras Ferias de este tipo, y podemos dar cuentas de que en ellas había mucha más empresas. RT
Sin embargo, resaltaron que igualmente “fue muy positivo, ya que es una forma de ser conocidos y que las empresas conozcan lo que hacemos. Encontramos mucha receptividad también. Por ello estamos contentos y también por la posibilidad de haber tenido una espacio”, concluyó Seal.
Fecha de Publicación: 16/11/2009
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: San Juan
La explosión de negocios se sintió más fuerte este año en SIMINERA. Sucede que en comparación con lo que había sido la 1º edición del Salón Internacional de la Minería en 2007, este año los encuentros de negocios y rondas comerciales se vieron superados muy holgadamente.
De hecho, se superó por lejos lo hecho en 2007 cuando sólo hubo 150 reuniones. Este año, el número llegó a 465 encuentros pactados. A este respecto, según explicó Axel Arancibia, director de SIMINERA, “esto tiene que ver con la realidad durante 2009 en lo que ha sido la actividad minera y específicamente en San Juan con los proyectos que ya sabemos”.
Lógicamente, el gran número de reuniones en el marco de las rondas de negocios, los organizadores tuvieron que darle soporte y logística diferente de lo que había sido en la edición anterior.
“Este año hemos dado el espacio a las principales empresas, compradores o referentes del sector que iban a atender a los potenciales proveedores, tanto de servicios o productos, un lugar específico para que puedan tener una privacidad y un lugar diferente para el encuentro de negocios entre compradores y vendedores”, explicó Arancibia. De esta manera, la nueva disposición “fue más una cuestión de diseño y organización, ya que veíamos que las reuniones iban a ser mayores -y que efectivamente lo fueron- e iban a demandar mayor esfuerzo en cuanto a la logística en sí”, agregó el director del evento.
Para los organizadores de SIMINERA, las rondas de negocios generan compromisos mutuos entre productores y proveedores de cumplir con una agenda. “Sabemos que los proveedores son los que quieren vender, y tenemos que buscar mediante esta experiencia algunos “tips” para seguir generando el compromiso de los encuentros”.
Voces de negocios
Las voces de algunas compañías proveedoras nacionales y extranjeras tuvieron valoraciones en diferentes sentidos en cuanto a la evaluación de los encuentros de negocios.
Al respecto, Juan Chianelli, director de ventas de Ebonit S.A. empresa rosarina de revestimientos antiabrasivos y anticorrosivos, observó “que la gente que está recibiendo las entrevistas, que permanentemente tienen que ir cambiando de tema para abarcar más y tener una idea completa, están muy entusiasmados y respondiendo a los requerimientos que su propia empresa les marca”. También sostuvo que “la organización, los tiempos de espera, los tiempos de encuentro son mejorables. Además, agregó que “la predisposición de la gente que organiza fue muy buena y, en general, hubo una buena recepción”.
Por otra parte, Melanie Seal, representante comercial de RST (empresa australiana de tecnologías ambientales que brindan soluciones para aire, tierra y agua) quienes tuvieron 5 reuniones, comentaron que “esperábamos ver más empresas, teníamos expectativas más amplias de las que en verdad fueron. Además, los tiempos de entrevista de negocios en las rondas fue corto y así no se puede explicar bien lo que uno desearía”. También agregó que “hemos estado en otras Ferias de este tipo, y podemos dar cuentas de que en ellas había mucha más empresas. RT
Sin embargo, resaltaron que igualmente “fue muy positivo, ya que es una forma de ser conocidos y que las empresas conozcan lo que hacemos. Encontramos mucha receptividad también. Por ello estamos contentos y también por la posibilidad de haber tenido una espacio”, concluyó Seal.
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Los árboles no mueren de pie
Los árboles no mueren de pie
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace un siglo, los bosques nativos ocupaban 11 millones de hectáreas de la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas. La intervención del hombre es determinante de ese proceso.
Alejandro Casona (1903-1965) probablemente no hubiera encontrado en Córdoba la inspiración para fundir la realidad y la fantasía y dar a luz una de sus obras de teatro mejor logradas: Los árboles mueren de pie .
Es que aquí, el filo del hacha, la furia de las topadoras y las motosierras, el fuego intencional, la desidia general y la imprevisión han convertido extensas superficies de monte nativo en terreno yermo, en páramos que angustian, en promesas de desierto. Y no hay exageración en la apelación a esas impresiones.
Un siglo atrás los bosques ocupaban 11 millones de hectáreas en la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas con masa forestal.
Un estudio de los biólogos Marcelo Cabido y Marcel Zak (investigadores ambos de la UNC) señala que ya en 1960 los bosques nativos sólo se restringían a la zona norte y noroeste del territorio cordobés. Desde entonces y hasta 1999 se perdieron más de 1,2 millón de hectáreas, tanto de sierra como de llanura, destacan en el trabajo los docentes universitarios.
La contundencia de los datos y las evidencias de la realidad llevaron a Zak y Cabido a plantear la necesidad, no sólo de informar sobre esa situación de emergencia ambiental, sino de actuar sin perder más tiempo.
Para persuadir en particular a quienes debían pasar de la declamación a la acción, los biólogos realizaron un estudio comparativo de la vegetación de las sierras cordobesas entre 1969 y 1999. El relevamiento se circunscribió a cinco departamentos del norte. Los resultados fueron contundentes: en esas tres décadas, el bosque nativo se redujo un 85 por ciento. ¿Cómo fue que ocurrió eso?
Un regalo del cielo. En la década del ´90 un ciclo húmedo excepcional elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 a 800 milímetros anuales, según los registros históricos del Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (Cihrsa).
Ese regalo del cielo y la suba internacional del precio de la tierra en áreas tradicionalmente agrícolas, entre otras causas, hicieron que muchos productores y empresarios de los agronegocios pusieran el ojo en zonas marginales, potencialmente aptas para la agricultura y la ganadería extensiva.
La expansión de la frontera agropecuaria se dio entonces a expensas del monte nativo, porque la preservación de éste y la conquista de tierras para cultivos y animales, se sabe, son incompatibles en Argentina. Al menos eso es lo que muestran los hechos. Esa incompatibilidad es más marcada en Córdoba que en el resto del país.
Las estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación registran una tasa de deforestación en la provincia de entre el 2,52 y el 2,93 por ciento de 1998 a 2006, la más alta del país en ese período.
Para dimensionar mejor el dato, vale precisar que la tasa mundial de deforestación en esos años fue de 0,23 por ciento.
También sirve tener en cuenta que las del Amazonas y la de Sumatra (dos casos que fueron calificados de emergencia planetaria en deforestación) fueron del 0,38 y del tres por ciento, respectivamente, según el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
Fallaron los frenos. La gravedad del diagnóstico llevó a los legisladores cordobeses a sancionar la ley 9.219. Eso ocurrió el 9 de marzo de 2005. La norma prohíbe desde ese año y hasta 2015 "el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la provincia de Córdoba". También prevé como castigo a los infractores, "en todos los casos", la "obligación de reforestar con especies nativas" el área afectada, con el fin de "remediar el daño ambiental causado". ...sta es una medida accesoria de las multas, decomiso y otras penalidades contempladas en la ley para sancionar a los contraventores.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 se produjeron centenares de infracciones sin que se advierta de manera contundente la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. (Ver Una promesa: habrá cortinas forestales )
Una de las últimas violaciones tuvo lugar en el departamento Totoral, donde inspectores de la Secretaría de Ambiente constataron el desmonte de 170 hectáreas de bosque autóctono. Para la "limpieza", los propietarios utilizaron topadoras y el fuego intencional.
El operativo se realizó a fines de octubre último en el paraje La Culebrilla. En esos días, a pocos kilómetros de distancia, los incendios forestales redujeron a cenizas unas 30 mil hectáreas, elevando a más de 100 mil las hectáreas arrasadas por el fuego en toda la provincia en los últimos dos meses. Como se ve, en Córdoba, los árboles no mueren de pie desde hace mucho tiempo.
Un prestador de servicios vitales
Por Rafael Kopta
Presidente de la asociación ambiente, cultura y desarrollo
E xiste una opinión generalizada sobre los beneficios que el bosque y los árboles nos brindan que suele estar reducida a los productos que podemos obtener de ellos, como madera, leña, etcétera. Y en menor medida, con otros beneficios, llamados servicios ambientales, como son la liberación de oxígeno y la fijación de carbono. Otros servicios vitales menos difundidos que el bosque nos brinda están relacionados con la administración y provisión del agua y con la protección de los suelos.
Sucede que, en las sierras, el bosque protege al suelo como un paraguas de la lluvia. Las gotas golpean fuertemente sobre sus hojas y ramas y luego, se deslizan hasta la tierra.
Allí gran parte de este agua se infiltra gracias a que el entramado de sus raíces forma como una esponja; además, las raíces sujetan la tierra como una red, impidiendo que el agua la arrastre, previniendo así la erosión hídrica.
El agua infiltrada alimenta las vertientes, esto permite que haya agua aún en las épocas secas y a su vez, amortigua las crecientes, porque no toda el agua escurre.
Cuando el bosque serrano es destruido por desmonte, incendios o urbanización, el suelo queda desprotegido a merced de la lluvia cuyas gotas caen, lo rompen y el agua arrastra esta tierra fértil llevándola a los diques y embalses, rellenándolos, reduciendo así su capacidad de almacenar agua para el consumo, los cultivos y la producción de energía. A su vez, las crecientes se acentúan y las vertientes se secan en invierno.
Es fundamental que la ciudadanía, y en especial los gobernantes, entiendan que para lograr un desarrollo que tenga futuro no se puede ignorar la vital relación que existe entre la sociedad y el bosque. Si seguimos sin una firme política de gobierno que proteja los bosques, el deterioro será irreversible, generando problemas ambientales, sociales y económicos cada vez más graves y menos factibles de remediar.
Leyes conciliadoras, el gran desafío
Por Javier bernasconi
Miembro del Aula abierta de montaña de la unc
E l bosque nativo es un recurso natural de dominio público ubicado en propiedades privadas. Esta es la dificultad principal para su uso, manejo y conservación.
Algunos propietarios de predios rurales se sienten dueños del bosque, de la fauna nativa y del agua de sus campos, favorecidos por un Estado históricamente ausente, lejano o limitado, cómplice por sus carencias en el control de esos recursos.
El factor desequilibrante de esta situación es una agricultura de grandes capitales indiferentes a la conservación, que utilizan y desmontan bosques de manera irracional por no entrar en sus esquemas productivos.
Así, la falta de prácticas sostenibles transformó ecosistemas naturales en cultivos donde prevaleció sólo la maximización de la rentabilidad.
El desafío es que haya leyes conciliadoras de la propiedad privada y del patrimonio público, enmarcando a la provincia y a cada cordobés para velar por la conservación del patrimonio natural, manejándolo y resguardándolo para nuestras generaciones venideras.
Debemos reconocer y valorar el servicio ambiental que los bosques generan y estar dispuestos a pagarlo. Cada propietario rural debería afectar una superficie al servicio ambiental, desgravándola de impuestos y recibiendo un pago por el servicio dado.
El grado de deforestación de la provincia es alarmante. Actualmente, los bosques no llegan a ocupar ni el 10 por ciento de su superficie original. Y estamos atrasados en la toma de decisiones y en las acciones de remediación y restauración de los ecosistemas naturales.
No deben sorprendernos la sequía, la pérdida de suelos por erosión ni la disminución de la fauna. Todo está relacionado directamente con la pérdida de los bosques, aunque las sociedades rurales desmientan que el desmonte es la causa principal de semejante desastre ambiental. Es hora de que se asuma, sin hipocresía, el costo de las acciones sobre el bosque.
Una promesa: habrá cortinas forestales
"Para remediar el desmonte, tenemos que intensificar la reforestación, no sólo por la vía de la accesoria a los infractores de la ley 9.219, sino también por iniciativa propia", señaló a este diario el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa. "En eso estamos y con ese propósito, desde abril de 2010 comenzaremos con la plantación de cortinas forestales en los campos", aseguró el funcionario.
Desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 a la fecha se han constatado más de 700 infracciones y recién este año se comenzó a exigir la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. La medida se aplicó sólo en una decena de casos. Poco y nada. Sobre todo si se tiene en cuenta que en lo que va de 2009, Ambiente constató la destrucción de 3.008 hectáreas de monte nativo en el norte y noroeste provincial.
Río Seco, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas y Punilla son seis de los departamentos más afectados por el desmonte en los últimos 40 años. En ellos también se advierte un creciente proceso de desertificación con las consecuencias que eso supone. Por ejemplo, los 1.800 habitantes de Rayo Cortado, en Río Seco, se quedaron sin agua porque se secó la vertiente que abastecía al pueblo desde 1950.
Profesía cumplida. "Todo indica que el ciclo húmedo -que elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 milímetros anuales en la década del ´50 a 800 milímetros a mediados de los ´90- en algún momento se acabará y las lluvias volverán a sus valores históricos", advertía Marcelo Zak hace cinco años. "Cuando eso ocurra -planteó- lo más probable es que los campos tengan que abandonarse por ser inviables para la producción y, como fueron desmontados, se transformarán en desierto". Algo de eso está ocurriendo en la actualidad. El desmonte, se sabe, incide en las sequías.
El miércoles último, este diario publicó una columna del biólogo Raúl Montenegro, titulada Sequía, desmontes e imprevisión . En ella explica el vínculo entre la actual crisis hídrica y el descuido por décadas, de gobiernos y ciudadanos, de los 430 kilómetros de sierras -el Macizo Antiguo- donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos los cordobeses.
Eso -señala el titular de la Funam- "porque hay menor flujo y acumulación de agua dentro del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura". Al deteriorarse "la fábrica serrana -agrega- , cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación", concluye.
Greenpeace demostró la relación directa entre el proceso de deforestación en Salta y las trágicas inundaciones que se registraron en febrero de este año en Tartagal. La misma causa estuvo en la raíz de la tragedia de San Carlos Minas, el 6 de enero de 1992, cuando la descomunal crecida del arroyo Noguinet arrasó ese pueblo de Traslasierra y provocó la muerte de 30 personas.
Mucho más que dos botones de muestra.
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace un siglo, los bosques nativos ocupaban 11 millones de hectáreas de la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas. La intervención del hombre es determinante de ese proceso.
Alejandro Casona (1903-1965) probablemente no hubiera encontrado en Córdoba la inspiración para fundir la realidad y la fantasía y dar a luz una de sus obras de teatro mejor logradas: Los árboles mueren de pie .
Es que aquí, el filo del hacha, la furia de las topadoras y las motosierras, el fuego intencional, la desidia general y la imprevisión han convertido extensas superficies de monte nativo en terreno yermo, en páramos que angustian, en promesas de desierto. Y no hay exageración en la apelación a esas impresiones.
Un siglo atrás los bosques ocupaban 11 millones de hectáreas en la provincia. En 2000, apenas quedaba 1,3 millón de hectáreas con masa forestal.
Un estudio de los biólogos Marcelo Cabido y Marcel Zak (investigadores ambos de la UNC) señala que ya en 1960 los bosques nativos sólo se restringían a la zona norte y noroeste del territorio cordobés. Desde entonces y hasta 1999 se perdieron más de 1,2 millón de hectáreas, tanto de sierra como de llanura, destacan en el trabajo los docentes universitarios.
La contundencia de los datos y las evidencias de la realidad llevaron a Zak y Cabido a plantear la necesidad, no sólo de informar sobre esa situación de emergencia ambiental, sino de actuar sin perder más tiempo.
Para persuadir en particular a quienes debían pasar de la declamación a la acción, los biólogos realizaron un estudio comparativo de la vegetación de las sierras cordobesas entre 1969 y 1999. El relevamiento se circunscribió a cinco departamentos del norte. Los resultados fueron contundentes: en esas tres décadas, el bosque nativo se redujo un 85 por ciento. ¿Cómo fue que ocurrió eso?
Un regalo del cielo. En la década del ´90 un ciclo húmedo excepcional elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 a 800 milímetros anuales, según los registros históricos del Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (Cihrsa).
Ese regalo del cielo y la suba internacional del precio de la tierra en áreas tradicionalmente agrícolas, entre otras causas, hicieron que muchos productores y empresarios de los agronegocios pusieran el ojo en zonas marginales, potencialmente aptas para la agricultura y la ganadería extensiva.
La expansión de la frontera agropecuaria se dio entonces a expensas del monte nativo, porque la preservación de éste y la conquista de tierras para cultivos y animales, se sabe, son incompatibles en Argentina. Al menos eso es lo que muestran los hechos. Esa incompatibilidad es más marcada en Córdoba que en el resto del país.
Las estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación registran una tasa de deforestación en la provincia de entre el 2,52 y el 2,93 por ciento de 1998 a 2006, la más alta del país en ese período.
Para dimensionar mejor el dato, vale precisar que la tasa mundial de deforestación en esos años fue de 0,23 por ciento.
También sirve tener en cuenta que las del Amazonas y la de Sumatra (dos casos que fueron calificados de emergencia planetaria en deforestación) fueron del 0,38 y del tres por ciento, respectivamente, según el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
Fallaron los frenos. La gravedad del diagnóstico llevó a los legisladores cordobeses a sancionar la ley 9.219. Eso ocurrió el 9 de marzo de 2005. La norma prohíbe desde ese año y hasta 2015 "el desmonte total de bosques nativos en cada una de las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la provincia de Córdoba". También prevé como castigo a los infractores, "en todos los casos", la "obligación de reforestar con especies nativas" el área afectada, con el fin de "remediar el daño ambiental causado". ...sta es una medida accesoria de las multas, decomiso y otras penalidades contempladas en la ley para sancionar a los contraventores.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 se produjeron centenares de infracciones sin que se advierta de manera contundente la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. (Ver Una promesa: habrá cortinas forestales )
Una de las últimas violaciones tuvo lugar en el departamento Totoral, donde inspectores de la Secretaría de Ambiente constataron el desmonte de 170 hectáreas de bosque autóctono. Para la "limpieza", los propietarios utilizaron topadoras y el fuego intencional.
El operativo se realizó a fines de octubre último en el paraje La Culebrilla. En esos días, a pocos kilómetros de distancia, los incendios forestales redujeron a cenizas unas 30 mil hectáreas, elevando a más de 100 mil las hectáreas arrasadas por el fuego en toda la provincia en los últimos dos meses. Como se ve, en Córdoba, los árboles no mueren de pie desde hace mucho tiempo.
Un prestador de servicios vitales
Por Rafael Kopta
Presidente de la asociación ambiente, cultura y desarrollo
E xiste una opinión generalizada sobre los beneficios que el bosque y los árboles nos brindan que suele estar reducida a los productos que podemos obtener de ellos, como madera, leña, etcétera. Y en menor medida, con otros beneficios, llamados servicios ambientales, como son la liberación de oxígeno y la fijación de carbono. Otros servicios vitales menos difundidos que el bosque nos brinda están relacionados con la administración y provisión del agua y con la protección de los suelos.
Sucede que, en las sierras, el bosque protege al suelo como un paraguas de la lluvia. Las gotas golpean fuertemente sobre sus hojas y ramas y luego, se deslizan hasta la tierra.
Allí gran parte de este agua se infiltra gracias a que el entramado de sus raíces forma como una esponja; además, las raíces sujetan la tierra como una red, impidiendo que el agua la arrastre, previniendo así la erosión hídrica.
El agua infiltrada alimenta las vertientes, esto permite que haya agua aún en las épocas secas y a su vez, amortigua las crecientes, porque no toda el agua escurre.
Cuando el bosque serrano es destruido por desmonte, incendios o urbanización, el suelo queda desprotegido a merced de la lluvia cuyas gotas caen, lo rompen y el agua arrastra esta tierra fértil llevándola a los diques y embalses, rellenándolos, reduciendo así su capacidad de almacenar agua para el consumo, los cultivos y la producción de energía. A su vez, las crecientes se acentúan y las vertientes se secan en invierno.
Es fundamental que la ciudadanía, y en especial los gobernantes, entiendan que para lograr un desarrollo que tenga futuro no se puede ignorar la vital relación que existe entre la sociedad y el bosque. Si seguimos sin una firme política de gobierno que proteja los bosques, el deterioro será irreversible, generando problemas ambientales, sociales y económicos cada vez más graves y menos factibles de remediar.
Leyes conciliadoras, el gran desafío
Por Javier bernasconi
Miembro del Aula abierta de montaña de la unc
E l bosque nativo es un recurso natural de dominio público ubicado en propiedades privadas. Esta es la dificultad principal para su uso, manejo y conservación.
Algunos propietarios de predios rurales se sienten dueños del bosque, de la fauna nativa y del agua de sus campos, favorecidos por un Estado históricamente ausente, lejano o limitado, cómplice por sus carencias en el control de esos recursos.
El factor desequilibrante de esta situación es una agricultura de grandes capitales indiferentes a la conservación, que utilizan y desmontan bosques de manera irracional por no entrar en sus esquemas productivos.
Así, la falta de prácticas sostenibles transformó ecosistemas naturales en cultivos donde prevaleció sólo la maximización de la rentabilidad.
El desafío es que haya leyes conciliadoras de la propiedad privada y del patrimonio público, enmarcando a la provincia y a cada cordobés para velar por la conservación del patrimonio natural, manejándolo y resguardándolo para nuestras generaciones venideras.
Debemos reconocer y valorar el servicio ambiental que los bosques generan y estar dispuestos a pagarlo. Cada propietario rural debería afectar una superficie al servicio ambiental, desgravándola de impuestos y recibiendo un pago por el servicio dado.
El grado de deforestación de la provincia es alarmante. Actualmente, los bosques no llegan a ocupar ni el 10 por ciento de su superficie original. Y estamos atrasados en la toma de decisiones y en las acciones de remediación y restauración de los ecosistemas naturales.
No deben sorprendernos la sequía, la pérdida de suelos por erosión ni la disminución de la fauna. Todo está relacionado directamente con la pérdida de los bosques, aunque las sociedades rurales desmientan que el desmonte es la causa principal de semejante desastre ambiental. Es hora de que se asuma, sin hipocresía, el costo de las acciones sobre el bosque.
Una promesa: habrá cortinas forestales
"Para remediar el desmonte, tenemos que intensificar la reforestación, no sólo por la vía de la accesoria a los infractores de la ley 9.219, sino también por iniciativa propia", señaló a este diario el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa. "En eso estamos y con ese propósito, desde abril de 2010 comenzaremos con la plantación de cortinas forestales en los campos", aseguró el funcionario.
Desde la entrada en vigencia de la ley 9.219 a la fecha se han constatado más de 700 infracciones y recién este año se comenzó a exigir la reparación efectiva, mediante la reforestación, del perjuicio causado. La medida se aplicó sólo en una decena de casos. Poco y nada. Sobre todo si se tiene en cuenta que en lo que va de 2009, Ambiente constató la destrucción de 3.008 hectáreas de monte nativo en el norte y noroeste provincial.
Río Seco, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas y Punilla son seis de los departamentos más afectados por el desmonte en los últimos 40 años. En ellos también se advierte un creciente proceso de desertificación con las consecuencias que eso supone. Por ejemplo, los 1.800 habitantes de Rayo Cortado, en Río Seco, se quedaron sin agua porque se secó la vertiente que abastecía al pueblo desde 1950.
Profesía cumplida. "Todo indica que el ciclo húmedo -que elevó el promedio de lluvias en el norte cordobés de 650 milímetros anuales en la década del ´50 a 800 milímetros a mediados de los ´90- en algún momento se acabará y las lluvias volverán a sus valores históricos", advertía Marcelo Zak hace cinco años. "Cuando eso ocurra -planteó- lo más probable es que los campos tengan que abandonarse por ser inviables para la producción y, como fueron desmontados, se transformarán en desierto". Algo de eso está ocurriendo en la actualidad. El desmonte, se sabe, incide en las sequías.
El miércoles último, este diario publicó una columna del biólogo Raúl Montenegro, titulada Sequía, desmontes e imprevisión . En ella explica el vínculo entre la actual crisis hídrica y el descuido por décadas, de gobiernos y ciudadanos, de los 430 kilómetros de sierras -el Macizo Antiguo- donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos los cordobeses.
Eso -señala el titular de la Funam- "porque hay menor flujo y acumulación de agua dentro del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura". Al deteriorarse "la fábrica serrana -agrega- , cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación", concluye.
Greenpeace demostró la relación directa entre el proceso de deforestación en Salta y las trágicas inundaciones que se registraron en febrero de este año en Tartagal. La misma causa estuvo en la raíz de la tragedia de San Carlos Minas, el 6 de enero de 1992, cuando la descomunal crecida del arroyo Noguinet arrasó ese pueblo de Traslasierra y provocó la muerte de 30 personas.
Mucho más que dos botones de muestra.
Empresarios mineros analizaron la situación
Empresarios mineros analizaron la situación actual
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Les preocupa el freno a la inversión por la resolución provincial, aún vigente, que limita cateos y estudios. Gemera trabaja con las cámaras mineras por lo que escucharon los impedimentos para la llegada de inversores.
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) se reunió en Jujuy con autoridades de la Dirección de Minería, integrantes de cámaras mineras de Jujuy, Salta, San Juan y empresarios para analizar la situación de la actividad minera en Jujuy, limitada por la resolución que impide nuevos cateos y estudios de impacto ambiental.
La reunión se concretó en oportunidad de la visita de los integrantes de Gemera encabezados por Julio Ríos Gómez y se realizó en dos partes. La primera entre las cámaras mineras de Salta, Jujuy, San Juan y dicha entidad, junto al director de Minería de Jujuy Martín Sánchez y su par de Salta Ricardo Salas.
“Trabajamos sobre la problemática limítrofe y el impacto en el sector minero, la relación con las comunidades y los planes de ordenamiento territorial o zonificación”, precisó Alejandro Safarov, gerente de la Cámara Minera de Jujuy acerca de la reunión.
Acordaron además conformar un Consejo Regional Minero del NOA, con perfil público privado, con el fin de analizar entre otros temas la oportunidad y conveniencia de reformas normativas y las respectivas propuestas.
Coincidieron en la necesidad de contar con una base de datos que contenga toda la información existente sobre el tema, asumiendo que “zonificar no debe implicar necesariamente prohibición de la actividad minera”, precisó Safarov. Expresaron su compromiso ante las autoridades mineras de aportar los datos respectivos para fortalecer la seguridad jurídica.
También dejaron sentado allí que “independientemente de las ubicaciones de los pedimentos mineros en zonas limítrofes de una u otra provincia, la prioridad temporal debería ser uno de los criterios rectores en la solución de los problemas que se planteen, sin impedir que se desarrollen los proyectos”. Para ello estiman que deberán elevarse a las máximas autoridades políticas provinciales, los antecedentes y propuestas de declaraciones y acuerdos.
En el documento también expresaron la necesidad de establecer mecanismos eficientes de información que permita a la población conocer la actividad minera y su efecto multiplicador en materia económica y social.
También expresaron la aspiración de ratificar a Jujuy como “Capital Nacional de la Minería”, respetando la norma nacional vigente, por lo que se propusieron que la celebración del 7 de mayo tenga como sede Jujuy en el 2010, en el marco del Bicentenario.
Posteriormente el encuentro reunió sólo a los empresarios y referentes de las Cámaras mineras, y por la tarde se concretó la reunión de Gemera, en un hotel céntrico, que tuvo como anfitrionas a las empresas Orocobre limited y South Americas Salars.
Ríos Gómez expresó que “hoy todavía tenemos algunos frenos que impiden la llegada de nuevas inversiones a la provincia a pesar del excelente potencial que tiene respecto a los salares y posibilidades de litio”, precisó.
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Les preocupa el freno a la inversión por la resolución provincial, aún vigente, que limita cateos y estudios. Gemera trabaja con las cámaras mineras por lo que escucharon los impedimentos para la llegada de inversores.
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) se reunió en Jujuy con autoridades de la Dirección de Minería, integrantes de cámaras mineras de Jujuy, Salta, San Juan y empresarios para analizar la situación de la actividad minera en Jujuy, limitada por la resolución que impide nuevos cateos y estudios de impacto ambiental.
La reunión se concretó en oportunidad de la visita de los integrantes de Gemera encabezados por Julio Ríos Gómez y se realizó en dos partes. La primera entre las cámaras mineras de Salta, Jujuy, San Juan y dicha entidad, junto al director de Minería de Jujuy Martín Sánchez y su par de Salta Ricardo Salas.
“Trabajamos sobre la problemática limítrofe y el impacto en el sector minero, la relación con las comunidades y los planes de ordenamiento territorial o zonificación”, precisó Alejandro Safarov, gerente de la Cámara Minera de Jujuy acerca de la reunión.
Acordaron además conformar un Consejo Regional Minero del NOA, con perfil público privado, con el fin de analizar entre otros temas la oportunidad y conveniencia de reformas normativas y las respectivas propuestas.
Coincidieron en la necesidad de contar con una base de datos que contenga toda la información existente sobre el tema, asumiendo que “zonificar no debe implicar necesariamente prohibición de la actividad minera”, precisó Safarov. Expresaron su compromiso ante las autoridades mineras de aportar los datos respectivos para fortalecer la seguridad jurídica.
También dejaron sentado allí que “independientemente de las ubicaciones de los pedimentos mineros en zonas limítrofes de una u otra provincia, la prioridad temporal debería ser uno de los criterios rectores en la solución de los problemas que se planteen, sin impedir que se desarrollen los proyectos”. Para ello estiman que deberán elevarse a las máximas autoridades políticas provinciales, los antecedentes y propuestas de declaraciones y acuerdos.
En el documento también expresaron la necesidad de establecer mecanismos eficientes de información que permita a la población conocer la actividad minera y su efecto multiplicador en materia económica y social.
También expresaron la aspiración de ratificar a Jujuy como “Capital Nacional de la Minería”, respetando la norma nacional vigente, por lo que se propusieron que la celebración del 7 de mayo tenga como sede Jujuy en el 2010, en el marco del Bicentenario.
Posteriormente el encuentro reunió sólo a los empresarios y referentes de las Cámaras mineras, y por la tarde se concretó la reunión de Gemera, en un hotel céntrico, que tuvo como anfitrionas a las empresas Orocobre limited y South Americas Salars.
Ríos Gómez expresó que “hoy todavía tenemos algunos frenos que impiden la llegada de nuevas inversiones a la provincia a pesar del excelente potencial que tiene respecto a los salares y posibilidades de litio”, precisó.
Desmontes y Soja-Power
Desmontes y Soja-Power
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Fecha de Publicación: 15/11/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En el período 2004-2007 se autorizó el desmonte de más 800.000 hectáreas en Salta. Los grandes terratenientes beneficiados son empresas líderes en la producción sojera de la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
Sin desmontes no existiría la agricultura. Por eso vale la pena detenerse en cómo avanza la agricultura sojera en Salta. Es decir, los desmontes del bosque nativo y la expulsión de sus pobladores, dato que en forma superestructural ayuda también a comprender la presencia nacional de algunos políticos estandartes del Soja-Power con base territorial en esta provincia norteña. Además, el análisis sirve para redescubrir la potencia del recorte explicativo implícito en el análisis de una economía regional. Lo que sucede en una región, nunca se explica sólo en la región, sino en la inserción de estos subespacios en la economía nacional y mundial.
En una investigación de reciente publicación de Andrés Leake y María del Ecónomo sobre La deforestación en Salta 2004-2007, trabajo cuya fuente no son los desmontes efectivos sino las autorizaciones de desmonte publicadas en el Boletín Oficial provincial y en los expedientes correspondientes a las audiencias públicas de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semades), se detalla la autorización para desmontar más 800.000 hectáreas en los cuatro años bajo análisis. Además se precisa que más de la mitad de estas autorizaciones se otorgaron en el último año investigado, punto que pone en primer plano la alarmante aceleración del proceso. En 2007 la mayor concentración se dio en noviembre, cuando la superficie afectada ascendió a 130.602 hectáreas, con lo que en cuatro semanas se autorizaron planes de deforestación de una superficie mayor a la del año anterior.
Aunque los trámites de desmonte alcanzaron a nueve departamentos de la provincia, casi el 98 por ciento de la superficie afectada se concentra en cinco departamentos: Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Anta, el corazón sojero del sur provincial, ya perdió la mayor parte de su cobertura forestal. En el período 1960-90 fue por la expansión porotera, luego por la soja.
En el período 2002-2008 el área implantada con soja en la provincia se duplicó. En el departamento de San Martín el incremento del área fue del 443 por ciento, mientras que las áreas de expansión originaria del cultivo, como Anta, registran un aumento reducido: 34 por ciento para igual período. El departamento de San Martín cubría el 8,8 por ciento de la superficie con soja provincial en 2002 y el 25 por ciento en 2008. Estas cifras destacan la expansión del modelo hacia el norte y el oeste, expansión que fue acompañada por el aumento del ciclo húmedo hacia el oeste desde la década del ‘70.
Un punto interesante de la investigación es la pregunta de quiénes son los “proponentes” de las autorizaciones para desmontar. La respuesta, si se dijese rápido, es muy pocos. Más de la cuarta parte de la superficie afectada durante el período bajo estudio se concentró en cinco proponentes. A su vez, se observa que la mitad de la superficie corresponde a dieciséis proponentes. Entre estos grandes terratenientes beneficiados con autorizaciones de desmonte en la provincia figuran empresas que son líderes en la producción de la zona productora núcleo de la Pampa Húmeda, como la firma Cresud.
La deforestación se concentra actualmente en zonas donde se encuentran los principales remanentes del bosque tropical seco del Chaco Salteño, con enormes superficies ya autorizadas para deforestar. Esta situación supone un riesgo para la integridad ecológica de una región habitada por más de 200 comunidades indígenas, unos 25.000 aborígenes cazadores-recolectores, y un importante número de puesteros criollos con derechos precarios sobre la propiedad de la tierra
Análisis de los fondos mineros de la UNT
Pocas definiciones en el análisis de los fondos mineros de la UNT
Fecha de Publicación: 13/11/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
En la sesión de ayer del Consejo Superior, el momento más tenso los protagonizaron la directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y el decano de Arquitectura, Pablo Holgado -compañero de fórmula de la candidata a rectora María Luisa Rossi de Hernández, hoy vicerrectora- quienes debatieron sobre las obras realizadas con los fondos mineros. Sin ponerse de acuerdo, y tras una amplia discusión, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a las 17. En forma tibia, se avivó el debate en torno al rechazo de la UNT a los fondos que recibe por parte de Minera Alumbrera.
Hasta ahora, las cinco horas en las que ayer se analizaron los informes contables y las inversiones realizadas en tornos a los fondos que Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) gira a la UNT, sólo sirvieron para aportar un capitulo más en la interna de cara a las elecciones por el Rectorado de la UNT.
En la sesión de ayer del Consejo Superior, el momento más tenso los protagonizaron la directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y el decano de Arquitectura, Pablo Holgado -compañero de fórmula de la candidata a rectora María Luisa Rossi de Hernández, hoy vicerrectora- quienes debatieron sobre las obras realizadas con los fondos mineros. Sin ponerse de acuerdo, y tras una amplia discusión, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a las 17.
En ese contexto, algunos consejeros reclamaron la puesta en marcha de los nuevos proyectos de obra para sus facultades. En ese sentido, los decanos de Derecho, José Luis Vázquez, de Bioquímica, Alicia Bardón, y el vicedecano a cargo de decanato de la facultad de Artes, Jorge Sobral, exteriorizaron su preocupación por el comienzo de las obras en sus facultades.
En forma previa a la exposición de Cudmani, el director general de Administración de la UNT, Luis Francisco Castillo, detalló los montos girados desde YMAD a la casa de altos estudios desde 2006 a la fecha. Según expuso, hasta ahora se transfirieron unos 343 millones de pesos que, sumados a los 56 millones de pesos obtenidos por intereses a partir de plazos fijos depositados en diferentes entidades bancarias, suman 399 millones de pesos.
De ese total, Castillo explicó a los consejeros que 243 millones se destinaron a obras y 99,6 millones ingresaron en calidad de capitales aportados de libre disponibilidad.
En medio del debate el consejero Santiago Yanotti lanzó la pregunta que más expectativas generó entre los ambientalistas que asistieron a la sesión: ¿qué pasaría si la UNT dispusiera rechazar los fondos de YMAD?
La pregunta de Yanotti surge en medio de un amplio debate instalado a nivel nacional en cuanto al rechazo de facultades y universidades públicas a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, empresa denunciada por contaminar al medio ambiente.
El único que atinó a responder fue Rodolfo Succar, director de Presupuesto de la UNT, quien se limitó a sostener que la Universidad “seguirá funcionado” aunque sin nuevas obras.
Hasta hora, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) de la provincia de Córdoba y 19 unidades académicas de otras universidades se resistieron a aceptar el financiamiento porque consideran que ese es “dinero manchado con sangre”, según sostuvieron en los considerandos generales que fundamentaron los rechazos.
Justamente, este es uno de las principales objeciones por parte de organizaciones sociales y políticas de diversas áreas quienes reclaman al Rectorado el fin del vínculo que la UNT mantiene con Minera Alumbrera a través de la UTE YMAD.
YMAD está integrado por el gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. En la sociedad la minera percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante. De ese 20 por ciento, el 60 por ciento se destina a la provincia de Catamarca, un 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771. Es decir, un 0,04 por ciento de las ganancias de La Alumbrera se reparte entre todas las universidades argentinas.
Fecha de Publicación: 13/11/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
En la sesión de ayer del Consejo Superior, el momento más tenso los protagonizaron la directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y el decano de Arquitectura, Pablo Holgado -compañero de fórmula de la candidata a rectora María Luisa Rossi de Hernández, hoy vicerrectora- quienes debatieron sobre las obras realizadas con los fondos mineros. Sin ponerse de acuerdo, y tras una amplia discusión, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a las 17. En forma tibia, se avivó el debate en torno al rechazo de la UNT a los fondos que recibe por parte de Minera Alumbrera.
Hasta ahora, las cinco horas en las que ayer se analizaron los informes contables y las inversiones realizadas en tornos a los fondos que Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) gira a la UNT, sólo sirvieron para aportar un capitulo más en la interna de cara a las elecciones por el Rectorado de la UNT.
En la sesión de ayer del Consejo Superior, el momento más tenso los protagonizaron la directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y el decano de Arquitectura, Pablo Holgado -compañero de fórmula de la candidata a rectora María Luisa Rossi de Hernández, hoy vicerrectora- quienes debatieron sobre las obras realizadas con los fondos mineros. Sin ponerse de acuerdo, y tras una amplia discusión, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a las 17.
En ese contexto, algunos consejeros reclamaron la puesta en marcha de los nuevos proyectos de obra para sus facultades. En ese sentido, los decanos de Derecho, José Luis Vázquez, de Bioquímica, Alicia Bardón, y el vicedecano a cargo de decanato de la facultad de Artes, Jorge Sobral, exteriorizaron su preocupación por el comienzo de las obras en sus facultades.
En forma previa a la exposición de Cudmani, el director general de Administración de la UNT, Luis Francisco Castillo, detalló los montos girados desde YMAD a la casa de altos estudios desde 2006 a la fecha. Según expuso, hasta ahora se transfirieron unos 343 millones de pesos que, sumados a los 56 millones de pesos obtenidos por intereses a partir de plazos fijos depositados en diferentes entidades bancarias, suman 399 millones de pesos.
De ese total, Castillo explicó a los consejeros que 243 millones se destinaron a obras y 99,6 millones ingresaron en calidad de capitales aportados de libre disponibilidad.
En medio del debate el consejero Santiago Yanotti lanzó la pregunta que más expectativas generó entre los ambientalistas que asistieron a la sesión: ¿qué pasaría si la UNT dispusiera rechazar los fondos de YMAD?
La pregunta de Yanotti surge en medio de un amplio debate instalado a nivel nacional en cuanto al rechazo de facultades y universidades públicas a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, empresa denunciada por contaminar al medio ambiente.
El único que atinó a responder fue Rodolfo Succar, director de Presupuesto de la UNT, quien se limitó a sostener que la Universidad “seguirá funcionado” aunque sin nuevas obras.
Hasta hora, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) de la provincia de Córdoba y 19 unidades académicas de otras universidades se resistieron a aceptar el financiamiento porque consideran que ese es “dinero manchado con sangre”, según sostuvieron en los considerandos generales que fundamentaron los rechazos.
Justamente, este es uno de las principales objeciones por parte de organizaciones sociales y políticas de diversas áreas quienes reclaman al Rectorado el fin del vínculo que la UNT mantiene con Minera Alumbrera a través de la UTE YMAD.
YMAD está integrado por el gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional. En la sociedad la minera percibe el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante. De ese 20 por ciento, el 60 por ciento se destina a la provincia de Catamarca, un 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771. Es decir, un 0,04 por ciento de las ganancias de La Alumbrera se reparte entre todas las universidades argentinas.
Escasos fondos para la Ley de Bosques
Los escasos fondos para la Ley de Bosques en el Presupuesto 2010 demuestran la ausencia de una política ambiental seria
Fecha de Publicación: 12/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace manifestó su profunda preocupación frente a la exigua partida prevista en la recientemente sancionada Ley de Presupuesto 2010 para la conformación de los Fondos para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos establecidos por la Ley de Bosques, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria.
El artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada ayer establece una partida de 300 millones de pesos “como máximo” para la constitución de dicho fondo, pero la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dicta en su artículo 31 que el monto destinado “no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”. De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debería agregarse “el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”, por lo que los recursos podrían ascender a 1.300 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto presupuesto el Estado es el primero en incumplir con la Ley de Bosques. De esta manera se da una muy mala señal hacia los gobiernos provinciales y las empresas, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Dichos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
Hasta el momento, Santiago del Estero, Salta y Chaco son las únicas provincias que sancionaron por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Greenpeace destacó que la Ley Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro significativo en la participación de la sociedad civil, que apoyó su sanción con un millón y medio de firmas, pero advirtió dificultades políticas en su implementación.
“Lamentablemente la falta de decisión política dificulta su plena aplicación. Si bien desde su sanción la deforestación disminuyó en un 60%, es fundamental que aumenten los controles y que el resto de las provincias concluyan, de manera participativa, los procesos de ordenamiento territorial de sus bosques nativos y que los mismos sean reglamentados mediante leyes provinciales”, sentenció Giardini.
Fecha de Publicación: 12/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace manifestó su profunda preocupación frente a la exigua partida prevista en la recientemente sancionada Ley de Presupuesto 2010 para la conformación de los Fondos para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos establecidos por la Ley de Bosques, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria.
El artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2010 aprobada ayer establece una partida de 300 millones de pesos “como máximo” para la constitución de dicho fondo, pero la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dicta en su artículo 31 que el monto destinado “no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional”. De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debería agregarse “el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”, por lo que los recursos podrían ascender a 1.300 millones de pesos.
“Con este exiguo e incierto presupuesto el Estado es el primero en incumplir con la Ley de Bosques. De esta manera se da una muy mala señal hacia los gobiernos provinciales y las empresas, lo que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Dichos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
Hasta el momento, Santiago del Estero, Salta y Chaco son las únicas provincias que sancionaron por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Greenpeace destacó que la Ley Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro significativo en la participación de la sociedad civil, que apoyó su sanción con un millón y medio de firmas, pero advirtió dificultades políticas en su implementación.
“Lamentablemente la falta de decisión política dificulta su plena aplicación. Si bien desde su sanción la deforestación disminuyó en un 60%, es fundamental que aumenten los controles y que el resto de las provincias concluyan, de manera participativa, los procesos de ordenamiento territorial de sus bosques nativos y que los mismos sean reglamentados mediante leyes provinciales”, sentenció Giardini.
Sequía, desmontes e imprevisión
Sequía, desmontes e imprevisión
Fecha de Publicación: 11/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Raúl Montenegro, Biólogo, presidente de Funam
Provincia/Región: Córdoba
La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de gobernantes. Hay que corregir conductas de productores y ciudadanos. Por Raúl Montenegro.
Mientras los desmontes continúan en Córdoba y la resistencia ambiental a las sequías y las inundaciones alcanza su nivel histórico más bajo, el gobernador Juan Schiaretti prefirió improvisar una solución faraónica: traer agua del Paraná. Olvidó que la solución está mucho más cerca: en las sierras de Córdoba.
La actual sequía no fue históricamente la más grave que sufrió Córdoba. Pero nos encontró en la peor situación ambiental y social. Estamos desnudos de vegetación y de políticas hídricas. Por décadas, gobiernos y ciudadanos descuidamos los 430 kilómetros de sierras –el Macizo Antiguo–, donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos.
Durante miles de años, las sierras estuvieron cubiertas por bosques de coco y molle, matorrales y pastizales de altura. En el verano, esa vegetación nativa amortigua las gotas de lluvia, retiene el suelo y facilita la infiltración de agua. Los suelos y el interior de las montañas actúan como una esponja bastante rígida –donde el agua fluye de modo más lento que en superficie–, a través de caminos invisibles y muy complejos. La “caja de ahorro” serrana es el resultado de la pluviosidad de veranos sucesivos, no sólo del último.
Lamentablemente, los desmontes, los incendios reiterados, el avance de la frontera agrícola y los loteos han dañado nuestra fábrica serrana de agua. Hay menor flujo y acumulación de agua “dentro” del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura. Al deteriorarse la fábrica serrana, cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación.
Fuera de las sierras, el panorama también es desolador. Se desmontaron los bosques chaqueños y del espinal, y se erradicaron los pastizales pampeanos del sudeste. De los 12 millones de hectáreas que tenían los bosques nativos, apenas quedan con su estructura original menos de 600 mil (cinco por ciento). De los tres ecosistemas que tenía la provincia, el Espinal y el Pampeano ya desaparecieron como sistemas extensos.
Los cultivos industriales que reemplazaron a los bosques y pastizales actúan, además, como verdaderas “bombas expulsoras” de agua. Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, las plantas utilizan unos 1.400 litros de agua. Cuando la lluvia y el contenido de agua del suelo no son suficientes, se extrae agua subterránea y se riega.
Las cuatro cuencas de agua subterránea ligadas con las sierras sufren distinto grado de sobreexplotación y, además, se las contamina con plaguicidas, líquidos cloacales y residuos industriales.
Finalmente, están los asentamientos humanos con patrones individuales de consumo cada vez más elevados, y las crecientes demandas comerciales, industriales y mineras de agua dulce.
Ideas confusas. El problema no es la sequía, ni las futuras inundaciones que inexorablemente ocurrirán, sino un Estado provincial con ideas confusas e improvisación, y un Estado federal ausente. No perciben que tenemos la más baja resistencia ambiental y social de la historia para enfrentar la falta de lluvias, y también las lluvias excesivas. No hay provincia estable si no se equilibran las superficies destinadas a ambiente nativo y producción agrícola y no se protegen las fábricas de agua y suelo de las serranías.
Bosque y producción deben coexistir, lado a lado, con superficies equivalentes. Pero las medidas de Gobierno parecen marchar a contramano de lo que se necesita.
Para tener más resistencia ambiental y social a las sequías y las inundaciones, hace falta un programa elaborado por distintos actores sociales, pues los gobiernos de la Provincia y la Nación mostraron incapacidad para realizarlo.
Necesitamos declarar a las sierras como fábricas de agua y suelo y protegerlas en serio, prohibir el desmonte, conservar los ambientes nativos que hoy existen, recuperar los bosques degradados, terminar con la expulsión de campesinos y limitar regionalmente la superficie de campo dedicada a soja y otros cultivos industriales.
Urge un programa que conozca y monitoree la disponibilidad de agua superficial y subterránea; que proteja los embalses de la colmatación y las floraciones de bacterias tóxicas; que instale patrones individuales de ahorro; que promueva tecnologías de tratamiento de líquidos cloacales e industriales; que generalice tecnologías de ahorro como los inodoros de doble posición y los perlizadores; que reutilice las aguas de lavado; que disminuya los consumos abusivos y aumente los muy bajos, y que recicle el agua.
En un país semiárido, no podemos permitir que los megacultivos de soja y las mineras consuman tanta agua como ciudades enteras, que las canillas sigan divorciadas de las cuencas hídricas y que se culpe de todos los males a la sequía o las inundaciones. La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de los gobernantes.
Fecha de Publicación: 11/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Raúl Montenegro, Biólogo, presidente de Funam
Provincia/Región: Córdoba
La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de gobernantes. Hay que corregir conductas de productores y ciudadanos. Por Raúl Montenegro.
Mientras los desmontes continúan en Córdoba y la resistencia ambiental a las sequías y las inundaciones alcanza su nivel histórico más bajo, el gobernador Juan Schiaretti prefirió improvisar una solución faraónica: traer agua del Paraná. Olvidó que la solución está mucho más cerca: en las sierras de Córdoba.
La actual sequía no fue históricamente la más grave que sufrió Córdoba. Pero nos encontró en la peor situación ambiental y social. Estamos desnudos de vegetación y de políticas hídricas. Por décadas, gobiernos y ciudadanos descuidamos los 430 kilómetros de sierras –el Macizo Antiguo–, donde se forma la mayor parte de los ríos y del agua subterránea que utilizamos.
Durante miles de años, las sierras estuvieron cubiertas por bosques de coco y molle, matorrales y pastizales de altura. En el verano, esa vegetación nativa amortigua las gotas de lluvia, retiene el suelo y facilita la infiltración de agua. Los suelos y el interior de las montañas actúan como una esponja bastante rígida –donde el agua fluye de modo más lento que en superficie–, a través de caminos invisibles y muy complejos. La “caja de ahorro” serrana es el resultado de la pluviosidad de veranos sucesivos, no sólo del último.
Lamentablemente, los desmontes, los incendios reiterados, el avance de la frontera agrícola y los loteos han dañado nuestra fábrica serrana de agua. Hay menor flujo y acumulación de agua “dentro” del Macizo Antiguo y las vertientes aportan menos caudal o se secan en forma prematura. Al deteriorarse la fábrica serrana, cada vez más agua circula por la superficie en lugar de infiltrar. La falta de vegetación disminuye la retención de suelo y humedad, y aumenta la evaporación.
Fuera de las sierras, el panorama también es desolador. Se desmontaron los bosques chaqueños y del espinal, y se erradicaron los pastizales pampeanos del sudeste. De los 12 millones de hectáreas que tenían los bosques nativos, apenas quedan con su estructura original menos de 600 mil (cinco por ciento). De los tres ecosistemas que tenía la provincia, el Espinal y el Pampeano ya desaparecieron como sistemas extensos.
Los cultivos industriales que reemplazaron a los bosques y pastizales actúan, además, como verdaderas “bombas expulsoras” de agua. Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, las plantas utilizan unos 1.400 litros de agua. Cuando la lluvia y el contenido de agua del suelo no son suficientes, se extrae agua subterránea y se riega.
Las cuatro cuencas de agua subterránea ligadas con las sierras sufren distinto grado de sobreexplotación y, además, se las contamina con plaguicidas, líquidos cloacales y residuos industriales.
Finalmente, están los asentamientos humanos con patrones individuales de consumo cada vez más elevados, y las crecientes demandas comerciales, industriales y mineras de agua dulce.
Ideas confusas. El problema no es la sequía, ni las futuras inundaciones que inexorablemente ocurrirán, sino un Estado provincial con ideas confusas e improvisación, y un Estado federal ausente. No perciben que tenemos la más baja resistencia ambiental y social de la historia para enfrentar la falta de lluvias, y también las lluvias excesivas. No hay provincia estable si no se equilibran las superficies destinadas a ambiente nativo y producción agrícola y no se protegen las fábricas de agua y suelo de las serranías.
Bosque y producción deben coexistir, lado a lado, con superficies equivalentes. Pero las medidas de Gobierno parecen marchar a contramano de lo que se necesita.
Para tener más resistencia ambiental y social a las sequías y las inundaciones, hace falta un programa elaborado por distintos actores sociales, pues los gobiernos de la Provincia y la Nación mostraron incapacidad para realizarlo.
Necesitamos declarar a las sierras como fábricas de agua y suelo y protegerlas en serio, prohibir el desmonte, conservar los ambientes nativos que hoy existen, recuperar los bosques degradados, terminar con la expulsión de campesinos y limitar regionalmente la superficie de campo dedicada a soja y otros cultivos industriales.
Urge un programa que conozca y monitoree la disponibilidad de agua superficial y subterránea; que proteja los embalses de la colmatación y las floraciones de bacterias tóxicas; que instale patrones individuales de ahorro; que promueva tecnologías de tratamiento de líquidos cloacales e industriales; que generalice tecnologías de ahorro como los inodoros de doble posición y los perlizadores; que reutilice las aguas de lavado; que disminuya los consumos abusivos y aumente los muy bajos, y que recicle el agua.
En un país semiárido, no podemos permitir que los megacultivos de soja y las mineras consuman tanta agua como ciudades enteras, que las canillas sigan divorciadas de las cuencas hídricas y que se culpe de todos los males a la sequía o las inundaciones. La crisis no vino del cielo sino de la terrestre imprevisión de los gobernantes.
Santa Cruz: nueva ley de minería
La Cámara Minera se reunió con Diputados por la nueva ley
Fecha de Publicación: 11/11/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
En horas de la tarde de ayer, una delegación de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) integrada por Horacio Gabriel, de Minera Triton Argentina S.A.; Alberto Carlocchia, de Oroplata S.A. y María Fernanda Monteforte, de Patagonia Gold S.A., se reunió con los diputados provinciales Nadia Ricci (UCR, Perito Moreno); Juan Domingo Hammer (PJ, Las Heras) y Jorge Turinetto (PJ, Gregores), integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara baja provincial, en un encuentro de trabajo en el que los mineros expusieron ante los diputados sus puntos de vista en relación al proyecto de ley de zonificación minera que se encuentra en estudio en dicha comisión, a la vez que plantearon sus reparos hacia ciertos puntos que la norma contiene y que, según su opinión, pueden generar a futuro serios inconvenientes a la actividad.
Al termino de la reunión, la diputada Ricci manifestaba que “considero que Santa Cruz necesita un plan de ordenamiento territorial, pero planteado desde una óptica de desarrollo y no de prohibición”. A su turno, tanto Turinetto como Hammer coincidieron en que el debate sobre el proyecto no estaba cerrado y evaluaron como muy posible la incorporación de modificaciones al texto original “ya que es nuestra responsabilidad trabajar en conjunto con el sector involucrado para tratar de sacar la mejor ley posible” recalcando en el caso de Turinetto que “no tenemos ningún plazo establecido para sacar la ley”.
Mejores controles
Finalmente, en nombre de la Cámara que agrupa a las empresas del sector, Horacio Gabriel expresó que “nosotros fuimos a plantear claramente nuestra posición, que es la misma que en su momento le planteamos tanto al Gobernador como al Ministro de la Producción, ya que consideramos que no hace falta dictar ninguna nueva legislación para regular el funcionamiento del sector minero, puesto que esta ya existe en Santa Cruz y es abundante, y volvimos a ratificar nuestra certeza de que lo que hay que hacer es fortalecer el organismo estatal de control y aplicación del marco legal vigente, que no es otro que la Dirección de Minería de la provincia, que debería ser abastecida de una mayor cantidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos, porque la minería ha crecido en Santa Cruz y aspiramos a que siga creciendo, y nos parece que la manera correcta de hacer las cosas es con el estado pudiendo cumplir con su función”.
“La minería tiene una muy alta auto exigencia en estándares internacionales tanto ambientales como sociales, que es imprescindible cumplir para poder operar en el mundo. Por eso, no solamente no nos molesta que el estado nos controle sino que lo necesitamos, para poder certificar el estricto cumplimiento de las leyes a las que nuestra actividad está sujeta” expresó Gabriel.
Fecha de Publicación: 11/11/2009
Fuente: El Periódico Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
En horas de la tarde de ayer, una delegación de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) integrada por Horacio Gabriel, de Minera Triton Argentina S.A.; Alberto Carlocchia, de Oroplata S.A. y María Fernanda Monteforte, de Patagonia Gold S.A., se reunió con los diputados provinciales Nadia Ricci (UCR, Perito Moreno); Juan Domingo Hammer (PJ, Las Heras) y Jorge Turinetto (PJ, Gregores), integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara baja provincial, en un encuentro de trabajo en el que los mineros expusieron ante los diputados sus puntos de vista en relación al proyecto de ley de zonificación minera que se encuentra en estudio en dicha comisión, a la vez que plantearon sus reparos hacia ciertos puntos que la norma contiene y que, según su opinión, pueden generar a futuro serios inconvenientes a la actividad.
Al termino de la reunión, la diputada Ricci manifestaba que “considero que Santa Cruz necesita un plan de ordenamiento territorial, pero planteado desde una óptica de desarrollo y no de prohibición”. A su turno, tanto Turinetto como Hammer coincidieron en que el debate sobre el proyecto no estaba cerrado y evaluaron como muy posible la incorporación de modificaciones al texto original “ya que es nuestra responsabilidad trabajar en conjunto con el sector involucrado para tratar de sacar la mejor ley posible” recalcando en el caso de Turinetto que “no tenemos ningún plazo establecido para sacar la ley”.
Mejores controles
Finalmente, en nombre de la Cámara que agrupa a las empresas del sector, Horacio Gabriel expresó que “nosotros fuimos a plantear claramente nuestra posición, que es la misma que en su momento le planteamos tanto al Gobernador como al Ministro de la Producción, ya que consideramos que no hace falta dictar ninguna nueva legislación para regular el funcionamiento del sector minero, puesto que esta ya existe en Santa Cruz y es abundante, y volvimos a ratificar nuestra certeza de que lo que hay que hacer es fortalecer el organismo estatal de control y aplicación del marco legal vigente, que no es otro que la Dirección de Minería de la provincia, que debería ser abastecida de una mayor cantidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos, porque la minería ha crecido en Santa Cruz y aspiramos a que siga creciendo, y nos parece que la manera correcta de hacer las cosas es con el estado pudiendo cumplir con su función”.
“La minería tiene una muy alta auto exigencia en estándares internacionales tanto ambientales como sociales, que es imprescindible cumplir para poder operar en el mundo. Por eso, no solamente no nos molesta que el estado nos controle sino que lo necesitamos, para poder certificar el estricto cumplimiento de las leyes a las que nuestra actividad está sujeta” expresó Gabriel.
Misiones: talan dos hectáreas de selva por hora
En Misiones se pierden dos hectáreas de selva por hora y piden una ley
Fecha de Publicación: 10/11/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Misiones
Queda la mitad de la selva originaria. Lo atribuyen en gran parte a la pobreza.
Unas dos hectáreas de selva por hora se pierden en Misiones. Y aunque aún así se conserva mayor cantidad aquí que en Brasil y Paraguay, la Fundación Vida Silvestre (FVSA) reclama al gobierno provincial la sanción de una ley de ordenamiento territorial para establecer zonas intangibles.
La Ley de Protección de los Bosques Nativos fue sancionada en noviembre de 2007 y frenó por un año la tala en todo el país para que las provincias pudieran realizar un ordenamiento territorial. Allí debían estar señalados en rojo las zonas intangibles, en amarillo las que podrían ser aprovechadas en forma sustentable y en verde los que pueden destinarse a cualquier aprovechamiento. El problema es que hasta ahora sólo realizaron esa tarea Salta, Chaco y Santiago del Estero.
En Misiones, aún quedan en pie 1.400.000 hectáreas, equivalente al 50 por ciento del total. El gobernador Maurice Closs dijo que enviará a la Legislatura el proyecto para avanzar en el ordenamiento, que podría estar finalizado para mediados de 2010 y anunció que "se lanzarán incentivos y programas para promover la restauración del bosque nativo en los corredores biológicos. Para 2020 la superficie en restauración debería ser equivalente a la que se habilite para el aprovechamiento de la madera".
El director general de FVSA, Diego Moreno, sostuvo: "Esperamos con ansias que estos anuncios se lleven a la práctica a la brevedad".En Misiones, la Fundación trabaja en distintos frentes para evitar la deforestación de zonas consideradas de alto valor biológico y a la vez encara proyectos de recuperación de zonas degradadas.
En la localidad de Andresito, en el Norte de Misiones, catorce productores rurales comenzaron el año pasado a reforestar con árboles nativos franjas de entre 10 y 20 metros que bordean los arroyos con el fin de conservar la calidad del agua. Este año se plantaron 22.000 árboles y el año próximo se piensa repetir la experiencia.
Para Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de FVSA, "la deforestación tiene mucho que ver con la pobreza de la gente, que voltea los árboles para criar animales, realizar plantaciones o forestaciones, alguna actividad que le genere ingresos".
Más allá de que la organización lucha por alcanzar la deforestación cero en el año 2020, en Misiones se podrían talar todavía unas 150 mil hectáreas de selva. Jaramillo explicó que en este caso "son remanentes aislados o muy degradados que no tienen un gran valor biológico Por eso vemos bien que se intente preservar 1,1 millón de hectáreas".
Fecha de Publicación: 10/11/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Misiones
Queda la mitad de la selva originaria. Lo atribuyen en gran parte a la pobreza.
Unas dos hectáreas de selva por hora se pierden en Misiones. Y aunque aún así se conserva mayor cantidad aquí que en Brasil y Paraguay, la Fundación Vida Silvestre (FVSA) reclama al gobierno provincial la sanción de una ley de ordenamiento territorial para establecer zonas intangibles.
La Ley de Protección de los Bosques Nativos fue sancionada en noviembre de 2007 y frenó por un año la tala en todo el país para que las provincias pudieran realizar un ordenamiento territorial. Allí debían estar señalados en rojo las zonas intangibles, en amarillo las que podrían ser aprovechadas en forma sustentable y en verde los que pueden destinarse a cualquier aprovechamiento. El problema es que hasta ahora sólo realizaron esa tarea Salta, Chaco y Santiago del Estero.
En Misiones, aún quedan en pie 1.400.000 hectáreas, equivalente al 50 por ciento del total. El gobernador Maurice Closs dijo que enviará a la Legislatura el proyecto para avanzar en el ordenamiento, que podría estar finalizado para mediados de 2010 y anunció que "se lanzarán incentivos y programas para promover la restauración del bosque nativo en los corredores biológicos. Para 2020 la superficie en restauración debería ser equivalente a la que se habilite para el aprovechamiento de la madera".
El director general de FVSA, Diego Moreno, sostuvo: "Esperamos con ansias que estos anuncios se lleven a la práctica a la brevedad".En Misiones, la Fundación trabaja en distintos frentes para evitar la deforestación de zonas consideradas de alto valor biológico y a la vez encara proyectos de recuperación de zonas degradadas.
En la localidad de Andresito, en el Norte de Misiones, catorce productores rurales comenzaron el año pasado a reforestar con árboles nativos franjas de entre 10 y 20 metros que bordean los arroyos con el fin de conservar la calidad del agua. Este año se plantaron 22.000 árboles y el año próximo se piensa repetir la experiencia.
Para Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de FVSA, "la deforestación tiene mucho que ver con la pobreza de la gente, que voltea los árboles para criar animales, realizar plantaciones o forestaciones, alguna actividad que le genere ingresos".
Más allá de que la organización lucha por alcanzar la deforestación cero en el año 2020, en Misiones se podrían talar todavía unas 150 mil hectáreas de selva. Jaramillo explicó que en este caso "son remanentes aislados o muy degradados que no tienen un gran valor biológico Por eso vemos bien que se intente preservar 1,1 millón de hectáreas".
Botnia: existencia de contaminantes
Botnia: un estudio demostró la existencia de sustancias contaminantes en el Río Uruguay
Fecha de Publicación: 10/11/2009
Fuente: Telam
El secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, consideró "muy importante" el estudio realizado por el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad de La Plata, que demostró la presencia de nonilfenol en el río Uruguay, luego de un accidente ocurrido en la pastera Botnia de Fray Bentos.
Un estudio realizado por Juan Carlos Colombo, que dirige el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata, arrojó pruebas que la pulpa de celulosa derramada contenía nonilfenol, una sustancia prohibida en la Unión Europea desde 2005 porque puede alterar el sistema hormonal de las personas, mamíferos y peces.
Raffo señaló que "es importante haber hallado restos de nonifenol y demostrar que (Botnia) está usando un producto que está prohibido en Europa".
Reconoció que si ese producto está prohibido en esos países "es porque por estudios científicos comprobados se ha determinado que esa sustancia acarrea impactos muy severos que son muy difíciles de investigar".
En enero de 2008, la planta de Botnia en Fray Bentos tuvo una falla que produjo un derrame de pulpa de celulosa en el río Uruguay.
Aclaró que "este producto no está presente hoy en forma natural ni como efluente de ninguna industria que esté funcionando en el tramo del río compartido entre Argentina y Uruguay".
Admitió que, aunque el resultado de esta prueba no fue remitido aún al tribunal internacional de La Haya, "seguramente se hará en próximas presentaciones".
"Hay que seguir en esta línea y con los monitoreos y poder comprobar lo que se sabe a ciencia cierta de los problemas que acarrea Botnia. Lo más importante es llegar a este tipo de pruebas contundentes", agregó.
En ese sentido admitió que "hoy existe la dificultad de que los monitoreos se realizan en lugares alejados de la planta", debido a la negativa de los empresarios y del propio gobierno uruguayo a que los estudios se hagan en el lugar.
El resultado del análisis se suma a otro realizado recientemente por el bioquímico gualeguaychuense Carlos Goldaracena, quien encontró partículas de ácido sulfhídrico en las emanaciones de la pastera Botnia.
Fecha de Publicación: 10/11/2009
Fuente: Telam
El secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, consideró "muy importante" el estudio realizado por el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad de La Plata, que demostró la presencia de nonilfenol en el río Uruguay, luego de un accidente ocurrido en la pastera Botnia de Fray Bentos.
Un estudio realizado por Juan Carlos Colombo, que dirige el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata, arrojó pruebas que la pulpa de celulosa derramada contenía nonilfenol, una sustancia prohibida en la Unión Europea desde 2005 porque puede alterar el sistema hormonal de las personas, mamíferos y peces.
Raffo señaló que "es importante haber hallado restos de nonifenol y demostrar que (Botnia) está usando un producto que está prohibido en Europa".
Reconoció que si ese producto está prohibido en esos países "es porque por estudios científicos comprobados se ha determinado que esa sustancia acarrea impactos muy severos que son muy difíciles de investigar".
En enero de 2008, la planta de Botnia en Fray Bentos tuvo una falla que produjo un derrame de pulpa de celulosa en el río Uruguay.
Aclaró que "este producto no está presente hoy en forma natural ni como efluente de ninguna industria que esté funcionando en el tramo del río compartido entre Argentina y Uruguay".
Admitió que, aunque el resultado de esta prueba no fue remitido aún al tribunal internacional de La Haya, "seguramente se hará en próximas presentaciones".
"Hay que seguir en esta línea y con los monitoreos y poder comprobar lo que se sabe a ciencia cierta de los problemas que acarrea Botnia. Lo más importante es llegar a este tipo de pruebas contundentes", agregó.
En ese sentido admitió que "hoy existe la dificultad de que los monitoreos se realizan en lugares alejados de la planta", debido a la negativa de los empresarios y del propio gobierno uruguayo a que los estudios se hagan en el lugar.
El resultado del análisis se suma a otro realizado recientemente por el bioquímico gualeguaychuense Carlos Goldaracena, quien encontró partículas de ácido sulfhídrico en las emanaciones de la pastera Botnia.
Botnia: nuevas acusaciones de contaminación
Botnia cumple dos años con nuevas acusaciones de contaminación
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: EFE
La planta de celulosa de Botnia, que genera el peor enfrentamiento en décadas entre los Gobiernos de Argentina y Uruguay, cumple hoy dos años de actividad con nuevas acusaciones de contaminación por parte de expertos argentinos.
En un estudio realizado por el director del Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Juan Carlos Colombo, y difundido este fin de semana por el diario argentino Página 12, se indica que la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia emite nonilfenol en las aguas del río Uruguay, frontera natural entre ambos países.
Esta es una sustancia química que "en altas dosis puede alterar el sistema hormonal tanto de las personas como de mamíferos y peces", afirmó el diario argentino en su versión digital.
Sin embargo, fuentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay dijeron hoy a Efe que la planta de celulosa "no usa nonilfenol" y "eso fue demostrado" por los delegados de Uruguay en el juicio que Argentina sigue contra el Gobierno de Montevideo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
"Eso fue algo que Argentina ya dijo (frente a la CIJ) y Uruguay lo contestó. Se está inflando un tema que ya es parte del pasado", afirmó dicha fuente.
La planta de Botnia fue puesta en marcha en noviembre de 2007 en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a 380 kilómetros de Montevideo y a orillas del río Uruguay, que separa a ambos países, y generó el peor conflicto en décadas entre los Gobiernos de Uruguay y Argentina, que acusa al país vecino de daños al medio ambiente de la zona.
El asunto fue llevado a la Corte de La Haya, donde se celebraron varias audiencias, las últimas entre los pasados 14 de septiembre y 2 de octubre, y donde está previsto que el juicio finalice durante el primer cuatrimestre de 2010.
Este último informe de expertos argentinos "arroja contundentes pruebas" de que la fábrica de celulosa está emitiendo nonilfenol, una sustancia "prohibida en la Unión Europea desde 2005", indicó el diario Página 12.
Aseguró, además, que el conocimiento de la existencia de este estudio motivó las acusaciones vertidas contra Argentina por el Gobierno uruguayo, que afirmó que ese país "manipuló datos" frente a la CIJ.
El Gobierno argentino tachó de "inaceptables" e "inoportunas" esas acusaciones, recogidas en un informe presentado por los delegados uruguayos durante el juicio y en el que se señala que "Argentina recurrió a afirmaciones contradictorias con la realidad, a sesgar y manipular datos y a la adulteración de documentos".
Entre tanto, continúan las protestas de vecinos y piqueteros de la localidad argentina de Gualeguaychú, que ayer volvieron a manifestarse en el puente internacional General San Martín, que une a esa localidad con la uruguaya Fray Bentos y que permanece bloqueado de forma ininterrumpida desde hace tres años como medida de rechazo a la construcción y el funcionamiento de Botnia.
En la marcha, representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú leyeron proclamas en las que se afirmó "el olor de Botnia es contaminación" y "solamente los ignorantes o los corruptos pueden decir que Botnia no contamina", informó la prensa local.
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: EFE
La planta de celulosa de Botnia, que genera el peor enfrentamiento en décadas entre los Gobiernos de Argentina y Uruguay, cumple hoy dos años de actividad con nuevas acusaciones de contaminación por parte de expertos argentinos.
En un estudio realizado por el director del Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Juan Carlos Colombo, y difundido este fin de semana por el diario argentino Página 12, se indica que la fábrica de celulosa de la empresa finlandesa Botnia emite nonilfenol en las aguas del río Uruguay, frontera natural entre ambos países.
Esta es una sustancia química que "en altas dosis puede alterar el sistema hormonal tanto de las personas como de mamíferos y peces", afirmó el diario argentino en su versión digital.
Sin embargo, fuentes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay dijeron hoy a Efe que la planta de celulosa "no usa nonilfenol" y "eso fue demostrado" por los delegados de Uruguay en el juicio que Argentina sigue contra el Gobierno de Montevideo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
"Eso fue algo que Argentina ya dijo (frente a la CIJ) y Uruguay lo contestó. Se está inflando un tema que ya es parte del pasado", afirmó dicha fuente.
La planta de Botnia fue puesta en marcha en noviembre de 2007 en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a 380 kilómetros de Montevideo y a orillas del río Uruguay, que separa a ambos países, y generó el peor conflicto en décadas entre los Gobiernos de Uruguay y Argentina, que acusa al país vecino de daños al medio ambiente de la zona.
El asunto fue llevado a la Corte de La Haya, donde se celebraron varias audiencias, las últimas entre los pasados 14 de septiembre y 2 de octubre, y donde está previsto que el juicio finalice durante el primer cuatrimestre de 2010.
Este último informe de expertos argentinos "arroja contundentes pruebas" de que la fábrica de celulosa está emitiendo nonilfenol, una sustancia "prohibida en la Unión Europea desde 2005", indicó el diario Página 12.
Aseguró, además, que el conocimiento de la existencia de este estudio motivó las acusaciones vertidas contra Argentina por el Gobierno uruguayo, que afirmó que ese país "manipuló datos" frente a la CIJ.
El Gobierno argentino tachó de "inaceptables" e "inoportunas" esas acusaciones, recogidas en un informe presentado por los delegados uruguayos durante el juicio y en el que se señala que "Argentina recurrió a afirmaciones contradictorias con la realidad, a sesgar y manipular datos y a la adulteración de documentos".
Entre tanto, continúan las protestas de vecinos y piqueteros de la localidad argentina de Gualeguaychú, que ayer volvieron a manifestarse en el puente internacional General San Martín, que une a esa localidad con la uruguaya Fray Bentos y que permanece bloqueado de forma ininterrumpida desde hace tres años como medida de rechazo a la construcción y el funcionamiento de Botnia.
En la marcha, representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú leyeron proclamas en las que se afirmó "el olor de Botnia es contaminación" y "solamente los ignorantes o los corruptos pueden decir que Botnia no contamina", informó la prensa local.
Bosques nativos, una llamada
Bosques nativos, una llamada
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Alicia Barchuk *
Provincia/Región: Córdoba
* Titular de la Comisión de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN)
aliciabarchuk@gmail.com
La Legislatura amenaza con tomarse todo el tiempo que sea. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
No puede no generarnos una enorme preocupación la falta de intención de la Legislatura de sancionar este año la nueva ley de bosques nativos. De esta manera, la Provincia posterga una vez más la adhesión a la ley nacional 26.331. Mientras, en todo el territorio se continúa desmontando, avanza la frontera agropecuaria y urbana e increíblemente se producen incendios que exceden en lo que va del año las 300 mil hectáreas (La Voz de Interior, sábado 17 de octubre). Así, Córdoba registró en la última década la mayor tasa de deforestación comparada a nivel mundial (por el hombre y por el fuego), y completa un cuadro de situación en el que se siguen rifando sus escasos bosques en medio de una extremada desidia gubernamental.
Desidia y despreocupación frente a los desmontes clandestinos y al accionar premeditado de los incendiarios inescrupulosos.
Un mal recuerdo. Nunca en la historia de Córdoba el fuego ha tenido semejante magnitud. Por ejemplo, en 1994, año extremadamente seco que llovió sólo 200 milímetros en el oeste provincial, se quemaron más de 100 mil hectáreas de bosques en el departamento Pocho por el abandono del Gobierno a la región. Las autoridades de entonces de la Secretaría de Ambiente se movilizaron recién cuando el fuego llegó a la entrada de la reserva forestal Chancaní. Luego, después del desastre y en medio de la hambruna por meses de los animales, sólo se repartieron seis litros de agua por persona.
Todo ese accionar quedó gravado en la memoria colectiva. Hoy, a pesar de que en el presupuesto se dispone de 50 millones de pesos para apagar los incendios, escasamente se hace prevención. Sin embargo, los afectados indican que el tema de control de incendios depende de la buena voluntad, solidaridad y valentía de cuerpos de Bomberos.
Además, si se ha reducido exponencialmente la vegetación como combustible, ¿por qué tantos incendios? ¿Es posible que la lectura sea que se quema todo lo que se pueda antes de tener ordenado con una ley nueva el territorio?
La Secretaría de Ambiente ha contribuido a retrasar el ordenamiento de los bosques nativos. Recién comienza el proceso de participación pública del ordenamiento territorial de bosques nativos el 24 de noviembre de 2008, mientras que el plazo previsto por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos vencía el 27 de noviembre de ese año. Ahora, envía dos anteproyectos de ley a la Legislatura. Uno, producido por la COTBN, comisión conformada por la propia Secretaría de Ambiente, y el otro, surgido de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). Ambos proyectos son enviados con idéntico peso específico a la Legislatura.
Ahora le toca a la Legislatura dilatar los tiempos. Así, desconoce la institucionalidad de la multisectorial COTBN, el proceso participativo y democrático generado por ésta, la emergencia ambiental en que se encuentra la provincia y niega la existencia de un proyecto oficial.
La Comisión de Asuntos Ecológicos plantea convocar a todos los actores, tomándose el tiempo que sea necesario para resolverlo. Esto también indicaría que ahora puede existir un tercer proyecto producido por esta comisión de la Legislatura. Así, se pretende seguir haciendo diagnósticos, desconocer un proyecto participativo y elaborado sobre la base del consenso, realizar audiencias públicas en regiones donde el bosque nativo ya se ha extinguido y consultar a sectores de la actividad agropecuaria y urbanística desinteresados de la problemática de la conservación. Dicen que necesitan tiempo para estudiar a fondo los dos anteproyectos, cuando se les ha ofrecido desde la COTBN todas las herramientas metodológicas y de fundamentación para facilitar el estudio, la discusión y la decisión. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
Cuidar bosques y sierras. Los bosques remanentes que quedan están ubicados principalmente en el oeste cordobés, territorio de clima árido donde la única manera de producción sustentable es sobre la base de la vegetación nativa. Ese territorio del noroeste provincial es donde las sociedades rurales tienen sus intereses, basados en el modelo de sábanas con pastos y árboles aislados.
Esos sistemas son de bajísima productividad, dependientes de las lluvias escasas e impredecibles propias de la región y expulsores de campesinos de sus tierras. Esta forma de manejo transforma rápidamente el sistema hacia nuevos desiertos, como lo ponen en evidencia las imágenes satelitales.
Por otra parte, las sierras también acusan síntomas de desertificación. La cobertura vegetal y la capacidad esponja de los suelos con vegetación se ha perdido. La bajante actual de los diques no es sólo debido a la sequía estacional, sino a una merma alarmante de la capacidad de captación en las cuencas.
Tampoco existe la voluntad política desde el oficialismo de hacer cumplir la ley actual, ya que, sabiendo que estamos en veda de desmonte, éste continúa.
Se habla desde el oficialismo hoy de que “se tratará de no defraudar a ningún sector”. ¿Es posible diferenciar sectores, cuando todo el conjunto de la sociedad cordobesa está sufriendo las consecuencias de la falta de protección del suelo, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y las consecuencias del cambio climático?
La desertificación nos afecta a todos por igual, la pobreza se va agudizar, los conflictos sociales se van a profundizar y la inestabilidad política va a crecer. La defensa de intereses minoritarios y mezquinos sólo nos llevan al desastre ambiental, del cual ya estamos siendo testigos y tenemos un único territorio que proteger para asegurar nuestra supervivencia.
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Alicia Barchuk *
Provincia/Región: Córdoba
* Titular de la Comisión de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN)
aliciabarchuk@gmail.com
La Legislatura amenaza con tomarse todo el tiempo que sea. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
No puede no generarnos una enorme preocupación la falta de intención de la Legislatura de sancionar este año la nueva ley de bosques nativos. De esta manera, la Provincia posterga una vez más la adhesión a la ley nacional 26.331. Mientras, en todo el territorio se continúa desmontando, avanza la frontera agropecuaria y urbana e increíblemente se producen incendios que exceden en lo que va del año las 300 mil hectáreas (La Voz de Interior, sábado 17 de octubre). Así, Córdoba registró en la última década la mayor tasa de deforestación comparada a nivel mundial (por el hombre y por el fuego), y completa un cuadro de situación en el que se siguen rifando sus escasos bosques en medio de una extremada desidia gubernamental.
Desidia y despreocupación frente a los desmontes clandestinos y al accionar premeditado de los incendiarios inescrupulosos.
Un mal recuerdo. Nunca en la historia de Córdoba el fuego ha tenido semejante magnitud. Por ejemplo, en 1994, año extremadamente seco que llovió sólo 200 milímetros en el oeste provincial, se quemaron más de 100 mil hectáreas de bosques en el departamento Pocho por el abandono del Gobierno a la región. Las autoridades de entonces de la Secretaría de Ambiente se movilizaron recién cuando el fuego llegó a la entrada de la reserva forestal Chancaní. Luego, después del desastre y en medio de la hambruna por meses de los animales, sólo se repartieron seis litros de agua por persona.
Todo ese accionar quedó gravado en la memoria colectiva. Hoy, a pesar de que en el presupuesto se dispone de 50 millones de pesos para apagar los incendios, escasamente se hace prevención. Sin embargo, los afectados indican que el tema de control de incendios depende de la buena voluntad, solidaridad y valentía de cuerpos de Bomberos.
Además, si se ha reducido exponencialmente la vegetación como combustible, ¿por qué tantos incendios? ¿Es posible que la lectura sea que se quema todo lo que se pueda antes de tener ordenado con una ley nueva el territorio?
La Secretaría de Ambiente ha contribuido a retrasar el ordenamiento de los bosques nativos. Recién comienza el proceso de participación pública del ordenamiento territorial de bosques nativos el 24 de noviembre de 2008, mientras que el plazo previsto por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos vencía el 27 de noviembre de ese año. Ahora, envía dos anteproyectos de ley a la Legislatura. Uno, producido por la COTBN, comisión conformada por la propia Secretaría de Ambiente, y el otro, surgido de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez). Ambos proyectos son enviados con idéntico peso específico a la Legislatura.
Ahora le toca a la Legislatura dilatar los tiempos. Así, desconoce la institucionalidad de la multisectorial COTBN, el proceso participativo y democrático generado por ésta, la emergencia ambiental en que se encuentra la provincia y niega la existencia de un proyecto oficial.
La Comisión de Asuntos Ecológicos plantea convocar a todos los actores, tomándose el tiempo que sea necesario para resolverlo. Esto también indicaría que ahora puede existir un tercer proyecto producido por esta comisión de la Legislatura. Así, se pretende seguir haciendo diagnósticos, desconocer un proyecto participativo y elaborado sobre la base del consenso, realizar audiencias públicas en regiones donde el bosque nativo ya se ha extinguido y consultar a sectores de la actividad agropecuaria y urbanística desinteresados de la problemática de la conservación. Dicen que necesitan tiempo para estudiar a fondo los dos anteproyectos, cuando se les ha ofrecido desde la COTBN todas las herramientas metodológicas y de fundamentación para facilitar el estudio, la discusión y la decisión. Mientras tanto, la gravedad de la situación ambiental se profundiza y la destrucción del bosque continúa.
Cuidar bosques y sierras. Los bosques remanentes que quedan están ubicados principalmente en el oeste cordobés, territorio de clima árido donde la única manera de producción sustentable es sobre la base de la vegetación nativa. Ese territorio del noroeste provincial es donde las sociedades rurales tienen sus intereses, basados en el modelo de sábanas con pastos y árboles aislados.
Esos sistemas son de bajísima productividad, dependientes de las lluvias escasas e impredecibles propias de la región y expulsores de campesinos de sus tierras. Esta forma de manejo transforma rápidamente el sistema hacia nuevos desiertos, como lo ponen en evidencia las imágenes satelitales.
Por otra parte, las sierras también acusan síntomas de desertificación. La cobertura vegetal y la capacidad esponja de los suelos con vegetación se ha perdido. La bajante actual de los diques no es sólo debido a la sequía estacional, sino a una merma alarmante de la capacidad de captación en las cuencas.
Tampoco existe la voluntad política desde el oficialismo de hacer cumplir la ley actual, ya que, sabiendo que estamos en veda de desmonte, éste continúa.
Se habla desde el oficialismo hoy de que “se tratará de no defraudar a ningún sector”. ¿Es posible diferenciar sectores, cuando todo el conjunto de la sociedad cordobesa está sufriendo las consecuencias de la falta de protección del suelo, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y las consecuencias del cambio climático?
La desertificación nos afecta a todos por igual, la pobreza se va agudizar, los conflictos sociales se van a profundizar y la inestabilidad política va a crecer. La defensa de intereses minoritarios y mezquinos sólo nos llevan al desastre ambiental, del cual ya estamos siendo testigos y tenemos un único territorio que proteger para asegurar nuestra supervivencia.
Presentación contra Minera Alumbrera
Afinan detalles para la presentación contra Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
Mientras esperan que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), confirme la fecha de la reunión en la cual se escucharán a los denunciantes contra Minera Alumbrera, las Organizaciones No Gubernamentales que cuestionan el accionar de la multinacional minera, redoblaron su apuesta, y exigieron al rector Alberto Cerisola, que el debate se transmita en directo a través de Radio Universidad y Canal 10.
En una carta que enviaron a la máxima autoridad de la Casa de Altos Estudios, desde Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa), además propusieron que sean 12 los expositores que hagan llegar sus cuestionamientos al accionar de Minera Alumbrera. El encuentro todavía no tiene fecha, pero sería en la segunda quincena de noviembre, y las ONG's están afilando el lápiz para definir la lista de expertos y representantes de las comunidades cercanas al megaempredimiento que presentarán sus puntos de vista.
Se espera que especialistas de diversas áreas como abogados, ingenieros y biólogos hagan su aporte científico en la trascendental sesión. Además, en forma paralela a las disertaciones, se entregará al órgano deliberativo toda la documentación escrita y audiovisual probatoria de las acusaciones contra la firma
En el comunicado elevado el jueves al titular de la UNT, se lo notifica, además, que mientras se desarrolle la sesión, en el patio del Rectorado se realizará una exposición gráfica generada por las distintas organizaciones sobre las problemáticas que se desprenden del proyecto de explotación.
Fecha de Publicación: 09/11/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
Mientras esperan que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), confirme la fecha de la reunión en la cual se escucharán a los denunciantes contra Minera Alumbrera, las Organizaciones No Gubernamentales que cuestionan el accionar de la multinacional minera, redoblaron su apuesta, y exigieron al rector Alberto Cerisola, que el debate se transmita en directo a través de Radio Universidad y Canal 10.
En una carta que enviaron a la máxima autoridad de la Casa de Altos Estudios, desde Asamblea Socioambiental del NOA (Asanoa), además propusieron que sean 12 los expositores que hagan llegar sus cuestionamientos al accionar de Minera Alumbrera. El encuentro todavía no tiene fecha, pero sería en la segunda quincena de noviembre, y las ONG's están afilando el lápiz para definir la lista de expertos y representantes de las comunidades cercanas al megaempredimiento que presentarán sus puntos de vista.
Se espera que especialistas de diversas áreas como abogados, ingenieros y biólogos hagan su aporte científico en la trascendental sesión. Además, en forma paralela a las disertaciones, se entregará al órgano deliberativo toda la documentación escrita y audiovisual probatoria de las acusaciones contra la firma
En el comunicado elevado el jueves al titular de la UNT, se lo notifica, además, que mientras se desarrolle la sesión, en el patio del Rectorado se realizará una exposición gráfica generada por las distintas organizaciones sobre las problemáticas que se desprenden del proyecto de explotación.
El ejemplo del consumo de agua en la minería
Minera Cerro Vanguardia utiliza un volumen de agua diario tres veces superior al que consume todo Río Gallegos cada 24 horas
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El yacimiento de oro de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, tiene una demanda mensual de agua que oscila entre los 90 y 110 mil m3 por mes, utilizada para el proceso de explotación minera. Río Gallegos, según datos oficiales recabados en SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado) demanda alrededor de 36.000m3 a lo largo del mes. La minera se abastece de pozos y el último informe hidrogeológico que se conoce es del año 2008.
En medio de una crisis nacional debido a la sequía que asola gran parte de la Argentina y las noticias que llegan desde Córdoba donde habitantes de Carlos Paz fueron sorprendidos “robando” agua sin potabilizar en camiones cisternas para llevar a los barrios que carecen de ella hasta para alimentarse, OPI pudo recavar algunos datos de la realidad santacruceña que abren, al menos, la discusión de cómo manejamos los recursos naturales en estas latitudes y dónde está el Estado que no controla, poniendo en riesgo el futuro de los pocos habitantes que tiene la extensa geografía de Santa Cruz.
Datos obtenidos de una altísima fuente relacionada con Energía de Nación, indican que la minera Cerro Vanguardia que opera en Santa Cruz y donde el Estado provincial posee acciones y tiene como representante en el Directorio a Miguel Ángel Ferro consume para sus labores aproximadamente entre 90 mil y 110.000 m3 de agua dulce al mes, lo que significa un promedio de unos (+-) 3600 m3 al día (para convertir a litros multiplicar por mil).
Para tener una verdadera dimensión de los volúmenes de agua que requiere la explotación minera en el yacimiento insignia de la provincia y tal los datos aportados por el propio Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Julián Osorio; la ciudad de Río Gallegos tiene una demanda diaria de 1.500m3 de los cuales la empresa de energía solo puede entregar 1.200 m3, hecho éste que explica la falta de agua en algunos barrios periféricos de la capital.
Esto quiere decir que si hacemos un cálculo simple, la ciudad consume en un mes (+ -) 36.000 m3 de agua, mientras que el yacimiento de oro extrae aproximadamente la misma cantidad para cubrir sus necesidades, en solo un día. Simplificando diríamos que C.V triplica diariamente la cantidad de agua que utiliza Río Gallegos cada día.
Los pits de perforación en Cerro Vanguardia - Imagen Google MapsDe acuerdo al último estudio hidrogeológico que realizó la empresa “Hidroar S.A”, contratada por Cerro Vanguardia y que data del año 2008, el yacimiento insumió durante los 12 meses de ese año la cantidad de 1.200.000 m3 de agua extraída de pozos de perforación que succionan desde las napas subterráneas.
El Informe hidrológico, de acuerdo a lo que nos manifestó un ingeniero en la materia, debe hacerse anualmente y el Estado tiene la obligación de inspeccionar las variables y corregir el uso desmedido del recurso. Sin embargo, el último informe hidrogeológico de Mina Marta, por ejemplo, cuya propiedad pertenece a COEUR S.A, data del año 2001 y se efectuó previo al inicio de las labores mineras, cuando se realizaron los estudios preliminares a la instalación del yacimiento.
En este último caso las fuentes especializadas indicaron que Mina Marta utiliza volúmenes ciertamente ínfimos en comparación con C.V. y en general provienen de las “bombas de achique” que extraen el agua del interior de mina.
En cambio Cerro Vanguardia extrae del subsuelo siempre la misma cantidad, aún cuando los cauces hayan disminuido como consecuencia del escaso deshielo o la sequía. Esto lleva a pensar en otro punto muy importante: el costo del agua.
De acuerdo a información oficial proporcionada por Norberto Corral de Recursos Hídricos, Santa Cruz durante el 2008, tuvo un ingreso por canon de agua de todas las mineras que actualmente están afincadas en la provincia, de unos 16 millones de pesos; monto que inclusive supera a las regalías que todas las empresas de explotación en conjunto, le dejan al estado provincial por llevarse el oro.
Los volúmenes de agua conocidos, que utiliza el yacimiento minero C.V. pone en alerta a ciertos especialistas vinculados a la preservación del medio ambiente, pues ya han advertido que en la región cercana a San Julián ( localidad a 154 kms de C.V que tiene graves problemas de agua potable para la población) y zona de influencia de la minera, ha desaparecido un río y pequeños arroyos cuya extinción bien podría estar referido a la enorme demanda de agua que tiene el emprendimiento.
Actualmente sobre la minería de Santa Cruz se abren varios cuestionamientos, entre ellos la utilización de compuestos cianurados que son depositados en la tierra sin que se extremen las medidas de prevención y el otro gran problema es el suministro de agua en medio de una tendencia muy marcada hacia la escasez en poco tiempo más.
Cerro Vanguardia posee un dique de cola de 60 hectáreas que es perfectamente visible desde el aire y se puede observar en la panorámica que brinda el Google Earth. Sin embargo, ex trabajadores del complejo nos han manifestado que excepto en el sector del murallón (que en la imagen se advierte como un muro blanco), este enorme piletón carece de membrana geotérmica y sellado de hermeticidad, con lo cual los desechos cianurados se encuentran en contacto con la tierra ampliando exponencialmente las posibilidades de que estos componentes de residuos altamente tóxicos puedan contaminar los acuíferos subterráneos.
Observe aquí las imágenes satelitales de Google Maps y vea el yacimiento y las consecuencias físicas que ha dejado la explotación minera.
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El yacimiento de oro de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, tiene una demanda mensual de agua que oscila entre los 90 y 110 mil m3 por mes, utilizada para el proceso de explotación minera. Río Gallegos, según datos oficiales recabados en SPSE (Servicios Públicos Sociedad del Estado) demanda alrededor de 36.000m3 a lo largo del mes. La minera se abastece de pozos y el último informe hidrogeológico que se conoce es del año 2008.
En medio de una crisis nacional debido a la sequía que asola gran parte de la Argentina y las noticias que llegan desde Córdoba donde habitantes de Carlos Paz fueron sorprendidos “robando” agua sin potabilizar en camiones cisternas para llevar a los barrios que carecen de ella hasta para alimentarse, OPI pudo recavar algunos datos de la realidad santacruceña que abren, al menos, la discusión de cómo manejamos los recursos naturales en estas latitudes y dónde está el Estado que no controla, poniendo en riesgo el futuro de los pocos habitantes que tiene la extensa geografía de Santa Cruz.
Datos obtenidos de una altísima fuente relacionada con Energía de Nación, indican que la minera Cerro Vanguardia que opera en Santa Cruz y donde el Estado provincial posee acciones y tiene como representante en el Directorio a Miguel Ángel Ferro consume para sus labores aproximadamente entre 90 mil y 110.000 m3 de agua dulce al mes, lo que significa un promedio de unos (+-) 3600 m3 al día (para convertir a litros multiplicar por mil).
Para tener una verdadera dimensión de los volúmenes de agua que requiere la explotación minera en el yacimiento insignia de la provincia y tal los datos aportados por el propio Presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Julián Osorio; la ciudad de Río Gallegos tiene una demanda diaria de 1.500m3 de los cuales la empresa de energía solo puede entregar 1.200 m3, hecho éste que explica la falta de agua en algunos barrios periféricos de la capital.
Esto quiere decir que si hacemos un cálculo simple, la ciudad consume en un mes (+ -) 36.000 m3 de agua, mientras que el yacimiento de oro extrae aproximadamente la misma cantidad para cubrir sus necesidades, en solo un día. Simplificando diríamos que C.V triplica diariamente la cantidad de agua que utiliza Río Gallegos cada día.
Los pits de perforación en Cerro Vanguardia - Imagen Google MapsDe acuerdo al último estudio hidrogeológico que realizó la empresa “Hidroar S.A”, contratada por Cerro Vanguardia y que data del año 2008, el yacimiento insumió durante los 12 meses de ese año la cantidad de 1.200.000 m3 de agua extraída de pozos de perforación que succionan desde las napas subterráneas.
El Informe hidrológico, de acuerdo a lo que nos manifestó un ingeniero en la materia, debe hacerse anualmente y el Estado tiene la obligación de inspeccionar las variables y corregir el uso desmedido del recurso. Sin embargo, el último informe hidrogeológico de Mina Marta, por ejemplo, cuya propiedad pertenece a COEUR S.A, data del año 2001 y se efectuó previo al inicio de las labores mineras, cuando se realizaron los estudios preliminares a la instalación del yacimiento.
En este último caso las fuentes especializadas indicaron que Mina Marta utiliza volúmenes ciertamente ínfimos en comparación con C.V. y en general provienen de las “bombas de achique” que extraen el agua del interior de mina.
En cambio Cerro Vanguardia extrae del subsuelo siempre la misma cantidad, aún cuando los cauces hayan disminuido como consecuencia del escaso deshielo o la sequía. Esto lleva a pensar en otro punto muy importante: el costo del agua.
De acuerdo a información oficial proporcionada por Norberto Corral de Recursos Hídricos, Santa Cruz durante el 2008, tuvo un ingreso por canon de agua de todas las mineras que actualmente están afincadas en la provincia, de unos 16 millones de pesos; monto que inclusive supera a las regalías que todas las empresas de explotación en conjunto, le dejan al estado provincial por llevarse el oro.
Los volúmenes de agua conocidos, que utiliza el yacimiento minero C.V. pone en alerta a ciertos especialistas vinculados a la preservación del medio ambiente, pues ya han advertido que en la región cercana a San Julián ( localidad a 154 kms de C.V que tiene graves problemas de agua potable para la población) y zona de influencia de la minera, ha desaparecido un río y pequeños arroyos cuya extinción bien podría estar referido a la enorme demanda de agua que tiene el emprendimiento.
Actualmente sobre la minería de Santa Cruz se abren varios cuestionamientos, entre ellos la utilización de compuestos cianurados que son depositados en la tierra sin que se extremen las medidas de prevención y el otro gran problema es el suministro de agua en medio de una tendencia muy marcada hacia la escasez en poco tiempo más.
Cerro Vanguardia posee un dique de cola de 60 hectáreas que es perfectamente visible desde el aire y se puede observar en la panorámica que brinda el Google Earth. Sin embargo, ex trabajadores del complejo nos han manifestado que excepto en el sector del murallón (que en la imagen se advierte como un muro blanco), este enorme piletón carece de membrana geotérmica y sellado de hermeticidad, con lo cual los desechos cianurados se encuentran en contacto con la tierra ampliando exponencialmente las posibilidades de que estos componentes de residuos altamente tóxicos puedan contaminar los acuíferos subterráneos.
Observe aquí las imágenes satelitales de Google Maps y vea el yacimiento y las consecuencias físicas que ha dejado la explotación minera.
La Ley de bosques no saldrá este año en Córdoba
La ley de bosques nativos no saldrá este año
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Legislatura empezará a analizarla la semana próxima, pero sin un proyecto oficial de la Provincia. Hay discusión previa.
Córdoba no tendrá este año la nueva ley de protección de bosques nativos que tiene pendiente. Desde la semana próxima comenzará a ser analizada en la Legislatura provincial, pero el tratamiento real se dará recién durante 2010. Con esa norma, la Provincia adherirá a la nueva ley nacional en la materia, sancionada hace más de dos años.
Córdoba es una de las provincias que mayor tasa de deforestación registró en las dos últimas décadas y sólo queda en pie el cinco por ciento de los bosques que alguna vez tuvo.
Finalmente, el Ejecutivo provincial no envió a la Legislatura un proyecto de ley. A través de la Secretaría de Ambiente, prefirió elevar un relevamiento de forestación realizado por sus técnicos en todo el interior y los dos anteproyectos de ley que llegaron a sus manos. Uno es el producido por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) y el otro fue sugerido por la entidad rural Cartez, vinculada a Sociedad Rural.
El de la COTBN fija criterios muchos más restrictivos para impedir nuevos desmontes y promueve medidas para reforestar con especies autóctonas diferentes espacios ya perdidos.
La organización ruralista, en tanto, plantea un criterio menos restrictivo, con el fin de no impedir el desarrollo de más producciones agropecuarias.
Al no enviar un proyecto propio, Ambiente de la Provincia transfirió la responsabilidad del debate y de la ley a los legisladores. En la Legislatura, aunque algunos cuestionaron esa decisión, desde varios bloques señalaron que la inexistencia de un proyecto oficial "abrirá más el juego".
Sin proyecto oficial. "Es cierto que transfieren la responsabilidad a los legisladores, pero lo positivo es que no tenemos un proyecto condicionante. Hasta como oficialismo tenemos más libertad", señaló el justicialista Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que tratará el proyecto.
Para la opositora Silvia Riveros, del bloque kirchnerista Concertación Plural, que no haya un proyecto cerrado del oficialismo "facilita y abre el debate", a la vez que interpretó que "eso evidencia también que no hay unidad de criterio dentro del Ejecutivo, por ejemplo, entre las áreas de Ambiente y Agricultura".
El centro del debate –admiten todos los legisladores– es hasta qué punto se limitará la posibilidad de que las producciones agropecuarias primero y las urbanizaciones luego sigan avanzando sobre la superficie del poco bosque que queda.
La ley, para adherir a la norma nacional, deberá dividir el suelo cordobés en tres zonas: roja (donde la preservación del bosque debe ser total), amarilla (en la que se permitirían actividades económicas pero sustentables) y las mayoritarias verdes (en las que ya no hay forestación y son las ocupadas por cultivos agrícolas o zonas urbanas).
El proyecto de Cartez "pinta" en rojo una superficie mucho menor a la que planteó la COTBN, entre otras varias diferencias.
Sin embargo, la posición del sector agropecuario no es uniforme. La Sociedad Rural y Cartez participaron de la COTBN en sus inicios, pero luego decidieron alejarse. En cambio, la Federación Agraria, como el Movimiento Campesino (de pequeños productores del norte) se sostuvieron dentro de la COTBN y avalaron su propuesta final.
Abrir el debate. "Dentro de la Comisión de Ecología, todos los bloques hemos acordado ya la idea de buscar un proyecto de consenso, sobre la base de una mecánica bien participativa, con audiencias abiertas en el interior provincial, para sacar una buena ley", señaló Falo.
Tras apuntar que "se tratará de no defraudar a ningún sector", el legislador oficialista marcó que "la premisa debe ser proteger los bosques". Y opinó que la ley servirá "si logra evitar que se siga reduciendo la superficie de bosque pero si, además, logra aumentar la existente hoy".
La semana próxima –según anticipó Falo– la comisión que preside empezará a definir el modo de tratamiento del proyecto.
Desde el bloque de la UCR, la legisladora María Alejandra Matar, en tanto, marcó que "el debate será complejo y requerirá mucho trabajo para aunar criterios", pero compartió la idea de "abrir la Legislatura y generar foros de discusión". En ese marco, Matar descartó una sanción inminente y planteó que "pasará al 2010". Como bloque, la UCR aún no definió su postura.
Desde el Frente Cívico, Adela Coria dijo que "si bien en lo personal" ha acompañado el proceso de la COTBN, la posición del juecismo como bloque aún debe ser discutida internamente.
Silvia Rivero, de Concertación Plural, planteó que ya se dio un debate cuando la COTBN organizó siete talleres abiertos en toda la provincia y relevó todo el territorio. También cuestionó el proyecto de Cartez: "Plantean que, aunque en forma controlada o selectiva, se siga desmontando. O sea, acomodan el criterio a sus intereses económicos", reprochó. De todos modos, avaló que la Legislatura "reabra la discusión para definir un proyecto de ley mediante audiencias públicas y foros de debate".
Un aspecto clave. La ley nacional que fija que cada provincia adhiera a la protección de bosques, estipula que las que lo hacen recibirán aportes del presupuesto de la Nación. Sin embargo, todos los bloques admiten ya que esos recursos serán muy escasos, por ejemplo, para compensar a los dueños de campos a los que se les impida "tocar" bosques en sus propiedades. Ese es uno de los puntos que se reconoce como más complejos.
El justicialista Falo marcó que "desde ya, se rechazará la posibilidad de que se puedan arrasar más bosques para reemplazarlos por cultivos", aunque apuntó que "se deberían permitir algunas actividades mientras sean sustentables, según los casos y lugares".
Rivero, en tanto, planteó: "La ley no impedirá que pequeños productores de cabras, por ejemplo, sigan con esa actividad, si llevan decenas de años conviviendo con sus bosques, sin problemas. Esas son explotaciones sustentables. Otra cosa distinta es permitir que los pocos bosques que quedan se habiliten para talas parciales o uso de agroquímicos, porque dejarán de ser los bosques que son".
El debate y el diagnóstico que ya se hizo
La Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN) fue creada el año pasado, por decreto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para cumplir con el requisito de la ley nacional que exigía una instancia de debate y relevamiento para definir la situación de la forestación. Durante meses debatió ese diagnóstico y se realizaron siete talleres regionales en el interior. En junio entregó las conclusiones, como anteproyecto de ley, a Ambiente de la Provincia. En la COTBN, que presidió la investigadora de la UNC Alicia Barchuk , se nuclearon representantes de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, de organismos públicos nacionales y provinciales, entidades ambientalistas de toda Córdoba, el Inta e instituciones sociales.
Por el sector rural, Federación Agraria Argentina (FAA) y el Movimiento Campesino de Córdoba integraron la COTBN. Pero Cartez–Sociedad Rural se retiraron, anticipando desacuerdos y tiempo después plantearon un anteproyecto de ley propio.
Movilización. Para el próximo martes 17, sectores ligados a la COTBN organizan una movilización frente a la Legislatura, en Córdoba, a las 10, para pedir la sanción inmediata de una ley que contemple la conservación de los bosques nativos y la recuperación de los remanentes. Además, entregarán un petitorio ciudadano con ese reclamo.
Árboles, vitales como el agua
No es una ley cualquiera. Es la que debiera garantizar que Córdoba empiece de una vez, en serio, a preservar lo muy poco de bosque nativo que le queda. De las 12 millones de hectáreas que alguna vez supo tener, sobreviven menos de 600 mil. La drástica reducción, agudizada en las últimas décadas, ha generado una fuerte pérdida de biodiversidad y de recursos naturales, la alteración y hasta pérdida de suelos en algunas regiones, la degradación de cuencas hídricas y la reducción del aporte de agua hacia vertientes, arroyos y ríos (fenómeno que hoy se percibe con dura evidencia).
Por importante, la ley no debiera salir a los empujones ni a las apuradas. Si parte de un mínimo consenso, será más fácil que sea aplicable y respetada.
Pero a la vez, de poco servirá si, mientras se demora el debate, desaparecen otras 100 mil hectáreas. Y, más aún, de nada servirá si queda a mitad de camino y no es un instrumento realmente eficaz y contundente que ponga fin al desmonte.
Hoy, Córdoba tiene una ley que regula y prohíbe la tala de bosques, pero la tasa de deforestación no se ha frenado. Esa norma no muestra utilidad para evitar que la degradación continúe.
El consenso a buscar debiera asegurar que la ley sea debatida y asumida luego por las mayorías. Pero la tornará inútil si, por evitar que algún sector resulte disconforme, dentro de cinco años a Córdoba le quedan aún menos hectáreas forestadas que hoy. Si el proceso no se revierte, Córdoba podrá sufrir consecuencias ambientales irreversibles, con impacto en el desarrollo social y económico por venir.
Fecha de Publicación: 05/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Legislatura empezará a analizarla la semana próxima, pero sin un proyecto oficial de la Provincia. Hay discusión previa.
Córdoba no tendrá este año la nueva ley de protección de bosques nativos que tiene pendiente. Desde la semana próxima comenzará a ser analizada en la Legislatura provincial, pero el tratamiento real se dará recién durante 2010. Con esa norma, la Provincia adherirá a la nueva ley nacional en la materia, sancionada hace más de dos años.
Córdoba es una de las provincias que mayor tasa de deforestación registró en las dos últimas décadas y sólo queda en pie el cinco por ciento de los bosques que alguna vez tuvo.
Finalmente, el Ejecutivo provincial no envió a la Legislatura un proyecto de ley. A través de la Secretaría de Ambiente, prefirió elevar un relevamiento de forestación realizado por sus técnicos en todo el interior y los dos anteproyectos de ley que llegaron a sus manos. Uno es el producido por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) y el otro fue sugerido por la entidad rural Cartez, vinculada a Sociedad Rural.
El de la COTBN fija criterios muchos más restrictivos para impedir nuevos desmontes y promueve medidas para reforestar con especies autóctonas diferentes espacios ya perdidos.
La organización ruralista, en tanto, plantea un criterio menos restrictivo, con el fin de no impedir el desarrollo de más producciones agropecuarias.
Al no enviar un proyecto propio, Ambiente de la Provincia transfirió la responsabilidad del debate y de la ley a los legisladores. En la Legislatura, aunque algunos cuestionaron esa decisión, desde varios bloques señalaron que la inexistencia de un proyecto oficial "abrirá más el juego".
Sin proyecto oficial. "Es cierto que transfieren la responsabilidad a los legisladores, pero lo positivo es que no tenemos un proyecto condicionante. Hasta como oficialismo tenemos más libertad", señaló el justicialista Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que tratará el proyecto.
Para la opositora Silvia Riveros, del bloque kirchnerista Concertación Plural, que no haya un proyecto cerrado del oficialismo "facilita y abre el debate", a la vez que interpretó que "eso evidencia también que no hay unidad de criterio dentro del Ejecutivo, por ejemplo, entre las áreas de Ambiente y Agricultura".
El centro del debate –admiten todos los legisladores– es hasta qué punto se limitará la posibilidad de que las producciones agropecuarias primero y las urbanizaciones luego sigan avanzando sobre la superficie del poco bosque que queda.
La ley, para adherir a la norma nacional, deberá dividir el suelo cordobés en tres zonas: roja (donde la preservación del bosque debe ser total), amarilla (en la que se permitirían actividades económicas pero sustentables) y las mayoritarias verdes (en las que ya no hay forestación y son las ocupadas por cultivos agrícolas o zonas urbanas).
El proyecto de Cartez "pinta" en rojo una superficie mucho menor a la que planteó la COTBN, entre otras varias diferencias.
Sin embargo, la posición del sector agropecuario no es uniforme. La Sociedad Rural y Cartez participaron de la COTBN en sus inicios, pero luego decidieron alejarse. En cambio, la Federación Agraria, como el Movimiento Campesino (de pequeños productores del norte) se sostuvieron dentro de la COTBN y avalaron su propuesta final.
Abrir el debate. "Dentro de la Comisión de Ecología, todos los bloques hemos acordado ya la idea de buscar un proyecto de consenso, sobre la base de una mecánica bien participativa, con audiencias abiertas en el interior provincial, para sacar una buena ley", señaló Falo.
Tras apuntar que "se tratará de no defraudar a ningún sector", el legislador oficialista marcó que "la premisa debe ser proteger los bosques". Y opinó que la ley servirá "si logra evitar que se siga reduciendo la superficie de bosque pero si, además, logra aumentar la existente hoy".
La semana próxima –según anticipó Falo– la comisión que preside empezará a definir el modo de tratamiento del proyecto.
Desde el bloque de la UCR, la legisladora María Alejandra Matar, en tanto, marcó que "el debate será complejo y requerirá mucho trabajo para aunar criterios", pero compartió la idea de "abrir la Legislatura y generar foros de discusión". En ese marco, Matar descartó una sanción inminente y planteó que "pasará al 2010". Como bloque, la UCR aún no definió su postura.
Desde el Frente Cívico, Adela Coria dijo que "si bien en lo personal" ha acompañado el proceso de la COTBN, la posición del juecismo como bloque aún debe ser discutida internamente.
Silvia Rivero, de Concertación Plural, planteó que ya se dio un debate cuando la COTBN organizó siete talleres abiertos en toda la provincia y relevó todo el territorio. También cuestionó el proyecto de Cartez: "Plantean que, aunque en forma controlada o selectiva, se siga desmontando. O sea, acomodan el criterio a sus intereses económicos", reprochó. De todos modos, avaló que la Legislatura "reabra la discusión para definir un proyecto de ley mediante audiencias públicas y foros de debate".
Un aspecto clave. La ley nacional que fija que cada provincia adhiera a la protección de bosques, estipula que las que lo hacen recibirán aportes del presupuesto de la Nación. Sin embargo, todos los bloques admiten ya que esos recursos serán muy escasos, por ejemplo, para compensar a los dueños de campos a los que se les impida "tocar" bosques en sus propiedades. Ese es uno de los puntos que se reconoce como más complejos.
El justicialista Falo marcó que "desde ya, se rechazará la posibilidad de que se puedan arrasar más bosques para reemplazarlos por cultivos", aunque apuntó que "se deberían permitir algunas actividades mientras sean sustentables, según los casos y lugares".
Rivero, en tanto, planteó: "La ley no impedirá que pequeños productores de cabras, por ejemplo, sigan con esa actividad, si llevan decenas de años conviviendo con sus bosques, sin problemas. Esas son explotaciones sustentables. Otra cosa distinta es permitir que los pocos bosques que quedan se habiliten para talas parciales o uso de agroquímicos, porque dejarán de ser los bosques que son".
El debate y el diagnóstico que ya se hizo
La Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN) fue creada el año pasado, por decreto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para cumplir con el requisito de la ley nacional que exigía una instancia de debate y relevamiento para definir la situación de la forestación. Durante meses debatió ese diagnóstico y se realizaron siete talleres regionales en el interior. En junio entregó las conclusiones, como anteproyecto de ley, a Ambiente de la Provincia. En la COTBN, que presidió la investigadora de la UNC Alicia Barchuk , se nuclearon representantes de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, de organismos públicos nacionales y provinciales, entidades ambientalistas de toda Córdoba, el Inta e instituciones sociales.
Por el sector rural, Federación Agraria Argentina (FAA) y el Movimiento Campesino de Córdoba integraron la COTBN. Pero Cartez–Sociedad Rural se retiraron, anticipando desacuerdos y tiempo después plantearon un anteproyecto de ley propio.
Movilización. Para el próximo martes 17, sectores ligados a la COTBN organizan una movilización frente a la Legislatura, en Córdoba, a las 10, para pedir la sanción inmediata de una ley que contemple la conservación de los bosques nativos y la recuperación de los remanentes. Además, entregarán un petitorio ciudadano con ese reclamo.
Árboles, vitales como el agua
No es una ley cualquiera. Es la que debiera garantizar que Córdoba empiece de una vez, en serio, a preservar lo muy poco de bosque nativo que le queda. De las 12 millones de hectáreas que alguna vez supo tener, sobreviven menos de 600 mil. La drástica reducción, agudizada en las últimas décadas, ha generado una fuerte pérdida de biodiversidad y de recursos naturales, la alteración y hasta pérdida de suelos en algunas regiones, la degradación de cuencas hídricas y la reducción del aporte de agua hacia vertientes, arroyos y ríos (fenómeno que hoy se percibe con dura evidencia).
Por importante, la ley no debiera salir a los empujones ni a las apuradas. Si parte de un mínimo consenso, será más fácil que sea aplicable y respetada.
Pero a la vez, de poco servirá si, mientras se demora el debate, desaparecen otras 100 mil hectáreas. Y, más aún, de nada servirá si queda a mitad de camino y no es un instrumento realmente eficaz y contundente que ponga fin al desmonte.
Hoy, Córdoba tiene una ley que regula y prohíbe la tala de bosques, pero la tasa de deforestación no se ha frenado. Esa norma no muestra utilidad para evitar que la degradación continúe.
El consenso a buscar debiera asegurar que la ley sea debatida y asumida luego por las mayorías. Pero la tornará inútil si, por evitar que algún sector resulte disconforme, dentro de cinco años a Córdoba le quedan aún menos hectáreas forestadas que hoy. Si el proceso no se revierte, Córdoba podrá sufrir consecuencias ambientales irreversibles, con impacto en el desarrollo social y económico por venir.
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