El desafío de conservar los bosques
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El desafío de conservar los bosques
Fecha de Publicación: 19/02/2009
Autor del Artículo: Marta Juliá, Doctora en Derecho - Publicado el 17/02/2009 en La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Pensar que la ley de bosques nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
La Ley de Presupuestos Mínimos 26.331 que regula el ordenamiento territorial del bosque nativo en Argentina, ha instalado una temática que cobra cada vez más relevancia. En especial, cuando se muestran las consecuencias de un evento natural que son derivadas de un manejo inadecuado de los recursos naturales. Hoy, el ejemplo más claro es Tartagal.
Siguiendo la cronología de la puesta en escena de los problemas del bosque nativo, se puede observar que en la etapa de tratamiento en el Congreso de la Nación, el trabajo arduo de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil tuvieron por objeto ejercer la presión suficiente hasta su concreción en diciembre de 2007. Actualmente, estos grupos pusieron su atención en la reglamentación de la ley, paso importante para su implementación, pero insuficiente para la salvación de los bosques nativos, como desde algunos sectores ha sido planteada.
A más de un año de sancionada esta norma nacional y ya en etapa de aplicación, se han podido observar las dificultades, conflictos y distintas posiciones que se han constituido en relación a ella.
Uno de los objetivos de la norma es lograr el ordenamiento territorial de los bosques nativos, frente a lo cual se pueden observar diversos puntos de vista en relación a los sectores en los que se ha considerado la temática.
En el Congreso, el legislador formuló una ley ambiciosa al plantear el proceso de ordenamiento de los bosques nativos, fijando un plazo (un año que ya está vencido) para realizar la tarea técnica y asociado a un proceso participativo que deben desarrollar las autoridades de cada provincia.
Esto significó, en cada jurisdicción, que las autoridades ambientales o las designadas para la aplicación de la Ley 26.331, suspendieran los desmontes y aprovechamientos forestales en su territorio hasta tanto se concluya con el ordenamiento, lo que generó conflictos de distinta envergadura y difícil solución.
Será por esta razón que las autoridades gubernamentales tienen a partir de allí una labor compleja, ya que se suele no comprender que los bosques nativos son recursos naturales del dominio de las provincias y que las acciones, actividades u obras que pretendemos realizar deben contar con la autorización del Estado. Este aspecto elemental constituye un trabajo incesante de las áreas que gestionan el recurso, que son las que enfrentan innumerables dificultades.
Es por ello que al gestor, como autoridad de aplicación de la ley en cada provincia, le correspondió informar sobre la normativa, implementar la prohibición del desmonte y los aprovechamientos, generar la toma de conciencia de la situación de los bosques nativos en cada lugar o región, plantear las actividades que será necesario limitar o restringir y, como contrapartida, ser objeto de las reacciones ante lo gestionado por parte de los distintos actores sociales interesados.
Intereses diferentes y contrapuestos. Los problemas ambientales, caracterizados como “complejos”, se manifiestan en las distintas regiones con sus particularidades, involucrando distintos sectores (agrícolas, ganaderos, industriales, mineros) y actores sociales (vecinos, agricultores, industriales, ambientalistas, etcétera) con intereses diferentes y en muchos casos contrapuestos.
Es en los ambientes de los que formamos parte donde se encuentran los bosques nativos en sus diferentes estados de conservación. Ellos prestan un conjunto de servicios que suelen no ser identificados o reconocidos: la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad; la conservación del suelo y de la calidad del agua; la fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; la contribución a la diversificación y belleza del paisaje; la defensa de la identidad cultural, entre otros.
Conflictos socioambientales. Asimismo, cada región enfrenta diferentes conflictos socioambientales asociados a la conservación de los bosques nativos: en algunos, el problema central es la competencia con la actividad agrícola, especialmente la soja, o con la actividad ganadera en relación al sobrepastoreo; en otros, conflictos con actividades mineras o con problemas sociales de ciertas áreas de bosques dedicados a la producción de productos maderables, etcétera.
Frente a esta oportunidad de decidir a futuro sobre qué bosques conservar, cuáles proteger y qué áreas resignar para realizar otras actividades, se plantean innumerables conflictos socioambientales.
El primer indicador lo constituye el proceso participativo al que hace referencia la ley y que debe lograr el consenso de los distintos actores involucrados asociados a las áreas con bosques nativos, con altas o medianas categorías de conservación.
Ante este compromiso es que cada provincia se encuentra desarrollando los aspectos técnicos que le permitan el ordenamiento de sus áreas de bosques y el proceso participativo que debe cumplirse en forma previa a su aprobación legislativa.
Asimismo, los legisladores provinciales deberán considerar que el proyecto de ley que ingrese al recinto cuenta con una discusión ciudadana producto de los procesos de participación en la formulación del ordenamiento y que, por lo tanto, trae un valor agregado para la reflexión y el análisis.
Como consecuencia, la implementación de la ley de presupuestos mínimos, con su reglamentación, debe complementarse con las leyes provinciales que definen sus ordenamientos territoriales del bosque nativo.
Todo esto constituye sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la ley; desde aquí, la Nación deberá implementar el programa de protección de los bosques nativos y el fondo para el enriquecimiento y conservación con las efectivas tareas de transferencia de fondos hacia las provincias.
En ese contexto es que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha cumplido su rol discutiendo las políticas, las modalidades de implementación, planteando las problemáticas de cada provincia, consensuando y acordando regionalmente los principales lineamientos a seguir y reclamando el acompañamiento de las medidas económicas y de asistencia técnica que prevé la ley.
Hasta aquí, los pasos que establece la ley. Es a partir de este momento en que se deberán llevar adelante las etapas de aplicación, control y fiscalización.
Será, claro está, una ardua tarea en los territorios en los que debe tenerse presente la existencia de desmontes clandestinos, quema habitual, presión en la expansión de la frontera agropecuaria, desarrollo de actividades incompatibles con la conservación, tales como la introducción de especies exóticas para la creación de cotos de caza, por ejemplo, entre otras problemáticas.
Pensar que la ley de presupuestos de bosque nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
Para conservar y proteger los bosques de mayor valor y que prestan numerosos servicios ambientales, es necesario informar, educar y concientizar al habitante sobre la necesidad de su preservación.
Protección por sobreproducción. Se debe advertir que, en muchos casos, tendrán que prevalecer el paisaje, la biodiversidad, la protección ambiental por sobre ciertas actividades productivas, en tanto estas decisiones hayan sido consensuadas en el proceso de ordenamiento que se desarrolla.
La protección y preservación de los bosques nativos es, por definición, una política ambiental que se manifiesta en forma directa en el territorio, limitando y restringiendo los usos y las actividades que pueden desarrollarse en el mismo.
Las políticas ambientales demandan, además, el uso de distintos instrumentos para hacerse efectivas. Las normas y sus reglamentaciones constituyen elementos a partir de los cuales se implementan esas políticas, pero es necesario también complementarlas con una fuerte decisión y apoyo de otros aspectos no menos importantes.
La situación actual se caracteriza, por un lado, por la existencia de la mencionada ley de presupuestos mínimos y, en poco tiempo, por la definición de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos en las distintas regiones del país. La implementación de estas normas es una responsabilidad no sólo del Estado, sino de cada ciudadano que participa, ya sea en las diversas actividades implicadas o en los procesos participativos previstos.
En definitiva, la situación constituye una oportunidad y un desafío para los habitantes de las distintas provincias, por lo que exige mayor información, conocimiento y participación para la toma de decisión, capaces de afectar los derechos de generaciones venideras. De allí que la conservación de los bosques nativos de cada ecorregión en la que habitamos, aparece como un derecho irrenunciable a gozar de una mejor calidad de vida.
Fecha de Publicación: 19/02/2009
Autor del Artículo: Marta Juliá, Doctora en Derecho - Publicado el 17/02/2009 en La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Pensar que la ley de bosques nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
La Ley de Presupuestos Mínimos 26.331 que regula el ordenamiento territorial del bosque nativo en Argentina, ha instalado una temática que cobra cada vez más relevancia. En especial, cuando se muestran las consecuencias de un evento natural que son derivadas de un manejo inadecuado de los recursos naturales. Hoy, el ejemplo más claro es Tartagal.
Siguiendo la cronología de la puesta en escena de los problemas del bosque nativo, se puede observar que en la etapa de tratamiento en el Congreso de la Nación, el trabajo arduo de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil tuvieron por objeto ejercer la presión suficiente hasta su concreción en diciembre de 2007. Actualmente, estos grupos pusieron su atención en la reglamentación de la ley, paso importante para su implementación, pero insuficiente para la salvación de los bosques nativos, como desde algunos sectores ha sido planteada.
A más de un año de sancionada esta norma nacional y ya en etapa de aplicación, se han podido observar las dificultades, conflictos y distintas posiciones que se han constituido en relación a ella.
Uno de los objetivos de la norma es lograr el ordenamiento territorial de los bosques nativos, frente a lo cual se pueden observar diversos puntos de vista en relación a los sectores en los que se ha considerado la temática.
En el Congreso, el legislador formuló una ley ambiciosa al plantear el proceso de ordenamiento de los bosques nativos, fijando un plazo (un año que ya está vencido) para realizar la tarea técnica y asociado a un proceso participativo que deben desarrollar las autoridades de cada provincia.
Esto significó, en cada jurisdicción, que las autoridades ambientales o las designadas para la aplicación de la Ley 26.331, suspendieran los desmontes y aprovechamientos forestales en su territorio hasta tanto se concluya con el ordenamiento, lo que generó conflictos de distinta envergadura y difícil solución.
Será por esta razón que las autoridades gubernamentales tienen a partir de allí una labor compleja, ya que se suele no comprender que los bosques nativos son recursos naturales del dominio de las provincias y que las acciones, actividades u obras que pretendemos realizar deben contar con la autorización del Estado. Este aspecto elemental constituye un trabajo incesante de las áreas que gestionan el recurso, que son las que enfrentan innumerables dificultades.
Es por ello que al gestor, como autoridad de aplicación de la ley en cada provincia, le correspondió informar sobre la normativa, implementar la prohibición del desmonte y los aprovechamientos, generar la toma de conciencia de la situación de los bosques nativos en cada lugar o región, plantear las actividades que será necesario limitar o restringir y, como contrapartida, ser objeto de las reacciones ante lo gestionado por parte de los distintos actores sociales interesados.
Intereses diferentes y contrapuestos. Los problemas ambientales, caracterizados como “complejos”, se manifiestan en las distintas regiones con sus particularidades, involucrando distintos sectores (agrícolas, ganaderos, industriales, mineros) y actores sociales (vecinos, agricultores, industriales, ambientalistas, etcétera) con intereses diferentes y en muchos casos contrapuestos.
Es en los ambientes de los que formamos parte donde se encuentran los bosques nativos en sus diferentes estados de conservación. Ellos prestan un conjunto de servicios que suelen no ser identificados o reconocidos: la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad; la conservación del suelo y de la calidad del agua; la fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; la contribución a la diversificación y belleza del paisaje; la defensa de la identidad cultural, entre otros.
Conflictos socioambientales. Asimismo, cada región enfrenta diferentes conflictos socioambientales asociados a la conservación de los bosques nativos: en algunos, el problema central es la competencia con la actividad agrícola, especialmente la soja, o con la actividad ganadera en relación al sobrepastoreo; en otros, conflictos con actividades mineras o con problemas sociales de ciertas áreas de bosques dedicados a la producción de productos maderables, etcétera.
Frente a esta oportunidad de decidir a futuro sobre qué bosques conservar, cuáles proteger y qué áreas resignar para realizar otras actividades, se plantean innumerables conflictos socioambientales.
El primer indicador lo constituye el proceso participativo al que hace referencia la ley y que debe lograr el consenso de los distintos actores involucrados asociados a las áreas con bosques nativos, con altas o medianas categorías de conservación.
Ante este compromiso es que cada provincia se encuentra desarrollando los aspectos técnicos que le permitan el ordenamiento de sus áreas de bosques y el proceso participativo que debe cumplirse en forma previa a su aprobación legislativa.
Asimismo, los legisladores provinciales deberán considerar que el proyecto de ley que ingrese al recinto cuenta con una discusión ciudadana producto de los procesos de participación en la formulación del ordenamiento y que, por lo tanto, trae un valor agregado para la reflexión y el análisis.
Como consecuencia, la implementación de la ley de presupuestos mínimos, con su reglamentación, debe complementarse con las leyes provinciales que definen sus ordenamientos territoriales del bosque nativo.
Todo esto constituye sólo un primer paso hacia el cumplimiento de los objetivos de la ley; desde aquí, la Nación deberá implementar el programa de protección de los bosques nativos y el fondo para el enriquecimiento y conservación con las efectivas tareas de transferencia de fondos hacia las provincias.
En ese contexto es que el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) ha cumplido su rol discutiendo las políticas, las modalidades de implementación, planteando las problemáticas de cada provincia, consensuando y acordando regionalmente los principales lineamientos a seguir y reclamando el acompañamiento de las medidas económicas y de asistencia técnica que prevé la ley.
Hasta aquí, los pasos que establece la ley. Es a partir de este momento en que se deberán llevar adelante las etapas de aplicación, control y fiscalización.
Será, claro está, una ardua tarea en los territorios en los que debe tenerse presente la existencia de desmontes clandestinos, quema habitual, presión en la expansión de la frontera agropecuaria, desarrollo de actividades incompatibles con la conservación, tales como la introducción de especies exóticas para la creación de cotos de caza, por ejemplo, entre otras problemáticas.
Pensar que la ley de presupuestos de bosque nativos y su reglamentación va a permitir por sí misma la conservación del bosque nativo en nuestro país, es una ilusión si ésta no está acompañada de un conjunto de instrumentos políticos, administrativos, económicos, educativos, culturales y sociales.
Para conservar y proteger los bosques de mayor valor y que prestan numerosos servicios ambientales, es necesario informar, educar y concientizar al habitante sobre la necesidad de su preservación.
Protección por sobreproducción. Se debe advertir que, en muchos casos, tendrán que prevalecer el paisaje, la biodiversidad, la protección ambiental por sobre ciertas actividades productivas, en tanto estas decisiones hayan sido consensuadas en el proceso de ordenamiento que se desarrolla.
La protección y preservación de los bosques nativos es, por definición, una política ambiental que se manifiesta en forma directa en el territorio, limitando y restringiendo los usos y las actividades que pueden desarrollarse en el mismo.
Las políticas ambientales demandan, además, el uso de distintos instrumentos para hacerse efectivas. Las normas y sus reglamentaciones constituyen elementos a partir de los cuales se implementan esas políticas, pero es necesario también complementarlas con una fuerte decisión y apoyo de otros aspectos no menos importantes.
La situación actual se caracteriza, por un lado, por la existencia de la mencionada ley de presupuestos mínimos y, en poco tiempo, por la definición de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos en las distintas regiones del país. La implementación de estas normas es una responsabilidad no sólo del Estado, sino de cada ciudadano que participa, ya sea en las diversas actividades implicadas o en los procesos participativos previstos.
En definitiva, la situación constituye una oportunidad y un desafío para los habitantes de las distintas provincias, por lo que exige mayor información, conocimiento y participación para la toma de decisión, capaces de afectar los derechos de generaciones venideras. De allí que la conservación de los bosques nativos de cada ecorregión en la que habitamos, aparece como un derecho irrenunciable a gozar de una mejor calidad de vida.
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