Obra realizada con fondos de la Alumbrera
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Repudian obra realizada con fondos de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 13/12/2008
Fuente: Primerafuente
Provincia/Región: Tucumán
Fue durante la inauguración de una biblioteca en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, la que se concretó en base al aporte de 3 millones de la compañía que explota el principal yacimiento de oro en la Argentina y está ubicada en el oeste de la provincia de Catamarca.
Fue el pasado jueves 11, cuando a la hora de cortar la cinta de inauguración de repente, un grupo de integrantes de la Asamblea Socio-Ambiental del NOA (ASANOA) comenzaron a entonar cánticos que repudiaban el origen de los fondos –( $ 3.000.000.-) de la flamante biblioteca de la facultad de Psicología de la UNT provenientes de la cuestionada Minera La Alumbrera, considerada por las organizaciones ecologistas como “uno de los símbolos más nefastos en contra del medio ambiente”.
Sumado a los cánticos de protesta, los activistas también desplegaron una bandera con la leyenda “Universidad tu dignidad vale más que mil ladrillos”. Pasmadas, las autoridades universitarias presentes se escabulleron dentro del nuevo edificio no sin antes descubrir una placa (foto) que reivindica la denuncia de los ambientalistas en cuanto a la repudiada proveniencia de estos fondos.
Fecha de Publicación: 13/12/2008
Fuente: Primerafuente
Provincia/Región: Tucumán
Fue durante la inauguración de una biblioteca en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, la que se concretó en base al aporte de 3 millones de la compañía que explota el principal yacimiento de oro en la Argentina y está ubicada en el oeste de la provincia de Catamarca.
Fue el pasado jueves 11, cuando a la hora de cortar la cinta de inauguración de repente, un grupo de integrantes de la Asamblea Socio-Ambiental del NOA (ASANOA) comenzaron a entonar cánticos que repudiaban el origen de los fondos –( $ 3.000.000.-) de la flamante biblioteca de la facultad de Psicología de la UNT provenientes de la cuestionada Minera La Alumbrera, considerada por las organizaciones ecologistas como “uno de los símbolos más nefastos en contra del medio ambiente”.
Sumado a los cánticos de protesta, los activistas también desplegaron una bandera con la leyenda “Universidad tu dignidad vale más que mil ladrillos”. Pasmadas, las autoridades universitarias presentes se escabulleron dentro del nuevo edificio no sin antes descubrir una placa (foto) que reivindica la denuncia de los ambientalistas en cuanto a la repudiada proveniencia de estos fondos.
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Ordenamiento territorial de Salta para desmontes
Greenpeace reclamó la reducción de las zonas a desmontar previstas en el Ordenamiento Territorial de Salta
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La propuesta de zonificación realizada por el Poder Ejecutivo provincial establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacaron que “en líneas generales, el proceso llevado adelante ha sido bueno, ya que permitió que una gran cantidad de voces interesadas en el futuro de la provincia y de sus bosques nativos manifestaran su postura, visión e intereses”, pero solicitaron “que la legislatura realice los ajustes necesarios en la zonificación final con el fin de llegar a un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que contemple los reclamos (de las comunidades indígenas y campesinas) y proteja los territorios históricamente utilizados por éstas”.
El Poder Ejecutivo provincial, mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (UE-OTBN), ha llevado a cabo durante este año talleres y reuniones consultivas con actores locales de las diferentes regiones fitogeográficas de la provincia: Chaco Semiárido, Selva de Transición, Selva de Yungas, Chaco Serrano y región del Monte.
Este proceso participativo derivó en una propuesta de zonificación por parte de la UE-OTBN que establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En ese sentido, las organizaciones ambientalistas consideran muy auspicioso que la propuesta “contemple la protección de dos millones de hectáreas de bosques nativos”, pero al mismo tiempo advirtieron que “1.300.000 hectáreas es el umbral máximo de conversión (desmonte) que toleran las cuencas de la provincia, por lo que solicitamos a los legisladores provinciales que modifiquen el mapa propuesto por la UE-OTBN, reduciendo considerablemente la superficie que permite desmontes”.
“Esta modificación de la zonificación propuesta por la UE-OTBN debe realizarse sobre todo en la región sudeste del departamento de Anta, ya que la propuesta actual determinaría la completa desaparición de la región conocida como “El Impenetrable”, alertan las organizaciones en el documento presentado, “además, esta zona presenta continuidad ecosistémica hacia la provincia del Chaco, que en su Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos contempla la protección de la conectividad biológica de este corredor clave para la región”.
Salta es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la provincia ya perdió más de dos millones de hectáreas de bosques nativos.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los legisladores que “continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general”.
Por otra parte, Greenpeace criticó nuevamente el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial presentado por el senador Alfredo Olmedo, que establece cerca de cinco millones de hectáreas para seguir desmontando.
“El proyecto del senador Olmedo es un disparate, no tiene ningún sustento técnico y no fue realizado en forma participativa. Además, no se puede ser juez y parte: la familia Olmedo es una de las que realizó más desmontes en la provincia.” señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La legislatura provincial deberá discutir la futura Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sobre la base del mapa de zonificación elaborado por el Poder Ejecutivo, que es el resultado del proceso participativo obligatorio que establece la Ley de Bosques”, agregó Giardini.
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
La propuesta de zonificación realizada por el Poder Ejecutivo provincial establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En un documento enviado a los legisladores provinciales, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacaron que “en líneas generales, el proceso llevado adelante ha sido bueno, ya que permitió que una gran cantidad de voces interesadas en el futuro de la provincia y de sus bosques nativos manifestaran su postura, visión e intereses”, pero solicitaron “que la legislatura realice los ajustes necesarios en la zonificación final con el fin de llegar a un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que contemple los reclamos (de las comunidades indígenas y campesinas) y proteja los territorios históricamente utilizados por éstas”.
El Poder Ejecutivo provincial, mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (UE-OTBN), ha llevado a cabo durante este año talleres y reuniones consultivas con actores locales de las diferentes regiones fitogeográficas de la provincia: Chaco Semiárido, Selva de Transición, Selva de Yungas, Chaco Serrano y región del Monte.
Este proceso participativo derivó en una propuesta de zonificación por parte de la UE-OTBN que establece cerca de 2 millones de hectáreas para la Categoría I - Rojo (áreas protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento), aproximadamente 6.200.000 hectáreas para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento sustentable, no permite desmonte), y alrededor de 1.300.000 hectáreas para la Categoría III - Verde (permite desmontes).
En ese sentido, las organizaciones ambientalistas consideran muy auspicioso que la propuesta “contemple la protección de dos millones de hectáreas de bosques nativos”, pero al mismo tiempo advirtieron que “1.300.000 hectáreas es el umbral máximo de conversión (desmonte) que toleran las cuencas de la provincia, por lo que solicitamos a los legisladores provinciales que modifiquen el mapa propuesto por la UE-OTBN, reduciendo considerablemente la superficie que permite desmontes”.
“Esta modificación de la zonificación propuesta por la UE-OTBN debe realizarse sobre todo en la región sudeste del departamento de Anta, ya que la propuesta actual determinaría la completa desaparición de la región conocida como “El Impenetrable”, alertan las organizaciones en el documento presentado, “además, esta zona presenta continuidad ecosistémica hacia la provincia del Chaco, que en su Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos contempla la protección de la conectividad biológica de este corredor clave para la región”.
Salta es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la provincia ya perdió más de dos millones de hectáreas de bosques nativos.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas advirtieron a los legisladores que “continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general”.
Por otra parte, Greenpeace criticó nuevamente el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial presentado por el senador Alfredo Olmedo, que establece cerca de cinco millones de hectáreas para seguir desmontando.
“El proyecto del senador Olmedo es un disparate, no tiene ningún sustento técnico y no fue realizado en forma participativa. Además, no se puede ser juez y parte: la familia Olmedo es una de las que realizó más desmontes en la provincia.” señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La legislatura provincial deberá discutir la futura Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sobre la base del mapa de zonificación elaborado por el Poder Ejecutivo, que es el resultado del proceso participativo obligatorio que establece la Ley de Bosques”, agregó Giardini.
Quién se acuerda de Botnia
Quién se acuerda de Botnia
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
Una nueva amenaza amaga con complicarles las vacaciones a miles de turistas argentinos que cruzan los tres pasos terrestres rumbo a las costas uruguayas. La renovada proclama se ha lanzado otra vez desde Gualeguaychú, la única trinchera que mantiene interrumpido el tránsito vehicular con destino a Fray Bentos, donde funciona, desde hace más de un año y a toda máquina, la planta de producción de pasta de celulosa Botnia.
La advertencia, además, tiene como protagonistas a los pocos miembros que se mantienen en pie de la Asamblea Ambiental. La organización tuvo sus días de gloria en la lucha antipastera cuando Botnia todavía no había encendido las calderas; pero hoy es objeto de rechazo, por el hartazgo de una pelea estéril, entre los propios vecinos de Gualeguaychú.
¿La tozudez de mantener cerrado un estratégico paso internacional, vital para el turismo y el comercio, es responsabilidad sólo de esos rebeldes ambientalistas entrerrianos? Habrá que ver.
Los dos gobiernos se han mostrado incapaces de dirimir, por la vía política y diplomática, un diferendo que hasta un año atrás puso en riesgo las relaciones bilaterales. Néstor Kirchner se fue de la Casa Rosada peleado con Tabaré Vázquez y Cristina Fernández congeló las tratativas, tanto con su par uruguayo como con los asambleístas de Gualeguaychú.
La desplazada secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, fue igualmente ineficaz en la materia y su sucesor, Homero Bibiloni, no llegó con una estrategia para convencer a los manifestantes de que desalojen la ruta.
Es más cómodo descansar en lo que vaya a resolver el Tribunal de La Haya, recién en 2010. Pocos se acuerdan ya de Botnia, pero el destino veraniego viene complicado.
Amenazan con cortar los tres pasos a Uruguay en el verano
Gualeguaychú. Los asambleístas de Gualeguaychú anunciaron ayer su intención de cortar simultáneamente los tres puentes que unen la Argentina con Uruguay durante los recambios de quincena de la temporada veraniega, en un repetido rechazo al funcionamiento de la pastera Botnia, en la ciudad de Fray Bentos.
Así lo hizo saber el asambleísta de Gualeguaychú Jorge Fritzler, quien justificó la medida de protesta: “Botnia ya está produciendo y ya está contaminando, así que hay razones para seguir la lucha”.
El puente General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, lleva más de dos años cortado a raíz de la oposición a la instalación de la pastera en la otra orilla del río Uruguay.
En cambio se mantienen abiertos los puentes que unen Colón con Paysandú y Concordia con Salto, ambos en la provincia de Entre Ríos.
Los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú adelantaron ayer su intención de bloquear todos los pasos durante las jornadas de mayor tránsito de vehículos en el verano.
Plan de lucha. En la última reunión de la Asamblea, se aprobó que la comisión de acciones coordine con las asambleas ambientales de Concordia y Colón para realizar cortes simultáneos, sobre todo durante los cambios de quincena del período estival.
“Las ganas están, pero a veces falta apoyo y gente para efectivizar los cortes”, admitió Fritzler, aunque aclaró: “Todas las asambleas tienen que cortar porque Botnia ya está contaminando y ya no es una amenaza sino una realidad, entonces todos pensamos que hay que endurecer la lucha”.
El anuncio sobre la intención de profundizar las medidas de protesta se concreta pocos días después de la asunción de Homero Máximo Bibiloni al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de la desplazada Romina Picolotti.
Todo a La Haya. El nuevo funcionario había repetido la línea marcada por el Gobierno nacional frente al conflicto; esto es, quedar a la espera del fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda planteada por la Argentina y, mientras tanto, monitorear el nivel de contaminación del río.
De todas formas, los asambleístas habían pedido una audiencia con Bibiloni para conocer en primera persona sus opiniones sobre el conflicto.
Paralelamente, desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deslizaron la intención de retomar el diálogo con los asambleístas para intentar levantar el bloqueo en el paraje de Arroyo Verde, a un 20 kilómetros del puente General San Martín y a otros tantos del centro de Gualeguaychú.
Pero la amenaza de ayer marcha a contrapelo de los deseos de la Casa Rosada. Así las cosas, los asambleístas se sentarán en su primer audiencia con Bibiloni con la agenda estival de los cortes totales ya programada.
Las calderas de la planta Botnia se encendieron en noviembre pasado, mientras el entonces presidente Néstor Kirchner se encontraba compartiendo con su par uruguayo Tabaré Vázquez la cumbre Iberoamericana. Desde aquel día, las negociaciones bilaterales se estancaron.
Puentes clave
General San Martín. Une las ciudad entrerriana de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos. Este paso se encuentra interrumpido desde hace dos años. Es el más accesible para la mayoría de los turistas argentinos.
General Artigas. Se encuentra en Colón y conduce a Paysandú. Está ubicado 120 kilómetros al norte de Gualeguaychú.
Salto. Al norte de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Se ubica a unos 220 kilómetros de Gualeguaychú. El paso se encuentra liberado.
Fecha de Publicación: 12/12/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
Una nueva amenaza amaga con complicarles las vacaciones a miles de turistas argentinos que cruzan los tres pasos terrestres rumbo a las costas uruguayas. La renovada proclama se ha lanzado otra vez desde Gualeguaychú, la única trinchera que mantiene interrumpido el tránsito vehicular con destino a Fray Bentos, donde funciona, desde hace más de un año y a toda máquina, la planta de producción de pasta de celulosa Botnia.
La advertencia, además, tiene como protagonistas a los pocos miembros que se mantienen en pie de la Asamblea Ambiental. La organización tuvo sus días de gloria en la lucha antipastera cuando Botnia todavía no había encendido las calderas; pero hoy es objeto de rechazo, por el hartazgo de una pelea estéril, entre los propios vecinos de Gualeguaychú.
¿La tozudez de mantener cerrado un estratégico paso internacional, vital para el turismo y el comercio, es responsabilidad sólo de esos rebeldes ambientalistas entrerrianos? Habrá que ver.
Los dos gobiernos se han mostrado incapaces de dirimir, por la vía política y diplomática, un diferendo que hasta un año atrás puso en riesgo las relaciones bilaterales. Néstor Kirchner se fue de la Casa Rosada peleado con Tabaré Vázquez y Cristina Fernández congeló las tratativas, tanto con su par uruguayo como con los asambleístas de Gualeguaychú.
La desplazada secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, fue igualmente ineficaz en la materia y su sucesor, Homero Bibiloni, no llegó con una estrategia para convencer a los manifestantes de que desalojen la ruta.
Es más cómodo descansar en lo que vaya a resolver el Tribunal de La Haya, recién en 2010. Pocos se acuerdan ya de Botnia, pero el destino veraniego viene complicado.
Amenazan con cortar los tres pasos a Uruguay en el verano
Gualeguaychú. Los asambleístas de Gualeguaychú anunciaron ayer su intención de cortar simultáneamente los tres puentes que unen la Argentina con Uruguay durante los recambios de quincena de la temporada veraniega, en un repetido rechazo al funcionamiento de la pastera Botnia, en la ciudad de Fray Bentos.
Así lo hizo saber el asambleísta de Gualeguaychú Jorge Fritzler, quien justificó la medida de protesta: “Botnia ya está produciendo y ya está contaminando, así que hay razones para seguir la lucha”.
El puente General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, lleva más de dos años cortado a raíz de la oposición a la instalación de la pastera en la otra orilla del río Uruguay.
En cambio se mantienen abiertos los puentes que unen Colón con Paysandú y Concordia con Salto, ambos en la provincia de Entre Ríos.
Los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú adelantaron ayer su intención de bloquear todos los pasos durante las jornadas de mayor tránsito de vehículos en el verano.
Plan de lucha. En la última reunión de la Asamblea, se aprobó que la comisión de acciones coordine con las asambleas ambientales de Concordia y Colón para realizar cortes simultáneos, sobre todo durante los cambios de quincena del período estival.
“Las ganas están, pero a veces falta apoyo y gente para efectivizar los cortes”, admitió Fritzler, aunque aclaró: “Todas las asambleas tienen que cortar porque Botnia ya está contaminando y ya no es una amenaza sino una realidad, entonces todos pensamos que hay que endurecer la lucha”.
El anuncio sobre la intención de profundizar las medidas de protesta se concreta pocos días después de la asunción de Homero Máximo Bibiloni al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de la desplazada Romina Picolotti.
Todo a La Haya. El nuevo funcionario había repetido la línea marcada por el Gobierno nacional frente al conflicto; esto es, quedar a la espera del fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda planteada por la Argentina y, mientras tanto, monitorear el nivel de contaminación del río.
De todas formas, los asambleístas habían pedido una audiencia con Bibiloni para conocer en primera persona sus opiniones sobre el conflicto.
Paralelamente, desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner deslizaron la intención de retomar el diálogo con los asambleístas para intentar levantar el bloqueo en el paraje de Arroyo Verde, a un 20 kilómetros del puente General San Martín y a otros tantos del centro de Gualeguaychú.
Pero la amenaza de ayer marcha a contrapelo de los deseos de la Casa Rosada. Así las cosas, los asambleístas se sentarán en su primer audiencia con Bibiloni con la agenda estival de los cortes totales ya programada.
Las calderas de la planta Botnia se encendieron en noviembre pasado, mientras el entonces presidente Néstor Kirchner se encontraba compartiendo con su par uruguayo Tabaré Vázquez la cumbre Iberoamericana. Desde aquel día, las negociaciones bilaterales se estancaron.
Puentes clave
General San Martín. Une las ciudad entrerriana de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos. Este paso se encuentra interrumpido desde hace dos años. Es el más accesible para la mayoría de los turistas argentinos.
General Artigas. Se encuentra en Colón y conduce a Paysandú. Está ubicado 120 kilómetros al norte de Gualeguaychú.
Salto. Al norte de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Se ubica a unos 220 kilómetros de Gualeguaychú. El paso se encuentra liberado.
Carta abierta a la UNSAM
Carta abierta de las asambleas ciudadanas a la UNSAM
Fecha de Publicación: 11/12/2008
Autor del Artículo: UAC
Señor
Rector de la Universidad Nacional de San Martín
Lic. Carlos Ruta
Por medio de la presente, los ciudadanos miembros de las asambleas abajo firmantes deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo hacia las actividades y programas institucionales promovidos desde la Universidad Pública que, en concurso con los objetivos económicos de las empresas, se orientan a facilitar los procesos de extracción minero-metalífera a cielo abierto, desarrollando servicios sociales en las comunidades afectadas por dichos emprendimientos, en nombre de una pretendida "responsabilidad social empresarial".
Las asambleas ciudadanas repudiamos el convenio de mejoramiento educativo y capacitación docente que la Universidad Nacional de San Martín ha venido desarrollando con la empresa minera Bajo La Alumbrera en Andalgalá, Belén y Aconquija, provincia de Catamarca. Asimismo, manifestamos nuestra condena moral por tratarse de una empresa denunciada ante la Justicia y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, se halla actualmente procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo con la prueba aportada a la causa por el funcionamiento de dicho emprendimiento (Expte. Nº 47.958 – "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051", Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28-05-2008).
No estamos en contra de la minería. Jamás lo estuvimos ni lo estaremos. Sabemos que hasta el teclado que sirvió de medio para redactar estas palabras, fue fabricado gracias a la actividad minera; entre otros tantos miles de productos. Sí nos oponemos terminantemente a la explotación minero metalífera a cielo abierto mediante la utilización de sustancias tóxicas. Esta modalidad de explotación afecta la salud, contamina nuestros bienes naturales, desvía las aguas disponibles para la vida humana y la producción de acuerdo con los requerimientos exorbitantes del proceso extractivo, trastoca compulsivamente los entornos naturales y el desarrollo de las actividades productivas locales, vulnera los estilos de vida y las identidades culturales en los territorios y comunidades donde se localizan y/o producen sus efectos los emprendimientos. El modelo inversor configurado aparece totalmente desvinculado de las expectativas de desarrollo de las sociedades donde se emplazan las explotaciones y no incorpora, como parte del proceso decisorio, la consulta social previa a las comunidades involucradas.
Las asambleas ciudadanas venimos exigiendo el cese de este tipo de explotación minera que sólo produce saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales, a los que consideramos bienes comunes. Como resultado de estas luchas, al día de hoy siete provincias argentinas han sancionado y promulgado nuevas leyes que prohíben la megaminería tóxica en sus jurisdicciones.
Consideramos que la Universidad Nacional de San Martín, en tanto Universidad Pública, debe defender el principio de la autonomía universitaria; una autonomía basada en la defensa de la libertad científica, cuyo fin es resguardarla de los espacios de poder, económico, político, religioso, entre otros. Una concepción de la autonomía universitaria que sea indiferente a la intromisión de los diferentes poderes, o que, por ejemplo, no lleve a tomar recaudos con empresas y gerentes procesados penalmente, es sin duda una autonomía mal entendida, que revela una distorsión mayor del rol social de las Universidades Públicas. En esta línea, las asambleas ciudadanas instamos a las universidades e instituciones del sistema científico y técnico a desarrollar un proceso de autorreflexión que de cuenta de la gran responsabilidad que le cabe al sector público en la promoción del bienestar de la sociedad vinculado a la profundización de los procesos democráticos y a la protección de los derechos de ciudadanía consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Por todo ello, las asambleas ciudadanas exhortamos a la Universidad Nacional de San Martín a declinar toda vinculación entre sus actividades propias y las que pueda requerir la empresa Minera La Alumbrera en el marco de sus objetivos corporativos.
Firman este documento:
- ASAMBLEA SOCIAL AMBIENTAL CATAMARCA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA FIAMBALA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA ANDALGALA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA DE TINOGASTA – CATAMARCA
- BELEN POR LA VIDA - CATAMARCA
- ASOCIACION MENDOCINA POR EL AGUA PURA – MENDOZA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE SAN CARLOS – MENDOZA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE TUNUYAN – MENDOZA
- ASAMBLEA POR LOS DERECHOS CIVICOS Y AMBIENTALES DE TUPUNGATO - MENDOZA
- ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALVEAR – MENDOZA
- ASAMBLEA POR EL AGUA LAVALLE – MENDOZA
- URANIO NO GRACIAS – MENDOZA
- ASAMBLEA POPULAR DEL GRAN MENDOZA
- ASAMBLEA SANJUANINA CONTRA LA CONTAMINACION Y EL SAQUEO – SAN JUAN
- FRENTE CIVICO POR LA VIDA – SAN JUAN
- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS DE LA RIOJA – LA RIOJA
- VECINOS UATOCONVOCADOS POR LA VIDA FAMATINA – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA PITUIL – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA SANAGASTA – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA LA COSTA – LA RIOJA
- CIUDADANOS POR LA VIDA DE CHILECITO
- ASAMBLEA DE CAPITAL – LA RIOJA
- ASAMBLEA DEL FALDEO DEL VELASCO – LA RIOJA
- APATA SAN LUIS – SAN LUIS
- APATA TRAPICHE – SAN LUIS
- VILLA MERLO DESPIERTA – SAN LUIS
- APATA SAN FRANCISCO – SAN LUIS
- ARGENTINA NATURAL – LA PLATA - BUENOS AIRES
- CATEDRA LIBRE SOBERANIA ALIMENTARIA QUEBRACHO LA PLATA – BUENOS AIRES
- ONG CONCIENCIA SOLIDARIA – BUENOS AIRES
- ESPACIO CHICO MENDEZ – BUENOS AIRES
- FORO SALUD Y AMBIENTE VICENTE LOPEZ – BUENOS AIRES
- LA FOGATA – BUENOS AIRES
- ONG SOCAN S.O.S CABALLITO – BUENOS AIRES
- EQUIPO DE EDUCACION POPULAR "Pañuelos en rebeldía", BUENOS AIRES
- UAC REGIONAL BUENOS AIRES
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE SIERRA Y VILLA LA VENTANA – BUENOS AIRES
- 9 DE JULIO VALLES DEL CARMEN – CORDOBA
- ONG CONCIENCIA SOLIDARIA CORDOBA – CORDOBA
- CORDOBA CIUDAD DESPIERTA – CORDOBA
- ONGAMIRA DESPIERTA – CORDOBA
- PEPERINA REBELDE – CORDOBA
- ASAMBLEAS TRASLASIERRA DESPIERTA – CORDOBA
- LA FALDA – CASA GRANDE DESPIERTA – CORDOBA
- VILLA DE LAS ROSAS DESPIERTA – CORDOBA
- RED POR EL USO RESPONSABLE DEL AGUA DE TRASLASIERRA – CORDOBA
- ASAMBLEA CIUDADANA DE COLON – ENTRE RIOS
- MOVIDA AMBIENTAL - ASANOA – SANTIAGO DEL ESTERO
- MOCASE VIA CAMPESINA – ASANOA – SANTIAGO DEL ESTERO
- UNIVEC – ASANOA – TUCUMAN
- PACTO VERDE – ASANOA – TUCUMAN
- PRO ECO GRUPO ECOLOGISTA - ASANOA- TUCUMAN
- DERECHOS HUMANOS Y MINERIA – ASANOA – TUCUMAN
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE TILCARA – JUJUY
- AUTOCONVOCADOS DE LOS VALLES CACHAQUIES CAFAYATE –
- ASANOA - SALTA
- CAPOMA – JUJUY Y SALTA
- RECURSO NATURALES - SANTA ROSA
- ASAMBLEA DE ESQUEL – CHUBUT
- ASAMBLEA PATAGONICA CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACION – NEUQUEN – RIO NEGRO – CHUBUT Y SANTA CRUZ
- MOVIMIENTO ANTINUCLEAR DE CHUBUT
- SEPA (SISTEMAS ECOLOGICOS PATAGONICOS)
- ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACION – RIO NEGRO
- RENACE (RED NACIONAL ACCION ECOLOGICA)
- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC)
- COORDINADORA PASCUA LAMA – CHILE
Nombres y Teléfonos de contacto;
Javier Rodríguez Pardo (RENACE), 011-1567485340
Norberto Costa (ASANOA), 0385-154129178
Juan Nicastro (Asamblea Patagónica) 02944-344243
Fecha de Publicación: 11/12/2008
Autor del Artículo: UAC
Señor
Rector de la Universidad Nacional de San Martín
Lic. Carlos Ruta
Por medio de la presente, los ciudadanos miembros de las asambleas abajo firmantes deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo hacia las actividades y programas institucionales promovidos desde la Universidad Pública que, en concurso con los objetivos económicos de las empresas, se orientan a facilitar los procesos de extracción minero-metalífera a cielo abierto, desarrollando servicios sociales en las comunidades afectadas por dichos emprendimientos, en nombre de una pretendida "responsabilidad social empresarial".
Las asambleas ciudadanas repudiamos el convenio de mejoramiento educativo y capacitación docente que la Universidad Nacional de San Martín ha venido desarrollando con la empresa minera Bajo La Alumbrera en Andalgalá, Belén y Aconquija, provincia de Catamarca. Asimismo, manifestamos nuestra condena moral por tratarse de una empresa denunciada ante la Justicia y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, se halla actualmente procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo con la prueba aportada a la causa por el funcionamiento de dicho emprendimiento (Expte. Nº 47.958 – "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051", Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28-05-2008).
No estamos en contra de la minería. Jamás lo estuvimos ni lo estaremos. Sabemos que hasta el teclado que sirvió de medio para redactar estas palabras, fue fabricado gracias a la actividad minera; entre otros tantos miles de productos. Sí nos oponemos terminantemente a la explotación minero metalífera a cielo abierto mediante la utilización de sustancias tóxicas. Esta modalidad de explotación afecta la salud, contamina nuestros bienes naturales, desvía las aguas disponibles para la vida humana y la producción de acuerdo con los requerimientos exorbitantes del proceso extractivo, trastoca compulsivamente los entornos naturales y el desarrollo de las actividades productivas locales, vulnera los estilos de vida y las identidades culturales en los territorios y comunidades donde se localizan y/o producen sus efectos los emprendimientos. El modelo inversor configurado aparece totalmente desvinculado de las expectativas de desarrollo de las sociedades donde se emplazan las explotaciones y no incorpora, como parte del proceso decisorio, la consulta social previa a las comunidades involucradas.
Las asambleas ciudadanas venimos exigiendo el cese de este tipo de explotación minera que sólo produce saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales, a los que consideramos bienes comunes. Como resultado de estas luchas, al día de hoy siete provincias argentinas han sancionado y promulgado nuevas leyes que prohíben la megaminería tóxica en sus jurisdicciones.
Consideramos que la Universidad Nacional de San Martín, en tanto Universidad Pública, debe defender el principio de la autonomía universitaria; una autonomía basada en la defensa de la libertad científica, cuyo fin es resguardarla de los espacios de poder, económico, político, religioso, entre otros. Una concepción de la autonomía universitaria que sea indiferente a la intromisión de los diferentes poderes, o que, por ejemplo, no lleve a tomar recaudos con empresas y gerentes procesados penalmente, es sin duda una autonomía mal entendida, que revela una distorsión mayor del rol social de las Universidades Públicas. En esta línea, las asambleas ciudadanas instamos a las universidades e instituciones del sistema científico y técnico a desarrollar un proceso de autorreflexión que de cuenta de la gran responsabilidad que le cabe al sector público en la promoción del bienestar de la sociedad vinculado a la profundización de los procesos democráticos y a la protección de los derechos de ciudadanía consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Por todo ello, las asambleas ciudadanas exhortamos a la Universidad Nacional de San Martín a declinar toda vinculación entre sus actividades propias y las que pueda requerir la empresa Minera La Alumbrera en el marco de sus objetivos corporativos.
Firman este documento:
- ASAMBLEA SOCIAL AMBIENTAL CATAMARCA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA FIAMBALA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA ANDALGALA – CATAMARCA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA DE TINOGASTA – CATAMARCA
- BELEN POR LA VIDA - CATAMARCA
- ASOCIACION MENDOCINA POR EL AGUA PURA – MENDOZA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE SAN CARLOS – MENDOZA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE TUNUYAN – MENDOZA
- ASAMBLEA POR LOS DERECHOS CIVICOS Y AMBIENTALES DE TUPUNGATO - MENDOZA
- ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALVEAR – MENDOZA
- ASAMBLEA POR EL AGUA LAVALLE – MENDOZA
- URANIO NO GRACIAS – MENDOZA
- ASAMBLEA POPULAR DEL GRAN MENDOZA
- ASAMBLEA SANJUANINA CONTRA LA CONTAMINACION Y EL SAQUEO – SAN JUAN
- FRENTE CIVICO POR LA VIDA – SAN JUAN
- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS DE LA RIOJA – LA RIOJA
- VECINOS UATOCONVOCADOS POR LA VIDA FAMATINA – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA PITUIL – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA SANAGASTA – LA RIOJA
- VECINOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA LA COSTA – LA RIOJA
- CIUDADANOS POR LA VIDA DE CHILECITO
- ASAMBLEA DE CAPITAL – LA RIOJA
- ASAMBLEA DEL FALDEO DEL VELASCO – LA RIOJA
- APATA SAN LUIS – SAN LUIS
- APATA TRAPICHE – SAN LUIS
- VILLA MERLO DESPIERTA – SAN LUIS
- APATA SAN FRANCISCO – SAN LUIS
- ARGENTINA NATURAL – LA PLATA - BUENOS AIRES
- CATEDRA LIBRE SOBERANIA ALIMENTARIA QUEBRACHO LA PLATA – BUENOS AIRES
- ONG CONCIENCIA SOLIDARIA – BUENOS AIRES
- ESPACIO CHICO MENDEZ – BUENOS AIRES
- FORO SALUD Y AMBIENTE VICENTE LOPEZ – BUENOS AIRES
- LA FOGATA – BUENOS AIRES
- ONG SOCAN S.O.S CABALLITO – BUENOS AIRES
- EQUIPO DE EDUCACION POPULAR "Pañuelos en rebeldía", BUENOS AIRES
- UAC REGIONAL BUENOS AIRES
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE SIERRA Y VILLA LA VENTANA – BUENOS AIRES
- 9 DE JULIO VALLES DEL CARMEN – CORDOBA
- ONG CONCIENCIA SOLIDARIA CORDOBA – CORDOBA
- CORDOBA CIUDAD DESPIERTA – CORDOBA
- ONGAMIRA DESPIERTA – CORDOBA
- PEPERINA REBELDE – CORDOBA
- ASAMBLEAS TRASLASIERRA DESPIERTA – CORDOBA
- LA FALDA – CASA GRANDE DESPIERTA – CORDOBA
- VILLA DE LAS ROSAS DESPIERTA – CORDOBA
- RED POR EL USO RESPONSABLE DEL AGUA DE TRASLASIERRA – CORDOBA
- ASAMBLEA CIUDADANA DE COLON – ENTRE RIOS
- MOVIDA AMBIENTAL - ASANOA – SANTIAGO DEL ESTERO
- MOCASE VIA CAMPESINA – ASANOA – SANTIAGO DEL ESTERO
- UNIVEC – ASANOA – TUCUMAN
- PACTO VERDE – ASANOA – TUCUMAN
- PRO ECO GRUPO ECOLOGISTA - ASANOA- TUCUMAN
- DERECHOS HUMANOS Y MINERIA – ASANOA – TUCUMAN
- VECINOS AUTOCONVOCADOS DE TILCARA – JUJUY
- AUTOCONVOCADOS DE LOS VALLES CACHAQUIES CAFAYATE –
- ASANOA - SALTA
- CAPOMA – JUJUY Y SALTA
- RECURSO NATURALES - SANTA ROSA
- ASAMBLEA DE ESQUEL – CHUBUT
- ASAMBLEA PATAGONICA CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACION – NEUQUEN – RIO NEGRO – CHUBUT Y SANTA CRUZ
- MOVIMIENTO ANTINUCLEAR DE CHUBUT
- SEPA (SISTEMAS ECOLOGICOS PATAGONICOS)
- ASAMBLEA DE BARILOCHE CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACION – RIO NEGRO
- RENACE (RED NACIONAL ACCION ECOLOGICA)
- UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS (UAC)
- COORDINADORA PASCUA LAMA – CHILE
Nombres y Teléfonos de contacto;
Javier Rodríguez Pardo (RENACE), 011-1567485340
Norberto Costa (ASANOA), 0385-154129178
Juan Nicastro (Asamblea Patagónica) 02944-344243
Analizan las prioridades del Riachuelo
Intendentes de la Cuenca Matanza Riachuelo analizaron con Bibiloni prioridades para el saneamiento del área
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se reunió ayer con intendentes y funcionarios de los 14 municipios que conforman la Cuenca Matanza Riachuelo, encuentro en el que los participantes coincidieron en la necesidad de generar un diálogo fluído entre las diferentes jurisdicciones con competencias en el área, al tiempo que calificaron al deterioro ambiental de la cuenca como “una problemática social” que debe ser revertida desde múltiples frentes, entre los que destacaron al aspecto “socio-educativo” como una herramienta central para avanzar con los cambios que remedien la situación.
Durante el cónclave, el titular de la cartera ambiental adelantó que en el nuevo escenario abierto a partir de su asunción en el cargo, la contribución de los municipios será fundamental para el funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Hay coincidencia en que las autoridades locales deben definir y priorizar las acciones a realizar para el saneamiento de la Cuenca; las organizaciones no gubernamentales aportar propuestas y eventualmente ejecutar las que estén a su alcance, mientras que el rol de la Nación será el conducir políticamente el proceso y financiar las obras de acuerdo a sus posibilidades”, aseguró Bibiloni, al tiempo que calificó como “muy importante el involucramiento de las universidades nacionales y de todo el sistema científico-tecnológico en el desarrollo de las iniciativas”.
Bibiloni dejó en claro que a partir de ahora “el sector privado va a tener que invertir para reconvertir sus procesos productivos, mientras que los vecinos de las comunidades afectadas deberán involucrarse y ser corresponsables -junto a las intendencias- para generar los aportes que conduzcan soluciones efectivas”.
De la reunión, desarrollada en el anochecer de la víspera en el despacho de Bibiloni, tomaron parte los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Rossi (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverria), Carlos Caló (Gral. Las Heras), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Darío Díaz Pérez (Lanús), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), y el intendente interino de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
También asistieron el intendente de Florencia Varela y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra; el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Juan José Amondarain, y funcionarios de los distritos de Almirante Brown, Morón y Merlo.
“Los municipios están llevando adelante sus propias iniciativas y planes, pero la necesidad que se define ahora es la trabajar con la ACUMAR en un plan más amplio, para lo cual necesitamos alcanzar mayores niveles de eficiencia y acortar los plazos previstos para la concreción de la sobras de infraestructura”, sostuvo el intendente Espinoza, para luego agregar que “vamos a trabajar en forma organizada y para ello depositamos nuestra confianza y convicciones en la figura de Homero Bibiloni”.
Julio Pereyra, por su parte, comentó que desde la asunción de Bibiloni al frente de la cartera ambiental “muchos intendentes de todo el país se han comunicado conmigo para revitalizar los contactos institucionales con la secretaria de Ambiente de la Nación”.
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se reunió ayer con intendentes y funcionarios de los 14 municipios que conforman la Cuenca Matanza Riachuelo, encuentro en el que los participantes coincidieron en la necesidad de generar un diálogo fluído entre las diferentes jurisdicciones con competencias en el área, al tiempo que calificaron al deterioro ambiental de la cuenca como “una problemática social” que debe ser revertida desde múltiples frentes, entre los que destacaron al aspecto “socio-educativo” como una herramienta central para avanzar con los cambios que remedien la situación.
Durante el cónclave, el titular de la cartera ambiental adelantó que en el nuevo escenario abierto a partir de su asunción en el cargo, la contribución de los municipios será fundamental para el funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Hay coincidencia en que las autoridades locales deben definir y priorizar las acciones a realizar para el saneamiento de la Cuenca; las organizaciones no gubernamentales aportar propuestas y eventualmente ejecutar las que estén a su alcance, mientras que el rol de la Nación será el conducir políticamente el proceso y financiar las obras de acuerdo a sus posibilidades”, aseguró Bibiloni, al tiempo que calificó como “muy importante el involucramiento de las universidades nacionales y de todo el sistema científico-tecnológico en el desarrollo de las iniciativas”.
Bibiloni dejó en claro que a partir de ahora “el sector privado va a tener que invertir para reconvertir sus procesos productivos, mientras que los vecinos de las comunidades afectadas deberán involucrarse y ser corresponsables -junto a las intendencias- para generar los aportes que conduzcan soluciones efectivas”.
De la reunión, desarrollada en el anochecer de la víspera en el despacho de Bibiloni, tomaron parte los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Rossi (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverria), Carlos Caló (Gral. Las Heras), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Darío Díaz Pérez (Lanús), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), y el intendente interino de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
También asistieron el intendente de Florencia Varela y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra; el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Juan José Amondarain, y funcionarios de los distritos de Almirante Brown, Morón y Merlo.
“Los municipios están llevando adelante sus propias iniciativas y planes, pero la necesidad que se define ahora es la trabajar con la ACUMAR en un plan más amplio, para lo cual necesitamos alcanzar mayores niveles de eficiencia y acortar los plazos previstos para la concreción de la sobras de infraestructura”, sostuvo el intendente Espinoza, para luego agregar que “vamos a trabajar en forma organizada y para ello depositamos nuestra confianza y convicciones en la figura de Homero Bibiloni”.
Julio Pereyra, por su parte, comentó que desde la asunción de Bibiloni al frente de la cartera ambiental “muchos intendentes de todo el país se han comunicado conmigo para revitalizar los contactos institucionales con la secretaria de Ambiente de la Nación”.
Mermarán recursos por la minería
Mermarán recursos por la minería el año que viene
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: NoaPress
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el Secretario de Minería, José Sinner, quien sostuvo que la situación financiera nacional y mundial afectó directamente al sector minero provincial. En este contexto aseguró que las retenciones al sector perjudican ingresos provinciales, lo mismo ocurrirá con el pago de regalías y utilidades mineras. La merma sería de casi un 40 %.
Sinner pronosticó, en declaraciones radiales, que el 2009 el sector proporcionará a la economía provincial aproximadamente un 40% menos que años anteriores. Asimismo, dijo que una de las empresas mineras mas afectadas por la crisis es Minera Alumbrera. En este sentido, destacó la importancia de que empiece a trabajar Minera Agua Rica, “queremos que el proyecto se desarrolle pero con toda la seriedad posible por eso exigimos que se cumplan todos los pasos previos a la puesta en marcha de la empresa“.
Fecha de Publicación: 10/12/2008
Fuente: NoaPress
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el Secretario de Minería, José Sinner, quien sostuvo que la situación financiera nacional y mundial afectó directamente al sector minero provincial. En este contexto aseguró que las retenciones al sector perjudican ingresos provinciales, lo mismo ocurrirá con el pago de regalías y utilidades mineras. La merma sería de casi un 40 %.
Sinner pronosticó, en declaraciones radiales, que el 2009 el sector proporcionará a la economía provincial aproximadamente un 40% menos que años anteriores. Asimismo, dijo que una de las empresas mineras mas afectadas por la crisis es Minera Alumbrera. En este sentido, destacó la importancia de que empiece a trabajar Minera Agua Rica, “queremos que el proyecto se desarrolle pero con toda la seriedad posible por eso exigimos que se cumplan todos los pasos previos a la puesta en marcha de la empresa“.
Avances en la limpieza del Riachuelo
El Juez Federal informó sobre el avance la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/12/2008
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
Luis Armella tiene la responsabilidad de hacer cumplir un fallo de la Corte, que ordena el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Estuvo dando detalles a la Curia argentina sobre su accionar.
El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes, Luis Armella, mantuvo un encuentro con referentes de la Conferencia Episcopal Argentina, para poner en conocimiento de los prelados, los avances logrados en la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el impacto que esa medida podría traer aparejado para beneficio de un amplio porcentaje de habitantes del Conurbano Sur.
Cabe recordar que el magistrado quilmeño tiene a su cargo la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2007, en la causa Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo) .
Dicho en otras palabras, el Máximo tribunal argentino hizo lugar a una demanda por la contaminación e que se encuentra el curso del Riachuelo, y en ese marco ordenó el saneamiento de la cuenca. Armella fue colocado como responsable de observar el cumplimiento de esa medida, es decir, que las áreas correspondientes del Estado cumplan con los plazos y objetivos fijados.
En ese marco es que Armella mantuvo un encuentro con algunos de los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos, el Obispo Luis Stöckler, de Quilmes, su par de Avellaneda-Lanús Rubén Frassia, el responsable de la Comisión Diocesana de Medio Ambiente del Obispado de San Isidro, el Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Joaquín Sucumba.
A ellos se sumó el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Casaretto, quien además estuvo al frente de Cáritas, y en un amplio conocedor de la realidad del Conurbano.
Ante todos, y con la presencia, además, de técnicos de la Universidad Católica, Armella expuso un informe sobre el trabajo que se está llevando adelante, y del cual es ejecutor de la sentencia de la Suprema Corte.
El objetivo, se supo, fue el de poner en conocimiento de las autoridades eclesiásticas la importancia y las implicancias que el saneamiento tendrá sobre la vida de millones de habitantes de distintas jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales.
Para el magistrado quilmeño, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo no sólo tendrá un impacto en la población en los concerniente al medio ambiente, sino también en lo que se refiere al desarrollo social de amplias zonas, porque impulsará obras públicas fundamentales para la protección de la salud y el mejoramiento de los niveles de vida.
Como saldo del encuentro, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de los representantes reunidos en esa ocasión, brindó su apoyo a la tarea que Armella lleva adelante.
Fecha de Publicación: 09/12/2008
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
Luis Armella tiene la responsabilidad de hacer cumplir un fallo de la Corte, que ordena el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Estuvo dando detalles a la Curia argentina sobre su accionar.
El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes, Luis Armella, mantuvo un encuentro con referentes de la Conferencia Episcopal Argentina, para poner en conocimiento de los prelados, los avances logrados en la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el impacto que esa medida podría traer aparejado para beneficio de un amplio porcentaje de habitantes del Conurbano Sur.
Cabe recordar que el magistrado quilmeño tiene a su cargo la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2007, en la causa Mendoza, Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo) .
Dicho en otras palabras, el Máximo tribunal argentino hizo lugar a una demanda por la contaminación e que se encuentra el curso del Riachuelo, y en ese marco ordenó el saneamiento de la cuenca. Armella fue colocado como responsable de observar el cumplimiento de esa medida, es decir, que las áreas correspondientes del Estado cumplan con los plazos y objetivos fijados.
En ese marco es que Armella mantuvo un encuentro con algunos de los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos, el Obispo Luis Stöckler, de Quilmes, su par de Avellaneda-Lanús Rubén Frassia, el responsable de la Comisión Diocesana de Medio Ambiente del Obispado de San Isidro, el Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Joaquín Sucumba.
A ellos se sumó el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Casaretto, quien además estuvo al frente de Cáritas, y en un amplio conocedor de la realidad del Conurbano.
Ante todos, y con la presencia, además, de técnicos de la Universidad Católica, Armella expuso un informe sobre el trabajo que se está llevando adelante, y del cual es ejecutor de la sentencia de la Suprema Corte.
El objetivo, se supo, fue el de poner en conocimiento de las autoridades eclesiásticas la importancia y las implicancias que el saneamiento tendrá sobre la vida de millones de habitantes de distintas jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales.
Para el magistrado quilmeño, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo no sólo tendrá un impacto en la población en los concerniente al medio ambiente, sino también en lo que se refiere al desarrollo social de amplias zonas, porque impulsará obras públicas fundamentales para la protección de la salud y el mejoramiento de los niveles de vida.
Como saldo del encuentro, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de los representantes reunidos en esa ocasión, brindó su apoyo a la tarea que Armella lleva adelante.
Entrevista al fiscal que denuncia a La Alumbrera
Entrevista al fiscal que denuncia a La Alumbrera
Fecha de Publicación: 08/12/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Publicado en Página/12 el 30/11/08
Provincia/Región: Nacional
El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras contra Minera La Alumbrera. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
–¿Cómo comienza la causa Alumbrera?
–Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados. Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal de primera instancia. Este requiere instrucción, pide la declaración indagatoria de Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera).
–¿Qué pruebas permiten el procesamiento?
–Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente.
–¿Cuál podría ser la condena de Rooney?
–La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más.
–En el caso de Alumbrera, ¿quién sería el funcionario responsable?
–Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera.
–Minería, pasteras y monocultivo de soja. ¿Qué observa en común?
–Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.
–¿Fallan los organismos de control o es una política de complicidad para contaminar?
–En algunas áreas es una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.
–¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato?
–Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminación ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o el agua, es muy grave.
–El último año se fumigó con 165 millones de litros de glifosato. ¿Por qué no hay causas?
–Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.
–¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el daño?
–Porque son ignorantes o cómplices. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puede esperar, como ha dicho algún fiscal, una víctima y comprobar el nexo causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 24.051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la contaminación es casi inexistente.
Fecha de Publicación: 08/12/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Publicado en Página/12 el 30/11/08
Provincia/Región: Nacional
El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras contra Minera La Alumbrera. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
Minera Alumbrera es el símbolo de la minería metalífera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece años que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por día y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona desértica. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que reúne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compañías: no generó desarrollo local, no aportó riqueza al país y, por sobre todo, afirman que contaminó el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas –una olla de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero químico—, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compañía fue procesado por el presunto delito de contaminación. Es el primer caso en Latinoamérica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declaró en alerta. El fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, fue el impulsor de la investigación y aportó las pruebas más comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detrás de cada hecho de contaminación hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. Gómez, que es jefe de fiscales federales, también denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destitución.
–¿Cómo comienza la causa Alumbrera?
–Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados. Esa investigación preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucción en Rosario, y la contaminación ambiental. Soy fiscal de Cámara, así que entrego esa información al fiscal de primera instancia. Este requiere instrucción, pide la declaración indagatoria de Julián Rooney (vicepresidente de Alumbrera).
–¿Qué pruebas permiten el procesamiento?
–Hay pruebas de contaminación hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente.
–¿Cuál podría ser la condena de Rooney?
–La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más.
–En el caso de Alumbrera, ¿quién sería el funcionario responsable?
–Hay que remarcar que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que Mayoral sabía de la contaminación de Alumbrera.
–Minería, pasteras y monocultivo de soja. ¿Qué observa en común?
–Minería, pasteras y soja tienen en común que son impunes y que lucran con la salud pública. Y esto es un tema central de control. En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.
–¿Fallan los organismos de control o es una política de complicidad para contaminar?
–En algunas áreas es una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. Creo que la corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.
–¿Qué opina del uso de agrotóxicos como el glifosato?
–Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminación ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o el agua, es muy grave.
–El último año se fumigó con 165 millones de litros de glifosato. ¿Por qué no hay causas?
–Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.
–¿Por qué en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el daño?
–Porque son ignorantes o cómplices. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro clásico es el narcotráfico. Porque se captura la droga antes que haga daño. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminación son contra la salud pública de la misma manera que el narcotráfico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga daño a la comunidad. No se puede esperar, como ha dicho algún fiscal, una víctima y comprobar el nexo causal entre la contaminación y la víctima porque eso es inmoral. Está establecido en la ley, dice “quien ponga en peligro”, artículo 55 de la 24.051, no dice que “dañe”. Son dos cosas muy distintas. Narcotráfico y contaminación son delitos de salud pública. El narcotráfico sólo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la población, mientras que la contaminación afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotráfico es interminable, pero para combatir la contaminación es casi inexistente.
Sorprendidos durante un desmonte ilegal
Sorprendidos durante un desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 05/12/2008
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
La Policía detectó en una finca de Graneros a varios individuos que talaron una superficie de más de 200 hectáreas con dos topadoras. Las máquinas fueron secuestradas.
En el marco de numerosos procedimientos para prevenir infracciones contra el medio ambiente, personal de la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía detectó tareas de desmonte ilegal en Graneros. Las topadoras utilizadas en fueron incautadas. Aproximadamente a las 22.00 del miércoles, un equipo compuesto por el comisario Marcelo Antonio Godoy y los policías Luis Alberto Godoy, Ricardo Reynaga y René Eduardo Ardiles descubrió que en una finca de la localidad de La Cañada (departamento Graneros), dos máquinas “Caterpillar” eran ocupadas para cortar varios árboles.
Los efectivos se entrevistaron con el encargado de la propiedad, quien permitió el acceso. Llegaron hasta el lugar donde se realizaban estas tareas; había varios operarios y les ordenaron que suspendieran su labor.
Luego de tomar los datos de los vehículos (alimentados por un grupo electrógeno y un pequeño carro cisterna con combustible), los efectivos observaron que ya había sido desmontada una superficie aproximada a 234 hectáreas.
Los inspectores forestales Oscar Ramón Alderete y Enrique Valenzuela, presentes en el procedimiento, labraron un acta de infracción a la ley 6.292 (que protege la flora y fauna del territorio provincial), en la que se consignaba el secuestro de las “Caterpillar”.
Las topadoras, pertenecientes a una firma especializada en desmontes con domicilio en San Miguel de Tucumán, quedaron depositadas en el lugar debido a su gran porte. Interviene la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, representada en ese operativo por el jefe de Control Forestal, Aldo Norberto Aguilar. Las actuaciones fueron supervisadas por José Luis Salas, jefe de la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos.
Fecha de Publicación: 05/12/2008
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
La Policía detectó en una finca de Graneros a varios individuos que talaron una superficie de más de 200 hectáreas con dos topadoras. Las máquinas fueron secuestradas.
En el marco de numerosos procedimientos para prevenir infracciones contra el medio ambiente, personal de la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía detectó tareas de desmonte ilegal en Graneros. Las topadoras utilizadas en fueron incautadas. Aproximadamente a las 22.00 del miércoles, un equipo compuesto por el comisario Marcelo Antonio Godoy y los policías Luis Alberto Godoy, Ricardo Reynaga y René Eduardo Ardiles descubrió que en una finca de la localidad de La Cañada (departamento Graneros), dos máquinas “Caterpillar” eran ocupadas para cortar varios árboles.
Los efectivos se entrevistaron con el encargado de la propiedad, quien permitió el acceso. Llegaron hasta el lugar donde se realizaban estas tareas; había varios operarios y les ordenaron que suspendieran su labor.
Luego de tomar los datos de los vehículos (alimentados por un grupo electrógeno y un pequeño carro cisterna con combustible), los efectivos observaron que ya había sido desmontada una superficie aproximada a 234 hectáreas.
Los inspectores forestales Oscar Ramón Alderete y Enrique Valenzuela, presentes en el procedimiento, labraron un acta de infracción a la ley 6.292 (que protege la flora y fauna del territorio provincial), en la que se consignaba el secuestro de las “Caterpillar”.
Las topadoras, pertenecientes a una firma especializada en desmontes con domicilio en San Miguel de Tucumán, quedaron depositadas en el lugar debido a su gran porte. Interviene la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, representada en ese operativo por el jefe de Control Forestal, Aldo Norberto Aguilar. Las actuaciones fueron supervisadas por José Luis Salas, jefe de la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos.
Diputados K derritieron la Ley de Glaciares
Los diputados K derritieron la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo se negó a tratar la ley que había sido aprobada hace un mes. El diputado Miguel Bonasso anunció que insistirá con la norma. 04.12.2008 El bloque de diputados kirchnerista se negó a insistir con la Ley de protección de Glaciares que vetó la presidenta Cristina Fernández, pese a la presión de los bloques opositores y de sectores de la propia bancada oficialista.
Los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Eduardo Macaluse (Espacio Sí) propusieron el tratamiento del veto presidencial, pero el kirchnerismo prefirió acatar la decisión del Poder Ejecutivo.
Si bien la votación favoreció al pedido de Bonasso y Macaluse (107 respaldos y 90 rechazos), como se trataba de un apartamiento del reglamento, la victoria nominal no alcanzó para llevar nuevamente la ley al recinto, ya que se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes para darle curso a la solicitud.
No obstante, Bonasso confirmó que insistirá durante la próxima sesión ordinaria con la Ley de Glaciares, que fue aprobada en ambas Cámaras por unanimidad, antes de ser vetada por la Presidenta, al considerar que se contradice con los emprendimientos mineros ubicados en la zona cordillerana.
"Hay que preservar los recursos hídricos. Sin oro podemos vivir, pero sin agua no", se quejó el legislador.
LAS RAZONES DE LOS K. Por su parte, el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, explicó que la negativa de su espacio se debió a "la observación total" que sobre la norma realizó la primera mandataria.
Según dijo, la propuesta oficial es conformar una comisión con gobernadores y dirigentes de la zona cordillerana, "con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley, que contemple un fuerte nivel de consenso".
"La posición del oficialismo no es que la Argentina no tenga una ley de protección de glaciares, pero la Presidenta hizo uso de las facultades constitucionales y planteó una alternativa para mejorar la ley", afirmó Rossi.
En tanto, el diputado del Espacio Sí, Carlos Raimundi, replicó a Rossi, y se quejó porque "está en juego la debilidad del Parlamento, ya que se hace caso al lobby de las empresas poderosas".
La ley de Glaciares, que tras el veto perdió toda vigencia, establecía los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
Fecha de Publicación: 04/12/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo se negó a tratar la ley que había sido aprobada hace un mes. El diputado Miguel Bonasso anunció que insistirá con la norma. 04.12.2008 El bloque de diputados kirchnerista se negó a insistir con la Ley de protección de Glaciares que vetó la presidenta Cristina Fernández, pese a la presión de los bloques opositores y de sectores de la propia bancada oficialista.
Los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Eduardo Macaluse (Espacio Sí) propusieron el tratamiento del veto presidencial, pero el kirchnerismo prefirió acatar la decisión del Poder Ejecutivo.
Si bien la votación favoreció al pedido de Bonasso y Macaluse (107 respaldos y 90 rechazos), como se trataba de un apartamiento del reglamento, la victoria nominal no alcanzó para llevar nuevamente la ley al recinto, ya que se necesitaban las tres cuartas partes de los presentes para darle curso a la solicitud.
No obstante, Bonasso confirmó que insistirá durante la próxima sesión ordinaria con la Ley de Glaciares, que fue aprobada en ambas Cámaras por unanimidad, antes de ser vetada por la Presidenta, al considerar que se contradice con los emprendimientos mineros ubicados en la zona cordillerana.
"Hay que preservar los recursos hídricos. Sin oro podemos vivir, pero sin agua no", se quejó el legislador.
LAS RAZONES DE LOS K. Por su parte, el jefe del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, explicó que la negativa de su espacio se debió a "la observación total" que sobre la norma realizó la primera mandataria.
Según dijo, la propuesta oficial es conformar una comisión con gobernadores y dirigentes de la zona cordillerana, "con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley, que contemple un fuerte nivel de consenso".
"La posición del oficialismo no es que la Argentina no tenga una ley de protección de glaciares, pero la Presidenta hizo uso de las facultades constitucionales y planteó una alternativa para mejorar la ley", afirmó Rossi.
En tanto, el diputado del Espacio Sí, Carlos Raimundi, replicó a Rossi, y se quejó porque "está en juego la debilidad del Parlamento, ya que se hace caso al lobby de las empresas poderosas".
La ley de Glaciares, que tras el veto perdió toda vigencia, establecía los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
Delegación internacional evalúa Botnia
Delegación internacional evalúa impacto de Botnia
Fecha de Publicación: 04/12/2008
Fuente: Radio El Expectador
Funcionarios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y de una consultora independiente, llegaron a Fray Bentos con el propósito de evaluar el impacto de Botnia en la zona.
La Corporación financió parte del proyecto de la empresa finlandesa en Uruguay, pero como contrapartida exige un monitoreo periódico de la situación ambiental y socioeconómica del departamento.
El palacio municipal fue el primer lugar que visitaron. Allí se reunieron con el intendente Omar Lafluf.
"Queremos conocer los efectos originados a partir de la instalación de la fábrica, por eso también recorremos el medio en relación a los comerciantes", dijo a El País Mark Constatine, de la CFI.
Agregó que se han mantenido entrevistas con gente de la localidad en relación al impacto sobre el medioambiente y que han encontrado buenos resultados dentro de los límites que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ha definido.
Igualmente, se llamó la atención sobre la falta de desarrollo de caminería.
La delegación no tiene previsto visitar Gualeguaychú.
Luego de recolectar los datos disponibles, el informe estará terminado a fines de enero o principios de febrero.
Fecha de Publicación: 04/12/2008
Fuente: Radio El Expectador
Funcionarios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y de una consultora independiente, llegaron a Fray Bentos con el propósito de evaluar el impacto de Botnia en la zona.
La Corporación financió parte del proyecto de la empresa finlandesa en Uruguay, pero como contrapartida exige un monitoreo periódico de la situación ambiental y socioeconómica del departamento.
El palacio municipal fue el primer lugar que visitaron. Allí se reunieron con el intendente Omar Lafluf.
"Queremos conocer los efectos originados a partir de la instalación de la fábrica, por eso también recorremos el medio en relación a los comerciantes", dijo a El País Mark Constatine, de la CFI.
Agregó que se han mantenido entrevistas con gente de la localidad en relación al impacto sobre el medioambiente y que han encontrado buenos resultados dentro de los límites que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ha definido.
Igualmente, se llamó la atención sobre la falta de desarrollo de caminería.
La delegación no tiene previsto visitar Gualeguaychú.
Luego de recolectar los datos disponibles, el informe estará terminado a fines de enero o principios de febrero.
Directivo de Alumbrera podría ser condenado
Afirman que a un directivo de Minera Alumbrera podrían condenarlo a tres años de prisión
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
Al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, podrían condenarlo a un mínimo de tres años de prisión por violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Así lo afirmó el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez en una entrevista concedida a un diario porteño de tirada nacional. “Si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, alertó el funcionario judicial.
Que se condene a un alto directivo de una empresa multinacional por haber dañado al medio ambiente, en este país, parecería ser una quimera. Que la utopía se convierta en una realidad dependerá de la Justicia. Por lo pronto, ya hay quienes dieron su parte para que un hecho de estas características se constituya en un precedente histórico de cara a la defensa de las leyes que tienden a la preservación de la vida.
Para el principal impulsor de la causa contra el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por el daño ambiental que esta empresa produce en una investigación vinculada al impacto que sufre la cuenca Salí-Dulce, al directivo podría corresponderle un mínimo de tres años de prisión. En una nota concedida al diario porteño Página 12, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez analizó cual podría ser el destino judicial de Rooney por la presunta violación de su empresa a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
“La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, explicó Gómez al periodista Darío Aranda, en un artículo publicado ayer en el mencionado matutino.
Gómez recordó que la causa contra la Minera nació a partir de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. “A poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados”, sostuvo.
De esta forma, la investigación preliminar concluyó en dos partes: por aparente contrabando, que requiere instrucción en Rosario (desde el puerto de esta ciudad se exporta la producción de la minera), y por contaminación ambiental. A partir de esto es que la Fiscalía Federal en primera instancia pidió la declaración indagatoria de Rooney.
Para Gómez las pruebas de contaminación fueron tan claras que hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa ratificaban esta situación. “A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24.051. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente”, señaló el fiscal a Página 12.
Según el análisis de Gómez, detrás del posible delito de Minera Alumbrera existe un funcionario cómplice del mismo. Los cañones apuntan al actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa de Mayoral. Estoy seguro de que sabía de la contaminación de Alumbrera”.
“En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad”, agregó el fiscal de origen santacruceño en la nota periodística.
Según sostuvo, existe en algunas áreas del Estado una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. “La corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo”.
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
Al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, podrían condenarlo a un mínimo de tres años de prisión por violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Así lo afirmó el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez en una entrevista concedida a un diario porteño de tirada nacional. “Si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, alertó el funcionario judicial.
Que se condene a un alto directivo de una empresa multinacional por haber dañado al medio ambiente, en este país, parecería ser una quimera. Que la utopía se convierta en una realidad dependerá de la Justicia. Por lo pronto, ya hay quienes dieron su parte para que un hecho de estas características se constituya en un precedente histórico de cara a la defensa de las leyes que tienden a la preservación de la vida.
Para el principal impulsor de la causa contra el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por el daño ambiental que esta empresa produce en una investigación vinculada al impacto que sufre la cuenca Salí-Dulce, al directivo podría corresponderle un mínimo de tres años de prisión. En una nota concedida al diario porteño Página 12, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez analizó cual podría ser el destino judicial de Rooney por la presunta violación de su empresa a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
“La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, explicó Gómez al periodista Darío Aranda, en un artículo publicado ayer en el mencionado matutino.
Gómez recordó que la causa contra la Minera nació a partir de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. “A poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados”, sostuvo.
De esta forma, la investigación preliminar concluyó en dos partes: por aparente contrabando, que requiere instrucción en Rosario (desde el puerto de esta ciudad se exporta la producción de la minera), y por contaminación ambiental. A partir de esto es que la Fiscalía Federal en primera instancia pidió la declaración indagatoria de Rooney.
Para Gómez las pruebas de contaminación fueron tan claras que hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa ratificaban esta situación. “A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24.051. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente”, señaló el fiscal a Página 12.
Según el análisis de Gómez, detrás del posible delito de Minera Alumbrera existe un funcionario cómplice del mismo. Los cañones apuntan al actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa de Mayoral. Estoy seguro de que sabía de la contaminación de Alumbrera”.
“En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad”, agregó el fiscal de origen santacruceño en la nota periodística.
Según sostuvo, existe en algunas áreas del Estado una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. “La corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo”.
Fijan plazo para dar informes sobre el riachuelo
Fijan plazo para dar informes sobre saneamiento del riachuelo
Fecha de Publicación: 03/12/2008
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue emplazada por el juez federal de Quilmes Luis Armella a presentar un informe sobre las obras comprometidas para el saneamiento de esos cursos hídricos, informaron hoy fuentes tribunalicias.
Fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente dijeron a su vez Télam que "hoy se hizo una presentación ante el juez federal de Quilmes siguiendo las distintas presentaciones que viene realizando".
Asimismo, informó sobre "los sistemas de medición ambiental utilizado en la cuenca y sobre el estado de avance de la encuesta epidemiológica".
En esa línea, la fuente dijo que el jueves se presentará "un informe de avance en el sistema público de información e informe de avance en materia de inspecciones y también el estado de situación de las licitaciones de la infraestructura para medición de aire".
En cuanto a la medida adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, la fuente expresó que fijó como fecha tope para presentar el informe al 6 de abril de 2009.
El magistrado aclaró, además, que las obras para el saneamiento de esa cuenca "deben ser realizadas en forma simultánea e ininterrumpida" para "lograr por completo el cese de vertido de sustancias que contamine el medio ambiente" y preservar la calidad del agua.
El juez recordó que se encuentra en trámite un préstamo internacional con "el aporte necesario para fortalecer" a la ACUMAR, "toda vez que de esta forma dicha autoridad poseerá herramientas jurídicas e independencia de los estados parte que la conforman".
Armella consideró que el informe era necesario para verificar el "fiel y acabado cumplimiento" del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impuso a los estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento cloacal de esa cuenca, que afecta a millones de habitantes.
El juez quiere conocer "detalles" de las obras denunciadas y "las distintas etapas en que éstas se realizarán, cronograma de fechas de inicio y el estado de las que debían ser terminadas en 2007, conforme el Plan Integral de Saneamiento" oportunamente aprobado.
La intimación cursada al organismo que preside la Secretaría de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, prevé la aplicación de "multas diarias" en caso de incumplimiento.
Días atrás la funcionaria y el magistrado recorrieron en lancha una zona del Riachuelo.
En agosto último, ACUMAR solicitó la extensión del plazo para cumplir con las obras ordenadas, pero la Corte se opuso al pedido.
Fecha de Publicación: 03/12/2008
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue emplazada por el juez federal de Quilmes Luis Armella a presentar un informe sobre las obras comprometidas para el saneamiento de esos cursos hídricos, informaron hoy fuentes tribunalicias.
Fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente dijeron a su vez Télam que "hoy se hizo una presentación ante el juez federal de Quilmes siguiendo las distintas presentaciones que viene realizando".
Asimismo, informó sobre "los sistemas de medición ambiental utilizado en la cuenca y sobre el estado de avance de la encuesta epidemiológica".
En esa línea, la fuente dijo que el jueves se presentará "un informe de avance en el sistema público de información e informe de avance en materia de inspecciones y también el estado de situación de las licitaciones de la infraestructura para medición de aire".
En cuanto a la medida adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, la fuente expresó que fijó como fecha tope para presentar el informe al 6 de abril de 2009.
El magistrado aclaró, además, que las obras para el saneamiento de esa cuenca "deben ser realizadas en forma simultánea e ininterrumpida" para "lograr por completo el cese de vertido de sustancias que contamine el medio ambiente" y preservar la calidad del agua.
El juez recordó que se encuentra en trámite un préstamo internacional con "el aporte necesario para fortalecer" a la ACUMAR, "toda vez que de esta forma dicha autoridad poseerá herramientas jurídicas e independencia de los estados parte que la conforman".
Armella consideró que el informe era necesario para verificar el "fiel y acabado cumplimiento" del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impuso a los estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento cloacal de esa cuenca, que afecta a millones de habitantes.
El juez quiere conocer "detalles" de las obras denunciadas y "las distintas etapas en que éstas se realizarán, cronograma de fechas de inicio y el estado de las que debían ser terminadas en 2007, conforme el Plan Integral de Saneamiento" oportunamente aprobado.
La intimación cursada al organismo que preside la Secretaría de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, prevé la aplicación de "multas diarias" en caso de incumplimiento.
Días atrás la funcionaria y el magistrado recorrieron en lancha una zona del Riachuelo.
En agosto último, ACUMAR solicitó la extensión del plazo para cumplir con las obras ordenadas, pero la Corte se opuso al pedido.
Lo llaman el veto de la Barrick Gold
Lo llaman el veto de la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Enrique Martínez es funcionario K y el severo documento que difundió expresa el malestar en el oficialismo por el veto presidencial a una ley que colocaba a la Argentina como líder en protección ambiental. Denuncia al lobby minero.
“El sano juicio y el principio de precaución, universalmente aceptado, avalan como plenamente acertadas todas y cada una de las disposiciones de la ley sancionada por el Congreso (...). Difícilmente pudiera encontrarse una normativa superadora de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente.” El contundente párrafo está incluido en la carta que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, dirigió al senador Daniel Filmus y a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Precisamente, los encargados de cumplir la instrucción de Cristina Kirchner de encontrar “una normativa superadora” después de su veto a la ley de protección de glaciares.
Martínez es un funcionario K y su carta es una nueva expresión del malestar que generó en las filas oficialistas el veto a una ley refrendada por unanimidad en el Parlamento , con apoyo de las más importantes organizaciones ambientalistas, y que colocaba a la Argentina a la vanguardia en materia de preservación de fuentes de aguas dulces. La diferencia es que Martínez no expresa sólo una disconformidad política sino –fundamentalmente– técnica, respaldada en la solvencia y prestigio del INTI. Su carta tiene, en ese sentido, casi el valor de un dictamen.
“Exhortamos a todos los legisladores a la ratificación plena de la ley y a los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto que ya empieza a ser conocido como Veto Barrick Gold, por la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados”, señala otro párrafo que golpeará fuerte en la Casa Rosada.
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Enrique Martínez es funcionario K y el severo documento que difundió expresa el malestar en el oficialismo por el veto presidencial a una ley que colocaba a la Argentina como líder en protección ambiental. Denuncia al lobby minero.
“El sano juicio y el principio de precaución, universalmente aceptado, avalan como plenamente acertadas todas y cada una de las disposiciones de la ley sancionada por el Congreso (...). Difícilmente pudiera encontrarse una normativa superadora de la misma, ya que ella es clara, pertinente, eficiente y suficiente.” El contundente párrafo está incluido en la carta que el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, dirigió al senador Daniel Filmus y a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Precisamente, los encargados de cumplir la instrucción de Cristina Kirchner de encontrar “una normativa superadora” después de su veto a la ley de protección de glaciares.
Martínez es un funcionario K y su carta es una nueva expresión del malestar que generó en las filas oficialistas el veto a una ley refrendada por unanimidad en el Parlamento , con apoyo de las más importantes organizaciones ambientalistas, y que colocaba a la Argentina a la vanguardia en materia de preservación de fuentes de aguas dulces. La diferencia es que Martínez no expresa sólo una disconformidad política sino –fundamentalmente– técnica, respaldada en la solvencia y prestigio del INTI. Su carta tiene, en ese sentido, casi el valor de un dictamen.
“Exhortamos a todos los legisladores a la ratificación plena de la ley y a los funcionarios integrantes del Poder Ejecutivo a un asesoramiento profesional y responsable para rectificar el veto que ya empieza a ser conocido como Veto Barrick Gold, por la empresa emblemática de los intereses mineros presuntamente afectados”, señala otro párrafo que golpeará fuerte en la Casa Rosada.
Se suman rechazos a minería en Neuquén
Se suman rechazos a explotación minera en Neuquén
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Numerosas organizaciones sociales de esta ciudad se congregaron para apoyar a los vecinos de Loncopué en su lucha contra la radicación de una empresa minera de capitales chinos en el paraje Campana Mahuida. Entre otros sectores se pronunciaron el equipo diocesano de la Pastoral Social, la Asamblea Popular de Zapala y los vecinos autoconvocados por el medio ambiente. Rechazaron este tipo de explotaciones y advirtieron que se pone en riesgo la salud de la población priorizando intereses económicos por encima del bien común.
"Expresamos nuestro solidario apoyo a los integrantes de AVAL (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué) y AVACAM (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida) y rechazamos los megaproyectos mineros y petroleros que significan un saqueo con gran contaminación a espaldas del pueblo y en complicidad con el poder político de turno", sostiene el comunicado que lleva la firma, entre otros sectores del equipo diocesano de la Pastoral Social, la Asamblea Popular de Zapala y los vecinos autoconvocados por el medio ambiente.
Desembarco chino
El reclamo tiene su origen en el desembarco de la empresa de capitales chinos "Emprendimientos Mineros" SA que planea poner en marcha una mina de cobre en Campana Mahuida.
"Defendemos toda la vida, el medio ambiente, la cultura propia, el estilo de vida y la salud del lugar donde vivimos" aseguraron al tiempo que destacaron que "repudiamos la ausencia de consulta previa a los pueblos originarios como demanda el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo ante cualquier autorización de emprendimientos que afecten sus intereses".
Las organizaciones zapalinas no descartaron incluso la posibilidad de tomar medidas de acción directa en respaldo a los vecinos de Loncopué en caso de que el proyecto siga avanzado.
El diputado provincial Rodolfo Canini presentó un proyecto para que se prohiba el uso de mercurio y ácido sulfúrico en explotaciones a cielo abierto. La iniciativa está en la Legislatura.
Fecha de Publicación: 02/12/2008
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Numerosas organizaciones sociales de esta ciudad se congregaron para apoyar a los vecinos de Loncopué en su lucha contra la radicación de una empresa minera de capitales chinos en el paraje Campana Mahuida. Entre otros sectores se pronunciaron el equipo diocesano de la Pastoral Social, la Asamblea Popular de Zapala y los vecinos autoconvocados por el medio ambiente. Rechazaron este tipo de explotaciones y advirtieron que se pone en riesgo la salud de la población priorizando intereses económicos por encima del bien común.
"Expresamos nuestro solidario apoyo a los integrantes de AVAL (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué) y AVACAM (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida) y rechazamos los megaproyectos mineros y petroleros que significan un saqueo con gran contaminación a espaldas del pueblo y en complicidad con el poder político de turno", sostiene el comunicado que lleva la firma, entre otros sectores del equipo diocesano de la Pastoral Social, la Asamblea Popular de Zapala y los vecinos autoconvocados por el medio ambiente.
Desembarco chino
El reclamo tiene su origen en el desembarco de la empresa de capitales chinos "Emprendimientos Mineros" SA que planea poner en marcha una mina de cobre en Campana Mahuida.
"Defendemos toda la vida, el medio ambiente, la cultura propia, el estilo de vida y la salud del lugar donde vivimos" aseguraron al tiempo que destacaron que "repudiamos la ausencia de consulta previa a los pueblos originarios como demanda el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo ante cualquier autorización de emprendimientos que afecten sus intereses".
Las organizaciones zapalinas no descartaron incluso la posibilidad de tomar medidas de acción directa en respaldo a los vecinos de Loncopué en caso de que el proyecto siga avanzado.
El diputado provincial Rodolfo Canini presentó un proyecto para que se prohiba el uso de mercurio y ácido sulfúrico en explotaciones a cielo abierto. La iniciativa está en la Legislatura.
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