Presentaciones contra Minera Alumbrera
Presentaciones contra Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 30/11/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
Finalmente, con la presentación de un listado elevado al Rectorado de la UNT, el viernes quedó definido el orden y los nombres de las doce personas que expondrán ante el Consejo Superior los motivos por los cuales Minera Alumbrera es denunciada internacionalmente).
La primera oradora en la sesión de mañana, a las 17.00, será la docente universitaria y militante de la ONG Pro-Eco, Myrian Genisans.
En tanto, por la ausencia en la provincia del rector Juan Alberto Cerisola, se estima como poco probable gestionar que la sesión sea transmitida en vivo por los medios de la casa de altos estudios: Canal 10 y Radio Universidad.
El encuentro se desarrollará en el marco de una jornada de concientización que se realizará desde las 9.00 hasta la finalización de la sesión.
Se prevé el desarrollo de actividades en el patio del Rectorado como la exhibición de documentales sobre el daño que causa la megaminería a cielo abierto, colocación de afiches explicativos, dictado de charlas a la vez que se analiza la posibilidad de instalar una pantalla gigante en el lugar para que, quienes no puedan ingresar al recinto, puedan seguir la sesión en vivo desde el patio central.
También expondrán Carlos y Miguel Aranda (Agrupación Juan Calchaquí, Concepción), Eduardo Carrizo (Asociación de Padres por la Educación y el Medio Ambiente), Juan Manuel Prado Iratchet (Federación de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas de Tucumán), Norberto Costa (Movida Ambiental , Santiago del Estero), Juan Cáceres (San José, Catamarca), Yolanda Patricia Alvarez y Cesar Jahir Cecenarro (Vecinos Autoconvocados por la Vida, Andalgalá, Catamarca), Héctor Salazar (Belén, Catamarca), Roque Chaile (Autoconvocados de Santa María, Catamarca).
Horacio Machado Aráoz (Docente Investigador UNCa, BePe, Asamblea Sumayaco, Catamarca ), Marcos Pastrana (Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí) y el doctor Gustavo Gómez (Fiscal Federal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán).
Fecha de Publicación: 30/11/2009
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
Finalmente, con la presentación de un listado elevado al Rectorado de la UNT, el viernes quedó definido el orden y los nombres de las doce personas que expondrán ante el Consejo Superior los motivos por los cuales Minera Alumbrera es denunciada internacionalmente).
La primera oradora en la sesión de mañana, a las 17.00, será la docente universitaria y militante de la ONG Pro-Eco, Myrian Genisans.
En tanto, por la ausencia en la provincia del rector Juan Alberto Cerisola, se estima como poco probable gestionar que la sesión sea transmitida en vivo por los medios de la casa de altos estudios: Canal 10 y Radio Universidad.
El encuentro se desarrollará en el marco de una jornada de concientización que se realizará desde las 9.00 hasta la finalización de la sesión.
Se prevé el desarrollo de actividades en el patio del Rectorado como la exhibición de documentales sobre el daño que causa la megaminería a cielo abierto, colocación de afiches explicativos, dictado de charlas a la vez que se analiza la posibilidad de instalar una pantalla gigante en el lugar para que, quienes no puedan ingresar al recinto, puedan seguir la sesión en vivo desde el patio central.
También expondrán Carlos y Miguel Aranda (Agrupación Juan Calchaquí, Concepción), Eduardo Carrizo (Asociación de Padres por la Educación y el Medio Ambiente), Juan Manuel Prado Iratchet (Federación de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas de Tucumán), Norberto Costa (Movida Ambiental , Santiago del Estero), Juan Cáceres (San José, Catamarca), Yolanda Patricia Alvarez y Cesar Jahir Cecenarro (Vecinos Autoconvocados por la Vida, Andalgalá, Catamarca), Héctor Salazar (Belén, Catamarca), Roque Chaile (Autoconvocados de Santa María, Catamarca).
Horacio Machado Aráoz (Docente Investigador UNCa, BePe, Asamblea Sumayaco, Catamarca ), Marcos Pastrana (Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Calchaquí) y el doctor Gustavo Gómez (Fiscal Federal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán).
Desmontes causaron otro aluvión en Córdoba
Los desmontes causaron otro aluvión en la provincia
Fecha de Publicación: 29/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Achiras. Lodo y más de cinco metros de agua se llevaron un puente y destruyeron el balneario del pueblo / Fuego. Este año, los incendios habían pelado 30 mil hectáreas de monte en la zona, el protector natural del suelo / Sudoeste. Lluvia fuerte en Río Cuarto.
“Los destrozos son indescriptibles. Tenés que verlos para creer”, dice el intendente de Achiras, Elio Poffo. El arroyo Achiras trajo más de cinco metros de agua y lodo que arrasaron con todo el balneario y un puente.
En esta localidad ubicada a 272 kilómetros al sudoeste de la capital (en el límite con San Luis) no hubo víctimas ni heridos, pero el aluvión estropeó el trabajo de todo el año para poner a punto el principal sector turístico de la zona. Se llevó asadores y mesas. A cambio dejó 50 centímetros de lodo.
También destrozó el puente azul que se utilizaba en las crecidas cuando el vado quedaba inutilizado. La construcción estaba a cinco metros del arroyo. Hasta esa altura y más llegó el agua.
“No se puede creer en la forma que ha crecido. Es consecuencia de los incendios. La falta de vegetación no detiene el agua. La creciente era color chocolate. Claro, si no hay monte que lo filtre y lo frene”, asegura Poffo.
Este año se incendiaron 30 mil hectáreas en la región. “Lo poco que había rebotado, lo arrasó el agua”, agrega. En el pueblo cayeron 30 milímetros y más de 100 en la zona serrana. Hasta anoche, había cuatro familias aisladas.
Granizo. Las intensas precipitaciones y caída de granizo en el sur provincial también provocaron inconvenientes en Alcira Gigena. Allí cayeron 45 milímetros en unos 15 minutos, y el agua cubrió las alcantarillas y causó inconvenientes para circular dentro del pueblo.
En La Punilla, localidad puntana vecina de Achiras, hubo anegamientos y evacuados. Defensa Civil informó que no hubo evacuados en ninguna localidad cordobesa.
Las lluvias más fuertes ocurrieron en el sudoeste cordobés. En Río Cuarto cayeron 66 milímetros. Entre viernes y sábado, en la ciudad de Córdoba llovieron 19 milímetros.
Además, efectivos policiales realizaban ayer controles en la ruta 36, entre los kilómetros 641 y 650, ya que el agua cubrió la carpeta asfáltica. Piden circular con precaución, en especial si es que hoy continúan las lluvias.
En tanto, desde la Cooperativa Integral de Carlos Paz informaron que la lluvia caída en la cuenca apenas superó los 10 milímetros, por lo que el efecto en el nivel del lago San Roque será mínimo. Lo mismo ocurrió con La Quebrada. En las Sierras Chicas llovieron 12 milímetros.
Fecha de Publicación: 29/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Achiras. Lodo y más de cinco metros de agua se llevaron un puente y destruyeron el balneario del pueblo / Fuego. Este año, los incendios habían pelado 30 mil hectáreas de monte en la zona, el protector natural del suelo / Sudoeste. Lluvia fuerte en Río Cuarto.
“Los destrozos son indescriptibles. Tenés que verlos para creer”, dice el intendente de Achiras, Elio Poffo. El arroyo Achiras trajo más de cinco metros de agua y lodo que arrasaron con todo el balneario y un puente.
En esta localidad ubicada a 272 kilómetros al sudoeste de la capital (en el límite con San Luis) no hubo víctimas ni heridos, pero el aluvión estropeó el trabajo de todo el año para poner a punto el principal sector turístico de la zona. Se llevó asadores y mesas. A cambio dejó 50 centímetros de lodo.
También destrozó el puente azul que se utilizaba en las crecidas cuando el vado quedaba inutilizado. La construcción estaba a cinco metros del arroyo. Hasta esa altura y más llegó el agua.
“No se puede creer en la forma que ha crecido. Es consecuencia de los incendios. La falta de vegetación no detiene el agua. La creciente era color chocolate. Claro, si no hay monte que lo filtre y lo frene”, asegura Poffo.
Este año se incendiaron 30 mil hectáreas en la región. “Lo poco que había rebotado, lo arrasó el agua”, agrega. En el pueblo cayeron 30 milímetros y más de 100 en la zona serrana. Hasta anoche, había cuatro familias aisladas.
Granizo. Las intensas precipitaciones y caída de granizo en el sur provincial también provocaron inconvenientes en Alcira Gigena. Allí cayeron 45 milímetros en unos 15 minutos, y el agua cubrió las alcantarillas y causó inconvenientes para circular dentro del pueblo.
En La Punilla, localidad puntana vecina de Achiras, hubo anegamientos y evacuados. Defensa Civil informó que no hubo evacuados en ninguna localidad cordobesa.
Las lluvias más fuertes ocurrieron en el sudoeste cordobés. En Río Cuarto cayeron 66 milímetros. Entre viernes y sábado, en la ciudad de Córdoba llovieron 19 milímetros.
Además, efectivos policiales realizaban ayer controles en la ruta 36, entre los kilómetros 641 y 650, ya que el agua cubrió la carpeta asfáltica. Piden circular con precaución, en especial si es que hoy continúan las lluvias.
En tanto, desde la Cooperativa Integral de Carlos Paz informaron que la lluvia caída en la cuenca apenas superó los 10 milímetros, por lo que el efecto en el nivel del lago San Roque será mínimo. Lo mismo ocurrió con La Quebrada. En las Sierras Chicas llovieron 12 milímetros.
Polémica por la Ley de Minería en Neuquén
Fuerte polémica por la Ley de Minería
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Los diputados aprobaron la norma y ardió la discusión por el cuidado ambiental. “Las mineras multinacionales verán un territorio fértil para instalarse con gravísimos costos para el medio ambiente”, dijeron desde AVAL.
Tras una maratónica sesión que finalizó en la madrugada de ayer, los diputados provinciales sancionaron por mayoría y en general la polémica ley que regula la actividad minera en la provincia. La sanción de la normativa cosechó fuertes críticas dentro y fuera de la Cámara.
Las organizaciones medioambientales anti minería que se movilizaron por el centro de la ciudad el martes pasado, expresaron su repudio y rechazo a la ley que redactó el diputado de Alternativa Hugo Goncálves.
Carlos Camargo, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), expresó su descreimiento a los controles ambientales que establece la normativa aprobada el jueves porque, según dijo, “no tiene ninguna utilización práctica en la provincia”.
“Es una utopía pensar que la Provincia puede llevar adelante controles de esta característica porque en general no existen en el país y sobre todo porque en el Provincia hay sólo tres policías mineros para todo el vasto territorio”, señaló Camargo, líder del movimiento social que rechaza la instalación de la megaminería de cobre a cielo abierto en Campana Mahuida, cerca de Loncopué.
“La rechazamos y la repudiamos porque es nada más que una expresión de deseo, la legislación tiene que cambiar más profundamente. Las mineras multinacionales verán un territorio fértil para instalarse con gravísimos costos para el medio ambiente porque pueden utilizar mercurio, cianuro u acido sulfúrico. Todavía no se tomó conciencia de lo que significa esta ley, es gravísimo para toda la sociedad y también de forma institucional”, añadió.
Discusión
La ley fue aprobada por los 20 votos que aportaron el MPN; sus aliados del interbloque Peronismo Federal; Goncálves de Alternativa y Miguel Ángel Guidali del Partido Justicialista. En contra votaron la Concertación; Rodolfo Canini de UNE-MUN-PS; Paula Sánchez de Libres del Sur y Soledad Martínez de Alternativa.
Los diputados que argumentaron a favor de la iniciativa destacaron los beneficios del desarrollo sustentable a través de un cambio en la matriz productiva provincial y el progreso económico que implican los puestos laborales.
Entre los defensores de la actividad, Daniel Baum, del interbloque Peronista Federal, tomó como ejemplo la explotación de Veladero en San Juan para afirmar que es posible la actividad con control ambiental. Dijo que Veladero emplea técnicas certificadas de cuidado ambiental; genera 2 mil puestos de trabajo directo y una inversión de 700 millones de dólares en 17 años.
Entre los opositores, Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, destacó que siete provincias prohíben la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el proceso. Además, advirtió que la megaminería producirá un saqueo de recursos que sólo dejará migajas a la provincia. “Neuquén va a pasar a ser potencialmente el basurero minero de la norpatagonia porque todas las provincias limítrofes tienen leyes prohibitivas”, dijo.
En tanto, el autor de la iniciativa, Goncálves, explicó que su proyecto busca controlar los daños de la actividad minera y que tiene como prioridad la protección del recurso hídrico y subrayó la participación vinculante de los vecinos en el control del medio ambiente.
Carlos Pacheco, del MPN, sostuvo que es “inviable” el mundo sin la explotación minera y defendió llevar adelante la actividad de forma responsable con controles serios.
Martínez, de Alternativa, quien votó en contra del proyecto de su compañero de bancada, destacó que el Estado neuquino “no quiere ejercer el control” en actividades extractivas.
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Los diputados aprobaron la norma y ardió la discusión por el cuidado ambiental. “Las mineras multinacionales verán un territorio fértil para instalarse con gravísimos costos para el medio ambiente”, dijeron desde AVAL.
Tras una maratónica sesión que finalizó en la madrugada de ayer, los diputados provinciales sancionaron por mayoría y en general la polémica ley que regula la actividad minera en la provincia. La sanción de la normativa cosechó fuertes críticas dentro y fuera de la Cámara.
Las organizaciones medioambientales anti minería que se movilizaron por el centro de la ciudad el martes pasado, expresaron su repudio y rechazo a la ley que redactó el diputado de Alternativa Hugo Goncálves.
Carlos Camargo, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), expresó su descreimiento a los controles ambientales que establece la normativa aprobada el jueves porque, según dijo, “no tiene ninguna utilización práctica en la provincia”.
“Es una utopía pensar que la Provincia puede llevar adelante controles de esta característica porque en general no existen en el país y sobre todo porque en el Provincia hay sólo tres policías mineros para todo el vasto territorio”, señaló Camargo, líder del movimiento social que rechaza la instalación de la megaminería de cobre a cielo abierto en Campana Mahuida, cerca de Loncopué.
“La rechazamos y la repudiamos porque es nada más que una expresión de deseo, la legislación tiene que cambiar más profundamente. Las mineras multinacionales verán un territorio fértil para instalarse con gravísimos costos para el medio ambiente porque pueden utilizar mercurio, cianuro u acido sulfúrico. Todavía no se tomó conciencia de lo que significa esta ley, es gravísimo para toda la sociedad y también de forma institucional”, añadió.
Discusión
La ley fue aprobada por los 20 votos que aportaron el MPN; sus aliados del interbloque Peronismo Federal; Goncálves de Alternativa y Miguel Ángel Guidali del Partido Justicialista. En contra votaron la Concertación; Rodolfo Canini de UNE-MUN-PS; Paula Sánchez de Libres del Sur y Soledad Martínez de Alternativa.
Los diputados que argumentaron a favor de la iniciativa destacaron los beneficios del desarrollo sustentable a través de un cambio en la matriz productiva provincial y el progreso económico que implican los puestos laborales.
Entre los defensores de la actividad, Daniel Baum, del interbloque Peronista Federal, tomó como ejemplo la explotación de Veladero en San Juan para afirmar que es posible la actividad con control ambiental. Dijo que Veladero emplea técnicas certificadas de cuidado ambiental; genera 2 mil puestos de trabajo directo y una inversión de 700 millones de dólares en 17 años.
Entre los opositores, Rodolfo Canini, de UNE-MUN-PS, destacó que siete provincias prohíben la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el proceso. Además, advirtió que la megaminería producirá un saqueo de recursos que sólo dejará migajas a la provincia. “Neuquén va a pasar a ser potencialmente el basurero minero de la norpatagonia porque todas las provincias limítrofes tienen leyes prohibitivas”, dijo.
En tanto, el autor de la iniciativa, Goncálves, explicó que su proyecto busca controlar los daños de la actividad minera y que tiene como prioridad la protección del recurso hídrico y subrayó la participación vinculante de los vecinos en el control del medio ambiente.
Carlos Pacheco, del MPN, sostuvo que es “inviable” el mundo sin la explotación minera y defendió llevar adelante la actividad de forma responsable con controles serios.
Martínez, de Alternativa, quien votó en contra del proyecto de su compañero de bancada, destacó que el Estado neuquino “no quiere ejercer el control” en actividades extractivas.
Nuevos proyectos mineros con Chile
Anuncian nuevos proyectos mineros por el tratado de integración con Chile
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se concretarían dos en Santa Cruz y uno en Mendoza; prometen no prolongar los tiempos de aprobación
Tres nuevos proyectos dos de minería metálica y uno de minería no metálica sumará el Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado entre Chile y la Argentina, según anunció el secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral. La información fue dada a conocer en el marco del IV Encuentro Minero Chileno-Argentino, desarrollado esta semana en el hotel Hyatt de la capital chilena.
"Hay tres proyectos que se podrían sumar. Para preservar la fuente de información, voy a permitirme no nombrarlos, pero hay proyectos que se salen del rubro netamente metalífero", anunció Mayoral.
Según contaron a La Nacion fuentes de la Cámara Chileno-Argentina, dos de estos serían en la provincia de Santa Cruz de oro, el mayor de ellos y un tercero en Mendoza, el proyecto de Cerro Cuadrado, compuesto de vetas de plomo.
Mayoral expuso, junto a su par chileno, el ministro de Minería, Santiago González, y el embajador argentino Ginés González García. También asistieron el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alberto Salas; el presidente de la organizadora del evento, la Cámara Chileno-Argentina, Bruno Ardito; representantes de las mineras Barrick Gold y Xstrata Copper; y enviados de la provincia de San Juan, y de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama. En la cita se analizaron los distintos proyectos de inversión, así como también los alcances del comercio bilateral.
El Tratado Minero, firmado en 1997, cuenta actualmente con cinco proyectos que incluyen inversiones por 8000 millones de dólares para la siguiente década. Estos son Pascua Lama (oro), El Pachón (cobre), Amos Andrés (oro y cobre), Las Flechas (oro y cobre) y Vicuña (oro, plata y cobre). Ayer se supo sobre el interés del grupo sueco-canadiense Lundin Mining en los citados proyectos de Vicuña, Las Flechas y Cerro Cuadrado.
El acuerdo establece "la conveniencia de asegurar, en los casos en que las circunstancias lo permitan, el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la cordillera, de tal modo que su exploración y posterior explotación se lleve a cabo en forma racional e integrada, aplicando las normas prácticas de una minería más avanzada".
"Es una herramienta fundacional a nivel internacional, que promueve la exploración y producción minera conjunta sobre la segunda frontera más extensa del mundo y destaco la importancia estratégica de la integración minera entre los dos países, para fortalecer el crecimiento económico y social de la región, mediante la promoción de emprendimientos que generen desarrollo, empleo y mejor calidad de vida para las comunidades de frontera", afirmó Mayoral.
"Este tratado es un caso único en el mundo. Nuestro objetivo es que ambos países se conviertan en un polo de la minería y también en un instrumento fundamental para disminuir la pobreza en la Argentina, tal como se ha hecho en Chile", dijo a La Nacion el embajador González García.
Pese a su larga tramitación por desacuerdos impositivos entre ambos países, Pascua Lama ya comenzó sus obras y se constituyó en el primer proyecto levantado conforme al Tratado de Integración, con una inversión de 3000 millones de dólares y una generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Chile y la Argentina. "Todos los proyectos que vienen tendrán un tiempo menor de tramitación porque ya tenemos un proyecto base, una experiencia anterior", opinó Mayoral.
Fecha de Publicación: 28/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Se concretarían dos en Santa Cruz y uno en Mendoza; prometen no prolongar los tiempos de aprobación
Tres nuevos proyectos dos de minería metálica y uno de minería no metálica sumará el Tratado de Integración y Complementación Minera, firmado entre Chile y la Argentina, según anunció el secretario de Minería de la Argentina, Jorge Mayoral. La información fue dada a conocer en el marco del IV Encuentro Minero Chileno-Argentino, desarrollado esta semana en el hotel Hyatt de la capital chilena.
"Hay tres proyectos que se podrían sumar. Para preservar la fuente de información, voy a permitirme no nombrarlos, pero hay proyectos que se salen del rubro netamente metalífero", anunció Mayoral.
Según contaron a La Nacion fuentes de la Cámara Chileno-Argentina, dos de estos serían en la provincia de Santa Cruz de oro, el mayor de ellos y un tercero en Mendoza, el proyecto de Cerro Cuadrado, compuesto de vetas de plomo.
Mayoral expuso, junto a su par chileno, el ministro de Minería, Santiago González, y el embajador argentino Ginés González García. También asistieron el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alberto Salas; el presidente de la organizadora del evento, la Cámara Chileno-Argentina, Bruno Ardito; representantes de las mineras Barrick Gold y Xstrata Copper; y enviados de la provincia de San Juan, y de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama. En la cita se analizaron los distintos proyectos de inversión, así como también los alcances del comercio bilateral.
El Tratado Minero, firmado en 1997, cuenta actualmente con cinco proyectos que incluyen inversiones por 8000 millones de dólares para la siguiente década. Estos son Pascua Lama (oro), El Pachón (cobre), Amos Andrés (oro y cobre), Las Flechas (oro y cobre) y Vicuña (oro, plata y cobre). Ayer se supo sobre el interés del grupo sueco-canadiense Lundin Mining en los citados proyectos de Vicuña, Las Flechas y Cerro Cuadrado.
El acuerdo establece "la conveniencia de asegurar, en los casos en que las circunstancias lo permitan, el aprovechamiento conjunto de los recursos que se extienden a ambos lados de la cordillera, de tal modo que su exploración y posterior explotación se lleve a cabo en forma racional e integrada, aplicando las normas prácticas de una minería más avanzada".
"Es una herramienta fundacional a nivel internacional, que promueve la exploración y producción minera conjunta sobre la segunda frontera más extensa del mundo y destaco la importancia estratégica de la integración minera entre los dos países, para fortalecer el crecimiento económico y social de la región, mediante la promoción de emprendimientos que generen desarrollo, empleo y mejor calidad de vida para las comunidades de frontera", afirmó Mayoral.
"Este tratado es un caso único en el mundo. Nuestro objetivo es que ambos países se conviertan en un polo de la minería y también en un instrumento fundamental para disminuir la pobreza en la Argentina, tal como se ha hecho en Chile", dijo a La Nacion el embajador González García.
Pese a su larga tramitación por desacuerdos impositivos entre ambos países, Pascua Lama ya comenzó sus obras y se constituyó en el primer proyecto levantado conforme al Tratado de Integración, con una inversión de 3000 millones de dólares y una generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Chile y la Argentina. "Todos los proyectos que vienen tendrán un tiempo menor de tramitación porque ya tenemos un proyecto base, una experiencia anterior", opinó Mayoral.
“La actividad minera es contaminante”
“La actividad minera es contaminante”
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: Web 8300
Provincia/Región: Nacional
Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Tucumán. Es el responsable de haber procesado a los directivos del emprendimiento minero La Alumbrera por contaminación. Dice que el único parámetro legal a considerar es la ley de delitos ambientales. Y que cualquier otra norma, es un pasaporte para contaminar.
Dice que él es sólo un pequeño engranaje de un gran movimiento que se resiste a la contaminación de las empresas mineras. Pero también que la única forma de evitarla, es a través de jueces o fiscales que se animen a enfrentarse al enorme poder de estos emprendimientos. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de Tucumán, y jefe de fiscales Federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
“Minera La Alumbrera es una empresa que contamina el medio ambiente de una forma importante. Fue procesada por el delito de Contaminación Ambiental por la Cámara Federal de Tucumán. Los hechos que acreditamos y que acreditó la propia empresa es la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que se están tirando no sólo a la cuenca del río Dulce, sino que llega hasta Córdoba, porque la explotación se hace en Catamarca, por un mineroloducto llega a Tucumán, se secan los barros de Cobre, se sube a un tren, se lleva a San Lorenzo y de ahí se exporta”, explica en pocas palabras un hecho que lleva casi cuatro años investigando.
En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Palangana, no dudó en afirmar que “la actividad es contaminante”. Se basa en los informes de impacto ambiental de las propias empresas. “Para nosotros no hace falta ni siquiera ir a tomar una muestra. Si toma la ley de delitos ambientales con los índices de contaminación que tienen, uno prueba lo que es un delito instantáneo”.
Algunos datos escalofriantes
La Alumbrera consume un promedio de 5 millones de litros de agua por hora. Y tanta electricidad como puede consumir la ciudad de Neuquén en este instante. “Toda esa agua se contamina porque se usa para separar los minerales de la roca sin valor. Se tritura la roca y se mete en piletones donde se produce el separado de las sustancias. Esto provoca un grado de contaminación impresionante. Contaminan cinco millones de litros de agua por hora. Eso sin pensar en los gases y las nubes de gases en función de los materiales explosivos por las voladuras” explica el fiscal.
La causa por contaminación, está en este momento en manos del juez federal I de Tucumán, con una directiva de la Cámara de Casación Penal de ampliar la investigación.
“Esto fue un éxito del pueblo –dice Gómez. “Cuando este expediente llegó a la Cámara Penal en el año 2005, con el fallo de un juez de primera instancia que decía que La Alumbrera era un ejemplo de producción, los fiscales apelamos. Pero el poder económico hace que los platillos de la justicia pesa mas. Tuvimos varias reuniones e hicimos que la gente afectada se reuniera con los jueces y le mostraran cómo lo estaba afectando. Enfocaron su reclamo al poder judicial porque es quien puede resolver un conflicto de esta naturaleza”.
El caso de Neuquén
Gómez explica que no le gusta involucrarse en cuestiones políticas. Pero que si –como ocurrirá en Neuquén- se aprueba una ley (como la ley Goncalves) que pone como condición que los emprendimientos no estén en las nacientes de los ríos, “es una autorización para contaminar lo que se les antoje”. El fiscal lo explica en forma sencilla: “Puede ser que no esté en la naciente de un río, pero de algún lado tienen que sacar el agua dulce. Si como consecuencia de esta actividad voy a volcar agua contaminada, tengo que decir adónde va”.
Por eso le advierte a los pobladores de Neuquén que abran los ojos. “Si el gobierno de Neuquén dice que (la minera) no contamina, tiene que tener un informe de impacto ambiental. Nosotros podríamos mostrarle los informes de La Alumbrera, donde ella misma dice los niveles de contaminación que tiene”.
Afirma que existe un procedimiento que utilizan las mineras en varias provincias. “Ellos, antes de abrir un emprendimiento, piden una resolución o una ley provincial pidiendo que se les autorice a contaminar el ambiente por encima de los niveles de la ley nacional. Luego se agarran de esa resolución, diciendo que ellos no contaminan. Pero una cosa es comparar la actividad extractiva en base a una ley provincial que le permite contaminar por encima de los índices por los cuales está establecido el delito ambiental, y otra cosa es contaminar por los índices de la ley 24151. Estén atentos: los únicos índices de contaminación permitidos son los que establece la ley penal ambiental”.
Cómplices
Otro aspecto interesante de la charla de La Palangana con Gómez, es el hecho de que el fiscal también ha imputado a funcionarios por complicidad. “Nosotros acá le estamos imputando el delito de complicidad a las autoridades nacionales y provinciales. Porque quien permite este tipo de maniobras, comete un delito. Acá condenamos a un intendente un año de prisión por contaminar un basural con residuos patogénicos. También a quienes cometieron el delito”.
Sostiene que los delitos penales ambientales “son muy concretos”, pero que exige “un trabajo compartido de fiscales generales y de una ciudadanía comprometida con el ambiente”.
“Tanto el caso de La Alumbrera como el del glifosato u otros temas de contaminación, es una cuestión de tomar una decisión judicial. El poder político y económico son cómplices. Ellos no tomarán medidas porque son cómplices. Hoy la plata se gana donde se pueda contaminar mas. En el último crack, las únicas acciones que subieron fueron de las empresas mineras y de las que venden armas”, dice.
También se preguntó por qué motivo no se instala un emprendimiento como La Alumbrera en los Alpes Suizos. “Es notable cómo todos estos grandes emprendimientos se dirigen al hemisferio sur y los países del tercer mundo”.
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: Web 8300
Provincia/Región: Nacional
Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Tucumán. Es el responsable de haber procesado a los directivos del emprendimiento minero La Alumbrera por contaminación. Dice que el único parámetro legal a considerar es la ley de delitos ambientales. Y que cualquier otra norma, es un pasaporte para contaminar.
Dice que él es sólo un pequeño engranaje de un gran movimiento que se resiste a la contaminación de las empresas mineras. Pero también que la única forma de evitarla, es a través de jueces o fiscales que se animen a enfrentarse al enorme poder de estos emprendimientos. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de Tucumán, y jefe de fiscales Federales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
“Minera La Alumbrera es una empresa que contamina el medio ambiente de una forma importante. Fue procesada por el delito de Contaminación Ambiental por la Cámara Federal de Tucumán. Los hechos que acreditamos y que acreditó la propia empresa es la cantidad de sustancias tóxicas y químicas que se están tirando no sólo a la cuenca del río Dulce, sino que llega hasta Córdoba, porque la explotación se hace en Catamarca, por un mineroloducto llega a Tucumán, se secan los barros de Cobre, se sube a un tren, se lleva a San Lorenzo y de ahí se exporta”, explica en pocas palabras un hecho que lleva casi cuatro años investigando.
En una entrevista realizada esta mañana en el programa La Palangana, no dudó en afirmar que “la actividad es contaminante”. Se basa en los informes de impacto ambiental de las propias empresas. “Para nosotros no hace falta ni siquiera ir a tomar una muestra. Si toma la ley de delitos ambientales con los índices de contaminación que tienen, uno prueba lo que es un delito instantáneo”.
Algunos datos escalofriantes
La Alumbrera consume un promedio de 5 millones de litros de agua por hora. Y tanta electricidad como puede consumir la ciudad de Neuquén en este instante. “Toda esa agua se contamina porque se usa para separar los minerales de la roca sin valor. Se tritura la roca y se mete en piletones donde se produce el separado de las sustancias. Esto provoca un grado de contaminación impresionante. Contaminan cinco millones de litros de agua por hora. Eso sin pensar en los gases y las nubes de gases en función de los materiales explosivos por las voladuras” explica el fiscal.
La causa por contaminación, está en este momento en manos del juez federal I de Tucumán, con una directiva de la Cámara de Casación Penal de ampliar la investigación.
“Esto fue un éxito del pueblo –dice Gómez. “Cuando este expediente llegó a la Cámara Penal en el año 2005, con el fallo de un juez de primera instancia que decía que La Alumbrera era un ejemplo de producción, los fiscales apelamos. Pero el poder económico hace que los platillos de la justicia pesa mas. Tuvimos varias reuniones e hicimos que la gente afectada se reuniera con los jueces y le mostraran cómo lo estaba afectando. Enfocaron su reclamo al poder judicial porque es quien puede resolver un conflicto de esta naturaleza”.
El caso de Neuquén
Gómez explica que no le gusta involucrarse en cuestiones políticas. Pero que si –como ocurrirá en Neuquén- se aprueba una ley (como la ley Goncalves) que pone como condición que los emprendimientos no estén en las nacientes de los ríos, “es una autorización para contaminar lo que se les antoje”. El fiscal lo explica en forma sencilla: “Puede ser que no esté en la naciente de un río, pero de algún lado tienen que sacar el agua dulce. Si como consecuencia de esta actividad voy a volcar agua contaminada, tengo que decir adónde va”.
Por eso le advierte a los pobladores de Neuquén que abran los ojos. “Si el gobierno de Neuquén dice que (la minera) no contamina, tiene que tener un informe de impacto ambiental. Nosotros podríamos mostrarle los informes de La Alumbrera, donde ella misma dice los niveles de contaminación que tiene”.
Afirma que existe un procedimiento que utilizan las mineras en varias provincias. “Ellos, antes de abrir un emprendimiento, piden una resolución o una ley provincial pidiendo que se les autorice a contaminar el ambiente por encima de los niveles de la ley nacional. Luego se agarran de esa resolución, diciendo que ellos no contaminan. Pero una cosa es comparar la actividad extractiva en base a una ley provincial que le permite contaminar por encima de los índices por los cuales está establecido el delito ambiental, y otra cosa es contaminar por los índices de la ley 24151. Estén atentos: los únicos índices de contaminación permitidos son los que establece la ley penal ambiental”.
Cómplices
Otro aspecto interesante de la charla de La Palangana con Gómez, es el hecho de que el fiscal también ha imputado a funcionarios por complicidad. “Nosotros acá le estamos imputando el delito de complicidad a las autoridades nacionales y provinciales. Porque quien permite este tipo de maniobras, comete un delito. Acá condenamos a un intendente un año de prisión por contaminar un basural con residuos patogénicos. También a quienes cometieron el delito”.
Sostiene que los delitos penales ambientales “son muy concretos”, pero que exige “un trabajo compartido de fiscales generales y de una ciudadanía comprometida con el ambiente”.
“Tanto el caso de La Alumbrera como el del glifosato u otros temas de contaminación, es una cuestión de tomar una decisión judicial. El poder político y económico son cómplices. Ellos no tomarán medidas porque son cómplices. Hoy la plata se gana donde se pueda contaminar mas. En el último crack, las únicas acciones que subieron fueron de las empresas mineras y de las que venden armas”, dice.
También se preguntó por qué motivo no se instala un emprendimiento como La Alumbrera en los Alpes Suizos. “Es notable cómo todos estos grandes emprendimientos se dirigen al hemisferio sur y los países del tercer mundo”.
Barrick: Picolotti denunció amenazas de muerte
Picolotti denunció amenazas de muerte
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente las vinculó con la actividad de mineras canadienses en Argentina.
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente, Romina Picolotti, denunció que ella, sus hijos y sus ex colaboradores fueron amenazados de muerte cuando intervino en asuntos relacionados con las compañías mineras internacionales que operan en Argentina.
Picolotti hizo esta revelación hace dos días, cuando testificó ante una comisión parlamentaria de Canadá.
En conversación con La Voz del Interior, Picolotti dijo ayer que no quiere “hacer una cuestión mediática” del tema. Señaló que cuando recibió las amenazas comentó el tema con otros miembros del Gobierno nacional y tenía custodia policial. “Soy muy cuidadosa con esto, es un tema delicado”, dijo.
La denuncia de Picolotti se conoció a través de una teleconferencia Córdoba-Ottawa, en la cual la cordobesa habló con los miembros de una comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de que Canadá cambie sus leyes para permitir un mayor control sobre las actividades de sus empresas en el extranjero.
Ojos sobre San Juan. La atención en este caso, en lo que hace a Argentina, está puesta sobre la minera Barrick, que explota la mina Veladero, en San Juan, y acaba de comenzar la construcción de la primera mina binacional del mundo, Pascua-Lama, ubicada entre San Juan y Chile.
Se estima que Pascua-Lama le redituará a la minera docenas de miles de millones de dólares en ganancias, especialmente si se atiende la evolución del precio de cada onza troy (31,1 gramos de oro) que ayer batió su récord histórico y quedó cerca de los 1.200 dólares.
Debate. La ex secretaria de Medio Ambiente explicó a este diario que su testimonio “tenía por objetivo apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en Canadá para controlar a sus empresas mineras, que operan en el extranjero y están financiadas por dineros del gobierno canadiense”.
“Se trata de un mecanismo de financiamiento que es usual en países desarrollados”, agregó Picolotti. “Pero si las empresas canadienses están violando derechos humanos en otros países, es el Estado canadiense el que está financiando esas violaciones”.
Los diarios canadienses fueron directos a la hora de reflejar el testimonio de Picolotti. Toronto Star vinculó directamente “las agresivas actividades de las compañías mineras” con la salida del gobierno de la ex secretaria, ocurrida hace menos de un año.
Picolotti sigue trabajando en la temática de medio ambiente como presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Uno de los temas principales a los que sigue abocada tiene que ver con la ley de protección de glaciares que la Presidenta vetó el año pasado. Según la oposición, el veto se debió a la fuerte presión que ejerció la empresa Barrick sobre las autoridades.
“Estudian dos casos testigo”
“La comisión del Parlamento canadiense estudia dos casos testigo: Argentina y el Congo, donde hay empresas mineras canadienses con actuaciones polémicas o cuestionadas. En el Congo está la empresa Anvil Mining y, en Argentina, la Barrick. Son casos distintos, porque en el Congo hay una tremenda debilidad institucional, es un país en guerra y las acusaciones son otras. En Argentina, lo que observan es el volumen que tiene la operación económica, porque Pascua-Lama va a ser una de las minas más grandes que estarán en funcionamiento en todo el mundo”.
Fecha de Publicación: 26/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente las vinculó con la actividad de mineras canadienses en Argentina.
La ex secretaria nacional de Medio Ambiente, Romina Picolotti, denunció que ella, sus hijos y sus ex colaboradores fueron amenazados de muerte cuando intervino en asuntos relacionados con las compañías mineras internacionales que operan en Argentina.
Picolotti hizo esta revelación hace dos días, cuando testificó ante una comisión parlamentaria de Canadá.
En conversación con La Voz del Interior, Picolotti dijo ayer que no quiere “hacer una cuestión mediática” del tema. Señaló que cuando recibió las amenazas comentó el tema con otros miembros del Gobierno nacional y tenía custodia policial. “Soy muy cuidadosa con esto, es un tema delicado”, dijo.
La denuncia de Picolotti se conoció a través de una teleconferencia Córdoba-Ottawa, en la cual la cordobesa habló con los miembros de una comisión parlamentaria que estudia la posibilidad de que Canadá cambie sus leyes para permitir un mayor control sobre las actividades de sus empresas en el extranjero.
Ojos sobre San Juan. La atención en este caso, en lo que hace a Argentina, está puesta sobre la minera Barrick, que explota la mina Veladero, en San Juan, y acaba de comenzar la construcción de la primera mina binacional del mundo, Pascua-Lama, ubicada entre San Juan y Chile.
Se estima que Pascua-Lama le redituará a la minera docenas de miles de millones de dólares en ganancias, especialmente si se atiende la evolución del precio de cada onza troy (31,1 gramos de oro) que ayer batió su récord histórico y quedó cerca de los 1.200 dólares.
Debate. La ex secretaria de Medio Ambiente explicó a este diario que su testimonio “tenía por objetivo apoyar el proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en Canadá para controlar a sus empresas mineras, que operan en el extranjero y están financiadas por dineros del gobierno canadiense”.
“Se trata de un mecanismo de financiamiento que es usual en países desarrollados”, agregó Picolotti. “Pero si las empresas canadienses están violando derechos humanos en otros países, es el Estado canadiense el que está financiando esas violaciones”.
Los diarios canadienses fueron directos a la hora de reflejar el testimonio de Picolotti. Toronto Star vinculó directamente “las agresivas actividades de las compañías mineras” con la salida del gobierno de la ex secretaria, ocurrida hace menos de un año.
Picolotti sigue trabajando en la temática de medio ambiente como presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Uno de los temas principales a los que sigue abocada tiene que ver con la ley de protección de glaciares que la Presidenta vetó el año pasado. Según la oposición, el veto se debió a la fuerte presión que ejerció la empresa Barrick sobre las autoridades.
“Estudian dos casos testigo”
“La comisión del Parlamento canadiense estudia dos casos testigo: Argentina y el Congo, donde hay empresas mineras canadienses con actuaciones polémicas o cuestionadas. En el Congo está la empresa Anvil Mining y, en Argentina, la Barrick. Son casos distintos, porque en el Congo hay una tremenda debilidad institucional, es un país en guerra y las acusaciones son otras. En Argentina, lo que observan es el volumen que tiene la operación económica, porque Pascua-Lama va a ser una de las minas más grandes que estarán en funcionamiento en todo el mundo”.
Debate sobre políticas mineras en universidades
Las universidades proponen abrir un debate sobre políticas mineras
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Rectores universitarios que se reunieron en Comodoro Rivadavia propusieron debatir “sin prejuicios” sobre minería. El tema se planteó en el marco del encuentro de rectores de varias universidades nacionales que se realizó la semana pasada en esa ciudad del sur chubutense, y donde se analizó el rol de las instituciones de educación superior en el marco del desarrollo de políticas mineras.
El rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, indicó a El Patagónico que el tema se planteó recién a partir del ingreso de fondos en las universidades como consecuencia de las regalías que les correspondían a partir de la explotación de la minera Aguas de Dionisio.
“Hay muchos prejuicios con esta cuestión. Estamos trabajando en equipo entre el CIN (Consejo Interuniversitario de Rectores) y el Servicio de Paz y Justicia (que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como su figura más notable) para avanzar en definir una postura con respecto a este tema”, acotó el docente.
Por lo pronto, otros rectores como Martín Gil, de la Universidad de Villa María, Córdoba, rescatan como positivo que el debate se haya instalado en las denominadas “altas casas de estudio”.
Recientemente, Pérez Esquivel y otros referentes de organizaciones que se oponen a la minería plantearon la necesidad de que las instituciones universitarias asuman un rol crítico ante el avance de la actividad. Afirman que el planteo va más allá del dinero que las universidades comenzaron a recibir el año pasado, a partir de una ley que se aprobó en 1958, que creó un fondo universitario a través de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que integran el Estado Nacional, el Estado de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
En este contexto, el rector Caballero considera que “tenemos que pensar en la explotación de todos los recursos humanos de manera sustentable”.
En la misma línea, afirmó que se debe evitar hablar desde el sentido común, sino “con fundamentos más científicos, y ser menos impulsivos. La problemática de la minería y la extracción de minerales -incluso el petróleo- merece revisar un conjunto de cosas amplias, y que tiene que ver con los intereses nacionales. Además, la sustentabilidad se tiene que lograr en todas las actividades humanas”, afirmó.
Por su parte Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito, sostuvo que “las preguntas deberían ser completas porque uno no puede negarse por completo a la minería. Pero cuando hablamos de impacto ambiental, el peor es el urbano”, expuso.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
Rectores universitarios que se reunieron en Comodoro Rivadavia propusieron debatir “sin prejuicios” sobre minería. El tema se planteó en el marco del encuentro de rectores de varias universidades nacionales que se realizó la semana pasada en esa ciudad del sur chubutense, y donde se analizó el rol de las instituciones de educación superior en el marco del desarrollo de políticas mineras.
El rector de la Universidad Nacional de Misiones, Aldo Caballero, indicó a El Patagónico que el tema se planteó recién a partir del ingreso de fondos en las universidades como consecuencia de las regalías que les correspondían a partir de la explotación de la minera Aguas de Dionisio.
“Hay muchos prejuicios con esta cuestión. Estamos trabajando en equipo entre el CIN (Consejo Interuniversitario de Rectores) y el Servicio de Paz y Justicia (que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como su figura más notable) para avanzar en definir una postura con respecto a este tema”, acotó el docente.
Por lo pronto, otros rectores como Martín Gil, de la Universidad de Villa María, Córdoba, rescatan como positivo que el debate se haya instalado en las denominadas “altas casas de estudio”.
Recientemente, Pérez Esquivel y otros referentes de organizaciones que se oponen a la minería plantearon la necesidad de que las instituciones universitarias asuman un rol crítico ante el avance de la actividad. Afirman que el planteo va más allá del dinero que las universidades comenzaron a recibir el año pasado, a partir de una ley que se aprobó en 1958, que creó un fondo universitario a través de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que integran el Estado Nacional, el Estado de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
En este contexto, el rector Caballero considera que “tenemos que pensar en la explotación de todos los recursos humanos de manera sustentable”.
En la misma línea, afirmó que se debe evitar hablar desde el sentido común, sino “con fundamentos más científicos, y ser menos impulsivos. La problemática de la minería y la extracción de minerales -incluso el petróleo- merece revisar un conjunto de cosas amplias, y que tiene que ver con los intereses nacionales. Además, la sustentabilidad se tiene que lograr en todas las actividades humanas”, afirmó.
Por su parte Norberto Caminoa, rector de la Universidad Nacional de Chilecito, sostuvo que “las preguntas deberían ser completas porque uno no puede negarse por completo a la minería. Pero cuando hablamos de impacto ambiental, el peor es el urbano”, expuso.
Greenpeace en contra de la nueva planta nuclear
Greenpeace en contra de la nueva planta nuclear
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”. La organización ambientalista criticó el proyecto del ejecutivo ante la inminencia de su tratamiento en la Cámara de Senadores.
La Cámara Alta tratará mañana, miércoles, el proyecto de ley por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el 28 de octubre con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones (2). Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del mundo, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga entretenida en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero”.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace denunció nuevamente que el proyecto del Gobierno Nacional que procura extender la vida útil de la central atómica de Embalse y avanzar con la construcción de una cuarta central nuclear es “irracional” desde el punto de vista económico y un “despropósito energético”. La organización ambientalista criticó el proyecto del ejecutivo ante la inminencia de su tratamiento en la Cámara de Senadores.
La Cámara Alta tratará mañana, miércoles, el proyecto de ley por el cual se prevé un régimen especial de subsidios para promover el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.(1)
“El Gobierno Nacional presenta este proyecto mintiendo acerca de un supuesto resurgimiento de la energía nuclear y sobre sus bondades para mitigar el cambio climático” expresó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “No existe tal resurgimiento y éste es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan el clima. Este anuncio es simplemente propaganda falsa del lobby nuclear y muestra una total falta de visión por parte del Gobierno Nacional en materia energética”.
Greenpeace criticó el proyecto de Ley aprobado por una amplia mayoría de diputados el 28 de octubre con 151 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones (2). Asimismo expresó que la nucleoelectricidad es una “trampa” económica ya que obliga a la sociedad a otorgarle subsidios permanentes.
“Es una industria que con más de 50 años aún no puede desarrollar un solo proyecto sin contar con inmensos subsidios del Estado”, explicó Villalonga. “Todos los argentinos estamos pagando 1,5 millones de dólares diarios para terminar Atucha II, un monumento al despilfarro y que será la planta nuclear más cara del mundo, sólo para que la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantenga entretenida en algo”.
La organización ambientalista cuestionó que mientras no existe ningún tipo de apoyo a las energías renovables, como es el caso de la energía eólica, la fuente energética más dinámica a nivel mundial, se destinan interminables subsidios para alentar industrias energéticas sucias y peligrosas. La energía eólica ha crecido en los últimos diez años a un ritmo del 28% anual (y es la fuente energética que más rápido crece) en tanto la energía nuclear se ha mantenido estancada desde hace décadas.
“El gobierno nacional está cada vez más lejos de acrecentar el porcentaje de energías limpias y renovables en la matriz energética, a esta pésima decisión refrendada por la Cámara de Diputados debemos sumarle además la construcción de la usina de carbón de Río Turbio, basada en un combustible altamente contaminante y principal emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero”.
La denominada cuarta central nuclear se trataría de Atucha III a ser emplazada en la localidad de Zárate. “El potencial argentino en materia de energías limpias, seguras y renovables es inmenso, y las inversiones son significativamente menores a las necesarias para seguir aumentando el riesgo nuclear en la Argentina o incrementar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”, concluyó Villalonga.
Al Congreso le interesa la actividad nuclear
Al Congreso le interesa la actividad nuclear
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley la declaración de interés de la construcción de Atucha III y el reacondicionamiento de Embalse.
A dos semanas de la media sanción en Diputados, los senadores convirtieron en ley un proyecto que declara de interés las actividades para la construcción de Atucha 3 y para reacondicionar a la Central Nuclear de Embalse.
La norma apunta a las actividades para el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse. El proyecto remite a la construcción y puesta en marcha de la futura central nuclear de Atucha III.
También considera de interés el "reacondicionamiento para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse" ubicada en la provincia de Córdoba.
Asimismo se exime a Nucleoeléctrica Argentina, que debe llevar adelante los objetivos de construcción y refacción de ambas centrales nucleares, del pago de tributos por la importación de insumos para concretar sus tareas.
Fecha de Publicación: 25/11/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley la declaración de interés de la construcción de Atucha III y el reacondicionamiento de Embalse.
A dos semanas de la media sanción en Diputados, los senadores convirtieron en ley un proyecto que declara de interés las actividades para la construcción de Atucha 3 y para reacondicionar a la Central Nuclear de Embalse.
La norma apunta a las actividades para el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse. El proyecto remite a la construcción y puesta en marcha de la futura central nuclear de Atucha III.
También considera de interés el "reacondicionamiento para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse" ubicada en la provincia de Córdoba.
Asimismo se exime a Nucleoeléctrica Argentina, que debe llevar adelante los objetivos de construcción y refacción de ambas centrales nucleares, del pago de tributos por la importación de insumos para concretar sus tareas.
Riachuelo: señalan a 51 empresas contaminantes
Riachuelo: señalan a 51 empresas por contaminar
Fecha de Publicación: 24/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de muchas demoras, de idas y venidas, de sentencias y acusaciones cruzadas, la contaminación del Riachuelo, un hito de la degradación ambiental, comenzó a tener nombre y apellido.
En cumplimiento del plan ordenado por la Corte Suprema de Justicia, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) declaró a 51 industrias agentes contaminantes graves.
Esto quiere decir que, de un total de 466 empresas relevadas por inspectores, ya se detectó que 51 firmas vierten residuos tóxicos muy nocivos, que incluyen materiales pesados en la cuenca del Riachuelo.
La degradación de esta zona que divide la Capital de la provincia de Buenos Aires produce serias afecciones en la salud de las poblaciones asentadas a orillas del Riachuelo y sus alrededores.
Las promesas de saneamiento del curso de agua son antológicas, pero lo cierto es que, hasta ahora, nunca se había determinado, con todos los elementos probatorios, cuáles eran las empresas que contaminaban cotidianamente el agua y el suelo de esa cuenca.
La información sobre las restantes 415 empresas fiscalizadas aún no terminó de procesarse, según señalaron en la Acumar, pero se da por descartado que el número de firmas catalogadas como agentes contaminantes será aún mayor. Entre las firmas cuestionadas, que ahora deberían acogerse a un proceso de reconversión industrial, se encuentran varias curtiembres, elaboradoras de grasas, fábricas de levaduras y de bebidas, triperías, mataderos y elaboradoras de subproductos ganaderos y harinas de hueso. La mayoría de estas industrias altamente contaminantes corresponden a los municipios de General Las Heras, Marcos Paz, Lanús, Esteban Echeverría, La Matanza, Avellaneda, Valentín Alsina, Cañuelas, Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires.
Las empresas, según la información suministrada por Acumar, son las siguientes: Frigorífico First, de Jorge Luis Tolosa SA; Fibra Papelera SA; La Esperanza SRL, Frigorífico La Pompeya; Curtiembre A Gaita; Curtiembre La Teresa; Pantin; Curtiembre Vietri; La Ganadera Arenales y La Ganadera Nueva Escocia, entre otras empresas que pueden consultarse en la Acumar ( www.acumar.gov.ar ).
Ayer, el listado de las empresas contaminantes fue difundido por la Acumar y la Defensoría del Pueblo de la Nación, que, junto con algunas ONG, integran el cuerpo colegiado encargado de controlar la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
"Necesitamos redoblar esfuerzos y aumentar la cantidad de inspecciones que se realizan por día porque, de mantenerse el ritmo actual, la totalidad de las empresas serían fiscalizadas en un término que va más allá de lo razonable y lo establecido por la Corte Suprema", dijo el ombudsman Anselmo Sella.
Más inspectores
A pesar de que los planes de saneamiento de esta cuenca ya llevan muchos años, las inspecciones arrojan los primeros resultados sólo ahora. "Se tendrían que hacer con más inspectores y a un ritmo acelerado; necesitaríamos unas 20 fiscalizaciones por día y sólo se hacen dos o tres", señaló el director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber.
Los resultados conocidos ayer corresponden a los peritajes realizados entre el 27 de abril y el 16 de octubre pasado. A partir de ahora, las empresas deben presentar el correspondiente programa de reconversión industrial (PRI), para su aprobación o rechazo. No se descarta la oposición de varias de las empresas señaladas, dado que el PRI significará un costo mayor de producción. En caso de no presentarse, la industria podría resultar clausurada definitivamente.
En su sentencia, el máximo tribunal de justicia reconoció que la degradación ambiental es consecuencia, entre otros muchos factores, de un desarrollo industrial irracional, y ordenó, entre otras cosas, las inspecciones que ayer arrojaron los primeros resultados.
Las inspecciones
- Definición . El título de "agente contaminante" otorgado a 51 empresas significa que esas firmas deberán reconvertir sus procesos de producción o de lo contrario podrían ser cerradas.
- Inspecciones . La Defensoría del Pueblo reclamó que se aumente el número de fiscalizaciones.
- Ritmo . Se busca definir la condición ambiental de 466 empresas, de las cuales 51 ya fueron determinadas como contaminantes. Aún falta procesar los estudios de las restantes.
- Por rubro . La mayoría de las empresas señaladas son frigoríficos y curtiembres.
Fecha de Publicación: 24/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de muchas demoras, de idas y venidas, de sentencias y acusaciones cruzadas, la contaminación del Riachuelo, un hito de la degradación ambiental, comenzó a tener nombre y apellido.
En cumplimiento del plan ordenado por la Corte Suprema de Justicia, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) declaró a 51 industrias agentes contaminantes graves.
Esto quiere decir que, de un total de 466 empresas relevadas por inspectores, ya se detectó que 51 firmas vierten residuos tóxicos muy nocivos, que incluyen materiales pesados en la cuenca del Riachuelo.
La degradación de esta zona que divide la Capital de la provincia de Buenos Aires produce serias afecciones en la salud de las poblaciones asentadas a orillas del Riachuelo y sus alrededores.
Las promesas de saneamiento del curso de agua son antológicas, pero lo cierto es que, hasta ahora, nunca se había determinado, con todos los elementos probatorios, cuáles eran las empresas que contaminaban cotidianamente el agua y el suelo de esa cuenca.
La información sobre las restantes 415 empresas fiscalizadas aún no terminó de procesarse, según señalaron en la Acumar, pero se da por descartado que el número de firmas catalogadas como agentes contaminantes será aún mayor. Entre las firmas cuestionadas, que ahora deberían acogerse a un proceso de reconversión industrial, se encuentran varias curtiembres, elaboradoras de grasas, fábricas de levaduras y de bebidas, triperías, mataderos y elaboradoras de subproductos ganaderos y harinas de hueso. La mayoría de estas industrias altamente contaminantes corresponden a los municipios de General Las Heras, Marcos Paz, Lanús, Esteban Echeverría, La Matanza, Avellaneda, Valentín Alsina, Cañuelas, Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires.
Las empresas, según la información suministrada por Acumar, son las siguientes: Frigorífico First, de Jorge Luis Tolosa SA; Fibra Papelera SA; La Esperanza SRL, Frigorífico La Pompeya; Curtiembre A Gaita; Curtiembre La Teresa; Pantin; Curtiembre Vietri; La Ganadera Arenales y La Ganadera Nueva Escocia, entre otras empresas que pueden consultarse en la Acumar ( www.acumar.gov.ar ).
Ayer, el listado de las empresas contaminantes fue difundido por la Acumar y la Defensoría del Pueblo de la Nación, que, junto con algunas ONG, integran el cuerpo colegiado encargado de controlar la ejecución del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
"Necesitamos redoblar esfuerzos y aumentar la cantidad de inspecciones que se realizan por día porque, de mantenerse el ritmo actual, la totalidad de las empresas serían fiscalizadas en un término que va más allá de lo razonable y lo establecido por la Corte Suprema", dijo el ombudsman Anselmo Sella.
Más inspectores
A pesar de que los planes de saneamiento de esta cuenca ya llevan muchos años, las inspecciones arrojan los primeros resultados sólo ahora. "Se tendrían que hacer con más inspectores y a un ritmo acelerado; necesitaríamos unas 20 fiscalizaciones por día y sólo se hacen dos o tres", señaló el director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber.
Los resultados conocidos ayer corresponden a los peritajes realizados entre el 27 de abril y el 16 de octubre pasado. A partir de ahora, las empresas deben presentar el correspondiente programa de reconversión industrial (PRI), para su aprobación o rechazo. No se descarta la oposición de varias de las empresas señaladas, dado que el PRI significará un costo mayor de producción. En caso de no presentarse, la industria podría resultar clausurada definitivamente.
En su sentencia, el máximo tribunal de justicia reconoció que la degradación ambiental es consecuencia, entre otros muchos factores, de un desarrollo industrial irracional, y ordenó, entre otras cosas, las inspecciones que ayer arrojaron los primeros resultados.
Las inspecciones
- Definición . El título de "agente contaminante" otorgado a 51 empresas significa que esas firmas deberán reconvertir sus procesos de producción o de lo contrario podrían ser cerradas.
- Inspecciones . La Defensoría del Pueblo reclamó que se aumente el número de fiscalizaciones.
- Ritmo . Se busca definir la condición ambiental de 466 empresas, de las cuales 51 ya fueron determinadas como contaminantes. Aún falta procesar los estudios de las restantes.
- Por rubro . La mayoría de las empresas señaladas son frigoríficos y curtiembres.
Ocultan datos estadísticos de cáncer
Aseguran que ocultan datos estadísticos de cáncer en Andalgalá
Fecha de Publicación: 23/11/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Preocupados por el saqueo minero también se preguntan sobre las enfermedades que sufre la población y donde se ocultan las estadísticas "como pasa en Andalgalá con nuestros médicos y nuestro gobernador", al expresar que con la minería "unos cuantos se enriquecen con la finalidad de negociar con nuestras vidas".
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá siguen protestando por la actividad de empresas mineras y la contaminación ambiental, que según aseguran incrementó los casos de cáncer particularmente en niños, desde la llegada de las multinacionales.
La agrupación lleva por todo el país "el mensaje catastrófico de lo que está sucediendo en Andalgalá, donde está involucrado el gobierno, la justicia y las empresas en la entrega de los recursos, en el saqueo económico y ocultamiento de estadísticas de enfermedades como el cáncer en los niños, que van cada vez más en aumento".
Estela Cabrera, aseguró a Catamarca es Noticia, que están sufriendo las consecuencias catastróficas de la minería a cielo abierto con casos de cáncer en niños que hoy están recorriendo distintos hospitales del país como el Garraham, donde los médicos especialistas lo primero que preguntan es si están cerca de las minas.
Se preguntó si es ético ocular los datos estadísticos de esta enfermedad "como pasa en Andalgalá con nuestros médicos y nuestro gobernador", al expresar que con la minería "unos cuantos se enriquecen con la finalidad de negociar con nuestras vidas".
Fecha de Publicación: 23/11/2009
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Preocupados por el saqueo minero también se preguntan sobre las enfermedades que sufre la población y donde se ocultan las estadísticas "como pasa en Andalgalá con nuestros médicos y nuestro gobernador", al expresar que con la minería "unos cuantos se enriquecen con la finalidad de negociar con nuestras vidas".
Vecinos Autoconvocados de Andalgalá siguen protestando por la actividad de empresas mineras y la contaminación ambiental, que según aseguran incrementó los casos de cáncer particularmente en niños, desde la llegada de las multinacionales.
La agrupación lleva por todo el país "el mensaje catastrófico de lo que está sucediendo en Andalgalá, donde está involucrado el gobierno, la justicia y las empresas en la entrega de los recursos, en el saqueo económico y ocultamiento de estadísticas de enfermedades como el cáncer en los niños, que van cada vez más en aumento".
Estela Cabrera, aseguró a Catamarca es Noticia, que están sufriendo las consecuencias catastróficas de la minería a cielo abierto con casos de cáncer en niños que hoy están recorriendo distintos hospitales del país como el Garraham, donde los médicos especialistas lo primero que preguntan es si están cerca de las minas.
Se preguntó si es ético ocular los datos estadísticos de esta enfermedad "como pasa en Andalgalá con nuestros médicos y nuestro gobernador", al expresar que con la minería "unos cuantos se enriquecen con la finalidad de negociar con nuestras vidas".
Progreso de pocos, fuga y postergación
Progreso de pocos, fuga de capitales y postergación
Fecha de Publicación: 22/11/2009
Fuente: Diario Chilesito
Provincia/Región: La Rioja
En un recorrido por uno de los emprendimientos mineros a cielo abierto más importantes del país, la realidad de un pueblo y su desarrollo, opacan el discurso de lo que llaman progreso. Con inversiones millonarias, la industria se perfila como el modelo tentador para La Rioja.
Entre inversiones que superan los 4.920 millones de dólares solo en gastos por utilitarios, insumos, impuestos a las ganancias y salarios, “la operación minera” como la denominan sus miembros, deja brechas interminables entre lo que produce y exporta hacia el extranjero y la realidad de los pueblos de la vecina provincia.
Mina La Alumbrera que se encuentra al noroeste de la provincia de Catamarca, al este de la cordillera de los Andes y a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene como paso inevitable el pueblo de “Hualfín”, ubicado sobre una ladera de la Ruta Nacional 40 que sin querer, representa la antítesis a la premisa de desarrollo de los inversores mineros.
Con graves problemas de accesibilidad y abastecimiento de agua, el poblado parece mecerse en manos de la inconsistencia temporal, al quedar aislado de los promocionados 12 años de exitosa productividad del emprendimiento.
Según comenta Humberto Aballay, quien diariamente recorre el poblado a bordo de su colectivo brindado el servicio de transporte, con la llegada de mina La Alumbrera “no hubo muy muchos cambios”.
Al ser consultado sobre los beneficios de la industria, sostiene que “el desarrollo se dio en algunas partes”. Con respecto al abastecimiento hídrico, explica que se trata de un problema que “todavía no se soluciona”. Los pobladores del lugar y el departamento de Belén, sufren el recorte del servicio a las noches durante todo el año, lo que transforma el agua en una necesidad todavía sin remediar.
Otro de los inconvenientes para Hulafín, es el ingreso por vía terrestre, situación que se percibe en la falta de asfaltado de la ruta 40. Sin embargo, viajar a mina La Alumbrera no deja de ser una fuente de extraordinarias sorpresas en inversión tecnológica pero lamentablemente; el contraste del pueblo que la antecede, entrega el reflejo negativo de un proyecto que todos los años exporta millones de dólares a inversores extranjeros.
Cifras que Hablan
Flujo de ingresos totales anuales a la economía argentina por esta actividad, representan 30 millones de dólares, solo el 3 por ciento de regalías que establece el Código Minero Nacional y se reparten entre la sociedad conformada por Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional.
El grueso de las ganancias se distribuye entre las empresas extranjeras Gold Corp que maneja el 37,5 % de las acciones, Yamana Gold el 12,5 %, y la minera Xstrata de capitales suizos el 50 por ciento final.
Horizonte Dorado
El proyecto colosal que el Gobierno de La Rioja, presenta como la oportunidad histórica para dejar atrás la pobreza, varios desafíos, que se resumen en el temor a la contaminación, el problema histórico de la falta de agua, la distribución del 3 % por ciento de las regalías y por último, la desconfianza de la sociedad en la redistribución de esos capitales, que a pesar de ser mínimos en comparación con la que se llevan las multinacionales, representan el premio consuelo en relación a las crudo de las ganancias internacionales.
Sin embargo, desde la Secretaria de Minería de la Provincia, su titular Oscar Lhez expresó que las actividades van a continuar con “viajes al emprendimiento Veladero y a la provincia de Jujuy para conocer la extracción subterranea que lleva a cabo miera Aguilar”.
En cuanto al emprendimiento que el gobierno de Luís Beder Herrera busca reinstalar en Famatina – Chilecito, el secretario informó que “tomaron como estado nuevamente la propiedad Mina del Oro y estamos negociando con algunas empresas para que vengan a invertir en prospección y exploración en el sector”.
Fecha de Publicación: 22/11/2009
Fuente: Diario Chilesito
Provincia/Región: La Rioja
En un recorrido por uno de los emprendimientos mineros a cielo abierto más importantes del país, la realidad de un pueblo y su desarrollo, opacan el discurso de lo que llaman progreso. Con inversiones millonarias, la industria se perfila como el modelo tentador para La Rioja.
Entre inversiones que superan los 4.920 millones de dólares solo en gastos por utilitarios, insumos, impuestos a las ganancias y salarios, “la operación minera” como la denominan sus miembros, deja brechas interminables entre lo que produce y exporta hacia el extranjero y la realidad de los pueblos de la vecina provincia.
Mina La Alumbrera que se encuentra al noroeste de la provincia de Catamarca, al este de la cordillera de los Andes y a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene como paso inevitable el pueblo de “Hualfín”, ubicado sobre una ladera de la Ruta Nacional 40 que sin querer, representa la antítesis a la premisa de desarrollo de los inversores mineros.
Con graves problemas de accesibilidad y abastecimiento de agua, el poblado parece mecerse en manos de la inconsistencia temporal, al quedar aislado de los promocionados 12 años de exitosa productividad del emprendimiento.
Según comenta Humberto Aballay, quien diariamente recorre el poblado a bordo de su colectivo brindado el servicio de transporte, con la llegada de mina La Alumbrera “no hubo muy muchos cambios”.
Al ser consultado sobre los beneficios de la industria, sostiene que “el desarrollo se dio en algunas partes”. Con respecto al abastecimiento hídrico, explica que se trata de un problema que “todavía no se soluciona”. Los pobladores del lugar y el departamento de Belén, sufren el recorte del servicio a las noches durante todo el año, lo que transforma el agua en una necesidad todavía sin remediar.
Otro de los inconvenientes para Hulafín, es el ingreso por vía terrestre, situación que se percibe en la falta de asfaltado de la ruta 40. Sin embargo, viajar a mina La Alumbrera no deja de ser una fuente de extraordinarias sorpresas en inversión tecnológica pero lamentablemente; el contraste del pueblo que la antecede, entrega el reflejo negativo de un proyecto que todos los años exporta millones de dólares a inversores extranjeros.
Cifras que Hablan
Flujo de ingresos totales anuales a la economía argentina por esta actividad, representan 30 millones de dólares, solo el 3 por ciento de regalías que establece el Código Minero Nacional y se reparten entre la sociedad conformada por Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Nacional.
El grueso de las ganancias se distribuye entre las empresas extranjeras Gold Corp que maneja el 37,5 % de las acciones, Yamana Gold el 12,5 %, y la minera Xstrata de capitales suizos el 50 por ciento final.
Horizonte Dorado
El proyecto colosal que el Gobierno de La Rioja, presenta como la oportunidad histórica para dejar atrás la pobreza, varios desafíos, que se resumen en el temor a la contaminación, el problema histórico de la falta de agua, la distribución del 3 % por ciento de las regalías y por último, la desconfianza de la sociedad en la redistribución de esos capitales, que a pesar de ser mínimos en comparación con la que se llevan las multinacionales, representan el premio consuelo en relación a las crudo de las ganancias internacionales.
Sin embargo, desde la Secretaria de Minería de la Provincia, su titular Oscar Lhez expresó que las actividades van a continuar con “viajes al emprendimiento Veladero y a la provincia de Jujuy para conocer la extracción subterranea que lleva a cabo miera Aguilar”.
En cuanto al emprendimiento que el gobierno de Luís Beder Herrera busca reinstalar en Famatina – Chilecito, el secretario informó que “tomaron como estado nuevamente la propiedad Mina del Oro y estamos negociando con algunas empresas para que vengan a invertir en prospección y exploración en el sector”.
El corte contra Botnia cumple tres años
El corte contra Botnia cumple tres años, cada vez con menos apoyos
Fecha de Publicación: 21/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Ha perdido respaldo político y social, pero los asambleístas advierten que no se irán
En enero de 2006, más de 48.000 vehículos pasaron por la ruta 136, que conduce al puente internacional General San Martín, donde se unen esta ciudad y la uruguaya Fray Bentos. Antes de empezar el año siguiente, la ruta terminó convertida en una desértica cinta asfáltica: hace justo tres años, los asambleístas que protestan contra la pastera Botnia cerraron el paso internacional y no volvieron a abrirlo.
Desde el remoto paraje de Arroyo Verde, un puñado de manifestantes resiste en el lugar con la advertencia de que no se irán hasta que Botnia cierre. Y ni siquiera una creciente pérdida de apoyo popular y político ha flexibilizado la posición.
"El corte cumple tres años y nunca se debatió la posibilidad de levantarlo. Nunca ha habido mociones en ese sentido", afirmó José Pouler, uno de los referentes del piquete entrerriano.
En Gualeguaychú no son pocos los que desmienten a Pouler y con insistencia afirman que quienes han propuesto flexibilizar la medida debieron abandonar la Asamblea.
"Existe disenso y el apoyo al corte no es monolítico. Lo que sí es unánime es la lucha contra el funcionamiento de la pastera", dice la comerciante Mercedes Ruiz, una de las vecinas que motoriza el debate para levantar el corte de ruta.
Con el nombre de Vecinos Movilizados de Gualeguaychú, el grupo que integra Ruiz comenzó a poner en cuestión el piquete y logró reunirse con autoridades de los gobiernos local, provincial y nacional. "Lamentablemente -agregó a LA NACION-, la pastera está funcionando y el corte no ha conseguido su meta. Por eso planteamos un cambio de estrategia. El corte se ha transformado en un fin en sí mismo, con consecuencia negativa que pesa sobre los ciudadanos de Gualeguaychú."
El intendente de la localidad entrerriana, Juan José Bahillo, se define partidario de "la legalidad" y aclara que eso significa su posición contraria a que el corte continúe. Sin embargo, cree que aún falta un debate de toda la sociedad que respalde esa postura.
No olvida Bahillo que hace tres años casi toda su ciudad llegó hasta Arroyo Verde y que la fotografía de un desconocido Alfredo De Angeli atravesando un tractor sobre la ruta 136 generó un fuerte impacto favorable a la lucha ambiental en todo Entre Ríos. "No es tan fácil ahora poner fin al corte sin debate y consenso", aclaró.
El gobernador provincial, Sergio Urribarri, pareció disentir cuando insistió ayer en que el corte "se [iba] a levantar antes de Navidad". Ya lo había dicho hace un año.
Menguante
Hoy la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú reúne en sus encuentros semanales menos del diez por ciento del número que supo congregar hace tres años, cuando a los debates y votaciones iban varios centenares de personas por noche.
Hace un mes, en la asamblea en la que se decidió mantener cerrada la ruta durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay, votaron sólo 42 personas a favor de esa postura. Desde la entidad, se evitó decir la cantidad de participantes que tuvo la asamblea y, en cambio, destacaron que el respaldo a la medida de no flexibilizar el corte para permitir el paso de uruguayos radicados en la Argentina el día de los comicios contó "con el 65 por ciento de los participantes", aunque nunca se precisó la cifra de asambleístas.
Según datos municipales, el corte de ruta provocó 200 despidos directos y el alejamiento de 150 camiones diarios que hoy cruzan la frontera por otras alternativas viales, como el puente que une Colón y Paysandú o el que une Concordia con Salto.
Los Vecinos Movilizados de Gualeguaychú apuntan otras consecuencias sociales que se suman a las económicas. "La pérdida o falta de oportunidades laborales han tenido repercusiones sobre todos y cada uno de nosotros: familias que han tenido que trasladarse, deterioro de las condiciones de vida de quienes han permanecido, dificultad de contacto para familias localizadas en ambos países...", enumeró Ruiz.
Durante estos días, el calor desprendía del pavimento un insinuado vapor ascendente que provocaba un bailoteo sobre el horizonte. Ese era todo el movimiento en una ruta internacional que unía dos ciudades de frontera.
Fecha de Publicación: 21/11/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Ha perdido respaldo político y social, pero los asambleístas advierten que no se irán
En enero de 2006, más de 48.000 vehículos pasaron por la ruta 136, que conduce al puente internacional General San Martín, donde se unen esta ciudad y la uruguaya Fray Bentos. Antes de empezar el año siguiente, la ruta terminó convertida en una desértica cinta asfáltica: hace justo tres años, los asambleístas que protestan contra la pastera Botnia cerraron el paso internacional y no volvieron a abrirlo.
Desde el remoto paraje de Arroyo Verde, un puñado de manifestantes resiste en el lugar con la advertencia de que no se irán hasta que Botnia cierre. Y ni siquiera una creciente pérdida de apoyo popular y político ha flexibilizado la posición.
"El corte cumple tres años y nunca se debatió la posibilidad de levantarlo. Nunca ha habido mociones en ese sentido", afirmó José Pouler, uno de los referentes del piquete entrerriano.
En Gualeguaychú no son pocos los que desmienten a Pouler y con insistencia afirman que quienes han propuesto flexibilizar la medida debieron abandonar la Asamblea.
"Existe disenso y el apoyo al corte no es monolítico. Lo que sí es unánime es la lucha contra el funcionamiento de la pastera", dice la comerciante Mercedes Ruiz, una de las vecinas que motoriza el debate para levantar el corte de ruta.
Con el nombre de Vecinos Movilizados de Gualeguaychú, el grupo que integra Ruiz comenzó a poner en cuestión el piquete y logró reunirse con autoridades de los gobiernos local, provincial y nacional. "Lamentablemente -agregó a LA NACION-, la pastera está funcionando y el corte no ha conseguido su meta. Por eso planteamos un cambio de estrategia. El corte se ha transformado en un fin en sí mismo, con consecuencia negativa que pesa sobre los ciudadanos de Gualeguaychú."
El intendente de la localidad entrerriana, Juan José Bahillo, se define partidario de "la legalidad" y aclara que eso significa su posición contraria a que el corte continúe. Sin embargo, cree que aún falta un debate de toda la sociedad que respalde esa postura.
No olvida Bahillo que hace tres años casi toda su ciudad llegó hasta Arroyo Verde y que la fotografía de un desconocido Alfredo De Angeli atravesando un tractor sobre la ruta 136 generó un fuerte impacto favorable a la lucha ambiental en todo Entre Ríos. "No es tan fácil ahora poner fin al corte sin debate y consenso", aclaró.
El gobernador provincial, Sergio Urribarri, pareció disentir cuando insistió ayer en que el corte "se [iba] a levantar antes de Navidad". Ya lo había dicho hace un año.
Menguante
Hoy la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú reúne en sus encuentros semanales menos del diez por ciento del número que supo congregar hace tres años, cuando a los debates y votaciones iban varios centenares de personas por noche.
Hace un mes, en la asamblea en la que se decidió mantener cerrada la ruta durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay, votaron sólo 42 personas a favor de esa postura. Desde la entidad, se evitó decir la cantidad de participantes que tuvo la asamblea y, en cambio, destacaron que el respaldo a la medida de no flexibilizar el corte para permitir el paso de uruguayos radicados en la Argentina el día de los comicios contó "con el 65 por ciento de los participantes", aunque nunca se precisó la cifra de asambleístas.
Según datos municipales, el corte de ruta provocó 200 despidos directos y el alejamiento de 150 camiones diarios que hoy cruzan la frontera por otras alternativas viales, como el puente que une Colón y Paysandú o el que une Concordia con Salto.
Los Vecinos Movilizados de Gualeguaychú apuntan otras consecuencias sociales que se suman a las económicas. "La pérdida o falta de oportunidades laborales han tenido repercusiones sobre todos y cada uno de nosotros: familias que han tenido que trasladarse, deterioro de las condiciones de vida de quienes han permanecido, dificultad de contacto para familias localizadas en ambos países...", enumeró Ruiz.
Durante estos días, el calor desprendía del pavimento un insinuado vapor ascendente que provocaba un bailoteo sobre el horizonte. Ese era todo el movimiento en una ruta internacional que unía dos ciudades de frontera.
Convocan a una marcha contra la minería
Convocan a una marcha contra la minería
Fecha de Publicación: 21/11/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
A días de que se apruebe la ley que reglamenta la actividad minera en la provincia, el foro permanente por el medio ambiente convocó a una marcha para el 24 de noviembre. Buscan frenar el debate del proyecto que ya cumplió el ciclo de discusión en comisiones y que entrará en el orden del día de la próxima sesión legislativa.
Las actividades en las que se busca crear conciencia sobre los efectos de la minería a cielo abierto en el medio ambiente y las personas se multiplicaron a partir del debate legislativo y, principalmente, por los conflictos en torno de la mina de cobre del cerro Campana Mahuida. Uno de esos espacios ocurrió ayer, en el salón de la avenida Argentina 1525, con la disertación del presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale. El abogado abordó los "impactos, amenazas y riesgos ambientales" de la denominada "mega minería".
En tanto, la marcha convocada para el próximo martes a las 18 se realizará con una premisa: "sí a la vida, no a la mina". El Foro resolvió el miércoles la medida, en un encuentro que nucleó a todas las organizaciones que lo integran en la Defensoría del Pueblo de Neuquén. El punto de reunión y el objetivo es claro: repudiar el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Hugo Goncalves y sostenido en la Legislatura por el sector petrolero del MPN.
El Foro presentó otro proyecto para legislar la minería. La diferencia sustancial es que, previo a definir límites o controles, primero establece la obligación de realizar un relevamiento del subsuelo, para poder contar con pautas claras sobre, por ejemplo, los riesgos a las fuentes de agua potable de las cuencas. Para esa tarea suspende el otorgamiento de cualquier concesión minera por tres años.
Fecha de Publicación: 21/11/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
A días de que se apruebe la ley que reglamenta la actividad minera en la provincia, el foro permanente por el medio ambiente convocó a una marcha para el 24 de noviembre. Buscan frenar el debate del proyecto que ya cumplió el ciclo de discusión en comisiones y que entrará en el orden del día de la próxima sesión legislativa.
Las actividades en las que se busca crear conciencia sobre los efectos de la minería a cielo abierto en el medio ambiente y las personas se multiplicaron a partir del debate legislativo y, principalmente, por los conflictos en torno de la mina de cobre del cerro Campana Mahuida. Uno de esos espacios ocurrió ayer, en el salón de la avenida Argentina 1525, con la disertación del presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale. El abogado abordó los "impactos, amenazas y riesgos ambientales" de la denominada "mega minería".
En tanto, la marcha convocada para el próximo martes a las 18 se realizará con una premisa: "sí a la vida, no a la mina". El Foro resolvió el miércoles la medida, en un encuentro que nucleó a todas las organizaciones que lo integran en la Defensoría del Pueblo de Neuquén. El punto de reunión y el objetivo es claro: repudiar el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Hugo Goncalves y sostenido en la Legislatura por el sector petrolero del MPN.
El Foro presentó otro proyecto para legislar la minería. La diferencia sustancial es que, previo a definir límites o controles, primero establece la obligación de realizar un relevamiento del subsuelo, para poder contar con pautas claras sobre, por ejemplo, los riesgos a las fuentes de agua potable de las cuencas. Para esa tarea suspende el otorgamiento de cualquier concesión minera por tres años.
373.394 hectáreas en juego en Córdoba
Hay 373.394 hectáreas en disputa en la ley de bosques
Fecha de Publicación: 20/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la diferencia que existe entre los proyectos de ambientalistas y productores. Equivale a 6,6 ciudades de Córdoba. La Legislatura sancionaría la norma en 2010.
En la nueva ley de bosques nativos que la Legislatura de Córdoba debe sancionar hay una diferencia de 373.394 hectáreas de tierras sujetas a protección entre las propuestas de ambientalistas y productores. Equivale a la superficie de 6,6 capitales cordobesas. El legislador Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, estimó que la ley se sancionaría en 2010, más de un año después de lo que prevé la norma nacional.
Además, indicó que el anteproyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por organizaciones ambientalistas e instituciones científicas, será el texto base.
El otro documento fue elaborado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), productores autoconvocados y especialistas en el tema. En realidad, la Provincia había designado una comisión integrada por dos sectores, pero se disolvió por profundas diferencias.
Cada sector critica al otro porque no cumple con lo que regula la ley nacional 26.331. Esta norma faculta a la provincia a que categoricen sus territorios en tres zonas, según el grado de conservación del bosque nativo y las actividades agropecuarias posibles.
En rojo, sectores con un alto grado de conservación y en donde no se puede realizar ninguna actividad agropecuaria. En amarillo, sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en las que se puede realizar actividades sustentables. Y en verde, las áreas cultivables.
Entre los anteproyectos hay diferencias cuanti y cualitativas. Primero, en la definición de lo que es bosque nativo. Para Cartez son los sectores en los que predominan árboles autóctonos maduros. La COTBN incluye a los bosques degradados y fachinales (pastos y arbustos).
"El proyecto de Cartez conduce a profundizar los desmontes. Tiene enormes deficiencias en la construcción de la información geográfica. El concepto de bosque está relativizado a un sistema de árboles y parques", indicó Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN.
En tanto, Eliseo Arrarás, productor defensor del otro proyecto, aseguró: "El proyecto de la COTBN incluye en el rojo zonas donde no existe bosque, sino fachinales y peladeros, los cuales ya no pueden recuperarse".
En la categoría amarilla también hay diferencias. "La COTBN tiene una visión clausurista. Pero cerrar un sitio no asegura la recuperación del bosque. Nuestro proyecto dice que lo que está bien no se toca y lo que está crítico hay que recuperarlo y realizar un aprovechamiento sustentable", señaló Arrarás.
La propuesta de Cartez permite realizar silvoganadería y silvoagricultura para ganado y también señala excepciones para desmonte y cambio de uso de suelo, algo que está expresamente prohibido en la iniciativa de la COTBN.
Fecha de Publicación: 20/11/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la diferencia que existe entre los proyectos de ambientalistas y productores. Equivale a 6,6 ciudades de Córdoba. La Legislatura sancionaría la norma en 2010.
En la nueva ley de bosques nativos que la Legislatura de Córdoba debe sancionar hay una diferencia de 373.394 hectáreas de tierras sujetas a protección entre las propuestas de ambientalistas y productores. Equivale a la superficie de 6,6 capitales cordobesas. El legislador Marcelo Falo, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, estimó que la ley se sancionaría en 2010, más de un año después de lo que prevé la norma nacional.
Además, indicó que el anteproyecto de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por organizaciones ambientalistas e instituciones científicas, será el texto base.
El otro documento fue elaborado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), productores autoconvocados y especialistas en el tema. En realidad, la Provincia había designado una comisión integrada por dos sectores, pero se disolvió por profundas diferencias.
Cada sector critica al otro porque no cumple con lo que regula la ley nacional 26.331. Esta norma faculta a la provincia a que categoricen sus territorios en tres zonas, según el grado de conservación del bosque nativo y las actividades agropecuarias posibles.
En rojo, sectores con un alto grado de conservación y en donde no se puede realizar ninguna actividad agropecuaria. En amarillo, sectores con mediana conservación que deben recuperarse y en las que se puede realizar actividades sustentables. Y en verde, las áreas cultivables.
Entre los anteproyectos hay diferencias cuanti y cualitativas. Primero, en la definición de lo que es bosque nativo. Para Cartez son los sectores en los que predominan árboles autóctonos maduros. La COTBN incluye a los bosques degradados y fachinales (pastos y arbustos).
"El proyecto de Cartez conduce a profundizar los desmontes. Tiene enormes deficiencias en la construcción de la información geográfica. El concepto de bosque está relativizado a un sistema de árboles y parques", indicó Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN.
En tanto, Eliseo Arrarás, productor defensor del otro proyecto, aseguró: "El proyecto de la COTBN incluye en el rojo zonas donde no existe bosque, sino fachinales y peladeros, los cuales ya no pueden recuperarse".
En la categoría amarilla también hay diferencias. "La COTBN tiene una visión clausurista. Pero cerrar un sitio no asegura la recuperación del bosque. Nuestro proyecto dice que lo que está bien no se toca y lo que está crítico hay que recuperarlo y realizar un aprovechamiento sustentable", señaló Arrarás.
La propuesta de Cartez permite realizar silvoganadería y silvoagricultura para ganado y también señala excepciones para desmonte y cambio de uso de suelo, algo que está expresamente prohibido en la iniciativa de la COTBN.
En 30 años no habrá más bosques en Córdoba...
“De seguir así, en menos de 30 años no habrá más bosques en Córdoba”
Fecha de Publicación: 19/11/2009
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
De los bosques no sólo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.
“La provincia de Córdoba tiene la tasa de desaparición de bosques nativos más alta del país (3 por ciento anual, cuando la media nacional es de uno por ciento; y de 0,3 por ciento, la media mundial). Si esta situación no se revierte de manera inmediata, en menos de 30 años no habrás más bosques en Córdoba”, explicó a Comercio y Justicia Hernán Giardini, coordinador de la campaña para preservar los bosques nativos del país organizada por Greenpeace.
En este marco, el ambientalista estuvo esta semana en la ciudad de Córdoba con el fin de apoyar la Comisión de Ordenamiento de Bosques Nativos (COTBN), que busca frenar el desmonte en la provincia.
- ¿Cuál es, básicamente, el planteo de la Comisión a la que adhieren?
- La COTBN plantea la necesidad de expresar el repudio a los desmontes, por sus consecuencias ambientales y sociales, y porque violan las leyes nacionales y provinciales. Recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, además de corresponder multas por desmonte a quien lo realice, en todos los casos se debe cumplir con aplicar como medida accesoria la obligación de reforestar con especies nativas para remediar el daño ambiental causado (ley 9219, artículo 5). Además, sostiene que es vital la importancia de la participación ciudadana para la protección del bosque nativo mediante la denuncia y el trabajo coordinado con las autoridades estatales competentes en materia ambiental.
- ¿Qué opina acerca de la creación del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos?
- La aplicación de la Ley de Bosques es boicoteada por la propia Secretaría de Ambiente de la Nación, que no reclama ni pareciera querer que en el presupuesto 2010 se establezcan los fondos correspondientes para la protección de bosques. Este último establece 300 millones de pesos “como máximo” para el Fondo de Protección de los Bosques Nativos, a pesar de que la ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dice en su artículo 31 que el monto “no podrá ser inferior a 0,3 por ciento del presupuesto nacional”, que para 2010 es de más de 273 mil millones de pesos. Es decir, el fondo debería recibir 821 millones pero, además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debe agregarse 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales del año anterior, por lo que los recursos deberían llegar a 1.300 millones de pesos.
- ¿Quiénes serían los principales destinatarios de los recursos económicos que provienen de este fondo?
- El mantenimiento de los ecosistemas amenazados por la deforestación, el fomento a pequeños productores rurales y comunidades indígenas que ocupan bosques nativos y la mayor capacidad técnica y de control, junto con la compensación a quienes realicen tareas de conservación y manejo sostenible, son todos los involucrados que dependen de esa partida.
- ¿Cuál es la situación particular de la provincia de Córdoba?
- A la provincia le queda sólo cinco por ciento de sus bosques nativos. Hace unos 200 años, mucho antes de que se produjera esta gran expansión demográfica, Córdoba contaba con una superficie de 12 millones de hectáreas de bosques. Actualmente quedan sólo 600 mil hectáreas; se perdió 95 por ciento.
- ¿En qué consistía la carta que le entregaron el martes pasado a los legisladores provinciales?
- Aprovechamos la oportunidad para pedir que se agilice la sanción de la ley en Córdoba. Ellos prometieron que a principio del año que viene ya podría estar sancionada. Además, entregamos las 56 mil firmas escritas que reunimos de distintas organizaciones cordobesas que apoyan nuestra causa.
La ley 9219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u “otras intervenciones” con la aprobación de la cartera. Es en este marco que más 500 personas se manifestaron esta semana frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.
Fecha de Publicación: 19/11/2009
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
De los bosques no sólo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.
“La provincia de Córdoba tiene la tasa de desaparición de bosques nativos más alta del país (3 por ciento anual, cuando la media nacional es de uno por ciento; y de 0,3 por ciento, la media mundial). Si esta situación no se revierte de manera inmediata, en menos de 30 años no habrás más bosques en Córdoba”, explicó a Comercio y Justicia Hernán Giardini, coordinador de la campaña para preservar los bosques nativos del país organizada por Greenpeace.
En este marco, el ambientalista estuvo esta semana en la ciudad de Córdoba con el fin de apoyar la Comisión de Ordenamiento de Bosques Nativos (COTBN), que busca frenar el desmonte en la provincia.
- ¿Cuál es, básicamente, el planteo de la Comisión a la que adhieren?
- La COTBN plantea la necesidad de expresar el repudio a los desmontes, por sus consecuencias ambientales y sociales, y porque violan las leyes nacionales y provinciales. Recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, además de corresponder multas por desmonte a quien lo realice, en todos los casos se debe cumplir con aplicar como medida accesoria la obligación de reforestar con especies nativas para remediar el daño ambiental causado (ley 9219, artículo 5). Además, sostiene que es vital la importancia de la participación ciudadana para la protección del bosque nativo mediante la denuncia y el trabajo coordinado con las autoridades estatales competentes en materia ambiental.
- ¿Qué opina acerca de la creación del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos?
- La aplicación de la Ley de Bosques es boicoteada por la propia Secretaría de Ambiente de la Nación, que no reclama ni pareciera querer que en el presupuesto 2010 se establezcan los fondos correspondientes para la protección de bosques. Este último establece 300 millones de pesos “como máximo” para el Fondo de Protección de los Bosques Nativos, a pesar de que la ley 26331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos dice en su artículo 31 que el monto “no podrá ser inferior a 0,3 por ciento del presupuesto nacional”, que para 2010 es de más de 273 mil millones de pesos. Es decir, el fondo debería recibir 821 millones pero, además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debe agregarse 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales del año anterior, por lo que los recursos deberían llegar a 1.300 millones de pesos.
- ¿Quiénes serían los principales destinatarios de los recursos económicos que provienen de este fondo?
- El mantenimiento de los ecosistemas amenazados por la deforestación, el fomento a pequeños productores rurales y comunidades indígenas que ocupan bosques nativos y la mayor capacidad técnica y de control, junto con la compensación a quienes realicen tareas de conservación y manejo sostenible, son todos los involucrados que dependen de esa partida.
- ¿Cuál es la situación particular de la provincia de Córdoba?
- A la provincia le queda sólo cinco por ciento de sus bosques nativos. Hace unos 200 años, mucho antes de que se produjera esta gran expansión demográfica, Córdoba contaba con una superficie de 12 millones de hectáreas de bosques. Actualmente quedan sólo 600 mil hectáreas; se perdió 95 por ciento.
- ¿En qué consistía la carta que le entregaron el martes pasado a los legisladores provinciales?
- Aprovechamos la oportunidad para pedir que se agilice la sanción de la ley en Córdoba. Ellos prometieron que a principio del año que viene ya podría estar sancionada. Además, entregamos las 56 mil firmas escritas que reunimos de distintas organizaciones cordobesas que apoyan nuestra causa.
La ley 9219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u “otras intervenciones” con la aprobación de la cartera. Es en este marco que más 500 personas se manifestaron esta semana frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.
Tres años del corte en Gualeguaychú
Tres años del corte en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
El conflicto por la pastera de Botnia instalada en Fray Bentos cumple tres años de corte del puente que une a Gualeguaychú con esa localidad uruguaya. La interrupción del tránsito sobre la ruta 136, decidida por grupos asambleístas de la ciudad entrerriana como una forma inicial de protesta en noviembre de 2006, terminó perjudicando tanto o más a nuestro país que a quienes iba dirigida.
La planta industrial comenzó a funcionar hace dos años y mientras se dirime el fondo del diferendo en la Corte Internacional de La Haya, es inevitable evaluar los costos de dejar estancado el conflicto en ese punto. El corte del puente trajo perjuicios económicos indudables ambas márgenes del río Uruguay.
Sembró, además, de obstáculos y enojos a las relaciones bilaterales, al extremo de que los gobiernos tuvieran que recurrir a los tribunales internacionales para que laude entre las partes. Mientras tanto, los estudios ambientales sobre la posible contaminación del río Uruguay arrojan resultados contradictorios, con lo que ambas partes llevaron sus argumentos con sustentos empíricos que deberán ser evaluados por los jueces internacionales.
Al cabo de tres años con el puente de Gualeguaychú-Fray Bentos cortado, hay responsabilidades del Gobierno nacional que no pueden ser soslayadas. Faltó la voluntad, la decisión o la capacidad para arribar a una resolución política que contemplara las demandas e intereses locales en el marco más amplio del interés nacional y las relaciones binacionales.
El corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos cumple tres años, sin haber logrado algún objetivo que justifique los costos y perjuicios infligidos.
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
El conflicto por la pastera de Botnia instalada en Fray Bentos cumple tres años de corte del puente que une a Gualeguaychú con esa localidad uruguaya. La interrupción del tránsito sobre la ruta 136, decidida por grupos asambleístas de la ciudad entrerriana como una forma inicial de protesta en noviembre de 2006, terminó perjudicando tanto o más a nuestro país que a quienes iba dirigida.
La planta industrial comenzó a funcionar hace dos años y mientras se dirime el fondo del diferendo en la Corte Internacional de La Haya, es inevitable evaluar los costos de dejar estancado el conflicto en ese punto. El corte del puente trajo perjuicios económicos indudables ambas márgenes del río Uruguay.
Sembró, además, de obstáculos y enojos a las relaciones bilaterales, al extremo de que los gobiernos tuvieran que recurrir a los tribunales internacionales para que laude entre las partes. Mientras tanto, los estudios ambientales sobre la posible contaminación del río Uruguay arrojan resultados contradictorios, con lo que ambas partes llevaron sus argumentos con sustentos empíricos que deberán ser evaluados por los jueces internacionales.
Al cabo de tres años con el puente de Gualeguaychú-Fray Bentos cortado, hay responsabilidades del Gobierno nacional que no pueden ser soslayadas. Faltó la voluntad, la decisión o la capacidad para arribar a una resolución política que contemplara las demandas e intereses locales en el marco más amplio del interés nacional y las relaciones binacionales.
El corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos cumple tres años, sin haber logrado algún objetivo que justifique los costos y perjuicios infligidos.
Así pierde Córdoba su monte nativo
Así pierde Córdoba su monte nativo
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal en Despeñaderos. Cada día, se pierde en la provincia el equivalente a 19 canchas de fútbol diarias.
La Secretaría de Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal de 36 hectáreas de monte nativo en Despeñaderos, una superficie que cuadruplica la que en promedio se pierde por día en nuestra provincia, mientras en la Unicameral se analiza una ley que protega las especies autóctonas.
Una topadora, casillas rodantes del personal utilizado y una rastra de disco estaban en el campo al que hoy llegó una cuadrilla de la cartera de Raúl Costa, quien en el lugar labró un acta de infacción "de aproximadamente 200.000 pesos", el secuestro de la maquinaria y "la obligación de reforestar con especies nativas".
"Según estimamos estas personas han volteado entre 4.000 y 5.000 ejemplares arbóreos". Ahora de ninguna manera podrán cambiar el uso de suelo porque vamos a proceder a la clausura del predio y además tendrán que reforestar con especies nativas", indicó Costa en un parte de prensa de Ambiente.
Este operativo se lleva a cabo una semana después de que la Legislatura sancionó por unanimidad una declaración en la que le pide al Poder Ejecutivo que extreme los controles para que no se produzcan más desmontes clandestinos.
El desmonte no para. Según la propia Secretaría de Ambiente, en lo que va 2009 se desmontaron 3.008 hectáreas de bosques nativos: unas 9,4 hectáreas diarias, que equivalen a 19 canchas de fútbol (cada una tiene media hectárea) o un Parque de las Naciones.
En cambio, para organizaciones ambientalistas y científicos, la tasa de deforestación es mayor. La ley 9.219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u "otras intervenciones" con la aprobación de la cartera.
Ayer, unas 500 personas se manifestaron ayer frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26.331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.
Actualmente hay dos proyectos en estudio para una posible sanción a principios de 2010 (ver Cada día se tala el equivalente de 19 canchas en Edición Impresa).
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal en Despeñaderos. Cada día, se pierde en la provincia el equivalente a 19 canchas de fútbol diarias.
La Secretaría de Ambiente descubrió hoy un desmonte ilegal de 36 hectáreas de monte nativo en Despeñaderos, una superficie que cuadruplica la que en promedio se pierde por día en nuestra provincia, mientras en la Unicameral se analiza una ley que protega las especies autóctonas.
Una topadora, casillas rodantes del personal utilizado y una rastra de disco estaban en el campo al que hoy llegó una cuadrilla de la cartera de Raúl Costa, quien en el lugar labró un acta de infacción "de aproximadamente 200.000 pesos", el secuestro de la maquinaria y "la obligación de reforestar con especies nativas".
"Según estimamos estas personas han volteado entre 4.000 y 5.000 ejemplares arbóreos". Ahora de ninguna manera podrán cambiar el uso de suelo porque vamos a proceder a la clausura del predio y además tendrán que reforestar con especies nativas", indicó Costa en un parte de prensa de Ambiente.
Este operativo se lleva a cabo una semana después de que la Legislatura sancionó por unanimidad una declaración en la que le pide al Poder Ejecutivo que extreme los controles para que no se produzcan más desmontes clandestinos.
El desmonte no para. Según la propia Secretaría de Ambiente, en lo que va 2009 se desmontaron 3.008 hectáreas de bosques nativos: unas 9,4 hectáreas diarias, que equivalen a 19 canchas de fútbol (cada una tiene media hectárea) o un Parque de las Naciones.
En cambio, para organizaciones ambientalistas y científicos, la tasa de deforestación es mayor. La ley 9.219, sancionada en 2005, prohíbe el desmonte total en el territorio cordobés, pero habilita el desmonte selectivo u "otras intervenciones" con la aprobación de la cartera.
Ayer, unas 500 personas se manifestaron ayer frente a la Legislatura para que Córdoba se adhiera a la norma nacional (26.331), con respecto a la cual la provincia ya está atrasada en un año.
Actualmente hay dos proyectos en estudio para una posible sanción a principios de 2010 (ver Cada día se tala el equivalente de 19 canchas en Edición Impresa).
Bosque nativo versus campo
Bosque nativo versus campo
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Dante Rossi (Legislador provincial UCR)
Provincia/Región: Córdoba
Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente agropecuaria; debemos trabajar para mejorarla.
Desde hace un tiempo, el ambiente en el cual nos desarrollamos se está degradando cada día más con la actividad cotidiana del hombre, y él nos lo demuestra con más fuerza. Por eso, desde la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudios Córdoba, que colaboró en esta nota, investigamos cuáles son las acciones o las medidas que se están tomando o preparando en la materia.
Analizamos, entonces, el anteproyecto de ley sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba, que fija diversos criterios de conservación en los que se puede dividir a la provincia en procura de su preservación.
El problema que el proyecto pretende subsanar es real, grave, y merece que todos los ciudadanos nos informemos para entender que debemos cambiar nuestra manera de vivir, respetar, cuidar y valorar nuestro ambiente, mejorando así nuestra calidad de vida.
Esta sucesión de problemas que sufre el planeta en escala global no permite diagnósticos positivos desde su aceleración negativa en la revolución industrial. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (integrada por diversos organismos y ONG ambientales) pretende dar respuesta a la emergencia, principalmente a la alta tasa de desmonte, que repercute en el ambiente (agua, suelo, aire, vida).
La pérdida de bosques nativos trae aparejadas serias consecuencias ambientales y sociales, como ser la disminución de las prestaciones de servicios ambientales o ecosistémicos, entre los cuales se encuentran la captación de agua, protección de suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, balance atmosférico del carbono, reducción de los efectos del cambio climático global y el aporte de productos naturales de valor social, cultural y comercial, que resultan de capital importancia.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que hoy existe genera preocupación, por cuanto termina enfrentando y casi provocando a los productores cordobeses, y pretende controlar el crecimiento de los sistemas urbanos provinciales.
El problema de las divisiones de conservación es que muchos sectores se encuentran muy próximos a distintos municipios y sería un obstáculo para el crecimiento poblacional. En el anteproyecto hay una laguna bastante grande con respecto a este tema. Consideramos indispensable que se haga partícipes a las ciudades, pueblos y comunas para que juntamente se pueda buscar una solución a la conservación del bosque y, al mismo tiempo, al crecimiento demográfico de los municipios.
Hay casos, además, en que bosques nativos se encuentran dentro de propiedades de particulares. Y como la ley no es retroactiva, podríamos decir que son porciones de territorio que estarían perdidas. Pero, a la vez, se prevén severas sanciones para quienes modifiquen el destino de determinadas zonas demarcadas. Nosotros estamos a favor de la regulación del desmonte, pero también estamos a favor del respeto de la propiedad privada.
Disentimos en el modo en que se plantean las causas respecto a la reducción del bosque nativo porque el deterioro no ocurre drásticamente, es un proceso. Creemos que no se puede poner en un plano de igualdad a la producción agropecuaria y los incendios forestales. La primera atiende a necesidades primarias y subsiguientes, además de ser generadora de empleo. La segunda, en cambio, es sólo aniquilamiento y destrucción. Al mismo tiempo, existen otros factores que también afectan, como ser la actividad minera o el incorrecto trazado urbano.
En cuanto a la producción agropecuaria y minera, creemos que deben integrar la misma legislación y no oponerlas generando una lucha entre sectores. Distinto sería si se tratara de estudiar, primero, la legislación vigente al respecto y, luego, se procurara ayudar y promover la actividad, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental.
Al mismo tiempo, el anteproyecto sólo reúne a los estudiosos o expertos en la faz ambiental, cuando deberían sentarse en la misma mesa las sociedades rurales, Federación Agraria, para poder representar a todos y, por lo tanto, contemplar las diferentes situaciones.
La iniciativa está impregnada de buenos deseos frente a la emergencia ambiental, pero no plantea una transición, no sirve el cambio por imposición, no queremos más leyes con letra muerta, busquemos el consenso de los que no opinan igual.
Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a todos los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente productora, debemos trabajar para mejorar la producción, y si mantenemos nuestra tierra de la mejor manera posible, también la calidad de nuestros productos será mucho mejor.
Un anteproyecto de ley que sólo tenga un espíritu prohibitivo resulta ineficaz. No tiene en cuenta el valor y la necesidad de crear políticas que se articulen y no terminen dañando a un sector, en este caso al agropecuario, sobre el uso del suelo.
Se avecinan tiempos de conflicto si no se logra conservar el espíritu proteccionista ambiental. ¿Qué se podría cambiar? Que esta ley permita la recuperación progresiva de bosques nativos que alienten a la población y eduquen para valorar la naturaleza y evitar los desmontes.
No se trata de proponer una visión idealista o incoherente. Sí, en cambio, tratar de tomar el problema con la profundidad y complejidad que tiene. Ello exigiría un arduo trabajo por parte del Estado como regulador y de la población toda en la concientización a través de la educación.
No sólo en las escuelas, como se viene haciendo, sino desde todos los ámbitos.
Se requiere que las leyes que se dicten en la provincia y el país sean aplicables. Para que el trabajo que se desarrolla en la Legislatura sea fructífero y tenga permanencia se deben crear políticas que se puedan llevar a cabo a largo plazo. Y que pueda, con el tiempo, evaluarse si fueron positivas, si se alcanzaron los objetivos trazados. Que las leyes sean fruto de un intenso debate, que así respondan verdaderamente a los problemas existentes.
Los bosques nativos son necesarios, y debemos recuperarlos y conservar los que aún existen. Para ello es necesario crear fuertes campañas de educación, de información en todos los sectores, en todas las localidades, educar a los que viven en las ciudades, a los turistas, nativos y productores porque son importantes para nuestra vida y nuestro planeta.
Fecha de Publicación: 18/11/2009
Fuente: La Voz del Interior - Por Dante Rossi (Legislador provincial UCR)
Provincia/Región: Córdoba
Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente agropecuaria; debemos trabajar para mejorarla.
Desde hace un tiempo, el ambiente en el cual nos desarrollamos se está degradando cada día más con la actividad cotidiana del hombre, y él nos lo demuestra con más fuerza. Por eso, desde la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudios Córdoba, que colaboró en esta nota, investigamos cuáles son las acciones o las medidas que se están tomando o preparando en la materia.
Analizamos, entonces, el anteproyecto de ley sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba, que fija diversos criterios de conservación en los que se puede dividir a la provincia en procura de su preservación.
El problema que el proyecto pretende subsanar es real, grave, y merece que todos los ciudadanos nos informemos para entender que debemos cambiar nuestra manera de vivir, respetar, cuidar y valorar nuestro ambiente, mejorando así nuestra calidad de vida.
Esta sucesión de problemas que sufre el planeta en escala global no permite diagnósticos positivos desde su aceleración negativa en la revolución industrial. La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (integrada por diversos organismos y ONG ambientales) pretende dar respuesta a la emergencia, principalmente a la alta tasa de desmonte, que repercute en el ambiente (agua, suelo, aire, vida).
La pérdida de bosques nativos trae aparejadas serias consecuencias ambientales y sociales, como ser la disminución de las prestaciones de servicios ambientales o ecosistémicos, entre los cuales se encuentran la captación de agua, protección de suelos, regulación de los ciclos de nutrientes, balance atmosférico del carbono, reducción de los efectos del cambio climático global y el aporte de productos naturales de valor social, cultural y comercial, que resultan de capital importancia.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que hoy existe genera preocupación, por cuanto termina enfrentando y casi provocando a los productores cordobeses, y pretende controlar el crecimiento de los sistemas urbanos provinciales.
El problema de las divisiones de conservación es que muchos sectores se encuentran muy próximos a distintos municipios y sería un obstáculo para el crecimiento poblacional. En el anteproyecto hay una laguna bastante grande con respecto a este tema. Consideramos indispensable que se haga partícipes a las ciudades, pueblos y comunas para que juntamente se pueda buscar una solución a la conservación del bosque y, al mismo tiempo, al crecimiento demográfico de los municipios.
Hay casos, además, en que bosques nativos se encuentran dentro de propiedades de particulares. Y como la ley no es retroactiva, podríamos decir que son porciones de territorio que estarían perdidas. Pero, a la vez, se prevén severas sanciones para quienes modifiquen el destino de determinadas zonas demarcadas. Nosotros estamos a favor de la regulación del desmonte, pero también estamos a favor del respeto de la propiedad privada.
Disentimos en el modo en que se plantean las causas respecto a la reducción del bosque nativo porque el deterioro no ocurre drásticamente, es un proceso. Creemos que no se puede poner en un plano de igualdad a la producción agropecuaria y los incendios forestales. La primera atiende a necesidades primarias y subsiguientes, además de ser generadora de empleo. La segunda, en cambio, es sólo aniquilamiento y destrucción. Al mismo tiempo, existen otros factores que también afectan, como ser la actividad minera o el incorrecto trazado urbano.
En cuanto a la producción agropecuaria y minera, creemos que deben integrar la misma legislación y no oponerlas generando una lucha entre sectores. Distinto sería si se tratara de estudiar, primero, la legislación vigente al respecto y, luego, se procurara ayudar y promover la actividad, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental.
Al mismo tiempo, el anteproyecto sólo reúne a los estudiosos o expertos en la faz ambiental, cuando deberían sentarse en la misma mesa las sociedades rurales, Federación Agraria, para poder representar a todos y, por lo tanto, contemplar las diferentes situaciones.
La iniciativa está impregnada de buenos deseos frente a la emergencia ambiental, pero no plantea una transición, no sirve el cambio por imposición, no queremos más leyes con letra muerta, busquemos el consenso de los que no opinan igual.
Se deben contemplar todas las aristas del problema, ser equitativos e intentar dar respuesta a todos los sectores. Córdoba es una provincia esencialmente productora, debemos trabajar para mejorar la producción, y si mantenemos nuestra tierra de la mejor manera posible, también la calidad de nuestros productos será mucho mejor.
Un anteproyecto de ley que sólo tenga un espíritu prohibitivo resulta ineficaz. No tiene en cuenta el valor y la necesidad de crear políticas que se articulen y no terminen dañando a un sector, en este caso al agropecuario, sobre el uso del suelo.
Se avecinan tiempos de conflicto si no se logra conservar el espíritu proteccionista ambiental. ¿Qué se podría cambiar? Que esta ley permita la recuperación progresiva de bosques nativos que alienten a la población y eduquen para valorar la naturaleza y evitar los desmontes.
No se trata de proponer una visión idealista o incoherente. Sí, en cambio, tratar de tomar el problema con la profundidad y complejidad que tiene. Ello exigiría un arduo trabajo por parte del Estado como regulador y de la población toda en la concientización a través de la educación.
No sólo en las escuelas, como se viene haciendo, sino desde todos los ámbitos.
Se requiere que las leyes que se dicten en la provincia y el país sean aplicables. Para que el trabajo que se desarrolla en la Legislatura sea fructífero y tenga permanencia se deben crear políticas que se puedan llevar a cabo a largo plazo. Y que pueda, con el tiempo, evaluarse si fueron positivas, si se alcanzaron los objetivos trazados. Que las leyes sean fruto de un intenso debate, que así respondan verdaderamente a los problemas existentes.
Los bosques nativos son necesarios, y debemos recuperarlos y conservar los que aún existen. Para ello es necesario crear fuertes campañas de educación, de información en todos los sectores, en todas las localidades, educar a los que viven en las ciudades, a los turistas, nativos y productores porque son importantes para nuestra vida y nuestro planeta.
Otra facultad le dio la espalda a La Alumbrera
Otra facultad también le dio la espalda a la plata de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 17/11/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Su Consejo Directivo aprobó no aceptar los fondos de Minera Alumbrera basándose en principios éticos y en “la destrucción total del ambiente” que genera la minería a cielo abierto a gran escala. Hasta ahora, ya suman 20 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD, al mismo tiempo que el Rectorado de la UNT defiende su sociedad con esta denunciada empresa.
Tras largas horas de debate, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata resolvió rechazar los fondos que la empresa minera había cedido a todas las Universidades Nacionales del país.
Con ocho votos a favor y dos abstenciones, los profesores y representantes estudiantiles que integran el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata resolvieron el pasado viernes no aceptar los fondos otorgados por la minera La Alumbrera, ubicada en Catamarca.
La decisión de rechazar los fondos se sustentó en el Principio Precautorio que establece la Ley General del Ambiente Nº 25.675 en su artículo número 4. En él se sostiene que: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Basándose en este artículo, los cuatro representantes estudiantiles, el graduado Fabián Quintero y los profesores Javier Monzón, Laura Miotti y Vicente Dresino, integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, se pronunciaron a favor del rechazo de los fondos. Por otro lado, el profesor Eugenio Aragón y el graduado Enrique Fucks decidieron abstenerse de votar por considerar que no poseían la información suficiente sobre el impacto que genera en Catamarca la actividad de la minera.
En el recinto en el que el Consejo Directivo estaba sesionando se hicieron presentes alumnos de diferentes facultades y docentes que exigían el rechazo a los fondos. La profesora Titular de la Cátedra Ecología de Plagas, Norma Sánchez, dirigiéndose a los profesores allí presentes opinó: “No creo que haya tener muchos informes técnicos para poder tomar una posición en relación a eso. Entonces, creo que la decisión que hay que tomar acá es como ciudadanos, como universitarios, como referentes éticos que debemos y tenemos la obligación de ser para la sociedad”.
Por su parte, Facundo Escobar, Presidente del Claustro de Graduados, sostuvo: “No se trata de una cuestión de decirle sí a la Minera o no a la Minera, se trata de discutir un tipo de minería determinada, en este caso a cielo abierto, que plantea una destrucción total del ambiente, un desplazamiento de comunidades y lo único que deja para la Argentina es destrucción y contaminación”.
Tomando en cuenta las diferentes opiniones presentadas por profesores y alumnos, los integrantes del Consejo Directivo decidieron rechazar los fondos, distanciándose de la situación de la UNLP en el año 2008, cuando la casa de estudios recibió de la empresa minera La Alumbrera 1,8 millón de pesos. También, resolvieron discutir en su próxima reunión acerca del Código de Minería y las políticas de explotación vigentes en el país.
En referencia a la legislación minera y dirigiéndose a los miembros del Consejo Directivo, la profesora Norma Sánchez sostuvo: “Bienvenido sea señores consejeros que estén en esta mesa discutiendo este problema, pero no debe extenderse el foco, que no es plata sí, o la plata no, el foco es qué política minera queremos, para quién y para qué”.
La decisión de la Facultad de Ciencias Naturales, por ser considerada la más idónea para pronunciarse sobre el tema, era esperada tanto por otras facultades como por el Consejo Superior de la UNLP.
Hasta el momento, ya son 20 Hasta ahora son 19 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD. Este año la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera en rechazarlos a nivel nacional.
Ya rechazaron la plata de Minera Alumbrera las facultades Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología (de la Universidad Nacional de Entre Ríos); Psicología, Filosofía y Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales, Matemáticas y Astronomía y Física (Universidad de Córdoba); la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA).
Además, la Universidad Nacional de Río IV, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las de Psicología, Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En La Plata, las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Bellas Artes y Ciencias Exactas se sumaron a la lista, entre potras unidades académicas.
Fecha de Publicación: 17/11/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Su Consejo Directivo aprobó no aceptar los fondos de Minera Alumbrera basándose en principios éticos y en “la destrucción total del ambiente” que genera la minería a cielo abierto a gran escala. Hasta ahora, ya suman 20 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD, al mismo tiempo que el Rectorado de la UNT defiende su sociedad con esta denunciada empresa.
Tras largas horas de debate, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata resolvió rechazar los fondos que la empresa minera había cedido a todas las Universidades Nacionales del país.
Con ocho votos a favor y dos abstenciones, los profesores y representantes estudiantiles que integran el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata resolvieron el pasado viernes no aceptar los fondos otorgados por la minera La Alumbrera, ubicada en Catamarca.
La decisión de rechazar los fondos se sustentó en el Principio Precautorio que establece la Ley General del Ambiente Nº 25.675 en su artículo número 4. En él se sostiene que: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Basándose en este artículo, los cuatro representantes estudiantiles, el graduado Fabián Quintero y los profesores Javier Monzón, Laura Miotti y Vicente Dresino, integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, se pronunciaron a favor del rechazo de los fondos. Por otro lado, el profesor Eugenio Aragón y el graduado Enrique Fucks decidieron abstenerse de votar por considerar que no poseían la información suficiente sobre el impacto que genera en Catamarca la actividad de la minera.
En el recinto en el que el Consejo Directivo estaba sesionando se hicieron presentes alumnos de diferentes facultades y docentes que exigían el rechazo a los fondos. La profesora Titular de la Cátedra Ecología de Plagas, Norma Sánchez, dirigiéndose a los profesores allí presentes opinó: “No creo que haya tener muchos informes técnicos para poder tomar una posición en relación a eso. Entonces, creo que la decisión que hay que tomar acá es como ciudadanos, como universitarios, como referentes éticos que debemos y tenemos la obligación de ser para la sociedad”.
Por su parte, Facundo Escobar, Presidente del Claustro de Graduados, sostuvo: “No se trata de una cuestión de decirle sí a la Minera o no a la Minera, se trata de discutir un tipo de minería determinada, en este caso a cielo abierto, que plantea una destrucción total del ambiente, un desplazamiento de comunidades y lo único que deja para la Argentina es destrucción y contaminación”.
Tomando en cuenta las diferentes opiniones presentadas por profesores y alumnos, los integrantes del Consejo Directivo decidieron rechazar los fondos, distanciándose de la situación de la UNLP en el año 2008, cuando la casa de estudios recibió de la empresa minera La Alumbrera 1,8 millón de pesos. También, resolvieron discutir en su próxima reunión acerca del Código de Minería y las políticas de explotación vigentes en el país.
En referencia a la legislación minera y dirigiéndose a los miembros del Consejo Directivo, la profesora Norma Sánchez sostuvo: “Bienvenido sea señores consejeros que estén en esta mesa discutiendo este problema, pero no debe extenderse el foco, que no es plata sí, o la plata no, el foco es qué política minera queremos, para quién y para qué”.
La decisión de la Facultad de Ciencias Naturales, por ser considerada la más idónea para pronunciarse sobre el tema, era esperada tanto por otras facultades como por el Consejo Superior de la UNLP.
Hasta el momento, ya son 20 Hasta ahora son 19 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD. Este año la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera en rechazarlos a nivel nacional.
Ya rechazaron la plata de Minera Alumbrera las facultades Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología (de la Universidad Nacional de Entre Ríos); Psicología, Filosofía y Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales, Matemáticas y Astronomía y Física (Universidad de Córdoba); la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA).
Además, la Universidad Nacional de Río IV, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las de Psicología, Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En La Plata, las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Bellas Artes y Ciencias Exactas se sumaron a la lista, entre potras unidades académicas.
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