Minimizan el problema con mineras
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Minimizan el problema con mineras
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: El Diario de Cuyo
"Este problema de la minería hay que tomarlo con mucha calma. No hay variación en ninguna de las empresas de San Juan", afirmó ayer José Luis Gioja sobre el escenario que abrió la reciente decisión nacional de eliminar las exenciones a los aranceles de exportación que gozaban las empresas mineras en el país, sumado a la intención -aun no oficializada- de subir esos aranceles a quienes sí los pagan. Las declaraciones se dan en medio de versiones que dicen que hay preocupación oficial porque la medida nacional frenó dos de los proyectos más importantes para la provincia: Pascua Lama, a cargo de Barrick, y Pachón, de Xstrata.
Gioja dijo que "no hay modificación para ninguna de las empresas. Porque las cales tienen su aporte que tienen que hacer ellos saben, Barrick paga y sigue pagando como está, esto es más que nada para empresas que no estaban radicadas en San Juan, que no pagaban retenciones". Pero justamente este último caso es el de Xstrata.
"Yo creo que vamos a avanzar bien y maduramente en este tema, que evidentemente levanta polvareda. No creo que peligre nada", dijo optimista Gioja.
Por su parte, ayer la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado en el que expresa su apoyo a "las acciones legales iniciadas por las empresas afectadas por las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero, porque afectan seriamente el desarrollo del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad económica y del empleo".
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: El Diario de Cuyo
"Este problema de la minería hay que tomarlo con mucha calma. No hay variación en ninguna de las empresas de San Juan", afirmó ayer José Luis Gioja sobre el escenario que abrió la reciente decisión nacional de eliminar las exenciones a los aranceles de exportación que gozaban las empresas mineras en el país, sumado a la intención -aun no oficializada- de subir esos aranceles a quienes sí los pagan. Las declaraciones se dan en medio de versiones que dicen que hay preocupación oficial porque la medida nacional frenó dos de los proyectos más importantes para la provincia: Pascua Lama, a cargo de Barrick, y Pachón, de Xstrata.
Gioja dijo que "no hay modificación para ninguna de las empresas. Porque las cales tienen su aporte que tienen que hacer ellos saben, Barrick paga y sigue pagando como está, esto es más que nada para empresas que no estaban radicadas en San Juan, que no pagaban retenciones". Pero justamente este último caso es el de Xstrata.
"Yo creo que vamos a avanzar bien y maduramente en este tema, que evidentemente levanta polvareda. No creo que peligre nada", dijo optimista Gioja.
Por su parte, ayer la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado en el que expresa su apoyo a "las acciones legales iniciadas por las empresas afectadas por las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero, porque afectan seriamente el desarrollo del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad económica y del empleo".
Etiquetas:
Empresarios dispuestos a litigar
Empresarios mineros dispuestos a litigar contra el Estado
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: Mercado
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) salió a respaldar las acciones legales contra el Estado nacional iniciadas por las empresas del sector afectadas por las retenciones a la exportación impuestas a comienzos de diciembre de año pasado.
La cámara empresaria difundió un comunicado de prensa en el que se sitúa en "defensa del desarrollo de la minería en Argentina". El apoyo se da en virtud de que, según denuncian, "las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero (...) afectan seriamente el desarrollo del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad económica y del empleo."
Según los empresarios, las modificaciones implementadas "sin consenso y mediante notas administrativas internas de las Secretarías de Comercio y de Minería (...) violan la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y provocan gran incertidumbre" para los inversores.
El régimen legal del sector minero es excepcionalmente favorable para las inversiones en el sector. La ley 24.196 de 1993, sobre "Inversiones para la Actividad Minera", en su artículo 3°, establece que "Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad." La estabilidad fiscal, como indica la norma, alcanza a todos los tributos, sean impuestos directos, tasas, contribuciones impositivas, derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, se conoció la noticia de que unas 14 empresas mineras que no pagaban retenciones por la exportación de sus productos empezarían a contribuir con ese derecho.
La medida fue aplicada entonces por la Aduana, a partir de una nota conjunta de la Secretaría de Minería y de la del Interior, esta última a cargo de Guillermo Moreno.
En su momento, desde la Aduana indicaron que "se trata de un impuesto que rige desde 2002, que las empresas no pagaban porque decían que estaban exentas. Ahora nos dicen que ya no están exentas."
Las empresas notificadas en aquella oportunidad fueron Bórax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera, entre otras. Esta última realiza la mayor producción de oro del país, en Catamarca, junto a la compañía YMAD, cuyo presidente, Manuel Benitez, está al frente, a su vez, de la cámara empresaria del sector.
Los empresarios buscaron en reuniones con sectores oficiales levantar la medida que grava con retenciones del 5 al 10% la exportación de metales. Pero no obtuvieron respuestas a su medida.
En lo siguiente, hace dos semanas, trascendió que no bien termine la feria judicial, para febrero o marzo, las principales empresas mineras radicadas en la Argentina recurrirán a la Justicia para intentar impedir que el Gobierno imponga retenciones a las exportaciones de aquellos emprendimientos que estaban exceptuados antes de diciembre de 2007.
En el comunicado difundido, la CAEM considera que "las notas administrativas son ilegales y que lejos de favorecer el objetivo de una mayor recaudación impositiva, tendrán consecuencias negativas ya que afectarán la viabilidad de inversiones programadas para los próximos tres años del orden de los 10.000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación." Según estas estimaciones, se frenará la posibilidad de crear 16.000 puestos de trabajo.
Asimismo, según los empresarios, el gobierno incurre en una "paradoja" con esta medida, al mermar sus ingresos en $ 2.300 millones anuales, en lugar de aumentarlos.
Finalmente, la CAEM "reclama a las autoridades pertinentes se aclare definitivamente esta situación a fin de poder contar con un panorama claro y previsible en materia regulatoria".
Argentina se el sexto país con mayor riqueza minera en el mundo. El boom de la minería en el país se desató en la década pasada. Según el Minning Journal de Londres, el país ocupa uno de los mejores puestos en oportunidades de inversión: costos bajos y altos retornos. Acompañado a esto, la actividad minera ha sido objeto de continuas denuncias, a causa de ser una de las actividades más contaminantes que realiza el hombre.
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: Mercado
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) salió a respaldar las acciones legales contra el Estado nacional iniciadas por las empresas del sector afectadas por las retenciones a la exportación impuestas a comienzos de diciembre de año pasado.
La cámara empresaria difundió un comunicado de prensa en el que se sitúa en "defensa del desarrollo de la minería en Argentina". El apoyo se da en virtud de que, según denuncian, "las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero (...) afectan seriamente el desarrollo del sector como una actividad madre de industrias y multiplicadora de la actividad económica y del empleo."
Según los empresarios, las modificaciones implementadas "sin consenso y mediante notas administrativas internas de las Secretarías de Comercio y de Minería (...) violan la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y provocan gran incertidumbre" para los inversores.
El régimen legal del sector minero es excepcionalmente favorable para las inversiones en el sector. La ley 24.196 de 1993, sobre "Inversiones para la Actividad Minera", en su artículo 3°, establece que "Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad." La estabilidad fiscal, como indica la norma, alcanza a todos los tributos, sean impuestos directos, tasas, contribuciones impositivas, derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, se conoció la noticia de que unas 14 empresas mineras que no pagaban retenciones por la exportación de sus productos empezarían a contribuir con ese derecho.
La medida fue aplicada entonces por la Aduana, a partir de una nota conjunta de la Secretaría de Minería y de la del Interior, esta última a cargo de Guillermo Moreno.
En su momento, desde la Aduana indicaron que "se trata de un impuesto que rige desde 2002, que las empresas no pagaban porque decían que estaban exentas. Ahora nos dicen que ya no están exentas."
Las empresas notificadas en aquella oportunidad fueron Bórax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera, entre otras. Esta última realiza la mayor producción de oro del país, en Catamarca, junto a la compañía YMAD, cuyo presidente, Manuel Benitez, está al frente, a su vez, de la cámara empresaria del sector.
Los empresarios buscaron en reuniones con sectores oficiales levantar la medida que grava con retenciones del 5 al 10% la exportación de metales. Pero no obtuvieron respuestas a su medida.
En lo siguiente, hace dos semanas, trascendió que no bien termine la feria judicial, para febrero o marzo, las principales empresas mineras radicadas en la Argentina recurrirán a la Justicia para intentar impedir que el Gobierno imponga retenciones a las exportaciones de aquellos emprendimientos que estaban exceptuados antes de diciembre de 2007.
En el comunicado difundido, la CAEM considera que "las notas administrativas son ilegales y que lejos de favorecer el objetivo de una mayor recaudación impositiva, tendrán consecuencias negativas ya que afectarán la viabilidad de inversiones programadas para los próximos tres años del orden de los 10.000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación." Según estas estimaciones, se frenará la posibilidad de crear 16.000 puestos de trabajo.
Asimismo, según los empresarios, el gobierno incurre en una "paradoja" con esta medida, al mermar sus ingresos en $ 2.300 millones anuales, en lugar de aumentarlos.
Finalmente, la CAEM "reclama a las autoridades pertinentes se aclare definitivamente esta situación a fin de poder contar con un panorama claro y previsible en materia regulatoria".
Argentina se el sexto país con mayor riqueza minera en el mundo. El boom de la minería en el país se desató en la década pasada. Según el Minning Journal de Londres, el país ocupa uno de los mejores puestos en oportunidades de inversión: costos bajos y altos retornos. Acompañado a esto, la actividad minera ha sido objeto de continuas denuncias, a causa de ser una de las actividades más contaminantes que realiza el hombre.
Llevaron la protesta a Puerto Madero
Papeleras: llevaron la protesta a Puerto Madero
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: El Día
Integrantes de las Asambleas Ambientales de Gualeguaychú y de Buenos Aires protestaron frente a la terminal portuaria de la empresa Buquebús en Puerto Madero, para reiterar su rechazo a la papelera finlandesa Botnia, en medio del primer gran recambio turístico del año.
De manera "pacífica", a través del reparto de folletería, los ambientalistas se manifestaron en las inmediaciones de la terminal portuaria, luego de que efectivos de la Prefectura Naval les impidieran acercarse a la puerta de ingreso, a fin de permitir el paso de las personas que debían embarcar.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, los entrerrianos y los miembros de las Asambleas del Pueblo y de San Telmo, intentaron "concientizar a la gente sobre la contaminación de Botnia".
"Además, entregamos mapas donde se muestra la zona que va a afectar la segunda pastera de Colonia (perteneciente a la empresa española ENCE). Esa pastera va a afectar la capital federal, queremos que la gente empiece a tomar conciencia de que este es un problema de todos", expresó en declaraciones radiales el ambientalista Jorge Fritzler.
En tanto, los ecologistas adelantaron que el próximo 31 de enero volverán a manifestarse en esa terminal, para "repartir volantes y brindar información" a los turistas que viajen con destino a Uruguay.
CORTE DE APOYO EN COLON
Mientras tanto, integrantes de la Asamblea Ambiental de Colón bloquearon nuevamente ayer el paso internacional General Artigas, "en coincidencia y en respaldo a la acción" que los ecologistas de Buenos Aires y Gualeguaychú realizaron frente a la terminal portuaria de Buquebús en capital.
El corte se mantuvo sobre la ruta 135, que une sea ciudad con la uruguaya Paysandú, desde las 11:30 hasta las 13:30, mientras se desarrollaba la manifestación en Puerto Madero.
"Una cantidad importante de autos, camiones y colectivos de larga distancia que circulaban hacia la Argentina y hacia el Uruguay, se vieron detenidos por el corte", señalaron fuentes de la Asamblea de Colón.
Según confirmaron, las medidas de fuerza continuará hoy, el jueves, y el viernes próximo, con bloqueos de dos horas diarias, entre las 20:00 y a las 22:00. En tanto, el fin de semana "se mantendrán los cortes de 24 horas, comenzando el sábado a las 19:00", detallaron los entrerrianos.
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: El Día
Integrantes de las Asambleas Ambientales de Gualeguaychú y de Buenos Aires protestaron frente a la terminal portuaria de la empresa Buquebús en Puerto Madero, para reiterar su rechazo a la papelera finlandesa Botnia, en medio del primer gran recambio turístico del año.
De manera "pacífica", a través del reparto de folletería, los ambientalistas se manifestaron en las inmediaciones de la terminal portuaria, luego de que efectivos de la Prefectura Naval les impidieran acercarse a la puerta de ingreso, a fin de permitir el paso de las personas que debían embarcar.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, los entrerrianos y los miembros de las Asambleas del Pueblo y de San Telmo, intentaron "concientizar a la gente sobre la contaminación de Botnia".
"Además, entregamos mapas donde se muestra la zona que va a afectar la segunda pastera de Colonia (perteneciente a la empresa española ENCE). Esa pastera va a afectar la capital federal, queremos que la gente empiece a tomar conciencia de que este es un problema de todos", expresó en declaraciones radiales el ambientalista Jorge Fritzler.
En tanto, los ecologistas adelantaron que el próximo 31 de enero volverán a manifestarse en esa terminal, para "repartir volantes y brindar información" a los turistas que viajen con destino a Uruguay.
CORTE DE APOYO EN COLON
Mientras tanto, integrantes de la Asamblea Ambiental de Colón bloquearon nuevamente ayer el paso internacional General Artigas, "en coincidencia y en respaldo a la acción" que los ecologistas de Buenos Aires y Gualeguaychú realizaron frente a la terminal portuaria de Buquebús en capital.
El corte se mantuvo sobre la ruta 135, que une sea ciudad con la uruguaya Paysandú, desde las 11:30 hasta las 13:30, mientras se desarrollaba la manifestación en Puerto Madero.
"Una cantidad importante de autos, camiones y colectivos de larga distancia que circulaban hacia la Argentina y hacia el Uruguay, se vieron detenidos por el corte", señalaron fuentes de la Asamblea de Colón.
Según confirmaron, las medidas de fuerza continuará hoy, el jueves, y el viernes próximo, con bloqueos de dos horas diarias, entre las 20:00 y a las 22:00. En tanto, el fin de semana "se mantendrán los cortes de 24 horas, comenzando el sábado a las 19:00", detallaron los entrerrianos.
Ma Qué Papeleras ni Papeleras !!!
Ma Qué Papeleras ni Papeleras !!! Dock Sud: La Muerte Lenta
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Fernando Paolella
"Cielos opacos, humo denso, olor fétido, calles rotas por camiones inmensos. Cuando cae la noche, los vecinos cierran puertas y ventanas, atrincherados en sus casas. Duelen las gargantas resecas, y en la piel aparecen extrañas ronchas. Son muchos los asmáticos, y los chicos se fatigan después de correr un poco. Ya no quedan pájaros y los árboles languidecen. A cuatro kilómetros de la Casa Rosada, rodeado por empresas petroleras y químicas, Dock Sud es un infierno. Un habitante del barrio, Jorge Ernesto Hiquis, lo describe en un poema: 'Montañas de azufre, que nos tapan el barrio de amarillo/ Cilindros de gas, que custodian nuestra muerte/ Silos de la Union Carbide, que nos traen recuerdos de Bhopal/ Y cruzando toda esta maravilla, los cables de alta tensión/ Como para que cuando alguno se corte, desaparezca hasta la misma Rosada'". De esta forma comienza la reveladora nota Dock Sud: viaje al polvorín de Buenos Aires, escrita por Alberto González Toro y publicada en la revista Viva un domingo de mediados de 1994.
Más de diez años después, el panorama en el denominado barrio es doblemente desolador, a tal punto que "el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el alemán Karl-Heinz Florenz, visitó el Polo Petroquímico de Dock Sud, tras lo cual dijo que elevará un informe para denunciar el alto nivel de contaminación que notó en esa área industrial de Avellaneda, en la que funcionan varias firmas europeas. 'I'm shocked' (estoy impresionado), esa fue la expresión que utilizó Florenz luego de su paso por el Polo. El funcionario alemán vino al país a participar de la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en Buenos Aires. Fuera de programa, el lunes pasado recorrió el Polo Petroquímico junto con el intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Olivera, y otros funcionarios municipales y provinciales. También visitó el asentamiento de Villa Tranquila", según constata Pablo Novillo en la edición de Clarín del lunes 27 de diciembre del 2004.
Cuando se redactó la nota mencionada arriba, gobernaba la provincia un sujeto de gran cabeza, de nombre Eduardo Duhalde, quien tenía la manía compulsiva de cortar cintitas inaugurando cualquier cosa. Así "puso la piedra fundamental de la planta de coque el primero de agosto de 1993. Un mes después, la Shell ofreció pagar a la Municipalidad de Avellaneda dos millones y medio de dólares en concepto de 'tasas atrasadas'. Oficialmente la planta debía inaugurarse en enero de ese año. Pero el 'alerta' que dieron los vecinos (hubo varias movilizaciones) obligó a la Shell a postergar la inauguración oficial. De todas maneras -según cuentan varios testigos- la planta comenzó a funcionar clandestinamente a medidos de febrero. La diputada radical Silvia Vázquez -que presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe si la planta está inscripta en el Registro Nacional de Generadores de Residuos Peligrosos- dijo a Viva que en febrero pasado, mientras hacía una inspección oculta junto al juez Yérmanos, un alto ejecutivo de la Shell le confirmó que la planta estaba totalmente terminada. 'Me dijo que era la misma que habían tenido que desmontar en Holanda', recuerda Vázquez. 'Este tipo de planta es altamente contaminante, por eso la Shell tuvo que sacarla de Holanda, obligada por las autoridades. Según estudios realizados por organismos internacionales, estas plantas incrementan en un 60% la posibilidad de contraer cáncer', dice la legisladora. La Shell, en cambio, asegura que desmanteló la planta porque ya no era rentable".
De más está inferir que el Ejecutivo, a cargo de Carlos Menem, mandó al cajón del olvido el mentado proyecto de resolución en medio de estentóreas carcajadas. Una década luego de lo redactado, la planta de coque con su torre de 120 metros, sigue funcionando clandestinamente a veces de noche, y otras durante la mañana. Por supuesto, que ni el mencionado intendente, ni el gobernador Felipe Solá, ni el presidente pingüino le importan un bledo que los chicos del Doque respiren 15 gases de diferentes hidrocarburos sueltos en la atmósfera.
Monumento al curro y la cometa
"El Polo Petroquímico Dock Sud es un aglomerado de 42 empresas en 380 hectáreas. Por allí ingresa el 80% de los productos químicos que llegan al país", puntualiza el citado Novillo en una nota anterior. A mediados de este año que concluye, 140 familias de la denominada Villa Inflamable ocuparon un predio lindante al Shopping Alto Avellaneda huyendo de la contaminación que mata lentamente. Fiel a sus principios de otario, el intendente Álvarez de Olivera mostró su indignación y señaló que "hicimos una denuncia ante la Fiscalía N° 15 de Lomas de Zamora para pedir el desalojo del predio porque es claramente una usurpación. Ese lugar estaba destinado para la creación de una plaza y no puede ser que vengan a ocuparlo. Tampoco nos consta que la gente sea de Villa Inflamable. Sospechamos que hay una maniobra política para generar una situación de caos", manifestó al periodista Novillo..
El funcionario de marras omite que "varias asociaciones de vecinos y ambientalistas denuncian desde hace años que la contaminación generada por las empresas del Polo está enfermando a los vecinos. Una de ellas, la Agencia de Cooperación Japonesa, presentó en marzo de 2003 los resultados de un estudio: sobre 144 chicos de Villa Inflamable sometidos a análisis, 57 presentaron un alto nivel de plomo en sangre. La sustancia también apareció en el suelo de las viviendas. Y el aire tampoco estaba limpio: encontraron más de 15 gases hidrocarburos", sigue puntualizando Novillo.
Frente a tanta desidia, que ya lleve diez largos años, los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a ir erradicando a la brevedad a esta elaboradora de cáncer en serie.
En estos años transcurridos, no existió ni la más mínima voluntad política para acabar con este flagelo de raíz, pues como dice el dicho "poderoso caballero es Don Dinero", y entonces la solución a tan grave cuestión ni siquiera figuraba en las cacareadas promesas de campañas electorales.
Mientras no se ponga fin a esto, la gente proseguirá muriendo lentamente bajo un cielo cargado de veneno, situado a tan sólo diez minutos de la Casa Rosada.
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Fernando Paolella
"Cielos opacos, humo denso, olor fétido, calles rotas por camiones inmensos. Cuando cae la noche, los vecinos cierran puertas y ventanas, atrincherados en sus casas. Duelen las gargantas resecas, y en la piel aparecen extrañas ronchas. Son muchos los asmáticos, y los chicos se fatigan después de correr un poco. Ya no quedan pájaros y los árboles languidecen. A cuatro kilómetros de la Casa Rosada, rodeado por empresas petroleras y químicas, Dock Sud es un infierno. Un habitante del barrio, Jorge Ernesto Hiquis, lo describe en un poema: 'Montañas de azufre, que nos tapan el barrio de amarillo/ Cilindros de gas, que custodian nuestra muerte/ Silos de la Union Carbide, que nos traen recuerdos de Bhopal/ Y cruzando toda esta maravilla, los cables de alta tensión/ Como para que cuando alguno se corte, desaparezca hasta la misma Rosada'". De esta forma comienza la reveladora nota Dock Sud: viaje al polvorín de Buenos Aires, escrita por Alberto González Toro y publicada en la revista Viva un domingo de mediados de 1994.
Más de diez años después, el panorama en el denominado barrio es doblemente desolador, a tal punto que "el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el alemán Karl-Heinz Florenz, visitó el Polo Petroquímico de Dock Sud, tras lo cual dijo que elevará un informe para denunciar el alto nivel de contaminación que notó en esa área industrial de Avellaneda, en la que funcionan varias firmas europeas. 'I'm shocked' (estoy impresionado), esa fue la expresión que utilizó Florenz luego de su paso por el Polo. El funcionario alemán vino al país a participar de la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en Buenos Aires. Fuera de programa, el lunes pasado recorrió el Polo Petroquímico junto con el intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Olivera, y otros funcionarios municipales y provinciales. También visitó el asentamiento de Villa Tranquila", según constata Pablo Novillo en la edición de Clarín del lunes 27 de diciembre del 2004.
Cuando se redactó la nota mencionada arriba, gobernaba la provincia un sujeto de gran cabeza, de nombre Eduardo Duhalde, quien tenía la manía compulsiva de cortar cintitas inaugurando cualquier cosa. Así "puso la piedra fundamental de la planta de coque el primero de agosto de 1993. Un mes después, la Shell ofreció pagar a la Municipalidad de Avellaneda dos millones y medio de dólares en concepto de 'tasas atrasadas'. Oficialmente la planta debía inaugurarse en enero de ese año. Pero el 'alerta' que dieron los vecinos (hubo varias movilizaciones) obligó a la Shell a postergar la inauguración oficial. De todas maneras -según cuentan varios testigos- la planta comenzó a funcionar clandestinamente a medidos de febrero. La diputada radical Silvia Vázquez -que presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe si la planta está inscripta en el Registro Nacional de Generadores de Residuos Peligrosos- dijo a Viva que en febrero pasado, mientras hacía una inspección oculta junto al juez Yérmanos, un alto ejecutivo de la Shell le confirmó que la planta estaba totalmente terminada. 'Me dijo que era la misma que habían tenido que desmontar en Holanda', recuerda Vázquez. 'Este tipo de planta es altamente contaminante, por eso la Shell tuvo que sacarla de Holanda, obligada por las autoridades. Según estudios realizados por organismos internacionales, estas plantas incrementan en un 60% la posibilidad de contraer cáncer', dice la legisladora. La Shell, en cambio, asegura que desmanteló la planta porque ya no era rentable".
De más está inferir que el Ejecutivo, a cargo de Carlos Menem, mandó al cajón del olvido el mentado proyecto de resolución en medio de estentóreas carcajadas. Una década luego de lo redactado, la planta de coque con su torre de 120 metros, sigue funcionando clandestinamente a veces de noche, y otras durante la mañana. Por supuesto, que ni el mencionado intendente, ni el gobernador Felipe Solá, ni el presidente pingüino le importan un bledo que los chicos del Doque respiren 15 gases de diferentes hidrocarburos sueltos en la atmósfera.
Monumento al curro y la cometa
"El Polo Petroquímico Dock Sud es un aglomerado de 42 empresas en 380 hectáreas. Por allí ingresa el 80% de los productos químicos que llegan al país", puntualiza el citado Novillo en una nota anterior. A mediados de este año que concluye, 140 familias de la denominada Villa Inflamable ocuparon un predio lindante al Shopping Alto Avellaneda huyendo de la contaminación que mata lentamente. Fiel a sus principios de otario, el intendente Álvarez de Olivera mostró su indignación y señaló que "hicimos una denuncia ante la Fiscalía N° 15 de Lomas de Zamora para pedir el desalojo del predio porque es claramente una usurpación. Ese lugar estaba destinado para la creación de una plaza y no puede ser que vengan a ocuparlo. Tampoco nos consta que la gente sea de Villa Inflamable. Sospechamos que hay una maniobra política para generar una situación de caos", manifestó al periodista Novillo..
El funcionario de marras omite que "varias asociaciones de vecinos y ambientalistas denuncian desde hace años que la contaminación generada por las empresas del Polo está enfermando a los vecinos. Una de ellas, la Agencia de Cooperación Japonesa, presentó en marzo de 2003 los resultados de un estudio: sobre 144 chicos de Villa Inflamable sometidos a análisis, 57 presentaron un alto nivel de plomo en sangre. La sustancia también apareció en el suelo de las viviendas. Y el aire tampoco estaba limpio: encontraron más de 15 gases hidrocarburos", sigue puntualizando Novillo.
Frente a tanta desidia, que ya lleve diez largos años, los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a ir erradicando a la brevedad a esta elaboradora de cáncer en serie.
En estos años transcurridos, no existió ni la más mínima voluntad política para acabar con este flagelo de raíz, pues como dice el dicho "poderoso caballero es Don Dinero", y entonces la solución a tan grave cuestión ni siquiera figuraba en las cacareadas promesas de campañas electorales.
Mientras no se ponga fin a esto, la gente proseguirá muriendo lentamente bajo un cielo cargado de veneno, situado a tan sólo diez minutos de la Casa Rosada.
Estrategias de desarrollo para la Cuenca
Estrategias de desarrollo para la Cuenca Matanza - Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Eduardo Reese
No resulta ocioso volver a afirmar que el Area Metropolitana de Buenos Aires enfrenta un enorme desafío en el ámbito económico y social: promover el desarrollo integral y el manejo de los recursos naturales y el ambiente. El primer aspecto, forma parte de las aspiraciones históricas de la población, el segundo, en cambio, se ha incorporado progresivamente a las preocupaciones centrales del desarrollo especialmente en los últimos treinta años.
Estos complejos e importantes retos que plantea el desarrollo sostenible, se presentan con mayor urgencia y preocupación en las zonas más sensibles al deterioro como la Cuenca Matanza - Riachuelo.
La situación de la cuenca, como en todo territorio densamente urbanizado, es de gran complejidad por la estrecha interrelación que tienen los múltiples factores y variables que la conforman. Sin embargo dos de estos factores monopolizaron históricamente las preocupaciones y los debates: en primer lugar, la contaminación y los volcamientos de diferentes efluentes orgánicos e inorgánicos y, en segundo lugar, el problema de las inundaciones. Sin duda, estos son los problemas mas visibles y evidentes pero, como se ha dicho y se ha planteado reiteradamente, las problemáticas que afectan a un territorio son mucho más complejas que aquello que las evidencias muestran. La contaminación y las inundaciones no son otra cosa que los emergentes de un modelo de desarrollo metropolitano que combinó un sistema socio económico que consolida fuertes desigualdades internalizando las ganancias y socializando los costos, un mercado de suelo promotor de la ocupación indiscriminada del territorio y unas políticas públicas dispersas y en, muchos casos, negligentes.
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Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Eduardo Reese
No resulta ocioso volver a afirmar que el Area Metropolitana de Buenos Aires enfrenta un enorme desafío en el ámbito económico y social: promover el desarrollo integral y el manejo de los recursos naturales y el ambiente. El primer aspecto, forma parte de las aspiraciones históricas de la población, el segundo, en cambio, se ha incorporado progresivamente a las preocupaciones centrales del desarrollo especialmente en los últimos treinta años.
Estos complejos e importantes retos que plantea el desarrollo sostenible, se presentan con mayor urgencia y preocupación en las zonas más sensibles al deterioro como la Cuenca Matanza - Riachuelo.
La situación de la cuenca, como en todo territorio densamente urbanizado, es de gran complejidad por la estrecha interrelación que tienen los múltiples factores y variables que la conforman. Sin embargo dos de estos factores monopolizaron históricamente las preocupaciones y los debates: en primer lugar, la contaminación y los volcamientos de diferentes efluentes orgánicos e inorgánicos y, en segundo lugar, el problema de las inundaciones. Sin duda, estos son los problemas mas visibles y evidentes pero, como se ha dicho y se ha planteado reiteradamente, las problemáticas que afectan a un territorio son mucho más complejas que aquello que las evidencias muestran. La contaminación y las inundaciones no son otra cosa que los emergentes de un modelo de desarrollo metropolitano que combinó un sistema socio económico que consolida fuertes desigualdades internalizando las ganancias y socializando los costos, un mercado de suelo promotor de la ocupación indiscriminada del territorio y unas políticas públicas dispersas y en, muchos casos, negligentes.
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¿Limpiar el Riachuelo?
¿Limpiar el Riachuelo?
Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Antonio Elio Brailovsky
Tal vez lo más sugestivo del último intento fallido de limpieza del Riachuelo no haya sido la falta de voluntad política. Estábamos acostumbrados a eso desde septiembre de 1871, cuando la ley de erradicación de los saladeros fue la última acción seria de saneamiento.
Esta vez, lo que más llama la atención es la absoluta incompetencia profesional de las cabezas encargadas de hacer una tarea mucho más difícil que organizar un mundial de fútbol, según la poco feliz expresión de la Secretaria de Ambiente. La diferencia de fondo es que el fútbol se juega a la vista de todos. Aquí, por el contrario, los que protegen a los contaminadores se ocultan entre los pliegues del poder y el público
nunca ve a los verdaderos jugadores.
Pero el llamado Plan lo hizo un grupo cerrado, sin aprovechar la experiencia y conocimientos de los profesionales de un organismo como la Secretaría de Ambiente, que hace 35 años viene trabajando el tema. ¿Sabían tanto que no los necesitaban o simplemente no se dieron cuenta de los complejo que es el tema? Por lo visto, el principio constitucional de idoneidad para quienes ocupen cargos públicos no parece
regir para los niveles políticos. Recordemos, sin embargo, que entregar la Secretaría de Ambiente a un equipo incompetente es, también, una decisión de prioridades políticas: nadie ha puesto nunca un inútil para dirigir el Banco Central o cualquier otro organismo encargado de manejar el dinero.
En este contexto, discutir un Plan que nadie tiene interés o capacidad para llevar a la práctica es un ejercicio intelectual, pero el que esto escribe es docente y está habituado a hacer en el aula reflexiones que ayuden a pensar un tema, aún sabiendo que lo que allí se diga nunca llegará al mundo real.
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Fecha de Publicación: 16/01/2008
Autor del Artículo: Antonio Elio Brailovsky
Tal vez lo más sugestivo del último intento fallido de limpieza del Riachuelo no haya sido la falta de voluntad política. Estábamos acostumbrados a eso desde septiembre de 1871, cuando la ley de erradicación de los saladeros fue la última acción seria de saneamiento.
Esta vez, lo que más llama la atención es la absoluta incompetencia profesional de las cabezas encargadas de hacer una tarea mucho más difícil que organizar un mundial de fútbol, según la poco feliz expresión de la Secretaria de Ambiente. La diferencia de fondo es que el fútbol se juega a la vista de todos. Aquí, por el contrario, los que protegen a los contaminadores se ocultan entre los pliegues del poder y el público
nunca ve a los verdaderos jugadores.
Pero el llamado Plan lo hizo un grupo cerrado, sin aprovechar la experiencia y conocimientos de los profesionales de un organismo como la Secretaría de Ambiente, que hace 35 años viene trabajando el tema. ¿Sabían tanto que no los necesitaban o simplemente no se dieron cuenta de los complejo que es el tema? Por lo visto, el principio constitucional de idoneidad para quienes ocupen cargos públicos no parece
regir para los niveles políticos. Recordemos, sin embargo, que entregar la Secretaría de Ambiente a un equipo incompetente es, también, una decisión de prioridades políticas: nadie ha puesto nunca un inútil para dirigir el Banco Central o cualquier otro organismo encargado de manejar el dinero.
En este contexto, discutir un Plan que nadie tiene interés o capacidad para llevar a la práctica es un ejercicio intelectual, pero el que esto escribe es docente y está habituado a hacer en el aula reflexiones que ayuden a pensar un tema, aún sabiendo que lo que allí se diga nunca llegará al mundo real.
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Radiografía de la Argentina minera
Radiografía de la Argentina minera
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Artículo publicado el 13/01/08 en Pagina 12
Cuestionadas por las poblaciones afectadas, las minas de oro, plata y cobre se reproducen en Argentina. Ya se explotan nueve yacimientos, se construyen otros cinco y exploran 140. Prometen trabajo y desarrollo local, pero son denunciadas por contaminar y empobrecer las regiones. Aquí, un resumen de los emprendimientos más polémicos y resistidos por las comunidades.
No tan difundida como la industria papelera, la actividad minera de Argentina guarda perfil bajo, suele desarrollarse lejos de las ciudades y los métodos que utiliza son muy diferentes de los usados décadas atrás: ya no se trata de galerías, ya no hay picos ni palas, y ni siquiera hay mineros. Es una explotación altamente tecnificada, con monumentales obras, enormes maquinarias y millonarias exportaciones: 6000 millones de pesos por año, equivalente al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social durante todo 2007 o tres veces el presupuesto de Salud. Pero, al igual que las plantas de celulosa, también acumula cuestionamientos: el impacto ambiental; problemas para la agricultura, el exagerado uso de agua y el exiguo tributo de regalías. Cifras oficiales hablan de sólo nueve emprendimientos activos, pero hay otros cinco en construcción y 140 en exploración. “El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida”, es la ecuación que realizan más de 70 pueblos, de trece provincias, afectados por la minería de metales a gran escala. La advertencia no es casual: Argentina es la vedette de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan la explotación a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera, desde Jujuy hasta Santa Cruz.
Solo una empresa, Minera Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca), exporta por año 23 mil toneladas de concentrados de oro y, en una zona semidesértica, desecha 1100 litros de agua por segundo, casi cuatro millones de litros por hora. Los nuevos yacimientos son hasta tres veces más grandes, utilizan el sistema de extracción llamado “a cielo abierto”: con grandes explosiones de rocas y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel capaz de contaminar el aire, el suelo y las napas subterráneas.
Desde sectores tan diversos como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) hasta los grandes empresarios vitivinícolas remarcan que la minería a gran escala atenta contra otras formas de desarrollo (agricultura y cría de animales, entre otros).
Con el precio internacional del oro en la cotización más alta de los últimos 28 años (900 dólares la onza), la actividad es cuestionada por asambleas ciudadanas, vecinos autoconvocados, movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas. Las críticas tienen cuatro ejes: aseguran que la actividad no aporta al desarrollo local, no genera empleo significativo (salvo en la etapa de instalación), extrae recursos naturales no renovables con exiguos aportes al Estado y destruye el medio ambiente.
Las grandes empresas de minería internacional, que escapan de sus países por rígidos controles ambientales e impositivos, eligieron la Argentina, por las ventajas de su legislación: las empresas, hasta ahora, no cuentan con retenciones a las exportaciones (en diciembre, el Gobierno decidió el cobro del impuesto a sólo cuatro empresas y aún se espera una nueva legislación que elimine la exención del resto de las compañías), no deben liquidar divisas, no pagan impuestos a los combustibles ni tasas para la importación. Y en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Aquí, un breve recorrido por sólo trece de los emprendimientos mineros más polémicos de Argentina.
Patagonia Gold
Navidad: Se trata de uno de los emprendimientos de plata y plomo más grandes del mundo, llamado así porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El estudio determinó que estaban frente a un gran regalo: existen minerales por 3500 millones de dólares. Esa riqueza se la disputaron dos empresas canadienses: IMA Explorations y Aquiline Resources. El conflicto no se resolvió en la justicia local, sino en los tribunales canadienses, que otorgaron la explotación a Aquiline. Está ubicado en la localidad de Gastre, de 600 habitantes, en Chubut, zona de pequeña ganadería y cría de guanacos. En la etapa de exploración (cuando la empresa aún estaba en manos de IMA), se removió un cementerio indígena de 400 años de antigüedad. “Por este atropello, ese yacimiento estará maldito, nunca se realizará”, advirtieron los mapuches.
El Desquite: La lucha del pueblo de Esquel marcó un quiebre en la relación de las comunidades y las explotaciones de metales a gran escala. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados organizó una consulta popular (en 2003) donde la comunidad se pronunció por el rechazo. Se trata de un proyecto de oro y plata a cielo abierto, con uso de cianuro, a sólo diez kilómetros del centro urbano. Fue un hito en la lucha por los bienes naturales y sirvió como puntapié para la organización de otras comunidades del país. A pesar del tiempo y la sostenida resistencia, la empresa Meridian Gold (de Estados Unidos) mantiene el proyecto en cartera, tratando de seducir a los pobladores. Esquel fue el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades.
Calcatreu: La canadiense Aquiline trabaja desde hace cuatro años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en Ingeniero Jacobacci, Río Negro. Uno de los grandes opositores es el Parlamento Mapuche. Y también se organizaron vecinos autoconvocados, que rechazan cualquier emprendimiento minero a gran escala. El proyecto está ubicado a 200 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 80 del centro urbano de Jacobacci. La compañía admitió que está en etapa de “exploración avanzada”.
Cerro vanguardia: Es un yacimiento de oro y plata, cuya concesión minera se extiende por 514 Kilómetros cuadrados. Es la principal mina de metales preciosos, en cuanto a su proyección, del país: comenzó a construirse en 1997, la extracción se inició un año después y su vida útil llegará hasta el 2027. La explotación consiste en extracción a cielo abierto, que utiliza el proceso de lixiviación de cianuro. Existe muy poca información sobre su forma de trabajo y su implicación en el medio ambiente. Está ubicada en pleno desierto patagónico, la localidad más cercana (Puerto San Julián) está ubicada a 150 kilómetros del yacimiento. Es un proyecto impulsado por el ex gobernador y ex presidente, Néstor Kirchner. Es propiedad de Anglo Gold Ashanti (un consorcio británico y sudafricano), con participación de la provincia y del Grupo Perez Companc.
El Norte también brilla
Minera Alumbrera: Es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala. Funciona desde hace doce años en Andalgalá, Catamarca. Se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro (exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro). Es la mina más grande de Argentina y está gerenciada por un consorcio de empresas: la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. Es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y factura por año 680 millones de dólares. Para las asambleas ambientales, es el paradigma del fiasco minero. Aseguran que nada de lo que prometió se cumplió: no hubo desarrollo local, no hubo más trabajo (menos de 100 habitantes de Andalgalá trabajan en el yacimiento), y sí hubo casos de contaminación: sólo en los últimos dos años, hubo cuatro derrames del mineraloducto. La empresa acaba de extender la vida útil del yacimiento hasta el 2016.
Agua rica: La canadiense Yamana Gold comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en la cima de las montañas ubicadas frente a la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, durante 30 años. Los vecinos autoconvocados remarcan que de esa montaña nacen los tres ríos que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Muchas casas y tierras ya están en venta. Comenzará la construcción en el segundo semestre de este año y la producción en 2011.
Salar del Hombre Muerto: Es uno de los yacimientos más grandes de litio (metal indispensable para las baterías de celular). Se encuentra en plena puna catamarqueña, en el departamento Antofagasta de la Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC Lithium Corp. A raíz del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno, cuenta con la facilidad de una salida directa al Pacífico. Tiene capacidad para producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio. Cuenta con una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego.
Pirquitas y Minera Aguilar: En el departamento jujeño de Rinconada, a 346 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy y 4200 metros de altura, se encuentra la Mina Pirquitas. Fue, entre 1936 y 1989, una explotación subterránea de donde se extrajeron 20.000 toneladas de estaño y 25 millones de onzas de plata. Desde 1995, diferentes empresas evalúan la posibilidad de explotar el yacimiento a cielo abierto, con el cual podría extraer estaño, plata y zinc. La empresa canadiense Silver Standar es propietaria del proyecto. Minera Aguilar es un yacimiento de plomo, plata y zinc en etapa de exploración. Pertenece a la empresa suiza Glencore y está ubicada en el departamento de Humahuaca.
Cuyo: El Potosí argentino
Veladero: Está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina. En octubre de 2005, la empresa canadiense Barrick Gold comenzó la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex menemista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. También es impulsor de una insólita legislación que prohíbe y castiga con multas y arrestos de hasta 30 días cualquier protesta pública contra el accionar minero. “Será sancionado quien anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población”, advierte el artículo 113 del Régimen Contravencional de San Juan.
Pascua Lama: Es el primer proyecto binacional entre Chile y Argentina. Será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros del mundo. Pertenece a la canadiense Barrick Gold y extraerá oro y plata. Aseguran que no utilizará cianuro, pero igualmente será a cielo abierto. Ya cuenta con la aprobación de ambos países, las obras de infraestructura demandarán dos años. A mediados de 2009 estará exportando oro y plata de suelo sanjuanino. Es, sin duda, el proyecto más polémico. “Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas”, graficaron los ambientalistas de San Juan. Tiene una vida útil de 23 años, utilizará 370 litros de agua por segundo, dinamitará 45.000 toneladas de montaña por día y cuenta con reservas por 20.000 millones de dólares. Utilizará, por mes, 17 camiones con cianuro y 200 camiones con explosivos.
Pachón: El yacimiento fue descubierto en 1960. Pero nunca pasó la etapa de exploración. La empresa suiza Xstrata estima que cuando empiece a producir puede convertirse en el principal proveedor de cobre del país y su producción representaría el tres por ciento de la producción mundial. La multinacional planea comenzar la construcción este año, la producción en 2010 y tendrá una vida útil de veinte años. Será tres veces más grande que Veladero, está ubicado en Calingasta, a sólo tres kilómetros de la frontera con Chile. El sistema de extracción también será a cielo abierto. Es un yacimiento de cobre y molibdeno, aunque también tiene oro y plata.
Famatina: La canadiense Barrick Gold también pretende explotar una mina de oro y plata en el cerro Famatina, La Rioja. Los pueblos de la región cuestionaron el proyecto con campañas de difusión, marchas y un corte de ruta en el paraje Peñas Negras, a 1800 metros de altura, que ya lleva diez meses. Lograron que la legislatura prohibiera la minería a cielo abierto. En agosto, el gobernador Beder Herrera aseguró ante la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que en La Rioja serán bienvenidas las empresas mineras. En el paraje de Peñas Negras, la asamblea riojana continuará con el corte de ruta hasta que Barrick abandone el proyecto.
Barrick Gold, un botónde muestra
“Con Pascua Lama, Barrick Gold será la empresa líder del sector minero a nivel mundial”, publicita la compañía canadiense. Fundada en 1983, y con presencia en 16 países de cuatro continentes, cuenta con doce minas en funcionamiento y siete proyectos en exploración avanzados. Sus acciones cotizan en las bolsas de Toronto, Nueva York y Londres. En América latina tiene proyectos en Perú, Chile y Argentina. La facturación neta de 2006 fue de 1510 millones de dólares. Según denuncias de decenas de organizaciones ambientales y de derechos humanos, el origen del capital inicial proviene del tráfico de armas. Y cuentan con un accionista y asesor honorario famoso: George Bush (padre), ex presidente de Estados Unidos.
El 25 de noviembre de 2006, un conjunto de organizaciones sociales (incluidos Amnesty Internacional, grupos religiosos, entidades ambientalistas y de derechos indígenas) conformaron en Chile el Tribunal Transnacional de Minería, donde analizaron el papel de Barrick en la región. Participaron comunidades de Chile, Argentina y Perú. La conclusión: “Barrick Gold es responsable de graves atropellos ambientales, sociales, culturales y económicos como producto de sus políticas, programas y acciones contra los territorios y pueblos de la región”. También en Chile, el Movimiento de Lucha Contra Pascua Lama (integrado por agricultores, indígenas y sectores católicos) presentó en 2007 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen la paralización de las obras y un estudio independiente de impacto ambiental.
Una reciente investigación –“Los secretos sucios de Barrick”, realizada por un colectivo de organizaciones sociales de Argentina, Australia, Canadá, Chile y Perú– sobre el accionar de Barrick Gold en los 16 países donde opera afirma: “Los intereses de Barrick y los intereses de las comunidades van unos en contra de otros. Deja una destructiva herencia ambiental y el agotamiento del agua es una de sus principales consecuencias”. Aunque se centra en el accionar de Barrick, el informe mundial alerta: “Barrick no sólo representa los abusos de una empresa, sino los de toda una industria”.
Los números del negocio
- 370 litros de agua por segundo utilizará Pascua Lama (el mayor yacimiento en construcción).
- 79 toneladas de desperdicios se producen para extraer una onza de oro.
- 45.000 toneladas de roca por día se explotarán en Pascua Lama.
- 30 derrames de cianuro en los últimos cinco años (en el mundo).
- 3 por ciento de regalías (valor boca de mina, evitando los procesos que agregan valor).
- 6000 millones de pesos en exportaciones metalíferas en Argentina.
- 5000 kilómetros de cordillera comparten Argentina y Chile.
- 9 proyectos en explotación.
- 5 proyectos en construcción.
- 140 proyectos en exploración.
- 13 provincias con exploraciones.
- 75 por ciento de las regiones mineras de Argentina aún están inexploradas.
- 70 pueblos rechazan la actividad.
- 50.000 millones de dólares en reservas de oro y plata tiene el país.
- 30 años es la estabilidad fiscal para las empresas mineras.
- 900 dólares es el valor de la onza de oro (el precio más alto en los últimos 28 años).
- 24.196 es la ley aprobada en los ‘90 que beneficia impositivamente a las mineras.
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Artículo publicado el 13/01/08 en Pagina 12
Cuestionadas por las poblaciones afectadas, las minas de oro, plata y cobre se reproducen en Argentina. Ya se explotan nueve yacimientos, se construyen otros cinco y exploran 140. Prometen trabajo y desarrollo local, pero son denunciadas por contaminar y empobrecer las regiones. Aquí, un resumen de los emprendimientos más polémicos y resistidos por las comunidades.
No tan difundida como la industria papelera, la actividad minera de Argentina guarda perfil bajo, suele desarrollarse lejos de las ciudades y los métodos que utiliza son muy diferentes de los usados décadas atrás: ya no se trata de galerías, ya no hay picos ni palas, y ni siquiera hay mineros. Es una explotación altamente tecnificada, con monumentales obras, enormes maquinarias y millonarias exportaciones: 6000 millones de pesos por año, equivalente al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social durante todo 2007 o tres veces el presupuesto de Salud. Pero, al igual que las plantas de celulosa, también acumula cuestionamientos: el impacto ambiental; problemas para la agricultura, el exagerado uso de agua y el exiguo tributo de regalías. Cifras oficiales hablan de sólo nueve emprendimientos activos, pero hay otros cinco en construcción y 140 en exploración. “El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida”, es la ecuación que realizan más de 70 pueblos, de trece provincias, afectados por la minería de metales a gran escala. La advertencia no es casual: Argentina es la vedette de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan la explotación a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera, desde Jujuy hasta Santa Cruz.
Solo una empresa, Minera Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca), exporta por año 23 mil toneladas de concentrados de oro y, en una zona semidesértica, desecha 1100 litros de agua por segundo, casi cuatro millones de litros por hora. Los nuevos yacimientos son hasta tres veces más grandes, utilizan el sistema de extracción llamado “a cielo abierto”: con grandes explosiones de rocas y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel capaz de contaminar el aire, el suelo y las napas subterráneas.
Desde sectores tan diversos como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) hasta los grandes empresarios vitivinícolas remarcan que la minería a gran escala atenta contra otras formas de desarrollo (agricultura y cría de animales, entre otros).
Con el precio internacional del oro en la cotización más alta de los últimos 28 años (900 dólares la onza), la actividad es cuestionada por asambleas ciudadanas, vecinos autoconvocados, movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas. Las críticas tienen cuatro ejes: aseguran que la actividad no aporta al desarrollo local, no genera empleo significativo (salvo en la etapa de instalación), extrae recursos naturales no renovables con exiguos aportes al Estado y destruye el medio ambiente.
Las grandes empresas de minería internacional, que escapan de sus países por rígidos controles ambientales e impositivos, eligieron la Argentina, por las ventajas de su legislación: las empresas, hasta ahora, no cuentan con retenciones a las exportaciones (en diciembre, el Gobierno decidió el cobro del impuesto a sólo cuatro empresas y aún se espera una nueva legislación que elimine la exención del resto de las compañías), no deben liquidar divisas, no pagan impuestos a los combustibles ni tasas para la importación. Y en los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Aquí, un breve recorrido por sólo trece de los emprendimientos mineros más polémicos de Argentina.
Patagonia Gold
Navidad: Se trata de uno de los emprendimientos de plata y plomo más grandes del mundo, llamado así porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El estudio determinó que estaban frente a un gran regalo: existen minerales por 3500 millones de dólares. Esa riqueza se la disputaron dos empresas canadienses: IMA Explorations y Aquiline Resources. El conflicto no se resolvió en la justicia local, sino en los tribunales canadienses, que otorgaron la explotación a Aquiline. Está ubicado en la localidad de Gastre, de 600 habitantes, en Chubut, zona de pequeña ganadería y cría de guanacos. En la etapa de exploración (cuando la empresa aún estaba en manos de IMA), se removió un cementerio indígena de 400 años de antigüedad. “Por este atropello, ese yacimiento estará maldito, nunca se realizará”, advirtieron los mapuches.
El Desquite: La lucha del pueblo de Esquel marcó un quiebre en la relación de las comunidades y las explotaciones de metales a gran escala. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados organizó una consulta popular (en 2003) donde la comunidad se pronunció por el rechazo. Se trata de un proyecto de oro y plata a cielo abierto, con uso de cianuro, a sólo diez kilómetros del centro urbano. Fue un hito en la lucha por los bienes naturales y sirvió como puntapié para la organización de otras comunidades del país. A pesar del tiempo y la sostenida resistencia, la empresa Meridian Gold (de Estados Unidos) mantiene el proyecto en cartera, tratando de seducir a los pobladores. Esquel fue el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades.
Calcatreu: La canadiense Aquiline trabaja desde hace cuatro años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en Ingeniero Jacobacci, Río Negro. Uno de los grandes opositores es el Parlamento Mapuche. Y también se organizaron vecinos autoconvocados, que rechazan cualquier emprendimiento minero a gran escala. El proyecto está ubicado a 200 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 80 del centro urbano de Jacobacci. La compañía admitió que está en etapa de “exploración avanzada”.
Cerro vanguardia: Es un yacimiento de oro y plata, cuya concesión minera se extiende por 514 Kilómetros cuadrados. Es la principal mina de metales preciosos, en cuanto a su proyección, del país: comenzó a construirse en 1997, la extracción se inició un año después y su vida útil llegará hasta el 2027. La explotación consiste en extracción a cielo abierto, que utiliza el proceso de lixiviación de cianuro. Existe muy poca información sobre su forma de trabajo y su implicación en el medio ambiente. Está ubicada en pleno desierto patagónico, la localidad más cercana (Puerto San Julián) está ubicada a 150 kilómetros del yacimiento. Es un proyecto impulsado por el ex gobernador y ex presidente, Néstor Kirchner. Es propiedad de Anglo Gold Ashanti (un consorcio británico y sudafricano), con participación de la provincia y del Grupo Perez Companc.
El Norte también brilla
Minera Alumbrera: Es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala. Funciona desde hace doce años en Andalgalá, Catamarca. Se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro (exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro). Es la mina más grande de Argentina y está gerenciada por un consorcio de empresas: la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. Es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y factura por año 680 millones de dólares. Para las asambleas ambientales, es el paradigma del fiasco minero. Aseguran que nada de lo que prometió se cumplió: no hubo desarrollo local, no hubo más trabajo (menos de 100 habitantes de Andalgalá trabajan en el yacimiento), y sí hubo casos de contaminación: sólo en los últimos dos años, hubo cuatro derrames del mineraloducto. La empresa acaba de extender la vida útil del yacimiento hasta el 2016.
Agua rica: La canadiense Yamana Gold comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en la cima de las montañas ubicadas frente a la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, durante 30 años. Los vecinos autoconvocados remarcan que de esa montaña nacen los tres ríos que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Muchas casas y tierras ya están en venta. Comenzará la construcción en el segundo semestre de este año y la producción en 2011.
Salar del Hombre Muerto: Es uno de los yacimientos más grandes de litio (metal indispensable para las baterías de celular). Se encuentra en plena puna catamarqueña, en el departamento Antofagasta de la Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC Lithium Corp. A raíz del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno, cuenta con la facilidad de una salida directa al Pacífico. Tiene capacidad para producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio. Cuenta con una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego.
Pirquitas y Minera Aguilar: En el departamento jujeño de Rinconada, a 346 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy y 4200 metros de altura, se encuentra la Mina Pirquitas. Fue, entre 1936 y 1989, una explotación subterránea de donde se extrajeron 20.000 toneladas de estaño y 25 millones de onzas de plata. Desde 1995, diferentes empresas evalúan la posibilidad de explotar el yacimiento a cielo abierto, con el cual podría extraer estaño, plata y zinc. La empresa canadiense Silver Standar es propietaria del proyecto. Minera Aguilar es un yacimiento de plomo, plata y zinc en etapa de exploración. Pertenece a la empresa suiza Glencore y está ubicada en el departamento de Humahuaca.
Cuyo: El Potosí argentino
Veladero: Está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina. En octubre de 2005, la empresa canadiense Barrick Gold comenzó la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex menemista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. También es impulsor de una insólita legislación que prohíbe y castiga con multas y arrestos de hasta 30 días cualquier protesta pública contra el accionar minero. “Será sancionado quien anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población”, advierte el artículo 113 del Régimen Contravencional de San Juan.
Pascua Lama: Es el primer proyecto binacional entre Chile y Argentina. Será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros del mundo. Pertenece a la canadiense Barrick Gold y extraerá oro y plata. Aseguran que no utilizará cianuro, pero igualmente será a cielo abierto. Ya cuenta con la aprobación de ambos países, las obras de infraestructura demandarán dos años. A mediados de 2009 estará exportando oro y plata de suelo sanjuanino. Es, sin duda, el proyecto más polémico. “Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas”, graficaron los ambientalistas de San Juan. Tiene una vida útil de 23 años, utilizará 370 litros de agua por segundo, dinamitará 45.000 toneladas de montaña por día y cuenta con reservas por 20.000 millones de dólares. Utilizará, por mes, 17 camiones con cianuro y 200 camiones con explosivos.
Pachón: El yacimiento fue descubierto en 1960. Pero nunca pasó la etapa de exploración. La empresa suiza Xstrata estima que cuando empiece a producir puede convertirse en el principal proveedor de cobre del país y su producción representaría el tres por ciento de la producción mundial. La multinacional planea comenzar la construcción este año, la producción en 2010 y tendrá una vida útil de veinte años. Será tres veces más grande que Veladero, está ubicado en Calingasta, a sólo tres kilómetros de la frontera con Chile. El sistema de extracción también será a cielo abierto. Es un yacimiento de cobre y molibdeno, aunque también tiene oro y plata.
Famatina: La canadiense Barrick Gold también pretende explotar una mina de oro y plata en el cerro Famatina, La Rioja. Los pueblos de la región cuestionaron el proyecto con campañas de difusión, marchas y un corte de ruta en el paraje Peñas Negras, a 1800 metros de altura, que ya lleva diez meses. Lograron que la legislatura prohibiera la minería a cielo abierto. En agosto, el gobernador Beder Herrera aseguró ante la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que en La Rioja serán bienvenidas las empresas mineras. En el paraje de Peñas Negras, la asamblea riojana continuará con el corte de ruta hasta que Barrick abandone el proyecto.
Barrick Gold, un botónde muestra
“Con Pascua Lama, Barrick Gold será la empresa líder del sector minero a nivel mundial”, publicita la compañía canadiense. Fundada en 1983, y con presencia en 16 países de cuatro continentes, cuenta con doce minas en funcionamiento y siete proyectos en exploración avanzados. Sus acciones cotizan en las bolsas de Toronto, Nueva York y Londres. En América latina tiene proyectos en Perú, Chile y Argentina. La facturación neta de 2006 fue de 1510 millones de dólares. Según denuncias de decenas de organizaciones ambientales y de derechos humanos, el origen del capital inicial proviene del tráfico de armas. Y cuentan con un accionista y asesor honorario famoso: George Bush (padre), ex presidente de Estados Unidos.
El 25 de noviembre de 2006, un conjunto de organizaciones sociales (incluidos Amnesty Internacional, grupos religiosos, entidades ambientalistas y de derechos indígenas) conformaron en Chile el Tribunal Transnacional de Minería, donde analizaron el papel de Barrick en la región. Participaron comunidades de Chile, Argentina y Perú. La conclusión: “Barrick Gold es responsable de graves atropellos ambientales, sociales, culturales y económicos como producto de sus políticas, programas y acciones contra los territorios y pueblos de la región”. También en Chile, el Movimiento de Lucha Contra Pascua Lama (integrado por agricultores, indígenas y sectores católicos) presentó en 2007 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen la paralización de las obras y un estudio independiente de impacto ambiental.
Una reciente investigación –“Los secretos sucios de Barrick”, realizada por un colectivo de organizaciones sociales de Argentina, Australia, Canadá, Chile y Perú– sobre el accionar de Barrick Gold en los 16 países donde opera afirma: “Los intereses de Barrick y los intereses de las comunidades van unos en contra de otros. Deja una destructiva herencia ambiental y el agotamiento del agua es una de sus principales consecuencias”. Aunque se centra en el accionar de Barrick, el informe mundial alerta: “Barrick no sólo representa los abusos de una empresa, sino los de toda una industria”.
Los números del negocio
- 370 litros de agua por segundo utilizará Pascua Lama (el mayor yacimiento en construcción).
- 79 toneladas de desperdicios se producen para extraer una onza de oro.
- 45.000 toneladas de roca por día se explotarán en Pascua Lama.
- 30 derrames de cianuro en los últimos cinco años (en el mundo).
- 3 por ciento de regalías (valor boca de mina, evitando los procesos que agregan valor).
- 6000 millones de pesos en exportaciones metalíferas en Argentina.
- 5000 kilómetros de cordillera comparten Argentina y Chile.
- 9 proyectos en explotación.
- 5 proyectos en construcción.
- 140 proyectos en exploración.
- 13 provincias con exploraciones.
- 75 por ciento de las regiones mineras de Argentina aún están inexploradas.
- 70 pueblos rechazan la actividad.
- 50.000 millones de dólares en reservas de oro y plata tiene el país.
- 30 años es la estabilidad fiscal para las empresas mineras.
- 900 dólares es el valor de la onza de oro (el precio más alto en los últimos 28 años).
- 24.196 es la ley aprobada en los ‘90 que beneficia impositivamente a las mineras.
Nos tapó...
Nos tapó...
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Autor del Artículo: Sergio Federovisky - Artículo Publicado el 12/01/2008 en Página 12
“Arbolé, arbolé seco y verdé”
Copla popular española.
Lo políticamente correcto es defender los bosques. La realidad, en cambio, parece empeñada en demostrar que el progreso y la felicidad vienen de la mano de una topadora o una motosierra que nos limpiará el terreno para que llegue la buenaventura.
¿Qué se pierde cuando se cae un árbol?
La historia de los bosques en el mundo es la historia de la supervivencia o, en todo caso, de la batalla eterna por postergar el fin definitivo de esos ecosistemas y su reemplazo inexorable por campos de cultivo o, en el peor de los casos, por desiertos.
Desde que el hombre se asentó tecnológicamente sobre el planeta y, revolución industrial y petróleo mediante, dio un salto de calidad en la productividad, los bosques se redujeron a la mitad de su superficie original. Pero como toda tendencia asociada al medio ambiente es al empeoramiento en progresión geométrica de sus impactos negativos, en los últimos cuarenta años se concentró la mayor tasa de deforestación.
Y de esas cuatro últimas décadas, según los datos que provienen de los informes regulares de la “Situación de los bosques en el mundo” que elabora la Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO), lo más grave ocurrió entre 1990 y 2000.
Los ecólogos sostienen que defender un ecosistema, y más uno que tiene una riqueza y una variabilidad biológica única como los bosques nativos, no es un ejercicio de romanticismo sino de eficacia. El padre de la ecología en castellano, el español Ramón Margalef, decía que en última instancia defender un ecosistema es una forma de reconocer que el anclaje primario de la humanidad es la naturaleza: “La intelectualidad se niega a aceptar al hombre como vástago de la naturaleza y hay un desinterés total en la inserción de la actividad humana en el entorno”.
Resulta curioso que mientras el bosque es uno de los estadios de mayor complejidad y sofisticación en la evolución del mundo natural, esa “intelectualidad” a la que se refería Margalef insista en que el progreso es un campo arado, destinado a la siembra directa y condenado al escalón más bajo e inestable de la diversidad: el monocultivo.
Mi bosque por un reino
Cuando en Uruguay se daba, al comienzo de la historia del conflicto acerca de las papeleras, un modesto debate sobre el valor de los monocultivos de eucaliptos como sucedáneos de los bosques (o directamente como falsos bosques sembrados con una sola especie), el ministro de Agricultura, José Mujica, les respondió a quienes alegaban que esos sembradíos uniformes eran un aporte favorable al medio ambiente: “Nunca vi que la naturaleza haga el mamarracho de hacer un bosque de una sola especie. Eso es un invento del hombre. La naturaleza cree en la diversidad y en los equilibrios permanentes”.
Defender un bosque, claro está, es un camino a contramano del envión que arrastra a la economía de mercado. Como ocurre en todos los procesos de devastación del ámbito natural debido a la persecución de los recursos naturales, no se trata de maldad o perversión sino de la ley de gravedad (en el doble sentido del término) que impone el capitalismo.
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas sostiene que la globalización “está por detrás de muchos de los problemas ambientales que padece América latina”. Y particularmente, por la forma en que la globalización impone los flujos, modalidades y productos de exportación, está por detrás del increíblemente acelerado proceso de deforestación.
Datos fríos
¿Por qué hay tanta presión sobre los recursos naturales? ¿Por qué tanta fruición puesta en mover más allá de lo razonable la frontera agropecuaria para plantar soja? ¿Sólo porque es buen negocio para los vendedores de semillas o para los productores que creyeron descubrir Eldorado en forma de poroto de soja?
La respuesta se encuentra en la balanza comercial de esta región. En Brasil, el país más industrializado de esta parte del mundo, el 60 por ciento de las exportaciones totales en el año 2005 fueron materias primas. Ese porcentaje crece en toda América latina hasta llegar al 85 o el 89 por ciento en países como Perú y Bolivia.
Como dijo Gudynas ante un auditorio en el que algunos tomaron la ironía como broma ácida y otros, como amarga fotografía de la realidad: “La sobrevivencia de un pedazo de bosque no depende de una ley en el Congreso sino de la cotización que ese día tenga la soja en el puerto de Chicago”.
La Argentina, que desde hace tiempo ha decidido liderar cuanta carrera de persecución de records negativos se disponga en el planeta, rápidamente se puso al frente del marasmo. Para acentuarlo, claro.
El informe de la FAO dice lo suyo
El informe de la FAO elabora una tasa de deforestación anual en la que contempla –como si fueran lo mismo– los bosques nativos talados y los monocultivos forestales plantados. No obstante, es una buena fotografía que refleja la cantidad de superficie cubierta por árboles que tiene determinado país.
El único índice positivo lo tiene Uruguay, aunque es discutible pues es resultado de las plantaciones destinadas a brindar troncos de árboles a Botnia para producir pasta de celulosa, materia prima sin elaborar que se exporta prácticamente en su totalidad sin valor agregado alguno.
El resto del continente se debate en una tasa negativa (es decir, una pérdida neta de superficie boscosa) del orden del 0,2 al 0,4 por ciento, éste último el valor de Brasil, un país con una insoportable presión deforestadora sobre el Amazonas.
Argentina campeón mundial
La Argentina presenta la nota más baja: 0,8 por ciento de pérdida de superficie de bosques de un año para el otro. Pero si se toma sólo la superficie original de las provincias en las cuales hay una presión directa sobre los bosques para talarlos y sembrar soja o poner ganadería (Chaco, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero), ese valor llega a 1,35 por ciento.
En valor contante y sonante, eso significa para esas provincias una deforestación de casi 1.200.000 hectáreas sólo entre 2002 y 2006.
Algunos, con cierto grado de complacencia respecto del accionar continuo de las topadoras, se consuelan registrando los manchones de bosque que quedan entre los campos lisos.
Esos espacios que supuestamente resguardan trozos de bosque deben ser representativos y contar con la extensión suficiente para garantizar la conservación del ecosistema. Caso contrario, actúa el efecto borde, en el que debido a la formidable parcelación de los bosques proliferan especies específicas de ese espacio y no representativas del ecosistema original.
No me peguen, soy un árbol
“Ya hay más bordes que bosques”, ironizó hace unos años Margalef en su crítica a la política de conservación de bosques, sobre la que el gobierno español de José María Aznar pretendía reconocimiento.
Hoy, claramente, los dos ecosistemas más amenazados del norte de la Argentina (las Yungas, en la faja que va vertical de Salta a Tucumán, y el conocido como “Bosque de los tres quebrachos” en el centro-oeste del Chaco) son virtuales islas de “bordes”.
Los expertos consideran que para que un ecosistema “siga existiendo” debe estar presente entre el 15 y el 25 por ciento de la cobertura original. En los ambientes ruralizados del Chaco, las pérdidas de masa forestal ya superan el 85 por ciento: aun cuando se haya votado una ley para protegerlo, el “Bosque de los tres quebrachos” no deja demasiado margen a la esperanza.
Y con la deforestación vendrán tempestades
Perder el bosque no es apenas dejar de tener el testimonio de un ecosistema. Hay una clara enumeración de consecuencias (malas) que aparecen al perder el bosque: erosión, inundaciones, mayor acumulación de gases contaminantes en la atmósfera, desertificación...
En Salta, nadie deja de asociar el literal derrumbe de Tartagal a manos de un río desbordado de agua que, en otro tiempo, hubiera sido absorbido por la selva.
En ese contexto se debatió durante los dos últimos años la Ley de Bosques que se acaba de aprobar. Debatir, en verdad, es una palabra exagerada.
Se expusieron de un lado (quienes defendían la necesidad de una norma que detuviera la barbarie) los argumentos dramáticos del apocalipsis boscoso y, del otro, el lobby más desenfrenado bajo la excusa de que no autorizar el desmonte del bosque para arar la tierra es postergar la llegada del progreso.
Jurisprudencia verde
Plantear la opción bosque versus agricultura, como si el primer término fuera sinónimo de hambre y el segundo de progreso, es una trampa. Máxime cuando proviene de provincias en las que la devastación de los recursos naturales y el empobrecimiento de la gente fueron siempre de la mano.
Adámoli reconoce que la región chaqueña tiene aún un inmenso potencial de tierras que puede aportar en este momento de demanda internacional en la producción de alimentos.
Pero hace dos salvedades. Por un lado, más desde el sentido común que desde la ecología, se pregunta si los recursos que se obtengan del actual boom sojero van a servir para disminuir o aumentar la brecha social en la Argentina.
Y, por otro lado, advierte que “hay una situación de descontrol; el actual proceso muestra diversos indicadores ambientales y sociales que cuestionan la sustentabilidad de la expansión”.
La ley de bosques: buena, pero tardía
La Ley de Bosques, por la que el ambientalismo militó durante dos años, es buena, pero tardía. Es sana, pero nacida del chantaje. Es buena porque impone una moratoria de un año durante el cual las provincias no pueden autorizar nuevos desmontes hasta que se elabore un plan de ordenamiento territorial que le otorguen al bosque categorías de posible o nula explotación futura.
Pero es tardía porque, a sabiendas de que cada tierra fiscal otrora marginal adquiere valor de mercado ante cada aumento del precio de la soja, los gobiernos y los productores se lanzaron a la caza del terreno virgen, postergando lo más posible el tratamiento de la ley: en el transcurso de 2007, sólo la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 280.301 hectáreas.
Estos desmontes resultan cuatro veces más que los autorizados el año anterior, y equivalen a 14 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La ley es sana, pues su propósito no es mantener al bosque como una foto impoluta de un paisaje alrededor del cual se amontonan turistas maravillados y pobres de solemnidad, ambos impedidos siquiera de acercarse a un árbol.
Por el contrario, apela a una planificación del territorio que tienda a hacer convivir la producción con el bosque como ámbito de obtención de recursos naturales con modalidades productivas sustentables. Pero nació de la extorsión, pues las provincias que más desmontaron bestialmente, y que quedaron afónicas de tanto acusar al porteñismo de querer impedirles la agricultura en esas tierras para sumirlos en la miseria, fueron las primeras en votar la ley una vez que se les garantizó un absurdo fondo compensatorio de mil millones de pesos anuales.
Es como si, en caso de sanearse el Riachuelo, a los municipios del conurbano se les pagara para compensar la pérdida de dinero que les significa no contaminar.
Las convicciones acerca de que la agricultura era el progreso fueron depuestas por los senadores norteños, en el momento en que la ley incorporó un fondo compensatorio que englobará cerca de mil millones de pesos al año.
Una solución quizá práctica en la política si el objetivo era tener una ley, pero reveladora de un disparate conceptual: los habitantes de todo el país pagarán a los gobiernos y dueños de tierras de las provincias del Norte una cuota para que no destruyan recursos naturales que, más allá de leguleyos criterios de propiedad, pertenecen a la superficie de la Argentina.
Esa es la postal de un país que hace un siglo tenía el 30 por ciento de su superficie cubierta por bosques nativos. Un país donde los amantes del progreso creen que el árbol tapa el cultivo.
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Autor del Artículo: Sergio Federovisky - Artículo Publicado el 12/01/2008 en Página 12
“Arbolé, arbolé seco y verdé”
Copla popular española.
Lo políticamente correcto es defender los bosques. La realidad, en cambio, parece empeñada en demostrar que el progreso y la felicidad vienen de la mano de una topadora o una motosierra que nos limpiará el terreno para que llegue la buenaventura.
¿Qué se pierde cuando se cae un árbol?
La historia de los bosques en el mundo es la historia de la supervivencia o, en todo caso, de la batalla eterna por postergar el fin definitivo de esos ecosistemas y su reemplazo inexorable por campos de cultivo o, en el peor de los casos, por desiertos.
Desde que el hombre se asentó tecnológicamente sobre el planeta y, revolución industrial y petróleo mediante, dio un salto de calidad en la productividad, los bosques se redujeron a la mitad de su superficie original. Pero como toda tendencia asociada al medio ambiente es al empeoramiento en progresión geométrica de sus impactos negativos, en los últimos cuarenta años se concentró la mayor tasa de deforestación.
Y de esas cuatro últimas décadas, según los datos que provienen de los informes regulares de la “Situación de los bosques en el mundo” que elabora la Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO), lo más grave ocurrió entre 1990 y 2000.
Los ecólogos sostienen que defender un ecosistema, y más uno que tiene una riqueza y una variabilidad biológica única como los bosques nativos, no es un ejercicio de romanticismo sino de eficacia. El padre de la ecología en castellano, el español Ramón Margalef, decía que en última instancia defender un ecosistema es una forma de reconocer que el anclaje primario de la humanidad es la naturaleza: “La intelectualidad se niega a aceptar al hombre como vástago de la naturaleza y hay un desinterés total en la inserción de la actividad humana en el entorno”.
Resulta curioso que mientras el bosque es uno de los estadios de mayor complejidad y sofisticación en la evolución del mundo natural, esa “intelectualidad” a la que se refería Margalef insista en que el progreso es un campo arado, destinado a la siembra directa y condenado al escalón más bajo e inestable de la diversidad: el monocultivo.
Mi bosque por un reino
Cuando en Uruguay se daba, al comienzo de la historia del conflicto acerca de las papeleras, un modesto debate sobre el valor de los monocultivos de eucaliptos como sucedáneos de los bosques (o directamente como falsos bosques sembrados con una sola especie), el ministro de Agricultura, José Mujica, les respondió a quienes alegaban que esos sembradíos uniformes eran un aporte favorable al medio ambiente: “Nunca vi que la naturaleza haga el mamarracho de hacer un bosque de una sola especie. Eso es un invento del hombre. La naturaleza cree en la diversidad y en los equilibrios permanentes”.
Defender un bosque, claro está, es un camino a contramano del envión que arrastra a la economía de mercado. Como ocurre en todos los procesos de devastación del ámbito natural debido a la persecución de los recursos naturales, no se trata de maldad o perversión sino de la ley de gravedad (en el doble sentido del término) que impone el capitalismo.
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas sostiene que la globalización “está por detrás de muchos de los problemas ambientales que padece América latina”. Y particularmente, por la forma en que la globalización impone los flujos, modalidades y productos de exportación, está por detrás del increíblemente acelerado proceso de deforestación.
Datos fríos
¿Por qué hay tanta presión sobre los recursos naturales? ¿Por qué tanta fruición puesta en mover más allá de lo razonable la frontera agropecuaria para plantar soja? ¿Sólo porque es buen negocio para los vendedores de semillas o para los productores que creyeron descubrir Eldorado en forma de poroto de soja?
La respuesta se encuentra en la balanza comercial de esta región. En Brasil, el país más industrializado de esta parte del mundo, el 60 por ciento de las exportaciones totales en el año 2005 fueron materias primas. Ese porcentaje crece en toda América latina hasta llegar al 85 o el 89 por ciento en países como Perú y Bolivia.
Como dijo Gudynas ante un auditorio en el que algunos tomaron la ironía como broma ácida y otros, como amarga fotografía de la realidad: “La sobrevivencia de un pedazo de bosque no depende de una ley en el Congreso sino de la cotización que ese día tenga la soja en el puerto de Chicago”.
La Argentina, que desde hace tiempo ha decidido liderar cuanta carrera de persecución de records negativos se disponga en el planeta, rápidamente se puso al frente del marasmo. Para acentuarlo, claro.
El informe de la FAO dice lo suyo
El informe de la FAO elabora una tasa de deforestación anual en la que contempla –como si fueran lo mismo– los bosques nativos talados y los monocultivos forestales plantados. No obstante, es una buena fotografía que refleja la cantidad de superficie cubierta por árboles que tiene determinado país.
El único índice positivo lo tiene Uruguay, aunque es discutible pues es resultado de las plantaciones destinadas a brindar troncos de árboles a Botnia para producir pasta de celulosa, materia prima sin elaborar que se exporta prácticamente en su totalidad sin valor agregado alguno.
El resto del continente se debate en una tasa negativa (es decir, una pérdida neta de superficie boscosa) del orden del 0,2 al 0,4 por ciento, éste último el valor de Brasil, un país con una insoportable presión deforestadora sobre el Amazonas.
Argentina campeón mundial
La Argentina presenta la nota más baja: 0,8 por ciento de pérdida de superficie de bosques de un año para el otro. Pero si se toma sólo la superficie original de las provincias en las cuales hay una presión directa sobre los bosques para talarlos y sembrar soja o poner ganadería (Chaco, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero), ese valor llega a 1,35 por ciento.
En valor contante y sonante, eso significa para esas provincias una deforestación de casi 1.200.000 hectáreas sólo entre 2002 y 2006.
Algunos, con cierto grado de complacencia respecto del accionar continuo de las topadoras, se consuelan registrando los manchones de bosque que quedan entre los campos lisos.
Esos espacios que supuestamente resguardan trozos de bosque deben ser representativos y contar con la extensión suficiente para garantizar la conservación del ecosistema. Caso contrario, actúa el efecto borde, en el que debido a la formidable parcelación de los bosques proliferan especies específicas de ese espacio y no representativas del ecosistema original.
No me peguen, soy un árbol
“Ya hay más bordes que bosques”, ironizó hace unos años Margalef en su crítica a la política de conservación de bosques, sobre la que el gobierno español de José María Aznar pretendía reconocimiento.
Hoy, claramente, los dos ecosistemas más amenazados del norte de la Argentina (las Yungas, en la faja que va vertical de Salta a Tucumán, y el conocido como “Bosque de los tres quebrachos” en el centro-oeste del Chaco) son virtuales islas de “bordes”.
Los expertos consideran que para que un ecosistema “siga existiendo” debe estar presente entre el 15 y el 25 por ciento de la cobertura original. En los ambientes ruralizados del Chaco, las pérdidas de masa forestal ya superan el 85 por ciento: aun cuando se haya votado una ley para protegerlo, el “Bosque de los tres quebrachos” no deja demasiado margen a la esperanza.
Y con la deforestación vendrán tempestades
Perder el bosque no es apenas dejar de tener el testimonio de un ecosistema. Hay una clara enumeración de consecuencias (malas) que aparecen al perder el bosque: erosión, inundaciones, mayor acumulación de gases contaminantes en la atmósfera, desertificación...
En Salta, nadie deja de asociar el literal derrumbe de Tartagal a manos de un río desbordado de agua que, en otro tiempo, hubiera sido absorbido por la selva.
En ese contexto se debatió durante los dos últimos años la Ley de Bosques que se acaba de aprobar. Debatir, en verdad, es una palabra exagerada.
Se expusieron de un lado (quienes defendían la necesidad de una norma que detuviera la barbarie) los argumentos dramáticos del apocalipsis boscoso y, del otro, el lobby más desenfrenado bajo la excusa de que no autorizar el desmonte del bosque para arar la tierra es postergar la llegada del progreso.
Jurisprudencia verde
Plantear la opción bosque versus agricultura, como si el primer término fuera sinónimo de hambre y el segundo de progreso, es una trampa. Máxime cuando proviene de provincias en las que la devastación de los recursos naturales y el empobrecimiento de la gente fueron siempre de la mano.
Adámoli reconoce que la región chaqueña tiene aún un inmenso potencial de tierras que puede aportar en este momento de demanda internacional en la producción de alimentos.
Pero hace dos salvedades. Por un lado, más desde el sentido común que desde la ecología, se pregunta si los recursos que se obtengan del actual boom sojero van a servir para disminuir o aumentar la brecha social en la Argentina.
Y, por otro lado, advierte que “hay una situación de descontrol; el actual proceso muestra diversos indicadores ambientales y sociales que cuestionan la sustentabilidad de la expansión”.
La ley de bosques: buena, pero tardía
La Ley de Bosques, por la que el ambientalismo militó durante dos años, es buena, pero tardía. Es sana, pero nacida del chantaje. Es buena porque impone una moratoria de un año durante el cual las provincias no pueden autorizar nuevos desmontes hasta que se elabore un plan de ordenamiento territorial que le otorguen al bosque categorías de posible o nula explotación futura.
Pero es tardía porque, a sabiendas de que cada tierra fiscal otrora marginal adquiere valor de mercado ante cada aumento del precio de la soja, los gobiernos y los productores se lanzaron a la caza del terreno virgen, postergando lo más posible el tratamiento de la ley: en el transcurso de 2007, sólo la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 280.301 hectáreas.
Estos desmontes resultan cuatro veces más que los autorizados el año anterior, y equivalen a 14 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La ley es sana, pues su propósito no es mantener al bosque como una foto impoluta de un paisaje alrededor del cual se amontonan turistas maravillados y pobres de solemnidad, ambos impedidos siquiera de acercarse a un árbol.
Por el contrario, apela a una planificación del territorio que tienda a hacer convivir la producción con el bosque como ámbito de obtención de recursos naturales con modalidades productivas sustentables. Pero nació de la extorsión, pues las provincias que más desmontaron bestialmente, y que quedaron afónicas de tanto acusar al porteñismo de querer impedirles la agricultura en esas tierras para sumirlos en la miseria, fueron las primeras en votar la ley una vez que se les garantizó un absurdo fondo compensatorio de mil millones de pesos anuales.
Es como si, en caso de sanearse el Riachuelo, a los municipios del conurbano se les pagara para compensar la pérdida de dinero que les significa no contaminar.
Las convicciones acerca de que la agricultura era el progreso fueron depuestas por los senadores norteños, en el momento en que la ley incorporó un fondo compensatorio que englobará cerca de mil millones de pesos al año.
Una solución quizá práctica en la política si el objetivo era tener una ley, pero reveladora de un disparate conceptual: los habitantes de todo el país pagarán a los gobiernos y dueños de tierras de las provincias del Norte una cuota para que no destruyan recursos naturales que, más allá de leguleyos criterios de propiedad, pertenecen a la superficie de la Argentina.
Esa es la postal de un país que hace un siglo tenía el 30 por ciento de su superficie cubierta por bosques nativos. Un país donde los amantes del progreso creen que el árbol tapa el cultivo.
Uruguay volvió a protestar
Papeleras: Uruguay volvió a protestar por los cortes
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Fuente: El Día
El gobierno uruguayo presentó una nueva queja formal ante la Embajada argentina en Montevideo para exigir a la administración de Cristina Kirchner que cumpla las disposiciones legales e impida los bloqueos de los pasos fronterizos que realizan ambientalistas de Entre Ríos.
Así lo confirmó el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, quien especificó que el gobierno de Tabaré Vázquez "exige" a la Argentina "que se cumpla con el dictamen del Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur, que dictaminó que los cortes son ilegales, y que se cumpla con el Tratado de Asunción, que dice que hay que permitir el libre tránsito de mercaderías, personas y objetos".
"Aquí el tema es que el derecho a ingresar o egresar de un país lo tiene la Dirección Nacional de Migración, que depende del Poder Ejecutivo de Argentina y es una función indelegable, a mi juicio", señaló Gargano en declaraciones a medios uruguayos.
La nueva queja -denominada en ámbitos diplomáticos "nota verbal", aunque es escrita- fue recibida pasadas las 19:00 en la Embajada argentina en Montevideo, según confirmaron fuentes calificadas.
Recibida la nota, el Gobierno adelantó que no habrá respuesta oficial porque "una vez más la intención es desviar la atención sobre el tema central, que para la Argentina es la decisión unilateral e inconsulta de instalar la planta en el río limítrofe".
Además, fuentes de la Cancillería destacaron lo "llamativo" de la nueva protesta uruguaya por los cortes, cuando la administración de Tabaré Vázquez dispuso días atrás el cierre de dos de los pasos fronterizos por temor al cruce de ambientalistas entrerrianos.
LA PRIMERA
La queja es la primera del gobierno uruguayo ante la nueva administración que encabeza Cristina Kirchner que, según Gargano, no aplica las disposiciones legales para impedir los cortes.
"La referencia es a la persistencia de los cortes en el puente entre Colón y Paysandú", detalló el canciller, quien pidió "que el gobierno argentino se pronuncie y que diga lo que le parece respecto a que quince personas puedan determinar el camino de decenas de miles de personas para hacer sus vacaciones o que no puedan transitar libremente las mercaderías que afectan a otros tantos".
Y agregó: "Hemos hecho todos los esfuerzos personales; junto al intendente de Paysandú hemos manifestado nuestra protesta públicamente y vamos a hacer llegar a La Haya esta protesta además de hacérsela llegar a los argentinos".
El canciller consideró que "es inaudito que habiendo un dictamen de un Tribunal de Controversias del Mercosur diciendo que son ilegítimos los cortes, que existiendo una resolución de la Corte Internacional de Justicia estableciendo que no debe hacerse nada que agrave el diferendo, se cometan sistemáticamente acciones" por parte de los manifestantes argentinos.
Consultado sobre su evaluación personal de la actitud del gobierno de Cristina Kirchner, el canciller evitó "agravar el diferendo", aunque reiteró que la Argentina persiste en una actitud que lastima a ambos países.
Además, confirmó que la administración oriental analiza la posibilidad de incluir la nueva queja y el tema de los cortes en la dúplica que Uruguay debe presentar en julio de este año ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, donde ambos países dirimen el conflicto.
De todas formas, Gargano destacó que aunque "los primeros días de enero no ha habido intercambio verbal y personal" entre los gobiernos "diálogo hay permanentemente".
El puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos permanece cortado desde el 20 de noviembre de 2006, mientras que el paso entre Colón y Paysandú se rehabilitó el domingo último, luego de un corte iniciado en la noche del viernes aunque lo volverían a cortar en el recambio (ver aparte).
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Fuente: El Día
El gobierno uruguayo presentó una nueva queja formal ante la Embajada argentina en Montevideo para exigir a la administración de Cristina Kirchner que cumpla las disposiciones legales e impida los bloqueos de los pasos fronterizos que realizan ambientalistas de Entre Ríos.
Así lo confirmó el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, quien especificó que el gobierno de Tabaré Vázquez "exige" a la Argentina "que se cumpla con el dictamen del Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur, que dictaminó que los cortes son ilegales, y que se cumpla con el Tratado de Asunción, que dice que hay que permitir el libre tránsito de mercaderías, personas y objetos".
"Aquí el tema es que el derecho a ingresar o egresar de un país lo tiene la Dirección Nacional de Migración, que depende del Poder Ejecutivo de Argentina y es una función indelegable, a mi juicio", señaló Gargano en declaraciones a medios uruguayos.
La nueva queja -denominada en ámbitos diplomáticos "nota verbal", aunque es escrita- fue recibida pasadas las 19:00 en la Embajada argentina en Montevideo, según confirmaron fuentes calificadas.
Recibida la nota, el Gobierno adelantó que no habrá respuesta oficial porque "una vez más la intención es desviar la atención sobre el tema central, que para la Argentina es la decisión unilateral e inconsulta de instalar la planta en el río limítrofe".
Además, fuentes de la Cancillería destacaron lo "llamativo" de la nueva protesta uruguaya por los cortes, cuando la administración de Tabaré Vázquez dispuso días atrás el cierre de dos de los pasos fronterizos por temor al cruce de ambientalistas entrerrianos.
LA PRIMERA
La queja es la primera del gobierno uruguayo ante la nueva administración que encabeza Cristina Kirchner que, según Gargano, no aplica las disposiciones legales para impedir los cortes.
"La referencia es a la persistencia de los cortes en el puente entre Colón y Paysandú", detalló el canciller, quien pidió "que el gobierno argentino se pronuncie y que diga lo que le parece respecto a que quince personas puedan determinar el camino de decenas de miles de personas para hacer sus vacaciones o que no puedan transitar libremente las mercaderías que afectan a otros tantos".
Y agregó: "Hemos hecho todos los esfuerzos personales; junto al intendente de Paysandú hemos manifestado nuestra protesta públicamente y vamos a hacer llegar a La Haya esta protesta además de hacérsela llegar a los argentinos".
El canciller consideró que "es inaudito que habiendo un dictamen de un Tribunal de Controversias del Mercosur diciendo que son ilegítimos los cortes, que existiendo una resolución de la Corte Internacional de Justicia estableciendo que no debe hacerse nada que agrave el diferendo, se cometan sistemáticamente acciones" por parte de los manifestantes argentinos.
Consultado sobre su evaluación personal de la actitud del gobierno de Cristina Kirchner, el canciller evitó "agravar el diferendo", aunque reiteró que la Argentina persiste en una actitud que lastima a ambos países.
Además, confirmó que la administración oriental analiza la posibilidad de incluir la nueva queja y el tema de los cortes en la dúplica que Uruguay debe presentar en julio de este año ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, donde ambos países dirimen el conflicto.
De todas formas, Gargano destacó que aunque "los primeros días de enero no ha habido intercambio verbal y personal" entre los gobiernos "diálogo hay permanentemente".
El puente binacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos permanece cortado desde el 20 de noviembre de 2006, mientras que el paso entre Colón y Paysandú se rehabilitó el domingo último, luego de un corte iniciado en la noche del viernes aunque lo volverían a cortar en el recambio (ver aparte).
Otra papelera se construye
Otra papelera se construye en un pueblo de Uruguay
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Fuente: InfoBae
La fábrica se comenzó a levantar en Conchillas, en las afueras de la ciudad de Colonia. Aníbal Cabrera, presidente de la Junta Local destacó por Radio 10 que 95% de los habitantes está de acuerdo con el proyecto
Aníbal Cabrera presidente de la Junta local de Conchillas, donde comenzó a construirse la planta de celulosa de origen español ENCE, reveló que se hicieron estudios sobre los métodos y la tecnología que aplicará la compañía y "todo indica que la pastera no va a contaminar".
"No le tenemos miedo a la contaminación y hay un 95 por ciento de conformidad por la instalación de la celulosa", contó Cabrera a Radio 10. Sobre este punto, indicó que se van a instalar los controles necesarios e invitó a la Argentina a contribuir en aplicarlos.
A su vez, destacó las bondades de la pastera como generadora de fuentes de trabajo. "Hay cientos de inscriptos que se van a transformar en ocupados cuando entre la maquinaria en la fábrica", expresó el funcionario comunal de la localidad ubicada a 35 kilómetros de Colonia.
Fecha de Publicación: 15/01/2008
Fuente: InfoBae
La fábrica se comenzó a levantar en Conchillas, en las afueras de la ciudad de Colonia. Aníbal Cabrera, presidente de la Junta Local destacó por Radio 10 que 95% de los habitantes está de acuerdo con el proyecto
Aníbal Cabrera presidente de la Junta local de Conchillas, donde comenzó a construirse la planta de celulosa de origen español ENCE, reveló que se hicieron estudios sobre los métodos y la tecnología que aplicará la compañía y "todo indica que la pastera no va a contaminar".
"No le tenemos miedo a la contaminación y hay un 95 por ciento de conformidad por la instalación de la celulosa", contó Cabrera a Radio 10. Sobre este punto, indicó que se van a instalar los controles necesarios e invitó a la Argentina a contribuir en aplicarlos.
A su vez, destacó las bondades de la pastera como generadora de fuentes de trabajo. "Hay cientos de inscriptos que se van a transformar en ocupados cuando entre la maquinaria en la fábrica", expresó el funcionario comunal de la localidad ubicada a 35 kilómetros de Colonia.
Mendocinos contra la minería
Vecinos mendocinos contra la minería contaminante
Fecha de Publicación: 14/01/2008
Fuente: Página 12 - DyN
Vecinos autoconvocados de los departamentos mendocinos de San Carlos, Tunuyán y General Alvear se manifestaron hoy frente a la Legislatura provincial y entregaron un petitorio al gobernador Celso Jaque, mientras otro grupo cortaba la ruta nacional 40, en rechazo de proyectos mineros que consideran contaminantes.
La protesta incluyó la colocación de dos piletas de lona frente al Parlamento mendocino, además de un pequeño escenario, donde voceros de las tres comunas hablaron sobre el plan de lucha.
Marcelo Reynoso, representante de los vecinos autoconvocados del municipio de San Carlos, 100 kilómetros al sur de la capital provincial, precisó que las protestas se llevaban a cabo "por los avances mineros en la zona de Laguna del Diamante".
En ese sentido aseguró que el gobernador Celso Jaque "está a favor de la explotación minera, pero nosotros seguimos en pie de guerra por el agua pura" que esos emprendimientos podrían contaminar.
Los manifestantes entregaron un petitorio en Casa de Gobierno y protestaron frente a la Legislatura, en la capital provincial, mientras otro grupo cortaba la ruta 40, en San Carlos.
Además de los vecinos de ese departamento participaban de las manifestaciones pobladores de los departamentos de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital, y de General Alvear, 320 kilómetros en la misma dirección.
Si bien las agrupaciones ambientalistas habían programado para ayer un corte de esa misma ruta, finalmente solo repartieron folletos informativos a los vehículos que pasaban por el lugar.
Reynoso precisó que la intención es que el petitorio llegue al gobernador Jaque, ya que ahí consta el reclamo de que se respete "en todos sus términos la Ley 7.722, que prohíbe el uso de cianuro en las explotaciones mineras a cielo abierto".
Desde el escenario montado frente a la Legislatura, uno de los voceros de los manifestantes precisó que el petitorio dirigido al gobernador tiene "más de 6.800 firmas".
Por otra parte, está previsto que en pocos días se dé a conocer un informe de impacto ambiental solicitado a especialistas por la empresa Anglo American Argentina, que pretende la explotación del cobre en el departamento San Carlos, en el Valle de Uco.
En tanto, Jorge Difonso, intendente de San Carlos, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que el "departamento está organizado para oponerse a la explotación minera" y que a través de una ordenanza municipal, el departamento "definió un perfil agrícola, ganadero y turístico, por lo que la explotación minera chocaría contra este modelo".
Al mismo tiempo, Alberto Lucero, integrante de la Cámara de Turismo de Mendoza, se manifestó contrario también a la extracción de minerales en la provincia, ya que "en esta época de cambio climático, las empresas mineras van a terminar de destruir el ecosistema".
Dijo que su sector "no está en contra de la minería, pero sí de aquella que resulte contaminante" y que "cambia el clima, a que nos vamos a quedar sin oasis productivos y sin agua", estimó.
La Ley Provincial 7.722 establece que a los efectos de garantizar los recursos naturales, sobre todo el agua, se prohíbe en todo Mendoza el uso de sustancias químicas como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otros productos tóxicos en los procesos mineros.
Fecha de Publicación: 14/01/2008
Fuente: Página 12 - DyN
Vecinos autoconvocados de los departamentos mendocinos de San Carlos, Tunuyán y General Alvear se manifestaron hoy frente a la Legislatura provincial y entregaron un petitorio al gobernador Celso Jaque, mientras otro grupo cortaba la ruta nacional 40, en rechazo de proyectos mineros que consideran contaminantes.
La protesta incluyó la colocación de dos piletas de lona frente al Parlamento mendocino, además de un pequeño escenario, donde voceros de las tres comunas hablaron sobre el plan de lucha.
Marcelo Reynoso, representante de los vecinos autoconvocados del municipio de San Carlos, 100 kilómetros al sur de la capital provincial, precisó que las protestas se llevaban a cabo "por los avances mineros en la zona de Laguna del Diamante".
En ese sentido aseguró que el gobernador Celso Jaque "está a favor de la explotación minera, pero nosotros seguimos en pie de guerra por el agua pura" que esos emprendimientos podrían contaminar.
Los manifestantes entregaron un petitorio en Casa de Gobierno y protestaron frente a la Legislatura, en la capital provincial, mientras otro grupo cortaba la ruta 40, en San Carlos.
Además de los vecinos de ese departamento participaban de las manifestaciones pobladores de los departamentos de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital, y de General Alvear, 320 kilómetros en la misma dirección.
Si bien las agrupaciones ambientalistas habían programado para ayer un corte de esa misma ruta, finalmente solo repartieron folletos informativos a los vehículos que pasaban por el lugar.
Reynoso precisó que la intención es que el petitorio llegue al gobernador Jaque, ya que ahí consta el reclamo de que se respete "en todos sus términos la Ley 7.722, que prohíbe el uso de cianuro en las explotaciones mineras a cielo abierto".
Desde el escenario montado frente a la Legislatura, uno de los voceros de los manifestantes precisó que el petitorio dirigido al gobernador tiene "más de 6.800 firmas".
Por otra parte, está previsto que en pocos días se dé a conocer un informe de impacto ambiental solicitado a especialistas por la empresa Anglo American Argentina, que pretende la explotación del cobre en el departamento San Carlos, en el Valle de Uco.
En tanto, Jorge Difonso, intendente de San Carlos, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que el "departamento está organizado para oponerse a la explotación minera" y que a través de una ordenanza municipal, el departamento "definió un perfil agrícola, ganadero y turístico, por lo que la explotación minera chocaría contra este modelo".
Al mismo tiempo, Alberto Lucero, integrante de la Cámara de Turismo de Mendoza, se manifestó contrario también a la extracción de minerales en la provincia, ya que "en esta época de cambio climático, las empresas mineras van a terminar de destruir el ecosistema".
Dijo que su sector "no está en contra de la minería, pero sí de aquella que resulte contaminante" y que "cambia el clima, a que nos vamos a quedar sin oasis productivos y sin agua", estimó.
La Ley Provincial 7.722 establece que a los efectos de garantizar los recursos naturales, sobre todo el agua, se prohíbe en todo Mendoza el uso de sustancias químicas como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otros productos tóxicos en los procesos mineros.
Corte y el recambio turístico
Papelera: levantaron el corte en Colón después del recambio turístico
Fecha de Publicación: 14/01/2008
Fuente: Clarín - Leonardo Mindez
Después de 48 horas, los asambleístas de Colón decidieron anoche levantar el corte del puente General Artigas, liberando el tránsito en ese paso fronterizo con el Uruguay, luego de que complicaran el tránsito en el recambio turístico de la primera quincena de enero. A partir de hoy, volverán a los cortes programados de dos horas, entre las 20 y las 22.
Esa decisión, descomprimió la situación con los comerciantes ubicados a la vera de la ruta 135 y a metros del puente, que viven de las ventas a los visitantes uruguayos, y reclamaban poder retomar su trabajo con normalidad.
La vocera de la Asamblea Popular Ambiental, Silvia "Poli" Echevarría, aclaró a Clarín que "La Asamblea tomo la decisión en forma autónoma, como siempre. Y no acepta las presiones de los comerciantes ni de nadie".
Mientras tanto, 120 kilómetros al norte, los ambientalistas de la Asamblea de Concordia, "Concorvida", al cierre de esta edición veían frustrada su intención de cortar el último paso al Uruguay.
Después de realizar una mateada durante la tarde y entregar volantes contrarios a Botnia a los automovilistas que cruzaban la frontera, unos 50 asambleístas habían votado por un corte de ruta simbólico de dos horas a partir de las 21, que pensaban repetir el martes, día de recambio de la quincena de vacaciones.
Pero esa decisión disparó un rápido despliegue de gendarmes sobre la ruta 015 que desemboca en el puente Salto Grande, que se apostaron sobre la ruta para garantizar el paso vehicular.
"Nosotros tenemos la orden del juez (federal de Concepción del Uruguay) Guillermo Quadrini de mantener este paso fronterizo abierto. Así se lo explicamos a los asambleístas y espero que lo hayan entendido", explicó a Clarín el comandante Héctor Hugo Jeréz, a cargo del puesto de Gendarmería del puente Salto Grande.
El corte sobre las ruta 135 había comenzado el viernes por la noche "por tiempo indeterminado". Pero el anuncio previo en los medios hizo que sean pocos los turistas que se aventuraran por esa ruta y buscaron otras alternativas para llegar a destino. En ambas orillas del río Uruguay, apenas unas decenas de camiones quedaron varados y a la espera.
Tanto en Colón como en la uruguaya Paysandú había trascendido el rumor de que se levantaría el corte la noche del domingo, como finalmente terminó ocurriendo.
Fecha de Publicación: 14/01/2008
Fuente: Clarín - Leonardo Mindez
Después de 48 horas, los asambleístas de Colón decidieron anoche levantar el corte del puente General Artigas, liberando el tránsito en ese paso fronterizo con el Uruguay, luego de que complicaran el tránsito en el recambio turístico de la primera quincena de enero. A partir de hoy, volverán a los cortes programados de dos horas, entre las 20 y las 22.
Esa decisión, descomprimió la situación con los comerciantes ubicados a la vera de la ruta 135 y a metros del puente, que viven de las ventas a los visitantes uruguayos, y reclamaban poder retomar su trabajo con normalidad.
La vocera de la Asamblea Popular Ambiental, Silvia "Poli" Echevarría, aclaró a Clarín que "La Asamblea tomo la decisión en forma autónoma, como siempre. Y no acepta las presiones de los comerciantes ni de nadie".
Mientras tanto, 120 kilómetros al norte, los ambientalistas de la Asamblea de Concordia, "Concorvida", al cierre de esta edición veían frustrada su intención de cortar el último paso al Uruguay.
Después de realizar una mateada durante la tarde y entregar volantes contrarios a Botnia a los automovilistas que cruzaban la frontera, unos 50 asambleístas habían votado por un corte de ruta simbólico de dos horas a partir de las 21, que pensaban repetir el martes, día de recambio de la quincena de vacaciones.
Pero esa decisión disparó un rápido despliegue de gendarmes sobre la ruta 015 que desemboca en el puente Salto Grande, que se apostaron sobre la ruta para garantizar el paso vehicular.
"Nosotros tenemos la orden del juez (federal de Concepción del Uruguay) Guillermo Quadrini de mantener este paso fronterizo abierto. Así se lo explicamos a los asambleístas y espero que lo hayan entendido", explicó a Clarín el comandante Héctor Hugo Jeréz, a cargo del puesto de Gendarmería del puente Salto Grande.
El corte sobre las ruta 135 había comenzado el viernes por la noche "por tiempo indeterminado". Pero el anuncio previo en los medios hizo que sean pocos los turistas que se aventuraran por esa ruta y buscaron otras alternativas para llegar a destino. En ambas orillas del río Uruguay, apenas unas decenas de camiones quedaron varados y a la espera.
Tanto en Colón como en la uruguaya Paysandú había trascendido el rumor de que se levantaría el corte la noche del domingo, como finalmente terminó ocurriendo.
Construcción de la otra papelera
Mañana lunes arrancará la construcción de la otra papelera en el Uruguay: Ence
Fecha de Publicación: 13/01/2008
Fuente: InfoCielo
El lunes comienza el proceso de construcción de la planta de celulosa que se instalará en la ciudad uruguaya de Colonia. La obra que demandará una inversión u$s1.250 millones se realizará en cuatro etapas y contará con 11.000 obreros y 5.000 funcionarios para el área operativa.
Desde el próximo lunes comienza la etapa de construcción de la papelera Ence en Uruguay. La planta se construirá en la ciudad de Colonia.
La obra que demandará una inversión de u$s1.250 millones comenzará a realizarse el próximo lunes en la ciudad de Colonia.
La obra se realizará en cuatro etapas y advierten que cuando comience a funcionar la pastera podrá producir un millón de toneladas de pasta de celulosa al año.
En tanto, la central de la planta cubrirá una superficie de 500 hectáreas en la localidad de Punta Pereira, a 7 kilómetros de la localidad de Conchillas.
Para la realización de esta planta se necesitará la colaboración de 11.000 obreros mientras que para el área operativa se necesitarán 5000 funcionarios.
Fecha de Publicación: 13/01/2008
Fuente: InfoCielo
El lunes comienza el proceso de construcción de la planta de celulosa que se instalará en la ciudad uruguaya de Colonia. La obra que demandará una inversión u$s1.250 millones se realizará en cuatro etapas y contará con 11.000 obreros y 5.000 funcionarios para el área operativa.
Desde el próximo lunes comienza la etapa de construcción de la papelera Ence en Uruguay. La planta se construirá en la ciudad de Colonia.
La obra que demandará una inversión de u$s1.250 millones comenzará a realizarse el próximo lunes en la ciudad de Colonia.
La obra se realizará en cuatro etapas y advierten que cuando comience a funcionar la pastera podrá producir un millón de toneladas de pasta de celulosa al año.
En tanto, la central de la planta cubrirá una superficie de 500 hectáreas en la localidad de Punta Pereira, a 7 kilómetros de la localidad de Conchillas.
Para la realización de esta planta se necesitará la colaboración de 11.000 obreros mientras que para el área operativa se necesitarán 5000 funcionarios.
Conflicto con los indígenas
Salta: Señalan que los desmontes incitarán conflicto con los indígenas
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Derf
Un informe señala que tres departamentos del noroeste salteño concentran el 82,4 por ciento de la superficie afectada por esa práctica. Además, destaca que el avance de 18 empresas agroindustriales en tierras ocupadas por aborígenes hace prever nuevos problemas con esa comunidad.
"Que 18 empresas quieran desmontar 400 mil hectáreas en departamentos donde 22.500 indígenas solo obtuvieron títulos de propiedad de poco más de 40 mil hectáreas es un claro indicio del contexto de injusticia social en el que se da la expansión agropecuaria en Salta", señaló el informe al que accedió Télam.
El documento, producido por la Fundación Asociana, integrante del Foro Salteño por la Tierra, dio a conocer la superficie y distribución por departamento de las tierras sujetas a solicitudes de permisos de desmonte presentadas desde septiembre de 2004 hasta fines de 2007.
En noviembre de 2007, cuando la sanción de la Ley de Bosques ó Ley Bonasso era inminente en el Congreso Nacional se incrementó en forma desproporcionada el número de solicitudes y autorizaciones de desmonte, lo que llevó a la Universidad de Salta (UNSA) a pedir a la justicia que declare "nulos e inconstitucionales" los permisos otorgados.
Los datos publicados en el informe, con cuadros y gráficos que muestran la evolución de los desmontes, fueron tomados del Boletín Oficial de Salta con la aclaración por parte de los autores que no están contemplados los desmontes en superficies por debajo de las 300 hectáreas.
Tampoco están contados los desmontes ilegales, aunque al inicio del informe, una foto tomada por el wichí Florentino Pérez, muestra una topadora en plena acción frente a la comunidad Lapacho Mocho, 18 kilómetros al este de Tartagal en el departamento San Martín.
En otro tramo, el trabajo de Andrew Leake y María de Ecónomo precisa que los desmontes se realizan en diez departamentos, pero que Anta, San Martín y Rivadavia "los mas afectados" concentran el 82,4 de la totalidad de la superficie a desmontar.
Anta perdió la mayor parte de las tierras con cobertura forestal por lo que la expansión del frente agroindustrial se mueve hacia los departamentos San Martín y Rivadavia, tierras ocupadas por numerosas comunidades wichí, toba, tapiete, chorote y avá-guaraní.
El documento no detalla los pueblos originarios ni los choques por los desmontes producidos en los últimos años, los que generaron infinidad de causas contra líderes wichí, denunciados por los finqueros y encargados de "tumbar el monte" como dicen los campesinos.
Para defender mejor al medio ambiente y su estilo de vida, los indígenas llegaron a conformar una organización interdepartamental que logró la atención en Buenos Aires de la Secretaría de Derechos Humanos y legisladores nacionales, aunque ahora aparecen abiertas algunas ventanillas en el nuevo gobierno salteño.
De todos modos el informe elaborado por la Fundación Asociana es un monitoreo de la expansión del frente agroindustrial hacia los departamentos San Martín y Rivadavia a través de la deforestación del chaco salteño para la soja o actividades ganaderas.
"Es imposible imaginar que el modelo sea transferible a otros departamentos. En San Martín, la deforestación de territorios indígenas en el período en cuestión ya provocó graves disturbios sociales", advierten los especialistas.
Anticipa que la campaña 2007, en referencia a los permisos otorgados el año pasado "amenaza con incursionar en tierras que hasta este momento quedaban relativamente ilesas. Ya está en riesgo el equilibrio ecológico de los últimos remanentes del bosque nativo chaqueño con los evidentes daños y perjuicios que conllevará para los habitantes originarios", concluye.
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Derf
Un informe señala que tres departamentos del noroeste salteño concentran el 82,4 por ciento de la superficie afectada por esa práctica. Además, destaca que el avance de 18 empresas agroindustriales en tierras ocupadas por aborígenes hace prever nuevos problemas con esa comunidad.
"Que 18 empresas quieran desmontar 400 mil hectáreas en departamentos donde 22.500 indígenas solo obtuvieron títulos de propiedad de poco más de 40 mil hectáreas es un claro indicio del contexto de injusticia social en el que se da la expansión agropecuaria en Salta", señaló el informe al que accedió Télam.
El documento, producido por la Fundación Asociana, integrante del Foro Salteño por la Tierra, dio a conocer la superficie y distribución por departamento de las tierras sujetas a solicitudes de permisos de desmonte presentadas desde septiembre de 2004 hasta fines de 2007.
En noviembre de 2007, cuando la sanción de la Ley de Bosques ó Ley Bonasso era inminente en el Congreso Nacional se incrementó en forma desproporcionada el número de solicitudes y autorizaciones de desmonte, lo que llevó a la Universidad de Salta (UNSA) a pedir a la justicia que declare "nulos e inconstitucionales" los permisos otorgados.
Los datos publicados en el informe, con cuadros y gráficos que muestran la evolución de los desmontes, fueron tomados del Boletín Oficial de Salta con la aclaración por parte de los autores que no están contemplados los desmontes en superficies por debajo de las 300 hectáreas.
Tampoco están contados los desmontes ilegales, aunque al inicio del informe, una foto tomada por el wichí Florentino Pérez, muestra una topadora en plena acción frente a la comunidad Lapacho Mocho, 18 kilómetros al este de Tartagal en el departamento San Martín.
En otro tramo, el trabajo de Andrew Leake y María de Ecónomo precisa que los desmontes se realizan en diez departamentos, pero que Anta, San Martín y Rivadavia "los mas afectados" concentran el 82,4 de la totalidad de la superficie a desmontar.
Anta perdió la mayor parte de las tierras con cobertura forestal por lo que la expansión del frente agroindustrial se mueve hacia los departamentos San Martín y Rivadavia, tierras ocupadas por numerosas comunidades wichí, toba, tapiete, chorote y avá-guaraní.
El documento no detalla los pueblos originarios ni los choques por los desmontes producidos en los últimos años, los que generaron infinidad de causas contra líderes wichí, denunciados por los finqueros y encargados de "tumbar el monte" como dicen los campesinos.
Para defender mejor al medio ambiente y su estilo de vida, los indígenas llegaron a conformar una organización interdepartamental que logró la atención en Buenos Aires de la Secretaría de Derechos Humanos y legisladores nacionales, aunque ahora aparecen abiertas algunas ventanillas en el nuevo gobierno salteño.
De todos modos el informe elaborado por la Fundación Asociana es un monitoreo de la expansión del frente agroindustrial hacia los departamentos San Martín y Rivadavia a través de la deforestación del chaco salteño para la soja o actividades ganaderas.
"Es imposible imaginar que el modelo sea transferible a otros departamentos. En San Martín, la deforestación de territorios indígenas en el período en cuestión ya provocó graves disturbios sociales", advierten los especialistas.
Anticipa que la campaña 2007, en referencia a los permisos otorgados el año pasado "amenaza con incursionar en tierras que hasta este momento quedaban relativamente ilesas. Ya está en riesgo el equilibrio ecológico de los últimos remanentes del bosque nativo chaqueño con los evidentes daños y perjuicios que conllevará para los habitantes originarios", concluye.
Frenados por las retenciones
Pascua Lama y Pachón están frenados por las retenciones
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Diario de Cuyo
La decisión nacional de eliminar las exenciones a los aranceles de exportación que gozaban las empresas mineras en este país, sumado a la intención -aun no oficializada- de subir esos aranceles a quienes sí los pagan han puesto en la cuerda floja a los dos proyectos mineros más grandes que se esperan en San Juan: Pascua Lama y Pachón están frenados a causa de las retenciones y hay una gran preocupación en la provincia por ese motivo, según confirmaron ayer altas fuentes oficiales.
Los dos iban a tener definiciones este verano, pero las compañías aducen ahora que la decisión gubernamental respecto a las retenciones socavan esas operaciones: La fuente indicó que "difícilmente" Barrick arranque esta temporada de verano la construcción de la mina de oro Pascua Lama como se esperaba; en tanto que Xstrata, a cargo del yacimiento de cobre Pachón, mandó al freezer el cronograma de avances que iba a presentar en la primer semana de enero de este año.
Pascua Lama, la mina de oro y plata tres veces más grande que Veladero, ubicada en Iglesia, y que tiene la particularidad de ser un proyecto binacional por compartir parte del territorio chileno, es la más complicada porque hace rato que tiene el permiso ambiental para construirse y no arranca.
Se retrasó primero porque las autoridades de Argentina y Chile no se ponen de acuerdo en cuánto debe tributar en cada país. Pero ahora, la intención de subir las retenciones embarraron más la cancha: Según la fuente, la empresa canadiense Barrick, a cargo el proyecto, ahora plantea la inconveniencia de pagar retenciones por el mineral que se extraiga del lado chileno, aún cuando éste sea procesado y se exporte del lado argentino. Esto se ha convertido en el punto más álgido de discusión entre las partes.
Por ser un proyecto posterior al 2002, Barrick paga 5% de retenciones en sus exportaciones de oro. Con la intención gubernamental de subir el arancel -se habla de un esquema tributario móvil como el del petróleo, que suba según aumente el precio internacional del lingote-, las fuentes locales no tienen dudas que la compañía hará esfuerzos por achicar costos en el futuro megaproyecto aurífero.
"Ojala eso se destrabe pronto, pero hoy, como están las cosas no vemos posible el inicio de construcción esta temporada", dijo la fuente.
Pascua Lama requiere una inversión de 2.100 millones de dólares y el inicio de su construcción estaba previsto para este verano.
As u vez, las autoridades de la suiza Xstrata, a cargo del yacimiento de cobre Pachón, en Calingasta, han frenado ese proyecto por tiempo indeterminado: Sus directivos ahora se ocupan de iniciar acciones legales contra la Nación para detener el cobro del arancel a sus exportaciones de oro y cobre desde su mina Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. "Con este problema han decidido congelar el avance de los estudios por Pachón", se lamentó la fuente local.
Xstrata es una de las compañías mas grandes del mundo y hasta ahora estuvo exenta de pagar retenciones. Desde noviembre último la Aduana le exigió un tributo del 10% por sus salidas al exterior de minerales.
Los directivos de esa compañía anticiparon el jueves que iniciaron los pasos legales para frenar a la nación por vulnerar la estabilidad fiscal de que gozan las empresas mineras por 30 años (ver aparte).
Este proyecto de cobre, ubicado al Sur de Calingasta demandará una inversión de unos 1.900 millones de dólares y la toma de unos 4.000 obreros en su pico máximo de actividad.
Fecha de Publicación: 12/01/2008
Fuente: Diario de Cuyo
La decisión nacional de eliminar las exenciones a los aranceles de exportación que gozaban las empresas mineras en este país, sumado a la intención -aun no oficializada- de subir esos aranceles a quienes sí los pagan han puesto en la cuerda floja a los dos proyectos mineros más grandes que se esperan en San Juan: Pascua Lama y Pachón están frenados a causa de las retenciones y hay una gran preocupación en la provincia por ese motivo, según confirmaron ayer altas fuentes oficiales.
Los dos iban a tener definiciones este verano, pero las compañías aducen ahora que la decisión gubernamental respecto a las retenciones socavan esas operaciones: La fuente indicó que "difícilmente" Barrick arranque esta temporada de verano la construcción de la mina de oro Pascua Lama como se esperaba; en tanto que Xstrata, a cargo del yacimiento de cobre Pachón, mandó al freezer el cronograma de avances que iba a presentar en la primer semana de enero de este año.
Pascua Lama, la mina de oro y plata tres veces más grande que Veladero, ubicada en Iglesia, y que tiene la particularidad de ser un proyecto binacional por compartir parte del territorio chileno, es la más complicada porque hace rato que tiene el permiso ambiental para construirse y no arranca.
Se retrasó primero porque las autoridades de Argentina y Chile no se ponen de acuerdo en cuánto debe tributar en cada país. Pero ahora, la intención de subir las retenciones embarraron más la cancha: Según la fuente, la empresa canadiense Barrick, a cargo el proyecto, ahora plantea la inconveniencia de pagar retenciones por el mineral que se extraiga del lado chileno, aún cuando éste sea procesado y se exporte del lado argentino. Esto se ha convertido en el punto más álgido de discusión entre las partes.
Por ser un proyecto posterior al 2002, Barrick paga 5% de retenciones en sus exportaciones de oro. Con la intención gubernamental de subir el arancel -se habla de un esquema tributario móvil como el del petróleo, que suba según aumente el precio internacional del lingote-, las fuentes locales no tienen dudas que la compañía hará esfuerzos por achicar costos en el futuro megaproyecto aurífero.
"Ojala eso se destrabe pronto, pero hoy, como están las cosas no vemos posible el inicio de construcción esta temporada", dijo la fuente.
Pascua Lama requiere una inversión de 2.100 millones de dólares y el inicio de su construcción estaba previsto para este verano.
As u vez, las autoridades de la suiza Xstrata, a cargo del yacimiento de cobre Pachón, en Calingasta, han frenado ese proyecto por tiempo indeterminado: Sus directivos ahora se ocupan de iniciar acciones legales contra la Nación para detener el cobro del arancel a sus exportaciones de oro y cobre desde su mina Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. "Con este problema han decidido congelar el avance de los estudios por Pachón", se lamentó la fuente local.
Xstrata es una de las compañías mas grandes del mundo y hasta ahora estuvo exenta de pagar retenciones. Desde noviembre último la Aduana le exigió un tributo del 10% por sus salidas al exterior de minerales.
Los directivos de esa compañía anticiparon el jueves que iniciaron los pasos legales para frenar a la nación por vulnerar la estabilidad fiscal de que gozan las empresas mineras por 30 años (ver aparte).
Este proyecto de cobre, ubicado al Sur de Calingasta demandará una inversión de unos 1.900 millones de dólares y la toma de unos 4.000 obreros en su pico máximo de actividad.
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