Papelera: más cortes
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Papelera: más cortes en el fin de semana largo
Fecha de Publicación: 19/03/2008
Fuente: Clarín
Los asambleístas entrerrianos reforzarán su protesta contra la papelera Botnia durante el feriado de Semana Santa y bloquearán el puente General Artigas que une Colón con Paysandú. El corte se suma al que mantienen los ambientalistas de Gualeguaychú desde hace casi un año y medio.
De esta manera, dos de los tres pasos fronterizos que comunican a la Argentina con Uruguay permanecerán cerrados hasta el lunes por la noche, lo que complicará el turismo entre ambos países durante el fin de semana largo. En el tercero de los puentes, que une Concordia con Salto, recién hoy se resolverán los pasos a seguir, informaron miembros de la Asamblea Concorvida.
La Asamblea Popular Ambiental de Colón reveló que el corte del puente General Artigas empezará el jueves a la 0 y se extenderá hasta las 19 del lunes 24. El año pasado, los asambleístas entrerrianos también hicieron una fuerte protesta durante la Semana Santa cuando cerraron por completo la frontera con Uruguay por nueve días.
Los vecinos de Entre Ríos, junto a militantes defensores del medio ambiente de Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzaron a organizar una marcha para el 27 de abril para reactivar la protesta que mantienen contra la empresa Botnia.
Los ambientalistas también iniciaron una serie de reuniones con dirigentes políticos, sindicales, organizaciones no gubernamentales y religiosos, en busca de apoyo para su causa.
Fecha de Publicación: 19/03/2008
Fuente: Clarín
Los asambleístas entrerrianos reforzarán su protesta contra la papelera Botnia durante el feriado de Semana Santa y bloquearán el puente General Artigas que une Colón con Paysandú. El corte se suma al que mantienen los ambientalistas de Gualeguaychú desde hace casi un año y medio.
De esta manera, dos de los tres pasos fronterizos que comunican a la Argentina con Uruguay permanecerán cerrados hasta el lunes por la noche, lo que complicará el turismo entre ambos países durante el fin de semana largo. En el tercero de los puentes, que une Concordia con Salto, recién hoy se resolverán los pasos a seguir, informaron miembros de la Asamblea Concorvida.
La Asamblea Popular Ambiental de Colón reveló que el corte del puente General Artigas empezará el jueves a la 0 y se extenderá hasta las 19 del lunes 24. El año pasado, los asambleístas entrerrianos también hicieron una fuerte protesta durante la Semana Santa cuando cerraron por completo la frontera con Uruguay por nueve días.
Los vecinos de Entre Ríos, junto a militantes defensores del medio ambiente de Uruguay, Paraguay y Brasil, comenzaron a organizar una marcha para el 27 de abril para reactivar la protesta que mantienen contra la empresa Botnia.
Los ambientalistas también iniciaron una serie de reuniones con dirigentes políticos, sindicales, organizaciones no gubernamentales y religiosos, en busca de apoyo para su causa.
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Un plan que mejora la capacidad institucional
Cuenca Matanza-Riachuelo: Un plan que mejora la capacidad institucional
Fecha de Publicación: 18/03/2008
Fuente: Impulso Baires
La Matanza - Diez de los catorce municipios que integran la cuenca Matanza-Riachuelo firmaron el denominado Programa de Fortalecimiento Institucional, por el cual se comprometen a jerarquizar las áreas ambientales y preparar una agenda ambiental explícita, entre otros temas.
El establecimiento de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) puso fin a una suerte de anarquía institucional que impedía establecer reglas claras y compartidas tendientes a revertir la situación de emergencia ambiental a lo largo de los 2.200 kilómetros cuadrados que ocupa la superficie de la misma.
En tal sentido, y a través del Programa de Fortalecimiento Institucional, se logró acordar una serie de puntos básicos, obligatorios para los municipios firmantes, para un normal funcionamiento de la Cuenca.
Entre estos puntos, además de los mencionados, destacan la obligatoriedad de contar con normas que aseguren la participación pública en la elaboración de leyes ambientales, ofrecer información en materia ambiental y tener sistemas de información centralizada compatibles con los de la Autoridad de Cuenca.
"Cuando yo pida información de una industria, que sea el municipio el primero que me la da, cuando yo pongo una clausura, que sea el municipio el primero que verifica si se hace, o sea, eso es calidad institucional, es decir, funciona como un verdadero reloj sincronizado", explicó el secretario general de la ACUMAR, Alejandro Rossi.
En la ACUMAR existe actualmente una plataforma para los proyectos que se están trabajando durante 2008, que involucra un patrón unificado de empresas.
De esta manera, todo establecimiento que esté en la cuenca se registra en la autoridad, en un sistema informático que conecta toda la información municipal, provincial y nacional, así como los planes de reconversión.
Toda esta información se volcará en la base de datos del Sistema de Información Ambiental, que tendrá acceso on line y público.
Para una primera etapa, está calculado que el programa almacene los datos de unas 3 mil empresas, de las cuales 600 ya fueron cargadas durante los primeros nueve meses de funcionamiento.
"Queremos llegar a totalizar los tres mil en el transcurso de este año, con lo cual entramos en la etapa dos, que es pasar el peine fino, y que no solamente es tener empadronadas a las empresas, sino cómo están empadronadas", destacó Rossi.
A diferencia de lo que se acostumbraba hasta ahora, en que los registros de las dependencias públicas sólo cargaban el nombre, razón social, dirección y cantidad de empleados de las empresas, ahora se cuenta con datos mas detallados de las mismas.
Es así que figura cuánta agua toman de la napa, cuánta se vuelca, que tipo de sustancias, emisiones, instalaciones de la empresa, producción, productos que genera, todo cargado en un modelo matemático georeferenciado que permite ver en un momento dado y en un punto dado de la cuenca, cual es el efecto de esa industria.
Cada jurisdicción tiene su poder de policía. La autoridad de cuenca, independientemente de ese poder, tiene la facultad de ir, mirar y dictar medidas preventivas cuyo objeto es proteger la salud o el ambiente.
Desde abril de 2007 hasta la fecha se realizaron 1.300 intervenciones a la industria, dictándose 280 medidas preventivas, de las cuales 70 fueron clausuras.
Fecha de Publicación: 18/03/2008
Fuente: Impulso Baires
La Matanza - Diez de los catorce municipios que integran la cuenca Matanza-Riachuelo firmaron el denominado Programa de Fortalecimiento Institucional, por el cual se comprometen a jerarquizar las áreas ambientales y preparar una agenda ambiental explícita, entre otros temas.
El establecimiento de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) puso fin a una suerte de anarquía institucional que impedía establecer reglas claras y compartidas tendientes a revertir la situación de emergencia ambiental a lo largo de los 2.200 kilómetros cuadrados que ocupa la superficie de la misma.
En tal sentido, y a través del Programa de Fortalecimiento Institucional, se logró acordar una serie de puntos básicos, obligatorios para los municipios firmantes, para un normal funcionamiento de la Cuenca.
Entre estos puntos, además de los mencionados, destacan la obligatoriedad de contar con normas que aseguren la participación pública en la elaboración de leyes ambientales, ofrecer información en materia ambiental y tener sistemas de información centralizada compatibles con los de la Autoridad de Cuenca.
"Cuando yo pida información de una industria, que sea el municipio el primero que me la da, cuando yo pongo una clausura, que sea el municipio el primero que verifica si se hace, o sea, eso es calidad institucional, es decir, funciona como un verdadero reloj sincronizado", explicó el secretario general de la ACUMAR, Alejandro Rossi.
En la ACUMAR existe actualmente una plataforma para los proyectos que se están trabajando durante 2008, que involucra un patrón unificado de empresas.
De esta manera, todo establecimiento que esté en la cuenca se registra en la autoridad, en un sistema informático que conecta toda la información municipal, provincial y nacional, así como los planes de reconversión.
Toda esta información se volcará en la base de datos del Sistema de Información Ambiental, que tendrá acceso on line y público.
Para una primera etapa, está calculado que el programa almacene los datos de unas 3 mil empresas, de las cuales 600 ya fueron cargadas durante los primeros nueve meses de funcionamiento.
"Queremos llegar a totalizar los tres mil en el transcurso de este año, con lo cual entramos en la etapa dos, que es pasar el peine fino, y que no solamente es tener empadronadas a las empresas, sino cómo están empadronadas", destacó Rossi.
A diferencia de lo que se acostumbraba hasta ahora, en que los registros de las dependencias públicas sólo cargaban el nombre, razón social, dirección y cantidad de empleados de las empresas, ahora se cuenta con datos mas detallados de las mismas.
Es así que figura cuánta agua toman de la napa, cuánta se vuelca, que tipo de sustancias, emisiones, instalaciones de la empresa, producción, productos que genera, todo cargado en un modelo matemático georeferenciado que permite ver en un momento dado y en un punto dado de la cuenca, cual es el efecto de esa industria.
Cada jurisdicción tiene su poder de policía. La autoridad de cuenca, independientemente de ese poder, tiene la facultad de ir, mirar y dictar medidas preventivas cuyo objeto es proteger la salud o el ambiente.
Desde abril de 2007 hasta la fecha se realizaron 1.300 intervenciones a la industria, dictándose 280 medidas preventivas, de las cuales 70 fueron clausuras.
Piden no elevar las retenciones a la minería
Piden no elevar las retenciones a la minería
Fecha de Publicación: 18/03/2008
Fuente: InfoBae
La diputada nacional María Julia Acosta (Frente para la Victoria) se sumó hoy a la iniciativa presentada por el senador radical y ex gobernador de Catamarca, Oscar Castillo
La legisladora presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para que las empresas mineras que operan en la provincia no sufran un incremento de nuevas retenciones a las exportaciones, ya que –dijo- "hoy aportan u$s67 millones", en ese concepto, que "no vuelven a los catamarqueños".
"Los u$s67 millones que suman las empresas que pagan retenciones en Catamarca podrían retornar a la provincia en obras de infraestructura, a través de los programas nacionales, que, hoy por hoy, como ese impuesto no es coparticipable, no regresan de ninguna forma", indicó.
En ese sentido, la diputada kirchenerista señaló que “el monto que dejó de ingresar la provincia en concepto de utilidades y regalías mineras puede recuperarse en obras para la jurisdicción, indicó Acosta.
La diputada kirchnerista presentó un proyecto en la Cámara de Diputados recordó que desde 2002 las empresas mineras están eximidas de pagar derechos de entre 5 y 10%, de acuerdo con el tipo de minerales, según una resolución del Ministerio de Economía, pero ahora el pago fue restituido.
Coparticipación de los recursos
La semana pasada, el actual senador y ex gobernador de Catamarca, Oscar Castillo, anunció que Las provincias productoras de minerales pedirán al Gobierno Nacional la transferencia de los recursos que cobra en concepto de regalías a las exportaciones mineras, debido a que se están viendo perjudicadas por el porcentaje que no perciben actualmente de las utilidades que generan las empresas del rubro, ya que el impuesto que cobra el Poder Ejecutivo no es coparticipable.
El requerimiento fue formulado mediante un proyecto de ley impulsado por el ex gobernador de Catamarca y actual senador por el Frente Cívico y Social de esa provincia, Oscar Castillo, que cuenta con el respaldo de los legisladores de las provincias que actualmente poseen emprendimientos mineros en sus respectivos territorios, como San Juan, Santa Cruz y Salta.
Castillo comparó la problemática de las provincias mineras con la que sufren aquellos estados con fuerte producción agrícola, como Córdoba, que tampoco reciben coparticipación de los ingresos que generan las retenciones por exportaciones de granos.
Según Castillo, las compensaciones a la explotación minera abarcarían a las provincias adheridas a la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras, y significarían “la devolución de los montos no ingresados por la aplicación de las retenciones” a esa actividad.
Fecha de Publicación: 18/03/2008
Fuente: InfoBae
La diputada nacional María Julia Acosta (Frente para la Victoria) se sumó hoy a la iniciativa presentada por el senador radical y ex gobernador de Catamarca, Oscar Castillo
La legisladora presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para que las empresas mineras que operan en la provincia no sufran un incremento de nuevas retenciones a las exportaciones, ya que –dijo- "hoy aportan u$s67 millones", en ese concepto, que "no vuelven a los catamarqueños".
"Los u$s67 millones que suman las empresas que pagan retenciones en Catamarca podrían retornar a la provincia en obras de infraestructura, a través de los programas nacionales, que, hoy por hoy, como ese impuesto no es coparticipable, no regresan de ninguna forma", indicó.
En ese sentido, la diputada kirchenerista señaló que “el monto que dejó de ingresar la provincia en concepto de utilidades y regalías mineras puede recuperarse en obras para la jurisdicción, indicó Acosta.
La diputada kirchnerista presentó un proyecto en la Cámara de Diputados recordó que desde 2002 las empresas mineras están eximidas de pagar derechos de entre 5 y 10%, de acuerdo con el tipo de minerales, según una resolución del Ministerio de Economía, pero ahora el pago fue restituido.
Coparticipación de los recursos
La semana pasada, el actual senador y ex gobernador de Catamarca, Oscar Castillo, anunció que Las provincias productoras de minerales pedirán al Gobierno Nacional la transferencia de los recursos que cobra en concepto de regalías a las exportaciones mineras, debido a que se están viendo perjudicadas por el porcentaje que no perciben actualmente de las utilidades que generan las empresas del rubro, ya que el impuesto que cobra el Poder Ejecutivo no es coparticipable.
El requerimiento fue formulado mediante un proyecto de ley impulsado por el ex gobernador de Catamarca y actual senador por el Frente Cívico y Social de esa provincia, Oscar Castillo, que cuenta con el respaldo de los legisladores de las provincias que actualmente poseen emprendimientos mineros en sus respectivos territorios, como San Juan, Santa Cruz y Salta.
Castillo comparó la problemática de las provincias mineras con la que sufren aquellos estados con fuerte producción agrícola, como Córdoba, que tampoco reciben coparticipación de los ingresos que generan las retenciones por exportaciones de granos.
Según Castillo, las compensaciones a la explotación minera abarcarían a las provincias adheridas a la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras, y significarían “la devolución de los montos no ingresados por la aplicación de las retenciones” a esa actividad.
Multaron a minera de Macri
Multaron a minera de Macri por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/03/2008
Fuente: infoBAE profesional
Acusaron a Geometales del uso de manera clandestina del agua. Además, el Gobierno mendocino analiza la suspensión de la exploración por incumplimientos
La minera Geometales, que busca cobre en la localidad mendocina de Malargüe fue multada por el Departamento General de Irrigación acusada del uso de manera clandestina de agua de cauces naturales, deberá pagar 154.132 pesos.
La empresa, de la que es propietario Franco Macri, había sido advertida hace más de un año que debía solicitar los permisos a Irrigación y presentar esa acreditación en cinco días. Recién el 13 de febrero de este año consta el inicio del trámite. Desde la minera aseguraron que apelarán la medida y que no se ha producido ningún daño ambiental.
El organismo informó que la firma no tiene autorización para usar agua y verter efluentes por lo que decretó la sanción y el cese del uso del agua.
Pero los problemas se suman para la empresa de Macri, es que la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental realizó una inspección en el lugar el 8 de febrero y emplazó a que en 72 horas presentaran las autorizaciones para el uso del agua, el tratamiento de residuos y otros permisos, según publicó el diario Los Andes.
El plazo se venció y ahora el Gobierno analiza ordenar la suspensión preventiva de todas las actividades de exploración de esa firma. Si la medida se concreta se abriría un sumario administrativo para evaluar sanciones a la empresa.
Desde la Secretaría de Medio Ambiente aclararon que no se detectó contaminación de ningún tipo, ni se realizan actividades riesgosas pero que la empresa no cumplió con los procesos administrativos que corresponden. "Nosotros tenemos un proceso de control en marcha. No hay riesgo de contaminación por el tipo de actividad.Pero la empresa no nos presentó las autorizaciones que se solicitaron", explicó Ricardo Debandi, director de Saneamiento al matutino.
Los inspectores de Medio Ambiente y de la Policía del Agua, de Irrigación, viajaron por separado hasta el emprendimiento, ubicado cerca del Paso las Damas en Malargüe, luego de que los integrantes de la Multisectorial del Sur presentaran sus inquietudes por el trabajo minero.
Al realizar la inspección advirtieron que la empresa usaba agua sin permiso. "De las inspecciones efectuadas surge que existe un volumen de agua en uso clandestino o no autorizado y que hay una deficiente acreditación del destino de los efluentes contaminantes que permite concluir que la empresa ha practicado vertidos no autorizados de efluentes", dice la resolución de Irrigación, que fue comunicada el viernes último a la empresa. Ahora Geometales tiene cinco días para presentar su descargo.
Las direcciones de Minería y Saneamiento y Control Ambiental controlan ese proceso, pero quien autoriza y controla el uso del agua es Irrigación. En esa repartición no tenían registro de la actividad que se llevaba adelante en la montaña.
"Fuimos hasta el lugar y detectamos que se hacía uso clandestino del agua. No es verdad que cumplen con todos los requisitos legales. Acá todos saben que es Irrigación quien debe autorizar el uso del agua de los ríos", explicó José Luis López, superintendente a cargo de Irrigación.
La minera tiene en perforación 13 pozos y se estima llegar a los 400 metros de profundidad. En total hay unas 50 personas en el campamento, entre los cuales hay personal de empresas chinas.
Fecha de Publicación: 17/03/2008
Fuente: infoBAE profesional
Acusaron a Geometales del uso de manera clandestina del agua. Además, el Gobierno mendocino analiza la suspensión de la exploración por incumplimientos
La minera Geometales, que busca cobre en la localidad mendocina de Malargüe fue multada por el Departamento General de Irrigación acusada del uso de manera clandestina de agua de cauces naturales, deberá pagar 154.132 pesos.
La empresa, de la que es propietario Franco Macri, había sido advertida hace más de un año que debía solicitar los permisos a Irrigación y presentar esa acreditación en cinco días. Recién el 13 de febrero de este año consta el inicio del trámite. Desde la minera aseguraron que apelarán la medida y que no se ha producido ningún daño ambiental.
El organismo informó que la firma no tiene autorización para usar agua y verter efluentes por lo que decretó la sanción y el cese del uso del agua.
Pero los problemas se suman para la empresa de Macri, es que la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental realizó una inspección en el lugar el 8 de febrero y emplazó a que en 72 horas presentaran las autorizaciones para el uso del agua, el tratamiento de residuos y otros permisos, según publicó el diario Los Andes.
El plazo se venció y ahora el Gobierno analiza ordenar la suspensión preventiva de todas las actividades de exploración de esa firma. Si la medida se concreta se abriría un sumario administrativo para evaluar sanciones a la empresa.
Desde la Secretaría de Medio Ambiente aclararon que no se detectó contaminación de ningún tipo, ni se realizan actividades riesgosas pero que la empresa no cumplió con los procesos administrativos que corresponden. "Nosotros tenemos un proceso de control en marcha. No hay riesgo de contaminación por el tipo de actividad.Pero la empresa no nos presentó las autorizaciones que se solicitaron", explicó Ricardo Debandi, director de Saneamiento al matutino.
Los inspectores de Medio Ambiente y de la Policía del Agua, de Irrigación, viajaron por separado hasta el emprendimiento, ubicado cerca del Paso las Damas en Malargüe, luego de que los integrantes de la Multisectorial del Sur presentaran sus inquietudes por el trabajo minero.
Al realizar la inspección advirtieron que la empresa usaba agua sin permiso. "De las inspecciones efectuadas surge que existe un volumen de agua en uso clandestino o no autorizado y que hay una deficiente acreditación del destino de los efluentes contaminantes que permite concluir que la empresa ha practicado vertidos no autorizados de efluentes", dice la resolución de Irrigación, que fue comunicada el viernes último a la empresa. Ahora Geometales tiene cinco días para presentar su descargo.
Las direcciones de Minería y Saneamiento y Control Ambiental controlan ese proceso, pero quien autoriza y controla el uso del agua es Irrigación. En esa repartición no tenían registro de la actividad que se llevaba adelante en la montaña.
"Fuimos hasta el lugar y detectamos que se hacía uso clandestino del agua. No es verdad que cumplen con todos los requisitos legales. Acá todos saben que es Irrigación quien debe autorizar el uso del agua de los ríos", explicó José Luis López, superintendente a cargo de Irrigación.
La minera tiene en perforación 13 pozos y se estima llegar a los 400 metros de profundidad. En total hay unas 50 personas en el campamento, entre los cuales hay personal de empresas chinas.
Uruguay y Brasil se unen contra Botnia
Asambleas de Uruguay y Brasil se unen contra Botnia
Fecha de Publicación: 16/03/2008
Fuente: InfoBae
Llegarán esta tarde a Gualeguaychú representantes de unas cuarenta asambleas de esos países. Junto a los argentinos analizarán nuevas medidas de control sobre las pasteras
Asambleístas de Entre Ríos, Uruguay y Brasil que se oponen al funcionamiento de la papelera Botnia se reunirán a las 15 para debatir acerca de nuevas medidas de control sobre las pasteras instaladas en ambos países.
La llamada Asamblea Regional tendrá su sesión en el Teatro Gualeguaychú, donde analizarán la necesidad de extremar el cuidado del río Uruguay y la supervisión de las pasteras argentinas que están sobre el río Paraná.
Los asambleístas, quienes rechazan el funcionamiento de la papelera Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, no descartaron la elaboración de un plan para actuar contra la pastera, aunque aún no se decidió ninguna acción directa.
Luego del debate en el Teatro Gualeguaychú, el encuentro se trasladará a Arroyo Verde, donde se elaborará el documento final y se informará sobre las conclusiones que se abordaron.
Fecha de Publicación: 16/03/2008
Fuente: InfoBae
Llegarán esta tarde a Gualeguaychú representantes de unas cuarenta asambleas de esos países. Junto a los argentinos analizarán nuevas medidas de control sobre las pasteras
Asambleístas de Entre Ríos, Uruguay y Brasil que se oponen al funcionamiento de la papelera Botnia se reunirán a las 15 para debatir acerca de nuevas medidas de control sobre las pasteras instaladas en ambos países.
La llamada Asamblea Regional tendrá su sesión en el Teatro Gualeguaychú, donde analizarán la necesidad de extremar el cuidado del río Uruguay y la supervisión de las pasteras argentinas que están sobre el río Paraná.
Los asambleístas, quienes rechazan el funcionamiento de la papelera Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, no descartaron la elaboración de un plan para actuar contra la pastera, aunque aún no se decidió ninguna acción directa.
Luego del debate en el Teatro Gualeguaychú, el encuentro se trasladará a Arroyo Verde, donde se elaborará el documento final y se informará sobre las conclusiones que se abordaron.
La responsabilidad de proteger los bosques
Proteger nuestros bosques nativos: una responsabilidad de todos
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: El Diario de Paraná - Por Daniel Raúl Bescos
“La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. Albert Einstein.
Los bosques nativos son aquellos que se desarrollan naturalmente en un área y están integrados por especies adaptadas a la zona, ya que han transcurrido muchas generaciones desde que se instalaron.
Revisten una gran importancia, pues forman parte del pasado y su futuro está ligado con el futuro de un país, ya que su presencia involucra beneficios indispensables de la vida sobre nuestro planeta, cuales son: refugio de flora y fauna, protección de los suministros de agua y suelos, fuente de energía, entre otros.
Lamentablemente, los números que nos muestra la realidad son alarmantes: el planeta perdió ya el 60 % de su cobertura vegetal en los últimos 200 años, proceso que se aceleró desde el advenimiento de la era industrial.
La Argentina no está ajena a esta realidad: hacia principios del siglo XX tenía aproximadamente el 30 % de su superficie cubierta por bosques.
Debido a la expansión de actividades agropecuarias e industriales y al avance de los centros poblados, la superficie boscosa muestra una notable disminución.
Nuestro país perdió el 70 % de su patrimonio forestal en los últimos 70 años, poniendo en peligro el 40 % de sus especies vegetales y animales.
Degradados
Los bosques nativos en la Argentina han sido sometidos a severos procesos de degradación, comprometiendo sus posibilidades de brindar bienes y servicios. Debemos tener en cuenta que muchos bosques nativos constituyen una fuente de recursos para un importante segmento de la población de bajos recursos.
Los bosques nativos son nuestra “esponja natural y paraguas protector del suelo”. Son el perfecto diseño que equilibra los ecosistemas y garantiza nuestra supervivencia.
Un informe elaborado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, indica que los desmontes provocan emisiones de carbono a la atmósfera en un nivel tan alarmante que supera cinco veces las provenientes de procesos industriales.
Con la tala de bosques incrementamos no sólo problemas ambientales, sino también sociales y económicos.
La desaparición de nuestros bosques nativos genera nefastas consecuencias para nuestro medio ambiente: pérdida de la biodiversidad, desertificación, cambios climáticos e inundaciones, lo que muchas veces provoca la expulsión de las comunidades indígenas o campesinas que históricamente han habitado esas zonas.
Naturaleza
No podemos olvidarnos de un desastre ambiental ocurrido hace muy poco tiempo, ocasionado por los desmontes: las inundaciones en Tartagal, provincia de Salta.
Conocidos son los servicios ambientales que brindan los bosques nativos: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de la calidad del agua, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, defensa de la identidad cultural.
Según el coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina, Lic. Hernán Giardini, “La explotación de los bosques nativos en nuestro país tiene un carácter extractivo. El método de aprovechamiento más utilizado es el de la tala selectiva, la extracción de las especies de mayor valor comercial, que produce un gran deterioro de la biodiversidad de la masa remanente.
Pero desde hace aproximadamente 10 años a la tala indiscriminada se le sumó una nueva amenaza: el desmonte con maquinaria pesada (topadoras) en busca de nuevos suelos. A diferencia de la tala, el desmonte elimina todo, incluso el sotobosque o bosque bajo, que permitiría cierta recuperación del mismo”
Greenpeace promueve el aprovechamiento del bosque bajo los principios y estándares del Consejo Forestal Mundial (FSC: Consejo de Manejo Forestal).
Estos principios contemplan, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas a controlar el manejo forestal de sus tierras; propenden al bienestar de las comunidades locales y de los trabajadores forestales; promueven el uso eficiente de los múltiples productos y servicios del bosque; fomentan el incremento de los atributos de los bosques con alto valor de conservación; prevén monitoreos y evaluaciones de impacto ambiental, entre otros.
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: El Diario de Paraná - Por Daniel Raúl Bescos
“La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. Albert Einstein.
Los bosques nativos son aquellos que se desarrollan naturalmente en un área y están integrados por especies adaptadas a la zona, ya que han transcurrido muchas generaciones desde que se instalaron.
Revisten una gran importancia, pues forman parte del pasado y su futuro está ligado con el futuro de un país, ya que su presencia involucra beneficios indispensables de la vida sobre nuestro planeta, cuales son: refugio de flora y fauna, protección de los suministros de agua y suelos, fuente de energía, entre otros.
Lamentablemente, los números que nos muestra la realidad son alarmantes: el planeta perdió ya el 60 % de su cobertura vegetal en los últimos 200 años, proceso que se aceleró desde el advenimiento de la era industrial.
La Argentina no está ajena a esta realidad: hacia principios del siglo XX tenía aproximadamente el 30 % de su superficie cubierta por bosques.
Debido a la expansión de actividades agropecuarias e industriales y al avance de los centros poblados, la superficie boscosa muestra una notable disminución.
Nuestro país perdió el 70 % de su patrimonio forestal en los últimos 70 años, poniendo en peligro el 40 % de sus especies vegetales y animales.
Degradados
Los bosques nativos en la Argentina han sido sometidos a severos procesos de degradación, comprometiendo sus posibilidades de brindar bienes y servicios. Debemos tener en cuenta que muchos bosques nativos constituyen una fuente de recursos para un importante segmento de la población de bajos recursos.
Los bosques nativos son nuestra “esponja natural y paraguas protector del suelo”. Son el perfecto diseño que equilibra los ecosistemas y garantiza nuestra supervivencia.
Un informe elaborado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, indica que los desmontes provocan emisiones de carbono a la atmósfera en un nivel tan alarmante que supera cinco veces las provenientes de procesos industriales.
Con la tala de bosques incrementamos no sólo problemas ambientales, sino también sociales y económicos.
La desaparición de nuestros bosques nativos genera nefastas consecuencias para nuestro medio ambiente: pérdida de la biodiversidad, desertificación, cambios climáticos e inundaciones, lo que muchas veces provoca la expulsión de las comunidades indígenas o campesinas que históricamente han habitado esas zonas.
Naturaleza
No podemos olvidarnos de un desastre ambiental ocurrido hace muy poco tiempo, ocasionado por los desmontes: las inundaciones en Tartagal, provincia de Salta.
Conocidos son los servicios ambientales que brindan los bosques nativos: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de la calidad del agua, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, defensa de la identidad cultural.
Según el coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina, Lic. Hernán Giardini, “La explotación de los bosques nativos en nuestro país tiene un carácter extractivo. El método de aprovechamiento más utilizado es el de la tala selectiva, la extracción de las especies de mayor valor comercial, que produce un gran deterioro de la biodiversidad de la masa remanente.
Pero desde hace aproximadamente 10 años a la tala indiscriminada se le sumó una nueva amenaza: el desmonte con maquinaria pesada (topadoras) en busca de nuevos suelos. A diferencia de la tala, el desmonte elimina todo, incluso el sotobosque o bosque bajo, que permitiría cierta recuperación del mismo”
Greenpeace promueve el aprovechamiento del bosque bajo los principios y estándares del Consejo Forestal Mundial (FSC: Consejo de Manejo Forestal).
Estos principios contemplan, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas a controlar el manejo forestal de sus tierras; propenden al bienestar de las comunidades locales y de los trabajadores forestales; promueven el uso eficiente de los múltiples productos y servicios del bosque; fomentan el incremento de los atributos de los bosques con alto valor de conservación; prevén monitoreos y evaluaciones de impacto ambiental, entre otros.
Mineros cargan contra los ambientalistas
Mineros cargan contra los ambientalistas
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: La Voz del Interior
Dicen que ignoran cómo funciona la actividad. Critican las recientes prohibiciones generadas a partir de las protestas.
“No hay impacto ambiental más grave e irreversible ni peor daño ecológico que el hambre y la miseria de mucha gente que vive en lugares inhóspitos donde la única posibilidad laboral que tiene es la minería”.
De esa manera, Pedro Argañaraz, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), filial Córdoba, sumó su voz al debate instalado en la provincia a partir de la reacción de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil ante versiones y polémicos proyectos mineros.
Por caso, la organización ¡Ongamira despierta! puso el grito en el cielo cuando trascendió que una empresa de capitales extranjeros había solicitado permiso de exploración y cateo mineral metalífero en ese pintoresco lugar de valor cultural, histórico y paisajístico.
Las acciones de resistencia y rechazo desarrolladas por la entidad llevaron al gobernador Juan Schiaretti a prohibir la actividad en la zona “para evitar la contaminación y preservar el medio ambiente”. Los ambientalistas denuncian que esta prohibición no se ha plasmado en los hechos.
El movimiento iniciado en 2003 por vecinos de ese paraje serrano –ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– se replicó en Traslasierra y otros puntos de la provincia.
“Muchos ambientalistas actúan a veces con desconocimiento de la minería y de manera egoísta”, cuestionó Argañaraz. “¿Acaso saben qué pasaría si la actividad minera se paralizara completamente un mes en la Argentina?”, se preguntó el dirigente gremial.
“Me parece que ignoran que para producir medicamentos vitales y fabricar hasta una simple lapicera se necesitan productos provenientes de la minería, para no hablar de los fertilizantes para recuperar los suelos agotados por la soja o armar los teléfonos celulares con los que se comunican quienes se dicen defensores del ambiente”, señaló el sindicalista.
Perfil minero
En lo que respecta al aspecto social de la problemática, Argañaraz remarcó que Aoma tiene 3.500 obreros mineros agremiados y unos 14 mil beneficiarios de la obra social en Córdoba.
“El perfil de nuestro trabajador es muy singular: es un hombre de unos 40 años, con cuatro hijos, escasa instrucción (un 80 por ciento del padrón de afiliados no tiene siquiera estudios primarios terminados) y vive en lugares que no son aptos para el cultivo, la ganadería ni la economía de subsistencia”, describió el dirigente.
“Gana, en promedio, unos 1.200 pesos iniciales cuando está en blanco pero hay bastante informalidad en esta actividad”, completó Argañaraz. “¿Quién y dónde puede ofrecerle mejores condiciones de empleo?”, planteó el gremialista.
Argañaraz recordó que un tercio de Córdoba está ocupado por masas rocosas y aseguró que en la actualidad la provincia es proveedora del 40 por ciento de las piedras que se utilizan en la construcción en todo el país.
“¿Los ambientalistas viven en chozas o en cuevas naturales o pegan los ladrillos de sus casas con barro?”, planteó con ironía.
Argañaraz sostuvo que hay que promover la actividad tomando todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo posible el impacto ambiental. Finalmente, aseguró que “en Córdoba no hay posibilidad de explotación mineral metalífera, menos de oro o plata, como se escucha por ahí”.
Estamos en Córdoba, muchachos
Tal como viene ocurriendo desde la década pasada en las provincias cordilleranas, Córdoba acabó siendo también escenario de lo que ya es un clásico enfrentamiento argentino, otro River Boca, que en este caso tiene como estadio el territorio completo: la selección de la comunidad minera, especialmente sus grandes empresas, contra el equipo de la comunidad ambientalista.
Como van las cosas el país se arriesga a celebrar su bicentenario sin ponerse de acuerdo sobre una cuestión importante como es su desarrollo minero.
Si vemos los números mineros, ridículo que alguien pudiera oponerse a su avance: es responsable en la actualidad de multimillonarias porciones del total de las exportaciones nacionales y de las inversiones extranjeras. Se espera que en siete años sus exportaciones alcancen los 20 mil millones de dólares y las inversiones dupliquen esa cifra. Además la minería paga sueldos por encima del promedio y, de continuar el ritmo expansivo actual, empleará directamente a 80 mil personas para el 2.015.
Ahora, si nos ponemos a ver el esquema minero que sostiene aquel salto en las cifras y las consecuencias económicas, ambientales y culturales que están produciendo algunos emprendimientos, parece incomprensible que la administración nacional no esté en este momento metida de cabeza en el diseño de un nuevo código minero.
Mientras las autoridades que deberían ser federales hacen como si el problema no existiera, en Córdoba asistimos a un enfrentamiento que parece un griterío entre sordos. ¿Alguien escuchó a un empresario minero reconocer que sus explotaciones no deberían perjudicar la provisión y pureza del agua, los tesoros arqueológicos, el patrimonio turístico de las localidades cercanas? ¿Alguien escuchó, por otro lado, a algún grupo ambientalista cordobés reconocer que está parado en la provincia argentina con mayor historia minera y que sería un despropósito prohibir toda la actividad, con la que, inevitablemente, seguiremos conviviendo?
Vivimos en una provincia que tiene la suerte de contar con grandes riquezas mineras, no metalíferas, y al mismo tiempo un patrimonio natural e histórico envidiable. Simultáneamente Argentina es considerada hoy uno de los países con mayor potencial minero del mundo, y está en situación de poder ver y prevenir los desastres que la minería ocasionó en otros lugares del planeta. ¿Es difícil ver que el camino pasa por la convivencia y no por la negación de la contraparte?
Córdoba podría unir esfuerzos con otras provincias para que la Nación modifique el actual código minero, denominado "colonial y anacrónico" por quien fue secretario cordobés de Minería hasta el año pasado, Néstor Scalerandi. Es un esquema que –existe coincidencia en el Gobierno nacional y en la oposición–, está dejando ganancias casi cero al país y provocando la desertificación, contaminación y desgaste de pueblos enteros. Son pueblos que no están lo suficientemente cerca de Puerto Madero como para que su padecimiento encuentre la repercusión que merecería. Mientras tanto, la pelea mineras versus ambientalistas sigue encubriendo el defecto de fondo.
Lugares clave
Ongamira. Los vecinos del valle de Ongamira comenzaron a movilizarse en rechazo de una eventual explotación minera metalífera en la región. La Secretaría de Minería hasta ahora afirma que en esa zona no hay oro ni un proyecto aprobado de exploración.
En Traslasierra. A fines del año pasado, algunos trabajos de exploración en Cañada de Salas, departamento Pocho, pusieron en estado de alerta a los ambientalistas de Salsacate y otros lugares de la provincia.
Mica. Pobladores de Bialet Massé denunciaron que la extracción de mica amenaza la calidad del agua potable que se toma en el pueblo.
Sitios arqueológicos. El año pasado, agrupaciones culturales de La Rinconada y Casa del Tigre, en Las Higueras, pidieron a la Provincia que declare área de exclusión minera a los yacimientos arqueológicos del noroeste. La iniciativa fue rechazada.
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: La Voz del Interior
Dicen que ignoran cómo funciona la actividad. Critican las recientes prohibiciones generadas a partir de las protestas.
“No hay impacto ambiental más grave e irreversible ni peor daño ecológico que el hambre y la miseria de mucha gente que vive en lugares inhóspitos donde la única posibilidad laboral que tiene es la minería”.
De esa manera, Pedro Argañaraz, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), filial Córdoba, sumó su voz al debate instalado en la provincia a partir de la reacción de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil ante versiones y polémicos proyectos mineros.
Por caso, la organización ¡Ongamira despierta! puso el grito en el cielo cuando trascendió que una empresa de capitales extranjeros había solicitado permiso de exploración y cateo mineral metalífero en ese pintoresco lugar de valor cultural, histórico y paisajístico.
Las acciones de resistencia y rechazo desarrolladas por la entidad llevaron al gobernador Juan Schiaretti a prohibir la actividad en la zona “para evitar la contaminación y preservar el medio ambiente”. Los ambientalistas denuncian que esta prohibición no se ha plasmado en los hechos.
El movimiento iniciado en 2003 por vecinos de ese paraje serrano –ubicado a unos 120 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba– se replicó en Traslasierra y otros puntos de la provincia.
“Muchos ambientalistas actúan a veces con desconocimiento de la minería y de manera egoísta”, cuestionó Argañaraz. “¿Acaso saben qué pasaría si la actividad minera se paralizara completamente un mes en la Argentina?”, se preguntó el dirigente gremial.
“Me parece que ignoran que para producir medicamentos vitales y fabricar hasta una simple lapicera se necesitan productos provenientes de la minería, para no hablar de los fertilizantes para recuperar los suelos agotados por la soja o armar los teléfonos celulares con los que se comunican quienes se dicen defensores del ambiente”, señaló el sindicalista.
Perfil minero
En lo que respecta al aspecto social de la problemática, Argañaraz remarcó que Aoma tiene 3.500 obreros mineros agremiados y unos 14 mil beneficiarios de la obra social en Córdoba.
“El perfil de nuestro trabajador es muy singular: es un hombre de unos 40 años, con cuatro hijos, escasa instrucción (un 80 por ciento del padrón de afiliados no tiene siquiera estudios primarios terminados) y vive en lugares que no son aptos para el cultivo, la ganadería ni la economía de subsistencia”, describió el dirigente.
“Gana, en promedio, unos 1.200 pesos iniciales cuando está en blanco pero hay bastante informalidad en esta actividad”, completó Argañaraz. “¿Quién y dónde puede ofrecerle mejores condiciones de empleo?”, planteó el gremialista.
Argañaraz recordó que un tercio de Córdoba está ocupado por masas rocosas y aseguró que en la actualidad la provincia es proveedora del 40 por ciento de las piedras que se utilizan en la construcción en todo el país.
“¿Los ambientalistas viven en chozas o en cuevas naturales o pegan los ladrillos de sus casas con barro?”, planteó con ironía.
Argañaraz sostuvo que hay que promover la actividad tomando todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo posible el impacto ambiental. Finalmente, aseguró que “en Córdoba no hay posibilidad de explotación mineral metalífera, menos de oro o plata, como se escucha por ahí”.
Estamos en Córdoba, muchachos
Tal como viene ocurriendo desde la década pasada en las provincias cordilleranas, Córdoba acabó siendo también escenario de lo que ya es un clásico enfrentamiento argentino, otro River Boca, que en este caso tiene como estadio el territorio completo: la selección de la comunidad minera, especialmente sus grandes empresas, contra el equipo de la comunidad ambientalista.
Como van las cosas el país se arriesga a celebrar su bicentenario sin ponerse de acuerdo sobre una cuestión importante como es su desarrollo minero.
Si vemos los números mineros, ridículo que alguien pudiera oponerse a su avance: es responsable en la actualidad de multimillonarias porciones del total de las exportaciones nacionales y de las inversiones extranjeras. Se espera que en siete años sus exportaciones alcancen los 20 mil millones de dólares y las inversiones dupliquen esa cifra. Además la minería paga sueldos por encima del promedio y, de continuar el ritmo expansivo actual, empleará directamente a 80 mil personas para el 2.015.
Ahora, si nos ponemos a ver el esquema minero que sostiene aquel salto en las cifras y las consecuencias económicas, ambientales y culturales que están produciendo algunos emprendimientos, parece incomprensible que la administración nacional no esté en este momento metida de cabeza en el diseño de un nuevo código minero.
Mientras las autoridades que deberían ser federales hacen como si el problema no existiera, en Córdoba asistimos a un enfrentamiento que parece un griterío entre sordos. ¿Alguien escuchó a un empresario minero reconocer que sus explotaciones no deberían perjudicar la provisión y pureza del agua, los tesoros arqueológicos, el patrimonio turístico de las localidades cercanas? ¿Alguien escuchó, por otro lado, a algún grupo ambientalista cordobés reconocer que está parado en la provincia argentina con mayor historia minera y que sería un despropósito prohibir toda la actividad, con la que, inevitablemente, seguiremos conviviendo?
Vivimos en una provincia que tiene la suerte de contar con grandes riquezas mineras, no metalíferas, y al mismo tiempo un patrimonio natural e histórico envidiable. Simultáneamente Argentina es considerada hoy uno de los países con mayor potencial minero del mundo, y está en situación de poder ver y prevenir los desastres que la minería ocasionó en otros lugares del planeta. ¿Es difícil ver que el camino pasa por la convivencia y no por la negación de la contraparte?
Córdoba podría unir esfuerzos con otras provincias para que la Nación modifique el actual código minero, denominado "colonial y anacrónico" por quien fue secretario cordobés de Minería hasta el año pasado, Néstor Scalerandi. Es un esquema que –existe coincidencia en el Gobierno nacional y en la oposición–, está dejando ganancias casi cero al país y provocando la desertificación, contaminación y desgaste de pueblos enteros. Son pueblos que no están lo suficientemente cerca de Puerto Madero como para que su padecimiento encuentre la repercusión que merecería. Mientras tanto, la pelea mineras versus ambientalistas sigue encubriendo el defecto de fondo.
Lugares clave
Ongamira. Los vecinos del valle de Ongamira comenzaron a movilizarse en rechazo de una eventual explotación minera metalífera en la región. La Secretaría de Minería hasta ahora afirma que en esa zona no hay oro ni un proyecto aprobado de exploración.
En Traslasierra. A fines del año pasado, algunos trabajos de exploración en Cañada de Salas, departamento Pocho, pusieron en estado de alerta a los ambientalistas de Salsacate y otros lugares de la provincia.
Mica. Pobladores de Bialet Massé denunciaron que la extracción de mica amenaza la calidad del agua potable que se toma en el pueblo.
Sitios arqueológicos. El año pasado, agrupaciones culturales de La Rinconada y Casa del Tigre, en Las Higueras, pidieron a la Provincia que declare área de exclusión minera a los yacimientos arqueológicos del noroeste. La iniciativa fue rechazada.
La Ciudad colaborará con el Riachuelo
La Ciudad colaborará en el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: La Prensa
La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, se reunió ayer con el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, quien se comprometió aportar una dinero que el gobierno de la ciudad no lo viene haciendo para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Picolotti concurrió con su equipo de trabajo de la Cuenca Matanza-Riachuelo y Macri estuvo acompañado el ministro de Medio Ambiente Pablo Picardo.
La fuente explicó además a esta agencia que Macri "se comprometió a que en 60 días va a decir cuánto y de dónde va aportar los 300 millones que la ciudad no viene aportando para el saneamiento de la cuenca".
En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró ayer en forma preventiva dos empresas durante operativos de control realizados en basurales clandestinos en la zona de la cuenca Matanza Riachuelo, donde la Policía Federal detuvo a tres personas e incautó vehículos.
El operativo de control se realizó en seis basurales clandestinos a cielo abierto ubicados en los partidos bonaerenses de Avellaneda, Esteban Echeverría y La Matanza, donde efectivos de la Policía Federal detuvo a tres personas encontradas in fraganti cuando descargaban residuos, informó en un comunicado la depedencia oficial.
Dos detenciones se concretaron en el basural delimitado por la calle Condié y la rectificación del Río Matanza, y en la intersección de las calles Moreno y La Rábida, en el Barrio Nueve de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
La tercera detención se produjo en el basural ubicado en José M. Paz al 1900, en el partido de Esteban Echevarría.
Como parte del operativo, efectivos policiales indagaron a los detenidos para conocer la procedencia de los residuos y, en consecuencia, la secretaría clausuró la empresa El Globito, de la localidad de San Justo, dedicada a la venta de materiales para la construcción y alquiler de volquete.
La otra empresa clausurada en forma preventiva fue Juan Pablo Arnaldi, ubicada en el partido de Esteban Echeverría. Como parte del operativo, la secretaría incautó dos vehículos utilizados por las personas encontradas cuando arrojaban residuos en los basurales clandestinos.
Una variada gama de obras de infraestructura y recuperación de áreas forma parte del Plan Integral de Saneamiento, que implica desde la relocalización de precarias zonas urbanas, hasta la realización de una autovía en la franja provincial.
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ha acordado un programa conjunto con la Municipalidad de Avellaneda que, en una primera parte, consistió en la relocalización de la denominada Villa Tranquila.
El mismo sistema está previsto para Villa Inflamable, otro de los barrios carenciados sobre las márgenes del Riachuelo, con una relocalización progresiva de unas 500 familias en un primer tramo, y otra cantidad similar en un segundo paso.
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: La Prensa
La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, se reunió ayer con el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, quien se comprometió aportar una dinero que el gobierno de la ciudad no lo viene haciendo para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Picolotti concurrió con su equipo de trabajo de la Cuenca Matanza-Riachuelo y Macri estuvo acompañado el ministro de Medio Ambiente Pablo Picardo.
La fuente explicó además a esta agencia que Macri "se comprometió a que en 60 días va a decir cuánto y de dónde va aportar los 300 millones que la ciudad no viene aportando para el saneamiento de la cuenca".
En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró ayer en forma preventiva dos empresas durante operativos de control realizados en basurales clandestinos en la zona de la cuenca Matanza Riachuelo, donde la Policía Federal detuvo a tres personas e incautó vehículos.
El operativo de control se realizó en seis basurales clandestinos a cielo abierto ubicados en los partidos bonaerenses de Avellaneda, Esteban Echeverría y La Matanza, donde efectivos de la Policía Federal detuvo a tres personas encontradas in fraganti cuando descargaban residuos, informó en un comunicado la depedencia oficial.
Dos detenciones se concretaron en el basural delimitado por la calle Condié y la rectificación del Río Matanza, y en la intersección de las calles Moreno y La Rábida, en el Barrio Nueve de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
La tercera detención se produjo en el basural ubicado en José M. Paz al 1900, en el partido de Esteban Echevarría.
Como parte del operativo, efectivos policiales indagaron a los detenidos para conocer la procedencia de los residuos y, en consecuencia, la secretaría clausuró la empresa El Globito, de la localidad de San Justo, dedicada a la venta de materiales para la construcción y alquiler de volquete.
La otra empresa clausurada en forma preventiva fue Juan Pablo Arnaldi, ubicada en el partido de Esteban Echeverría. Como parte del operativo, la secretaría incautó dos vehículos utilizados por las personas encontradas cuando arrojaban residuos en los basurales clandestinos.
Una variada gama de obras de infraestructura y recuperación de áreas forma parte del Plan Integral de Saneamiento, que implica desde la relocalización de precarias zonas urbanas, hasta la realización de una autovía en la franja provincial.
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ha acordado un programa conjunto con la Municipalidad de Avellaneda que, en una primera parte, consistió en la relocalización de la denominada Villa Tranquila.
El mismo sistema está previsto para Villa Inflamable, otro de los barrios carenciados sobre las márgenes del Riachuelo, con una relocalización progresiva de unas 500 familias en un primer tramo, y otra cantidad similar en un segundo paso.
Misiones busca poner fin al desmonte ilegal
Gobierno busca poner fin al desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: Misiones On Line
En el marco de las actividades que se realizarán en la provincia durante la celebración de la Semana Santa, el ministro de Ecología, Horacio Blodek, destacó el trabajo de los distintos municipios que presentan una variada gama de alternativas para recibir a los visitantes que recorrerán Misiones.
“El objetivo de posicionar a la provincia como un destino de importancia para todo el año se sustenta también con actividades específicas y una variada oferta, que van desde la fe religiosa, el rescate de la historia y la cultura y la siempre vigente propuesta que ofrecen los inagotables atractivos naturales”, dijo el ministro.
En ese contexto, Blodek también recordó que las áreas de Ecología y Turismo son sectores que trabajan con las puertas abiertas y con permanentes reuniones con la comunidad con la que se relaciona, y que en virtud de la organización interna que redundará en un mejor servicio, “hay disposiciones transitorias que se toman a efectos de afianzar la organización, delimitar las áreas de responsabilidades y brindar una más rápida y efectiva respuesta a los requerimientos de la sociedad”, explicó el funcionario.
En esta temporada, Misiones hace frente a una fuerte demanda desde el turismo regional, nacional e internacional, que se vale principalmente de la naturaleza, un recurso que el Estado está abocado a preservar y que motivó a que el Ministerio de Ecología se ponga a la cabeza de una investigación que pretende ponerle fin al desmonte ilegal, trabajando en forma conjunta con organizaciones ambientales privadas, grupos ecologistas, la comunidad de aborígenes guaraníes y otras dependencias del Estado, como el Ministerio de Gobierno y el de Derechos Humanos, con quienes promueven la investigación de las denuncias particulares sobre la deforestación en reservas de la provincia.
“El trabajo conjunto para preservar nuestra naturaleza incidirá en forma directa en la consolidación definitiva del turismo, una actividad que reconoce esfuerzos de los pequeños sectores particulares”, concluyó el ministro de Ecología.
Fecha de Publicación: 15/03/2008
Fuente: Misiones On Line
En el marco de las actividades que se realizarán en la provincia durante la celebración de la Semana Santa, el ministro de Ecología, Horacio Blodek, destacó el trabajo de los distintos municipios que presentan una variada gama de alternativas para recibir a los visitantes que recorrerán Misiones.
“El objetivo de posicionar a la provincia como un destino de importancia para todo el año se sustenta también con actividades específicas y una variada oferta, que van desde la fe religiosa, el rescate de la historia y la cultura y la siempre vigente propuesta que ofrecen los inagotables atractivos naturales”, dijo el ministro.
En ese contexto, Blodek también recordó que las áreas de Ecología y Turismo son sectores que trabajan con las puertas abiertas y con permanentes reuniones con la comunidad con la que se relaciona, y que en virtud de la organización interna que redundará en un mejor servicio, “hay disposiciones transitorias que se toman a efectos de afianzar la organización, delimitar las áreas de responsabilidades y brindar una más rápida y efectiva respuesta a los requerimientos de la sociedad”, explicó el funcionario.
En esta temporada, Misiones hace frente a una fuerte demanda desde el turismo regional, nacional e internacional, que se vale principalmente de la naturaleza, un recurso que el Estado está abocado a preservar y que motivó a que el Ministerio de Ecología se ponga a la cabeza de una investigación que pretende ponerle fin al desmonte ilegal, trabajando en forma conjunta con organizaciones ambientales privadas, grupos ecologistas, la comunidad de aborígenes guaraníes y otras dependencias del Estado, como el Ministerio de Gobierno y el de Derechos Humanos, con quienes promueven la investigación de las denuncias particulares sobre la deforestación en reservas de la provincia.
“El trabajo conjunto para preservar nuestra naturaleza incidirá en forma directa en la consolidación definitiva del turismo, una actividad que reconoce esfuerzos de los pequeños sectores particulares”, concluyó el ministro de Ecología.
Desvío millonario en el área nuclear
Admitieron un desvío millonario en el área nuclear
Fecha de Publicación: 14/03/2008
Fuente: La Nación - Por Paz Rodríguez Niell
El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) durante el gobierno de Néstor Kirchner, José Abriata, admitió ayer que sabía que en su organismo se había producido un desvío de seis millones de pesos y reconoció que durante meses no lo denunció para evitar un problema institucional.
Así lo relató a LA NACION un funcionario que estuvo presente en la indagatoria de Abriata, ayer, en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
La jueza investiga si se malversaron seis millones de pesos que debían destinarse a las obras en la central atómica Atucha II, que lleva 27 años en construcción.
Abriata estuvo al frente del máximo organismo nuclear hasta diciembre último, cuando fue reemplazado luego de la asunción de la Presidenta. En un primer momento, su rol en la causa era el de denunciante, pero con el avance de la investigación se convirtió en uno de los acusados. En ese carácter fue citado a declarar.
La maniobra que investigan Servini y el fiscal federal Guillermo Marijuán se remonta a 2006, cuando la CNEA firmó un convenio con Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa pública responsable de terminar Atucha II, para brindarle capacitación.
Entonces, la CNEA advirtió que, a fin de "cumplir con los cronogramas" previstos, necesitaba subcontratar a otra empresa y eligió a Dioxitek SA, que pertenece a la CNEA en un 99 por ciento. Le transfirió las obligaciones y los 6 millones de pesos que había recibido de NASA.
La Justicia sospecha que con esta operación se defraudó al Estado, que se pagaron montos exorbitantes por diferentes servicios y que se utilizaron facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes.
Abriata no fue quien firmó el traspaso de los seis millones. Lo hizo el vicepresidente de la CNEA, Carlos Rey. No obstante, el ex presidente está acusado de haber permitido la supuesta defraudación al Estado.
Ayer, Abriata sostuvo que se enteró del traspaso de los fondos cuando la operación ya se había concretado (dijo que estaba de vacaciones) y que la transferencia había sido ilícita porque Rey no tenía atribuciones para tomar una decisión semejante sin su aprobación.
Admitió, no obstante, que durante meses no lo denunció y explicó que no lo hizo porque creyó que iba a poder lograr que, de todos modos, se cumpliera el contrato con NASA, según relató a LA NACION un funcionario presente en la indagatoria.
Intento fallido
Además, según esa fuente, Abriata dijo que intentó recuperar el dinero y que pidió que le rindieran cuentas por los gastos. Declaró también que sólo logró que le devolvieran un millón de los seis transferidos.
Las indagatorias seguirán la semana próxima, con las declaraciones de Rey y del ex presidente de Dioxitek Santiago Morazzo. Mientras tanto, se siguen agregando pruebas al expediente y es probable que la lista de citados a declarar se amplíe, según advierten los investigadores.
El martes pasado, el abogado Ricardo Monner Sans presentó en la causa documentos que recibió en su estudio de informantes anónimos que denunciaron supuestos detalles de la maniobra. Es la quinta presentación de Monner Sans en el expediente. En este caso, el abogado le entregó a la jueza un escrito de once páginas más 139 anexos con documentos.
Uno de los principales elementos de la causa es un "informe preliminar" de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.
Allí se advierte que la documentación respaldatoria de los gastos alegados es deficiente y que "no ha sido posible evaluar si los desembolsos informados [por Dioxitek] encuadran en el marco" del convenio con la CNEA.
Fecha de Publicación: 14/03/2008
Fuente: La Nación - Por Paz Rodríguez Niell
El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) durante el gobierno de Néstor Kirchner, José Abriata, admitió ayer que sabía que en su organismo se había producido un desvío de seis millones de pesos y reconoció que durante meses no lo denunció para evitar un problema institucional.
Así lo relató a LA NACION un funcionario que estuvo presente en la indagatoria de Abriata, ayer, en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
La jueza investiga si se malversaron seis millones de pesos que debían destinarse a las obras en la central atómica Atucha II, que lleva 27 años en construcción.
Abriata estuvo al frente del máximo organismo nuclear hasta diciembre último, cuando fue reemplazado luego de la asunción de la Presidenta. En un primer momento, su rol en la causa era el de denunciante, pero con el avance de la investigación se convirtió en uno de los acusados. En ese carácter fue citado a declarar.
La maniobra que investigan Servini y el fiscal federal Guillermo Marijuán se remonta a 2006, cuando la CNEA firmó un convenio con Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa pública responsable de terminar Atucha II, para brindarle capacitación.
Entonces, la CNEA advirtió que, a fin de "cumplir con los cronogramas" previstos, necesitaba subcontratar a otra empresa y eligió a Dioxitek SA, que pertenece a la CNEA en un 99 por ciento. Le transfirió las obligaciones y los 6 millones de pesos que había recibido de NASA.
La Justicia sospecha que con esta operación se defraudó al Estado, que se pagaron montos exorbitantes por diferentes servicios y que se utilizaron facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes.
Abriata no fue quien firmó el traspaso de los seis millones. Lo hizo el vicepresidente de la CNEA, Carlos Rey. No obstante, el ex presidente está acusado de haber permitido la supuesta defraudación al Estado.
Ayer, Abriata sostuvo que se enteró del traspaso de los fondos cuando la operación ya se había concretado (dijo que estaba de vacaciones) y que la transferencia había sido ilícita porque Rey no tenía atribuciones para tomar una decisión semejante sin su aprobación.
Admitió, no obstante, que durante meses no lo denunció y explicó que no lo hizo porque creyó que iba a poder lograr que, de todos modos, se cumpliera el contrato con NASA, según relató a LA NACION un funcionario presente en la indagatoria.
Intento fallido
Además, según esa fuente, Abriata dijo que intentó recuperar el dinero y que pidió que le rindieran cuentas por los gastos. Declaró también que sólo logró que le devolvieran un millón de los seis transferidos.
Las indagatorias seguirán la semana próxima, con las declaraciones de Rey y del ex presidente de Dioxitek Santiago Morazzo. Mientras tanto, se siguen agregando pruebas al expediente y es probable que la lista de citados a declarar se amplíe, según advierten los investigadores.
El martes pasado, el abogado Ricardo Monner Sans presentó en la causa documentos que recibió en su estudio de informantes anónimos que denunciaron supuestos detalles de la maniobra. Es la quinta presentación de Monner Sans en el expediente. En este caso, el abogado le entregó a la jueza un escrito de once páginas más 139 anexos con documentos.
Uno de los principales elementos de la causa es un "informe preliminar" de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.
Allí se advierte que la documentación respaldatoria de los gastos alegados es deficiente y que "no ha sido posible evaluar si los desembolsos informados [por Dioxitek] encuadran en el marco" del convenio con la CNEA.
Gualeguaychú no aceptará fallo adverso
Papeleras: "Si el fallo de La Haya es adverso a Argentina, el pueblo de Gualeguaychú no lo acepta"
Fecha de Publicación: 13/03/2008
Fuente: Editorial Perfil
"Tenemos bastante sabido que los gobiernos están esperando el fallo de La Haya. Pero también sabemos que si el fallo fuera adverso a Argentina, el pueblo de Gualeguaychú no lo acepta, no lo acata" dijo la ambientalista uruguaya Julia Cóccaro, en comunicación telefónica con Perfil.com, y agregó: "Lo acatará el gobierno, eso lo dijo Cristina".
Los cancilleres de Argentina y Uruguay acordaron ayer que el conflicto por la pastera finlandesa Botnia, de Fray Bentos, sea resuelto por la Corte Internacional de La Haya. El anunció se dio en el marco de una gira de "presentación oficial" del nuevo Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Gonzalo Fernández.
"Cualquier cosa puede pasar, está todo en manos de La Haya" especuló Cóccaro, y agregó que "No sabemos que puede pasar si (el fallo) es adverso a Uruguay, qué pasa con la fábrica y la inversión. Hay un acuerdo que si la inversión se retira, Uruguay tiene que pagar todo a Finlandia".
Mano derecha de Tabaré Vázquez, Fernández fue el negociador principal en el conflicto por las papeleras mientras ocupaba su cargo anterior de Secretario de Presidencia, un puesto análogo al de Jefe de Gabinete. De hecho, el nuevo canciller es muy amigo de quien lo ostenta en Argentina, otro Fernández: Alberto, con quien estudió abogacía en Buenos Aires. Esa amistad ayudó a mantener la comunicación entre ambos países en los momentos de mayor tensión del conflicto.
"Hemos sido atropellados por el gobierno al aceptar el emprendimiento, y por Finlandia, que ha venido a instalarse en nuestra región para nada, porque no nos deja nada positivo", sostuvo Cóccaro, una de las pocas en su país que apoyan el reclamo de los asambleístas, y denunció que "disponen de nuestro patrimonio con absoluta libertad, amparados por nuestro Gobierno, que ha tenido una actitud entreguista total".
Fecha de Publicación: 13/03/2008
Fuente: Editorial Perfil
"Tenemos bastante sabido que los gobiernos están esperando el fallo de La Haya. Pero también sabemos que si el fallo fuera adverso a Argentina, el pueblo de Gualeguaychú no lo acepta, no lo acata" dijo la ambientalista uruguaya Julia Cóccaro, en comunicación telefónica con Perfil.com, y agregó: "Lo acatará el gobierno, eso lo dijo Cristina".
Los cancilleres de Argentina y Uruguay acordaron ayer que el conflicto por la pastera finlandesa Botnia, de Fray Bentos, sea resuelto por la Corte Internacional de La Haya. El anunció se dio en el marco de una gira de "presentación oficial" del nuevo Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Gonzalo Fernández.
"Cualquier cosa puede pasar, está todo en manos de La Haya" especuló Cóccaro, y agregó que "No sabemos que puede pasar si (el fallo) es adverso a Uruguay, qué pasa con la fábrica y la inversión. Hay un acuerdo que si la inversión se retira, Uruguay tiene que pagar todo a Finlandia".
Mano derecha de Tabaré Vázquez, Fernández fue el negociador principal en el conflicto por las papeleras mientras ocupaba su cargo anterior de Secretario de Presidencia, un puesto análogo al de Jefe de Gabinete. De hecho, el nuevo canciller es muy amigo de quien lo ostenta en Argentina, otro Fernández: Alberto, con quien estudió abogacía en Buenos Aires. Esa amistad ayudó a mantener la comunicación entre ambos países en los momentos de mayor tensión del conflicto.
"Hemos sido atropellados por el gobierno al aceptar el emprendimiento, y por Finlandia, que ha venido a instalarse en nuestra región para nada, porque no nos deja nada positivo", sostuvo Cóccaro, una de las pocas en su país que apoyan el reclamo de los asambleístas, y denunció que "disponen de nuestro patrimonio con absoluta libertad, amparados por nuestro Gobierno, que ha tenido una actitud entreguista total".
Controles para disminuir IA por la minería
Realizarán controles para disminuir impactos ambientales por la minería
Fecha de Publicación: 13/03/2008
Fuente: ADN
En cuatro regiones de la provincia de Río Negro (Andina, Sur, Alto Valle y Atlántica), donde se concretan diversos emprendimientos mineros, organismos gubernamentales realizarán controles para disminuir impactos ambientales y aplicarán medidas preventivas de mitigación de las operaciones de producción, en sus etapas de destape, operación y abandono de tareas.
En ese marco, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) trazó acciones prioritarias en el área de Lago Pellegrini (Alto Valle), donde se concentra una importante cantidad de proyectos mineros, en su mayoría explotaciones de bentonita (en el sector Este del lago), yeso y, en menor cantidad, canteras de áridos.
En ámbitos oficiales se analiza un informe ambiental de canteras presentado por una empresa petrolera para reseñar las afectaciones ambientales que originó la actividad extractiva en esta área, que se incorporará como diagnóstico de base a las inspecciones efectuadas por el organismo gubernamental.
Desde esa área se aseguró que “se priorizará la ejecución de una inspección en el sector para lo cual se deberá acordar con las empresas involucradas a fin de optimizar la tarea”, cuantificándose aproximadamente 60 canteras.
También serán inspeccionadas las ripieras del tipo graveras, que implican problemas especiales durante su explotación porque el nivel freático aflora con situaciones de contaminación que puede derivar, por deficiente estado de las máquinas afectadas a la explotación, en derrames de aceites u otras eventualidades.
En San Carlos de Bariloche y El Bolsón hay explotaciones de áridos, muy requeridos en la temporada invernal para el mejoramiento de las calles de la ciudad de Bariloche, donde se han detectado algunas dificultades en particular, pero también que “sistemáticas inspecciones y rigurosidad en la exigencia de los planes de remediación permitieron subsanar las situaciones anómalas”, consignó un informe oficial.
En el Bolsón las canteras están situadas en el sector de Mallin Ahogado y no presentan mayores dificultades, pero requieren de controles periódicos dado que en algunos casos avanza la explotación previa al acuerdo y la emisión de permisos por parte del Servicio Forestal Andino.
En la Línea sur, más precisamente las plantas de molienda de diatomita emplazadas en el parque industrial de Ingeniero Jacobacci, han requerido constantes inspecciones para lograr reducir la emisión de material particulado, tanto en el interior de las plantas como en el exterior. “Se lograron avances en el mejoramiento de los sistemas de captación de polvos y durante el año 2006 se hizo un pormenorizado análisis del tipo de material particulado y los valores de emisión”, se indicó.
En Los Menucos se concentra la mayor actividad de explotación de piedra laja y pórfidos, por lo cual el CODEMA ha brindado asistencia técnica para la elaboración de estudios de impacto ambiental a los pequeños productores cuya situación económica hacía inviable la presentación del mismo por sus medios. Además, se inspeccionarán anualmente localidades con menor número de explotaciones en este caso de caolín, como Aguada de Guerra, Pilcaniyeu y Mamuel Choique.
En el área Valcheta- San Antonio-Viedma, los controles se centran principalmente en Aguada Cecilio, donde se ubica la cantera de caliza proveedora de ALPAT, Salina El Gualicho, proveedora de sal, canteras existentes en cercanías de San Antonio Oeste en las que se trabaja conjuntamente con el municipio para respetar el correspondiente plan de ordenamiento.
Fecha de Publicación: 13/03/2008
Fuente: ADN
En cuatro regiones de la provincia de Río Negro (Andina, Sur, Alto Valle y Atlántica), donde se concretan diversos emprendimientos mineros, organismos gubernamentales realizarán controles para disminuir impactos ambientales y aplicarán medidas preventivas de mitigación de las operaciones de producción, en sus etapas de destape, operación y abandono de tareas.
En ese marco, el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) trazó acciones prioritarias en el área de Lago Pellegrini (Alto Valle), donde se concentra una importante cantidad de proyectos mineros, en su mayoría explotaciones de bentonita (en el sector Este del lago), yeso y, en menor cantidad, canteras de áridos.
En ámbitos oficiales se analiza un informe ambiental de canteras presentado por una empresa petrolera para reseñar las afectaciones ambientales que originó la actividad extractiva en esta área, que se incorporará como diagnóstico de base a las inspecciones efectuadas por el organismo gubernamental.
Desde esa área se aseguró que “se priorizará la ejecución de una inspección en el sector para lo cual se deberá acordar con las empresas involucradas a fin de optimizar la tarea”, cuantificándose aproximadamente 60 canteras.
También serán inspeccionadas las ripieras del tipo graveras, que implican problemas especiales durante su explotación porque el nivel freático aflora con situaciones de contaminación que puede derivar, por deficiente estado de las máquinas afectadas a la explotación, en derrames de aceites u otras eventualidades.
En San Carlos de Bariloche y El Bolsón hay explotaciones de áridos, muy requeridos en la temporada invernal para el mejoramiento de las calles de la ciudad de Bariloche, donde se han detectado algunas dificultades en particular, pero también que “sistemáticas inspecciones y rigurosidad en la exigencia de los planes de remediación permitieron subsanar las situaciones anómalas”, consignó un informe oficial.
En el Bolsón las canteras están situadas en el sector de Mallin Ahogado y no presentan mayores dificultades, pero requieren de controles periódicos dado que en algunos casos avanza la explotación previa al acuerdo y la emisión de permisos por parte del Servicio Forestal Andino.
En la Línea sur, más precisamente las plantas de molienda de diatomita emplazadas en el parque industrial de Ingeniero Jacobacci, han requerido constantes inspecciones para lograr reducir la emisión de material particulado, tanto en el interior de las plantas como en el exterior. “Se lograron avances en el mejoramiento de los sistemas de captación de polvos y durante el año 2006 se hizo un pormenorizado análisis del tipo de material particulado y los valores de emisión”, se indicó.
En Los Menucos se concentra la mayor actividad de explotación de piedra laja y pórfidos, por lo cual el CODEMA ha brindado asistencia técnica para la elaboración de estudios de impacto ambiental a los pequeños productores cuya situación económica hacía inviable la presentación del mismo por sus medios. Además, se inspeccionarán anualmente localidades con menor número de explotaciones en este caso de caolín, como Aguada de Guerra, Pilcaniyeu y Mamuel Choique.
En el área Valcheta- San Antonio-Viedma, los controles se centran principalmente en Aguada Cecilio, donde se ubica la cantera de caliza proveedora de ALPAT, Salina El Gualicho, proveedora de sal, canteras existentes en cercanías de San Antonio Oeste en las que se trabaja conjuntamente con el municipio para respetar el correspondiente plan de ordenamiento.
EIA de ENCE sólo con aspectos positivos
Estudio de Impacto Ambiental de ENCE sólo tiene en cuenta aspectos positivos
Fecha de Publicación: 12/03/2008
Fuente: REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
El Estudio de Impacto Ambiental presentado por ENCE para la instalación de una planta de celulosa en la localidad de Punta Pereira, en Colonia, es incompleto, no analiza los impactos de la forestación en el país directamente vinculados al emprendimiento industrial, y por eso no permite que la sociedad esté en condiciones de opinar sobre el proyecto y participar de manera informada en los procesos de consulta previa.
"Para una completa evaluación de los impactos posibles del proyecto 'Fábrica de Celulosa y Energía Eléctrica e Instalaciones Portuarias' en Punta Pereira, Colonia, debe exigirse a ENCE la ampliación de la información provista en el Estudio de Impacto Ambiental", señalan REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira en el manifiesto entregado a la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres.
La empresa española ENCE debería ampliar la información brindada para cumplir con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales. Es que el informe presentado por la compañía tiene un grave problema metodológico. "Se realiza un estudio de impacto ambiental que solamente considera los aspectos positivos del proyecto y los temas complejos se trabajan sin un manejo adecuado de la información, ante lo cual, la conclusión final del trabajo es la esperable", alertan las organizaciones ambientalistas.
Este defecto del informe de ENCE es grave si se tiene en cuenta que, según REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira, el emprendimiento celulósico constituye una severa amenaza al medio ambiente, pues implica un grado de contaminación inaceptable, además de una lesión al derecho humano a vivir en un ambiente sano.
Los grupos ambientalistas explican además que en el informe de ENCE hay afirmaciones no documentadas y altamente cuestionables, y que el reporte no tiene en cuenta la necesidad de aumentar la materia prima para producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa. En el medio rural uruguayo, con aproximadamente un millón de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos, se vive un proceso que incluye latifundización y extranjerización de la tierra, despoblamiento del medio rural, erosión del suelo, contaminación de las fuentes de agua y agotamiento de ese recurso. Una expansión del área forestada amenaza con agravar esas consecuencias sociales y ambientales.
El informe de ENCE no presenta además detalles sobre los sistema de monitoreo de la calidad del agua del Río de la Plata. La confusión en el manejo de algunos términos en el estudio de ENCE y la inexistencia de análisis sobre los impactos negativos del proyecto celulósico, hacen que sea fundamental una ampliación sustancial de la información por parte de la empresa, que permita una completa evaluación de las posibles consecuencias del emprendimiento, alertan REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira.
Fecha de Publicación: 12/03/2008
Fuente: REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
El Estudio de Impacto Ambiental presentado por ENCE para la instalación de una planta de celulosa en la localidad de Punta Pereira, en Colonia, es incompleto, no analiza los impactos de la forestación en el país directamente vinculados al emprendimiento industrial, y por eso no permite que la sociedad esté en condiciones de opinar sobre el proyecto y participar de manera informada en los procesos de consulta previa.
"Para una completa evaluación de los impactos posibles del proyecto 'Fábrica de Celulosa y Energía Eléctrica e Instalaciones Portuarias' en Punta Pereira, Colonia, debe exigirse a ENCE la ampliación de la información provista en el Estudio de Impacto Ambiental", señalan REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira en el manifiesto entregado a la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres.
La empresa española ENCE debería ampliar la información brindada para cumplir con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales. Es que el informe presentado por la compañía tiene un grave problema metodológico. "Se realiza un estudio de impacto ambiental que solamente considera los aspectos positivos del proyecto y los temas complejos se trabajan sin un manejo adecuado de la información, ante lo cual, la conclusión final del trabajo es la esperable", alertan las organizaciones ambientalistas.
Este defecto del informe de ENCE es grave si se tiene en cuenta que, según REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira, el emprendimiento celulósico constituye una severa amenaza al medio ambiente, pues implica un grado de contaminación inaceptable, además de una lesión al derecho humano a vivir en un ambiente sano.
Los grupos ambientalistas explican además que en el informe de ENCE hay afirmaciones no documentadas y altamente cuestionables, y que el reporte no tiene en cuenta la necesidad de aumentar la materia prima para producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa. En el medio rural uruguayo, con aproximadamente un millón de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos, se vive un proceso que incluye latifundización y extranjerización de la tierra, despoblamiento del medio rural, erosión del suelo, contaminación de las fuentes de agua y agotamiento de ese recurso. Una expansión del área forestada amenaza con agravar esas consecuencias sociales y ambientales.
El informe de ENCE no presenta además detalles sobre los sistema de monitoreo de la calidad del agua del Río de la Plata. La confusión en el manejo de algunos términos en el estudio de ENCE y la inexistencia de análisis sobre los impactos negativos del proyecto celulósico, hacen que sea fundamental una ampliación sustancial de la información por parte de la empresa, que permita una completa evaluación de las posibles consecuencias del emprendimiento, alertan REDES-AT, el WRM y el Grupo Guayubira.
Uruguay: la fiesta de Botnia
Uruguay: la fiesta de Botnia
Fecha de Publicación: 12/03/2008
Autor del Artículo: Grupo Guayubira
En un año de funcionamiento pleno Botnia facturará más de 800 millones de dólares, que le permitirán obtener 500 millones de beneficios. Un resultado que nunca soñaron los empresarios nórdicos en sus largas noches invernales: que fuera posible recuperar una inversión de esta naturaleza en algo más de dos años de operaciones. Los uruguayos, por su parte, mirarán desde afuera la zona franca, y concurrirán alegremente a las fiestas de la empresa a celebrar estos resultados.
En un mercado mundial donde los commodities no encuentran techo, la pulpa de celulosa ya va camino a los 900 dólares por tonelada, nivel que duplica el precio que utilizaron las empresas cuando planificaron sus proyectos de inversiones en estas tierras. El costo de producción de una tonelada de celulosa en estas plantas de gran escala no alcanza los 250 dólares; el resto es aritmética: si se logra producir un millón de toneladas de celulosa al año, de acuerdo a como está diseñada la planta, y se mantiene el escenario actual del mercado mundial, los resultados serán los mencionados.
El principal aporte de origen nacional a ese resultado es la provisión de la materia prima, la madera de eucaliptos; unos 3,5 metros cúbicos por cada tonelada de celulosa. La madera puesta en la fábrica es el principal elemento del costo considerado individualmente, y dará cuenta de casi la mitad de los costos totales, unos 110 millones de dólares.** La expresión “aporte de origen nacional” es un eufemismo; la mayoría de esa madera provendrá de las plantaciones de la empresa, en sus propiedades que ascienden a 156 mil hectáreas, concretando una transacción intraempresa.
Los otros costos más significativos provienen de los insumos químicos utilizados en el proceso industrial, en gran parte suministrados por la empresa Kemira, también instalada anexa a su planta, y en cuya propiedad el Estado finlandés participa con la mitad del capital. Un conjunto de servicios, como fletes terrestres y marítimos, mantenimiento industrial, provisión de energía y la amortización, completan la mayor parte de los costos.
Los salarios del personal, elemento del costo donde Uruguay también pellizca alguna fracción de la torta, constituyen un pequeño componente del costo total y mucho menos de los beneficios, aspecto compartido con la mayoría de las industrias modernas; un monto global inferior a los 15 millones de dólares al año.
Estas son las cuentas de la empresa, y las que justifican las fiestas. Las del país son otras, mucho menos atractivas. Con estos resultados, y si se mantiene el mercado internacional, es de esperar que se concreten rápidamente varias de las iniciativas de nuevas plantas de celulosa que se han anunciado en los últimos años, y las plantaciones forestales continúen viento en popa. El consuelo es que habrá muchas fiestas.
* Secretario ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur).
** Las cifras provienen de Metsa-Botnia (hgg Environment 2004), “Socio economic study of the impacts of Botnia SA Pulp Mill Project in Uruguay”, y elaboraciones propias para su actualización.
Fecha de Publicación: 12/03/2008
Autor del Artículo: Grupo Guayubira
En un año de funcionamiento pleno Botnia facturará más de 800 millones de dólares, que le permitirán obtener 500 millones de beneficios. Un resultado que nunca soñaron los empresarios nórdicos en sus largas noches invernales: que fuera posible recuperar una inversión de esta naturaleza en algo más de dos años de operaciones. Los uruguayos, por su parte, mirarán desde afuera la zona franca, y concurrirán alegremente a las fiestas de la empresa a celebrar estos resultados.
En un mercado mundial donde los commodities no encuentran techo, la pulpa de celulosa ya va camino a los 900 dólares por tonelada, nivel que duplica el precio que utilizaron las empresas cuando planificaron sus proyectos de inversiones en estas tierras. El costo de producción de una tonelada de celulosa en estas plantas de gran escala no alcanza los 250 dólares; el resto es aritmética: si se logra producir un millón de toneladas de celulosa al año, de acuerdo a como está diseñada la planta, y se mantiene el escenario actual del mercado mundial, los resultados serán los mencionados.
El principal aporte de origen nacional a ese resultado es la provisión de la materia prima, la madera de eucaliptos; unos 3,5 metros cúbicos por cada tonelada de celulosa. La madera puesta en la fábrica es el principal elemento del costo considerado individualmente, y dará cuenta de casi la mitad de los costos totales, unos 110 millones de dólares.** La expresión “aporte de origen nacional” es un eufemismo; la mayoría de esa madera provendrá de las plantaciones de la empresa, en sus propiedades que ascienden a 156 mil hectáreas, concretando una transacción intraempresa.
Los otros costos más significativos provienen de los insumos químicos utilizados en el proceso industrial, en gran parte suministrados por la empresa Kemira, también instalada anexa a su planta, y en cuya propiedad el Estado finlandés participa con la mitad del capital. Un conjunto de servicios, como fletes terrestres y marítimos, mantenimiento industrial, provisión de energía y la amortización, completan la mayor parte de los costos.
Los salarios del personal, elemento del costo donde Uruguay también pellizca alguna fracción de la torta, constituyen un pequeño componente del costo total y mucho menos de los beneficios, aspecto compartido con la mayoría de las industrias modernas; un monto global inferior a los 15 millones de dólares al año.
Estas son las cuentas de la empresa, y las que justifican las fiestas. Las del país son otras, mucho menos atractivas. Con estos resultados, y si se mantiene el mercado internacional, es de esperar que se concreten rápidamente varias de las iniciativas de nuevas plantas de celulosa que se han anunciado en los últimos años, y las plantaciones forestales continúen viento en popa. El consuelo es que habrá muchas fiestas.
* Secretario ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur).
** Las cifras provienen de Metsa-Botnia (hgg Environment 2004), “Socio economic study of the impacts of Botnia SA Pulp Mill Project in Uruguay”, y elaboraciones propias para su actualización.
Asambleistas de La Rioja cortan la ruta
Asambleistas de La Rioja cortan la ruta nacional 38 contra la mineria a cielo abierto
Fecha de Publicación: 11/03/2008
Fuente: Página/12
Asambleístas riojanos cortaban desde las 9 la ruta nacional 38, a la altura de la localidad de Patquía, en defensa del medio ambiente y contra la contaminación que, según denuncian, provocará la minería a cielo abierto. El piquete se efectúa desde hace un año en el paraje Peñas Negras contra la empresa canadiense Barrick Gold, que exploraba en el cordón del Famatina en busca de oro. Los vecinos denuncian que actualmente se está promoviendo el desarrollo nuclear para la explotación de uranio, "terriblemente más contaminante que la explotación del oro".
La protesta era encabezada por vecinos de Famatina, Chilecito, Capital y Pituil en el enlace vial que comunica con el Nuevo Cuyo, Córdoba y el noroeste argentino.
Una de las asambleístas, Cecilia Matta, contó que "el corte se realiza sin inconvenientes" con la excepción de "un automovilista, de San Juan, que casi nos atropella para pasar y rompió parte de una bandera".
La presencia policial era mínima y se permitía el paso por 15 minutos cada una hora de interrupción vehicular. En el lugar había unos 40 asambleístas, ya que el resto se quedó en Famatina, donde prosigue la protesta en Peñas Negras y para esta tarde se prevén varios actos.
El piquete se efectúa "a un año del emblemático corte de Peñas Negras", que aún se mantiene, "donde dos días después se pudo correr" de su campamento a la empresa canadiense Barrick Gold, que exploraba el cordón del Famatina en busca de oro, según dijo la dirigente Marcela Crabbe al diario Chilecito.
Salvo el incidente narrado, "la adhesión de la gente a nuestra manifestación ha sido muy buena", señaló Matta.
La policía de Patquía, cuyo puesto se encuentra en la intersección de las rutas nacionales 38 y 74, informó que el paso de las emergencias se produce sin ningún tipo de restricciones.
Crabbe también recordó que se está "a un año" de que la Legislatura provincial sancionara una ley que prohibió la minería contaminante en la provincia y llamaba a una consulta popular que debía realizarse durante 2007 y no se hizo.
"Esa Ley fue sancionada y creada sólo para destituir a un Gobierno y no para cuidar la vida y el patrimonio de una provincia", dijo Crabbe, quien recordó que cinco días después finalizó la gestión del ex gobernador Angel Maza, principal promotor de la actividad minera en la provincia.
Crabbe acusó de que el actual gobierno "no da a conocer el conflicto social que existe porque no le conviene", pero además "sale a firmar convenios con instituciones" relacionadas con el desarrollo nuclear "donde se ofrecen nuestros yacimientos para la explotación de uranio, que es terriblemente más contaminante que la explotación del oro".
La vocera aseguró que "no sólo defendemos nuestro yacimientos en Famatina, sino en otros lugares, como el caso de Vinchina", donde se estaría preparando "una futura explotación de uranio" o "el proyecto de uranio en todo el cordón del Velazco, con una exploración en Sanagasta".
Fecha de Publicación: 11/03/2008
Fuente: Página/12
Asambleístas riojanos cortaban desde las 9 la ruta nacional 38, a la altura de la localidad de Patquía, en defensa del medio ambiente y contra la contaminación que, según denuncian, provocará la minería a cielo abierto. El piquete se efectúa desde hace un año en el paraje Peñas Negras contra la empresa canadiense Barrick Gold, que exploraba en el cordón del Famatina en busca de oro. Los vecinos denuncian que actualmente se está promoviendo el desarrollo nuclear para la explotación de uranio, "terriblemente más contaminante que la explotación del oro".
La protesta era encabezada por vecinos de Famatina, Chilecito, Capital y Pituil en el enlace vial que comunica con el Nuevo Cuyo, Córdoba y el noroeste argentino.
Una de las asambleístas, Cecilia Matta, contó que "el corte se realiza sin inconvenientes" con la excepción de "un automovilista, de San Juan, que casi nos atropella para pasar y rompió parte de una bandera".
La presencia policial era mínima y se permitía el paso por 15 minutos cada una hora de interrupción vehicular. En el lugar había unos 40 asambleístas, ya que el resto se quedó en Famatina, donde prosigue la protesta en Peñas Negras y para esta tarde se prevén varios actos.
El piquete se efectúa "a un año del emblemático corte de Peñas Negras", que aún se mantiene, "donde dos días después se pudo correr" de su campamento a la empresa canadiense Barrick Gold, que exploraba el cordón del Famatina en busca de oro, según dijo la dirigente Marcela Crabbe al diario Chilecito.
Salvo el incidente narrado, "la adhesión de la gente a nuestra manifestación ha sido muy buena", señaló Matta.
La policía de Patquía, cuyo puesto se encuentra en la intersección de las rutas nacionales 38 y 74, informó que el paso de las emergencias se produce sin ningún tipo de restricciones.
Crabbe también recordó que se está "a un año" de que la Legislatura provincial sancionara una ley que prohibió la minería contaminante en la provincia y llamaba a una consulta popular que debía realizarse durante 2007 y no se hizo.
"Esa Ley fue sancionada y creada sólo para destituir a un Gobierno y no para cuidar la vida y el patrimonio de una provincia", dijo Crabbe, quien recordó que cinco días después finalizó la gestión del ex gobernador Angel Maza, principal promotor de la actividad minera en la provincia.
Crabbe acusó de que el actual gobierno "no da a conocer el conflicto social que existe porque no le conviene", pero además "sale a firmar convenios con instituciones" relacionadas con el desarrollo nuclear "donde se ofrecen nuestros yacimientos para la explotación de uranio, que es terriblemente más contaminante que la explotación del oro".
La vocera aseguró que "no sólo defendemos nuestro yacimientos en Famatina, sino en otros lugares, como el caso de Vinchina", donde se estaría preparando "una futura explotación de uranio" o "el proyecto de uranio en todo el cordón del Velazco, con una exploración en Sanagasta".
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