Polémica sobre el levantamiento del corte
12:17 | 
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Sigue la polémica sobre el levantamiento del corte
Fecha de Publicación: 30/09/2008
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
El canciller uruguayo Gonzalo Fernández insistió en que la Presidenta Cristina Kirchner accedió a un pedido de su país en favor de que se levante el corte en el Puente Internacional General San Martín, que se encuentra bloqueado desde hace casi dos años por el conflicto por las papeleras.
Inclusive, fuentes del gobierno argentino se manifestaron en el mismo sentido, a pesar de la desmentida de Cancillería, que en un comunicado atribuyó la especie a “versiones periodísticas”.
El objetivo de que la noticia no incomodara el viaje a Estados Unidos por poco se cumple, pero con Cristina Kirchner ya de regreso en la Argentina, el canciller uruguayo confirmó al matutino porteño Clarín que la Presidenta argentina había accedido al pedido de su país en favor de que se levante el corte en el paso internacional, bloqueado por integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
“Le planteé a la Presidenta el reclamo que Uruguay mantiene ante cada foro por el levantamiento del corte de rutas. Puedo decir que la respuesta de la Presidenta fue comprensiva y positiva en relación a este tema”, dijo Gonzalo Fernández.
El canciller, quien fue el principal negociador del conflicto bilateral por las papeleras del lado uruguayo, confirmó que hizo un contacto con la Presidenta argentina y con el canciller Jorge Taiana el miércoles en Nueva York, en un aparte de la reunión de los presidentes de la Unión Sudamericana, tal como había publicado la prensa oriental.
Si bien la Cancillería argentina emitió un comunicado desmintiendo ese mismo día lo que llamó “versiones periodísticas”, respecto del compromiso para intentar levantar el bloqueo que está a punto de cumplir dos años, y reiteró el “desacuerdo” del Gobierno con los cortes de ruta, a los que considera “contraproducentes”, fuentes diplomáticas indicaron que la cuestión de los cortes “va en la dirección” que planteó el canciller uruguayo, aunque ratificaron que no está en los planes ningún desalojo compulsivo.
El gobierno, según estas fuentes, había procurado que el tema de las papeleras no interfiriera en la actividad de la Presidenta en Nueva York y el silencio oficial responde a una estrategia de largo alcance, que contempla la marcha del juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Después de haber respaldado el reclamo de los asambleístas entrerrianos con un gran acto público en Gualeguaychú que encabezó el ex Presidente Néstor Kirchner en 2006, el gobierno responsabilizó a Uruguay ante ese tribunal de haber violado el Tratado del Río Uruguay firmado por ambos países en 1975 con su decisión de autorizar el levantamiento de la planta de Botnia en la margen del río.
Mientras el proceso está en marcha, el tribunal rechazó ya un amparo presentado por la Argentina para que se detuvieran las obras en Fray Bentos y la planta empezó a funcionar en diciembre pasado; pero tampoco hizo lugar a un planteo del gobierno uruguayo para liberar la ruta, como también lo hizo el tribunal internacional del Mercosur, que consideró que no había pruebas de que el corte del paso internacional ocasionara un perjuicio económico al Uruguay.
Gualeguaychú
El integrante de la Asamblea Ambiental ciudadana de Gualeguaychú, José Pouler, aseguró que al interior de la organización “en forma permanente analizamos las ventajas y desventajas de esta medida”, tras lo cual remarcó que el corte “es una de las acciones pero no la causa de la asamblea”. Además negó las informaciones publicadas ayer: “la Cancillería ya lo desmintió”. Reiteró “siempre estamos viendo los motivos para levantarlo y para no”. En tanto, la última vez que surgió una posibilidad de este tipo fue “hace cuatro meses” cuando “un periodista planteó levantar la medida y sólo utilizar el corte cuando sea conveniente”. Sin embargo “esto nunca más se debatió porque nadie llegó con acciones superadoras”, apuntó.
Además Pouler hizo referencia a la información que publicó ayer el matutino. El vecino arremetió contra estas afirmaciones y disparó: “Clarín tiene una decisión tomada en contra de la asamblea y a favor de este emprendimiento (Botnia)” debido a “intereses económicos” por los cuales “hace lobby”; en tanto recordó que “ya el jueves Cancillería desmintió tal cosa”.
Fecha de Publicación: 30/09/2008
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
El canciller uruguayo Gonzalo Fernández insistió en que la Presidenta Cristina Kirchner accedió a un pedido de su país en favor de que se levante el corte en el Puente Internacional General San Martín, que se encuentra bloqueado desde hace casi dos años por el conflicto por las papeleras.
Inclusive, fuentes del gobierno argentino se manifestaron en el mismo sentido, a pesar de la desmentida de Cancillería, que en un comunicado atribuyó la especie a “versiones periodísticas”.
El objetivo de que la noticia no incomodara el viaje a Estados Unidos por poco se cumple, pero con Cristina Kirchner ya de regreso en la Argentina, el canciller uruguayo confirmó al matutino porteño Clarín que la Presidenta argentina había accedido al pedido de su país en favor de que se levante el corte en el paso internacional, bloqueado por integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
“Le planteé a la Presidenta el reclamo que Uruguay mantiene ante cada foro por el levantamiento del corte de rutas. Puedo decir que la respuesta de la Presidenta fue comprensiva y positiva en relación a este tema”, dijo Gonzalo Fernández.
El canciller, quien fue el principal negociador del conflicto bilateral por las papeleras del lado uruguayo, confirmó que hizo un contacto con la Presidenta argentina y con el canciller Jorge Taiana el miércoles en Nueva York, en un aparte de la reunión de los presidentes de la Unión Sudamericana, tal como había publicado la prensa oriental.
Si bien la Cancillería argentina emitió un comunicado desmintiendo ese mismo día lo que llamó “versiones periodísticas”, respecto del compromiso para intentar levantar el bloqueo que está a punto de cumplir dos años, y reiteró el “desacuerdo” del Gobierno con los cortes de ruta, a los que considera “contraproducentes”, fuentes diplomáticas indicaron que la cuestión de los cortes “va en la dirección” que planteó el canciller uruguayo, aunque ratificaron que no está en los planes ningún desalojo compulsivo.
El gobierno, según estas fuentes, había procurado que el tema de las papeleras no interfiriera en la actividad de la Presidenta en Nueva York y el silencio oficial responde a una estrategia de largo alcance, que contempla la marcha del juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Después de haber respaldado el reclamo de los asambleístas entrerrianos con un gran acto público en Gualeguaychú que encabezó el ex Presidente Néstor Kirchner en 2006, el gobierno responsabilizó a Uruguay ante ese tribunal de haber violado el Tratado del Río Uruguay firmado por ambos países en 1975 con su decisión de autorizar el levantamiento de la planta de Botnia en la margen del río.
Mientras el proceso está en marcha, el tribunal rechazó ya un amparo presentado por la Argentina para que se detuvieran las obras en Fray Bentos y la planta empezó a funcionar en diciembre pasado; pero tampoco hizo lugar a un planteo del gobierno uruguayo para liberar la ruta, como también lo hizo el tribunal internacional del Mercosur, que consideró que no había pruebas de que el corte del paso internacional ocasionara un perjuicio económico al Uruguay.
Gualeguaychú
El integrante de la Asamblea Ambiental ciudadana de Gualeguaychú, José Pouler, aseguró que al interior de la organización “en forma permanente analizamos las ventajas y desventajas de esta medida”, tras lo cual remarcó que el corte “es una de las acciones pero no la causa de la asamblea”. Además negó las informaciones publicadas ayer: “la Cancillería ya lo desmintió”. Reiteró “siempre estamos viendo los motivos para levantarlo y para no”. En tanto, la última vez que surgió una posibilidad de este tipo fue “hace cuatro meses” cuando “un periodista planteó levantar la medida y sólo utilizar el corte cuando sea conveniente”. Sin embargo “esto nunca más se debatió porque nadie llegó con acciones superadoras”, apuntó.
Además Pouler hizo referencia a la información que publicó ayer el matutino. El vecino arremetió contra estas afirmaciones y disparó: “Clarín tiene una decisión tomada en contra de la asamblea y a favor de este emprendimiento (Botnia)” debido a “intereses económicos” por los cuales “hace lobby”; en tanto recordó que “ya el jueves Cancillería desmintió tal cosa”.
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Argentina: minería en los manuales infantiles
Argentina: minería en los manuales infantiles
Fecha de Publicación: 29/09/2008
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera –el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación–, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por “contribuir a las mejoras educativas”. Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.
Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla los no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
El libro Chubut pura naturaleza fue distribuido en 2006 por el Ministerio de Educación de Chubut en las escuelas. En su página 281 sobresale el subtítulo “Contaminación del agua y la tierra”. En ese apartado recomienda, para “investigar sobre el tema”, dos sitios de Internet. El portal Panorama Minero, que se ufana de autodenominarse “una organización periodística al servicio de la minería”. El segundo sitio, citado por el Ministerio es Yamana Gold . En la misma provincia, la minera IMA Explorations había distribuido en escuelas “El juego de los minerales”. Al estilo juego de la oca, remarcaba el potencial de plata y plomo de la zona y, desde el punto de vista empresarial, es una introducción al mundo minero. “Tienen la manifiesta intención de incidir en los niños a favor de su proyecto minero”, denunció la Asamblea de Esquel.
La Rioja no tiene manuales a favor de la minería, pero cuenta con el gobernador, Luis Beder Herrera, que pasó de prohibir la minería (por ley) a transformarse en su máximo defensor y (por otra ley) impulsar su desarrollo en toda la provincia. Todo en sólo dos años. Por las críticas recibidas, apuntó contra las Asambleas Riojanas y les prohibió que brinden charlas informativas en las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el hecho, pero los ambientalistas exhiben otra denuncia: en las ferias de ciencias (espacios de intercambio que se realiza en todos los departamentos de La Rioja) fueron excluidos los trabajos sobre minería y prohibido el acceso a docentes que militan en las Asambleas.
Mendoza también incursiona en minería y prohibiciones. El gobierno provincial impulsó la actividad extractiva en 2006. Pero no imaginó que grandes bodegas y empresarios turísticos se sumarían a campesinos y organizaciones sociales en rechazo a ese tipo de industria. En respuesta a las movilizaciones y denuncias, en julio de 2007 el Concejo Deliberante de Malargüe (uno de los epicentros de la lucha) prohibió las reuniones y charlas ambientales. Ese mismo año, el gobierno provincial cerró el ingreso a la modalidad Medio Ambiente en la Escuela Técnica 4-018. El responsable de la Dirección de Educación Técnica de Mendoza, Humberto Tansino, señaló que la modalidad tenía escasa demanda y explicó que el colegio “se volcó de lleno a tecnicaturas con gran demanda y salida laboral, turismo y minería”. La escuela, la más importante de Malargüe, es apadrinada por la minera angloaustraliana Río Tinto, líder a nivel mundial, que impulsa un polémico y resistido yacimiento de cloruro de potasio en la provincia.
La Universidad Nacional de Chilecito (Undec) fue sede en julio pasado del Encuentro de Rectores de Universidades del “Norte Grande” (NOA y NEA). Uno de los principales temas fue cómo impulsar la “minería responsable”. El rector de la Undec, Norberto Raúl Caminoa, se enoja ante las acusaciones que vinculan a las universidades al servicio de la industria minera, asegura que los rectores sólo acordaron impulsar la investigación. Lejos está de cuestionar el accionar de las empresas, pero sí dispara contra las asambleas: “No puedo decir que Minera Alumbrera contamina. No tengo estudios al respecto” –repite, aunque se le enumeren las denuncias contra la empresa--. Decir “no a la minería es una burrada”, arremete el rector e insiste con su apoyo a la “minería sustentable, no contaminante” (organizaciones ambientalistas de todo el mundo aseguran que la minería metalífera, a cielo abierto, no puede ser sustentable).
Caminoa reconoce que investigadores de la Undec realizaron trabajos de remediación ambiental para Alumbrera y afirma que podría trabajar, sin contradicciones, con la compañía Barrick Gold, que explora en la provincia y encendió el rechazo comunitario. En 2007, la Undec obtuvo un préstamo del BID, mediante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, por 3,8 millones de pesos. El fin está explicitado en actas oficiales: “Creación de un laboratorio de análisis químicos, biológicos, organolépticos y toxicológicos para satisfacer las necesidades del sector agroindustrial y minero de la región”.
Minera Alumbrera –en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno catamarqueño y el Gobierno nacional– explota desde hace trece años el yacimiento más grande y cuestionado del país. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) le brinda servicios, entre ellos informes de impacto económico. En 2004 realizó un estudio con conclusiones elogiosas. Con 257 páginas, festeja que Alumbrera produce 8200 puestos de trabajo y genera ingresos al país por 722 millones de pesos al año. “Lo que implica un significativo aporte a la generación de riqueza de nuestro país”, asegura el estudio de la Unsam.
La Asamblea de Catamarca cuestiona ese tipo de estudios (asegura que las cifras son tan magnificadas como de difícil comprobación) y denuncia: “Acusamos a la Universidad Nacional de San Martín de ser partícipe directo de las políticas de ‘construcción de consenso que implementan las empresas que contaminan, saquean y expolian el presente y futuro de esta provincia’”.
Fecha de Publicación: 29/09/2008
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un manual de cuarto grado asegura que la minería no contamina y señala como lugar de estudio el sitio de una compañía del sector. Una empresa canadiense distribuye juegos de mesa donde resalta los beneficios de extraer oro, plata y plomo. Un gobierno cuyano es acusado de prohibir que los colegios brinden noticias críticas sobre la actividad extractiva. Un paso adelante se ubica Minera Alumbrera –el mayor emprendimiento en explotación de la Argentina, con una decena de denuncias por destruir el medio ambiente y su presidente procesado por contaminación–, que dicta cursos a docentes sobre ecología y obtiene premios por “contribuir a las mejoras educativas”. Las universidades nacionales también acompañan al sector minero: proveen servicios, realizan estudios de factibilidad económica y les aportan estrategias de legitimación social. Las asambleas ciudadanas explican que las mineras, a través de la educación y en colaboración con las facultades, buscan revertir el rechazo que genera la actividad en un centenar de pueblos afectados.
Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla los no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
El libro Chubut pura naturaleza fue distribuido en 2006 por el Ministerio de Educación de Chubut en las escuelas. En su página 281 sobresale el subtítulo “Contaminación del agua y la tierra”. En ese apartado recomienda, para “investigar sobre el tema”, dos sitios de Internet. El portal Panorama Minero, que se ufana de autodenominarse “una organización periodística al servicio de la minería”. El segundo sitio, citado por el Ministerio es Yamana Gold . En la misma provincia, la minera IMA Explorations había distribuido en escuelas “El juego de los minerales”. Al estilo juego de la oca, remarcaba el potencial de plata y plomo de la zona y, desde el punto de vista empresarial, es una introducción al mundo minero. “Tienen la manifiesta intención de incidir en los niños a favor de su proyecto minero”, denunció la Asamblea de Esquel.
La Rioja no tiene manuales a favor de la minería, pero cuenta con el gobernador, Luis Beder Herrera, que pasó de prohibir la minería (por ley) a transformarse en su máximo defensor y (por otra ley) impulsar su desarrollo en toda la provincia. Todo en sólo dos años. Por las críticas recibidas, apuntó contra las Asambleas Riojanas y les prohibió que brinden charlas informativas en las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el hecho, pero los ambientalistas exhiben otra denuncia: en las ferias de ciencias (espacios de intercambio que se realiza en todos los departamentos de La Rioja) fueron excluidos los trabajos sobre minería y prohibido el acceso a docentes que militan en las Asambleas.
Mendoza también incursiona en minería y prohibiciones. El gobierno provincial impulsó la actividad extractiva en 2006. Pero no imaginó que grandes bodegas y empresarios turísticos se sumarían a campesinos y organizaciones sociales en rechazo a ese tipo de industria. En respuesta a las movilizaciones y denuncias, en julio de 2007 el Concejo Deliberante de Malargüe (uno de los epicentros de la lucha) prohibió las reuniones y charlas ambientales. Ese mismo año, el gobierno provincial cerró el ingreso a la modalidad Medio Ambiente en la Escuela Técnica 4-018. El responsable de la Dirección de Educación Técnica de Mendoza, Humberto Tansino, señaló que la modalidad tenía escasa demanda y explicó que el colegio “se volcó de lleno a tecnicaturas con gran demanda y salida laboral, turismo y minería”. La escuela, la más importante de Malargüe, es apadrinada por la minera angloaustraliana Río Tinto, líder a nivel mundial, que impulsa un polémico y resistido yacimiento de cloruro de potasio en la provincia.
La Universidad Nacional de Chilecito (Undec) fue sede en julio pasado del Encuentro de Rectores de Universidades del “Norte Grande” (NOA y NEA). Uno de los principales temas fue cómo impulsar la “minería responsable”. El rector de la Undec, Norberto Raúl Caminoa, se enoja ante las acusaciones que vinculan a las universidades al servicio de la industria minera, asegura que los rectores sólo acordaron impulsar la investigación. Lejos está de cuestionar el accionar de las empresas, pero sí dispara contra las asambleas: “No puedo decir que Minera Alumbrera contamina. No tengo estudios al respecto” –repite, aunque se le enumeren las denuncias contra la empresa--. Decir “no a la minería es una burrada”, arremete el rector e insiste con su apoyo a la “minería sustentable, no contaminante” (organizaciones ambientalistas de todo el mundo aseguran que la minería metalífera, a cielo abierto, no puede ser sustentable).
Caminoa reconoce que investigadores de la Undec realizaron trabajos de remediación ambiental para Alumbrera y afirma que podría trabajar, sin contradicciones, con la compañía Barrick Gold, que explora en la provincia y encendió el rechazo comunitario. En 2007, la Undec obtuvo un préstamo del BID, mediante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, por 3,8 millones de pesos. El fin está explicitado en actas oficiales: “Creación de un laboratorio de análisis químicos, biológicos, organolépticos y toxicológicos para satisfacer las necesidades del sector agroindustrial y minero de la región”.
Minera Alumbrera –en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno catamarqueño y el Gobierno nacional– explota desde hace trece años el yacimiento más grande y cuestionado del país. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) le brinda servicios, entre ellos informes de impacto económico. En 2004 realizó un estudio con conclusiones elogiosas. Con 257 páginas, festeja que Alumbrera produce 8200 puestos de trabajo y genera ingresos al país por 722 millones de pesos al año. “Lo que implica un significativo aporte a la generación de riqueza de nuestro país”, asegura el estudio de la Unsam.
La Asamblea de Catamarca cuestiona ese tipo de estudios (asegura que las cifras son tan magnificadas como de difícil comprobación) y denuncia: “Acusamos a la Universidad Nacional de San Martín de ser partícipe directo de las políticas de ‘construcción de consenso que implementan las empresas que contaminan, saquean y expolian el presente y futuro de esta provincia’”.
Invertirán en minería en San Juan
Invertirán u$s 15 millones en exploraciones mineras en San Juan
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: San Juan
Con el fin de realizara tareas de exploración minera en el provincia de San Juan, la empresa Argentina Minera (AMINSA) realizará una inversión cercana a los u$s 15 millones en yacimientos de oro, plata y cobre.
Según lo anunció el gobernador de esa provincia, José Luis Gioja, la empresa de capitales argentinos se enfocará en la exploración en las áreas sanjuaninas de Rincón de Araya y Calderón-Calderoncito, ubicadas en el cinturón de Pórfidos Pachón-Los Azules, en Calingasta.
Según informó el presidente de compañía, Jorge Patricio Jones, éstas áreas tienen un enorme potencial geológico que deberá ser estudiado a través de la exploración e inversión de riesgo y a futuro y, si los resultados lo justifican, “se buscara dar cabida a más inversores locales”.
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: San Juan
Con el fin de realizara tareas de exploración minera en el provincia de San Juan, la empresa Argentina Minera (AMINSA) realizará una inversión cercana a los u$s 15 millones en yacimientos de oro, plata y cobre.
Según lo anunció el gobernador de esa provincia, José Luis Gioja, la empresa de capitales argentinos se enfocará en la exploración en las áreas sanjuaninas de Rincón de Araya y Calderón-Calderoncito, ubicadas en el cinturón de Pórfidos Pachón-Los Azules, en Calingasta.
Según informó el presidente de compañía, Jorge Patricio Jones, éstas áreas tienen un enorme potencial geológico que deberá ser estudiado a través de la exploración e inversión de riesgo y a futuro y, si los resultados lo justifican, “se buscara dar cabida a más inversores locales”.
Las minas, en la mira
Las minas, en la mira
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La prohibición de la minería a cielo abierto en Córdoba, dispuesta por la Legislatura provincial, atiende el reclamo ambientalista, pero no resuelve el problema de una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
Al sancionar la ley que prohíbe en Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la explotación de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica o peligrosa, la Legislatura provincial ha actuado como aquel médico que ordena amputar la pierna por temor a la infección de una uña encarnada.
De este modo, se aventan los temores y prevenciones que, con justa razón –sobre todo, después del emblemático desastre de Chernobyl–, generan en la población la manipulación de sustancias como el uranio o el cianuro, por ejemplo. Nombrarlas, nomás, ya da miedo. Pero no se resuelve, ni mucho menos, una cuestión de vital importancia para el futuro económico de la provincia.
Existe en la Argentina un movimiento de defensa del medio ambiente cuya influencia, por suerte, es cada vez mayor, que rechaza la minería a cielo abierto y se ha movilizado en distintos puntos del país para enfrentar ese tipo de explotaciones que, dejadas al arbitrio de sus dueños –por lo general, grandes empresas internacionales–, suelen ser no sólo contaminantes del ambiente a largo plazo, sino también invasivas y prepotentes frente a otras actividades que las poblaciones nativas desarrollan en esos lugares desde siempre.
Un ejemplo de este tipo de conductas sería la minera La Alumbrera, cuyo vicepresidente, Julián Patricio Rooney, está procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor del delito de contaminación peligrosa para la salud.
En rigor, todos los métodos de extracción minera son potencialmente riesgosos y producen algún tipo de alteración del medio ambiente. Y el lixiviado, que es un proceso de tratamiento de sustancias complejas con disolventes para “purificarlas”, lo es más que otras. La lixiviación necesita una amplia red superficial de hoyos, muy cerca unos de otros, bombas y poliductos para hacer circular el líquido (en nuestro caso, se trata de cianuro, que es el que se prohíbe en Córdoba), por el cuerpo mineral.
Los problemas operativos –amén de la alteración del suelo, la vegetación, la contaminación por el uso de maquinarias diésel o la de capas freáticas– incluyen la pérdida de control del lixiviador, problemas con la tubería, derrames, fugas e insuficiencias del lavado o neutralización.
No es necesario abundar más en detalles técnicos para comprender que los controles sobre una actividad como ésta deben ser rigurosos.
Pero la prohibición lisa y llana es un camino que elude responsabilidades y un debate profundo sobre el marco legal de la minería, delineado durante el gobierno de Carlos Menem y que es señalado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos del país.
Es decir, en esta cuestión estratégica no cabe la búsqueda del aplauso fácil, sino la ardua tarea de alcanzar consensos amplios sobre el papel de las industrias mineras en el desarrollo del país. Prohibir hoy una actividad prácticamente inexistente en la provincia no tiene mayores costos políticos, pero cierra a la provincia sus posibilidades futuras en una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) dice que la nueva ley es inconstitucional, ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la Argentina, que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la nación, y que se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental.
Es natural que la cámara defienda los intereses de la corporación. Pero sus argumentos son atendibles y deben ser discutidos y, en su caso, rebatidos. Sobre todo en una provincia que prohíbe la minería a cielo abierto, pero descuida otras actividades que son también potencialmente contaminantes.
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La prohibición de la minería a cielo abierto en Córdoba, dispuesta por la Legislatura provincial, atiende el reclamo ambientalista, pero no resuelve el problema de una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
Al sancionar la ley que prohíbe en Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la explotación de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica o peligrosa, la Legislatura provincial ha actuado como aquel médico que ordena amputar la pierna por temor a la infección de una uña encarnada.
De este modo, se aventan los temores y prevenciones que, con justa razón –sobre todo, después del emblemático desastre de Chernobyl–, generan en la población la manipulación de sustancias como el uranio o el cianuro, por ejemplo. Nombrarlas, nomás, ya da miedo. Pero no se resuelve, ni mucho menos, una cuestión de vital importancia para el futuro económico de la provincia.
Existe en la Argentina un movimiento de defensa del medio ambiente cuya influencia, por suerte, es cada vez mayor, que rechaza la minería a cielo abierto y se ha movilizado en distintos puntos del país para enfrentar ese tipo de explotaciones que, dejadas al arbitrio de sus dueños –por lo general, grandes empresas internacionales–, suelen ser no sólo contaminantes del ambiente a largo plazo, sino también invasivas y prepotentes frente a otras actividades que las poblaciones nativas desarrollan en esos lugares desde siempre.
Un ejemplo de este tipo de conductas sería la minera La Alumbrera, cuyo vicepresidente, Julián Patricio Rooney, está procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor del delito de contaminación peligrosa para la salud.
En rigor, todos los métodos de extracción minera son potencialmente riesgosos y producen algún tipo de alteración del medio ambiente. Y el lixiviado, que es un proceso de tratamiento de sustancias complejas con disolventes para “purificarlas”, lo es más que otras. La lixiviación necesita una amplia red superficial de hoyos, muy cerca unos de otros, bombas y poliductos para hacer circular el líquido (en nuestro caso, se trata de cianuro, que es el que se prohíbe en Córdoba), por el cuerpo mineral.
Los problemas operativos –amén de la alteración del suelo, la vegetación, la contaminación por el uso de maquinarias diésel o la de capas freáticas– incluyen la pérdida de control del lixiviador, problemas con la tubería, derrames, fugas e insuficiencias del lavado o neutralización.
No es necesario abundar más en detalles técnicos para comprender que los controles sobre una actividad como ésta deben ser rigurosos.
Pero la prohibición lisa y llana es un camino que elude responsabilidades y un debate profundo sobre el marco legal de la minería, delineado durante el gobierno de Carlos Menem y que es señalado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos del país.
Es decir, en esta cuestión estratégica no cabe la búsqueda del aplauso fácil, sino la ardua tarea de alcanzar consensos amplios sobre el papel de las industrias mineras en el desarrollo del país. Prohibir hoy una actividad prácticamente inexistente en la provincia no tiene mayores costos políticos, pero cierra a la provincia sus posibilidades futuras en una actividad económica legítima y de indudable trascendencia.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) dice que la nueva ley es inconstitucional, ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la Argentina, que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la nación, y que se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental.
Es natural que la cámara defienda los intereses de la corporación. Pero sus argumentos son atendibles y deben ser discutidos y, en su caso, rebatidos. Sobre todo en una provincia que prohíbe la minería a cielo abierto, pero descuida otras actividades que son también potencialmente contaminantes.
Cristina intentaría levantar el corte
Cristina intentaría levantar el corte de ruta en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
El canciller uruguayo le confirmó a Clarín que la Presidenta accedió a su pedido. Lo mismo señalan fuentes del Gobierno argentino pese a que hubo una desmentida de la Cancillería. La protesta contra Botnia está a punto de cumplir dos años.
El objetivo de que la noticia no incomodara el viaje por poco se cumple. Con Cristina Kirchner ya de regreso en la Argentina -llegó ayer temprano a Buenos Aires-- el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, confirmó ayer aquí a Clarín que la Presidenta accedió al pedido de su país en favor de que se levante el corte en el paso internacional Gualeguay-chú-Fray Bentos, bloqueado desde hace casi dos años por el conflicto por las papeleras.
"Le planteé a la Presidenta el reclamo que Uruguay mantiene ante cada foro por el levantamiento del corte de rutas. Puedo decir que la respuesta de la Presidenta fue comprensiva y positiva en relación a este tema ", dijo Fernández.
El ministro uruguayo, quien fue el principal negociador del conflicto bilateral por las papeleras del lado uruguayo, habló con este enviado a poco de su exposición ante la 63ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, en representación del presidente Tabaré Vázquez. Fernández confirmó que hizo un contacto con la Presidenta y con el canciller Jorge Taiana en esta ciudad el miércoles, en un aparte de la reunión de los presidentes de la Unión Sudamericana.
La noticia sobre el encuentro entre Fernández y Cristina Kirchner fue publicada el jueves en la prensa uruguaya. Y generó una reacción de negativa entre los integrantes de la delegación argentina que acompañaron aquí a la Presienta. Un comunicado de la Cancillería desmintió ese mismo día lo que llamó "versiones periodísticas" y reiteró el "desacuerdo" del Gobierno con los cortes de ruta, a los que considera "contraproducentes".
El canciller Jorge Taiana dejó ayer Nueva York rumbo a Europa, donde visitará Praga y Moscú. Consultadas por este diario, fuentes cercanas al ministro indicaron que no había nada que agregar a aquella respuesta oficial.
En paralelo, fuentes oficiales que pidieron reserva admitieron sin embargo que la cuestión de los cortes "va en la dirección" que ha dado a entender el canciller uruguayo. Aunque ratificaron que no está en los planes ningún desalojo compulsivo del bloqueo.
El Gobierno, según estas fuentes, había procurado que el tema de las papeleras no interfiriera en la actividad de la Presidenta en Nueva York. Aunque el silencio oficial responde a una estrategia de largo alcance, que contempla la marcha del juicio ante la Corte Internacional de La Haya.
Después de haber respaldado el reclamo de los asambleístas entrerrianos con un gran acto público en Gualeguaychú que encabezó el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, el Gobierno responsabilizó a Uruguay ante ese tribunal de haber violado el Tratado Internacional del Río Uruguay firmado por ambos países con su decisión de autorizar el levantamiento de la planta de Botnia en la margen del río. Mientras el proceso está en marcha, la Corte de La Haya rechazó ya un amparo presentado por la Argentina para que se detuvieran las obras en Fray Bentos y la planta empezó a funcionar en diciembre pasado. Alcanzó su nivel máximo de producción en los últimos meses. El gobierno uruguayo llevó la cuestión de los cortes al tribunal internacional del Mercosur. Ese ámbito le fue esquivo: los jueces consideraron que no había pruebas de que el corte del paso internacional ocasionara un perjuicio económico al Uruguay.
Aunque sin progresos visibles, la situación con Uruguay en torno a los cortes de ruta mejoró desde la asunción de Cristina Kirchner, en diciembre último. En la misma medida declinaba visiblemente la protesta en Gualeguaychú.
Un relevamiento de Clarín en torno al puente internacional General San Martín mostró la semana pasada que grupos de apenas entre cinco y diez personas mantienen clausurado el paso. No hay prácticamente ninguna presencia del Estado en el lado argentino; los gendarmes que controlan allí la frontera y los funcionarios de la aduana suelen estar ausentes y la ruta 136 sólo es transitada por algunos remises uruguayos que trasladan a personas que cruzan el bloqueo a pie, autorizados por los asambleístas.
El mes pasado, la Justicia argentina intervino y dejó un precedente: accedió a un recurso de amparo presentado por un ciudadano argentino para que se le autorice a cruzar el puente por razones humanitarias. Los asambleístas de Gualeguaychú le abrieron el paso ante el pedido de juez.
Fecha de Publicación: 28/09/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
El canciller uruguayo le confirmó a Clarín que la Presidenta accedió a su pedido. Lo mismo señalan fuentes del Gobierno argentino pese a que hubo una desmentida de la Cancillería. La protesta contra Botnia está a punto de cumplir dos años.
El objetivo de que la noticia no incomodara el viaje por poco se cumple. Con Cristina Kirchner ya de regreso en la Argentina -llegó ayer temprano a Buenos Aires-- el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, confirmó ayer aquí a Clarín que la Presidenta accedió al pedido de su país en favor de que se levante el corte en el paso internacional Gualeguay-chú-Fray Bentos, bloqueado desde hace casi dos años por el conflicto por las papeleras.
"Le planteé a la Presidenta el reclamo que Uruguay mantiene ante cada foro por el levantamiento del corte de rutas. Puedo decir que la respuesta de la Presidenta fue comprensiva y positiva en relación a este tema ", dijo Fernández.
El ministro uruguayo, quien fue el principal negociador del conflicto bilateral por las papeleras del lado uruguayo, habló con este enviado a poco de su exposición ante la 63ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, en representación del presidente Tabaré Vázquez. Fernández confirmó que hizo un contacto con la Presidenta y con el canciller Jorge Taiana en esta ciudad el miércoles, en un aparte de la reunión de los presidentes de la Unión Sudamericana.
La noticia sobre el encuentro entre Fernández y Cristina Kirchner fue publicada el jueves en la prensa uruguaya. Y generó una reacción de negativa entre los integrantes de la delegación argentina que acompañaron aquí a la Presienta. Un comunicado de la Cancillería desmintió ese mismo día lo que llamó "versiones periodísticas" y reiteró el "desacuerdo" del Gobierno con los cortes de ruta, a los que considera "contraproducentes".
El canciller Jorge Taiana dejó ayer Nueva York rumbo a Europa, donde visitará Praga y Moscú. Consultadas por este diario, fuentes cercanas al ministro indicaron que no había nada que agregar a aquella respuesta oficial.
En paralelo, fuentes oficiales que pidieron reserva admitieron sin embargo que la cuestión de los cortes "va en la dirección" que ha dado a entender el canciller uruguayo. Aunque ratificaron que no está en los planes ningún desalojo compulsivo del bloqueo.
El Gobierno, según estas fuentes, había procurado que el tema de las papeleras no interfiriera en la actividad de la Presidenta en Nueva York. Aunque el silencio oficial responde a una estrategia de largo alcance, que contempla la marcha del juicio ante la Corte Internacional de La Haya.
Después de haber respaldado el reclamo de los asambleístas entrerrianos con un gran acto público en Gualeguaychú que encabezó el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, el Gobierno responsabilizó a Uruguay ante ese tribunal de haber violado el Tratado Internacional del Río Uruguay firmado por ambos países con su decisión de autorizar el levantamiento de la planta de Botnia en la margen del río. Mientras el proceso está en marcha, la Corte de La Haya rechazó ya un amparo presentado por la Argentina para que se detuvieran las obras en Fray Bentos y la planta empezó a funcionar en diciembre pasado. Alcanzó su nivel máximo de producción en los últimos meses. El gobierno uruguayo llevó la cuestión de los cortes al tribunal internacional del Mercosur. Ese ámbito le fue esquivo: los jueces consideraron que no había pruebas de que el corte del paso internacional ocasionara un perjuicio económico al Uruguay.
Aunque sin progresos visibles, la situación con Uruguay en torno a los cortes de ruta mejoró desde la asunción de Cristina Kirchner, en diciembre último. En la misma medida declinaba visiblemente la protesta en Gualeguaychú.
Un relevamiento de Clarín en torno al puente internacional General San Martín mostró la semana pasada que grupos de apenas entre cinco y diez personas mantienen clausurado el paso. No hay prácticamente ninguna presencia del Estado en el lado argentino; los gendarmes que controlan allí la frontera y los funcionarios de la aduana suelen estar ausentes y la ruta 136 sólo es transitada por algunos remises uruguayos que trasladan a personas que cruzan el bloqueo a pie, autorizados por los asambleístas.
El mes pasado, la Justicia argentina intervino y dejó un precedente: accedió a un recurso de amparo presentado por un ciudadano argentino para que se le autorice a cruzar el puente por razones humanitarias. Los asambleístas de Gualeguaychú le abrieron el paso ante el pedido de juez.
Gobierno negó compromiso con Uruguay
Papeleras: el Gobierno negó que haya asumido un compromisso con Uruguay
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que señaló que "desmiente las afirmaciones atribuidas a la presidenta Cristina Fernández referidas a un supuesto compromiso que habría asumido con relación al levantamiento del corte de ruta". La noticia había sido difundida ayer por la prensa uruguaya.
El Gobierno negó ayer que la presidenta Cristina Kirchner hubiera asumido un compromiso para que los ambientalistas levantaran el bloqueo que desde hace casi dos años realizan en el paso fronterizo que une la Argentina con Uruguay por Gualeguaychú, señala hoy el diario La Nación.
La noticia del supuesto compromiso la dio ayer el semanario uruguayo Búsqueda , que citó como fuente al canciller Gonzalo Fernández, quien dijo que Cristina Kirchner "se comprometió a realizar las acciones necesarias" para lograr el cese del bloqueo, según la publicación.
"La cancillería argentina desmiente las afirmaciones atribuidas a la presidenta Cristina Fernández referidas a un supuesto compromiso que habría asumido con relación al levantamiento del corte de ruta", señaló el ministerio en un comunicado.
"Si bien el gobierno nacional ha manifestado reiteradamente su desacuerdo con dichas medidas, la facultad de disponer el cese de los cortes corresponde a las autoridades judiciales competentes", dijo la Cancillería argentina.
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que señaló que "desmiente las afirmaciones atribuidas a la presidenta Cristina Fernández referidas a un supuesto compromiso que habría asumido con relación al levantamiento del corte de ruta". La noticia había sido difundida ayer por la prensa uruguaya.
El Gobierno negó ayer que la presidenta Cristina Kirchner hubiera asumido un compromiso para que los ambientalistas levantaran el bloqueo que desde hace casi dos años realizan en el paso fronterizo que une la Argentina con Uruguay por Gualeguaychú, señala hoy el diario La Nación.
La noticia del supuesto compromiso la dio ayer el semanario uruguayo Búsqueda , que citó como fuente al canciller Gonzalo Fernández, quien dijo que Cristina Kirchner "se comprometió a realizar las acciones necesarias" para lograr el cese del bloqueo, según la publicación.
"La cancillería argentina desmiente las afirmaciones atribuidas a la presidenta Cristina Fernández referidas a un supuesto compromiso que habría asumido con relación al levantamiento del corte de ruta", señaló el ministerio en un comunicado.
"Si bien el gobierno nacional ha manifestado reiteradamente su desacuerdo con dichas medidas, la facultad de disponer el cese de los cortes corresponde a las autoridades judiciales competentes", dijo la Cancillería argentina.
La CAEM enojada con Córdoba
Mineros de todo el país rechazan los límites cordobeses
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Para la cámara empresaria nacional es inconstitucional prohibir la minería metalífera a cielo abierto.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) expresó ayer “su más enérgico rechazo a la sanción de la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la minería de uranio en cualquiera de sus formas en todo el territorio de la provincia de Córdoba”, según versó un comunicado de la institución.
Según la Caem, la decisión tomada ayer por la Unicameral en base a un proyecto de ley presentado por el gobernador Juan Schiaretti, es “arbitraria y discriminatoria al prohibir el uso de determinadas sustancias sólo a la actividad minera”. Es que la nueva ley prohíbe en la minería el uso “de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa”. Para la Caem la disposición es discriminatoria porque muchas de esas sustancias son usadas por diferentes industrias en Córdoba.
Sin embargo, vale aclarar que ninguna de las sustancias prohibidas se usan actualmente en las explotaciones mineras que existen hoy en Córdoba y que ninguna de esas explotaciones son de minería metalífera a cielo abierto ni de uranio.
Según el comunicado, la nueva ley es inconstitucional “ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la República Argentina que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la Nación”.
Los impulsores de la norma esgrimieron fundamentos ambientales para justificar las prohibiciones y el objetivo de promover la minería tradicional, la única que se explota en la provincia que incluye los minerales no metalíferos, los minerales industriales y las rocas de aplicación.
Además, la Caem criticó la no realización de “un abierto debate democrático” y aseguró que “la ley se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental”.
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Para la cámara empresaria nacional es inconstitucional prohibir la minería metalífera a cielo abierto.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) expresó ayer “su más enérgico rechazo a la sanción de la ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la minería de uranio en cualquiera de sus formas en todo el territorio de la provincia de Córdoba”, según versó un comunicado de la institución.
Según la Caem, la decisión tomada ayer por la Unicameral en base a un proyecto de ley presentado por el gobernador Juan Schiaretti, es “arbitraria y discriminatoria al prohibir el uso de determinadas sustancias sólo a la actividad minera”. Es que la nueva ley prohíbe en la minería el uso “de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa”. Para la Caem la disposición es discriminatoria porque muchas de esas sustancias son usadas por diferentes industrias en Córdoba.
Sin embargo, vale aclarar que ninguna de las sustancias prohibidas se usan actualmente en las explotaciones mineras que existen hoy en Córdoba y que ninguna de esas explotaciones son de minería metalífera a cielo abierto ni de uranio.
Según el comunicado, la nueva ley es inconstitucional “ya que subestima la jerarquía jurídica del Código de Minería de la República Argentina que legitima y autoriza la explotación de los recursos mineros de la Nación”.
Los impulsores de la norma esgrimieron fundamentos ambientales para justificar las prohibiciones y el objetivo de promover la minería tradicional, la única que se explota en la provincia que incluye los minerales no metalíferos, los minerales industriales y las rocas de aplicación.
Además, la Caem criticó la no realización de “un abierto debate democrático” y aseguró que “la ley se opone al Plan Energético Nacional que promueve el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, con el más racional aprovechamiento de los recursos naturales del país y el máximo cuidado ambiental”.
Salta convalidó los desmontes de Romero
El nuevo gobierno de Salta convalidó los desmontes autorizados por Romero
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que el gobierno de Salta convalidó las autorizaciones de desmontes realizadas por la gestión de Juan Carlos Romero en forma especulativa antes de la sanción de la Ley de Bosques.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta autorizó durante 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006, cifra que supera ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país. A pesar de esto, el nuevo gobierno decidió no dar marcha atrás con las autorizaciones.
Entre las autorizaciones que mantienen su vigencia por decisión del actual gobierno provincial, se encuentran dieciocho casos que habían sido impugnados por la Fundación ASOCIANA, que había denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas”, ya que los mismos tenían serias deficiencias en los Estudios de Impacto Ambiental y las audiencias públicas deberían haber sido traducidas al idioma de las comunidades indígenas que actualmente están afectadas por los desmontes.
A este reclamo adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y el área en conflicto comprende un total de 121.370 hectáreas que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
“Es una vergüenza que se hayan convalidado estos desmontes, que fueron solicitados de manera especulativa para evitar la moratoria que establece la Ley de Bosques, y que afectan seriamente a las comunidades indígenas que los utilizan. Las topadoras están avanzando sobre las comunidades amparadas en la supuesta legalidad de estos permisos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
“Es preocupante que mientras la provincia avanza en la realización del ordenamiento territorial de sus bosques nativos las topadoras sigan destruyendo lo poco que queda. Estamos en una verdadera emergencia forestal y no podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Giardini.
Fecha de Publicación: 26/09/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que el gobierno de Salta convalidó las autorizaciones de desmontes realizadas por la gestión de Juan Carlos Romero en forma especulativa antes de la sanción de la Ley de Bosques.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta autorizó durante 2007, en plena discusión parlamentaria por la Ley de Bosques, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos, cinco veces más que lo autorizado en 2006, cifra que supera ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país. A pesar de esto, el nuevo gobierno decidió no dar marcha atrás con las autorizaciones.
Entre las autorizaciones que mantienen su vigencia por decisión del actual gobierno provincial, se encuentran dieciocho casos que habían sido impugnados por la Fundación ASOCIANA, que había denunciado la ilegitimidad de “los actos administrativos de autorización de desmontes y aprovechamientos forestales por haber sido dictados sin garantizar la participación adecuada de las comunidades indígenas afectadas”, ya que los mismos tenían serias deficiencias en los Estudios de Impacto Ambiental y las audiencias públicas deberían haber sido traducidas al idioma de las comunidades indígenas que actualmente están afectadas por los desmontes.
A este reclamo adhirieron las comunidades indígenas de El Traslado, San Benito, Tonono y Kilómetro 14 y 12, y la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y el área en conflicto comprende un total de 121.370 hectáreas que están repartidas en 18 fincas ubicadas en los departamentos San Martín y Rivadavia, en territorio de uso ancestral de los habitantes originarios.
“Es una vergüenza que se hayan convalidado estos desmontes, que fueron solicitados de manera especulativa para evitar la moratoria que establece la Ley de Bosques, y que afectan seriamente a las comunidades indígenas que los utilizan. Las topadoras están avanzando sobre las comunidades amparadas en la supuesta legalidad de estos permisos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. La norma establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
“Es preocupante que mientras la provincia avanza en la realización del ordenamiento territorial de sus bosques nativos las topadoras sigan destruyendo lo poco que queda. Estamos en una verdadera emergencia forestal y no podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Giardini.
Prohíben minería a cielo abierto en Córdoba
Prohíben minería metalífera a cielo abierto
Fecha de Publicación: 25/09/2008
Fuente: La Voz del Interior - La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
También impiden explotar minerales nucleares y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas.
La Legislatura de Córdoba sancionó ayer con dos abstenciones la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la actividad de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa.
Sobre la primera prohibición, el rechazo se hizo sentir desde la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina. Frente a la Legislatura, coexistieron las manifestaciones contrarias de los mineros y las de apoyo a la normativa de agrupaciones ambientalistas. Entre éstas estaba Ongamira Despierta, una asamblea de vecinos autoconvocados que reaccionaron contra la actividad metalífera ante un pedido de exploración en la zona de Ongamira.
Si bien en la actualidad no existe ninguna autorización para el cateo y la exploración –procesos anteriores a la explotación– de la actividad minera metalífera (como el oro, cobre y plata) a cielo abierto ni de la nuclear, sí existen unos 90 pedidos de privados que tienen ese fin.
Uno de los fundamentos de la iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, quien envió el proyecto a la Unicameral, es el promover la minería tradicional, que es la única que se explota en la provincia y que no estará afectada por ninguna de las prohibiciones que establece la ley. La "minería tradicional" incluye la explotación de minerales no metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación.
Otro fundamento se relaciona con el cuidado del medio ambiente. "Celebramos la nueva ley a los efectos de la protección del ambiente", manifestó a este diario Omar Daniele, a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Sobre este último fundamento, el presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, expresó que "hay mucha ignorancia, hay miedo y se prohíbe la actividad de manera discriminatoria. Queremos que el Estado controle, pero no que prohíba. La actividad es compatible con normas ambientales como se hace en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania".
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros también se opuso a la normativa. "Existe una fuerza muy grande de sectores ambientalistas que utilizan el factor más vulnerable que tiene el ser humano: el temor. Schiaretti es una persona que quiere lo mejor para su provincia, pero se equivocó. La minería es tan lícita y querible como cualquier toda actividad", dijo.
La segunda prohibición es sobre la actividad minera "de minerales nucleares tales como el uranio y el torio". Aquí la Cámara cordobesa no tiene intereses potenciales. Aldo Bonalumi, titular de la Secretaría de Minería, dijo que hace más de 20 años que no se explotan ninguna de las dos actividades mineras prohibidas. Pero aún no se remediaron los efectos ambientales adversos de las que existieron, por ejemplo, en la zona de Los Gigantes.
Además, se prohibió el uso de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras. Ninguna de esas sustancias se usan en las explotaciones que hoy existen en Córdoba.
Una ley anti-susto
L a Legislatura cordobesa prohibió algo que en esta provincia no existe: la minería de extracción metalífera a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Se trata de una ley que tendrá efectos a futuro, negando la posibilidad de que se exploten emprendimientos mineros de esas características, muy en concordancia con la ola ambientalista que hoy recorre el país de una punta a otra de la Cordillera.
La megaminería metalífera que hoy explica buena parte de los ingresos no coparticipables de provincias como Catamarca y San Juan se ganó en los últimos años el lugar de "bestia negra". Ayudaron a conformar esta mirada, la falta de atención que pusieron las administraciones provinciales en los estudios ambientales previos a la apertura de las minas, la absoluta falta de información a que fueron sometidas las comunidades locales donde se asentaron los emprendimientos y el temor latente a episodios graves de contaminación de las cuencas hídricas. Todo eso, en un marco legal delineado durante el gobierno de Carlos Menem que, cada vez más, es apuntado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos de la Argentina.
Córdoba, una provincia con siglos de historia minera, no metalífera, se suma a otras cuatro provincias que prohibieron este tipo de minería. La Rioja integró el grupo hasta el mes pasado, cuando volvió a permitir la extracción de uranio, a tono con las urgencias energéticas del país que prevén la construcción de nuevas centrales nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica considera la prohibición cordobesa como una medida retrógrada, en una provincia que posee grandes reservas uraníferas y una central nuclear. Para pueblos donde prendió la fiebre antiminera es la salvación que estaban esperando luego de años de lógicos o injustificados sustos.
Aprobaron ley antiminería a cielo abierto
Votaron todos los bloques la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hubo mitines callejeros a favor y en contra.
La Legislatura aprobó ayer por unanimidad la prohibición de desarrollar actividades de minería a cielo abierto y la explotación de uranio en toda la provincia.
El proyecto de ley, firmado por el gobernador Juan Schiaretti en junio, fue tratado con la presencia de organizaciones ambientalistas como Ongamira Despierta y también de los sectores económicos que rechazan esta restricción.
Desde la mañana, miembros de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) repartieron folletos en el acceso a La Calera (por Bajada Colorada), después del peaje, y en la zona del Dique Piedras Moras en rechazo a la futura ley.
Estos sectores entienden que si bien actualmente no hay extracción metalífera a cielo abierto, la prohibición «no va a permitir a la Provincia desarrollar su potencialidad minera sustentable».
«Es una marcha atrás», dijo a la prensa local Hugo Apfelbaum, presidente de Cemincor.
El legislador Marcelo Falo (Unión por Córdoba-Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, defendió el proyecto y negó que Córdoba no tenga atribuciones para legislar en materia minera, dado que en principio esa actividad está regida por el Código Minero de la Nación.
Falo también resaltó que la Provincia tiene potestad en los temas ambientales.
La ex secretaria de Medio Ambiente y actual legisladora, Amelia Chiófalo, destacó «la importancia que tiene esta ley a nivel nacional, porque Córdoba es la sexta provincia que está estableciendo esta prohibición de explotación a cielo abierto, propicia la explotación de la minería tradicional, y avanza en un criterio precautorio a nivel provincial».
Los puestos de trabajo
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios mineros (CAEM) y la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) expresaron su apoyo a las manifestaciones de los trabajadores del sector en Córdoba en defensa de los 15 mil puestos de trabajos directos e indirectos que genera esta actividad.
A través de un comunicado a la prensa, la cámara aclaró que «en Córdoba no se desarrolla proyecto aurífero o metalífero alguno» y señaló que el proyecto del gobierno provincial «es imprudente y carente de un análisis técnico y científico».
Asimismo, sostuvo que «la minería es la única industria del país que cuenta con una ley de Protección Ambiental, por lo cual se destaca como sector responsable en el cumplimiento de las normas ambientales argentinas».
La Cámara sostuvo también que «la minería es generadora de trabajo genuino y de los mejores sueldos del país».
Organizaciones ambientalistas, en tanto, aplaudieron la aprobación de la norma y recordaron que en otras provincias como La Rioja y Catamarca se mantienen en marcha diversas protestas y movilizaciones contra la actividad por la aparente falta de control al impacto ambiental que generan esas empresas.
Fecha de Publicación: 25/09/2008
Fuente: La Voz del Interior - La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
También impiden explotar minerales nucleares y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas.
La Legislatura de Córdoba sancionó ayer con dos abstenciones la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la actividad de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa.
Sobre la primera prohibición, el rechazo se hizo sentir desde la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina. Frente a la Legislatura, coexistieron las manifestaciones contrarias de los mineros y las de apoyo a la normativa de agrupaciones ambientalistas. Entre éstas estaba Ongamira Despierta, una asamblea de vecinos autoconvocados que reaccionaron contra la actividad metalífera ante un pedido de exploración en la zona de Ongamira.
Si bien en la actualidad no existe ninguna autorización para el cateo y la exploración –procesos anteriores a la explotación– de la actividad minera metalífera (como el oro, cobre y plata) a cielo abierto ni de la nuclear, sí existen unos 90 pedidos de privados que tienen ese fin.
Uno de los fundamentos de la iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, quien envió el proyecto a la Unicameral, es el promover la minería tradicional, que es la única que se explota en la provincia y que no estará afectada por ninguna de las prohibiciones que establece la ley. La "minería tradicional" incluye la explotación de minerales no metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación.
Otro fundamento se relaciona con el cuidado del medio ambiente. "Celebramos la nueva ley a los efectos de la protección del ambiente", manifestó a este diario Omar Daniele, a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Sobre este último fundamento, el presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, expresó que "hay mucha ignorancia, hay miedo y se prohíbe la actividad de manera discriminatoria. Queremos que el Estado controle, pero no que prohíba. La actividad es compatible con normas ambientales como se hace en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania".
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros también se opuso a la normativa. "Existe una fuerza muy grande de sectores ambientalistas que utilizan el factor más vulnerable que tiene el ser humano: el temor. Schiaretti es una persona que quiere lo mejor para su provincia, pero se equivocó. La minería es tan lícita y querible como cualquier toda actividad", dijo.
La segunda prohibición es sobre la actividad minera "de minerales nucleares tales como el uranio y el torio". Aquí la Cámara cordobesa no tiene intereses potenciales. Aldo Bonalumi, titular de la Secretaría de Minería, dijo que hace más de 20 años que no se explotan ninguna de las dos actividades mineras prohibidas. Pero aún no se remediaron los efectos ambientales adversos de las que existieron, por ejemplo, en la zona de Los Gigantes.
Además, se prohibió el uso de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras. Ninguna de esas sustancias se usan en las explotaciones que hoy existen en Córdoba.
Una ley anti-susto
L a Legislatura cordobesa prohibió algo que en esta provincia no existe: la minería de extracción metalífera a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Se trata de una ley que tendrá efectos a futuro, negando la posibilidad de que se exploten emprendimientos mineros de esas características, muy en concordancia con la ola ambientalista que hoy recorre el país de una punta a otra de la Cordillera.
La megaminería metalífera que hoy explica buena parte de los ingresos no coparticipables de provincias como Catamarca y San Juan se ganó en los últimos años el lugar de "bestia negra". Ayudaron a conformar esta mirada, la falta de atención que pusieron las administraciones provinciales en los estudios ambientales previos a la apertura de las minas, la absoluta falta de información a que fueron sometidas las comunidades locales donde se asentaron los emprendimientos y el temor latente a episodios graves de contaminación de las cuencas hídricas. Todo eso, en un marco legal delineado durante el gobierno de Carlos Menem que, cada vez más, es apuntado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos de la Argentina.
Córdoba, una provincia con siglos de historia minera, no metalífera, se suma a otras cuatro provincias que prohibieron este tipo de minería. La Rioja integró el grupo hasta el mes pasado, cuando volvió a permitir la extracción de uranio, a tono con las urgencias energéticas del país que prevén la construcción de nuevas centrales nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica considera la prohibición cordobesa como una medida retrógrada, en una provincia que posee grandes reservas uraníferas y una central nuclear. Para pueblos donde prendió la fiebre antiminera es la salvación que estaban esperando luego de años de lógicos o injustificados sustos.
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Aprobaron ley antiminería a cielo abierto
Votaron todos los bloques la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hubo mitines callejeros a favor y en contra.
La Legislatura aprobó ayer por unanimidad la prohibición de desarrollar actividades de minería a cielo abierto y la explotación de uranio en toda la provincia.
El proyecto de ley, firmado por el gobernador Juan Schiaretti en junio, fue tratado con la presencia de organizaciones ambientalistas como Ongamira Despierta y también de los sectores económicos que rechazan esta restricción.
Desde la mañana, miembros de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) repartieron folletos en el acceso a La Calera (por Bajada Colorada), después del peaje, y en la zona del Dique Piedras Moras en rechazo a la futura ley.
Estos sectores entienden que si bien actualmente no hay extracción metalífera a cielo abierto, la prohibición «no va a permitir a la Provincia desarrollar su potencialidad minera sustentable».
«Es una marcha atrás», dijo a la prensa local Hugo Apfelbaum, presidente de Cemincor.
El legislador Marcelo Falo (Unión por Córdoba-Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, defendió el proyecto y negó que Córdoba no tenga atribuciones para legislar en materia minera, dado que en principio esa actividad está regida por el Código Minero de la Nación.
Falo también resaltó que la Provincia tiene potestad en los temas ambientales.
La ex secretaria de Medio Ambiente y actual legisladora, Amelia Chiófalo, destacó «la importancia que tiene esta ley a nivel nacional, porque Córdoba es la sexta provincia que está estableciendo esta prohibición de explotación a cielo abierto, propicia la explotación de la minería tradicional, y avanza en un criterio precautorio a nivel provincial».
Los puestos de trabajo
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios mineros (CAEM) y la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) expresaron su apoyo a las manifestaciones de los trabajadores del sector en Córdoba en defensa de los 15 mil puestos de trabajos directos e indirectos que genera esta actividad.
A través de un comunicado a la prensa, la cámara aclaró que «en Córdoba no se desarrolla proyecto aurífero o metalífero alguno» y señaló que el proyecto del gobierno provincial «es imprudente y carente de un análisis técnico y científico».
Asimismo, sostuvo que «la minería es la única industria del país que cuenta con una ley de Protección Ambiental, por lo cual se destaca como sector responsable en el cumplimiento de las normas ambientales argentinas».
La Cámara sostuvo también que «la minería es generadora de trabajo genuino y de los mejores sueldos del país».
Organizaciones ambientalistas, en tanto, aplaudieron la aprobación de la norma y recordaron que en otras provincias como La Rioja y Catamarca se mantienen en marcha diversas protestas y movilizaciones contra la actividad por la aparente falta de control al impacto ambiental que generan esas empresas.
Alumbrera intima a ambientalistas
Para intimar a los ambientalistas, Minera Alumbrera comenzó a enviarles cartas documentos
Fecha de Publicación: 23/09/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de asambleas civiles de ciudades de la región fueron intimados por Minera Alumbrera a deponer la medida de fuerza que impide el paso de camiones hacia la explotación. Sin embargo, las acciones de protesta fueron ratificadas en un plenario realizado el sábado cuando se repudió la intimidación de la empresa hacia los ambientalistas. Exigen el cierre definitivo de la minera hasta tanto se resuelva el juicio del directivo, Julián Rooney, por contaminación.
El golpe inflingido es tan fuerte como inesperado. En Minera Alumbrera todavía no digieren como un grupo de vecinos se envalentonó para obstruir el paso a cuatro camiones que se dirigen hacia la explotación minera catamarqueña. Hace 49 días que los vehículos provenientes de Chile no pueden avanzar hacia su destino por las medidas de fuerza que habitantes de la región realizan como forma de manifestar su repudio contra la actividad minera contaminante.
Así, mientras los enormes recipientes de los camiones permanecen a la vera de la ruta 40, en la localidad de El Bañado, en Colalao del Valle (cabe aclarar que una de las cargas se encuentra en un predio de ese paraje), en Minera Alumbrera decidieron amedrentar la resistencia popular mediante cartas documento.
En los últimos días, los militantes de la ONG tucumana Pro-Eco, Alfredo Carbonell y Myrian Genisans junto a un grupo de vecinos de Santa María (Catamarca) recibieron idénticas intimidaciones por parte de la empresa extranjera en la que se los exhorta, en un plazo de 24 horas, a desistir del corte al paso de los camiones. Caso contrario, según se señala en la misiva, “se procederá a dar inicio a las acciones civiles correspondientes en contra de sus responsables por los cuantiosos daños y perjuicios que el citado piquete ha causado a la empresa”.
Si la intención de la minera apuntaba a que las asambleas regionales desistan del bloqueo, hasta ahora la reacción de los vecinos fue totalmente opuesta. Incluso, el sábado se ratificó en un plenario la continuidad de la medida de fuerza hasta que la Justicia se expida al respecto.
“Queremos que la Justicia se pronuncie a favor o en contra de nuestra acción. Si se dispone nuestro desalojo, caerán en una evidente contradicción, ya que fueron los propios camaristas federales los que decidieron procesar a Julián Rooney por contaminación ambiental. Nuestro objetivo es que se tome conciencia que la minera no debería seguir funcionando cuando la propia Justicia está determinando que hay un daño al medio ambiente”, expresó Genisans a primerafuente.
Fecha de Publicación: 23/09/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Integrantes de asambleas civiles de ciudades de la región fueron intimados por Minera Alumbrera a deponer la medida de fuerza que impide el paso de camiones hacia la explotación. Sin embargo, las acciones de protesta fueron ratificadas en un plenario realizado el sábado cuando se repudió la intimidación de la empresa hacia los ambientalistas. Exigen el cierre definitivo de la minera hasta tanto se resuelva el juicio del directivo, Julián Rooney, por contaminación.
El golpe inflingido es tan fuerte como inesperado. En Minera Alumbrera todavía no digieren como un grupo de vecinos se envalentonó para obstruir el paso a cuatro camiones que se dirigen hacia la explotación minera catamarqueña. Hace 49 días que los vehículos provenientes de Chile no pueden avanzar hacia su destino por las medidas de fuerza que habitantes de la región realizan como forma de manifestar su repudio contra la actividad minera contaminante.
Así, mientras los enormes recipientes de los camiones permanecen a la vera de la ruta 40, en la localidad de El Bañado, en Colalao del Valle (cabe aclarar que una de las cargas se encuentra en un predio de ese paraje), en Minera Alumbrera decidieron amedrentar la resistencia popular mediante cartas documento.
En los últimos días, los militantes de la ONG tucumana Pro-Eco, Alfredo Carbonell y Myrian Genisans junto a un grupo de vecinos de Santa María (Catamarca) recibieron idénticas intimidaciones por parte de la empresa extranjera en la que se los exhorta, en un plazo de 24 horas, a desistir del corte al paso de los camiones. Caso contrario, según se señala en la misiva, “se procederá a dar inicio a las acciones civiles correspondientes en contra de sus responsables por los cuantiosos daños y perjuicios que el citado piquete ha causado a la empresa”.
Si la intención de la minera apuntaba a que las asambleas regionales desistan del bloqueo, hasta ahora la reacción de los vecinos fue totalmente opuesta. Incluso, el sábado se ratificó en un plenario la continuidad de la medida de fuerza hasta que la Justicia se expida al respecto.
“Queremos que la Justicia se pronuncie a favor o en contra de nuestra acción. Si se dispone nuestro desalojo, caerán en una evidente contradicción, ya que fueron los propios camaristas federales los que decidieron procesar a Julián Rooney por contaminación ambiental. Nuestro objetivo es que se tome conciencia que la minera no debería seguir funcionando cuando la propia Justicia está determinando que hay un daño al medio ambiente”, expresó Genisans a primerafuente.
Denuncian desmontes en el norte santafesino
Denuncian desmontes en el norte
Fecha de Publicación: 23/09/2008
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fé
Vecinos y ambientalistas de Romang dicen que, pese a la vigencia de la prohibición, la tala de árboles se sigue realizando. Y que la intervención de las autoridades no suele llegar a tiempo para impedir el daño. El subsecretario de Medio Ambiente, Néstor Biasatti, instó a la población a denunciar y anunció que pronto se conocerán sanciones ejemplificatorias.
Representantes de entidades ambientalistas del norte santafesino reclamaron a las autoridades provinciales por los permanentes desmontes en la zona, a pesar de la vigencia de la ley nacional que veda totalmente esa actividad. Pusieron de manifiesto los severos perjuicios ambientales que ha generado y genera la tala indiscriminada, y pidieron mayor celeridad en la respuesta del Estado ante las infracciones.
En representación de los vecinos de Romang (departamento San Javier) y de las entidades ambientalistas Planeta Azul y Ecos de Romang, Roberto Lerf y Andrés Kees entregaron personalmente un petitorio al subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Néstor Biasatti con quien estuvieron reunidos durante dos horas, y también concurrieron a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
"Vinimos a plantear que estamos muy preocupados por el desmonte que se está haciendo en la zona. Las leyes están, pero se desmonta sin permisos, o con permisos indebidamente otorgados", resumió Lerf a El Litoral.
Ley infringida
Como también corroboró a este diario el subsecretario de Medio Ambiente, la ley N´ 26.331 conocida como Ley de Bosques establece presupuestos mínimos para el manejo del recurso y establece un período de veda de un año, a partir del 28 de noviembre del año pasado, para que cada provincia realice una zonificación y fije sus propias pautas. Mientras tanto, está prohibida la tala y el desmonte de cualquier tipo.
El problema surge por la aplicación de la norma. Biasatti dijo a El Litoral que los ciudadanos no deben vacilar en hacer la denuncia, ya que esto permite la intervención inmediata de la Secretaría de Medio Ambiente, sin que esto implique para el denunciante quedar inmerso en un proceso, ni nada parecido.
"Denuncias hay, pero es necesario que se agilicen los trámites. Porque en pocos días se desmontan varias hectáreas, así que hace falta una acción inmediata", sostuvieron los ambientalistas. Ello, dado que, en el tiempo que lleva la tramitación, "las topadoras avanzan y, para cuando llegan las autoridades, el bosque no existe más".
Denuncias y procedimientos
Según Biasatti, "se han hecho decenas de procedimientos y se siguen haciendo permanentemente. Muchos de ellos han derivado en expedientes que están en trámites y que, cuando se conozca la sanción, van a tener mucho impacto y a servir para dejar en claro las consecuencias de violar la ley".
Por lo mismo, explicó que se puntualizó la manera de realizar las denuncias, para que operen con mayor agilidad y efectividad. "Nos pidieron que le expliquemos a la gente que no debe tener miedo de hacer la denuncia, ni que piense que eso le va a traer complicaciones, venir a declarar, ese tipo de cosas. La denuncia es simple, mandar un fax o llamar por teléfono a la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos toman el caso y actúan. Solamente piden que se consignen con claridad las dimensiones del campo, la ubicación y, si es posible, el nombre del propietario, porque a veces reciben la denuncia y tienen dificultades para encontrar el lugar", agregaron Lerf y Kees.
De todos modos, Biasatti dejó en claro que la celeridad de la respuesta "está condicionada por la normativa institucional y legal, asociada a una cuestión de esta envergadura, donde las multas pueden ser del orden de los 300 ó 400 mil pesos. El Estado no puede cometer errores de procedimiento".
En este punto, consignó que, apenas recibida la denuncia, se notifica al propietario del campo a través de la Guardia Rural Los Pumas, y se lo intima a que cese con la tala. Tras este primer apercibimiento, se requiere una orden judicial de allanamiento para ingresar a la propiedad del supuesto infractor. "Por eso, a veces hay demoras de 48 horas o más. Admito que la capacidad de respuesta no siempre está a la altura de las expectativas, pero está sujeta a las condiciones en que el Estado debe proceder".
Compromiso
Biasatti valoró la actuación de los grupos ambientalistas que, "en lugar de limitarse a una manifestación mediática, piden una reunión y se comprometen realizando denuncias concretas, acercando información y reclamando respuestas".
Del mismo modo, consideró "una verdad de perogrullo" que con más recursos se podría hacer más y que esta dependencia sufre los mismos inconvenientes que cualquier otra área, pero negó que carezcan de vehículos y añadió que hay personal especializado ingenieros agrónomos específicamente afectado a la tarea. Por lo demás, recordó que se trata de una dependencia administrativa que aplica una sanción administrativa (las multas), pero que está impedida de, por ejemplo, hacer detener a los infractores. Sobre todo porque, al menos hasta el momento ya que hay proyectos en tal sentido, la tala no es un delito penal.
Desertificación
Los ambientalistas consignaron que en la provincia quedan sólo 570 mil hectáreas de bosques algo más del 10 % que siete décadas atrás y que se pierden unas 40 por día. Sin ir más lejos, mientras venían en camino para denunciarlo por la Ruta 1, se encontraron con un nuevo caso en la zona de arroceras, en San Javier. Los efectos se hacen notar: aumento de procesos erosivos y del riesgo de desertificación, pérdida de fertilidad y del paisaje forestal, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo por menor absorción, pérdida de diversidad biológica y de posible uso sustentable de la fauna silvestre, migraciones internas.
Fecha de Publicación: 23/09/2008
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fé
Vecinos y ambientalistas de Romang dicen que, pese a la vigencia de la prohibición, la tala de árboles se sigue realizando. Y que la intervención de las autoridades no suele llegar a tiempo para impedir el daño. El subsecretario de Medio Ambiente, Néstor Biasatti, instó a la población a denunciar y anunció que pronto se conocerán sanciones ejemplificatorias.
Representantes de entidades ambientalistas del norte santafesino reclamaron a las autoridades provinciales por los permanentes desmontes en la zona, a pesar de la vigencia de la ley nacional que veda totalmente esa actividad. Pusieron de manifiesto los severos perjuicios ambientales que ha generado y genera la tala indiscriminada, y pidieron mayor celeridad en la respuesta del Estado ante las infracciones.
En representación de los vecinos de Romang (departamento San Javier) y de las entidades ambientalistas Planeta Azul y Ecos de Romang, Roberto Lerf y Andrés Kees entregaron personalmente un petitorio al subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Néstor Biasatti con quien estuvieron reunidos durante dos horas, y también concurrieron a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
"Vinimos a plantear que estamos muy preocupados por el desmonte que se está haciendo en la zona. Las leyes están, pero se desmonta sin permisos, o con permisos indebidamente otorgados", resumió Lerf a El Litoral.
Ley infringida
Como también corroboró a este diario el subsecretario de Medio Ambiente, la ley N´ 26.331 conocida como Ley de Bosques establece presupuestos mínimos para el manejo del recurso y establece un período de veda de un año, a partir del 28 de noviembre del año pasado, para que cada provincia realice una zonificación y fije sus propias pautas. Mientras tanto, está prohibida la tala y el desmonte de cualquier tipo.
El problema surge por la aplicación de la norma. Biasatti dijo a El Litoral que los ciudadanos no deben vacilar en hacer la denuncia, ya que esto permite la intervención inmediata de la Secretaría de Medio Ambiente, sin que esto implique para el denunciante quedar inmerso en un proceso, ni nada parecido.
"Denuncias hay, pero es necesario que se agilicen los trámites. Porque en pocos días se desmontan varias hectáreas, así que hace falta una acción inmediata", sostuvieron los ambientalistas. Ello, dado que, en el tiempo que lleva la tramitación, "las topadoras avanzan y, para cuando llegan las autoridades, el bosque no existe más".
Denuncias y procedimientos
Según Biasatti, "se han hecho decenas de procedimientos y se siguen haciendo permanentemente. Muchos de ellos han derivado en expedientes que están en trámites y que, cuando se conozca la sanción, van a tener mucho impacto y a servir para dejar en claro las consecuencias de violar la ley".
Por lo mismo, explicó que se puntualizó la manera de realizar las denuncias, para que operen con mayor agilidad y efectividad. "Nos pidieron que le expliquemos a la gente que no debe tener miedo de hacer la denuncia, ni que piense que eso le va a traer complicaciones, venir a declarar, ese tipo de cosas. La denuncia es simple, mandar un fax o llamar por teléfono a la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos toman el caso y actúan. Solamente piden que se consignen con claridad las dimensiones del campo, la ubicación y, si es posible, el nombre del propietario, porque a veces reciben la denuncia y tienen dificultades para encontrar el lugar", agregaron Lerf y Kees.
De todos modos, Biasatti dejó en claro que la celeridad de la respuesta "está condicionada por la normativa institucional y legal, asociada a una cuestión de esta envergadura, donde las multas pueden ser del orden de los 300 ó 400 mil pesos. El Estado no puede cometer errores de procedimiento".
En este punto, consignó que, apenas recibida la denuncia, se notifica al propietario del campo a través de la Guardia Rural Los Pumas, y se lo intima a que cese con la tala. Tras este primer apercibimiento, se requiere una orden judicial de allanamiento para ingresar a la propiedad del supuesto infractor. "Por eso, a veces hay demoras de 48 horas o más. Admito que la capacidad de respuesta no siempre está a la altura de las expectativas, pero está sujeta a las condiciones en que el Estado debe proceder".
Compromiso
Biasatti valoró la actuación de los grupos ambientalistas que, "en lugar de limitarse a una manifestación mediática, piden una reunión y se comprometen realizando denuncias concretas, acercando información y reclamando respuestas".
Del mismo modo, consideró "una verdad de perogrullo" que con más recursos se podría hacer más y que esta dependencia sufre los mismos inconvenientes que cualquier otra área, pero negó que carezcan de vehículos y añadió que hay personal especializado ingenieros agrónomos específicamente afectado a la tarea. Por lo demás, recordó que se trata de una dependencia administrativa que aplica una sanción administrativa (las multas), pero que está impedida de, por ejemplo, hacer detener a los infractores. Sobre todo porque, al menos hasta el momento ya que hay proyectos en tal sentido, la tala no es un delito penal.
Desertificación
Los ambientalistas consignaron que en la provincia quedan sólo 570 mil hectáreas de bosques algo más del 10 % que siete décadas atrás y que se pierden unas 40 por día. Sin ir más lejos, mientras venían en camino para denunciarlo por la Ruta 1, se encontraron con un nuevo caso en la zona de arroceras, en San Javier. Los efectos se hacen notar: aumento de procesos erosivos y del riesgo de desertificación, pérdida de fertilidad y del paisaje forestal, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo por menor absorción, pérdida de diversidad biológica y de posible uso sustentable de la fauna silvestre, migraciones internas.
Tour a la papelera: la atracción de Gualeguaychú
El tour a la papelera se convirtió en la otra gran atracción de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
No es sólo carnaval. Los asambleístas llevan a los turistas al puente para ver la planta de Botnia.
Quienes conocen Gualeguaychú saben que es una de las ciudades más bellas de la Argentina. Además de verse favorecida por haber sido construída a la orilla del río Uruguay, el éxito de sus carnavales la transformó en uno de los grandes imanes turísticos que tienen los argentinos.
Sin embargo, casi secretamente, una nueva atracción se ha ido apoderando del lugar. Cuando se están por cumplir dos años del bloqueo al puente General San Martín que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, los asambleístas que protestan contra la instalación de la papelera de origen finlandes Botnia han puesto de moda una suerte de tour hasta la mitad del puente para que los turistas puedan observar la planta desde donde se la ve con mayor claridad y en enormes dimensiones.
La excursión es simple. No está muy publicitada en el centro de la ciudad, que dista unos 40 kilómetros de la frontera con el Uruguay, pero el boca a boca corre en los hoteles y los restoranes. "Los muchachos te llevan a ver la papelera", es el mensaje más escuchado por los turistas que en estos tiempos recorren Gualeguaychú. Y entonces sólo queda tomar la ruta 136 y manejar hasta el corte, afincado sobre al arroyo Verde, una pequeña y estratégica corriente de agua que les permite a los asambleístas controlar que nadie vulnere el bloqueo a través de los campos linderos.
Los carteles "No a Botnia"; algunas banderas en las puertas de las casas y leyendas castigando especialmente al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, preanuncian la llegada al lugar del corte. Allí, diez kilómetros antes del puente, está la construcción (una habitación amplia de ladrillos) donde hacen guardia los asambleístas. El viaje es gratis, como ellos mismos lo publicitan. Pero para quienes quieren colaborar "con la causa" ambientalista, hay gorros y remeras con leyendas anti Botnia que muchos turistas se llevan por precios que no dejan de ser razonables.
El trayecto es breve y la condición es que en el auto (o la caravana si son más de uno) suba uno de los asambleístas. El viaje es hasta la mitad del puente por el que no transita prácticamente nadie. Se atraviesan dos pequeñas oficinas de la Aduana y de la Gendarmería, pero es raro encontrar a sus empleados. "A veces salen a pasear o se van a pescar", admiten en el corte, pero piden reserva por el dato ya que los gendarmes "son buena gente y se aburren mucho" durante los días largos y sin tareas.
Entonces sí. Al estacionar en la mitad del puente se puede ver la planta de Botnia en toda su magnitud. Desde allí se observan inmensas la planta y las seis chimeneas por las que nunca deja de salir humo. La mayoría de los turistas se dedica a sacarle fotos (como la que ilustra la infografía) y pedir datos sobre la papelera que los asambleístas entregan gustosos durante la charla, o reparten en unos folletos simples con información que ataca a la pastera de origen finlandés.
El trato con los turistas suele ser amable y sólo de vez en cuando surgen algunas discusiones con visitantes que se quejan por la prolongación increíble del corte que ya lleva 22 meses, pese a las discusiones internas de los manifestantes sobre la conveniencia o no de seguir con el bloqueo (ver Hay quienes...).
Los únicos autos que se dejan ver por la ruta desierta y silenciosa son unos remises uruguayos que llegan hasta el corte para recoger a pasajeros que los asambleístas autorizan a pasar. El único control que hay entre la Argentina y Uruguay es, paradójicamente, el que ejercen de hecho los manifestantes.
El conflicto entre los dos países convirtió el paso clave de Gualeguaychú a Fray Bentos en un camino fantasma. Los asambleístas prometen quedarse allí para siempre y el Estado parece hoy más ausente que nunca.
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
No es sólo carnaval. Los asambleístas llevan a los turistas al puente para ver la planta de Botnia.
Quienes conocen Gualeguaychú saben que es una de las ciudades más bellas de la Argentina. Además de verse favorecida por haber sido construída a la orilla del río Uruguay, el éxito de sus carnavales la transformó en uno de los grandes imanes turísticos que tienen los argentinos.
Sin embargo, casi secretamente, una nueva atracción se ha ido apoderando del lugar. Cuando se están por cumplir dos años del bloqueo al puente General San Martín que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, los asambleístas que protestan contra la instalación de la papelera de origen finlandes Botnia han puesto de moda una suerte de tour hasta la mitad del puente para que los turistas puedan observar la planta desde donde se la ve con mayor claridad y en enormes dimensiones.
La excursión es simple. No está muy publicitada en el centro de la ciudad, que dista unos 40 kilómetros de la frontera con el Uruguay, pero el boca a boca corre en los hoteles y los restoranes. "Los muchachos te llevan a ver la papelera", es el mensaje más escuchado por los turistas que en estos tiempos recorren Gualeguaychú. Y entonces sólo queda tomar la ruta 136 y manejar hasta el corte, afincado sobre al arroyo Verde, una pequeña y estratégica corriente de agua que les permite a los asambleístas controlar que nadie vulnere el bloqueo a través de los campos linderos.
Los carteles "No a Botnia"; algunas banderas en las puertas de las casas y leyendas castigando especialmente al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, preanuncian la llegada al lugar del corte. Allí, diez kilómetros antes del puente, está la construcción (una habitación amplia de ladrillos) donde hacen guardia los asambleístas. El viaje es gratis, como ellos mismos lo publicitan. Pero para quienes quieren colaborar "con la causa" ambientalista, hay gorros y remeras con leyendas anti Botnia que muchos turistas se llevan por precios que no dejan de ser razonables.
El trayecto es breve y la condición es que en el auto (o la caravana si son más de uno) suba uno de los asambleístas. El viaje es hasta la mitad del puente por el que no transita prácticamente nadie. Se atraviesan dos pequeñas oficinas de la Aduana y de la Gendarmería, pero es raro encontrar a sus empleados. "A veces salen a pasear o se van a pescar", admiten en el corte, pero piden reserva por el dato ya que los gendarmes "son buena gente y se aburren mucho" durante los días largos y sin tareas.
Entonces sí. Al estacionar en la mitad del puente se puede ver la planta de Botnia en toda su magnitud. Desde allí se observan inmensas la planta y las seis chimeneas por las que nunca deja de salir humo. La mayoría de los turistas se dedica a sacarle fotos (como la que ilustra la infografía) y pedir datos sobre la papelera que los asambleístas entregan gustosos durante la charla, o reparten en unos folletos simples con información que ataca a la pastera de origen finlandés.
El trato con los turistas suele ser amable y sólo de vez en cuando surgen algunas discusiones con visitantes que se quejan por la prolongación increíble del corte que ya lleva 22 meses, pese a las discusiones internas de los manifestantes sobre la conveniencia o no de seguir con el bloqueo (ver Hay quienes...).
Los únicos autos que se dejan ver por la ruta desierta y silenciosa son unos remises uruguayos que llegan hasta el corte para recoger a pasajeros que los asambleístas autorizan a pasar. El único control que hay entre la Argentina y Uruguay es, paradójicamente, el que ejercen de hecho los manifestantes.
El conflicto entre los dos países convirtió el paso clave de Gualeguaychú a Fray Bentos en un camino fantasma. Los asambleístas prometen quedarse allí para siempre y el Estado parece hoy más ausente que nunca.
Alumbrera intenta amedrentar a los vecinos
La minera Alumbrera, cuyo vice presidente se encuentra procesado por contaminación, intenta amedrentar a los vecinos.
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Autor del Artículo: Extraido de No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Minera Alumbrera intima a la Asamblea de Los Pueblos de los Valles Calchaquíes en la persona de Myrian Genisans.
Con fecha 17 de setiembre de 2008 Minera Alumbrera Ltd. intima a Myrian Genisans mediante carta documento a que cese cualquier participación que pudiera tener en lo que la Minera llama "piquete en la ruta 40, a la altura de Colalao del Valle, provincia de Tucumán" advirtiéndole que no resultaría ajeno a los hechos denunciados penalmente por la empresa ante la Justicia Federal por lo que ya se encuentra identificada por la Minera Alumbrera ante la Justicia Federal para que se aclare su participación en lo que el apoderado de la empresa dice "evento". Fuente Vecinos de los Valles Calchaquíes.
Inmediatamente amenaza de manera personal a Myrian Genisans de "inicio de acciones civiles correspondiente" haciendo extensiva a los responsables de lo que acontece en la localidad citada en relación a la carga con destino a Bajo La Alumbrera. De "no cesar dicho piquete dentro del plazo de 24 hs. ", responsabiliza a éstos de supuestos cuantiosos daños y perjuicios que ocasiona el citado "piquete" a la empresa.
Las comunidades de pueblos originarios, vecinos autoconvocados en defensa del medio ambiente, ciudadanía organizada en movimientos ecologistas y sociales, se han pronunciado en reiteradas ocasiones en contra del avance de la minería metalífera y nuclear, no sólo en la región del sistema del Aconquija y de Cumbres Calchaquíes sino en todo el territorio nacional, debido a que destruyen, saquean y contaminan los ecosistemas de los que dependen las vidas y las economías múltiples, ancestrales y vigentes.
Este pronunciamiento viene entregando un sin número de acciones ciudadanas, enmarcadas en el ejercicio del Derecho Ambiental y que implican acciones civiles, políticas y penales. Las movilizaciones, las asambleas y la interferencia a algún insumo de las empresas mineras se encuadran claramente en medidas extremas acordadas colectivamente a raíz de la indefensión ciudadana en la que se encuentran los pueblos de la región. Medidas de claro contenido de reclamo hacia las autoridades de gobierno: legislativas, ejecutivas y judiciales. Las cuales tienen la máxima responsabilidad de resguardar la calidad ambiental, frente al comportamiento agresivo y avasallador que realiza en el territorio esta actividad productiva que desbasta e hipoteca la base esencial del agua, el aire y la tierra con destrucción y contaminación. (referencia de base: art. 41 de la Constitución Nacional).
La deriva de los acontecimientos y situaciones que se presentan en el transcurso de estas acciones ciudadanas no hace otra cosa que develar la rotunda indefensión de la ciudadanía, también en nuestro país. La indefensión se expresa, entre muchos otros, en la mora de la justicia frente a causas de contaminación, a la falta de estudios epidemiológicos oficiales; al ocultamiento de las estadísticas en salud, a los estudios científico técnicos académicos para las empresas mineras y las gestiones de gobierno que aceptan cláusulas de confidencialidad con respecto a los resultados; a la escasa participación de esta extrema problemática en los medios de información masiva; a la afectación de los trabajadores de cualquiera de los poderes cuyo comportamiento coincidentemente es correcto en su responsabilidad socio ambiental.
Nos encontramos ante un riesgo extremo de violación de Derechos Humanos, de carácter colectivo, legislados ampliamente por nuestra Constitución Nacional y Provinciales, por la vigencia y la promoción política de las leyes y código minero, actualmente agravado por el plan nuclear argentino-brasil.
A una creciente movilización ciudadana, especialmente la que se viene organizando para informar y resistir este flagelo altamente silenciado, además de ser avasallada en los derechos a un ambiente sano y dificultada en su obligación de preservarlo, a igual que toda ciudadanía, se le suman las múltiples estrategias de afectación que despliegan históricamente los cultores del negocio, en este caso, minero especialmente metalífero y nuclear.
Para las personas que aún no han tomado debidamente conocimiento de la situación de conflicto socio ambiental que se viene desplegando desde hace más de diez años en torno al proyecto minero metalífero y , desde hace dos años se complica aún más con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, se hace necesario rastrear la información en las prensas alternativas y en las monopólicas, tanto en formato digital como impreso. Es de observar la ausencia de equidad en los espacios para este tipo de información tanto al interior de los medios como entre los diferentes medios.
Hoy queda en evidencia con gran crudeza la situación del escaso eco ciudadano, de cualquier sector, ante las realidades de conflictos socio ambientales que provocan el modelo agro exportador y minero exportador. Los pueblos que habitan regiones de valles y montañas cuentan con autoconvocados que resisten la destrucción de los sitios de aprovisionamiento de agua, reservorio de biodiversidad y culturas en mejor relación con la naturaleza. Esto aún no se comprende.
Reiteramos, las comunidades de pueblos originarios, vecinos autoconvocados en defensa del medio ambiente, ciudadanía organizada en movimientos ecologistas y sociales se han pronunciado ya en relación a la minería metalífera y nuclear con sobradas razones ecológicas especialmente humanas. (refer. de base: declaratorias de Asambleas Ciudadanas).
La Carta Documento que remite Minera Alumbrera Ltd. a Myrian Genisans se encuentra siendo analizada por autoconvocados tanto de pueblos originarios como de ciudadanía en general. Será objeto de todas las acciones ciudadanas que de lugar.
San Miguel de Tucumán, 18 de setiembre de 2008
Prensa PRO ECO grupo ecologista - Sección Departamento de Educación Ambiental y Comunicación
Doc. Adjunto: Carta Documento
remitente: Minera Alumbrera Ltda.
Consta dirección postal en Ciudad de Buenos Aires
Destinatario: Genisans, Myriam de los A.
Consta dirección postal particular en San Miguel de Tucumán
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de setiembre de 2008.
Nos dirigimos a Ud. en relación al piquete en la ruta nacional 40, a la altura de Colalao del Valle, provincia de Tucumán, que se lleva a cabo desde el día 6 de agosto de 2008 y que impide la circulación de cuatro camiones cuya carga tiene por destino el emprendimiento Bajo de la Alumbrera.
Al respecto, y atento UD. no resultaría ajeno a los hechos que fueran denunciados penalmente por mi representada ante la Justicia Federal en la provincia de Tucumán, circunstancia que ha sido puesta en conocimiento de la Justicia, por medio de la presente intimamos a Ud. a que cese cualquier participación que pudiera tener en el citado corte de ruta.
Sin perjuicio de haber sido Ud. ya identificado por mi mandante ante la Justicia Federal para que se aclare participación en el evento, en caso de no cesar dicho piquete dentro del plazo de 24 hs de recibida la presente, se procederá a dar inicio a las acciones civiles correspondientes en contra de sus responsables por los cuantiosos daños y perjuicios que el citado piquete ha causado a la empresa.
Queda Ud. notificado."
firma: Juan L. Donicelli- Apoderado –
Constan: Documento de Identidad y registro profesional.
Sello postal: Correo Argentino- suc. Centro NOS C0000– 17 set 2008 "
San Miguel de Tucumán, 18 de setiembre de 2008
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Autor del Artículo: Extraido de No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Minera Alumbrera intima a la Asamblea de Los Pueblos de los Valles Calchaquíes en la persona de Myrian Genisans.
Con fecha 17 de setiembre de 2008 Minera Alumbrera Ltd. intima a Myrian Genisans mediante carta documento a que cese cualquier participación que pudiera tener en lo que la Minera llama "piquete en la ruta 40, a la altura de Colalao del Valle, provincia de Tucumán" advirtiéndole que no resultaría ajeno a los hechos denunciados penalmente por la empresa ante la Justicia Federal por lo que ya se encuentra identificada por la Minera Alumbrera ante la Justicia Federal para que se aclare su participación en lo que el apoderado de la empresa dice "evento". Fuente Vecinos de los Valles Calchaquíes.
Inmediatamente amenaza de manera personal a Myrian Genisans de "inicio de acciones civiles correspondiente" haciendo extensiva a los responsables de lo que acontece en la localidad citada en relación a la carga con destino a Bajo La Alumbrera. De "no cesar dicho piquete dentro del plazo de 24 hs. ", responsabiliza a éstos de supuestos cuantiosos daños y perjuicios que ocasiona el citado "piquete" a la empresa.
Las comunidades de pueblos originarios, vecinos autoconvocados en defensa del medio ambiente, ciudadanía organizada en movimientos ecologistas y sociales, se han pronunciado en reiteradas ocasiones en contra del avance de la minería metalífera y nuclear, no sólo en la región del sistema del Aconquija y de Cumbres Calchaquíes sino en todo el territorio nacional, debido a que destruyen, saquean y contaminan los ecosistemas de los que dependen las vidas y las economías múltiples, ancestrales y vigentes.
Este pronunciamiento viene entregando un sin número de acciones ciudadanas, enmarcadas en el ejercicio del Derecho Ambiental y que implican acciones civiles, políticas y penales. Las movilizaciones, las asambleas y la interferencia a algún insumo de las empresas mineras se encuadran claramente en medidas extremas acordadas colectivamente a raíz de la indefensión ciudadana en la que se encuentran los pueblos de la región. Medidas de claro contenido de reclamo hacia las autoridades de gobierno: legislativas, ejecutivas y judiciales. Las cuales tienen la máxima responsabilidad de resguardar la calidad ambiental, frente al comportamiento agresivo y avasallador que realiza en el territorio esta actividad productiva que desbasta e hipoteca la base esencial del agua, el aire y la tierra con destrucción y contaminación. (referencia de base: art. 41 de la Constitución Nacional).
La deriva de los acontecimientos y situaciones que se presentan en el transcurso de estas acciones ciudadanas no hace otra cosa que develar la rotunda indefensión de la ciudadanía, también en nuestro país. La indefensión se expresa, entre muchos otros, en la mora de la justicia frente a causas de contaminación, a la falta de estudios epidemiológicos oficiales; al ocultamiento de las estadísticas en salud, a los estudios científico técnicos académicos para las empresas mineras y las gestiones de gobierno que aceptan cláusulas de confidencialidad con respecto a los resultados; a la escasa participación de esta extrema problemática en los medios de información masiva; a la afectación de los trabajadores de cualquiera de los poderes cuyo comportamiento coincidentemente es correcto en su responsabilidad socio ambiental.
Nos encontramos ante un riesgo extremo de violación de Derechos Humanos, de carácter colectivo, legislados ampliamente por nuestra Constitución Nacional y Provinciales, por la vigencia y la promoción política de las leyes y código minero, actualmente agravado por el plan nuclear argentino-brasil.
A una creciente movilización ciudadana, especialmente la que se viene organizando para informar y resistir este flagelo altamente silenciado, además de ser avasallada en los derechos a un ambiente sano y dificultada en su obligación de preservarlo, a igual que toda ciudadanía, se le suman las múltiples estrategias de afectación que despliegan históricamente los cultores del negocio, en este caso, minero especialmente metalífero y nuclear.
Para las personas que aún no han tomado debidamente conocimiento de la situación de conflicto socio ambiental que se viene desplegando desde hace más de diez años en torno al proyecto minero metalífero y , desde hace dos años se complica aún más con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, se hace necesario rastrear la información en las prensas alternativas y en las monopólicas, tanto en formato digital como impreso. Es de observar la ausencia de equidad en los espacios para este tipo de información tanto al interior de los medios como entre los diferentes medios.
Hoy queda en evidencia con gran crudeza la situación del escaso eco ciudadano, de cualquier sector, ante las realidades de conflictos socio ambientales que provocan el modelo agro exportador y minero exportador. Los pueblos que habitan regiones de valles y montañas cuentan con autoconvocados que resisten la destrucción de los sitios de aprovisionamiento de agua, reservorio de biodiversidad y culturas en mejor relación con la naturaleza. Esto aún no se comprende.
Reiteramos, las comunidades de pueblos originarios, vecinos autoconvocados en defensa del medio ambiente, ciudadanía organizada en movimientos ecologistas y sociales se han pronunciado ya en relación a la minería metalífera y nuclear con sobradas razones ecológicas especialmente humanas. (refer. de base: declaratorias de Asambleas Ciudadanas).
La Carta Documento que remite Minera Alumbrera Ltd. a Myrian Genisans se encuentra siendo analizada por autoconvocados tanto de pueblos originarios como de ciudadanía en general. Será objeto de todas las acciones ciudadanas que de lugar.
San Miguel de Tucumán, 18 de setiembre de 2008
Prensa PRO ECO grupo ecologista - Sección Departamento de Educación Ambiental y Comunicación
Doc. Adjunto: Carta Documento
remitente: Minera Alumbrera Ltda.
Consta dirección postal en Ciudad de Buenos Aires
Destinatario: Genisans, Myriam de los A.
Consta dirección postal particular en San Miguel de Tucumán
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de setiembre de 2008.
Nos dirigimos a Ud. en relación al piquete en la ruta nacional 40, a la altura de Colalao del Valle, provincia de Tucumán, que se lleva a cabo desde el día 6 de agosto de 2008 y que impide la circulación de cuatro camiones cuya carga tiene por destino el emprendimiento Bajo de la Alumbrera.
Al respecto, y atento UD. no resultaría ajeno a los hechos que fueran denunciados penalmente por mi representada ante la Justicia Federal en la provincia de Tucumán, circunstancia que ha sido puesta en conocimiento de la Justicia, por medio de la presente intimamos a Ud. a que cese cualquier participación que pudiera tener en el citado corte de ruta.
Sin perjuicio de haber sido Ud. ya identificado por mi mandante ante la Justicia Federal para que se aclare participación en el evento, en caso de no cesar dicho piquete dentro del plazo de 24 hs de recibida la presente, se procederá a dar inicio a las acciones civiles correspondientes en contra de sus responsables por los cuantiosos daños y perjuicios que el citado piquete ha causado a la empresa.
Queda Ud. notificado."
firma: Juan L. Donicelli- Apoderado –
Constan: Documento de Identidad y registro profesional.
Sello postal: Correo Argentino- suc. Centro NOS C0000– 17 set 2008 "
San Miguel de Tucumán, 18 de setiembre de 2008
Riesgo a pueblos originarios en la Patagonia
Un millonario emprendimiento minero pone en riesgo a pueblos originarios en la Patagonia Argentina
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Página 12
Provincia/Región: Chubut
Negocios mineros, pesares indígenas. La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.
Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de tierra. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. “Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?”, increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, a contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día, durante los quince años de vida del yacimiento, y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido: calificó el proyecto como “una experiencia fantástica”.
“No somos mineros. Somos indígenas que criamos animales y respetamos la tierra desde hace cientos de años. ¿Eso tampoco se entiende? ¿Quieren cambiar nuestra forma de vida?”, arremete el abuelo tehuelche, mueve la cabeza en desaprobación y deja sin palabra.
De Toronto a Gan Gan
El Yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar, llamado “Navidad” porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El yacimiento estuvo en manos de la compañía IMA Exploration hasta julio de 2006, pero –juicio mediante en Canadá– fue traspasado a Aquiline Resources (el caso fue un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, el conflicto sobre recursos naturales de Argentina no se resolvió en la Justicia local sino en tribunales extranjeros). La última estimación de reservas asegura la existencia de minerales por diez mil millones de dólares.
El 15 de noviembre de 2007, en la tarde de Toronto, la compañía canadiense Aquiline organizó una conferencia telefónica entre el directorio y sus accionistas. La evaluación del proyecto Navidad fue el tema principal. La conclusión fue que no había “ningún aspecto del proyecto que pudiera generar un rechazo por parte del gobierno” (tanto nacional como provincial).
Gan Gan es un pueblo de quince manzanas cruzadas por la ruta provincial 4, a 370 kilómetros de Rawson, que une la cordillera con la costa de Chubut, pleno desierto, de 600 habitantes y zona de pequeña ganadería. Sólo 50 kilómetros lo separan del yacimiento, será de las zonas más afectadas. La familia tehuelche Cual habita en la zona desde 1902, con quince leguas. El propio pueblo de Gan Gan se construyó sobre parcelas donadas por la comunidad indígena. A cien años de esa donación, los Cual perdieron trece leguas a manos de empresarios y comerciantes. Hasta el cementerio comunitario quedó en parcelas apropiadas por un terrateniente local. En la actualidad, los Cual sobreviven en dos leguas, insuficientes para la cría de animales.
Don Victorino Cual nació en la estepa de Chubut. El rancho de adobe y chapa, construido por sus manos, tiene tres habitaciones. Una ventana pequeña deja en penumbras la cocina comedor, que recibe con una ronda de sillas y bancos desvencijados. Victorino viste pañuelo rojo al cuello, camisa azul, bombachas de campo deshilachadas y alpargatas. Está enfermo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de contar los pesares. “Nos robaron la tierra, no nos dejan criar a nuestros animales, y encima nos quieren sacar el agua y envenenar con su mina. Y los políticos trabajan para ellos.”
Empleados de la minera recorrieron la zona media decena de veces. Visitaron las comunidades indígenas, se mostraron amables, serviciales. Realizaron una encuesta, preguntaron si aceptarían otro campo y quisieron hacer firmar un papel confuso. “No agarré nada, pero sé de hermanos que sí lo han hecho, los han apretado, estuvo fulero ese asunto”, explica Cual, de rostro adusto, nueve hijos y tres nietos. Y la situación empeoró cuando el gobierno provincial, a través de sus punteros locales, comenzó a presionar para que dieran la bienvenida a la minera.
El gobernador Mario Das Neves, que ya se postula a presidente para el 2011, no aceptó el llamado de este diario, pero sí se refirió a la actividad minera el 25 de junio en la Embajada de Canadá (país de origen de gran parte de las empresas que desembarcan a lo largo de la cordillera). “Creo que el proyecto Navidad es una experiencia fantástica. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que en mi provincia no somos nada prejuiciosos con la actividad minera, que somos cuidadosos y que queremos, cuando alguien invierte, que tenga la tranquilidad de que no se le van a cambiar las reglas de juego”, afirmó. Los 120 empresarios canadienses aplaudieron y sonrieron con satisfacción, según da cuenta el mismo sitio de Aquiline, que publicó una crónica del cóctel.
Victorino Cual se calza la boina, mira por la venta de su casa hacia el mallín y sentencia: “Nos ha quedado poco de nuestro campo. Aunque los políticos insistan, no podemos permitir dar permiso de que nos arruinen la tierra y el agua. No queremos plata, la plata se funde, se gasta, el campo queda y nos da vida”.
Agua escasa
Gan Gan significa en idioma ancestral gran comida. Cuenta la historia que la zona era paso de viajantes y carros, donde se recuperaba fuerza para llegar a la cordillera o el mar. Muy famoso es su mallín (reservorio de agua superficial con pastos tiernos), punto de recreación y refresco durante los veranos.
En enero pasado nadie pudo zambullirse, una sequía castigó la zona. Falta de tierras y escasez de agua complican cualquier cría de animales: pocas pasturas, chivas flacas, reproducción exigua y caída de los ingresos familiares conforman una cadena. “Se nos mueren muchos animales por falta de tierras. Y con la minera será peor porque habrá menos agua”, lamenta Patricio Huichulef, de la comunidad Chacay Oeste-Laguna Fría.
Tiene 64 años, diez hijos, siempre habitó el mismo rancho, desde que nació, al igual que su padre. Habita y trabaja la misma tierra desde hace décadas, pero no posee título de propiedad. Vive de lo que produce con sus manos, padece el acoso de empresarios que quieren quedarse con sus campos. Y enfrenta una industria extractiva.
“Esta gente (los empleados de la minera) recorren los campos, no piden permiso, entran nomás y van marcando con banderas donde les interesa hacer pruebas. Eso ya está mal y nosotros no lo aprobamos. Tampoco dimos permiso para correr el chenque (cementerio), eso no se toca, y estos señores que hablan lindo entraron y corrieron todo”, se indigna Huichulef y cuenta que le hicieron encuestas, que preguntaban si vendería el campo, que prometían trabajo, mejora de casas, comida y hasta autos. “No firmé nada y no quiero nada de ellos. Les dejé claro que no voy a dejar el lugar donde crecí.”
Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer.
En el mismo desierto patagónico, pero cruzando el límite provincial, trabajan desde hace cinco años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. El gobierno de Río Negro rechazó el informe de impacto ambiental de la empresa y sancionó, motivado por la movilización de las organizaciones sociales, una ley que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Pero la compañía se mantiene en el lugar, asegura que obtendrá el permiso. Se trata de la canadiense Aquiline Resources, la misma que impulsa el proyecto Navidad y que ya mostró su poder de persuasión con los gobiernos de Chubut y Río Negro: en menos de diez años logró tomar control de 500 mil hectáreas para exploración minera.
Fecha de Publicación: 22/09/2008
Autor del Artículo: Darío Aranda - Página 12
Provincia/Región: Chubut
Negocios mineros, pesares indígenas. La compañía canadiense Aquiline y el gobierno provincial impulsan en el desierto de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos. Las reservas llegan a unos diez mil millones de dólares. Reclamos de las comunidades aborígenes.
Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de tierra. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. “Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?”, increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero Navidad, de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, a contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día, durante los quince años de vida del yacimiento, y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido: calificó el proyecto como “una experiencia fantástica”.
“No somos mineros. Somos indígenas que criamos animales y respetamos la tierra desde hace cientos de años. ¿Eso tampoco se entiende? ¿Quieren cambiar nuestra forma de vida?”, arremete el abuelo tehuelche, mueve la cabeza en desaprobación y deja sin palabra.
De Toronto a Gan Gan
El Yacimiento Navidad es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar, llamado “Navidad” porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. El yacimiento estuvo en manos de la compañía IMA Exploration hasta julio de 2006, pero –juicio mediante en Canadá– fue traspasado a Aquiline Resources (el caso fue un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, el conflicto sobre recursos naturales de Argentina no se resolvió en la Justicia local sino en tribunales extranjeros). La última estimación de reservas asegura la existencia de minerales por diez mil millones de dólares.
El 15 de noviembre de 2007, en la tarde de Toronto, la compañía canadiense Aquiline organizó una conferencia telefónica entre el directorio y sus accionistas. La evaluación del proyecto Navidad fue el tema principal. La conclusión fue que no había “ningún aspecto del proyecto que pudiera generar un rechazo por parte del gobierno” (tanto nacional como provincial).
Gan Gan es un pueblo de quince manzanas cruzadas por la ruta provincial 4, a 370 kilómetros de Rawson, que une la cordillera con la costa de Chubut, pleno desierto, de 600 habitantes y zona de pequeña ganadería. Sólo 50 kilómetros lo separan del yacimiento, será de las zonas más afectadas. La familia tehuelche Cual habita en la zona desde 1902, con quince leguas. El propio pueblo de Gan Gan se construyó sobre parcelas donadas por la comunidad indígena. A cien años de esa donación, los Cual perdieron trece leguas a manos de empresarios y comerciantes. Hasta el cementerio comunitario quedó en parcelas apropiadas por un terrateniente local. En la actualidad, los Cual sobreviven en dos leguas, insuficientes para la cría de animales.
Don Victorino Cual nació en la estepa de Chubut. El rancho de adobe y chapa, construido por sus manos, tiene tres habitaciones. Una ventana pequeña deja en penumbras la cocina comedor, que recibe con una ronda de sillas y bancos desvencijados. Victorino viste pañuelo rojo al cuello, camisa azul, bombachas de campo deshilachadas y alpargatas. Está enfermo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de contar los pesares. “Nos robaron la tierra, no nos dejan criar a nuestros animales, y encima nos quieren sacar el agua y envenenar con su mina. Y los políticos trabajan para ellos.”
Empleados de la minera recorrieron la zona media decena de veces. Visitaron las comunidades indígenas, se mostraron amables, serviciales. Realizaron una encuesta, preguntaron si aceptarían otro campo y quisieron hacer firmar un papel confuso. “No agarré nada, pero sé de hermanos que sí lo han hecho, los han apretado, estuvo fulero ese asunto”, explica Cual, de rostro adusto, nueve hijos y tres nietos. Y la situación empeoró cuando el gobierno provincial, a través de sus punteros locales, comenzó a presionar para que dieran la bienvenida a la minera.
El gobernador Mario Das Neves, que ya se postula a presidente para el 2011, no aceptó el llamado de este diario, pero sí se refirió a la actividad minera el 25 de junio en la Embajada de Canadá (país de origen de gran parte de las empresas que desembarcan a lo largo de la cordillera). “Creo que el proyecto Navidad es una experiencia fantástica. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que en mi provincia no somos nada prejuiciosos con la actividad minera, que somos cuidadosos y que queremos, cuando alguien invierte, que tenga la tranquilidad de que no se le van a cambiar las reglas de juego”, afirmó. Los 120 empresarios canadienses aplaudieron y sonrieron con satisfacción, según da cuenta el mismo sitio de Aquiline, que publicó una crónica del cóctel.
Victorino Cual se calza la boina, mira por la venta de su casa hacia el mallín y sentencia: “Nos ha quedado poco de nuestro campo. Aunque los políticos insistan, no podemos permitir dar permiso de que nos arruinen la tierra y el agua. No queremos plata, la plata se funde, se gasta, el campo queda y nos da vida”.
Agua escasa
Gan Gan significa en idioma ancestral gran comida. Cuenta la historia que la zona era paso de viajantes y carros, donde se recuperaba fuerza para llegar a la cordillera o el mar. Muy famoso es su mallín (reservorio de agua superficial con pastos tiernos), punto de recreación y refresco durante los veranos.
En enero pasado nadie pudo zambullirse, una sequía castigó la zona. Falta de tierras y escasez de agua complican cualquier cría de animales: pocas pasturas, chivas flacas, reproducción exigua y caída de los ingresos familiares conforman una cadena. “Se nos mueren muchos animales por falta de tierras. Y con la minera será peor porque habrá menos agua”, lamenta Patricio Huichulef, de la comunidad Chacay Oeste-Laguna Fría.
Tiene 64 años, diez hijos, siempre habitó el mismo rancho, desde que nació, al igual que su padre. Habita y trabaja la misma tierra desde hace décadas, pero no posee título de propiedad. Vive de lo que produce con sus manos, padece el acoso de empresarios que quieren quedarse con sus campos. Y enfrenta una industria extractiva.
“Esta gente (los empleados de la minera) recorren los campos, no piden permiso, entran nomás y van marcando con banderas donde les interesa hacer pruebas. Eso ya está mal y nosotros no lo aprobamos. Tampoco dimos permiso para correr el chenque (cementerio), eso no se toca, y estos señores que hablan lindo entraron y corrieron todo”, se indigna Huichulef y cuenta que le hicieron encuestas, que preguntaban si vendería el campo, que prometían trabajo, mejora de casas, comida y hasta autos. “No firmé nada y no quiero nada de ellos. Les dejé claro que no voy a dejar el lugar donde crecí.”
Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer.
En el mismo desierto patagónico, pero cruzando el límite provincial, trabajan desde hace cinco años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. El gobierno de Río Negro rechazó el informe de impacto ambiental de la empresa y sancionó, motivado por la movilización de las organizaciones sociales, una ley que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Pero la compañía se mantiene en el lugar, asegura que obtendrá el permiso. Se trata de la canadiense Aquiline Resources, la misma que impulsa el proyecto Navidad y que ya mostró su poder de persuasión con los gobiernos de Chubut y Río Negro: en menos de diez años logró tomar control de 500 mil hectáreas para exploración minera.
"Hay que cumplir, eso es PRO también"
Cristina culpa a Macri de no aportar fondos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2008
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En un acto en Avellaneda, la Presidenta dijo que es una "responsabilidad social e institucional del jefe de Gobierno porteño. "Hay que cumplir, eso es PRO también", ironizó. Desde la comuna de la Ciudad rechazaron "categóricamente" la acusación.
Un acto realizado en Avellaneda sirvió de marco a la presidenta Cristina Kirchner y al gobernador Daniel Scioli para criticar, desde varios costados, al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Abundaron los cuestionamientos, algunos directos y otros indirectos, referidos al saneamiento del Riachuelo, a la basura y a la pobreza en la Ciudad.
En primer lugar, la Presidente le reclamó a Macri "responsabilidad social e institucional" para realizar el aporte presupuestario correspondiente para las obras tendientes al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. "Hay que cumplir, eso es PRO también", ironizó.
Esas obras, dijo la mandataria, también abarcan los desechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay una responsabilidad institucional (...) y también una responsabilidad social, porque todos estos desagües vienen fundamentalmente de la Capital Federal", agregó.
Al hablar en el Teatro Roma de Avellaneda, Cristina recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "es la jurisdicción con mayor ingreso per cápita de la República Argentina" y lo comparó con los municipios del sur del Conurbano que, según dijo, "tienen grandes niveles de desigualdad y de inequidad por concentraciones y migraciones históricas que han venido".
Previo al discurso presidencial, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también criticó al jefe de gobierno porteño: "Lamento profundamente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no esté aportando su parte a pesar del compromiso asumido", sentenció.
En la misma línea crítica, Scioli sostuvo que "vemos cómo se nos echa la culpa a nosotros por la basura, por los hospitales y ahora también por el tránsito en la Ciudad. Gobernar es hacerse cargo de los problemas".
Sin embargo, desde el Gobierno porteño emitieron un comunicado donde rechazan la acusación. "Tal como lo ha señalado el juez federal Luis Armella, designado por la Corte Suprema, esta jurisdicción es la única de las partes integrantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que ha dado cumplimiento al programa de inversiones requerido por el máximo tribunal del país", afirman.
El texto agrega que "lamentablemente, el Gobierno de la Nación es el que hasta ahora no ha cumplido con ninguno de los compromisos contraídos con los vecinos de Buenos Aires. Ni en la seguridad, ni en el transporte, ni en la transferencia de los terrenos ferroviarios abandonados".
Fecha de Publicación: 19/09/2008
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
En un acto en Avellaneda, la Presidenta dijo que es una "responsabilidad social e institucional del jefe de Gobierno porteño. "Hay que cumplir, eso es PRO también", ironizó. Desde la comuna de la Ciudad rechazaron "categóricamente" la acusación.
Un acto realizado en Avellaneda sirvió de marco a la presidenta Cristina Kirchner y al gobernador Daniel Scioli para criticar, desde varios costados, al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Abundaron los cuestionamientos, algunos directos y otros indirectos, referidos al saneamiento del Riachuelo, a la basura y a la pobreza en la Ciudad.
En primer lugar, la Presidente le reclamó a Macri "responsabilidad social e institucional" para realizar el aporte presupuestario correspondiente para las obras tendientes al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. "Hay que cumplir, eso es PRO también", ironizó.
Esas obras, dijo la mandataria, también abarcan los desechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay una responsabilidad institucional (...) y también una responsabilidad social, porque todos estos desagües vienen fundamentalmente de la Capital Federal", agregó.
Al hablar en el Teatro Roma de Avellaneda, Cristina recordó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "es la jurisdicción con mayor ingreso per cápita de la República Argentina" y lo comparó con los municipios del sur del Conurbano que, según dijo, "tienen grandes niveles de desigualdad y de inequidad por concentraciones y migraciones históricas que han venido".
Previo al discurso presidencial, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también criticó al jefe de gobierno porteño: "Lamento profundamente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no esté aportando su parte a pesar del compromiso asumido", sentenció.
En la misma línea crítica, Scioli sostuvo que "vemos cómo se nos echa la culpa a nosotros por la basura, por los hospitales y ahora también por el tránsito en la Ciudad. Gobernar es hacerse cargo de los problemas".
Sin embargo, desde el Gobierno porteño emitieron un comunicado donde rechazan la acusación. "Tal como lo ha señalado el juez federal Luis Armella, designado por la Corte Suprema, esta jurisdicción es la única de las partes integrantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que ha dado cumplimiento al programa de inversiones requerido por el máximo tribunal del país", afirman.
El texto agrega que "lamentablemente, el Gobierno de la Nación es el que hasta ahora no ha cumplido con ninguno de los compromisos contraídos con los vecinos de Buenos Aires. Ni en la seguridad, ni en el transporte, ni en la transferencia de los terrenos ferroviarios abandonados".
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