“Atucha II es un proyecto ... obsoleto”
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“Atucha II es un proyecto tecnológicamente obsoleto”
Fecha de Publicación: 29/05/2009
Fuente: El parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
La diputada Verónica Benas advirtió ante Parlamentario que esa central nuclear fue diseñada en los 70 y pasaron ya 30 años desde que fue pensada, sin que hubieran sido terminado las obras.
- Volvió la discusión por la central nuclear Atucha II…
- Es un intenso e interminable debate que domina la actividad nuclear en el país, a partir de un informe confidencial de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que advirtió el año pasado sobre la demorada central atómica Atucha II y las dificultades de diseño en materia de seguridad, ya que no se ajusta su diseño a las nuevas normas y standares internacionales en materia de seguridad, impuestas a partir del accidente ocurrido en 1986 en Chernobyl.
- ¿Cuál es el principal problema?
- El problema fundamental de Atucha II es que fue diseñada en los setenta y que se comenzó a construir recién en 1980. Treinta años después de que fue pensada, Argentina aún no pudo terminar las obras, ya que estuvo totalmente paralizada entre 1984 y 1992, y luego en 1994 hasta el actual Gobierno.
- ¿Han cambiado las normas o los diseños?
- Desde los ochenta han cambiado varias cosas. Con el correr de los años, la IAEA -el ente internacional que regula la actividad nuclear- se puso mucho más exigente. Pero aquí parece ser que no se enteraron.
- El Gobierno impulsa un proyecto de ley al respecto...
- Sí, pero también intenta silenciar a la ARN por sus estudios técnicos e informes que denuncian y alertan sobre problemas en el diseño de seguridad y viabilidad en la construcción de la Central Atucha II.
- Pero desde el Estado anuncian que la Central está en óptimas condiciones…
- El presidente de la estatal Nucloeléctrica Argentina, Eduardo Messi, manifestó públicamente que la Central se construye con diseño y tecnología actualizados, mucho más seguros que los utilizados en la planta ucraniana de Chernobyl. Pero lo cierto es que el 80 por ciento de Atucha II fue construida en esa época y la turbina y el generador de la central fueron provistos por la propia Siemens hace más de dos décadas.
- ¿Es preocupante la situación?
- Muchos expertos sostienen que Atucha II es un proyecto tecnológicamente obsoleto y que hay modos mucho más eficaces de encarar la crisis energética. Por ejemplo, la energía eólica, que con la misma inversión se hubiese generado el doble de electricidad.
- ¿Se reformó el proyecto inicial?
- Se desconoce. Tampoco se informó sobre quién tuvo a cargo las modificaciones de rediseño ni el costo de la reforma y su adecuación a las nuevas normas y estándares internacionales en materias técnicas de seguridad que según especialistas superaría los 700 millones de dólares.
Fecha de Publicación: 29/05/2009
Fuente: El parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
La diputada Verónica Benas advirtió ante Parlamentario que esa central nuclear fue diseñada en los 70 y pasaron ya 30 años desde que fue pensada, sin que hubieran sido terminado las obras.
- Volvió la discusión por la central nuclear Atucha II…
- Es un intenso e interminable debate que domina la actividad nuclear en el país, a partir de un informe confidencial de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que advirtió el año pasado sobre la demorada central atómica Atucha II y las dificultades de diseño en materia de seguridad, ya que no se ajusta su diseño a las nuevas normas y standares internacionales en materia de seguridad, impuestas a partir del accidente ocurrido en 1986 en Chernobyl.
- ¿Cuál es el principal problema?
- El problema fundamental de Atucha II es que fue diseñada en los setenta y que se comenzó a construir recién en 1980. Treinta años después de que fue pensada, Argentina aún no pudo terminar las obras, ya que estuvo totalmente paralizada entre 1984 y 1992, y luego en 1994 hasta el actual Gobierno.
- ¿Han cambiado las normas o los diseños?
- Desde los ochenta han cambiado varias cosas. Con el correr de los años, la IAEA -el ente internacional que regula la actividad nuclear- se puso mucho más exigente. Pero aquí parece ser que no se enteraron.
- El Gobierno impulsa un proyecto de ley al respecto...
- Sí, pero también intenta silenciar a la ARN por sus estudios técnicos e informes que denuncian y alertan sobre problemas en el diseño de seguridad y viabilidad en la construcción de la Central Atucha II.
- Pero desde el Estado anuncian que la Central está en óptimas condiciones…
- El presidente de la estatal Nucloeléctrica Argentina, Eduardo Messi, manifestó públicamente que la Central se construye con diseño y tecnología actualizados, mucho más seguros que los utilizados en la planta ucraniana de Chernobyl. Pero lo cierto es que el 80 por ciento de Atucha II fue construida en esa época y la turbina y el generador de la central fueron provistos por la propia Siemens hace más de dos décadas.
- ¿Es preocupante la situación?
- Muchos expertos sostienen que Atucha II es un proyecto tecnológicamente obsoleto y que hay modos mucho más eficaces de encarar la crisis energética. Por ejemplo, la energía eólica, que con la misma inversión se hubiese generado el doble de electricidad.
- ¿Se reformó el proyecto inicial?
- Se desconoce. Tampoco se informó sobre quién tuvo a cargo las modificaciones de rediseño ni el costo de la reforma y su adecuación a las nuevas normas y estándares internacionales en materias técnicas de seguridad que según especialistas superaría los 700 millones de dólares.
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Buscan frenar explotación de oro en San Juan
Ecologistas argentinos buscan frenar explotación de oro en frontera chilena
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: AFP
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Organizaciones ecologistas y dirigentes políticos opositores buscan frenar en la Justicia argentina el proyecto Pascua Lama para la extracción de oro en zonas de glaciares en la frontera entre Argentina y Chile, que lleva adelante la minera canadiense Barrick Gold.
La mina a cielo abierto que comenzará su producción en 2013 está localizada a una altitud de más de 5.000 metros en medio de la Cordillera de los Andes argentina, límite natural con Chile, donde abundan glaciares, que constituyen una de las más importantes reservas de agua dulce en Sudamérica.
El proyecto fue aprobado en abril por ambos gobiernos, y en el caso de Argentina fue crucial para su puesta en marcha el veto de la presidenta Cristina Kirchner a una ley de Glaciares aprobada por el Congreso, que ponía trabas a la explotación minera y petrolífera en zonas de glaciares.
"Presentaremos un amparo ante la Corte Suprema para frenar las obras de Pascua Lama porque el proyecto amenaza provocar daños irreparables a los glaciares en la Cordillera y contaminar los recursos hídricos", dijo a AFP el diputado Miguel Bonasso, uno de los impulsores de la ley de Glaciares.
Bonasso, un peronista ex aliado de Kirchner, cuya política ambiental critica, acusó a la mandataria de vetar la ley "para no desactivar el proyecto de Barrick Gold, con la excusa de proteger fuentes de trabajo".
La ley contemplaba un inventario de glaciares, que representan un 75% de la reserva hídrica de Argentina, y son fuente de agua para poblaciones de los valles cordilleranos.
El gobierno justificó su anulación con el argumento de que podía perjudicar a las economías de las provincias andinas, entre ellas San Juan (oeste), el distrito donde está el yacimiento del lado argentino.
El cineasta Fernando 'Pino' Solanas, candidato a diputado por Proyecto Sur (izquierda) en los comicios legislativos del 28 de junio, afirmó a AFP que el veto presidencial "se explica por la alianza política entre Kirchner y el gobernador de San Juan (oeste), José Luis Gioja".
Esa provincia, una de las principales productoras de oro junto a Santa Cruz (sur) y Catamarca (noroeste), contiene el 30% del yacimiento de Pascua Lama, mientras el 70% está en Atacama, norte de Chile.
"Lo más escandaloso es que no hay control público sobre la extracción minera. Es una devastación salvaje de recursos que no son renovables y lo único que dejan es una extraordinaria contaminación a futuro", aseguró Solanas.
El cineasta denuncia que la política minera de Kirchner continúa la que modeló el ex presidente peronista neoliberal Carlos Menem (1989-99), con leyes que favorecieron el desembarco extranjero atraído por beneficios tributarios.
"La extracción de oro a cielo abierto se hace con explosiones en los cerros y los polvos mineralizados liberados contaminan los recursos hídricos que van a los valles", agregó, sobre el proceso de explotación aurífero, que usa cianuro y libera azufre y arsénico.
La Asociación Multisectorial del Sur, que reúne unas 40 instituciones empresarias, educativas y sociales de la provincia de Mendoza (oeste), presentó días atrás un recurso de amparo ante la Corte Suprema para exigir al Estado un marco legal que permita la protección de los glaciares.
"Los glaciares están en retroceso por el cambio climático y la ausencia de un marco legal para controlar actividades mineras y petrolíferas pone en riesgo los recursos hídricos para consumo humano, agricultura y energía", dijo a AFP María Paulina Martínez, abogada de la Multisectorial.
Argentina es el decimocuarto productor mundial de oro, con una producción anual de 42 toneladas, pero espera incluirse entre los primeros diez hasta 2013 con millonarias inversiones para nuevos proyectos, según afirmó a finales de 2008 el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Pascua Lama involucra una inversión de 3.000 millones de dólares y la mina tendría una vida útil de más de 25 años, según Barrick Gold.
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: AFP
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Organizaciones ecologistas y dirigentes políticos opositores buscan frenar en la Justicia argentina el proyecto Pascua Lama para la extracción de oro en zonas de glaciares en la frontera entre Argentina y Chile, que lleva adelante la minera canadiense Barrick Gold.
La mina a cielo abierto que comenzará su producción en 2013 está localizada a una altitud de más de 5.000 metros en medio de la Cordillera de los Andes argentina, límite natural con Chile, donde abundan glaciares, que constituyen una de las más importantes reservas de agua dulce en Sudamérica.
El proyecto fue aprobado en abril por ambos gobiernos, y en el caso de Argentina fue crucial para su puesta en marcha el veto de la presidenta Cristina Kirchner a una ley de Glaciares aprobada por el Congreso, que ponía trabas a la explotación minera y petrolífera en zonas de glaciares.
"Presentaremos un amparo ante la Corte Suprema para frenar las obras de Pascua Lama porque el proyecto amenaza provocar daños irreparables a los glaciares en la Cordillera y contaminar los recursos hídricos", dijo a AFP el diputado Miguel Bonasso, uno de los impulsores de la ley de Glaciares.
Bonasso, un peronista ex aliado de Kirchner, cuya política ambiental critica, acusó a la mandataria de vetar la ley "para no desactivar el proyecto de Barrick Gold, con la excusa de proteger fuentes de trabajo".
La ley contemplaba un inventario de glaciares, que representan un 75% de la reserva hídrica de Argentina, y son fuente de agua para poblaciones de los valles cordilleranos.
El gobierno justificó su anulación con el argumento de que podía perjudicar a las economías de las provincias andinas, entre ellas San Juan (oeste), el distrito donde está el yacimiento del lado argentino.
El cineasta Fernando 'Pino' Solanas, candidato a diputado por Proyecto Sur (izquierda) en los comicios legislativos del 28 de junio, afirmó a AFP que el veto presidencial "se explica por la alianza política entre Kirchner y el gobernador de San Juan (oeste), José Luis Gioja".
Esa provincia, una de las principales productoras de oro junto a Santa Cruz (sur) y Catamarca (noroeste), contiene el 30% del yacimiento de Pascua Lama, mientras el 70% está en Atacama, norte de Chile.
"Lo más escandaloso es que no hay control público sobre la extracción minera. Es una devastación salvaje de recursos que no son renovables y lo único que dejan es una extraordinaria contaminación a futuro", aseguró Solanas.
El cineasta denuncia que la política minera de Kirchner continúa la que modeló el ex presidente peronista neoliberal Carlos Menem (1989-99), con leyes que favorecieron el desembarco extranjero atraído por beneficios tributarios.
"La extracción de oro a cielo abierto se hace con explosiones en los cerros y los polvos mineralizados liberados contaminan los recursos hídricos que van a los valles", agregó, sobre el proceso de explotación aurífero, que usa cianuro y libera azufre y arsénico.
La Asociación Multisectorial del Sur, que reúne unas 40 instituciones empresarias, educativas y sociales de la provincia de Mendoza (oeste), presentó días atrás un recurso de amparo ante la Corte Suprema para exigir al Estado un marco legal que permita la protección de los glaciares.
"Los glaciares están en retroceso por el cambio climático y la ausencia de un marco legal para controlar actividades mineras y petrolíferas pone en riesgo los recursos hídricos para consumo humano, agricultura y energía", dijo a AFP María Paulina Martínez, abogada de la Multisectorial.
Argentina es el decimocuarto productor mundial de oro, con una producción anual de 42 toneladas, pero espera incluirse entre los primeros diez hasta 2013 con millonarias inversiones para nuevos proyectos, según afirmó a finales de 2008 el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Pascua Lama involucra una inversión de 3.000 millones de dólares y la mina tendría una vida útil de más de 25 años, según Barrick Gold.
Destacan el "desarrollo" energético nuclear
Destacan en Bariloche desarrollo energético nuclear del país
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Norma Boero encabezaron ayer en el Centro Atómico Bariloche la celebración del 59 aniversario del organismo nacional. Repasaron el proceso de recuperación del sector luego de haber sufrido un serio abandono en la década del ‘90.
En diálogo con “El Cordillerano” el secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron expresó ayer que el gobierno nacional “está muy satisfecho” con la marcha del desarrollo energético nuclear del país. Cameron señaló que el sector mantiene la intensa actividad recuperada con el lanzamiento del plan nuclear del ex presidente Néstor Kirchner y consolidado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Destacó el avance de la terminación del reactor de potencia Atucha II e indicó que en esa obra están trabajando 5.000 operarios en 47 diferentes contratos.
“Atucha II está en plena construcción y la verdad es que estamos muy satisfechos. El plan avanza en un marco de recuperación de las empresas nacionales”, agregó. También dijo que crecen las expectativas por la proyectada cuarta central nuclear de potencia del país –luego de Atucha I y II, y Embalse-.
Precisó que la cuarta central estará emplazada en la zona Pila, en provincia de Buenos Aires, junto a Atucha I y Atucha II, por lo que requerirá incorporar unas 80 hectáreas más al predio actual. En cuanto a los plazos de construcción indicó que hay varios factores a resolver, como cuestiones de financiamiento y de organismos y empresas que participarán de la obra, y la evolución de la crisis internacional. Sin embargo estimó que las obras podrían estar comenzando en los primeros meses del año que viene.
Asimismo indicó que “avanza a buen ritmo” la recuperación de la planta de enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, a 50 kilómetros al Este de Bariloche, que había sido abandonada en los ‘90 y reactivada por el ex presidente Kirchner. Esta planta estaba paralizada con apenas 15 personas trabajando en un mantenimiento mínimo, y actualmente cuenta con 90 científicos y técnicos en las distintas tareas que demanda su recuperación. Cameron destacó que este plantel está compuesto en su mayoría por “profesionales jóvenes”. Informó también que el gobierno estudia encarar la “prolongación de la vida útil de Embalse y su condición impositiva, de manera tal de optimizar esas instalaciones que nos van a seguir dando recursos muy importantes”.
“Todos estos emprendimientos nos van a permitir trabajar manejando el ciclo completo de la energía nuclear, desde la obtención de los minerales hasta el diseño y construcción de reactores, para repetirlo tantas veces como podamos y necesitemos en el país”, sostuvo Cameron. Señaló que actualmente el sector nuclear participa con un 4,5 por ciento en la potencia total instalada en el país y con el 7 por ciento de la energía producida, y que las expectativas en general apuntan a lograr elevar esa participación al 22 por ciento.
Fecha de Publicación: 28/05/2009
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Norma Boero encabezaron ayer en el Centro Atómico Bariloche la celebración del 59 aniversario del organismo nacional. Repasaron el proceso de recuperación del sector luego de haber sufrido un serio abandono en la década del ‘90.
En diálogo con “El Cordillerano” el secretario de Energía de la Nación Daniel Cameron expresó ayer que el gobierno nacional “está muy satisfecho” con la marcha del desarrollo energético nuclear del país. Cameron señaló que el sector mantiene la intensa actividad recuperada con el lanzamiento del plan nuclear del ex presidente Néstor Kirchner y consolidado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Destacó el avance de la terminación del reactor de potencia Atucha II e indicó que en esa obra están trabajando 5.000 operarios en 47 diferentes contratos.
“Atucha II está en plena construcción y la verdad es que estamos muy satisfechos. El plan avanza en un marco de recuperación de las empresas nacionales”, agregó. También dijo que crecen las expectativas por la proyectada cuarta central nuclear de potencia del país –luego de Atucha I y II, y Embalse-.
Precisó que la cuarta central estará emplazada en la zona Pila, en provincia de Buenos Aires, junto a Atucha I y Atucha II, por lo que requerirá incorporar unas 80 hectáreas más al predio actual. En cuanto a los plazos de construcción indicó que hay varios factores a resolver, como cuestiones de financiamiento y de organismos y empresas que participarán de la obra, y la evolución de la crisis internacional. Sin embargo estimó que las obras podrían estar comenzando en los primeros meses del año que viene.
Asimismo indicó que “avanza a buen ritmo” la recuperación de la planta de enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, a 50 kilómetros al Este de Bariloche, que había sido abandonada en los ‘90 y reactivada por el ex presidente Kirchner. Esta planta estaba paralizada con apenas 15 personas trabajando en un mantenimiento mínimo, y actualmente cuenta con 90 científicos y técnicos en las distintas tareas que demanda su recuperación. Cameron destacó que este plantel está compuesto en su mayoría por “profesionales jóvenes”. Informó también que el gobierno estudia encarar la “prolongación de la vida útil de Embalse y su condición impositiva, de manera tal de optimizar esas instalaciones que nos van a seguir dando recursos muy importantes”.
“Todos estos emprendimientos nos van a permitir trabajar manejando el ciclo completo de la energía nuclear, desde la obtención de los minerales hasta el diseño y construcción de reactores, para repetirlo tantas veces como podamos y necesitemos en el país”, sostuvo Cameron. Señaló que actualmente el sector nuclear participa con un 4,5 por ciento en la potencia total instalada en el país y con el 7 por ciento de la energía producida, y que las expectativas en general apuntan a lograr elevar esa participación al 22 por ciento.
Otra polémica ambiental a la Corte
Otra polémica ambiental a la Corte
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
Protesta anti-Barrick en actos del 25 de Mayo
Protesta anti-Barrick en pleno centro riojano
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: La Rioja
Treinta manifestantes transitaron la avenida Perón sin salirse del protocolo y con banderas elocuentes que decían “El agua vale más que el oro” o “Las mineras saquean nuestros recursos”. Malestar en el gobierno provincial.
Una victoria. Después de dos intentos fallidos, militantes ambientalistas y antimineras de la Asamblea de La Rioja desplegaron banderas contra la explotación a cielo abierto.
Las protestas contra la minería a cielo abierto en La Rioja generan encono entre los gobernantes, pero cada vez más apoyo entre los ciudadanos. Después de dos intentos fallidos, los manifestantes contra la empresa internacional Barrick Gold lograron participar en un desfile oficial como representantes de un sector de la sociedad que rechaza determinadas prácticas. Y el debut en la capital provincial, que fue con ovación, ocurrió nada menos que durante la celebración del 25 de Mayo. “Es un espacio cívico que conquistamos”, se entusiasmó Lucía Ávila, integrante de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.
El festejo patrio tuvo impronta tradicional: banda militar, izamiento de la bandera y chocolate patrio. En el acto central frente al Regimiento de Infantería, la vicegobernadora, Teresita Luna pidió “profundizar la educación y la instrucción, el control de los representantes y la valorización de lo nuestro”. Pero al mediodía el desfile trajo un dato novedoso: a las delegaciones de estudiantes y militares se sumó la de las Asambleas, que minutos antes habían negociado su participación con el personal de protocolo.
El grupo de treinta manifestantes empezó a transitar la avenida Perón, sin prisa ni pausa. Llevaban banderas elocuentes: “El agua vale más que el oro”, “Las mineras contaminan y saquean nuestros recursos” y –la más dura de todas– “El gobierno viola los derechos humanos”. Los funcionarios les pidieron que la guardaran pero se negaron. “Cuando pasamos frente al palco oficial el locutor no nos nombró y el canal oficial puso una tanda publicitaria. Pero la gente se dio cuenta y nos aplaudió muy fuerte”, contó Ávila.
Ante la molestia en el palco oficial, la militante Cecilia Matta aclaró que en las asambleas “defendemos nuestra tierra, el patrimonio natural y luchamos porque no se depreden los recursos”. Ávila recordó que “el gobierno nos impide circular en los desfiles, golpea durante nuestras protestas y censura los espacios oficiales de comunicación”. La primera de las quejas tenía antecedentes frescos: el 19 de febrero les negaron la participación en los festejos por el aniversario de Chilecito y el miércoles en los de La Rioja, mediante un triple retén policial. En ambas ocasiones hubo asambleístas presos.
REPRESIÓN EN PEÑAS NEGRAS. El conflicto por las mineras tuvo uno de sus picos más altos a mediados del mes pasado, cuando los vecinos autoconvocados de Famatina denunciaron serias agresiones. Mientras protestaban por la actividad de Barrick, que busca oro en la mina La Mexicana, miembros de la Secretaría de Minería y de la propia empresa arremetieron con sus 4x4 para romper un corte que lleva más de dos años. “Nos pusimos delante para que no pasaran. Se bajaron, le pegaron a una compañera y la arrastraron. Después le pegaron a otro de los chicos que estaba con nosotros y lo tiraron contra un alambrado. Otro me dobló el brazo y me pegó en el estómago”, relató en esa oportunidad Marcela Crabbe.
Los asambleístas creen que existe una connivencia entre las autoridades provinciales y la empresa, cuyo sitio web asegura que “nuestros objetivos en materia de competitividad y rentabilidad son compatibles con nuestro compromiso y con el progreso social de las comunidades que nos acogen”. Crabbe, en cambio, dejó una sensación distinta en torno a la inacción oficial: “Te hacen sentir que como pueblo sólo servís para recibir bolsones, poner el voto y nada más”.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: La Rioja
Treinta manifestantes transitaron la avenida Perón sin salirse del protocolo y con banderas elocuentes que decían “El agua vale más que el oro” o “Las mineras saquean nuestros recursos”. Malestar en el gobierno provincial.
Una victoria. Después de dos intentos fallidos, militantes ambientalistas y antimineras de la Asamblea de La Rioja desplegaron banderas contra la explotación a cielo abierto.
Las protestas contra la minería a cielo abierto en La Rioja generan encono entre los gobernantes, pero cada vez más apoyo entre los ciudadanos. Después de dos intentos fallidos, los manifestantes contra la empresa internacional Barrick Gold lograron participar en un desfile oficial como representantes de un sector de la sociedad que rechaza determinadas prácticas. Y el debut en la capital provincial, que fue con ovación, ocurrió nada menos que durante la celebración del 25 de Mayo. “Es un espacio cívico que conquistamos”, se entusiasmó Lucía Ávila, integrante de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.
El festejo patrio tuvo impronta tradicional: banda militar, izamiento de la bandera y chocolate patrio. En el acto central frente al Regimiento de Infantería, la vicegobernadora, Teresita Luna pidió “profundizar la educación y la instrucción, el control de los representantes y la valorización de lo nuestro”. Pero al mediodía el desfile trajo un dato novedoso: a las delegaciones de estudiantes y militares se sumó la de las Asambleas, que minutos antes habían negociado su participación con el personal de protocolo.
El grupo de treinta manifestantes empezó a transitar la avenida Perón, sin prisa ni pausa. Llevaban banderas elocuentes: “El agua vale más que el oro”, “Las mineras contaminan y saquean nuestros recursos” y –la más dura de todas– “El gobierno viola los derechos humanos”. Los funcionarios les pidieron que la guardaran pero se negaron. “Cuando pasamos frente al palco oficial el locutor no nos nombró y el canal oficial puso una tanda publicitaria. Pero la gente se dio cuenta y nos aplaudió muy fuerte”, contó Ávila.
Ante la molestia en el palco oficial, la militante Cecilia Matta aclaró que en las asambleas “defendemos nuestra tierra, el patrimonio natural y luchamos porque no se depreden los recursos”. Ávila recordó que “el gobierno nos impide circular en los desfiles, golpea durante nuestras protestas y censura los espacios oficiales de comunicación”. La primera de las quejas tenía antecedentes frescos: el 19 de febrero les negaron la participación en los festejos por el aniversario de Chilecito y el miércoles en los de La Rioja, mediante un triple retén policial. En ambas ocasiones hubo asambleístas presos.
REPRESIÓN EN PEÑAS NEGRAS. El conflicto por las mineras tuvo uno de sus picos más altos a mediados del mes pasado, cuando los vecinos autoconvocados de Famatina denunciaron serias agresiones. Mientras protestaban por la actividad de Barrick, que busca oro en la mina La Mexicana, miembros de la Secretaría de Minería y de la propia empresa arremetieron con sus 4x4 para romper un corte que lleva más de dos años. “Nos pusimos delante para que no pasaran. Se bajaron, le pegaron a una compañera y la arrastraron. Después le pegaron a otro de los chicos que estaba con nosotros y lo tiraron contra un alambrado. Otro me dobló el brazo y me pegó en el estómago”, relató en esa oportunidad Marcela Crabbe.
Los asambleístas creen que existe una connivencia entre las autoridades provinciales y la empresa, cuyo sitio web asegura que “nuestros objetivos en materia de competitividad y rentabilidad son compatibles con nuestro compromiso y con el progreso social de las comunidades que nos acogen”. Crabbe, en cambio, dejó una sensación distinta en torno a la inacción oficial: “Te hacen sentir que como pueblo sólo servís para recibir bolsones, poner el voto y nada más”.
La Ley de Glaciares llega a la Corte
La Ley de Glaciares llega a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
Polémicas declaraciones
Polémicas declaraciones del presidente de la Cámara Minera
Fecha de Publicación: 25/05/2009
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Jorge Luis Marzullo, calificó de “ignorantes” a gobernantes y habitantes por obstaculizar el desarrollo minero. Para Marzullo, la extracción de metales a cielo abierto no contamina y deja dinero.
El ministro de Medio Ambiente de Chubut, Juan Garitano, le respondió al empresario afirmando que “a los chubutenses nos va muy bien estando los yacimientos en los lugares en donde están, en donde los puso la naturaleza; por lo tanto no tenemos ningún apuro ni vamos a dar respuesta a ningún apriete que algún lobbista intente hacer, mucho menos si es maleducado”.
Una entrevista concedida por Marzullo a Radio Nacional Esquel encendió la polémica cuando sostuvo que en Chubut no se explota la minería por ignorancia.
“Hay ignorancia en lo que se refiere a la minería en la provincia de Chubut”, dijo el representante de las mineras y argumentó que “la importancia está en el hecho de que una ley que fue dictada en 2006 todavía no fue promulgada porque dicen que les está faltando el mapa minero para poder determinar las zonas que se pueden explotar y cuáles no; entonces lo van a posponer por tres años más, es decir que en los últimos tres años no tuvieron tiempo para hacer un plano minero ni reglamentar la ley”.
A pesar de las denuncias, indicó que en Santa Cruz, San Juan y Catamarca la minería se desarrolla sin mayores dificultades.
El dirigente empresario señaló que los funcionarios ignoran las consecuencias de la minería en Argentina. “La minería a cielo abierto con la utilización de cianuro no tiene impacto ambiental si se cumplen con las normas”, afirmó el presidente de la Cámara Minera. Para sustentar tal afirmación expresó, “y si no, se creen que en San Juan o Catamarca son todos suicidas, que los únicos vivos somos los de Chubut”.
Detalló que en Santa Cruz se recibieron 11 millones de dólares en concepto de regalías y en San Juan 80 millones de dólares. “Los únicos vivos somos los de Chubut y son todos tarados los de Santa Cruz, de Salta, de Catamarca”.
Garitano, ministro de Medio Ambiente, sostuvo que el gobernador Mario Das Neves “definió en su gestión que sobre la minería había que generar un debate y plantearlo en la Legislatura que es donde corresponde; la provincia tenía que garantizar la sustentabilidad que a través del ministerio podemos dar fe de que podemos garantizar”.
Agregó también que existe otro aspecto que es importante debatir en algún tiempo, “quizás en otra gestión, con otras generaciones, y que es el de la sustentabilidad económica de estos proyectos, ya que todos sabemos que estos minerales que se quieren extraer tienen término; después se terminan y con ellos se acaba la generación de fuentes de trabajo y después, el interrogante es qué hacemos”.
En cuanto a la definición del mapa de la minería en el Chubut, Garitano manifestó que “en la provincia falta debatir la cuestión de la rentabilidad social de cualquier explotación minera; el tema de zonificar es bastante más sencillo que debatir los demás aspectos y además hay que asegurar la sustentabilidad ambiental”.
Asimismo, reconoció que “la minería a cielo abierto tiene un gran impacto en el medio ambiente y por ello hay regiones en nuestra provincia que deben estar eternamente vedadas a la explotación minera y esa región es la cordillerana: el cordón de los Andes debe estar vedado a la explotación minera”.
Agregó además que “la rentabilidad económica es exigua y por otro lado las empresas tienen grandes ventajas impositivas”.
Fecha de Publicación: 25/05/2009
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El presidente de la Cámara Minera de Chubut, Jorge Luis Marzullo, calificó de “ignorantes” a gobernantes y habitantes por obstaculizar el desarrollo minero. Para Marzullo, la extracción de metales a cielo abierto no contamina y deja dinero.
El ministro de Medio Ambiente de Chubut, Juan Garitano, le respondió al empresario afirmando que “a los chubutenses nos va muy bien estando los yacimientos en los lugares en donde están, en donde los puso la naturaleza; por lo tanto no tenemos ningún apuro ni vamos a dar respuesta a ningún apriete que algún lobbista intente hacer, mucho menos si es maleducado”.
Una entrevista concedida por Marzullo a Radio Nacional Esquel encendió la polémica cuando sostuvo que en Chubut no se explota la minería por ignorancia.
“Hay ignorancia en lo que se refiere a la minería en la provincia de Chubut”, dijo el representante de las mineras y argumentó que “la importancia está en el hecho de que una ley que fue dictada en 2006 todavía no fue promulgada porque dicen que les está faltando el mapa minero para poder determinar las zonas que se pueden explotar y cuáles no; entonces lo van a posponer por tres años más, es decir que en los últimos tres años no tuvieron tiempo para hacer un plano minero ni reglamentar la ley”.
A pesar de las denuncias, indicó que en Santa Cruz, San Juan y Catamarca la minería se desarrolla sin mayores dificultades.
El dirigente empresario señaló que los funcionarios ignoran las consecuencias de la minería en Argentina. “La minería a cielo abierto con la utilización de cianuro no tiene impacto ambiental si se cumplen con las normas”, afirmó el presidente de la Cámara Minera. Para sustentar tal afirmación expresó, “y si no, se creen que en San Juan o Catamarca son todos suicidas, que los únicos vivos somos los de Chubut”.
Detalló que en Santa Cruz se recibieron 11 millones de dólares en concepto de regalías y en San Juan 80 millones de dólares. “Los únicos vivos somos los de Chubut y son todos tarados los de Santa Cruz, de Salta, de Catamarca”.
Garitano, ministro de Medio Ambiente, sostuvo que el gobernador Mario Das Neves “definió en su gestión que sobre la minería había que generar un debate y plantearlo en la Legislatura que es donde corresponde; la provincia tenía que garantizar la sustentabilidad que a través del ministerio podemos dar fe de que podemos garantizar”.
Agregó también que existe otro aspecto que es importante debatir en algún tiempo, “quizás en otra gestión, con otras generaciones, y que es el de la sustentabilidad económica de estos proyectos, ya que todos sabemos que estos minerales que se quieren extraer tienen término; después se terminan y con ellos se acaba la generación de fuentes de trabajo y después, el interrogante es qué hacemos”.
En cuanto a la definición del mapa de la minería en el Chubut, Garitano manifestó que “en la provincia falta debatir la cuestión de la rentabilidad social de cualquier explotación minera; el tema de zonificar es bastante más sencillo que debatir los demás aspectos y además hay que asegurar la sustentabilidad ambiental”.
Asimismo, reconoció que “la minería a cielo abierto tiene un gran impacto en el medio ambiente y por ello hay regiones en nuestra provincia que deben estar eternamente vedadas a la explotación minera y esa región es la cordillerana: el cordón de los Andes debe estar vedado a la explotación minera”.
Agregó además que “la rentabilidad económica es exigua y por otro lado las empresas tienen grandes ventajas impositivas”.
Polémica por la Ley de Bosques en Córdoba
Polémica por la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 24/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), que elaboró el proyecto de Ley de Bosques de Córdoba, le pidió explicaciones al secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, “por desconocer” las actuaciones de dicha comisión.
La nota enviada fue firmada por la presidenta y la secretaria de la COTBN, Alicia Barchuk, y la bióloga Lucía Ruiz.
El funcionario había expresado públicamente que la Secretaría de Ambiente “no apoya el proyecto de ley”.
También criticó que se diera a la COTBN funciones para vigilar el cumplimiento de la ley.
Fecha de Publicación: 24/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), que elaboró el proyecto de Ley de Bosques de Córdoba, le pidió explicaciones al secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, “por desconocer” las actuaciones de dicha comisión.
La nota enviada fue firmada por la presidenta y la secretaria de la COTBN, Alicia Barchuk, y la bióloga Lucía Ruiz.
El funcionario había expresado públicamente que la Secretaría de Ambiente “no apoya el proyecto de ley”.
También criticó que se diera a la COTBN funciones para vigilar el cumplimiento de la ley.
Siguen talando la Reserva de Yungas
Denuncian que se está talando en la Reserva de Biosfera de Yungas
Fecha de Publicación: 22/05/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku, en el departamento Orán, denunció ante la Policía y la Secretaría de Política Ambiental que están talando árboles en la zona de la Reserva de Biosfera de Yungas.
Las persistencia de la Comunidad logró que anteayer se hiciera un secuestro de madera cortada recientemente, a pesar de la orden de suspensión de los desmontes y aprovechamientos forestales dada el 26 de marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
David Sarapura, de Tinkunaku, informó a Nuevo Diario que el aprovechamiento forestal, en el que se cortaban cebiles, cedros y quinas, se estaba realizando en el paraje conocido como Tres Lecherones, pero que la guía (el permiso) otorgada el 13 de marzo pasado por la Secretaría de Política Ambiental, a favor de Justo Figueroa, es sobre Las Juntas, ubicada unos ocho kilómetros más abajo de donde se estaba cortando la madera. Sarapura contó que denunciaron este hecho en la Comisaría 20 de Orán y tres veces fueron, con policías, a verificar la tala, aunque no pudieron dar con ella hasta anteayer, cuando secuestraron un camión cargado de madera.
"Durante años y más en estos dos últimos meses de abril y mayo del corriente año vinimos siguiendo y demandando los diferentes hurtos de madera en la región de Orán, más precisamente en la Reserva de Biosfera de Yungas, Territorio Ancestral del Qullamarka", destacó el presidente de la Comunidad, Clemente Ramos, en una nota elevada ayer a Política Ambiental. Ramos recordó que hicieron tres denuncias en la Comisaría 20 de Orán, y que pusieron a disposición de la Policía los recursos de la Comunidad para hacer cesar "la extracción de madera de diferentes especies cortadas en lugares supuestamente de nuestro Territorio Ancestral Tinkunaku".
Contó que en los recorridos constataron "el corte de árboles verdes en ladera muy pronunciada"y encontraron "casillas rodantes, diferentes herramientas que se utilizan para tales fines". En otro recorrido dieron con un tractor pala marca Zanello, un tractor Fiat 780, una casilla rodante, un carro con ejes, una camioneta Izuzu doble tracción patente CLO 935, motosierras, un camión fletero patente SER 927, "un camión blanco cargado con madera verde recién cortada que se dirigía a la ciudad de Oran por el camino vecinal de nuestra Comunidad". Ramos, quien detalló que el encargado de la explotación se identificó como Tache Rodrigo, quien "dijo que trabaja para el señor Justo Figueroa, con domicilio en Salta capital", pidió a la Secretaría de Política Ambiental "toda información pertinente a este hecho aberrante y violatorio de lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que prohibió la tala, desmonte o cualquier aprovechamiento forestal en los departamentos Orán, Rivadavia, San Martín y Santa Victoria.
Fecha de Publicación: 22/05/2009
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
La Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku, en el departamento Orán, denunció ante la Policía y la Secretaría de Política Ambiental que están talando árboles en la zona de la Reserva de Biosfera de Yungas.
Las persistencia de la Comunidad logró que anteayer se hiciera un secuestro de madera cortada recientemente, a pesar de la orden de suspensión de los desmontes y aprovechamientos forestales dada el 26 de marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
David Sarapura, de Tinkunaku, informó a Nuevo Diario que el aprovechamiento forestal, en el que se cortaban cebiles, cedros y quinas, se estaba realizando en el paraje conocido como Tres Lecherones, pero que la guía (el permiso) otorgada el 13 de marzo pasado por la Secretaría de Política Ambiental, a favor de Justo Figueroa, es sobre Las Juntas, ubicada unos ocho kilómetros más abajo de donde se estaba cortando la madera. Sarapura contó que denunciaron este hecho en la Comisaría 20 de Orán y tres veces fueron, con policías, a verificar la tala, aunque no pudieron dar con ella hasta anteayer, cuando secuestraron un camión cargado de madera.
"Durante años y más en estos dos últimos meses de abril y mayo del corriente año vinimos siguiendo y demandando los diferentes hurtos de madera en la región de Orán, más precisamente en la Reserva de Biosfera de Yungas, Territorio Ancestral del Qullamarka", destacó el presidente de la Comunidad, Clemente Ramos, en una nota elevada ayer a Política Ambiental. Ramos recordó que hicieron tres denuncias en la Comisaría 20 de Orán, y que pusieron a disposición de la Policía los recursos de la Comunidad para hacer cesar "la extracción de madera de diferentes especies cortadas en lugares supuestamente de nuestro Territorio Ancestral Tinkunaku".
Contó que en los recorridos constataron "el corte de árboles verdes en ladera muy pronunciada"y encontraron "casillas rodantes, diferentes herramientas que se utilizan para tales fines". En otro recorrido dieron con un tractor pala marca Zanello, un tractor Fiat 780, una casilla rodante, un carro con ejes, una camioneta Izuzu doble tracción patente CLO 935, motosierras, un camión fletero patente SER 927, "un camión blanco cargado con madera verde recién cortada que se dirigía a la ciudad de Oran por el camino vecinal de nuestra Comunidad". Ramos, quien detalló que el encargado de la explotación se identificó como Tache Rodrigo, quien "dijo que trabaja para el señor Justo Figueroa, con domicilio en Salta capital", pidió a la Secretaría de Política Ambiental "toda información pertinente a este hecho aberrante y violatorio de lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que prohibió la tala, desmonte o cualquier aprovechamiento forestal en los departamentos Orán, Rivadavia, San Martín y Santa Victoria.
Del dicho al hecho, hay un bosque
Del dicho al hecho, hay un bosque
Fecha de Publicación: 22/05/2009
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente convocó a una audiencia pública para discutir la protección del bosque nativo. Pero rechaza la ley.
El 15 de mayo pasado se presentó el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Córdoba. Ayer, 21 de mayo, a las 8 de la mañana, previa invitación de la Secretaría de Ambiente, se realizó una audiencia pública para tratar el problema (quizá la audiencia más grande que se vio en los últimos tiempos: concurrieron unas 700 personas). Pero, para sorpresa de todos, también, ayer Ambiente envió un comunicado expresando su rechazo a dicho proyecto de ley.
La propuesta fue elaborada por la COTBN (comisión de ordenamiento territorial del bosque nativo), entidad que fue creada por la misma Secretaría el 24 de noviembre de 2008.
Ayer, finalizada la audiencia pública, el optimismo reinaba en la calle. Todas las organizaciones que habían participado de la COTBN, más las personas que habían asistido a la audiencia pública, marcharon desde la Ciudad de las Artes, hasta la Legislatura para acercar un petitorio para que el proyecto sea tratado en el recinto. Raúl Costas, secretario de Ambiente, tenía que elevar el proyecto al Ejecutivo, y el gobernador, Juan Schiaretti, era quien debía acercar el boceto de la ley al Poder Legislativo. Pero, por el momento, todo quedó congelado. Ayer a la tarde, Ambiente envió a este diario un comunicado en el que se despega del citado proyecto de ley.
Según la Secretaría, los fundamentos de su rechazo serían legales y estarían fundados en la disconformidad con los artículos 29, 39, 40 y 49 de la futura ley. El otro argumento de Ambiente, para desconocer el proyecto, es que no era facultad de la Comisión generar la propuesta de una ley.
Esta reacción era inesperada y la noticia cayó como un baldazo de agua fría a quienes conforman la COTBN. La doctora Alicia Barchuk, presidenta de la comisión, no ocultó su asombro al ser consultada por el tema: “La verdad es que esto me sorprende, nadie hubiese esperado una reacción semejante. Sabíamos que había aspectos legales dentro de la ley con los que la Secretaría estaba disconforme, pero habíamos quedado en discutirlos y modificarlos”, dijo la mujer.
“Además –agregó la presidenta de la comisión– me sorprende que todo esto sea después de la audiencia pública, donde se presentó mucha gente. Ahora, están desconociendo la voluntad del 99% de la asistencia”.
En tanto, desde prensa de la Secretaría no supieron informar por qué Ambiente desconoce el proyecto de ley y a la vez era quien invitaba a la audiencia pública. Este medio intentó comunicarse con el secretario de Ambiente para que dé una explicación, pero no fue posible contactarlo.
La audiencia. Ayer, desde las 8, se llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de las Artes una audiencia pública por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia, donde concurrieron unas 700 personas. La situación actual de los bosques cordobeses preocupa. El primer artículo del proyecto de ley ordena que se declare la emergencia forestal. Hoy, sólo quedan 600 mil hectáreas de bosques de las 12 millones que había en la provincia.
Nuestros bosques
12 millones. Es la cantidad de hectáreas que ocupaban los bosques nativos en el territorio de la provincia. Ahora, sólo quedan 600 mil.
Zonas protegidas. La COTBN confeccionó un mapa en el que se exponen las áreas de la provincia que hay que preservar.
Causas. Hay dos motivos que priman en las causas de la deforestación. El primero, los desmontes para la producción agropecuaria. El segundo, los incendios forestales.
Fecha de Publicación: 22/05/2009
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente convocó a una audiencia pública para discutir la protección del bosque nativo. Pero rechaza la ley.
El 15 de mayo pasado se presentó el proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Córdoba. Ayer, 21 de mayo, a las 8 de la mañana, previa invitación de la Secretaría de Ambiente, se realizó una audiencia pública para tratar el problema (quizá la audiencia más grande que se vio en los últimos tiempos: concurrieron unas 700 personas). Pero, para sorpresa de todos, también, ayer Ambiente envió un comunicado expresando su rechazo a dicho proyecto de ley.
La propuesta fue elaborada por la COTBN (comisión de ordenamiento territorial del bosque nativo), entidad que fue creada por la misma Secretaría el 24 de noviembre de 2008.
Ayer, finalizada la audiencia pública, el optimismo reinaba en la calle. Todas las organizaciones que habían participado de la COTBN, más las personas que habían asistido a la audiencia pública, marcharon desde la Ciudad de las Artes, hasta la Legislatura para acercar un petitorio para que el proyecto sea tratado en el recinto. Raúl Costas, secretario de Ambiente, tenía que elevar el proyecto al Ejecutivo, y el gobernador, Juan Schiaretti, era quien debía acercar el boceto de la ley al Poder Legislativo. Pero, por el momento, todo quedó congelado. Ayer a la tarde, Ambiente envió a este diario un comunicado en el que se despega del citado proyecto de ley.
Según la Secretaría, los fundamentos de su rechazo serían legales y estarían fundados en la disconformidad con los artículos 29, 39, 40 y 49 de la futura ley. El otro argumento de Ambiente, para desconocer el proyecto, es que no era facultad de la Comisión generar la propuesta de una ley.
Esta reacción era inesperada y la noticia cayó como un baldazo de agua fría a quienes conforman la COTBN. La doctora Alicia Barchuk, presidenta de la comisión, no ocultó su asombro al ser consultada por el tema: “La verdad es que esto me sorprende, nadie hubiese esperado una reacción semejante. Sabíamos que había aspectos legales dentro de la ley con los que la Secretaría estaba disconforme, pero habíamos quedado en discutirlos y modificarlos”, dijo la mujer.
“Además –agregó la presidenta de la comisión– me sorprende que todo esto sea después de la audiencia pública, donde se presentó mucha gente. Ahora, están desconociendo la voluntad del 99% de la asistencia”.
En tanto, desde prensa de la Secretaría no supieron informar por qué Ambiente desconoce el proyecto de ley y a la vez era quien invitaba a la audiencia pública. Este medio intentó comunicarse con el secretario de Ambiente para que dé una explicación, pero no fue posible contactarlo.
La audiencia. Ayer, desde las 8, se llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de las Artes una audiencia pública por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia, donde concurrieron unas 700 personas. La situación actual de los bosques cordobeses preocupa. El primer artículo del proyecto de ley ordena que se declare la emergencia forestal. Hoy, sólo quedan 600 mil hectáreas de bosques de las 12 millones que había en la provincia.
Nuestros bosques
12 millones. Es la cantidad de hectáreas que ocupaban los bosques nativos en el territorio de la provincia. Ahora, sólo quedan 600 mil.
Zonas protegidas. La COTBN confeccionó un mapa en el que se exponen las áreas de la provincia que hay que preservar.
Causas. Hay dos motivos que priman en las causas de la deforestación. El primero, los desmontes para la producción agropecuaria. El segundo, los incendios forestales.
Bosques cordobeses, en riesgo
Bosques cordobeses, en riesgo
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Hoy se realiza la audiencia por el ordenamiento territorial del bosque nativo de Córdoba. Supieron ser 16 millones de hectáreas. Hoy son apenas 600 mil. Es el bosque nativo de Córdoba que viene desapareciendo de la mano del “progreso”, que no tiene reparos en tumbar todo aquello que se le oponga. Y así nos va.
Es por eso que diversas organizaciones buscan avanzar en el consenso de una nueva ley provincial de bosques, que adhiera a la norma nacional sancionada en noviembre de 2007. El proyecto local fue elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), y es el fruto de un intenso proceso de participación que culminará hoy con una audiencia pública en la Ciudad de las Artes.
Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN, indicó que este proceso “es inédito a nivel nacional porque además de una comisión técnica con representantes de los distintos sectores de la sociedad se concretaron siete talleres regionales donde cada campesino, ciudadano e institución pudo emitir su opinión sin tener que viajar a la ciudad”.
¿Demasiado tarde? Claro que la situación no es muy sencilla para nuestra provincia. Según datos que aporta el titular de Funam Raúl Montenegro, Córdoba tiene la tasa de desmonte más alta de Argentina (-2,93% anual para 1998-2002). Pero además agrega que “entre los años 2000 y 2005 se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”.
Lo que pretende la ley es fijar criterios rigurosos para evitar el desmonte, y en base a estudios satelitales y de campo, define diferentes áreas de conservación, establecidas como zonas rojas, amarillas y verdes en la ley nacional de bosques. Según aporta Montenegro, estos estudios “forman parte de los anexos del proyecto de ley”.
En la audiencia de hoy estará presente la diputada nacional Griselda Baldata, quien considera que “en la provincia es insuficiente la normativa que hay”. Para Baldata, la Secretaría de Ambiente hoy por hoy “no tiene los elementos suficientes como tomar decisiones”.
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Hoy se realiza la audiencia por el ordenamiento territorial del bosque nativo de Córdoba. Supieron ser 16 millones de hectáreas. Hoy son apenas 600 mil. Es el bosque nativo de Córdoba que viene desapareciendo de la mano del “progreso”, que no tiene reparos en tumbar todo aquello que se le oponga. Y así nos va.
Es por eso que diversas organizaciones buscan avanzar en el consenso de una nueva ley provincial de bosques, que adhiera a la norma nacional sancionada en noviembre de 2007. El proyecto local fue elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN), y es el fruto de un intenso proceso de participación que culminará hoy con una audiencia pública en la Ciudad de las Artes.
Alicia Barchuk, presidenta de la COTBN, indicó que este proceso “es inédito a nivel nacional porque además de una comisión técnica con representantes de los distintos sectores de la sociedad se concretaron siete talleres regionales donde cada campesino, ciudadano e institución pudo emitir su opinión sin tener que viajar a la ciudad”.
¿Demasiado tarde? Claro que la situación no es muy sencilla para nuestra provincia. Según datos que aporta el titular de Funam Raúl Montenegro, Córdoba tiene la tasa de desmonte más alta de Argentina (-2,93% anual para 1998-2002). Pero además agrega que “entre los años 2000 y 2005 se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”.
Lo que pretende la ley es fijar criterios rigurosos para evitar el desmonte, y en base a estudios satelitales y de campo, define diferentes áreas de conservación, establecidas como zonas rojas, amarillas y verdes en la ley nacional de bosques. Según aporta Montenegro, estos estudios “forman parte de los anexos del proyecto de ley”.
En la audiencia de hoy estará presente la diputada nacional Griselda Baldata, quien considera que “en la provincia es insuficiente la normativa que hay”. Para Baldata, la Secretaría de Ambiente hoy por hoy “no tiene los elementos suficientes como tomar decisiones”.
Minera Alumbrera distribuyó utilidades
Minera Alumbrera distribuyó utilidades
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
YMAD recibió un pago de U$S 2,5 millones. La empresa Minera Alumbrera distribuyó nuevas utilidades a Yacimientos Agua de Dionisio (YMAD) por U$S 2,5 millones, equivalente a $ 9,4 millones, correspondientes al primer trimestre de 2009, según informó la compañía. El emprendimiento minero, ubicado en la provincia de Catamarca, es explotado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y Minera Alumbrera, según el contrato celebrado por ambas empresas en 1994. Conforme a su participación en los beneficios del contrato de UTE, YMAD percibe el 20% de las utilidades generadas por dicho proyecto.
YMAD está conformada por la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese concepto, YMAD percibió U$S 520,4 millones en los últimos tres años. Minera Alumbrera es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el cual posee el 50% de la inversión. Las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con el 37,5 % y el 12,5%, respectivamente.
Fecha de Publicación: 21/05/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
YMAD recibió un pago de U$S 2,5 millones. La empresa Minera Alumbrera distribuyó nuevas utilidades a Yacimientos Agua de Dionisio (YMAD) por U$S 2,5 millones, equivalente a $ 9,4 millones, correspondientes al primer trimestre de 2009, según informó la compañía. El emprendimiento minero, ubicado en la provincia de Catamarca, es explotado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y Minera Alumbrera, según el contrato celebrado por ambas empresas en 1994. Conforme a su participación en los beneficios del contrato de UTE, YMAD percibe el 20% de las utilidades generadas por dicho proyecto.
YMAD está conformada por la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese concepto, YMAD percibió U$S 520,4 millones en los últimos tres años. Minera Alumbrera es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el cual posee el 50% de la inversión. Las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con el 37,5 % y el 12,5%, respectivamente.
Bibiloni habilita red de laboratorios
Bibiloni habilita red de laboratorios toxicológicos para la cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, habilitará, mañana la Red de Laboratorios Toxicológicos para el análisis de contaminación por metales o hidrocarburos, que por primera vez, se realizará de forma gratuita para toda la población de la cuenca Matanza –Riachuelo, en un acto que se realizará en la sede de la Municipalidad de La Matanza.
Durante la ceremonia, que tendrá lugar a las 10 horas, en el Salón Malvinas Argentinas del municipio de La Matanza, - sito en Almafuerte 3030, San Justo- también se firmarán los convenios respectivos para la cesión de 15 vehículos para el traslado de muestras de laboratorio y pacientes, los que serán formalmente entregados a los intendentes de los catorce municipios bonaerenses y a la Ciudad de Buenos Aires.
La Red de Laboratorios Toxicológicos se desarrollará a partir de un acuerdo alcanzado con el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (CENATOXA) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garran”, el Hospital Nacional “Prof. Dr. Alejandro Posadas” y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.
Dichas instituciones recibirán subsidios por la cifra de 9.267.489 pesos para la adecuación edilicia, adquisición de los equipos y de insumos, por el término de un año, y la capacitación del personal.
De esta forma, a través del proceso de fortalecimiento de los laboratorios toxicológicos de los hospitales, se podrán identificar casos de contaminación por metales e hidrocarburos (en especial, plomo, cromo, mercurio, tolueno y benceno). Un estudio que antes sólo realizaba la Facultad de Bioquímica de la UBA.
Para la provisión de quince vehículos Renault modelo Kangoo destinados al traslado de muestras y pacientes a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, General Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, San Vicente y Ciudad de Buenos Aires, se realizó una inversión de 821 mil pesos
Fecha de Publicación: 20/05/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni, habilitará, mañana la Red de Laboratorios Toxicológicos para el análisis de contaminación por metales o hidrocarburos, que por primera vez, se realizará de forma gratuita para toda la población de la cuenca Matanza –Riachuelo, en un acto que se realizará en la sede de la Municipalidad de La Matanza.
Durante la ceremonia, que tendrá lugar a las 10 horas, en el Salón Malvinas Argentinas del municipio de La Matanza, - sito en Almafuerte 3030, San Justo- también se firmarán los convenios respectivos para la cesión de 15 vehículos para el traslado de muestras de laboratorio y pacientes, los que serán formalmente entregados a los intendentes de los catorce municipios bonaerenses y a la Ciudad de Buenos Aires.
La Red de Laboratorios Toxicológicos se desarrollará a partir de un acuerdo alcanzado con el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (CENATOXA) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garran”, el Hospital Nacional “Prof. Dr. Alejandro Posadas” y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.
Dichas instituciones recibirán subsidios por la cifra de 9.267.489 pesos para la adecuación edilicia, adquisición de los equipos y de insumos, por el término de un año, y la capacitación del personal.
De esta forma, a través del proceso de fortalecimiento de los laboratorios toxicológicos de los hospitales, se podrán identificar casos de contaminación por metales e hidrocarburos (en especial, plomo, cromo, mercurio, tolueno y benceno). Un estudio que antes sólo realizaba la Facultad de Bioquímica de la UBA.
Para la provisión de quince vehículos Renault modelo Kangoo destinados al traslado de muestras y pacientes a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, General Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón, San Vicente y Ciudad de Buenos Aires, se realizó una inversión de 821 mil pesos
Pedirán la emergencia para el bosque nativo
Pedirán la emergencia para el bosque nativo
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión de Ordenamiento Territorial cierra en audiencia pública el proyecto, que elevará a la Legislatura para su tratamiento.
Córdoba tendrá una ley que regulará el modo de preservar lo muy poco que le queda de bosque nativo. Eso, si la Legislatura sanciona el proyecto que este jueves será presentado en audiencia pública tras siete meses de debate para elaborar en forma multisectorial un diagnóstico, incluyendo varios talleres abiertos de discusión en el interior cordobés. El debate no estuvo exento de rispideces. Incluso entidades ligadas al agro han sostenido que no se les reconoció su peso en el armado de la discusión, por lo que el debate legislativo puede ser más que ríspido.
El jueves, desde las 9, en las Ciudad de las Artes de la ciudad de Córdoba se realizará la audiencia pública en la que la Comisión para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) presentará un anteproyecto de ley. Cada orador que se inscriba (uno por institución y el plazo cierra el mismo jueves de 8 a 9) tendrá tres minutos para exponer. En base a este último debate, se harán los ajustes finales al proyecto que será girado a la Legislatura.
La COTBN se formó el año pasado y participan diversos sectores como la Universidad Nacional de Córdoba, la Administración de Parques Nacionales, Federación Agraria Argentina, entidades ambientalistas como Ecosistemas Argentinos, Aula Abierta Ambiente Montaña, Funam, Cedha, el Grupo de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la agrupación Hijos y otras. El proyecto cuenta con la participación y aval oficial, a través de la Secretaría de Ambiente.
Además, en los siete talleres participativos que se realizaron (en Cruz del Eje, Villa Dolores, Río Cuarto, Ballesteros, Río Ceballos, Villa General Belgrano y Sebastián El Cano), se escucharon posiciones de intendentes, concejales e instituciones de cada región, para armar un diagnóstico sobre el bosque nativo que queda en Córdoba.
La ley a proponer tendrá por principal objetivo asegurar la preservación de lo poco que queda de bosque nativo e intentar recuperar algo de lo que está en riesgo de perderse.
Alicia Barchuk, docente de la Facultad de Agronomía de la UNC, es preside la COTBN. Ella asegura que Córdoba es la única provincia "que está instrumentando esta mecánica", que enfatiza la participación abierta, para sancionar una norma que adhiera a la nueva ley nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosque Nativo (ley 26331), sancionada en 2008.
Barchuk aseguró que la propuesta surgió del consenso de los participantes. Según ella, de todas las instituciones, la única que se retiró del proceso fue la Sociedad Rural. En representación del agro –comparó la agrónoma– "mantuvo una activa participación la Federación Agraria Argentina".
Parte central del dilema es que el bosque, vital para el equilibrio ecológico y para asegurar la preservación de recursos naturales como el agua, fue retrocediendo mientras se expandía la frontera agropecuaria.
El diagnóstico elaborado permite definir las zonas de bosque nativo que están en peligro y que se debieran proteger con urgencia, identificar las áreas que ya están perdidas y las escasas "reliquias" que quedan de bosque primario, es decir que casi no ha sido tocado por el hombre.
El ordenamiento que propuesto pretende organizar el uso de la tierra en zonas de conservación del bosque y fijar actividades productivas más amigables con el ambiente, con límites a la expansión de cultivos, pasturas y urbanizaciones que impliquen la destrucción del bosque. Una vez en la Unicameral, seguramente se generará una nueva instancia de debate.
Movilización. El jueves, la audiencia será acompañada por una movilización de apoyo de entidades ambientalistas, que culminará después del mediodía frente a la Legislatura, con varios espectáculos y la presencia, entre otros, del folklorista Raly Barrionuevo.
Números. Un par de números sintetizan toda explicación: de su superficie total de 16 millones de hectáreas, esta provincia tuvo alguna vez 12 millones cubiertos con bosque autóctono. Hoy sólo quedan unas 10 mil hectáreas con muy buena conservación y unas 600 mil en estado degradado pero recuperable.
Zonas roja, amarilla y verde
El proyecto de ley que elevará a la Legislatura cordobesa la Comisión para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) propondrá que se declare la emergencia forestal en todo el territorio provincial. Y, de acuerdo al diagnóstico ya elaborado, diferenciará tres áreas, que tendrían diferentes tratamientos.
La roja será la que marcará los bosques nativos que quedan bien conservados o en condiciones de ser recuperados (unas 600 mil hectáreas), además de todas las áreas de sierras con pendientes mayores al cinco por ciento. Se sumará a esa área sobre la que se pasaría a ejercer el mayor control, la ribera de ríos y lagos, que se propondría extender a 150 metros en los que no se permitirían talas y se promovería su reforestación. También será zona roja los bordes de las salinas y los espacios que ya la Provincia cataloga como "áreas protegidas".
La amarilla sería –según la propuesta– las zonas de pastizales que fueron boscosas y que aunque ya no lo son, podrían volver a serlo. En esas áreas la idea central que se pregona es que se legisle para al menos un "uso sustentable" de esos suelos, para evitar una mayor degradación.
La verde, finalmente, es la mayor parte del territorio cordobés y abarca todas las zonas que ya están bajo uso agropecuario intensivo.
La ley buscará que ya no se pueda avanzar sobre el bosque que queda y que se generen mecanismos que permitan recuperar los que están en riesgo o muy degradados.
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Comisión de Ordenamiento Territorial cierra en audiencia pública el proyecto, que elevará a la Legislatura para su tratamiento.
Córdoba tendrá una ley que regulará el modo de preservar lo muy poco que le queda de bosque nativo. Eso, si la Legislatura sanciona el proyecto que este jueves será presentado en audiencia pública tras siete meses de debate para elaborar en forma multisectorial un diagnóstico, incluyendo varios talleres abiertos de discusión en el interior cordobés. El debate no estuvo exento de rispideces. Incluso entidades ligadas al agro han sostenido que no se les reconoció su peso en el armado de la discusión, por lo que el debate legislativo puede ser más que ríspido.
El jueves, desde las 9, en las Ciudad de las Artes de la ciudad de Córdoba se realizará la audiencia pública en la que la Comisión para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) presentará un anteproyecto de ley. Cada orador que se inscriba (uno por institución y el plazo cierra el mismo jueves de 8 a 9) tendrá tres minutos para exponer. En base a este último debate, se harán los ajustes finales al proyecto que será girado a la Legislatura.
La COTBN se formó el año pasado y participan diversos sectores como la Universidad Nacional de Córdoba, la Administración de Parques Nacionales, Federación Agraria Argentina, entidades ambientalistas como Ecosistemas Argentinos, Aula Abierta Ambiente Montaña, Funam, Cedha, el Grupo de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba, la agrupación Hijos y otras. El proyecto cuenta con la participación y aval oficial, a través de la Secretaría de Ambiente.
Además, en los siete talleres participativos que se realizaron (en Cruz del Eje, Villa Dolores, Río Cuarto, Ballesteros, Río Ceballos, Villa General Belgrano y Sebastián El Cano), se escucharon posiciones de intendentes, concejales e instituciones de cada región, para armar un diagnóstico sobre el bosque nativo que queda en Córdoba.
La ley a proponer tendrá por principal objetivo asegurar la preservación de lo poco que queda de bosque nativo e intentar recuperar algo de lo que está en riesgo de perderse.
Alicia Barchuk, docente de la Facultad de Agronomía de la UNC, es preside la COTBN. Ella asegura que Córdoba es la única provincia "que está instrumentando esta mecánica", que enfatiza la participación abierta, para sancionar una norma que adhiera a la nueva ley nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosque Nativo (ley 26331), sancionada en 2008.
Barchuk aseguró que la propuesta surgió del consenso de los participantes. Según ella, de todas las instituciones, la única que se retiró del proceso fue la Sociedad Rural. En representación del agro –comparó la agrónoma– "mantuvo una activa participación la Federación Agraria Argentina".
Parte central del dilema es que el bosque, vital para el equilibrio ecológico y para asegurar la preservación de recursos naturales como el agua, fue retrocediendo mientras se expandía la frontera agropecuaria.
El diagnóstico elaborado permite definir las zonas de bosque nativo que están en peligro y que se debieran proteger con urgencia, identificar las áreas que ya están perdidas y las escasas "reliquias" que quedan de bosque primario, es decir que casi no ha sido tocado por el hombre.
El ordenamiento que propuesto pretende organizar el uso de la tierra en zonas de conservación del bosque y fijar actividades productivas más amigables con el ambiente, con límites a la expansión de cultivos, pasturas y urbanizaciones que impliquen la destrucción del bosque. Una vez en la Unicameral, seguramente se generará una nueva instancia de debate.
Movilización. El jueves, la audiencia será acompañada por una movilización de apoyo de entidades ambientalistas, que culminará después del mediodía frente a la Legislatura, con varios espectáculos y la presencia, entre otros, del folklorista Raly Barrionuevo.
Números. Un par de números sintetizan toda explicación: de su superficie total de 16 millones de hectáreas, esta provincia tuvo alguna vez 12 millones cubiertos con bosque autóctono. Hoy sólo quedan unas 10 mil hectáreas con muy buena conservación y unas 600 mil en estado degradado pero recuperable.
Zonas roja, amarilla y verde
El proyecto de ley que elevará a la Legislatura cordobesa la Comisión para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) propondrá que se declare la emergencia forestal en todo el territorio provincial. Y, de acuerdo al diagnóstico ya elaborado, diferenciará tres áreas, que tendrían diferentes tratamientos.
La roja será la que marcará los bosques nativos que quedan bien conservados o en condiciones de ser recuperados (unas 600 mil hectáreas), además de todas las áreas de sierras con pendientes mayores al cinco por ciento. Se sumará a esa área sobre la que se pasaría a ejercer el mayor control, la ribera de ríos y lagos, que se propondría extender a 150 metros en los que no se permitirían talas y se promovería su reforestación. También será zona roja los bordes de las salinas y los espacios que ya la Provincia cataloga como "áreas protegidas".
La amarilla sería –según la propuesta– las zonas de pastizales que fueron boscosas y que aunque ya no lo son, podrían volver a serlo. En esas áreas la idea central que se pregona es que se legisle para al menos un "uso sustentable" de esos suelos, para evitar una mayor degradación.
La verde, finalmente, es la mayor parte del territorio cordobés y abarca todas las zonas que ya están bajo uso agropecuario intensivo.
La ley buscará que ya no se pueda avanzar sobre el bosque que queda y que se generen mecanismos que permitan recuperar los que están en riesgo o muy degradados.
Causa Riachuelo: allanaron seis curtiembres
Causa Riachuelo: allanaron seis curtiembres en una causa por cohecho
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: InfoBae Profesional
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el registro de locales en un caso por soborno en la habilitación de industrias, con un fiscal y dos estudios jurídicos involucrados
Causa Riachuelo: allanaron seis curtiembres en una causa por cohecho
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, allanó este martes seis curtiembres radicadas en la zona Sur del Gran Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto cohecho en la habilitación de industrias en la que se investiga a un fiscal federal de Lomas de Zamora y a dos estudios jurídicos.
Las actuaciones se encuadran en el caso “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) ordenó el año pasado la implementación de políticas públicas concretas para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), los funcionarios judiciales recolectaron muestras líquidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores en los registros domiciliarios realizados, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores realizadas en una causa por contaminación, en donde se investiga el presunto cohecho para la habilitación de industrias.
La medida también se enmarca en el control industrial general que se está realizando para el saneamiento del Riachuelo.
De los allanamientos también participó el personal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que se encargará de realizar las nuevas pericias sobre las extracciones.
Se trata de una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para “limpiarle” una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos de su compañía, ya que él y sus dos hermanos “podrían ir presos”.
El denunciante argumentó que tras comunicarse con los letrados, éstos le solicitaron 250.000 dólares para archivar la investigación. Y agregó que fue el propio funcionario del Ministerio Público quien argumentó que él y los dos abogados podrían neutralizar las pericias si abonaba la suma solicitada por los profesionales.
La semana pasada, Armella dispuso allanar las oficinas de los dos estudios jurídicos que habían sido propuestos por el fiscal, a fin de proceder al secuestro de elementos relacionados con la investigación.
En tanto, el Juzgado Federal de Quilmes hizo lugar el último viernes a la exención de prisión solicitadas por el fiscal federal y tres abogados, todos investigados en la causa por presunto cohecho.
Fecha de Publicación: 19/05/2009
Fuente: InfoBae Profesional
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el registro de locales en un caso por soborno en la habilitación de industrias, con un fiscal y dos estudios jurídicos involucrados
Causa Riachuelo: allanaron seis curtiembres en una causa por cohecho
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, allanó este martes seis curtiembres radicadas en la zona Sur del Gran Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto cohecho en la habilitación de industrias en la que se investiga a un fiscal federal de Lomas de Zamora y a dos estudios jurídicos.
Las actuaciones se encuadran en el caso “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) ordenó el año pasado la implementación de políticas públicas concretas para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), los funcionarios judiciales recolectaron muestras líquidas y sólidas en los establecimientos y sus alrededores en los registros domiciliarios realizados, a fin de realizar nuevas pericias para contrastarlas con las anteriores realizadas en una causa por contaminación, en donde se investiga el presunto cohecho para la habilitación de industrias.
La medida también se enmarca en el control industrial general que se está realizando para el saneamiento del Riachuelo.
De los allanamientos también participó el personal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que se encargará de realizar las nuevas pericias sobre las extracciones.
Se trata de una causa penal abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para “limpiarle” una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos de su compañía, ya que él y sus dos hermanos “podrían ir presos”.
El denunciante argumentó que tras comunicarse con los letrados, éstos le solicitaron 250.000 dólares para archivar la investigación. Y agregó que fue el propio funcionario del Ministerio Público quien argumentó que él y los dos abogados podrían neutralizar las pericias si abonaba la suma solicitada por los profesionales.
La semana pasada, Armella dispuso allanar las oficinas de los dos estudios jurídicos que habían sido propuestos por el fiscal, a fin de proceder al secuestro de elementos relacionados con la investigación.
En tanto, el Juzgado Federal de Quilmes hizo lugar el último viernes a la exención de prisión solicitadas por el fiscal federal y tres abogados, todos investigados en la causa por presunto cohecho.
Actividad forestal y desmontes
Argentina: actividad forestal y desmontes. Cuando el bosque no te deja ver al árbol
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
Fecha de Publicación: 18/05/2009
Autor del Artículo: Dr. Alejandro D. Brown - Presidente Fundación ProYungas
Provincia/Región: Nacional
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado principalmente en la región chaqueña.
El resultado de la demanda social a favor de nuestros bosques ha sido la sanción de la ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos en Noviembre del 2007 y su reglamentación (Febrero 2009). Este marco legal requiere que cada jurisdicción (provincia) desarrolle un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de sus bosques como requisito para aprobación de nuevos permisos tanto de deforestación como de aprovechamiento forestal.
Este nuevo escenario es potencialmente muy bueno para el bosque y sus principales habitantes (comunidades aborígenes y criollas) y potencialmente limitativo para el desarrollo productivo que otros sectores de la sociedad reclaman. Entre los últimos encontramos a los propios productores del campo, al Gobierno Nacional que tiene en las retenciones un importante suplemento a las arcas oficiales, a los beneficiarios de los planes de ayuda social que dependen en última instancia de estos ingresos del Estado, y de gran parte de la Sociedad que ven en la reactivación económica (de la cual la soja es una activa participante!) un horizonte viable para el país, ahora deprimido por la crisis global y nuestros propios desaciertos.
En esta dirección la provincia de Salta sancionó una ley de ordenamiento territorial de sus bosques, pero aún no ha definido en un mapa qué bosques se podrán transformar, proteger y manejar sustentablemente, creando un vacío jurídico que castiga principalmente a quienes manejan sustentablemente el bosque nativo y a aquellos interesados en protegerlo o restaurarlo, quienes no pueden acogerse a los beneficios de la Ley Nacional.
Sin embargo mas allá del mencionado marco legal, la situación sigue siendo indefinida y compleja y ello se pone de manifiesto en la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posiblemente influenciada por la catástrofe de Tartagal, a partir de la cual se frena de hecho toda actividad forestal en la Provincia de Salta, hasta tanto se realice “un estudio de impacto ambiental acumulativo” de la actividad forestal, que no seria otra cosa que el POT que la Provincia debe realizar, dado que este último justamente es poner de relieve la totalidad de las áreas sujetas a transformación, identificar las áreas que se deben proteger de tal manera de tener una visión de la expansión de la frontera agropecuaria y sus impactos acumulados.
Este fallo de la Corte Suprema, lamentablemente no diferencia entre quienes transforman importantes superficies forestales para ampliar la frontera agropecuaria (que en realidad son los que motivaron tanto la ley de bosques como la reciente resolución de la Corte), y aquellos que basan hoy su producción en el manejo forestal sostenible, actividad fundamental para darle valor al bosque y asegurar su persistencia en extensas superficies. Incluidas entre estos usuarios del bosque a las comunidades aborígenes y campesinas que el propio fallo pretende proteger, dado que basan gran parte de su economía en actividades forestales.
Todo esto ocurre como resultado lógico de un proceso irracional o al menos no planificado de (des)manejo del territorio que ha incluido entre otras fases:
• La deforestación masiva de extensos territorios boscosos sin ningún plan razonable que lo conduzca;
• Inicio de discusiones sobre una Ley de Presupuestos mínimos que obligue a las Provincias a encausar dichos procesos a través de Planes de Ordenamiento;
• La prepotencia de sectores productivos y gubernamentales que en muchos casos estiraron el hilo todo lo que pudieron y por supuesto mas de la cuenta, a sabiendas que vendrían restricciones a la expansión de la frontera agropecuaria de un momento a otro;
• El atropello masivo a derechos de comunidades locales que vieron en muchos casos como sus territorios eran arrasados sin demasiadas explicaciones y contemplaciones, hecho que desencadenó la demanda presentada exitosamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de comunidades aborígenes y criollas de la región chaqueña;
• Como respuesta a lo anterior un posicionamiento extremo de algunas organizaciones ambientalistas y sociales que en algunos casos o momentos se han posicionado poniendo en la "vereda de enfrente" a gran parte (o todo) el elenco productivo regional pagando justos por pecadores;
El desarrollo de este drama, que ha castigado principalmente a quienes intentaba proteger, se debe a rasgos característicos de nuestra sociedad:
• Un desconocimiento notable de las diferencias prácticas y profundas entre deforestación para prácticas agrícolas y aprovechamiento forestal, incluso aunque este último sea realizado bajo estándares internacionales de buenas prácticas y certificación forestal. Las dos únicas empresas certificadas con el sello FSC en Argentina con bosques nativos están afectadas geográficamente a las restricciones de la Medida Cautelar de la Corte
• La falta de espacios racionales de diálogo y resolución de conflictos que posibiliten superar las diferencias sectoriales y pensar y planificar el país que queremos;
• Los posicionamientos ideológicos mas allá de los temas concretos a resolver;
Todo conduce a una lucha entre distintos sectores de la sociedad donde se pone de manifiesto el poder relativo de cada uno con el bosque como "campo de batalla” y con los sectores mas relegados como principales víctimas. Resultado predecible de nuestras diferencias ancestrales como sociedad, que no logramos superar y que nos tienen permanentemente en vilo y con el agua al cuello.
El manejo del bosque es el mejor aliado de la conservación del mismo, ya sea a través del aprovechamiento sustentable de los recursos madereros, del uso tradicional de los recursos no madereros y de la ganadería de monte, en un marco de planificación y ordenamiento territorial estratégico de largo plazo que nos permite valorizarlo frente a otros usos alternativos. Es por eso que es fundamental dividir las aguas entre quienes transforman el bosque a agroecosistemas lo cual requiere de un esfuerzo de planificación y ordenamiento del territorio (POTs), de quienes buscan la forma de obtener una renta a partir del uso sostenido del bosque. El uso sostenible requiere de mejorar paulatinamente los estándares silvícolas implementados e incluir monitoreos ambientales, en un plan de manejo al largo plazo en línea con los principios de la certificación forestal y de las buenas prácticas que productores de las distintas regiones forestales han iniciado en los últimos años, particularmente en el noroeste argentino.
El resultado lógico de los POT provinciales actualmente en elaboración será que grandes extensiones de los actuales bosques en la Argentina serán destinados al manejo forestal (pintados de color amarillo en la jerga de la ley de bosques). Por lo tanto deberemos valorizar esta actividad dotándola de seguridad jurídica para la planificación al largo plazo. Es una deuda que tanto la Ley de Bosques como la Medida Cautelar de la Corte aún tienen pendiente con quienes utilizan los árboles pensando en mantener el bosque.
Barrick: Censura y persecución
Censura y persecución
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Concurrí al programa de Lanata y denuncié que el veto de la Barrick Gold. La emisión fue censurada en San Juan. Este es el proceder de la minera. M. Bonasso.
No hay que asombrarse: en su afán por depredar nuestros recursos naturales, el poder económico y sus socios políticos están apelando a sus métodos favoritos, la censura y la persecución.
El martes último, participé en el programa Palabras más, palabras menos, que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda, que emite Todo Noticias (TN), donde denuncié –una vez más– que el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial beneficiaba a la trasnacional minera Barrick Gold, en su megaproyecto binacional de Pascua- Lama. Hubo una reacción en cadena: ejecutivos de la segunda minera del mundo exigieron prepotentemente ejercer el derecho a réplica, mientras en San Juan el senador César Ambrosio Gioja (hermano del gobernador y empresario minero denunciado ante la justicia federal) amenazó querellarme y el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Ricardo Martínez, dirigió una nota airada a los conductores del programa donde me aludió elípticamente al decir “mucho daño le ha hecho al país la defensa de ideales ejercida por alguno de estos señores en épocas pasadas de nuestra historia”.
Como se ve, está prohibido tener ideales que perjudiquen la rentabilidad de las grandes empresas.
El miércoles concurrí al programa de Jorge Lanata Después de todo (DDT), que emite Canal 26, donde reiteré los cuestionamientos que sostengo como diputado nacional y participé de un extenso y bien documentado informe sobre Pascua-Lama, que contó con el aporte de Diego Genoud, periodista de este diario. El programa, como lo reveló Lanata al día siguiente, fue censurado por el Canal 4 de San Juan y tuvo que ser colgado por Jorge en su página web para que los sanjuaninos no sufran la censura.
Este proceder de la Barrick y sus promotores políticos ni es nuevo ni está exclusivamente referido a la Argentina. El periodista estadounidense Greg Palast dio cuenta de esas maniobras en una entrevista con el diario La Nación de Chile, publicada el 29 de mayo de 2005. Palast sabe de lo que habla, es el autor del libro La mejor democracia que se puede comprar con dinero (Editorial Crítica, Barcelona), donde revela que el conocido traficante de armas Adnan Kashoggi “proveyó los fondos originales para la expansión de la compañía cuando Peter Munk la compró”. (El señor Munk, como lo publicamos en esta columna el 26 de abril pasado, fue recibido en la Casa Rosada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
Los asesores de prensa de la Barrick en Chile desmintieron cualquier tipo de relación entre el traficante Kashoggi y la minera o su presidente Munk. La respuesta de Palast no deja lugar a dudas: “Eso es bastante asombroso, porque la fuente original de esa información es la propia autobiografía de Munk (Peter Munk: hechura de un magnate moderno), que abunda en muchos detalles sobre su relación con Kashoggi. Me parece extraordinario que en Barrick no sean honestos sobre esto. Insisto, Kashoggi fue quien proveyó los fondos originales para la expansión de la compañía cuando Peter Munk la compró”.
El periodista chileno le pregunta después si el libro de Palast recibió algún tipo de censura en Estados Unidos y Palast responde textualmente: “No. De ninguna forma. Se publicó la historia completa, pese a que Barrick Gold, y debería prevenir a su diario, tiende a demandar a cualquier periódico o autor que discuta o cuestione sus actividades. Por ejemplo, demandaron a The Guardian, que es el diario más importante de lengua inglesa, por llevar en sus páginas mi artículo donde revelaba los asesinatos en las minas de Tanzania. Barrick, después, retiró su demanda y el juez del caso dijo que Barrick no podía decir que nadie murió en esas minas. Nunca retiramos las acusaciones de que 50 mineros fueron sepultados vivos en esa mina”.
En el tema corrupción fue igualmente claro: “Les pagan a políticos y gente con influencias cuantiosas sumas de dinero. En este preciso instante, aparte de contar con Bush senior en su directorio, también está Vernon Jordan, un miembro del Partido Demócrata con mucho poder y muy cercano a Bill Clinton. Son muy buenos contratando personas de todo el espectro político, pese a que Peter Munk es un sujeto de extrema derecha y un gran admirador del general Pinochet. Obviamente, Munk fue muy cercano a Augusto Pinochet y mantuvo relaciones favorables con él”.
La censura de la Barrick y sus aliados políticos no comenzó esta semana. El miércoles 12 de noviembre del año pasado, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, me dijo reservadamente que el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial era producto de una presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien prometía apoyar legislativamente los proyectos del Ejecutivo si la ley en cuestión, votada por unanimidad en ambas Cámaras, era vetada. La secretaria Picolotti –que ya estaba en capilla– me propuso armar un foro de discusión junto con el senador Daniel Filmus, para mejorar el proyecto y lograr que fuera aprobado en un futuro con “modificaciones menores”. Le dije que no contaran conmigo, porque lucharía hasta las últimas instancias a favor de la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Un par de días después, me llamó el senador Daniel Filmus para proponerme lo mismo y volví a rechazar la invitación al foro, asegurando que haría lo que vengo haciendo de manera sostenida: rechazar el veto de la Barrick Gold y, en último extremo, acudir a la Justicia.
El foro se realizó y, pese a todo, Picolotti fue expulsada de mala manera del Gobierno. El senador Filmus, por su parte, tampoco logró resultado alguno en la Comisión de Recursos Naturales del Senado y finalmente abandonó la conducción de esa comisión.
Por mi parte, volví a presentar el Proyecto de Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, convoqué a una audiencia pública junto con el defensor del Pueblo a la que concurrieron organizaciones ambientalistas y prestigiosas figuras del mundo académico nacional e internacional. En estos días, junto con los compañeros de la Asociación Civil Diálogo por el Ambiente, estamos preparando la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de esto bastará si la sociedad civil no toma conciencia y actúa en consecuencia. Juntos somos más que la censura, el poder feudal y el dinero de la Barrick.
Fecha de Publicación: 17/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Concurrí al programa de Lanata y denuncié que el veto de la Barrick Gold. La emisión fue censurada en San Juan. Este es el proceder de la minera. M. Bonasso.
No hay que asombrarse: en su afán por depredar nuestros recursos naturales, el poder económico y sus socios políticos están apelando a sus métodos favoritos, la censura y la persecución.
El martes último, participé en el programa Palabras más, palabras menos, que conducen Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda, que emite Todo Noticias (TN), donde denuncié –una vez más– que el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial beneficiaba a la trasnacional minera Barrick Gold, en su megaproyecto binacional de Pascua- Lama. Hubo una reacción en cadena: ejecutivos de la segunda minera del mundo exigieron prepotentemente ejercer el derecho a réplica, mientras en San Juan el senador César Ambrosio Gioja (hermano del gobernador y empresario minero denunciado ante la justicia federal) amenazó querellarme y el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Ricardo Martínez, dirigió una nota airada a los conductores del programa donde me aludió elípticamente al decir “mucho daño le ha hecho al país la defensa de ideales ejercida por alguno de estos señores en épocas pasadas de nuestra historia”.
Como se ve, está prohibido tener ideales que perjudiquen la rentabilidad de las grandes empresas.
El miércoles concurrí al programa de Jorge Lanata Después de todo (DDT), que emite Canal 26, donde reiteré los cuestionamientos que sostengo como diputado nacional y participé de un extenso y bien documentado informe sobre Pascua-Lama, que contó con el aporte de Diego Genoud, periodista de este diario. El programa, como lo reveló Lanata al día siguiente, fue censurado por el Canal 4 de San Juan y tuvo que ser colgado por Jorge en su página web para que los sanjuaninos no sufran la censura.
Este proceder de la Barrick y sus promotores políticos ni es nuevo ni está exclusivamente referido a la Argentina. El periodista estadounidense Greg Palast dio cuenta de esas maniobras en una entrevista con el diario La Nación de Chile, publicada el 29 de mayo de 2005. Palast sabe de lo que habla, es el autor del libro La mejor democracia que se puede comprar con dinero (Editorial Crítica, Barcelona), donde revela que el conocido traficante de armas Adnan Kashoggi “proveyó los fondos originales para la expansión de la compañía cuando Peter Munk la compró”. (El señor Munk, como lo publicamos en esta columna el 26 de abril pasado, fue recibido en la Casa Rosada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
Los asesores de prensa de la Barrick en Chile desmintieron cualquier tipo de relación entre el traficante Kashoggi y la minera o su presidente Munk. La respuesta de Palast no deja lugar a dudas: “Eso es bastante asombroso, porque la fuente original de esa información es la propia autobiografía de Munk (Peter Munk: hechura de un magnate moderno), que abunda en muchos detalles sobre su relación con Kashoggi. Me parece extraordinario que en Barrick no sean honestos sobre esto. Insisto, Kashoggi fue quien proveyó los fondos originales para la expansión de la compañía cuando Peter Munk la compró”.
El periodista chileno le pregunta después si el libro de Palast recibió algún tipo de censura en Estados Unidos y Palast responde textualmente: “No. De ninguna forma. Se publicó la historia completa, pese a que Barrick Gold, y debería prevenir a su diario, tiende a demandar a cualquier periódico o autor que discuta o cuestione sus actividades. Por ejemplo, demandaron a The Guardian, que es el diario más importante de lengua inglesa, por llevar en sus páginas mi artículo donde revelaba los asesinatos en las minas de Tanzania. Barrick, después, retiró su demanda y el juez del caso dijo que Barrick no podía decir que nadie murió en esas minas. Nunca retiramos las acusaciones de que 50 mineros fueron sepultados vivos en esa mina”.
En el tema corrupción fue igualmente claro: “Les pagan a políticos y gente con influencias cuantiosas sumas de dinero. En este preciso instante, aparte de contar con Bush senior en su directorio, también está Vernon Jordan, un miembro del Partido Demócrata con mucho poder y muy cercano a Bill Clinton. Son muy buenos contratando personas de todo el espectro político, pese a que Peter Munk es un sujeto de extrema derecha y un gran admirador del general Pinochet. Obviamente, Munk fue muy cercano a Augusto Pinochet y mantuvo relaciones favorables con él”.
La censura de la Barrick y sus aliados políticos no comenzó esta semana. El miércoles 12 de noviembre del año pasado, la entonces secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, me dijo reservadamente que el veto presidencial a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial era producto de una presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien prometía apoyar legislativamente los proyectos del Ejecutivo si la ley en cuestión, votada por unanimidad en ambas Cámaras, era vetada. La secretaria Picolotti –que ya estaba en capilla– me propuso armar un foro de discusión junto con el senador Daniel Filmus, para mejorar el proyecto y lograr que fuera aprobado en un futuro con “modificaciones menores”. Le dije que no contaran conmigo, porque lucharía hasta las últimas instancias a favor de la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Un par de días después, me llamó el senador Daniel Filmus para proponerme lo mismo y volví a rechazar la invitación al foro, asegurando que haría lo que vengo haciendo de manera sostenida: rechazar el veto de la Barrick Gold y, en último extremo, acudir a la Justicia.
El foro se realizó y, pese a todo, Picolotti fue expulsada de mala manera del Gobierno. El senador Filmus, por su parte, tampoco logró resultado alguno en la Comisión de Recursos Naturales del Senado y finalmente abandonó la conducción de esa comisión.
Por mi parte, volví a presentar el Proyecto de Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, convoqué a una audiencia pública junto con el defensor del Pueblo a la que concurrieron organizaciones ambientalistas y prestigiosas figuras del mundo académico nacional e internacional. En estos días, junto con los compañeros de la Asociación Civil Diálogo por el Ambiente, estamos preparando la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de esto bastará si la sociedad civil no toma conciencia y actúa en consecuencia. Juntos somos más que la censura, el poder feudal y el dinero de la Barrick.
Tucumán: quieren saber cuanto bosque hay
El Gobierno firmó un acuerdo para conocer qué superficie forestada aún sobrevive en la provincia
Fecha de Publicación: 16/05/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El Ministerio de la Producción y la Fundación Ecológica Forestación firmaron el viernes un convenio a fin de realizar una recopilación de información que permita analizar la cantidad de superficie forestada que aún queda en la provincia. Firmaron el acuerdo el ministro del área, Jorge Gassembauer; el secretario de Asuntos Agrarios, Álvaro Padros; el titular de la Fundación Ecológica Forestación Marcelo González Morenghi. Según la ONG internacional Greenpeace, Tucumán tiene una tasa de deforestación que triplica la media mundial. Y a esto agrega que durante el período 1998-2002 se desmontaron 21.000 hectáreas de bosque nativo de la provincia, una superficie equivalente a la totalidad de la ciudad de Buenos Aires, según los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Fecha de Publicación: 16/05/2009
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El Ministerio de la Producción y la Fundación Ecológica Forestación firmaron el viernes un convenio a fin de realizar una recopilación de información que permita analizar la cantidad de superficie forestada que aún queda en la provincia. Firmaron el acuerdo el ministro del área, Jorge Gassembauer; el secretario de Asuntos Agrarios, Álvaro Padros; el titular de la Fundación Ecológica Forestación Marcelo González Morenghi. Según la ONG internacional Greenpeace, Tucumán tiene una tasa de deforestación que triplica la media mundial. Y a esto agrega que durante el período 1998-2002 se desmontaron 21.000 hectáreas de bosque nativo de la provincia, una superficie equivalente a la totalidad de la ciudad de Buenos Aires, según los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
OT de los Bosques en Misiones
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
Distintos sectores solicitan que se respete su derecho a participar del proceso. Representantes de sectores ambientales, sociales, productivos y de Pueblos Originarios presentaron una solicitud formal ante la autoridad de aplicación.
La iniciativa surge del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, realizado en Eldorado. Instituciones y organizaciones ambientalistas, sociales y productivas, y representantes de pueblos originarios de la provincia presentaron ayer una nota solicitando se respete su derecho a participar activamente en el proceso de elaboración del proyecto de Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones. La carta fue dirigida al Ministro de Ecología de Misiones, al Presidente y miembros de la Cámara de Representantes de la provincia, a la Comisión de Medio Ambiente, a las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Forestal, y al Ministerio del Agro y la Producción. Este pedido de participación activa se basa, no sólo en el derecho ciudadano otorgado por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, sino en la convicción que la sustentabilidad del uso de los recursos naturales de todos los misioneros, requiere el involucramiento de todos los sectores y actores interesados.
Esta iniciativa surgió del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, que se realizó en Eldorado el pasado 16 de abril, convocada por la Fundación para el Desarrollo Humano y el Ambiente (Fudham), la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). La solicitud fue presentada por la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj); Asociación Forestal Argentina Regional Nea (Afoa Nea); Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); Fundación de Historia Natural Félix de Azara (FHNFA); Asociación Civil Aves Argentinas (ACAA); Centro Misionero de Educación Popular (CEMEP); Unión de la Familia Agrícola de Misiones (UnEFAM); Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Misiones (CeIBA); Conservación Argentina (CA); Grupo Ecologista Cuña Pirú; Además de los organizadores del taller. Entre los más de 60 participantes del taller –donde además de los adherentes a la solicitud cursada a la autoridad de aplicación, estuvieron presentes: referentes del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA); miembros del Pueblo Mbya; legisladores provinciales, docentes y alumnos— se decidió, en consenso, promover la presentación formal de esta solicitud ante las autoridades de aplicación para solicitar que se respete el derecho ciudadano a la participación en el proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones, y para una efectiva aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. La intención es formar parte activa del desarrollo del proyecto desde el inicio, y no sólo en una instancia consultiva final.
NOTA PRESENTADA AL MINISTRO DE ECOLOGÍA.
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: distintos sectores solicitan que se respete su derecho a participar del proceso
Representantes de sectores ambientales, sociales, productivos y de Pueblos Originarios presentaron una solicitud formal ante la autoridad de aplicación. La iniciativa surge del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, realizado en Eldorado.
Instituciones y organizaciones ambientalistas, sociales y productivas, y representantes de pueblos originarios de la provincia presentaron ayer una nota solicitando se respete su derecho a participar activamente en el proceso de elaboración del proyecto de Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones. La carta fue dirigida al Ministro de Ecología de Misiones, al Presidente y miembros de la Cámara de Representantes de la provincia, a la Comisión de Medio Ambiente, a las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Forestal, y al Ministerio del Agro y la Producción.
Este pedido de participación activa se basa, no sólo en el derecho ciudadano otorgado por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, sino en la convicción que la sustentabilidad del uso de los recursos naturales de todos los misioneros, requiere el involucramiento de todos los sectores y actores interesados.
Esta iniciativa surgió del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, que se realizó en Eldorado el pasado 16 de abril, convocada por la Fundación para el Desarrollo Humano y el Ambiente (Fudham), la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). La solicitud fue presentada por la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj); Asociación Forestal Argentina Regional Nea (Afoa Nea); Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); Fundación de Historia Natural Félix de Azara (FHNFA); Asociación Civil Aves Argentinas (ACAA); Centro Misionero de Educación Popular (CEMEP); Unión de la Familia Agrícola de Misiones (UnEFAM); Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Misiones (CeIBA); Conservación Argentina (CA); Grupo Ecologista Cuña Pirú; Además de los organizadores del taller.
Entre los más de 60 participantes del taller –donde además de los adherentes a la solicitud cursada a la autoridad de aplicación, estuvieron presentes: referentes del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA); miembros del Pueblo Mbya; legisladores provinciales, docentes y alumnos— se decidió, en consenso, promover la presentación formal de esta solicitud ante las autoridades de aplicación para solicitar que se respete el derecho ciudadano a la participación en el proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones, y para una efectiva aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. La intención es formar parte activa del desarrollo del proyecto desde el inicio, y no sólo en una instancia consultiva final.
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones
Distintos sectores solicitan que se respete su derecho a participar del proceso. Representantes de sectores ambientales, sociales, productivos y de Pueblos Originarios presentaron una solicitud formal ante la autoridad de aplicación.
La iniciativa surge del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, realizado en Eldorado. Instituciones y organizaciones ambientalistas, sociales y productivas, y representantes de pueblos originarios de la provincia presentaron ayer una nota solicitando se respete su derecho a participar activamente en el proceso de elaboración del proyecto de Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones. La carta fue dirigida al Ministro de Ecología de Misiones, al Presidente y miembros de la Cámara de Representantes de la provincia, a la Comisión de Medio Ambiente, a las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Forestal, y al Ministerio del Agro y la Producción. Este pedido de participación activa se basa, no sólo en el derecho ciudadano otorgado por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, sino en la convicción que la sustentabilidad del uso de los recursos naturales de todos los misioneros, requiere el involucramiento de todos los sectores y actores interesados.
Esta iniciativa surgió del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, que se realizó en Eldorado el pasado 16 de abril, convocada por la Fundación para el Desarrollo Humano y el Ambiente (Fudham), la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). La solicitud fue presentada por la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj); Asociación Forestal Argentina Regional Nea (Afoa Nea); Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); Fundación de Historia Natural Félix de Azara (FHNFA); Asociación Civil Aves Argentinas (ACAA); Centro Misionero de Educación Popular (CEMEP); Unión de la Familia Agrícola de Misiones (UnEFAM); Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Misiones (CeIBA); Conservación Argentina (CA); Grupo Ecologista Cuña Pirú; Además de los organizadores del taller. Entre los más de 60 participantes del taller –donde además de los adherentes a la solicitud cursada a la autoridad de aplicación, estuvieron presentes: referentes del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA); miembros del Pueblo Mbya; legisladores provinciales, docentes y alumnos— se decidió, en consenso, promover la presentación formal de esta solicitud ante las autoridades de aplicación para solicitar que se respete el derecho ciudadano a la participación en el proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones, y para una efectiva aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. La intención es formar parte activa del desarrollo del proyecto desde el inicio, y no sólo en una instancia consultiva final.
NOTA PRESENTADA AL MINISTRO DE ECOLOGÍA.
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: distintos sectores solicitan que se respete su derecho a participar del proceso
Representantes de sectores ambientales, sociales, productivos y de Pueblos Originarios presentaron una solicitud formal ante la autoridad de aplicación. La iniciativa surge del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, realizado en Eldorado.
Instituciones y organizaciones ambientalistas, sociales y productivas, y representantes de pueblos originarios de la provincia presentaron ayer una nota solicitando se respete su derecho a participar activamente en el proceso de elaboración del proyecto de Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones. La carta fue dirigida al Ministro de Ecología de Misiones, al Presidente y miembros de la Cámara de Representantes de la provincia, a la Comisión de Medio Ambiente, a las Subsecretarías de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Forestal, y al Ministerio del Agro y la Producción.
Este pedido de participación activa se basa, no sólo en el derecho ciudadano otorgado por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, sino en la convicción que la sustentabilidad del uso de los recursos naturales de todos los misioneros, requiere el involucramiento de todos los sectores y actores interesados.
Esta iniciativa surgió del Primer Seminario—Taller "Hacia la implementación efectiva de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, que se realizó en Eldorado el pasado 16 de abril, convocada por la Fundación para el Desarrollo Humano y el Ambiente (Fudham), la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). La solicitud fue presentada por la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj); Asociación Forestal Argentina Regional Nea (Afoa Nea); Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap); Fundación de Historia Natural Félix de Azara (FHNFA); Asociación Civil Aves Argentinas (ACAA); Centro Misionero de Educación Popular (CEMEP); Unión de la Familia Agrícola de Misiones (UnEFAM); Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico Misiones (CeIBA); Conservación Argentina (CA); Grupo Ecologista Cuña Pirú; Además de los organizadores del taller.
Entre los más de 60 participantes del taller –donde además de los adherentes a la solicitud cursada a la autoridad de aplicación, estuvieron presentes: referentes del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA); miembros del Pueblo Mbya; legisladores provinciales, docentes y alumnos— se decidió, en consenso, promover la presentación formal de esta solicitud ante las autoridades de aplicación para solicitar que se respete el derecho ciudadano a la participación en el proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Misiones, y para una efectiva aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. La intención es formar parte activa del desarrollo del proyecto desde el inicio, y no sólo en una instancia consultiva final.
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