INVAP pidió por el ingreso de residuos nucleares
13:48 | 
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INVAP pidió que no se considere inconstitucional el ingreso de residuos nucleares
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Representantes de INVAP y de la Cancillería defendieron hoy el ingreso al país de residuos nucleares traídos desde Australia. Fue durante una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una demanda contra el Estado por los alcances del contrato suscripto por la empresa de tecnología rionegrina.
En la audiencia, el Estado argentino y la empresa estatal Invap, que en julio de 2000 firmó un contrato con Australia, defendieron la legalidad del acuerdo, que prevé la entrada de los residuos, algo que para los demandantes es "inconstitucional". Aseguraron además que la importación de combustible usado "no es igual" al ingreso al país de residuos tóxicos, tal como denuncian las organizaciones ecologistas que iniciaron la causa.
En representación de la parte demandada expusieron Rafael Grossi, director General de Coordinación de Política de Cancillería; Elvira Maset, integrante de la Comisión Nacional de Energía Atónica y Gregorio Badeni, letrado de INVAP. Por la querella, Daniel Sabsay, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
De acuerdo con un comunicado difundido esta tarde, Grossi aclaró que el contrato firmado con Australia se "encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear. Argentina, junto con un reducido número de países, controla las tecnologías que hacen posible la existencia de esta industria".
La causa fue iniciada por un particular, Juan Schroder, quien interpuso un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula del contrato firmado por Invap con la Organización Australiana para la Ciencia y la Tecnología Nuclear que prevé la posibilidad de que entren al país los combustibles gastados de un reactor nuclear que le vendió la empresa argentina.
Ese reactor fue inaugurado en abril de 2007 y se encuentra operativo en Australia.
Tras una sentencia en primera instancia a favor del Estado y otra de un tribunal de apelación en contra, el caso está ahora en manos de la Corte Suprema, que debe evaluar si el contrato está reñido con un artículo de la Constitución argentina que prohíbe que se introduzcan al país residuos radiactivos.
El Centro de Información Judicial, que depende del máximo tribunal, informó de que en la audiencia de hoy el representante del Estado y director general de Coordinación Política de Cancillería, Rafael Grossi, aseguró que el contrato se "encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear".
En igual sentido, Elvira Maset, ingeniera de la Comisión Nacional de Energía Atómica, afirmó que el Estado cumple las normas internacionales para el tratamiento de este tipo de residuos.
El experto constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, dijo no oponerse a la actividad nuclear en Argentina, pero recordó que la Constitución "prohíbe el ingreso de residuos radiactivos".
Respecto a este punto, Gregorio Badeni, un también renombrado abogado constitucionalista que actuó en representación de Invap, consideró que no debe hacerse una interpretación literal de la Constitución argentina, sino que "se impone una interpretación dinámica y progresista".
Fecha de Publicación: 05/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Representantes de INVAP y de la Cancillería defendieron hoy el ingreso al país de residuos nucleares traídos desde Australia. Fue durante una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una demanda contra el Estado por los alcances del contrato suscripto por la empresa de tecnología rionegrina.
En la audiencia, el Estado argentino y la empresa estatal Invap, que en julio de 2000 firmó un contrato con Australia, defendieron la legalidad del acuerdo, que prevé la entrada de los residuos, algo que para los demandantes es "inconstitucional". Aseguraron además que la importación de combustible usado "no es igual" al ingreso al país de residuos tóxicos, tal como denuncian las organizaciones ecologistas que iniciaron la causa.
En representación de la parte demandada expusieron Rafael Grossi, director General de Coordinación de Política de Cancillería; Elvira Maset, integrante de la Comisión Nacional de Energía Atónica y Gregorio Badeni, letrado de INVAP. Por la querella, Daniel Sabsay, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
De acuerdo con un comunicado difundido esta tarde, Grossi aclaró que el contrato firmado con Australia se "encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear. Argentina, junto con un reducido número de países, controla las tecnologías que hacen posible la existencia de esta industria".
La causa fue iniciada por un particular, Juan Schroder, quien interpuso un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula del contrato firmado por Invap con la Organización Australiana para la Ciencia y la Tecnología Nuclear que prevé la posibilidad de que entren al país los combustibles gastados de un reactor nuclear que le vendió la empresa argentina.
Ese reactor fue inaugurado en abril de 2007 y se encuentra operativo en Australia.
Tras una sentencia en primera instancia a favor del Estado y otra de un tribunal de apelación en contra, el caso está ahora en manos de la Corte Suprema, que debe evaluar si el contrato está reñido con un artículo de la Constitución argentina que prohíbe que se introduzcan al país residuos radiactivos.
El Centro de Información Judicial, que depende del máximo tribunal, informó de que en la audiencia de hoy el representante del Estado y director general de Coordinación Política de Cancillería, Rafael Grossi, aseguró que el contrato se "encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear".
En igual sentido, Elvira Maset, ingeniera de la Comisión Nacional de Energía Atómica, afirmó que el Estado cumple las normas internacionales para el tratamiento de este tipo de residuos.
El experto constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, dijo no oponerse a la actividad nuclear en Argentina, pero recordó que la Constitución "prohíbe el ingreso de residuos radiactivos".
Respecto a este punto, Gregorio Badeni, un también renombrado abogado constitucionalista que actuó en representación de Invap, consideró que no debe hacerse una interpretación literal de la Constitución argentina, sino que "se impone una interpretación dinámica y progresista".
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