Santiago del Estero violó la Ley de Bosques
Santiago del Estero violó la moratoria de la Ley de Bosques al autorizar desmontes
Fecha de Publicación: 10/06/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santiago del Estero
Greenpeace denunció que el gobierno de Santiago del Estero sigue autorizando desmontes a pesar de la moratoria que establece la Ley de Bosques. A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.331 el resto de las provincias dejaron de emitir permisos de desmontes cumpliendo con la moratoria vigente desde el 28 de noviembre de 2007.
Greenpeace denunció que el gobierno de Santiago del Estero, donde se da la mayor desaparición de bosques nativos-821.293 hectáreas en el período 1998-2006-, no dejó de emitir permisos de desmonte a pesar de la moratoria establecida a partir de la sanción de la Ley de Bosques.
La directora de Recursos Forestales y Medio Ambiente, Viviana Lavaysse, incumpliendo la normativa nacional, autorizó el pasado 4 de febrero el desmonte de 244 hectáreas con fines ganaderos en la Finca Amasuyo, ubicada cerca del paraje Agua Amarga, en el departamento Pellegrini.
Esta semana las topadoras avanzaron sobre los bosques nativos a pesar de la resistencia de los campesinos que desde hace varias generaciones utilizan la finca como zona de pastoreo, incumpliendo con el artículo 35 de la Ley provincial 6.841 que prohíbe “la eliminación del bosque por medio de desmonte total o parcial cuando afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios o se lesionen derechos de poseedores conforme la ley de fondo.”
“A pesar de que las comunidades campesinas vienen desde hace años reclamando por la tierra, el agua y el monte, los desmontes y los desalojos en Santiago del Estero no se detienen”, señaló Nelly Veliz, vicepresidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
La autorización de este desmonte, según consta en la resolución 138 de la Dirección de Recursos Forestales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, se realizó luego de que los propietarios de la misma, Oscar Walter Morizzio y Luis Javier Montero Alesanco, cancelaran una multa de tan solo $ 2.500 por el desmonte sin autorización de 438 hectáreas.
“Esta situación es realmente grave. Mientras Santiago del Estero no realice un Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos con los criterios y la zonificación que establece la Ley nacional, no puede emitir nuevos permisos de desmontes; menos aún afectando a las comunidades campesinas que los habitan y sin realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre pasado, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte mientras que, en el transcurso de un año, desde la sanción de la misma, realizan un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.
El año pasado la legislatura provincial aprobó la Ley de Conservación y Uso Múltiple de las Áreas Forestales de la provincia de Santiago del Estero, realizando un Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la zonificación agroecológica que esta establece, no ha sido realizada bajo los criterios que plantea la recientemente sancionada Ley de Bosques, por lo que en el transcurso de este año la misma debe ser acomodada a la nueva normativa.
En ese sentido, la zonificación realizada no contempló el uso que las comunidades campesinas e indígenas realizan de los bosques nativos, por lo que, según lo establece la Ley nacional, deben realizar un relevamiento del uso que éstos realizan de los mismos.
“Dada la Emergencia Forestal en la que estamos, es de vital importancia detener completamente la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Para ello, las áreas de color verde en el Ordenamiento deberán ser cero”, afirmó Giardini.
Greenpeace pudo constatar que la moratoria a la autorización de nuevos desmontes se encuentra en vigencia en casi todas las provincias con altos niveles de deforestación.
En Salta, cuya superficie deforestada entre 1998 y 2006 alcanzó las 609.320 hectáreas y donde el año pasado el gobierno de Romero autorizó en forma especulativa desmontes por más de 400.000 hectáreas, no se están autorizando nuevos desmontes. La nueva gestión está revisando algunos de los últimos permisos, que presentan varias irregularidades y pueden afectar a comunidades indígenas y campesinas, y está realizando el Ordenamiento Territorial que establece la norma nacional.
En la provincia del Chaco, donde la superficie deforestada en el mismo período es de 245.465 hectáreas, la suspensión a los desmontes rige desde mediados de 2006, aunque aún hay muchos desmontes ilegales por la falta de controles efectivos. El nuevo gobierno prometió convocar a todos los sectores para avanzar en el Ordenamiento Territorial.
La suspensión a la entrega de permisos de desmontes está también en vigencia en otras provincias con importantes niveles de deforestación, como Córdoba, Misiones, Formosa, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe.
Fecha de Publicación: 10/06/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Santiago del Estero
Greenpeace denunció que el gobierno de Santiago del Estero sigue autorizando desmontes a pesar de la moratoria que establece la Ley de Bosques. A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.331 el resto de las provincias dejaron de emitir permisos de desmontes cumpliendo con la moratoria vigente desde el 28 de noviembre de 2007.
Greenpeace denunció que el gobierno de Santiago del Estero, donde se da la mayor desaparición de bosques nativos-821.293 hectáreas en el período 1998-2006-, no dejó de emitir permisos de desmonte a pesar de la moratoria establecida a partir de la sanción de la Ley de Bosques.
La directora de Recursos Forestales y Medio Ambiente, Viviana Lavaysse, incumpliendo la normativa nacional, autorizó el pasado 4 de febrero el desmonte de 244 hectáreas con fines ganaderos en la Finca Amasuyo, ubicada cerca del paraje Agua Amarga, en el departamento Pellegrini.
Esta semana las topadoras avanzaron sobre los bosques nativos a pesar de la resistencia de los campesinos que desde hace varias generaciones utilizan la finca como zona de pastoreo, incumpliendo con el artículo 35 de la Ley provincial 6.841 que prohíbe “la eliminación del bosque por medio de desmonte total o parcial cuando afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios o se lesionen derechos de poseedores conforme la ley de fondo.”
“A pesar de que las comunidades campesinas vienen desde hace años reclamando por la tierra, el agua y el monte, los desmontes y los desalojos en Santiago del Estero no se detienen”, señaló Nelly Veliz, vicepresidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
La autorización de este desmonte, según consta en la resolución 138 de la Dirección de Recursos Forestales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, se realizó luego de que los propietarios de la misma, Oscar Walter Morizzio y Luis Javier Montero Alesanco, cancelaran una multa de tan solo $ 2.500 por el desmonte sin autorización de 438 hectáreas.
“Esta situación es realmente grave. Mientras Santiago del Estero no realice un Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos con los criterios y la zonificación que establece la Ley nacional, no puede emitir nuevos permisos de desmontes; menos aún afectando a las comunidades campesinas que los habitan y sin realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28 de noviembre pasado, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte mientras que, en el transcurso de un año, desde la sanción de la misma, realizan un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.
El año pasado la legislatura provincial aprobó la Ley de Conservación y Uso Múltiple de las Áreas Forestales de la provincia de Santiago del Estero, realizando un Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la zonificación agroecológica que esta establece, no ha sido realizada bajo los criterios que plantea la recientemente sancionada Ley de Bosques, por lo que en el transcurso de este año la misma debe ser acomodada a la nueva normativa.
En ese sentido, la zonificación realizada no contempló el uso que las comunidades campesinas e indígenas realizan de los bosques nativos, por lo que, según lo establece la Ley nacional, deben realizar un relevamiento del uso que éstos realizan de los mismos.
“Dada la Emergencia Forestal en la que estamos, es de vital importancia detener completamente la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Para ello, las áreas de color verde en el Ordenamiento deberán ser cero”, afirmó Giardini.
Greenpeace pudo constatar que la moratoria a la autorización de nuevos desmontes se encuentra en vigencia en casi todas las provincias con altos niveles de deforestación.
En Salta, cuya superficie deforestada entre 1998 y 2006 alcanzó las 609.320 hectáreas y donde el año pasado el gobierno de Romero autorizó en forma especulativa desmontes por más de 400.000 hectáreas, no se están autorizando nuevos desmontes. La nueva gestión está revisando algunos de los últimos permisos, que presentan varias irregularidades y pueden afectar a comunidades indígenas y campesinas, y está realizando el Ordenamiento Territorial que establece la norma nacional.
En la provincia del Chaco, donde la superficie deforestada en el mismo período es de 245.465 hectáreas, la suspensión a los desmontes rige desde mediados de 2006, aunque aún hay muchos desmontes ilegales por la falta de controles efectivos. El nuevo gobierno prometió convocar a todos los sectores para avanzar en el Ordenamiento Territorial.
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