Prohibirán que se venda a Chile agua
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Prohibirán que se venda a Chile agua de la Puna salteña pero la reservan para minería en la provincia
Fecha de Publicación: 28/04/2008
Fuente: Diario El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, trasmitió el miércoles 23 a diputados que la "decisión política" del Gobierno es que "el agua de la Puna no se vende". Agregó que "consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna" soslayando los impactos de la actividad minera. De acuerdo con documentación del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia, la empresa Servicios Mineros se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua apenas 3 centavos de la moneda argentina y en el estudio de la empresa Inversiones El Alamo se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares. Diputada nacional presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 "aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros" en la II Región trasandina.
En tanto, hoy los senadores se reunirán, a las 10, con el ministro de Ambiente, Julio Nasser, con el secretario de Recursos Hídricos, y también con Loutaif para que expliquen que pasos dará el Ejecutivo.
El tema, resultado de la investigación de El Tribuno, fue abordado por Louatif ayer tras responder por casi dos horas a diputados de la comisión de Asuntos Agrarios, inquietudes referidas con la producción agrícola y ganadera de la provincia.
Loutaif trasmitió a los legisladores: "Quiero decirles que el gobernador Juan Manuel Urtubey, hoy (por ayer) en Cafayate y ayer (por el martes) en la Capital, dijo que siendo abogado y considerando que hay aspectos jurídicos que resolver, su decisión política y la del Gobierno es la de no vender agua de la Puna".
Explicó que este tema surgió "en octubre de 2000 con una iniciativa privada para estudio, exploración, en una primera etapa, explotación y comercialización de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, con destino al uso minero, agrícola y agroindutrial". Dijo que partió de la presentación hecha por Servicio Minero S.A, señaló que con el correr del tiempo hubo cambio de nombres de la firma y explicó que también hay dictámenes legales de todo tipo. "Por decreto se establece que la empresa Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional S.A, ha dado cumplimiento al programa de trabajo para exploración y evaluación hidrogeológica para alumbramiento de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, aprobado por Resolución 460, de abril del 2007", señaló.
Tras subrayar que "consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna", Loutaif, puntualizó que "no estamos de acuerdo que se venda y ya lo dijo con todas las letras el gobernador Urtubey". Finalmente, dijo que "los aspectos que hagan a cómo el Gobierno frena esto, será un tema técnico del ministerio de Ambiente y de una evaluación jurídica, ya sea de la UNIREM o de la Fiscalía de Estado".
El titular de Minería, Ricardo Salas, informó que no hay pedido de autorización dentro del protocolo minero de Argentina y Chile.
En tanto, los diputados reiteraron el rechazo al proyecto de exportar agua de Los Andes salteños para mineras radicadas en el norte chileno y consideraron que se debería suspender la exploración y en base a informes hidrogeológicos presentados, determinar el impacto de la explotación de los pozos en el sistema de agua de la Puna salteña.
La pagarían a 3 centavos y la venderían a US$ 1,5
De acuerdo con documentación que el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia elevó el martes pasado a la UNIREN, la empresa Servicios Mineros -hoy rebautizada como Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales- ofreció $200.000 para acceder al área de exploración que se suponía dirigida a mejorar las condiciones de desarrollo de la Puna salteña y no a extraer su más vital y escaso recurso para favorecer grandes negocios mineros en el norte de Chile.
Tras la cortina que montó el grupo BHP Billiton en 2000, se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua alumbrada en una extensa área de exploración de 2.550 kilómetros de cuadrados en Los Andes y la Poma, apenas 3 centavos de la moneda argentina.
Entre tanto, como lo reveló este medio, en el estudio de factibilidad que elaboró la empresa Inversiones El Alamo, en Santiago de Chile, en junio de 2000, se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares.
El estudio, según se desprende de la documentación reunida a través del trabajo periodístico, fue recogido en Santiago de Chile el 31 de agosto del 2.000 por un referente del estudio Arrizabalaga, Biscardi y Asociados y empujado en Salta -sin precisar los verdaderos fines de los estudios hidrogeológicos propuestos en la Puna salteña- a través de varias empresas que en el expediente girado a la UNIREN aparecen vinculadas tras el destino pretendidos para el agua de la Puna.
Las firmas en cuestión son: MIM Exploraciones Argentinas, Mines, Servicios Mineros, que luego pasó a ser denominada Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales y que en una posterior instancia fue rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales. Para mostrarlo con más claridad, en su razón social cambió la palabra "hidrogeológicos" por "hidrológicos".
En el expediente también se destaca la integración de una unión transitoria de empresas mediante la cual Servicios Mineros vinculó a su iniciativa privada a las firmas Sir William Halcrow & Partnert Limited -del Reino Unido- y SITAC SA. También interviene en otro momento del proceso una empresa denominada Glamis, posiblemente emparentada con la canadiense Glamis Gold, que está asociada con BHP Billiton y Río Tinto en la explotación de Bajo La Alumbrera (Catamarca).
"Nuestra agua no puede ser un botín empresario"
"La Puna no puede ser un botín empresario, que con el nombre proyectos y rentabilidad, se pueda saquear sin contemplación", sostuvo el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, tras remarcar que "con el problema del agua, hoy nuestra Puna es un asunto de Estado, que requiere la máxima atención de las autoridades, el máximo de transparencia y responsabilidad".
El jefe comunal afirmó que "se debe aplicar rigurosamente la Constitución y las leyes". En lo que respecta a su responsabilidad, Villanueva aseguró que "el Municipio está atento a la defensa de los intereses de su comunidad y no va a permitir que un mal proyecto perjudique por igual a Tolar Grande, a la Puna, a la actividad minera y a la Provincia de Salta".
En tal sentido anticipó que esa intendencia ya está evaluado acciones legales contra las empresas que "efectuaron las perforaciones, sin ningún tipo de habilitación municipal, por los daños que se verifiquen como consecuencia de sus trabajos".
"Es un mal proyecto que perjudica a todos por igual: a Tolar Grande, la Puna, la minería y la Provincia", Sergio Villanueva.
Piden informes a la Cancillería y Minería por el agua de la Puna
Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que "sería un disparate" exportar el agua para mineras.
La diputada nacional Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, presentó ayer un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 "aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros" en la II Región trasandina.
"Sería un verdadero disparate que se haya avalado este proyecto, que generaría grandes impactos ambientales, sociales y económicos y afectaría los consumos potables de agua. Todos sabemos de la escasez y la importancia de este recurso", explicó la integrante de la Comisión de Minería de la Cámara baja.
"El gobierno nacional continúa con la entrega de los recursos naturales, iniciada en la década del 90. Es una política que estamos sufriendo a lo largo y ancho de todo el país y que está agotando nuestras reservas. Sin embargo, prima el interés económico por sobre el del ambiente y la población", expresó la legisladora que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la coalición que preside Elisa Carrió.
Reyes recogió en su iniciativa los detalles centrales de la investigación periodística que comenzó a publicar El Tribuno el pasado martes 15 y que reveló la existencia de un oculto plan para exportar hasta 6 metros cúbicos de agua por segundo desde los Andes salteños para cubrir los procesamientos mineros de La Escondida y de otros megayacimientos cupríferos que explotan grupos multinacionales en el Norte chileno.
Mina La Escondida de BHP Billiton agotó las reservas hídrica y viene por el agua del otro lado de la cordillera
Un estudio de factibilidad introducido al país desde Santiago de Chile el 31 de agosto de 2000 prueba que el proyecto denunciado en Salta fue empujado por BHP Billiton -la compañía angloaustraliana que opera La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- y otros grupos empresarios asociados tras el oculto plan de exportación de agua hacia el desierto de Atacama. Allí, Minera Escondida prácticamente agotó las reservas hídricas no renovables del Salar de Punta Negra y Monturaqui, a 25 kilómetros al Oeste de Socompa.
Por esta razón, BHP Billiton impulsó diferentes proyectos para abastecerse de 1.000 litros de agua por segundo, a bajo costo y sin tener que invertir en plantas desalinizadoras de agua de mar para sostener e incrementar su producción de cobre. Su primer intento fracasó en Potosí (Bolivia) y su segundo proyecto -Pampa Colorada- fue rechazado por los organismos competentes de Chile en Antofagasta.
Hoy, luego de que el Gobierno salteño afirmará que "no se permitirá la exportación de agua", el vicepresidente corporativo de BHP Billiton, Mauro Valdés, salió a afirmar por contados medios de prensa que La Escondida "nunca estuvo, ni está interesada, en el agua de la Puna".Valdés es el mismo ejecutivo que el año pasado, poco antes de que el proyecto Pampa Colorada fuera rechazado por unanimidad en Antofagasta, sostuvo que la extracción de agua pretendida por BHP Billiton en Socaire, Peine, Toconao y San Pedro de Atacama sería "sostenible por 20 años".
Por eso, y sin perder de vista que Minera Escondida tiene una certificación ambiental ISO 14001 en juego, a nadie debiera sorprender el tardío y calculado intento de desvinculación de BHP Billiton en el negociado de 5.700 millones de dólares que secaría, muy probablemente en menos de 20 años, los acuíferos dulces y salinos de Socompa, Llullaillaco, Río Grande, Caipe y otros parajes de la Puna salteña.
Fecha de Publicación: 28/04/2008
Fuente: Diario El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El ministro de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, trasmitió el miércoles 23 a diputados que la "decisión política" del Gobierno es que "el agua de la Puna no se vende". Agregó que "consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna" soslayando los impactos de la actividad minera. De acuerdo con documentación del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia, la empresa Servicios Mineros se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua apenas 3 centavos de la moneda argentina y en el estudio de la empresa Inversiones El Alamo se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares. Diputada nacional presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 "aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros" en la II Región trasandina.
En tanto, hoy los senadores se reunirán, a las 10, con el ministro de Ambiente, Julio Nasser, con el secretario de Recursos Hídricos, y también con Loutaif para que expliquen que pasos dará el Ejecutivo.
El tema, resultado de la investigación de El Tribuno, fue abordado por Louatif ayer tras responder por casi dos horas a diputados de la comisión de Asuntos Agrarios, inquietudes referidas con la producción agrícola y ganadera de la provincia.
Loutaif trasmitió a los legisladores: "Quiero decirles que el gobernador Juan Manuel Urtubey, hoy (por ayer) en Cafayate y ayer (por el martes) en la Capital, dijo que siendo abogado y considerando que hay aspectos jurídicos que resolver, su decisión política y la del Gobierno es la de no vender agua de la Puna".
Explicó que este tema surgió "en octubre de 2000 con una iniciativa privada para estudio, exploración, en una primera etapa, explotación y comercialización de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, con destino al uso minero, agrícola y agroindutrial". Dijo que partió de la presentación hecha por Servicio Minero S.A, señaló que con el correr del tiempo hubo cambio de nombres de la firma y explicó que también hay dictámenes legales de todo tipo. "Por decreto se establece que la empresa Servicios Hidrológicos y Mineros Internacional S.A, ha dado cumplimiento al programa de trabajo para exploración y evaluación hidrogeológica para alumbramiento de agua subterránea en los departamentos Los Andes y La Poma, aprobado por Resolución 460, de abril del 2007", señaló.
Tras subrayar que "consideramos que el agua es para consumo humano, desarrollo productivo y desarrollo minero de nuestra Puna", Loutaif, puntualizó que "no estamos de acuerdo que se venda y ya lo dijo con todas las letras el gobernador Urtubey". Finalmente, dijo que "los aspectos que hagan a cómo el Gobierno frena esto, será un tema técnico del ministerio de Ambiente y de una evaluación jurídica, ya sea de la UNIREM o de la Fiscalía de Estado".
El titular de Minería, Ricardo Salas, informó que no hay pedido de autorización dentro del protocolo minero de Argentina y Chile.
En tanto, los diputados reiteraron el rechazo al proyecto de exportar agua de Los Andes salteños para mineras radicadas en el norte chileno y consideraron que se debería suspender la exploración y en base a informes hidrogeológicos presentados, determinar el impacto de la explotación de los pozos en el sistema de agua de la Puna salteña.
La pagarían a 3 centavos y la venderían a US$ 1,5
De acuerdo con documentación que el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia elevó el martes pasado a la UNIREN, la empresa Servicios Mineros -hoy rebautizada como Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales- ofreció $200.000 para acceder al área de exploración que se suponía dirigida a mejorar las condiciones de desarrollo de la Puna salteña y no a extraer su más vital y escaso recurso para favorecer grandes negocios mineros en el norte de Chile.
Tras la cortina que montó el grupo BHP Billiton en 2000, se apuntó a pagar por cada metro cúbico de agua alumbrada en una extensa área de exploración de 2.550 kilómetros de cuadrados en Los Andes y la Poma, apenas 3 centavos de la moneda argentina.
Entre tanto, como lo reveló este medio, en el estudio de factibilidad que elaboró la empresa Inversiones El Alamo, en Santiago de Chile, en junio de 2000, se previó vender cada metro cúbico del agua trasvasada a Atacama desde acuíferos salteños, a 1,5 dólares.
El estudio, según se desprende de la documentación reunida a través del trabajo periodístico, fue recogido en Santiago de Chile el 31 de agosto del 2.000 por un referente del estudio Arrizabalaga, Biscardi y Asociados y empujado en Salta -sin precisar los verdaderos fines de los estudios hidrogeológicos propuestos en la Puna salteña- a través de varias empresas que en el expediente girado a la UNIREN aparecen vinculadas tras el destino pretendidos para el agua de la Puna.
Las firmas en cuestión son: MIM Exploraciones Argentinas, Mines, Servicios Mineros, que luego pasó a ser denominada Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales y que en una posterior instancia fue rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales. Para mostrarlo con más claridad, en su razón social cambió la palabra "hidrogeológicos" por "hidrológicos".
En el expediente también se destaca la integración de una unión transitoria de empresas mediante la cual Servicios Mineros vinculó a su iniciativa privada a las firmas Sir William Halcrow & Partnert Limited -del Reino Unido- y SITAC SA. También interviene en otro momento del proceso una empresa denominada Glamis, posiblemente emparentada con la canadiense Glamis Gold, que está asociada con BHP Billiton y Río Tinto en la explotación de Bajo La Alumbrera (Catamarca).
"Nuestra agua no puede ser un botín empresario"
"La Puna no puede ser un botín empresario, que con el nombre proyectos y rentabilidad, se pueda saquear sin contemplación", sostuvo el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, tras remarcar que "con el problema del agua, hoy nuestra Puna es un asunto de Estado, que requiere la máxima atención de las autoridades, el máximo de transparencia y responsabilidad".
El jefe comunal afirmó que "se debe aplicar rigurosamente la Constitución y las leyes". En lo que respecta a su responsabilidad, Villanueva aseguró que "el Municipio está atento a la defensa de los intereses de su comunidad y no va a permitir que un mal proyecto perjudique por igual a Tolar Grande, a la Puna, a la actividad minera y a la Provincia de Salta".
En tal sentido anticipó que esa intendencia ya está evaluado acciones legales contra las empresas que "efectuaron las perforaciones, sin ningún tipo de habilitación municipal, por los daños que se verifiquen como consecuencia de sus trabajos".
"Es un mal proyecto que perjudica a todos por igual: a Tolar Grande, la Puna, la minería y la Provincia", Sergio Villanueva.
Piden informes a la Cancillería y Minería por el agua de la Puna
Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que "sería un disparate" exportar el agua para mineras.
La diputada nacional Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, presentó ayer un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Minería de la Nación para que aclaren si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera firmado con Chile en 1997 "aprobó, aconsejó o autorizó la exportación de agua de la Puna Salteña para abastecer a emprendimientos mineros" en la II Región trasandina.
"Sería un verdadero disparate que se haya avalado este proyecto, que generaría grandes impactos ambientales, sociales y económicos y afectaría los consumos potables de agua. Todos sabemos de la escasez y la importancia de este recurso", explicó la integrante de la Comisión de Minería de la Cámara baja.
"El gobierno nacional continúa con la entrega de los recursos naturales, iniciada en la década del 90. Es una política que estamos sufriendo a lo largo y ancho de todo el país y que está agotando nuestras reservas. Sin embargo, prima el interés económico por sobre el del ambiente y la población", expresó la legisladora que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la coalición que preside Elisa Carrió.
Reyes recogió en su iniciativa los detalles centrales de la investigación periodística que comenzó a publicar El Tribuno el pasado martes 15 y que reveló la existencia de un oculto plan para exportar hasta 6 metros cúbicos de agua por segundo desde los Andes salteños para cubrir los procesamientos mineros de La Escondida y de otros megayacimientos cupríferos que explotan grupos multinacionales en el Norte chileno.
Mina La Escondida de BHP Billiton agotó las reservas hídrica y viene por el agua del otro lado de la cordillera
Un estudio de factibilidad introducido al país desde Santiago de Chile el 31 de agosto de 2000 prueba que el proyecto denunciado en Salta fue empujado por BHP Billiton -la compañía angloaustraliana que opera La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- y otros grupos empresarios asociados tras el oculto plan de exportación de agua hacia el desierto de Atacama. Allí, Minera Escondida prácticamente agotó las reservas hídricas no renovables del Salar de Punta Negra y Monturaqui, a 25 kilómetros al Oeste de Socompa.
Por esta razón, BHP Billiton impulsó diferentes proyectos para abastecerse de 1.000 litros de agua por segundo, a bajo costo y sin tener que invertir en plantas desalinizadoras de agua de mar para sostener e incrementar su producción de cobre. Su primer intento fracasó en Potosí (Bolivia) y su segundo proyecto -Pampa Colorada- fue rechazado por los organismos competentes de Chile en Antofagasta.
Hoy, luego de que el Gobierno salteño afirmará que "no se permitirá la exportación de agua", el vicepresidente corporativo de BHP Billiton, Mauro Valdés, salió a afirmar por contados medios de prensa que La Escondida "nunca estuvo, ni está interesada, en el agua de la Puna".Valdés es el mismo ejecutivo que el año pasado, poco antes de que el proyecto Pampa Colorada fuera rechazado por unanimidad en Antofagasta, sostuvo que la extracción de agua pretendida por BHP Billiton en Socaire, Peine, Toconao y San Pedro de Atacama sería "sostenible por 20 años".
Por eso, y sin perder de vista que Minera Escondida tiene una certificación ambiental ISO 14001 en juego, a nadie debiera sorprender el tardío y calculado intento de desvinculación de BHP Billiton en el negociado de 5.700 millones de dólares que secaría, muy probablemente en menos de 20 años, los acuíferos dulces y salinos de Socompa, Llullaillaco, Río Grande, Caipe y otros parajes de la Puna salteña.
Otros 25 años para la Central Nuclear
Otros 25 años para la Central Nuclear
Fecha de Publicación: 27/04/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Embalse. La Central Nuclear de Embalse está cumpliendo 25 años de su puesta en marcha. Hoy genera el siete por ciento del total de la energía que consume el país, pero en tres años se acabará su vida útil. A principios de 2011 la usina, con su reactor ya envejecido, deberá parar. Sin embargo, esa parada será de “sólo” un año y medio, porque ya está en marcha el proceso por el cual, mediante una inversión de unos 700 millones de dólares, se le extenderá por otros 25 años su vida útil.
Hace un año, autoridades de Nucleoeléctrica SA, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, anunciaban a este diario que la decisión del Gobierno nacional para “reciclar” la usina atómica enclavada en Calamuchita estaba tomada. Argumentaban que construir una nueva costaría unos 1.600 millones de dólares y que el país no podía perder los 600 megavatios de energía que esta central viene generando.
Ahora, ese proceso está en plena marcha. Ya se observan en la planta de Embalse obras ligadas a esa readecuación y se iniciaron los trámites de compra de los equipos que la harán posible. En 2012 debería inaugurarse la “nueva” Central, sobre la estructura de la “vieja”. Visualmente, desde el exterior, no tendría mayores cambios.
De qué se trata. Ricardo Sainz es el actual gerente de la Central Nuclear y además jefe del proyecto de extensión de vida útil. En su despacho, recibió a La Voz del Interior para detallar en qué etapa de ese proceso se encuentran y que implicará.
–Si la Nuclear cumple 25 años, ¿la tecnología que utiliza no está obsoleta?
–No, no es vieja tecnológicamente a pesar de los 25 años, que en realidad son más aún, porque llevó cinco años hacerla. La tecnología sigue siendo válida y usada en el mundo. Por supuesto que se van sumando con los años mejoras en materiales y en la calidad de producción. Pero esta tecnología puede seguir operando sin problemas. Lo que hay que hacer, y se hace, es revisar los componentes que se deben ir cambiando. Hay centrales de este tipo más antiguas que ésta que funcionan en el mundo.
–¿Y hay experiencias de extensión de vida? ¿O es Embalse la primera en ensayarlas?
–Algunas están en proceso de reacondicionamiento ahora. Hay una en Canadá, que lo inició antes que nosotros, y ahora larga una en Corea y otra más en Canadá, hablando de las que utilizan la misma tecnología que la nuestra (la denominada tipo Candu, de diseño canadiense). En Estados Unidos y otros países se ha iniciado también el reacondicionamiento de otros tipos de reactores.
–Dicen que casi no hay experiencias de desmantelamiento de centrales nucleares, pero tampoco hay de extensiones de vida útil ya concretadas...
–Es cierto, aunque hay varias en ese proceso. Pero el costo de desmantelarla es muy alto también y no hay experiencias con centrales grandes, sino sólo de pequeñas y más antiguas, que eran más bien de investigación y no de generación. Para desmantelar hay que hacer descontaminación de material contaminado, guardar el desecho en forma muy adecuada y realizar muchas obras de alto costo. Es más bien un gasto, mientras que la extensión de la vida útil supone una inversión porque se recupera con la energía que se seguirá generando.
Qué se hará.
–El proceso de “reciclado” ya está en marcha. ¿En qué se nota?
–Todo comenzó hace dos años con los estudios de factibilidad y de envejecimiento de los sistemas. Se estudió parte por parte qué se requiere cambiar para que siga operando adecuadamente por otro período. Ahora se iniciaron algunos recambios de componentes y obras de ampliación de un edificio porque habrá más gente trabajando en la planta. Y se armó un equipo que trabaja en el proyecto de extensión y que se capacita con esa finalidad.
–¿Qué diferencia de tecnología habrá entre la nueva y la vieja?
–De tecnología, ninguna. Sí habrá recambios y modificaciones para mejorar condiciones de materiales y seguridad en los componentes. Se cambiarán muchas cosas y las nuevas ya tendrán seguramente materiales más resistentes y confiables, por ejemplo. Y se cambiarán muchos elementos de instrumentación y de control.
–¿La vida útil se termina por el desgaste del material crítico, sobre todo en el reactor nuclear?
–Exactamente. El diseño determina una vida útil, según sus materiales y componentes, en los que se analizan minuciosamente hasta cuándo pueden funcionar, qué se debe cambiar antes y qué después.
–¿Principios de 2011 es la fecha inamovible para salir de servicio?
–Enero de 2011 fue estimado como fecha hace dos años. Pero en 2010 se definirá con más certeza y puede ser unos meses antes o después, pero no mucho más. Hay componentes clave que son los que definen la fecha. El momento en que deje de funcionar no depende de un decreto, sino de los sistemas mismos.
–¿No esperará el Gobierno a que entre en vigencia la nueva central de Atucha II para sacar de servicio la de Embalse?
–No. Que esté previsto que en esa fecha es una feliz coincidencia. Todo eso está especificado. Cuando llega a su límite, ese material no puede seguir, y punto.
Se inició en 1974, se inauguró en 1983
La obra para construir la Central Nuclear de Embalse fue iniciada en mayo de 1974. En 1983 –hace 25 años– fue inaugurada, aunque tiene varias fechas para elegir como símbolo del primer día. En 1983, el 13 de marzo arrancó por primera vez el reactor (“primera criticidad”); el 25 de abril tuvo la primera sincronización a la red de energía; el 3 de mayo autoridades nacionales hicieron una especie de “corte de cintas” oficial. Mientras el 20 de enero de 1984, con la usina ya en marcha, se da como fecha de inicio de su “operación comercial”.
El problema de qué hacer con los residuos nucleares
¿Qué hace la Central Nuclear de Embalse con los residuos que genera y que conservan radiactividad por miles de años? ¿Qué hará con ellos funcionando otros 25 años? Se trata de un asunto no definitivamente resuelto por las centrales nucleares en todo el mundo.
El gerente de la central embalseña, Ricardo Sainz, explicó a este diario que cada varios años se van sumando silos especiales de almacenamiento, en un sector especial del mismo predio. Ahora está por iniciarse la construcción de 32 silos más, que se sumarán a los casi 150 existentes. Con 25 años más de generación, la usina requerirá más espacio para almacenar ese combustible residual usado.
“No tiene otro destino por ahora; en el futuro habrá que ver. En algunas pocas centrales se recicla. La mayoría lo almacena bajo condiciones de extrema seguridad”, acotó Sainz. Luego apuntó que en el futuro podría dejar de ser considerado un residuo: “En realidad este combustible que ya ha sido quemado genera otro de mayor poder. Cuando se logre diseñar otro tipo de reactor, que están en plena investigación, se podrá reciclar y reprocesar este material para volver a generar energía con él. Es un tema relevante para desarrollar para el futuro. Pero por esa cuestión estratégica también se guarda: tiene un valor potencial muy importante”.
–Al retirar el núcleo del viejo reactor, ¿no hay riesgo de contaminación?
–No. Porque se lo vacía, se le saca el agua. que va a recintos especialmente diseñados, y el combustible termina en los silos de almacenamiento. Luego se extraen las partes, cortadas en pedazos por robótica, y se ponen en un contenedor blindado, sin contacto jamás con el exterior. Ese contenedor termina en un silo de hormigón con cobertura de acero interior, similar a los del combustible usado. Todo queda en el predio de la Central, porque cada uno se guarda lo suyo.
Hoy, 500 empleados
La Central Nuclear de Embalse cuenta con unos 500 empleados. De ellos, 50 son recientes incorporaciones, en el marco del proyecto de extensión de su vida útil.
Directivos de la usina prevén que hacia 2011 la planta de personal llegaría a unas 650 personas. Pero durante el año y medio de parada para las obras de recambio centrales, mediante empresas contratistas, puede que sean muchos los puestos de empleo, aunque en ese caso temporarios.
Los 500 empleados actuales corresponden a una amplia región. Casi la mitad de ellos vive en Río Tercero, muchos otros habitan Embalse y Almafuerte. También hay quienes a diario viajan desde La Cruz, Villa del Dique, Santa Rosa y Villa General Belgrano.
¿Por qué se instaló en este lugar hace 40 años?
El proyecto de extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse se decidió sin que generara mayores gestos de oposición. Casi que la única voz que se hizo pública, cuando dos años atrás se empezó a plantear esta posibilidad, fue la del grupo ambientalista cordobés Funam, que cuestionó la generación de energía nuclear e insistió en los riesgos que representa esta usina atómica en esta ubicación. Esa entidad planteó que el Gobierno de Córdoba debiera haberse opuesto y sugirió que sea la población, sobre todo regional, la que se consulte al respecto.
En el valle de Calamuchita no aparecieron objeciones marcadas. En general, desde varias localidades turísticas cercanas se planteó que parece incompatible una central nuclear en una zona que tiene al turismo como principal actividad. Sin embargo, la cuestión es que la usina ya está y que un desmantelamiento generaría desde esa perspectiva tantas inquietudes como la prolongación de su actividad. Esa discusión –parecen admitir unos y otros– debió haberse dado hace 35 años atrás, cuando el Gobierno nacional decidió instalarla en este lugar. Hasta entre los directivos de la central nuclear se admite que si hoy se decidiera construir una, no sería este lugar el elegido. Pero recuerdan a la vez que fue el Gobierno de Córdoba de entonces el que pidió a la Nación ubicar una usina atómica en su territorio. Es más: recuerdan un proyecto de hace casi 40 años en que la Epec sugería instalar una sobre el lago Los Molinos.
¿Los residuos de la usina podrán ser reutilizados algún día?
¿Qué hace la Central Nuclear de Embalse con los residuos que genera y que conservan radiactividad por miles de años?, ¿qué hará con ellos funcionando otros 25 años? Se trata de un asunto no definitivamente resuelto por las centrales nucleares en todo el mundo.
El gerente de la central embalseña, Ricardo Sainz, explicó a este diario que cada varios años se van sumando silos especiales de almacenamiento, en un sector especial del mismo predio. Ahora está por iniciarse la construcción de 32 silos más, que se sumarán a los casi 150 existentes. Con 25 años más de generación, la usina requerirá más espacio para almacenar ese combustible residual usado.
“No tiene otro destino por ahora; en el futuro habrá que ver. En algunas pocas centrales se recicla. La mayoría lo almacena bajo condiciones de extrema seguridad”, acotó Sainz. Luego apuntó que en el futuro podría dejar de ser considerado un residuo: “En realidad este combustible que ya ha sido quemado genera otro de mayor poder. Cuando se logre diseñar otro tipo de reactor, que están en plena investigación, se podrá reciclar y reprocesar este material para volver a generar energía con él. Es una tema relevante para desarrollar para el futuro. Pero por esa cuestión estratégica también se guarda: tiene un valor potencial muy importante”.
–Al retirar el núcleo del viejo reactor, ¿no hay riesgo de contaminación?
–No. Porque se lo vacía, se le saca el agua que va a recintos especialmente diseñados y el combustible que termina en los silos de almacenamiento como el que se fue sacando antes. Luego se extraen las partes, cortadas en pedazos por robótica, y se ponen en un contenedor blindado, sin contacto jamás con el exterior. Ese contenedor termina en un silo de hormigón con cobertura de acero interior, similar a los del combustible usado. Todo queda en el predio de la central, porque cada uno se guarda lo suyo. Si a la central se la desmantelara, ahí sí habría que llevar todo eso a algún otro sitio, hoy inexistente en el país.
Fecha de Publicación: 27/04/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Embalse. La Central Nuclear de Embalse está cumpliendo 25 años de su puesta en marcha. Hoy genera el siete por ciento del total de la energía que consume el país, pero en tres años se acabará su vida útil. A principios de 2011 la usina, con su reactor ya envejecido, deberá parar. Sin embargo, esa parada será de “sólo” un año y medio, porque ya está en marcha el proceso por el cual, mediante una inversión de unos 700 millones de dólares, se le extenderá por otros 25 años su vida útil.
Hace un año, autoridades de Nucleoeléctrica SA, la empresa estatal que administra las centrales nucleares, anunciaban a este diario que la decisión del Gobierno nacional para “reciclar” la usina atómica enclavada en Calamuchita estaba tomada. Argumentaban que construir una nueva costaría unos 1.600 millones de dólares y que el país no podía perder los 600 megavatios de energía que esta central viene generando.
Ahora, ese proceso está en plena marcha. Ya se observan en la planta de Embalse obras ligadas a esa readecuación y se iniciaron los trámites de compra de los equipos que la harán posible. En 2012 debería inaugurarse la “nueva” Central, sobre la estructura de la “vieja”. Visualmente, desde el exterior, no tendría mayores cambios.
De qué se trata. Ricardo Sainz es el actual gerente de la Central Nuclear y además jefe del proyecto de extensión de vida útil. En su despacho, recibió a La Voz del Interior para detallar en qué etapa de ese proceso se encuentran y que implicará.
–Si la Nuclear cumple 25 años, ¿la tecnología que utiliza no está obsoleta?
–No, no es vieja tecnológicamente a pesar de los 25 años, que en realidad son más aún, porque llevó cinco años hacerla. La tecnología sigue siendo válida y usada en el mundo. Por supuesto que se van sumando con los años mejoras en materiales y en la calidad de producción. Pero esta tecnología puede seguir operando sin problemas. Lo que hay que hacer, y se hace, es revisar los componentes que se deben ir cambiando. Hay centrales de este tipo más antiguas que ésta que funcionan en el mundo.
–¿Y hay experiencias de extensión de vida? ¿O es Embalse la primera en ensayarlas?
–Algunas están en proceso de reacondicionamiento ahora. Hay una en Canadá, que lo inició antes que nosotros, y ahora larga una en Corea y otra más en Canadá, hablando de las que utilizan la misma tecnología que la nuestra (la denominada tipo Candu, de diseño canadiense). En Estados Unidos y otros países se ha iniciado también el reacondicionamiento de otros tipos de reactores.
–Dicen que casi no hay experiencias de desmantelamiento de centrales nucleares, pero tampoco hay de extensiones de vida útil ya concretadas...
–Es cierto, aunque hay varias en ese proceso. Pero el costo de desmantelarla es muy alto también y no hay experiencias con centrales grandes, sino sólo de pequeñas y más antiguas, que eran más bien de investigación y no de generación. Para desmantelar hay que hacer descontaminación de material contaminado, guardar el desecho en forma muy adecuada y realizar muchas obras de alto costo. Es más bien un gasto, mientras que la extensión de la vida útil supone una inversión porque se recupera con la energía que se seguirá generando.
Qué se hará.
–El proceso de “reciclado” ya está en marcha. ¿En qué se nota?
–Todo comenzó hace dos años con los estudios de factibilidad y de envejecimiento de los sistemas. Se estudió parte por parte qué se requiere cambiar para que siga operando adecuadamente por otro período. Ahora se iniciaron algunos recambios de componentes y obras de ampliación de un edificio porque habrá más gente trabajando en la planta. Y se armó un equipo que trabaja en el proyecto de extensión y que se capacita con esa finalidad.
–¿Qué diferencia de tecnología habrá entre la nueva y la vieja?
–De tecnología, ninguna. Sí habrá recambios y modificaciones para mejorar condiciones de materiales y seguridad en los componentes. Se cambiarán muchas cosas y las nuevas ya tendrán seguramente materiales más resistentes y confiables, por ejemplo. Y se cambiarán muchos elementos de instrumentación y de control.
–¿La vida útil se termina por el desgaste del material crítico, sobre todo en el reactor nuclear?
–Exactamente. El diseño determina una vida útil, según sus materiales y componentes, en los que se analizan minuciosamente hasta cuándo pueden funcionar, qué se debe cambiar antes y qué después.
–¿Principios de 2011 es la fecha inamovible para salir de servicio?
–Enero de 2011 fue estimado como fecha hace dos años. Pero en 2010 se definirá con más certeza y puede ser unos meses antes o después, pero no mucho más. Hay componentes clave que son los que definen la fecha. El momento en que deje de funcionar no depende de un decreto, sino de los sistemas mismos.
–¿No esperará el Gobierno a que entre en vigencia la nueva central de Atucha II para sacar de servicio la de Embalse?
–No. Que esté previsto que en esa fecha es una feliz coincidencia. Todo eso está especificado. Cuando llega a su límite, ese material no puede seguir, y punto.
Se inició en 1974, se inauguró en 1983
La obra para construir la Central Nuclear de Embalse fue iniciada en mayo de 1974. En 1983 –hace 25 años– fue inaugurada, aunque tiene varias fechas para elegir como símbolo del primer día. En 1983, el 13 de marzo arrancó por primera vez el reactor (“primera criticidad”); el 25 de abril tuvo la primera sincronización a la red de energía; el 3 de mayo autoridades nacionales hicieron una especie de “corte de cintas” oficial. Mientras el 20 de enero de 1984, con la usina ya en marcha, se da como fecha de inicio de su “operación comercial”.
El problema de qué hacer con los residuos nucleares
¿Qué hace la Central Nuclear de Embalse con los residuos que genera y que conservan radiactividad por miles de años? ¿Qué hará con ellos funcionando otros 25 años? Se trata de un asunto no definitivamente resuelto por las centrales nucleares en todo el mundo.
El gerente de la central embalseña, Ricardo Sainz, explicó a este diario que cada varios años se van sumando silos especiales de almacenamiento, en un sector especial del mismo predio. Ahora está por iniciarse la construcción de 32 silos más, que se sumarán a los casi 150 existentes. Con 25 años más de generación, la usina requerirá más espacio para almacenar ese combustible residual usado.
“No tiene otro destino por ahora; en el futuro habrá que ver. En algunas pocas centrales se recicla. La mayoría lo almacena bajo condiciones de extrema seguridad”, acotó Sainz. Luego apuntó que en el futuro podría dejar de ser considerado un residuo: “En realidad este combustible que ya ha sido quemado genera otro de mayor poder. Cuando se logre diseñar otro tipo de reactor, que están en plena investigación, se podrá reciclar y reprocesar este material para volver a generar energía con él. Es un tema relevante para desarrollar para el futuro. Pero por esa cuestión estratégica también se guarda: tiene un valor potencial muy importante”.
–Al retirar el núcleo del viejo reactor, ¿no hay riesgo de contaminación?
–No. Porque se lo vacía, se le saca el agua. que va a recintos especialmente diseñados, y el combustible termina en los silos de almacenamiento. Luego se extraen las partes, cortadas en pedazos por robótica, y se ponen en un contenedor blindado, sin contacto jamás con el exterior. Ese contenedor termina en un silo de hormigón con cobertura de acero interior, similar a los del combustible usado. Todo queda en el predio de la Central, porque cada uno se guarda lo suyo.
Hoy, 500 empleados
La Central Nuclear de Embalse cuenta con unos 500 empleados. De ellos, 50 son recientes incorporaciones, en el marco del proyecto de extensión de su vida útil.
Directivos de la usina prevén que hacia 2011 la planta de personal llegaría a unas 650 personas. Pero durante el año y medio de parada para las obras de recambio centrales, mediante empresas contratistas, puede que sean muchos los puestos de empleo, aunque en ese caso temporarios.
Los 500 empleados actuales corresponden a una amplia región. Casi la mitad de ellos vive en Río Tercero, muchos otros habitan Embalse y Almafuerte. También hay quienes a diario viajan desde La Cruz, Villa del Dique, Santa Rosa y Villa General Belgrano.
¿Por qué se instaló en este lugar hace 40 años?
El proyecto de extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse se decidió sin que generara mayores gestos de oposición. Casi que la única voz que se hizo pública, cuando dos años atrás se empezó a plantear esta posibilidad, fue la del grupo ambientalista cordobés Funam, que cuestionó la generación de energía nuclear e insistió en los riesgos que representa esta usina atómica en esta ubicación. Esa entidad planteó que el Gobierno de Córdoba debiera haberse opuesto y sugirió que sea la población, sobre todo regional, la que se consulte al respecto.
En el valle de Calamuchita no aparecieron objeciones marcadas. En general, desde varias localidades turísticas cercanas se planteó que parece incompatible una central nuclear en una zona que tiene al turismo como principal actividad. Sin embargo, la cuestión es que la usina ya está y que un desmantelamiento generaría desde esa perspectiva tantas inquietudes como la prolongación de su actividad. Esa discusión –parecen admitir unos y otros– debió haberse dado hace 35 años atrás, cuando el Gobierno nacional decidió instalarla en este lugar. Hasta entre los directivos de la central nuclear se admite que si hoy se decidiera construir una, no sería este lugar el elegido. Pero recuerdan a la vez que fue el Gobierno de Córdoba de entonces el que pidió a la Nación ubicar una usina atómica en su territorio. Es más: recuerdan un proyecto de hace casi 40 años en que la Epec sugería instalar una sobre el lago Los Molinos.
¿Los residuos de la usina podrán ser reutilizados algún día?
¿Qué hace la Central Nuclear de Embalse con los residuos que genera y que conservan radiactividad por miles de años?, ¿qué hará con ellos funcionando otros 25 años? Se trata de un asunto no definitivamente resuelto por las centrales nucleares en todo el mundo.
El gerente de la central embalseña, Ricardo Sainz, explicó a este diario que cada varios años se van sumando silos especiales de almacenamiento, en un sector especial del mismo predio. Ahora está por iniciarse la construcción de 32 silos más, que se sumarán a los casi 150 existentes. Con 25 años más de generación, la usina requerirá más espacio para almacenar ese combustible residual usado.
“No tiene otro destino por ahora; en el futuro habrá que ver. En algunas pocas centrales se recicla. La mayoría lo almacena bajo condiciones de extrema seguridad”, acotó Sainz. Luego apuntó que en el futuro podría dejar de ser considerado un residuo: “En realidad este combustible que ya ha sido quemado genera otro de mayor poder. Cuando se logre diseñar otro tipo de reactor, que están en plena investigación, se podrá reciclar y reprocesar este material para volver a generar energía con él. Es una tema relevante para desarrollar para el futuro. Pero por esa cuestión estratégica también se guarda: tiene un valor potencial muy importante”.
–Al retirar el núcleo del viejo reactor, ¿no hay riesgo de contaminación?
–No. Porque se lo vacía, se le saca el agua que va a recintos especialmente diseñados y el combustible que termina en los silos de almacenamiento como el que se fue sacando antes. Luego se extraen las partes, cortadas en pedazos por robótica, y se ponen en un contenedor blindado, sin contacto jamás con el exterior. Ese contenedor termina en un silo de hormigón con cobertura de acero interior, similar a los del combustible usado. Todo queda en el predio de la central, porque cada uno se guarda lo suyo. Si a la central se la desmantelara, ahí sí habría que llevar todo eso a algún otro sitio, hoy inexistente en el país.
Nuevas protestas contra Botnia
Nuevas protestas en Argentina en contra de la papelera Botnia
Fecha de Publicación: 27/04/2008
Fuente: Terra Actualidad - EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de argentinos renovaron hoy su reclamo contra la papelera de la finlandesa Botnia situada en Uruguay durante una multitudinaria marcha, pese a la lluvia y el humo en la región, que dificultaron la convocatoria de otros años.
Bajo intensas precipitaciones, numerosos ambientalistas pidieron el cierre de la planta de celulosa durante la cuarta 'Marcha por la Vida' al puente San Martín, que conecta la ciudad argentina de Gualeguaychú y la uruguaya Fray Bentos, donde se encuentra la factoría.
Así, numerosos ambientalistas y activistas de diferentes puntos del país marcharon por la carretera 136 hasta el paso que cruza el río Uruguay para protestar una vez más contra la papelera, a la que consideran de riesgo para el medio ambiente.
Según la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, organizadora de la marcha, participaron unas 80 mil personas, mientras que la Gendarmería argentina disminuyó la cifra a unos 12 mil.
Numerosos activistas procedentes de Buenos Aires no pudieron participar debido a que la carretera por la que iban fue cerrada a raíz de la densa humareda que desde hace más de dos semanas afecta a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
'Además, las autoridades aduaneras uruguayas pusieron muchas trabas para que asambleístas de ese país que apoyan nuestro reclamo pudieran cruzar el puente hacia Argentina y unirse a la movilización', advirtieron portavoces de la organización.
'De todas maneras, vino gente de todos lados, de muchas asambleas de todo el país que, además de tener otros reclamos, se unen a nuestra causa. Hubo un buen clima de manifestación. La gente exhibió su convicción de que Botnia se va a ir', sostuvo a Efe Jorge Fritzler, miembro de la Asamblea de Gualeguaychú.
Así, los carteles de 'Fuera Botnia' se volvieron a entremezclar con las banderas argentinas y uruguayas que flamearon sobre el puente durante la marcha, que finalizó con la lectura de una proclama en repudio de la planta de celulosa, ubicada a la vera del río Uruguay.
En el escrito, los manifestantes cuestionaron al Gobierno de Uruguay por respaldar la instalación de la papelera y reclamaron a la administración argentina la implementación de un código aduanero que permita controlar los productos que se importan desde Argentina para ser utilizados en la planta.
También pidieron la sanción de una ley que regule el destino de la producción de madera para impedir la exportación de este recurso a fábricas que produzcan papel.
'Les ratificamos a los gobiernos de Finlandia y Uruguay que no vamos a dejar de protestar porque nosotros queremos otro estilo de vida diferente al que nos quieren imponer', aseguró a Efe Raúl Almeida, miembro de la Asamblea de Gualeguaychú, que desde el 20 de noviembre de 2006 mantiene bloqueado el paso a Uruguay en rechazo a la papelera, que comenzó a funcionar a finales del año pasado.
A tono, asambleístas de las ciudades argentinas de Colón y Concordia, también ubicadas en la provincia de Entre Ríos, realizan cortes temporales en sus respectivos pasos al país vecino.
En forma paralela a la marcha, también se llevó a cabo una caravana náutica sobre el río Uruguay, de la que participaron 12 lanchas que formaron la leyenda 'Fuera Botnia' con grandes letras que apoyaron sobre las aguas.
La mayor parte de los participantes de la marcha partieron hoy de Gualeguaychú, donde unos 50 ómnibus y una caravana de varios kilómetros de vehículos se complementaron para trasladar a los activistas hasta unos metros antes del puente, desde donde se ve la planta.
Luego de que religiosos de distintos credos pronunciaran una oración ecuménica, numerosas familias, ancianos y niños iniciaron la marcha en rechazo a la papelera, cuya instalación generó un litigio entre los Gobiernos de Argentina y Uruguay que se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los manifestantes optaron por entonar los himnos de Argentina y Uruguay mientras marchaban, en vez de hacerlo sobre el puente como lo tenían previsto, a raíz de la fuerte lluvia.
La marcha contó con un dispositivo de seguridad montado por la Gendarmería, aunque no se registró ningún inconveniente, indicaron fuentes de la organización.
'Nosotros marchamos en paz por la vida, para que Botnia no siga contaminando', resumió Almeida.
Fecha de Publicación: 27/04/2008
Fuente: Terra Actualidad - EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Miles de argentinos renovaron hoy su reclamo contra la papelera de la finlandesa Botnia situada en Uruguay durante una multitudinaria marcha, pese a la lluvia y el humo en la región, que dificultaron la convocatoria de otros años.
Bajo intensas precipitaciones, numerosos ambientalistas pidieron el cierre de la planta de celulosa durante la cuarta 'Marcha por la Vida' al puente San Martín, que conecta la ciudad argentina de Gualeguaychú y la uruguaya Fray Bentos, donde se encuentra la factoría.
Así, numerosos ambientalistas y activistas de diferentes puntos del país marcharon por la carretera 136 hasta el paso que cruza el río Uruguay para protestar una vez más contra la papelera, a la que consideran de riesgo para el medio ambiente.
Según la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, organizadora de la marcha, participaron unas 80 mil personas, mientras que la Gendarmería argentina disminuyó la cifra a unos 12 mil.
Numerosos activistas procedentes de Buenos Aires no pudieron participar debido a que la carretera por la que iban fue cerrada a raíz de la densa humareda que desde hace más de dos semanas afecta a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
'Además, las autoridades aduaneras uruguayas pusieron muchas trabas para que asambleístas de ese país que apoyan nuestro reclamo pudieran cruzar el puente hacia Argentina y unirse a la movilización', advirtieron portavoces de la organización.
'De todas maneras, vino gente de todos lados, de muchas asambleas de todo el país que, además de tener otros reclamos, se unen a nuestra causa. Hubo un buen clima de manifestación. La gente exhibió su convicción de que Botnia se va a ir', sostuvo a Efe Jorge Fritzler, miembro de la Asamblea de Gualeguaychú.
Así, los carteles de 'Fuera Botnia' se volvieron a entremezclar con las banderas argentinas y uruguayas que flamearon sobre el puente durante la marcha, que finalizó con la lectura de una proclama en repudio de la planta de celulosa, ubicada a la vera del río Uruguay.
En el escrito, los manifestantes cuestionaron al Gobierno de Uruguay por respaldar la instalación de la papelera y reclamaron a la administración argentina la implementación de un código aduanero que permita controlar los productos que se importan desde Argentina para ser utilizados en la planta.
También pidieron la sanción de una ley que regule el destino de la producción de madera para impedir la exportación de este recurso a fábricas que produzcan papel.
'Les ratificamos a los gobiernos de Finlandia y Uruguay que no vamos a dejar de protestar porque nosotros queremos otro estilo de vida diferente al que nos quieren imponer', aseguró a Efe Raúl Almeida, miembro de la Asamblea de Gualeguaychú, que desde el 20 de noviembre de 2006 mantiene bloqueado el paso a Uruguay en rechazo a la papelera, que comenzó a funcionar a finales del año pasado.
A tono, asambleístas de las ciudades argentinas de Colón y Concordia, también ubicadas en la provincia de Entre Ríos, realizan cortes temporales en sus respectivos pasos al país vecino.
En forma paralela a la marcha, también se llevó a cabo una caravana náutica sobre el río Uruguay, de la que participaron 12 lanchas que formaron la leyenda 'Fuera Botnia' con grandes letras que apoyaron sobre las aguas.
La mayor parte de los participantes de la marcha partieron hoy de Gualeguaychú, donde unos 50 ómnibus y una caravana de varios kilómetros de vehículos se complementaron para trasladar a los activistas hasta unos metros antes del puente, desde donde se ve la planta.
Luego de que religiosos de distintos credos pronunciaran una oración ecuménica, numerosas familias, ancianos y niños iniciaron la marcha en rechazo a la papelera, cuya instalación generó un litigio entre los Gobiernos de Argentina y Uruguay que se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los manifestantes optaron por entonar los himnos de Argentina y Uruguay mientras marchaban, en vez de hacerlo sobre el puente como lo tenían previsto, a raíz de la fuerte lluvia.
La marcha contó con un dispositivo de seguridad montado por la Gendarmería, aunque no se registró ningún inconveniente, indicaron fuentes de la organización.
'Nosotros marchamos en paz por la vida, para que Botnia no siga contaminando', resumió Almeida.
Polémica entre vitivinicultura y minería
Polémica entre vitivinicultura y minería por uso de ácido sulfúrico
Fecha de Publicación: 26/04/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Afirmaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear aseguran que el vino insume más de un 80 por ciento de lo que se produce y que el uranio sólo un 3 por ciento. Dura reacción del sector del vino.
Todo comenzó con la actualidad del yacimiento de Sierra Pintada y terminó en el uso del ácido sulfúrico como el núcleo de una polémica con la vitivinicultura. A partir de la inconveniencia de usar dicho compuesto para extraer uranio, de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y su autoridad regulatoria se difundieron datos que colocan a la actividad como la menos demandante del mercado (3%), y, como contrapartida, le atribuye más del 80% del consumo a la industria del vino.
Tales declaraciones encendieron la mecha, y la respuesta desde el sector vitivinícola no se hizo esperar. Así, el INV las retrucó a través de una nota enviada a la titular de la Comisión, Norma Boero.
El planteo formal se sustenta a las disposiciones de la Ley de Vinos (n° 14.878), que en su artículo 20 inciso a) prohíbe “...el agregado de materias colorantes y ácidos minerales y edulcorantes no provenientes de la uva, materias conservadoras y en general sustancias no autorizadas específicamente”. En otro párrafo, la misiva firmada por el presidente del Instituto, Juan Carlos Jaliff, solicita remitir “con carácter de preferente despacho” el detalle del señalado estudio.
Si bien la nota está fechada el 17 de abril, hasta ayer voceros del ente nuclear aseguraban no haberla recepcionado aún. Entre tanto, los representantes locales de la industria del vino bramaban en contra de las afirmaciones.
“Llama la atención la ligereza con que se hacen este tipo de aseveraciones ya que las mismas, al margen del sentido con el cual se efectúan, le causan mucho daño a la vitivinicultura, con el agravante de ser informaciones incorrectas”, consigna un comunicado de Bodegas de Argentina suscripto por su gerente, Juan Carlos Pina.
Desde el sector destacan el papel de la fiscalización sobre la vitivinicultura, para impedir o accionar sobre cualquier manejo irregular. “El vitivinícola es el único sector agroindustrial del país que tiene un organismo específico de control, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, motivo por el cual las tareas de fiscalización son muy estrictas”, enfatizaron. Igualmente, los memoriosos recuerdan que en otras épocas, antes de la sanción de la Ley de Vinos, utilizar ácido sulfúrico era una práctica habitual. Perseguía el objetivo de extraer el máximo de colorante de los hollejos de uvas criollas y rosadas.
El gerente de Producción de Materias Primas de la CNEA, Alberto Castillo, resaltó que “para fabricar el ácido tartárico también se usa sulfúrico”. Antes de relativizar los riesgos de la aplicación del ácido en referencia a que sus residuos “finalmente se eliminan”. Castillo, enólogo de profesión, confirmó que “hay datos que indican que si Sierra Pintada funcionara a full, consumiría sólo el 3% de lo que se produce en el país”. En el medio de la discusión, Los Andes intentó reiteradamente conocer la respuesta oficial del organismo que controla la energía nuclear del país. Hasta última hora de ayer, desde el entorno de Boero se negaron a hacer declaraciones sobre el tema.
No obstante, todas las miradas apuntan a Hugo Plaza, el máximo responsable de fiscalizar las minas de uranio del país. Fue Plaza, junto al titular de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Raúl Racana, quien dio a conocer los datos de la polémica en una visita reciente a Mendoza, durante la cual se reunió con la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura para analizar aspectos de la ley 7722, que prohíbe la minería a cielo abierto.
Pese a que en un principio se señaló a la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas como la fuente del controvertido informe, tanto esta entidad como el Instituto Petroquímico Argentino negaron tener información específica.
Fecha de Publicación: 26/04/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Afirmaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear aseguran que el vino insume más de un 80 por ciento de lo que se produce y que el uranio sólo un 3 por ciento. Dura reacción del sector del vino.
Todo comenzó con la actualidad del yacimiento de Sierra Pintada y terminó en el uso del ácido sulfúrico como el núcleo de una polémica con la vitivinicultura. A partir de la inconveniencia de usar dicho compuesto para extraer uranio, de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y su autoridad regulatoria se difundieron datos que colocan a la actividad como la menos demandante del mercado (3%), y, como contrapartida, le atribuye más del 80% del consumo a la industria del vino.
Tales declaraciones encendieron la mecha, y la respuesta desde el sector vitivinícola no se hizo esperar. Así, el INV las retrucó a través de una nota enviada a la titular de la Comisión, Norma Boero.
El planteo formal se sustenta a las disposiciones de la Ley de Vinos (n° 14.878), que en su artículo 20 inciso a) prohíbe “...el agregado de materias colorantes y ácidos minerales y edulcorantes no provenientes de la uva, materias conservadoras y en general sustancias no autorizadas específicamente”. En otro párrafo, la misiva firmada por el presidente del Instituto, Juan Carlos Jaliff, solicita remitir “con carácter de preferente despacho” el detalle del señalado estudio.
Si bien la nota está fechada el 17 de abril, hasta ayer voceros del ente nuclear aseguraban no haberla recepcionado aún. Entre tanto, los representantes locales de la industria del vino bramaban en contra de las afirmaciones.
“Llama la atención la ligereza con que se hacen este tipo de aseveraciones ya que las mismas, al margen del sentido con el cual se efectúan, le causan mucho daño a la vitivinicultura, con el agravante de ser informaciones incorrectas”, consigna un comunicado de Bodegas de Argentina suscripto por su gerente, Juan Carlos Pina.
Desde el sector destacan el papel de la fiscalización sobre la vitivinicultura, para impedir o accionar sobre cualquier manejo irregular. “El vitivinícola es el único sector agroindustrial del país que tiene un organismo específico de control, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, motivo por el cual las tareas de fiscalización son muy estrictas”, enfatizaron. Igualmente, los memoriosos recuerdan que en otras épocas, antes de la sanción de la Ley de Vinos, utilizar ácido sulfúrico era una práctica habitual. Perseguía el objetivo de extraer el máximo de colorante de los hollejos de uvas criollas y rosadas.
El gerente de Producción de Materias Primas de la CNEA, Alberto Castillo, resaltó que “para fabricar el ácido tartárico también se usa sulfúrico”. Antes de relativizar los riesgos de la aplicación del ácido en referencia a que sus residuos “finalmente se eliminan”. Castillo, enólogo de profesión, confirmó que “hay datos que indican que si Sierra Pintada funcionara a full, consumiría sólo el 3% de lo que se produce en el país”. En el medio de la discusión, Los Andes intentó reiteradamente conocer la respuesta oficial del organismo que controla la energía nuclear del país. Hasta última hora de ayer, desde el entorno de Boero se negaron a hacer declaraciones sobre el tema.
No obstante, todas las miradas apuntan a Hugo Plaza, el máximo responsable de fiscalizar las minas de uranio del país. Fue Plaza, junto al titular de la Autoridad Regulatoria Nuclear, Raúl Racana, quien dio a conocer los datos de la polémica en una visita reciente a Mendoza, durante la cual se reunió con la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura para analizar aspectos de la ley 7722, que prohíbe la minería a cielo abierto.
Pese a que en un principio se señaló a la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas como la fuente del controvertido informe, tanto esta entidad como el Instituto Petroquímico Argentino negaron tener información específica.
Frenar la pérdida de los últimos bosques
Greenpeace: es imprescindible frenar la pérdida de los últimos bosques nativos
Fecha de Publicación: 25/04/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional - Chaco
Greenpeace presentó en Resistencia, Chaco, un informe sobre la situación de los recursos forestales a nivel global y Argentina. “El diagnóstico actual no deja dudas de la necesidad de frenar la destrucción de los bosques nativos”.
La organización ambientalista presentó esta mañana el informe “Emergencia Forestal. Debemos frenar la destrucción de los últimos bosques nativos”, que demuestra que la pérdida de bosques en Argentina crece cada vez más por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria.
El documento refleja la opinión de la organización ambientalista en relación a los procesos de ordenamiento territorial previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos de protección Ambiental de los Bosques Nativos.
“La deforestación constituye una de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, y genera un deterioro irreversible para muchos ecosistemas, con graves efectos para gran parte de la población mundial”, señaló María Eugenia Testa, miembro de la Unidad Política de Greenpeace Argentina.
El informe indica que la región de Parque Chaqueño, que integra la segunda área boscosa del continente después de la Amazonia, el Gran Chaco Americano, y que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Este de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de La Rioja es la región forestal que está siendo más destruida. Ahí se produce el 70 por ciento de la deforestación anual de todo el país y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus bosques.
“El aumento de la producción de soja incrementó la presión para deforestar en el Parque Chaqueño, para expandir la frontera agrícola” dijo Testa y agregó que “esta destrucción del hábitat, además, pone en peligro de extinción a unas 25 especies de mamíferos”.
La organización señaló también que es imprescindible el estricto cumplimiento de la moratoria a los desmontes mientras se realizan los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y que los mismos sean aprobados por las legislaturas provinciales. Alentó a que los procesos del ordenamiento se realicen de manera participativa, e involucren a los sectores académicos, productivos, sociales, ambientales, y a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan.
Greenpeace indicó que, dada la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina, es de vital importancia detener completamente la destrucción de nuestros bosques nativos. La organización ecologista adelantó así que su propuesta para la zonificación que deberá resultar de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos es que no impliquen nuevos desmontes. “Las áreas de color verde, según lo define la ley, deberán ser cero”, explicó Eugenia Testa.
En el día de ayer miembros de la organización ambientalista se entrevistaron con el gobernador, Jorge Capitanich, en la casa de gobierno provincial. En el encuentro, Juan Carlos Villalonga, Director político de Greenpeace manifestó el interés de la organización en el seguimiento del proceso de ordenamiento territorial de la provincia y expresó su preocupación por el avance de la frontera agropecuaria en el parque chaqueño.
“Chaco, Salta y Santiago del Estero son las provincias con mayor superficie de bosques nativos del país, por eso es muy importante un ordenamiento territorial que priorice la conservación y el manejo sustentable del bosque por sobre el cambio del uso del suelo”, sostuvo Villalonga.
El informe se encuentra disponible aquí y entre sus puntos más salientes se destacan:
- Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos, y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
- Alrededor de 1.600 millones de personas en todo el mundo dependen de los recursos forestales para su subsistencia.
- Mientras que hace unos diez mil años la mitad de la superficie terrestre mundial estaba cubierta por bosques nativos, en la actualidad éstos sólo representan alrededor del 30% del planeta, menos de 4.000 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 9% se encuentran protegidas.
- La deforestación a nivel mundial sigue aumentando a una tasa alarmante: desparecen aproximadamente 13 millones de hectáreas al año, un área similar al tamaño de la provincia argentina de Santiago del Estero.
- La desertificación constituye uno de los procesos mundiales más alarmantes de degradación ambiental, ya que hace que disminuya la productividad biológica y económica de las tierras y tiene efectos negativos en ríos, lagos, acuíferos e infraestructuras. Actualmente afecta a más de 1.000 millones de personas, con consecuencias potencialmente devastadoras para sus medios de subsistencia.
- A nivel global, la deforestación resulta un aporte significativo al cambio climático, ya que es responsable de cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que representa una proporción mayor a la causada por las emisiones de todo el sector mundial de transportes.
- Actualmente nuestro país cuenta con una superficie de 31.443.873 hectáreas de bosque nativo, lo que representa tan sólo el 30% de las masas forestales originales. La tasa de deforestación en Argentina es cinco veces mayor que la mundial. Se desmontan aproximadamente 280.000 hectáreas por año, una hectárea cada dos minutos.
- El Parque Chaqueño es la región forestal que está siendo más destruida: allí se produce cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus bosques.
- La situación actual de la Selva Misionera es realmente crítica: sólo queda un 7% de su superficie original. Mientras que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida, la mayor parte se encuentra en nuestro país: sólo alcanza cerca de 1.453.381 hectáreas.
- Más del 90% de la superficie original de la región pedemontana de la Selva de Yungas desapareció al ser transformada en extensos cultivos de caña de azúcar entre las décadas del 30 y el 50 y, actualmente, en plantaciones de soja. La situación de las Yungas en Argentina es alarmante: actualmente sólo contamos con aproximadamente 3.732.985 hectáreas.
- La situación de la región del Espinal es realmente preocupante: sólo contamos con aproximadamente 2.656.747 hectáreas.
- Las zonas áridas de la región del Monte tienen una muy alta degradación del ecosistema. Las principales causas de su destrucción son la tala, el sobrepastoreo y los incendios, que provocan casi desiertos.
Fecha de Publicación: 25/04/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional - Chaco
Greenpeace presentó en Resistencia, Chaco, un informe sobre la situación de los recursos forestales a nivel global y Argentina. “El diagnóstico actual no deja dudas de la necesidad de frenar la destrucción de los bosques nativos”.
La organización ambientalista presentó esta mañana el informe “Emergencia Forestal. Debemos frenar la destrucción de los últimos bosques nativos”, que demuestra que la pérdida de bosques en Argentina crece cada vez más por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria.
El documento refleja la opinión de la organización ambientalista en relación a los procesos de ordenamiento territorial previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos de protección Ambiental de los Bosques Nativos.
“La deforestación constituye una de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, y genera un deterioro irreversible para muchos ecosistemas, con graves efectos para gran parte de la población mundial”, señaló María Eugenia Testa, miembro de la Unidad Política de Greenpeace Argentina.
El informe indica que la región de Parque Chaqueño, que integra la segunda área boscosa del continente después de la Amazonia, el Gran Chaco Americano, y que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Este de Salta, de Jujuy, de Tucumán y de La Rioja es la región forestal que está siendo más destruida. Ahí se produce el 70 por ciento de la deforestación anual de todo el país y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus bosques.
“El aumento de la producción de soja incrementó la presión para deforestar en el Parque Chaqueño, para expandir la frontera agrícola” dijo Testa y agregó que “esta destrucción del hábitat, además, pone en peligro de extinción a unas 25 especies de mamíferos”.
La organización señaló también que es imprescindible el estricto cumplimiento de la moratoria a los desmontes mientras se realizan los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y que los mismos sean aprobados por las legislaturas provinciales. Alentó a que los procesos del ordenamiento se realicen de manera participativa, e involucren a los sectores académicos, productivos, sociales, ambientales, y a las comunidades campesinas e indígenas que los habitan.
Greenpeace indicó que, dada la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina, es de vital importancia detener completamente la destrucción de nuestros bosques nativos. La organización ecologista adelantó así que su propuesta para la zonificación que deberá resultar de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos es que no impliquen nuevos desmontes. “Las áreas de color verde, según lo define la ley, deberán ser cero”, explicó Eugenia Testa.
En el día de ayer miembros de la organización ambientalista se entrevistaron con el gobernador, Jorge Capitanich, en la casa de gobierno provincial. En el encuentro, Juan Carlos Villalonga, Director político de Greenpeace manifestó el interés de la organización en el seguimiento del proceso de ordenamiento territorial de la provincia y expresó su preocupación por el avance de la frontera agropecuaria en el parque chaqueño.
“Chaco, Salta y Santiago del Estero son las provincias con mayor superficie de bosques nativos del país, por eso es muy importante un ordenamiento territorial que priorice la conservación y el manejo sustentable del bosque por sobre el cambio del uso del suelo”, sostuvo Villalonga.
El informe se encuentra disponible aquí y entre sus puntos más salientes se destacan:
- Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos, y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
- Alrededor de 1.600 millones de personas en todo el mundo dependen de los recursos forestales para su subsistencia.
- Mientras que hace unos diez mil años la mitad de la superficie terrestre mundial estaba cubierta por bosques nativos, en la actualidad éstos sólo representan alrededor del 30% del planeta, menos de 4.000 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 9% se encuentran protegidas.
- La deforestación a nivel mundial sigue aumentando a una tasa alarmante: desparecen aproximadamente 13 millones de hectáreas al año, un área similar al tamaño de la provincia argentina de Santiago del Estero.
- La desertificación constituye uno de los procesos mundiales más alarmantes de degradación ambiental, ya que hace que disminuya la productividad biológica y económica de las tierras y tiene efectos negativos en ríos, lagos, acuíferos e infraestructuras. Actualmente afecta a más de 1.000 millones de personas, con consecuencias potencialmente devastadoras para sus medios de subsistencia.
- A nivel global, la deforestación resulta un aporte significativo al cambio climático, ya que es responsable de cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que representa una proporción mayor a la causada por las emisiones de todo el sector mundial de transportes.
- Actualmente nuestro país cuenta con una superficie de 31.443.873 hectáreas de bosque nativo, lo que representa tan sólo el 30% de las masas forestales originales. La tasa de deforestación en Argentina es cinco veces mayor que la mundial. Se desmontan aproximadamente 280.000 hectáreas por año, una hectárea cada dos minutos.
- El Parque Chaqueño es la región forestal que está siendo más destruida: allí se produce cerca del 70% de la deforestación anual de todo el país, y su región semiárida se encuentra al borde de la pérdida total de sus bosques.
- La situación actual de la Selva Misionera es realmente crítica: sólo queda un 7% de su superficie original. Mientras que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida, la mayor parte se encuentra en nuestro país: sólo alcanza cerca de 1.453.381 hectáreas.
- Más del 90% de la superficie original de la región pedemontana de la Selva de Yungas desapareció al ser transformada en extensos cultivos de caña de azúcar entre las décadas del 30 y el 50 y, actualmente, en plantaciones de soja. La situación de las Yungas en Argentina es alarmante: actualmente sólo contamos con aproximadamente 3.732.985 hectáreas.
- La situación de la región del Espinal es realmente preocupante: sólo contamos con aproximadamente 2.656.747 hectáreas.
- Las zonas áridas de la región del Monte tienen una muy alta degradación del ecosistema. Las principales causas de su destrucción son la tala, el sobrepastoreo y los incendios, que provocan casi desiertos.
Convocan desde Gualeguaychú
Desde Gualeguaychú convocan para el domingo a la marcha
Fecha de Publicación: 24/04/2008
Fuente: DYN
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizará este domingo la cuarta marcha al puente internacional General San Martín, en el marco de la larga lucha contra la empresa finlandesa Botnia que funciona en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos.
La marcha será anunciada en Buenos Aires este jueves a las 18 en Santa Fe al 800, frente a la Embajada de Finlandia, donde luego se estrenará la película "¿Es la economía Idiota? ¿O Cómplice?", del director argentino Emilio Cartoy Díaz.
Se trata del documental "Historia de dos orillas 2da.parte", que reconstruye el proceso de producción de papel y los cuestionamientos que realizan los ambientalistas.
La movilización
Los organizadores estiman que decenas de miles de personas marcharán el próximo domingo hacia el puente internacional General San Martín, en lo que será la cuarta marcha organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
Han prometido su presencia organizaciones no gubernamentales de distintas partes del país, asociaciones civiles y diversas entidades que trabajan por el bien común.
La primera marcha al puente internacional General San Martín que une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y la uruguaya de Fray Bentos, se realizó el domingo 30 de abril de 2005, con una concurrencia estimada en treinta mil personas, cifra que se superó año a año.
Ahora, trescientas personas trabajan en la organización del evento.
Existe un fuerte apoyo de asambleas y agrupaciones de Capital Federal y de otros lugares del país.
Desde el corsódromo de Gualeguaychú, partirán unos 50 micros a partir de las 10 de la mañana.
La unidad sanitaria móvil estará bajo la coordinación del Director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, quien contará con no menos de siete ambulancias para la atención de los manifestantes.
El acto sobre el puente comenzará a las 13 con una oración ecuménica, media hora más tarde se iniciará la movilización hasta la mitad del puente, donde se leerá una proclama
Durante la movilización, se leerá un informe con las acciones desarrolladas durante el último año.
Así lo anunció el asambleísta Raúl Subías, quien dijo que ·todo lo que le pasó a la asamblea desde abril del año pasado hasta hoy, será guionado y leído durante la marcha".
Entre otras cosas, se hará mención a la incorporación de la Asamblea a la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), y la constitución de la Asamblea Regional.
"A lo largo del guión vamos a ir denunciando otros problemas ambientales que tienen nuestros compañeros de la UAC y de compañeros uruguayos, además de Botnia", explicó Subías.
El domingo próximo también se movilizarán embarcaciones por el río Uruguay hacia el puente internacional.
Así lo informó el asambleísta Raúl Almeida, quien dijo que "vamos a estar acompañando la marcha al costado del puente".
Asimismo, manifestó que se espera que el humo de la quema de los pastizales no siga afectando las rutas, ya que se espera mucha gente para esta marcha.
Fecha de Publicación: 24/04/2008
Fuente: DYN
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizará este domingo la cuarta marcha al puente internacional General San Martín, en el marco de la larga lucha contra la empresa finlandesa Botnia que funciona en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos.
La marcha será anunciada en Buenos Aires este jueves a las 18 en Santa Fe al 800, frente a la Embajada de Finlandia, donde luego se estrenará la película "¿Es la economía Idiota? ¿O Cómplice?", del director argentino Emilio Cartoy Díaz.
Se trata del documental "Historia de dos orillas 2da.parte", que reconstruye el proceso de producción de papel y los cuestionamientos que realizan los ambientalistas.
La movilización
Los organizadores estiman que decenas de miles de personas marcharán el próximo domingo hacia el puente internacional General San Martín, en lo que será la cuarta marcha organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
Han prometido su presencia organizaciones no gubernamentales de distintas partes del país, asociaciones civiles y diversas entidades que trabajan por el bien común.
La primera marcha al puente internacional General San Martín que une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y la uruguaya de Fray Bentos, se realizó el domingo 30 de abril de 2005, con una concurrencia estimada en treinta mil personas, cifra que se superó año a año.
Ahora, trescientas personas trabajan en la organización del evento.
Existe un fuerte apoyo de asambleas y agrupaciones de Capital Federal y de otros lugares del país.
Desde el corsódromo de Gualeguaychú, partirán unos 50 micros a partir de las 10 de la mañana.
La unidad sanitaria móvil estará bajo la coordinación del Director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, quien contará con no menos de siete ambulancias para la atención de los manifestantes.
El acto sobre el puente comenzará a las 13 con una oración ecuménica, media hora más tarde se iniciará la movilización hasta la mitad del puente, donde se leerá una proclama
Durante la movilización, se leerá un informe con las acciones desarrolladas durante el último año.
Así lo anunció el asambleísta Raúl Subías, quien dijo que ·todo lo que le pasó a la asamblea desde abril del año pasado hasta hoy, será guionado y leído durante la marcha".
Entre otras cosas, se hará mención a la incorporación de la Asamblea a la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), y la constitución de la Asamblea Regional.
"A lo largo del guión vamos a ir denunciando otros problemas ambientales que tienen nuestros compañeros de la UAC y de compañeros uruguayos, además de Botnia", explicó Subías.
El domingo próximo también se movilizarán embarcaciones por el río Uruguay hacia el puente internacional.
Así lo informó el asambleísta Raúl Almeida, quien dijo que "vamos a estar acompañando la marcha al costado del puente".
Asimismo, manifestó que se espera que el humo de la quema de los pastizales no siga afectando las rutas, ya que se espera mucha gente para esta marcha.
Gualeguaychú amplía el reclamo
Gualeguaychú amplía el reclamo
Fecha de Publicación: 23/04/2008
Fuente: NoticiasNet
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú sumará al reclamo contra la pastera finlandesa Botnia los problemas de riesgo ambiental en todo el país, en el marco de la marcha que se realizará el próximo domingo 27 al puente General San Martín y que tendrá como lema ‘Todos por la Vida‘.
Así lo adelantó ayer el asambleísta Daniel Pérez Molemberg, quien precisó que ‘si bien el eje central de la marcha del 27 será la protesta contra Botnia, el reclamo será más amplio en solidaridad con otras regiones del país que también piden soluciones a sus problemas medioambientales y que no tienen el micrófono que tiene la Asamblea de Gualeguaychú‘.
El asambleísta citó como ejemplos de estos reclamos ‘el saneamiento en forma rápida para el Riachuelo y la derogación de la ley minera‘, y dijo que ‘están invitadas a participar todas las asambleas ciudadanas del país que tengan pedidos concretos respecto a protección del medio ambiente‘.
Incluso estarán representados en la marcha los ciudadanos uruguayos que también se oponen a la presencia de Botnia y otras pasteras en suelo oriental por considerar que contaminan su medio ambiente.
‘Uruguay merece otra cosa‘, dijo Pérez Molemberg, al tiempo que invitó a que en la marcha del 27 se lleven ‘banderas argentinas y uruguayas‘ como símbolo de la hermandad entre los dos países en el reclamo en contra de Botnia y a favor de la vida.
La marcha es utilizada por los asambleístas para rechazar el emprendimiento de Botnia, por considerar que contamina el río Uruguay.
Fecha de Publicación: 23/04/2008
Fuente: NoticiasNet
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú sumará al reclamo contra la pastera finlandesa Botnia los problemas de riesgo ambiental en todo el país, en el marco de la marcha que se realizará el próximo domingo 27 al puente General San Martín y que tendrá como lema ‘Todos por la Vida‘.
Así lo adelantó ayer el asambleísta Daniel Pérez Molemberg, quien precisó que ‘si bien el eje central de la marcha del 27 será la protesta contra Botnia, el reclamo será más amplio en solidaridad con otras regiones del país que también piden soluciones a sus problemas medioambientales y que no tienen el micrófono que tiene la Asamblea de Gualeguaychú‘.
El asambleísta citó como ejemplos de estos reclamos ‘el saneamiento en forma rápida para el Riachuelo y la derogación de la ley minera‘, y dijo que ‘están invitadas a participar todas las asambleas ciudadanas del país que tengan pedidos concretos respecto a protección del medio ambiente‘.
Incluso estarán representados en la marcha los ciudadanos uruguayos que también se oponen a la presencia de Botnia y otras pasteras en suelo oriental por considerar que contaminan su medio ambiente.
‘Uruguay merece otra cosa‘, dijo Pérez Molemberg, al tiempo que invitó a que en la marcha del 27 se lleven ‘banderas argentinas y uruguayas‘ como símbolo de la hermandad entre los dos países en el reclamo en contra de Botnia y a favor de la vida.
La marcha es utilizada por los asambleístas para rechazar el emprendimiento de Botnia, por considerar que contamina el río Uruguay.
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Piden investigar el plan para desviar el agua
Piden investigar a fondo el plan para desviar el agua de la Puna a Chile
Fecha de Publicación: 23/04/2008
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy
Anoche la Cámara de Diputados aprobó otro pedido para que los titulares de los ministerios de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser y de la Secretaría de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, brinden detalles de la iniciativa que el grupo angloaustraliano BHP Billiton -dueño de La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- empujó en Salta a través de varias empresas para "exportar" agua desde la Puna hacia Chile.
Este pedido de informes fue impulsado por la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, Adriana Pérez, quien también presentó un proyecto de resolución enfocado sobre el Tratado con Chile y su Comisión Administradora.
La autora de los proyectos advirtió que "no hay señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso correspondiente".
En lo inmediato, Loutaif deberá asistir hoy a la Cámara Baja a las 17, donde será recibido por los diputados integrantes de la Comisión de Producción. En tanto, el próximo martes 29 a las 10 será el turno de Alfredo Fuertes y de Julio Nasser, titulares de las carteras de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, respectivamente.
En el escrito, se solicitó a los ministerios de Desarrollo Económico y de Ambiente que informen en un plazo de 72 horas si obra en alguna de esas carteras provinciales "autorización de la Comisión Administradora" del Tratado de Integración y Complementación Minera "para la explotación de agua en la Puna salteña con destino al uso minero en la II Región de Chile".
También solicitó copias de la documentación referida a la exploración y explotación de aguas -tanto subterráneas como superficiales- en el Oeste salteño por parte de las empresas Servicios Mineros SA, Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales SA, o Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales SA, o alguna UTE relacionada con las mismas, como así también de las empresas Mines SA o MIM Argentina Exploraciones.
En relación con estas firmas, la legisladora requirió al Ejecutivo Provincial que se informe especialmente sobre la "profundidad de las aguas alumbradas" en Socompa, Llullaillaco, Caipe y Río Grande.
Según información recogida en la zona, estos pozos tendrían profundidades muy inferiores a los 300 metros que exige el Código de Aguas de la Provincia (artículo 155 de la ley 7017) para iniciativas privadas como la que está denunciada hoy en la Puna salteña.
"Yo no veo señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso que corresponde en este caso. Además, de acuerdo a la información que tengo hasta ahora, los estudios de impacto ambiental que se han realizado no son completos ni consideran el verdadero impacto que una explotación de este tipo generaría sobre la cuenca hídrica del área", puntualizo Pérez.
Además del mencionado pedido de informes, anoche también se le dio entrada a un proyecto de resolución del diputado renovador Fabián Vittar, donde solicita al fiscal de Estado de la provincia que interponga las acciones judiciales pertinentes para obtener una medida cautelar para que se frene la exploración, explotación y comercialización de aguas subterráneas y superficiales de Los Andes y La Poma.
Legisladores nacionales
Desde la Cámara de Diputados de la Provincia se solicitó a legisladores nacionales de Salta que realicen el correspondiente pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente a la Cancillería y a Minería, para que aclaren sobre los alcances de Tratado y el papel de la Comisión Administradora en este delicado asunto que afecta no solo a Salta, sino también a las demás provincias que están recostadas sobre el borde cordillerano con Chile y están comprendidas dentro del "área de operación" donde los conflictos por el agua y otros recursos se dirimirían en tribunales internacionales, según se desprende de los protocolos adicionales que comenzaron a firmarse en 1999.
Propaganda y presiones
BHP Billiton, la empresa anglo-australiana propietaria de la mina La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, ha comenzado a desplegar un intenso lobby en nuestro país con el objetivo de destrabar la exportación a Chile del agua de la Puna argentina, un negocio multimillonario.
No se trata por cierto de agua potable, sino de la destinada al uso industrial. La poderosa corporación, que se ampara para lograr su objetivo en el "Tratado de complementación minera" firmado entre Chile y Argentina en 1997, contempla asimismo una campaña de propaganda a través de distintos medios cuyo eje, en esta etapa, pondría en cuestión la intencionalidad de quienes se oponen al proyecto que, en opinión de los expertos argentinos, amenazaría el futuro desarrollo minero en nuestro territorio.
También harían hincapié en la "poca calidad del agua de esos pozos cuyo contenido en salitre -dicen- supera en varias veces a los del agua de mar". Si fuera así, entonces, replican los expertos, el contencioso estaría terminado: no tendría sentido la explotación de esas aguas para transportarlas hacia Chile mediante un acueducto.
La Cancillería no dice nada
Desde la semana pasada, cuando este medio comenzó a revelar los detalles del plan oculto para trasvasar gigantescos volúmenes de agua de la Puna salteña hacia La Escondida, Zaldívar, Chuquicamata y otras explotaciones cupríferas del Norte chileno, todos los intentos por obtener precisiones de la Cancillería chocaron con un mutismo total. Las consultas de El Tribuno y de medios nacionales que se hicieron eco del oscuro negociado de 5.700 millones de dólares, recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores mil excusas y ni una sola precisión sobre la integración y el rol desempeñado por la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera al cual aparecen aferrados los intereses que intentan "exportar" el agua de los pozos que ya están perforados en la Laguna de Socompa, Quebrada del Agua, Salar de Llullaillaco, Caipe y el Salar de Río Grande.
El Tratado que firmaron en diciembre de 1997 el presidente argentino Carlos Menem y su par chileno, Eduardo Frei, abrió las puertas para que el agua y cualquier otro recurso disponible en los bordes cordilleranos de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz puedan ser trasvasados a Chile para "facilitar" negocios mineros en el vecino país.
Para ello los "inversores" deben respetar las leyes vigentes en la Argentina o comunicar a los proyectos a la Comisión Administradora que se creó por el mismo Tratado y que está integrada por funcionarios de las cancillerías y los organismos de Minería de los dos países.
¿Quiénes son sus integrantes? ¿Fueron informados sobre el proyecto que apunta a sacar hasta 6.000 metros cúbicos de agua de la Puna salteña para consumos mineros en la Región de Antofagasta? ¿Autorizó la Comisión que se perforen los pozos que están a un paso de ser conectadas al primer acueducto que llevaría el vital y escaso recurso de la Puna a La Escondida?
Estos interrogantes siguen esperando respuestas de la Cancillería y Minería, mientras en el Oeste salteño crece la amenaza -si no es ya tarde- de que las perforaciones que avanzan sin respetar leyes, reglamentaciones ni normas de protección ambiental pongan en contacto aguas dulces de acuíferos subterráneos con aguas superficiales de alta salinidad. Esto -advirtieron especialistas en hidrogeología- supondría un "irremediable desastre ambiental".
Fecha de Publicación: 23/04/2008
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy
Anoche la Cámara de Diputados aprobó otro pedido para que los titulares de los ministerios de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser y de la Secretaría de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes, brinden detalles de la iniciativa que el grupo angloaustraliano BHP Billiton -dueño de La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo- empujó en Salta a través de varias empresas para "exportar" agua desde la Puna hacia Chile.
Este pedido de informes fue impulsado por la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de Diputados, Adriana Pérez, quien también presentó un proyecto de resolución enfocado sobre el Tratado con Chile y su Comisión Administradora.
La autora de los proyectos advirtió que "no hay señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso correspondiente".
En lo inmediato, Loutaif deberá asistir hoy a la Cámara Baja a las 17, donde será recibido por los diputados integrantes de la Comisión de Producción. En tanto, el próximo martes 29 a las 10 será el turno de Alfredo Fuertes y de Julio Nasser, titulares de las carteras de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, respectivamente.
En el escrito, se solicitó a los ministerios de Desarrollo Económico y de Ambiente que informen en un plazo de 72 horas si obra en alguna de esas carteras provinciales "autorización de la Comisión Administradora" del Tratado de Integración y Complementación Minera "para la explotación de agua en la Puna salteña con destino al uso minero en la II Región de Chile".
También solicitó copias de la documentación referida a la exploración y explotación de aguas -tanto subterráneas como superficiales- en el Oeste salteño por parte de las empresas Servicios Mineros SA, Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales SA, o Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales SA, o alguna UTE relacionada con las mismas, como así también de las empresas Mines SA o MIM Argentina Exploraciones.
En relación con estas firmas, la legisladora requirió al Ejecutivo Provincial que se informe especialmente sobre la "profundidad de las aguas alumbradas" en Socompa, Llullaillaco, Caipe y Río Grande.
Según información recogida en la zona, estos pozos tendrían profundidades muy inferiores a los 300 metros que exige el Código de Aguas de la Provincia (artículo 155 de la ley 7017) para iniciativas privadas como la que está denunciada hoy en la Puna salteña.
"Yo no veo señales de que la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con Chile haya otorgado el permiso que corresponde en este caso. Además, de acuerdo a la información que tengo hasta ahora, los estudios de impacto ambiental que se han realizado no son completos ni consideran el verdadero impacto que una explotación de este tipo generaría sobre la cuenca hídrica del área", puntualizo Pérez.
Además del mencionado pedido de informes, anoche también se le dio entrada a un proyecto de resolución del diputado renovador Fabián Vittar, donde solicita al fiscal de Estado de la provincia que interponga las acciones judiciales pertinentes para obtener una medida cautelar para que se frene la exploración, explotación y comercialización de aguas subterráneas y superficiales de Los Andes y La Poma.
Legisladores nacionales
Desde la Cámara de Diputados de la Provincia se solicitó a legisladores nacionales de Salta que realicen el correspondiente pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, especialmente a la Cancillería y a Minería, para que aclaren sobre los alcances de Tratado y el papel de la Comisión Administradora en este delicado asunto que afecta no solo a Salta, sino también a las demás provincias que están recostadas sobre el borde cordillerano con Chile y están comprendidas dentro del "área de operación" donde los conflictos por el agua y otros recursos se dirimirían en tribunales internacionales, según se desprende de los protocolos adicionales que comenzaron a firmarse en 1999.
Propaganda y presiones
BHP Billiton, la empresa anglo-australiana propietaria de la mina La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, ha comenzado a desplegar un intenso lobby en nuestro país con el objetivo de destrabar la exportación a Chile del agua de la Puna argentina, un negocio multimillonario.
No se trata por cierto de agua potable, sino de la destinada al uso industrial. La poderosa corporación, que se ampara para lograr su objetivo en el "Tratado de complementación minera" firmado entre Chile y Argentina en 1997, contempla asimismo una campaña de propaganda a través de distintos medios cuyo eje, en esta etapa, pondría en cuestión la intencionalidad de quienes se oponen al proyecto que, en opinión de los expertos argentinos, amenazaría el futuro desarrollo minero en nuestro territorio.
También harían hincapié en la "poca calidad del agua de esos pozos cuyo contenido en salitre -dicen- supera en varias veces a los del agua de mar". Si fuera así, entonces, replican los expertos, el contencioso estaría terminado: no tendría sentido la explotación de esas aguas para transportarlas hacia Chile mediante un acueducto.
La Cancillería no dice nada
Desde la semana pasada, cuando este medio comenzó a revelar los detalles del plan oculto para trasvasar gigantescos volúmenes de agua de la Puna salteña hacia La Escondida, Zaldívar, Chuquicamata y otras explotaciones cupríferas del Norte chileno, todos los intentos por obtener precisiones de la Cancillería chocaron con un mutismo total. Las consultas de El Tribuno y de medios nacionales que se hicieron eco del oscuro negociado de 5.700 millones de dólares, recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores mil excusas y ni una sola precisión sobre la integración y el rol desempeñado por la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera al cual aparecen aferrados los intereses que intentan "exportar" el agua de los pozos que ya están perforados en la Laguna de Socompa, Quebrada del Agua, Salar de Llullaillaco, Caipe y el Salar de Río Grande.
El Tratado que firmaron en diciembre de 1997 el presidente argentino Carlos Menem y su par chileno, Eduardo Frei, abrió las puertas para que el agua y cualquier otro recurso disponible en los bordes cordilleranos de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz puedan ser trasvasados a Chile para "facilitar" negocios mineros en el vecino país.
Para ello los "inversores" deben respetar las leyes vigentes en la Argentina o comunicar a los proyectos a la Comisión Administradora que se creó por el mismo Tratado y que está integrada por funcionarios de las cancillerías y los organismos de Minería de los dos países.
¿Quiénes son sus integrantes? ¿Fueron informados sobre el proyecto que apunta a sacar hasta 6.000 metros cúbicos de agua de la Puna salteña para consumos mineros en la Región de Antofagasta? ¿Autorizó la Comisión que se perforen los pozos que están a un paso de ser conectadas al primer acueducto que llevaría el vital y escaso recurso de la Puna a La Escondida?
Estos interrogantes siguen esperando respuestas de la Cancillería y Minería, mientras en el Oeste salteño crece la amenaza -si no es ya tarde- de que las perforaciones que avanzan sin respetar leyes, reglamentaciones ni normas de protección ambiental pongan en contacto aguas dulces de acuíferos subterráneos con aguas superficiales de alta salinidad. Esto -advirtieron especialistas en hidrogeología- supondría un "irremediable desastre ambiental".
Controles de deforestación en Córdoba
Ambiente intensificó controles sobre deforestación y quema de bosques nativos
Fecha de Publicación: 22/04/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La responsable de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, María Amelia Chiófalo, explicó que el propósito es controlar esas prácticas ilegales y sensibilizar a la población sobre los temas ambientales. Actualmente se desarrollan operativos en distintas zonas de Córdoba, detectando irregularidades y multando a los responsables.
El Día de la Tierra es celebrado en distintos países del mundo cada 22 de abril. Su impulsor, el senador norteamericano Gaylord Nelson, instauró esa fecha para crear conciencia común sobre los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
Justamente adhiriendo al objetivo de subrayar la necesidad de la conservación de los recursos naturales del mundo, la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, desde su conformación, desarrolla distintas actividades orientadas a la preservación del medio ambiente. Entre ellas, se intensificaron los controles sobre la deforestación y la quema de bosques nativos. Se trata de un monitoreo que se realiza con recursos humanos y técnicos propios.
Según informó la responsable de la dependencia provincial, María Amelia Chiófalo, “el propósito es controlar esas prácticas ilegales y sensibilizar a la población sobre estos temas ambientales. La gente debe colaborar en la preservación de los bosques y denunciar cuando vea hechos irregulares”.
El último operativo tuvo lugar el pasado viernes cuando un grupo de técnicos de la Secretaría de Ambiente partió desde el aeropuerto Córdoba, para efectuar controles de desmonte ante la advertencia de un llamado anónimo.
El destino de la comisión fue el sur provincial. Se recorrió el Corredor Biogeográfico del Caldén, se realizó un relevamiento aéreo de la vegetación existente en el departamento General Roca y una inspección sobre los desmontes.
Fernando Baudo, técnico del área de Bosques Nativos de la Secretaría, explicó que la información obtenida de esos sobrevuelos será utilizada para el trazado del ordenamiento forestal, en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
Esta norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos
“También se controló el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante resolución, en aquellos predios autorizados a realizar intervenciones en el bosque nativo. En total se cubrieron aproximadamente 100 mil hectáreas de bosque nativo perteneciente al espinal y al bosque serrano con su correspondiente registro fotográfico”, aseguró Baudo.
Además, se informó que se tomaron 259 fotografías digitales que permitirán detectar infracciones a la legislación vigente.
“Las fotografías de campos que poseen expedientes de infracción iniciadas son un vital complemento para respaldar las actas realizadas”, expresó Baudo.
Además, informó que se detectaron dos focos de incendio producto de desmontes ilegales y además se registró la topadora con la que se habrían realizado esas tareas.
“Con toda la información obtenida, más las imágenes satelitales y bases de datos se procederá a notificar a los presuntos infractores a las leyes vigentes, sobre la supuesta infracción cometida, la multa correspondiente y se le otorgará 5 días hábiles para realizar el esclarecimiento del hecho y el descargo correspondiente”, señaló el técnico Baudo.
Fecha de Publicación: 22/04/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La responsable de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, María Amelia Chiófalo, explicó que el propósito es controlar esas prácticas ilegales y sensibilizar a la población sobre los temas ambientales. Actualmente se desarrollan operativos en distintas zonas de Córdoba, detectando irregularidades y multando a los responsables.
El Día de la Tierra es celebrado en distintos países del mundo cada 22 de abril. Su impulsor, el senador norteamericano Gaylord Nelson, instauró esa fecha para crear conciencia común sobre los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
Justamente adhiriendo al objetivo de subrayar la necesidad de la conservación de los recursos naturales del mundo, la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, desde su conformación, desarrolla distintas actividades orientadas a la preservación del medio ambiente. Entre ellas, se intensificaron los controles sobre la deforestación y la quema de bosques nativos. Se trata de un monitoreo que se realiza con recursos humanos y técnicos propios.
Según informó la responsable de la dependencia provincial, María Amelia Chiófalo, “el propósito es controlar esas prácticas ilegales y sensibilizar a la población sobre estos temas ambientales. La gente debe colaborar en la preservación de los bosques y denunciar cuando vea hechos irregulares”.
El último operativo tuvo lugar el pasado viernes cuando un grupo de técnicos de la Secretaría de Ambiente partió desde el aeropuerto Córdoba, para efectuar controles de desmonte ante la advertencia de un llamado anónimo.
El destino de la comisión fue el sur provincial. Se recorrió el Corredor Biogeográfico del Caldén, se realizó un relevamiento aéreo de la vegetación existente en el departamento General Roca y una inspección sobre los desmontes.
Fernando Baudo, técnico del área de Bosques Nativos de la Secretaría, explicó que la información obtenida de esos sobrevuelos será utilizada para el trazado del ordenamiento forestal, en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
Esta norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos
“También se controló el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante resolución, en aquellos predios autorizados a realizar intervenciones en el bosque nativo. En total se cubrieron aproximadamente 100 mil hectáreas de bosque nativo perteneciente al espinal y al bosque serrano con su correspondiente registro fotográfico”, aseguró Baudo.
Además, se informó que se tomaron 259 fotografías digitales que permitirán detectar infracciones a la legislación vigente.
“Las fotografías de campos que poseen expedientes de infracción iniciadas son un vital complemento para respaldar las actas realizadas”, expresó Baudo.
Además, informó que se detectaron dos focos de incendio producto de desmontes ilegales y además se registró la topadora con la que se habrían realizado esas tareas.
“Con toda la información obtenida, más las imágenes satelitales y bases de datos se procederá a notificar a los presuntos infractores a las leyes vigentes, sobre la supuesta infracción cometida, la multa correspondiente y se le otorgará 5 días hábiles para realizar el esclarecimiento del hecho y el descargo correspondiente”, señaló el técnico Baudo.
Salta se revela contra el saqueo del agua
La Puna salteña se revela contra el saqueo del agua
Fecha de Publicación: 21/04/2008
Fuente: Diario El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La población andina de la provincia se reveló contra el descomunal trasvasamiento de cuencas que aún sigue latente en el borde cordillerano de Salta con Antofagasta y sus representantes comenzaron a exigir medidas inmediatas a los organismos provinciales competentes para evitar consecuencias ambientales y sociales en la zona.
"Uno de los más graves daños que se pueden causar con las perforaciones es el trasvase entre acuíferos dulces y salados, contaminando todo con agua salada y generando un daño irreversible", advirtieron el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, y el diputado de Los Andes, Leopoldo Salva, en base a información obtenida de especialistas.
La semana anterior en estas páginas comenzaron a revelarse los detalles de un plan para bombear desde la Puna salteña hasta 6 metros cúbicos (6.000 litros) por segundo para las grandes corporaciones mineras radicadas en el Norte chileno. Allá el agua se vendería a 1,5 dólares el metro cúbico, es decir que generaría un negocio de 5.700 millones dólares en 20 años.
Con documentaciones, testimonios e imágenes reunidas en la cordillera, la semana anterior El Tribuno mostró que varios pozos perforados en cercanías de la Laguna Socompa, Quebrada el Agua, el volcán LLullaillaco, la estación andina de Caipe (Arizaro) y el Salar de Río Grande están a un paso de ser conectados a un acueducto que llevaría el agua "exportada" desde el Oeste salteño hacia La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, que explota el grupo australiano BHP Billiton.
Los citados pozos -según se constató a través del trabajo periodístico- comenzaron a ser excavados entre fines de 2007 y principios de 2008, sin respetar las leyes provinciales, las resoluciones reglamentarias ni los procedimientos legales.
La Secretaría de Recursos Hídricos -autoridad de aplicación del Código de Aguas- suspendió las perforaciones el pasado 17 de febrero, pero a los pocos días volvió a autorizarlas, ante presiones locales y extranjeras, que se escudaron en los antecedentes legales de una iniciativa privada con la cual una media docena de empresas -hoy sospechadas de ser sólo "sellos de goma"- ocultó un intento de despojo de aguas subterráneas y superficiales detrás de supuestas exploraciones hidrogeológicas que favorecerían el desarrollo de los departamentos Los Andes y La Poma.
Las primeras notas del reporte periodístico movieron pedidos de informes en las dos cámaras legislativas de la Provincia y en el propio Congreso de la Nación. Los antecedentes fueron elevados a la unidad revisora de contratos (UNIREN) el martes pasado, pero hoy comenzará una nueva semana y las perforaciones siguen avanzando sin medir impactos ni consecuencias.
"Ponen en riesgo todo un ecosistema
Leopoldo Salva, diputado de los Andes, advirtió que "el pueblo de la Puna no va a permitir lo que hasta ahora se presenta como un simple un saqueo con número de expediente". El legislador señaló que esta semana se iniciará en todo el departamento Los Andes una "intensa acción informativa" para que las comunidades andinas estén al tanto de lo que ocurre a sus espaldas. "Es inconcebible permitir la continuidad de proyectos que ponen en riesgo todo un ecosistema, sin asegurarse la sustentabilidad y el beneficio para la región y sus pobladores", enfatizó.
"Está en juego todo el futuro de un territorio, una cultura, una historia, una población salteña", Leopoldo Salva.
Fecha de Publicación: 21/04/2008
Fuente: Diario El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La población andina de la provincia se reveló contra el descomunal trasvasamiento de cuencas que aún sigue latente en el borde cordillerano de Salta con Antofagasta y sus representantes comenzaron a exigir medidas inmediatas a los organismos provinciales competentes para evitar consecuencias ambientales y sociales en la zona.
"Uno de los más graves daños que se pueden causar con las perforaciones es el trasvase entre acuíferos dulces y salados, contaminando todo con agua salada y generando un daño irreversible", advirtieron el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, y el diputado de Los Andes, Leopoldo Salva, en base a información obtenida de especialistas.
La semana anterior en estas páginas comenzaron a revelarse los detalles de un plan para bombear desde la Puna salteña hasta 6 metros cúbicos (6.000 litros) por segundo para las grandes corporaciones mineras radicadas en el Norte chileno. Allá el agua se vendería a 1,5 dólares el metro cúbico, es decir que generaría un negocio de 5.700 millones dólares en 20 años.
Con documentaciones, testimonios e imágenes reunidas en la cordillera, la semana anterior El Tribuno mostró que varios pozos perforados en cercanías de la Laguna Socompa, Quebrada el Agua, el volcán LLullaillaco, la estación andina de Caipe (Arizaro) y el Salar de Río Grande están a un paso de ser conectados a un acueducto que llevaría el agua "exportada" desde el Oeste salteño hacia La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, que explota el grupo australiano BHP Billiton.
Los citados pozos -según se constató a través del trabajo periodístico- comenzaron a ser excavados entre fines de 2007 y principios de 2008, sin respetar las leyes provinciales, las resoluciones reglamentarias ni los procedimientos legales.
La Secretaría de Recursos Hídricos -autoridad de aplicación del Código de Aguas- suspendió las perforaciones el pasado 17 de febrero, pero a los pocos días volvió a autorizarlas, ante presiones locales y extranjeras, que se escudaron en los antecedentes legales de una iniciativa privada con la cual una media docena de empresas -hoy sospechadas de ser sólo "sellos de goma"- ocultó un intento de despojo de aguas subterráneas y superficiales detrás de supuestas exploraciones hidrogeológicas que favorecerían el desarrollo de los departamentos Los Andes y La Poma.
Las primeras notas del reporte periodístico movieron pedidos de informes en las dos cámaras legislativas de la Provincia y en el propio Congreso de la Nación. Los antecedentes fueron elevados a la unidad revisora de contratos (UNIREN) el martes pasado, pero hoy comenzará una nueva semana y las perforaciones siguen avanzando sin medir impactos ni consecuencias.
"Ponen en riesgo todo un ecosistema
Leopoldo Salva, diputado de los Andes, advirtió que "el pueblo de la Puna no va a permitir lo que hasta ahora se presenta como un simple un saqueo con número de expediente". El legislador señaló que esta semana se iniciará en todo el departamento Los Andes una "intensa acción informativa" para que las comunidades andinas estén al tanto de lo que ocurre a sus espaldas. "Es inconcebible permitir la continuidad de proyectos que ponen en riesgo todo un ecosistema, sin asegurarse la sustentabilidad y el beneficio para la región y sus pobladores", enfatizó.
"Está en juego todo el futuro de un territorio, una cultura, una historia, una población salteña", Leopoldo Salva.
Alarma el desmonte en Misiones
Alarma el desmonte sobre la ruta 211 a pesar de la sancionada ley Bonasso
Fecha de Publicación: 21/04/2008
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Alcázar y Dos de Mayo. Los conductores y viajeros que atraviesan la provincia por la ruta provincial 211 observan con extrañeza e impotencia cómo en las últimas semanas desapareció la selva misionera bajo la acción de poderosas maquinarias, cuando no del fuego.
Lo que hasta hace tres meses era un tramo compacto del Corredor Verde -uniendo el Valle del Cuñá Pirú con la biosfera Yabotí, porción nordeste del territorio misionero con los últimos restos de selva paranaense- que exhibía hermosas vistas de naturaleza pura, ahora cambió radicalmente. El atractivo trecho ponderado antes por turistas y provincianos hoy sólo exhibe cerros pelados y laderas descubiertas. Cada tanto “islas” o cortinas vegetales pretenden ocultar desde el asfalto las desérticas extensiones en que se transformó el admirado vergel. El mismo procedimiento, sutiles hileras de arbustos, alguno que otro pindó y capueras bajas acompañan algunos cursos de agua.
En la reciente sequía, no se respetó el alto al fuego y se quemaron muchas hectáreas. Tributarios de los principales arroyos de la cuenca del Paraná se secaron por su exposición directa al sol. Así pasó con importantes vertientes cuyos caudales alimentaban el arroyo 3 de Mayo, el Garuhapé y Paraná-í, entre otros.
El desmonte no respetó las inclinaciones determinadas por ley para proteger la flora y el medio ambiente. A fines de noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques, más conocida como Ley Bonasso, que busca evitar la tala indiscriminada de bosques nativos.
Sin embargo, hasta que la misma entre en plena vigencia la Provincia tiene que cumplir una serie de requisitos. “Misiones aún no adhirió a la Ley de Bosques pero hay un proyecto en la Legislatura para marcar las pautas del ordenamiento territorial, otro de los requisitos exigidos para poner en práctica la ley Bonasso en la provincia”, precisó en la edición de ayer Jorge Varela, director general de Prensa de Gobierno, al explicar el traspaso de la Subsecretaría de Bosques del Ministerio de Ecología al Ministerio del Agro.
Por su parte, el diputado del PJ, Miguel López, señaló que no se necesita ninguna adhesión a la Ley Bonasso y que la misma está en vigencia desde su sanción.
Colinas y valles desnudos
Transitando por la ruta provincial 211 a 17 kilómetros de Dos de Mayo se comienzan a divisar hacia el sur colinas y valles literalmente desnudados. El asfalto está trazado sobre la cresta de sierras que permiten vistas profundas hacia todos los puntos cardinales. El desastre se prolonga a lo largo de 15 kilómetros hasta inmediaciones del paraje Urrutia. Otros tantos -o quizás más- en profundidad tanto al sur como al norte, incluyendo el acceso al relleno sanitario Aguas Blancas.
Semejante atropello trajo consecuencias de todo tipo. Ismael Huber, colono de Dos de Mayo, lamentó “que en los últimos tres meses aparecieron aplastados todo tipo de animalitos silvestres, desde oso hormiguero, lobos, acutíes. Les quemaron la casa y nadie previó nada para ellos”.
El gigantesco desbosque perjudicó principalmente tierras situadas en el municipio de El Alcázar.
Según un empleado de la Municipalidad de Dos de Mayo el viejo trazado de la ruta 211 dividía las tierras de Papel Misionero de las de San Francisco de la Campiña. Pero el nuevo trazado ahora atraviesa ambas propiedades.
Latifundistas inclementes
El Alcázar tomó vuelo nacional por los cortes de ruta que realizaban sus pobladores en protesta contra el relleno sanitario.
Aunque las cosas siguen como antes, la conciencia conservacionista subyace en muchas familias del lugar. Una conocida protagonista activa de aquellos movimientos señaló que “los misioneros somos tan pasivos que dejamos hacer con nuestros recursos naturales todo tipo de atropellos. Por más propiedad privada que sean, hay leyes y criterios éticos que merecen alguna consideración”.
Dos importantes empresas con grandes extensiones de tierra son las responsables de los trabajos. Una de ellas contaría con cuatro mil hectáreas hace 30 años y la segunda -firma de capitales europeos- es propietaria de otras dos mil hectáreas.
Temor
Con la Ley de Bosques, todo desmonte que se realice requiere autorización de las autoridades jurisdiccionales y un estudio de impacto ambiental. Por tal motivo, integrantes de grupos ecologistas sostienen que a la tala ocurrida sobre la ruta 211 se sumarán varias más a lo largo y ancho de la provincia.
Por su parte, el diputado Miguel López explicó que desde la aprobación de la Ley de Bosques rige una moratoria, un plazo de un año, durante el cual no se pueden realizar talas rasas ni desmontes. Y consideró que “lo que pudo ocurrir en la ruta 211 es que tenían autorizaciones previas a la sanción de la ley”.
Además, el legislador aclaró que para que la Provincia pueda acogerse a los beneficios de la Ley Bonasso debe aprobarse por ley el ordenamiento territorial de bosques nativos.
Fecha de Publicación: 21/04/2008
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Alcázar y Dos de Mayo. Los conductores y viajeros que atraviesan la provincia por la ruta provincial 211 observan con extrañeza e impotencia cómo en las últimas semanas desapareció la selva misionera bajo la acción de poderosas maquinarias, cuando no del fuego.
Lo que hasta hace tres meses era un tramo compacto del Corredor Verde -uniendo el Valle del Cuñá Pirú con la biosfera Yabotí, porción nordeste del territorio misionero con los últimos restos de selva paranaense- que exhibía hermosas vistas de naturaleza pura, ahora cambió radicalmente. El atractivo trecho ponderado antes por turistas y provincianos hoy sólo exhibe cerros pelados y laderas descubiertas. Cada tanto “islas” o cortinas vegetales pretenden ocultar desde el asfalto las desérticas extensiones en que se transformó el admirado vergel. El mismo procedimiento, sutiles hileras de arbustos, alguno que otro pindó y capueras bajas acompañan algunos cursos de agua.
En la reciente sequía, no se respetó el alto al fuego y se quemaron muchas hectáreas. Tributarios de los principales arroyos de la cuenca del Paraná se secaron por su exposición directa al sol. Así pasó con importantes vertientes cuyos caudales alimentaban el arroyo 3 de Mayo, el Garuhapé y Paraná-í, entre otros.
El desmonte no respetó las inclinaciones determinadas por ley para proteger la flora y el medio ambiente. A fines de noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques, más conocida como Ley Bonasso, que busca evitar la tala indiscriminada de bosques nativos.
Sin embargo, hasta que la misma entre en plena vigencia la Provincia tiene que cumplir una serie de requisitos. “Misiones aún no adhirió a la Ley de Bosques pero hay un proyecto en la Legislatura para marcar las pautas del ordenamiento territorial, otro de los requisitos exigidos para poner en práctica la ley Bonasso en la provincia”, precisó en la edición de ayer Jorge Varela, director general de Prensa de Gobierno, al explicar el traspaso de la Subsecretaría de Bosques del Ministerio de Ecología al Ministerio del Agro.
Por su parte, el diputado del PJ, Miguel López, señaló que no se necesita ninguna adhesión a la Ley Bonasso y que la misma está en vigencia desde su sanción.
Colinas y valles desnudos
Transitando por la ruta provincial 211 a 17 kilómetros de Dos de Mayo se comienzan a divisar hacia el sur colinas y valles literalmente desnudados. El asfalto está trazado sobre la cresta de sierras que permiten vistas profundas hacia todos los puntos cardinales. El desastre se prolonga a lo largo de 15 kilómetros hasta inmediaciones del paraje Urrutia. Otros tantos -o quizás más- en profundidad tanto al sur como al norte, incluyendo el acceso al relleno sanitario Aguas Blancas.
Semejante atropello trajo consecuencias de todo tipo. Ismael Huber, colono de Dos de Mayo, lamentó “que en los últimos tres meses aparecieron aplastados todo tipo de animalitos silvestres, desde oso hormiguero, lobos, acutíes. Les quemaron la casa y nadie previó nada para ellos”.
El gigantesco desbosque perjudicó principalmente tierras situadas en el municipio de El Alcázar.
Según un empleado de la Municipalidad de Dos de Mayo el viejo trazado de la ruta 211 dividía las tierras de Papel Misionero de las de San Francisco de la Campiña. Pero el nuevo trazado ahora atraviesa ambas propiedades.
Latifundistas inclementes
El Alcázar tomó vuelo nacional por los cortes de ruta que realizaban sus pobladores en protesta contra el relleno sanitario.
Aunque las cosas siguen como antes, la conciencia conservacionista subyace en muchas familias del lugar. Una conocida protagonista activa de aquellos movimientos señaló que “los misioneros somos tan pasivos que dejamos hacer con nuestros recursos naturales todo tipo de atropellos. Por más propiedad privada que sean, hay leyes y criterios éticos que merecen alguna consideración”.
Dos importantes empresas con grandes extensiones de tierra son las responsables de los trabajos. Una de ellas contaría con cuatro mil hectáreas hace 30 años y la segunda -firma de capitales europeos- es propietaria de otras dos mil hectáreas.
Temor
Con la Ley de Bosques, todo desmonte que se realice requiere autorización de las autoridades jurisdiccionales y un estudio de impacto ambiental. Por tal motivo, integrantes de grupos ecologistas sostienen que a la tala ocurrida sobre la ruta 211 se sumarán varias más a lo largo y ancho de la provincia.
Por su parte, el diputado Miguel López explicó que desde la aprobación de la Ley de Bosques rige una moratoria, un plazo de un año, durante el cual no se pueden realizar talas rasas ni desmontes. Y consideró que “lo que pudo ocurrir en la ruta 211 es que tenían autorizaciones previas a la sanción de la ley”.
Además, el legislador aclaró que para que la Provincia pueda acogerse a los beneficios de la Ley Bonasso debe aprobarse por ley el ordenamiento territorial de bosques nativos.
Reforzaron el control en la cuenca
Reforzaron el control y la fiscalización a las industrias del partido
Fecha de Publicación: 20/04/2008
Fuente: Info Región
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de nuevos inspectores se sumó al trabajo municipal en Avellaneda para optimizar y reforzar las auditorías ambientales en el sector industrial. Estas gestiones están enmarcadas dentro del Plan Integral Nacional, que tiene como objetivo el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La Municipalidad de Avellaneda, a través de la Secretaría de Producción, Medio Ambiente y Empleo, puso en funciones esta semana a un nuevo grupo de controladores ambientales, que fueron recibidos por el intendente, Baldomero Álvarez de Olivera, y por la secretaria de Política Ambiental, Mónica Cappellini, para dialogar sobre la labor que ya están llevando a cabo en las zonas industriales del partido.
“Van a contar con nuestro aval y con el prestigio que tiene nuestra gestión. Junto al Gobierno nacional estamos trabajando para mejorar la calidad ambiental”, enfatizó el Jefe comunal.
Estas gestiones están enmarcadas dentro del Plan Integral Nacional, que tiene como objetivo el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es en este contexto que un equipo de profesionales y técnicos se han sumado al resto del personal municipal, cuya función principal es el relevamiento, seguimiento e implementación de las tareas de fiscalización del padrón industrial, tendientes a prevenir y revertir situaciones de incumplimiento de las normas ambientales.
Estas tareas de control cuentan con el soporte de nuevos vehículos que fueron cedidos por la Secretaría de Ambiente de Nación.
Además, es importante resaltar que el refuerzo de las tareas de control fue necesario debido al incremento de las solicitudes de habilitaciones industriales, ya que en Avellaneda dicha actividad se encuentra en pleno proceso de expansión.
Desde hace unos meses, el Municipio de Avellaneda suscribió con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, un acuerdo marco de complementación a efectos de cumplir con los objetivos definidos en el Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Este Plan centra su accionar en revertir el estado de contaminación de los recursos como el agua, suelo y aire en la región. En tanto, también se definieron acuerdos complementarios como el Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios por parte de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo).
Fecha de Publicación: 20/04/2008
Fuente: Info Región
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de nuevos inspectores se sumó al trabajo municipal en Avellaneda para optimizar y reforzar las auditorías ambientales en el sector industrial. Estas gestiones están enmarcadas dentro del Plan Integral Nacional, que tiene como objetivo el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La Municipalidad de Avellaneda, a través de la Secretaría de Producción, Medio Ambiente y Empleo, puso en funciones esta semana a un nuevo grupo de controladores ambientales, que fueron recibidos por el intendente, Baldomero Álvarez de Olivera, y por la secretaria de Política Ambiental, Mónica Cappellini, para dialogar sobre la labor que ya están llevando a cabo en las zonas industriales del partido.
“Van a contar con nuestro aval y con el prestigio que tiene nuestra gestión. Junto al Gobierno nacional estamos trabajando para mejorar la calidad ambiental”, enfatizó el Jefe comunal.
Estas gestiones están enmarcadas dentro del Plan Integral Nacional, que tiene como objetivo el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es en este contexto que un equipo de profesionales y técnicos se han sumado al resto del personal municipal, cuya función principal es el relevamiento, seguimiento e implementación de las tareas de fiscalización del padrón industrial, tendientes a prevenir y revertir situaciones de incumplimiento de las normas ambientales.
Estas tareas de control cuentan con el soporte de nuevos vehículos que fueron cedidos por la Secretaría de Ambiente de Nación.
Además, es importante resaltar que el refuerzo de las tareas de control fue necesario debido al incremento de las solicitudes de habilitaciones industriales, ya que en Avellaneda dicha actividad se encuentra en pleno proceso de expansión.
Desde hace unos meses, el Municipio de Avellaneda suscribió con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, un acuerdo marco de complementación a efectos de cumplir con los objetivos definidos en el Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Este Plan centra su accionar en revertir el estado de contaminación de los recursos como el agua, suelo y aire en la región. En tanto, también se definieron acuerdos complementarios como el Programa de Fortalecimiento Institucional de Municipios por parte de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo).
Justicia para actividad minera en Loncopué
La Justicia paró la actividad minera en Loncopué
Fecha de Publicación: 19/04/2008
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Justicia Civil de esta ciudad hizo lugar a un amparo presentado por vecinos de Loncopué y ordenó la paralización de la actividad minera prevista en los alrededores de esa comunidad y de la cuenca del río Agrio.
La jueza Ivonne San Martín consideró que la dirección provincial de Medio Ambiente actuó con "manifiesta ilegalidad" al no convocar a una audiencia pública con el objetivo de informar a la comunidad con respecto al proyecto de explotación minera en esa zona.
La decisión judicial fue celebrada como un triunfo por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) quienes venían denunciando esta situación de ese hace tiempo.
San Martín ordenó en el fallo "paralizar toda labor minera autorizada por la dirección de Medio Ambiente respecto de las pertenencias mineras denominadas proyecto Lonco o de Golden Peaks Argentina SA, ubicadas en los alrededores de Loncopué, como de cualquier otra de la cuenca del río Agrio, hasta tanto se cumplimente la audiencia pública prevista en la legislación vigente".
La causa se había iniciado a partir de la presentación espontánea de los vecinos ante el juzgado para reclamar por la no realización de la audiencia como paso previo al inicio de cualquier explotación.
"Debo destacar que el derecho de participación, que se ha menoscabo en este caso, está en íntima relación con el derecho ambiental" sostuvo la magistrada en un tramo de su escrito.
En la investigación se reveló que la dirección provincial de Medio Ambiente aprobó un informe de impacto ambiental presentado por un particular sin efectuar consideración alguna sobre el procedimiento de audiencia pública.
"Se prescindió valorar la incidencia social del proyecto Lonco y la consecuente convocatoria a audiencia pública a fin de que la comunidad discutiera sobre el impacto que esto tendría en su medio", dijo la jueza quien agregó que "tal omisión, sin lugar a dudas, cercena el derecho a la participación ciudadana".
Cabe recordar, que la superficie a explotar, de acuerdo a la información aportada por la empresa, comprendía 96 hectáreas dentro de las cuales se seleccionaron tres zonas para la construcción de plataformas donde se dirigirán seis perforaciones de 200 metros cada una.
"Entiendo que con la audiencia pública se reafirma el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones estatales suceptibles de afectar la calidad de vida y, concomitante con ello, el derecho de libre acceso a la información como condición necesaria para asegurar una participación que resulte de utilidad", explicó San Martín.
La empresa deberá ahora convocar a la audiencia para conocer la opinión de los vecinos antes de seguir avanzando con el polémico proyecto.
Integrantes de la AVAL manifestaron su satisfacción por la decisión judicial que avaló su planteo.
Fecha de Publicación: 19/04/2008
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Justicia Civil de esta ciudad hizo lugar a un amparo presentado por vecinos de Loncopué y ordenó la paralización de la actividad minera prevista en los alrededores de esa comunidad y de la cuenca del río Agrio.
La jueza Ivonne San Martín consideró que la dirección provincial de Medio Ambiente actuó con "manifiesta ilegalidad" al no convocar a una audiencia pública con el objetivo de informar a la comunidad con respecto al proyecto de explotación minera en esa zona.
La decisión judicial fue celebrada como un triunfo por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) quienes venían denunciando esta situación de ese hace tiempo.
San Martín ordenó en el fallo "paralizar toda labor minera autorizada por la dirección de Medio Ambiente respecto de las pertenencias mineras denominadas proyecto Lonco o de Golden Peaks Argentina SA, ubicadas en los alrededores de Loncopué, como de cualquier otra de la cuenca del río Agrio, hasta tanto se cumplimente la audiencia pública prevista en la legislación vigente".
La causa se había iniciado a partir de la presentación espontánea de los vecinos ante el juzgado para reclamar por la no realización de la audiencia como paso previo al inicio de cualquier explotación.
"Debo destacar que el derecho de participación, que se ha menoscabo en este caso, está en íntima relación con el derecho ambiental" sostuvo la magistrada en un tramo de su escrito.
En la investigación se reveló que la dirección provincial de Medio Ambiente aprobó un informe de impacto ambiental presentado por un particular sin efectuar consideración alguna sobre el procedimiento de audiencia pública.
"Se prescindió valorar la incidencia social del proyecto Lonco y la consecuente convocatoria a audiencia pública a fin de que la comunidad discutiera sobre el impacto que esto tendría en su medio", dijo la jueza quien agregó que "tal omisión, sin lugar a dudas, cercena el derecho a la participación ciudadana".
Cabe recordar, que la superficie a explotar, de acuerdo a la información aportada por la empresa, comprendía 96 hectáreas dentro de las cuales se seleccionaron tres zonas para la construcción de plataformas donde se dirigirán seis perforaciones de 200 metros cada una.
"Entiendo que con la audiencia pública se reafirma el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones estatales suceptibles de afectar la calidad de vida y, concomitante con ello, el derecho de libre acceso a la información como condición necesaria para asegurar una participación que resulte de utilidad", explicó San Martín.
La empresa deberá ahora convocar a la audiencia para conocer la opinión de los vecinos antes de seguir avanzando con el polémico proyecto.
Integrantes de la AVAL manifestaron su satisfacción por la decisión judicial que avaló su planteo.
Detectaron desmontes en Entre Ríos
Detectaron desmontes en los departamentos Federal y Villaguay
Fecha de Publicación: 18/04/2008
Fuente: APF
Provincia/Región: Entre Ríos
El área de Montes Nativos de la Dirección General de Recursos Naturales realizó inspecciones de desmonte en distintos puntos del territorio provincial.
En la oportunidad se detectaron irregularidades en los distritos Francisco Ramírez y Raíces, por lo que se labraron actas cuyo expediente administrativo determinará la multa.
Ante algunas denuncias de desmonte en distintos puntos de la provincia, el personal del área de Montes Nativos dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales de la Secretaría de la Producción ha realizado inspecciones.
Durante la recorrida, se inspeccionó un establecimiento ubicado en el distrito Francisco Ramírez (sobre la ruta 20 a unos 25 kilómetros de la ciudad de Federal). En el mismo se estaba realizando un desmonte de 50 hectáreas siendo que la zona es una Reserva Natural Protegida por Ley Nº 9.706. Por ello se labró el acta de infracción al propietario del establecimiento y al dueño de las máquinas.
En tanto en el distrito Raíces (Departamento Villaguay) se labró acta de infracción en un campo donde se estaba “desmontando sin autorización”.
Desde la repartición provincial se recalcó que todas estas inspecciones “donde se efectuó acta de infracción servirán de base para la confección de los expedientes siguiendo el curso administrativo para determinar la multa”.
Fecha de Publicación: 18/04/2008
Fuente: APF
Provincia/Región: Entre Ríos
El área de Montes Nativos de la Dirección General de Recursos Naturales realizó inspecciones de desmonte en distintos puntos del territorio provincial.
En la oportunidad se detectaron irregularidades en los distritos Francisco Ramírez y Raíces, por lo que se labraron actas cuyo expediente administrativo determinará la multa.
Ante algunas denuncias de desmonte en distintos puntos de la provincia, el personal del área de Montes Nativos dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales de la Secretaría de la Producción ha realizado inspecciones.
Durante la recorrida, se inspeccionó un establecimiento ubicado en el distrito Francisco Ramírez (sobre la ruta 20 a unos 25 kilómetros de la ciudad de Federal). En el mismo se estaba realizando un desmonte de 50 hectáreas siendo que la zona es una Reserva Natural Protegida por Ley Nº 9.706. Por ello se labró el acta de infracción al propietario del establecimiento y al dueño de las máquinas.
En tanto en el distrito Raíces (Departamento Villaguay) se labró acta de infracción en un campo donde se estaba “desmontando sin autorización”.
Desde la repartición provincial se recalcó que todas estas inspecciones “donde se efectuó acta de infracción servirán de base para la confección de los expedientes siguiendo el curso administrativo para determinar la multa”.
Detectan nuevos desmontes en Córdoba
Detectan nuevos desmontes de chañares en el departamento Roca
Fecha de Publicación: 17/04/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
En los últimos días se registró sobre un camino rural la poda de decenas de ejemplares. En tanto vecinos de la zona insistieron que se sigue con la destrucción de caldenes en el corredor del sur.
Huinca Renancó.- Un nuevo desmonte de chañares fue detectado en las últimas horas en un camino rural, poniendo en evidencia la continuidad de estas acciones que están prohibidas.
En el departamento General Roca sobrevive el único bosque nativo de caldenes y, a pesar de ser un área protegida, ya hubo varios desmontes dentro de este corredor.
Ahora ni siquiera los caminos vecinales están a salvo del accionar desmedido en contra de las especies nativas de algarrobos, chañares y caldenes.
Pese a que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben el desmonte de especies nativas, muchos productores hacen caso omiso y siguen con la tala de árboles en los pocos reductos que aún quedan de monte autóctono.
Uno de los casos más recientes se dio a unos 1000 metros al oeste de Huinca Renancó en un camino vecinal que, lamentablemente hoy, son los únicos lugares donde pueden verse algunos chañares, caldenes y con suerte algún algarrobo.
Aparentemente en este camino se habrían retirado estas especies con el único fin de permitir el tránsito de máquinas cosechadoras.
También existían algunas isletas de renuevo de chañar que ocupaban algunos metros dentro de un campo las cuales fueron prácticamente eliminadas y donde se sacaron hasta las raíces.
La noticia vuelve a generar malestar en los vecinos que hace tiempo reclaman mayor control para la protección de estas especies.
Más al oeste, cerca de Villa Huidobro al límite con la provincia de San Luis, se ubican los últimos restos de monte que alguna vez predominaron por este territorio que hoy se ve totalmente modificado principalmente a causa de la actividad agropecuaria en la zona y la producción del monocultivo de soja.
Pese a que el área esta protegida testimonios indican que el desmonte sigue paulatinamente sin que nadie tome medidas y lo que se puede percibir es un estado de desprotección total por parte de los responsables.
En el denominado corredor del caldén ya no hay guardaparques, el último se fue después de haber denunciado el desmonte de unas 800 hectáreas en el establecimiento “El Cuero”.
Como se recordará en este caso al propietario de la estancia se lo sancionó con una multa de un millón de pesos, además de instarlo a reforestar el sector, tarea ésta última que no se había concretado.
En este tipo de situaciones de desmontes la policía interviene sólo en caso extremos como por ejemplo el incendio de un campo que ocurrió algunos meses atrás.
Aparentemente el siniestro fue provocado intencionalmente para ultimar el bosque nativo ubicado en un campo de la zona. Sin embargo los camiones salen de los campos con leña verde y transitan tranquilamente sin que nadie tome medidas al respecto.
Se piensa que a este ritmo en unos cinco años nada quedara en el sur provincial de los añejos caldenes, algarrobos y chañares, desapareciendo con ellos gran parte de la flora autóctona del lugar. En el caso del caldén estos son los últimos que existen en la provincia de Córdoba y los mismos están en serio riesgo de desaparición.
Fecha de Publicación: 17/04/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
En los últimos días se registró sobre un camino rural la poda de decenas de ejemplares. En tanto vecinos de la zona insistieron que se sigue con la destrucción de caldenes en el corredor del sur.
Huinca Renancó.- Un nuevo desmonte de chañares fue detectado en las últimas horas en un camino rural, poniendo en evidencia la continuidad de estas acciones que están prohibidas.
En el departamento General Roca sobrevive el único bosque nativo de caldenes y, a pesar de ser un área protegida, ya hubo varios desmontes dentro de este corredor.
Ahora ni siquiera los caminos vecinales están a salvo del accionar desmedido en contra de las especies nativas de algarrobos, chañares y caldenes.
Pese a que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben el desmonte de especies nativas, muchos productores hacen caso omiso y siguen con la tala de árboles en los pocos reductos que aún quedan de monte autóctono.
Uno de los casos más recientes se dio a unos 1000 metros al oeste de Huinca Renancó en un camino vecinal que, lamentablemente hoy, son los únicos lugares donde pueden verse algunos chañares, caldenes y con suerte algún algarrobo.
Aparentemente en este camino se habrían retirado estas especies con el único fin de permitir el tránsito de máquinas cosechadoras.
También existían algunas isletas de renuevo de chañar que ocupaban algunos metros dentro de un campo las cuales fueron prácticamente eliminadas y donde se sacaron hasta las raíces.
La noticia vuelve a generar malestar en los vecinos que hace tiempo reclaman mayor control para la protección de estas especies.
Más al oeste, cerca de Villa Huidobro al límite con la provincia de San Luis, se ubican los últimos restos de monte que alguna vez predominaron por este territorio que hoy se ve totalmente modificado principalmente a causa de la actividad agropecuaria en la zona y la producción del monocultivo de soja.
Pese a que el área esta protegida testimonios indican que el desmonte sigue paulatinamente sin que nadie tome medidas y lo que se puede percibir es un estado de desprotección total por parte de los responsables.
En el denominado corredor del caldén ya no hay guardaparques, el último se fue después de haber denunciado el desmonte de unas 800 hectáreas en el establecimiento “El Cuero”.
Como se recordará en este caso al propietario de la estancia se lo sancionó con una multa de un millón de pesos, además de instarlo a reforestar el sector, tarea ésta última que no se había concretado.
En este tipo de situaciones de desmontes la policía interviene sólo en caso extremos como por ejemplo el incendio de un campo que ocurrió algunos meses atrás.
Aparentemente el siniestro fue provocado intencionalmente para ultimar el bosque nativo ubicado en un campo de la zona. Sin embargo los camiones salen de los campos con leña verde y transitan tranquilamente sin que nadie tome medidas al respecto.
Se piensa que a este ritmo en unos cinco años nada quedara en el sur provincial de los añejos caldenes, algarrobos y chañares, desapareciendo con ellos gran parte de la flora autóctona del lugar. En el caso del caldén estos son los últimos que existen en la provincia de Córdoba y los mismos están en serio riesgo de desaparición.
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